Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06973-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06973-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06973-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
11 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06973-00
Accionante: Josefina Prada de Mateus
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06973-00
Accionante: Josefina Prada de Mateus
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho
/ Pensión de vejez / Régimen de transición pensional / Se niega el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por Josefina Prada de Mateus contra la
Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para obtener
el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida, mínimo vital, igualdad
y debido proceso.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y en el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 16 de noviembre de 2023 Josefina Prada de Mateus interpuso, por medio de
apoderado, una acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. La accionante consideró vulnerados sus derechos
fundamentales a la seguridad social, vida, mínimo vital, igualdad y debido proceso porque
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la autoridad judicial accionada revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones
de la demanda en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-015-2013-00247-00/01/02.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):
<<1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL
DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y
EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, FAVORABILIDAD
LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA
IGUALDAD PROCESAL, de la señora JOSEFINA PRADA DE MATEUS.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÒN
SEGUNDA - SUBSECCIÒN “B”, en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia
proferida el 10 de marzo de 2022, que REVOCÓ la sentencia de primera instancia que
accedía a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia ordene reliquidar la pensión
de asistida teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados
en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí
tutelados>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Se desempeñó como profesional universitario en el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar desde el 28 de julio de 1969 hasta el 30 de marzo de 1996.
3.2.- El 14 de febrero de 1997 la Caja Nacional de Previsión Social le reconoció una pensión
de vejez, la cual fue reliquidada mediante Resolución No. 01699 del 12 de diciembre de
2000.
3.3.- El 25 de julio de 2012 la accionante presentó nueva solicitud de reliquidación para que
se calculara de conformidad con el tiempo de servicios, IBL y porcentaje previstos en la Ley
33 de 1985. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) no respondió la
solicitud. En consecuencia, la accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho pretendiendo la nulidad del acto ficto y el reconocimiento de la reliquidación
pensional.
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3.4.- Mediante sentencia del 24 de octubre de 2017, el Juzgado Quince Administrativo del
Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones tras concluir que la accionante era
beneficiaria del régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985, pues acreditó haber
cumplido más de 15 años de servicio a la fecha en que entró en vigencia esta norma. La
UGPP apeló la decisión.
3.5.- Mediante sentencia del 10 de marzo de 2022, la Sección Segunda, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda. Expuso que las sentencias C-258 de 2013 y SU-230
de 2015 de la Corte Constitucional excluyeron al ingreso base de liquidación (IBL) de la
transición pensional, de suerte que el IBL aplicable a los beneficiarios de regímenes
anteriores es el previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Añadió que la Sala Plena
del Consejo de Estado1 unificó la jurisprudencia para que, en las hipótesis de servidores
públicos amparados por la Ley 33 de 1985, el IBL se calcula sobre el valor superior entre el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello o el cotizado durante
todo el tiempo. Por lo tanto, concluyó que la accionante no tenía derecho a una pensión
equivalente al 75% de los factores salariados devengados en el último año de servicios.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante sostiene que la sentencia objeto de reproche constitucional incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de
la Constitución.
4.1.- Indica que se configuró un defecto fáctico porque la Sección Segunda, Subsección B
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no valoró todo el material probatorio obrante
en el expediente. Concretamente, afirma que el tribunal no tuvo en cuenta los (se trascribe)
<<documentos obrantes en el expediente>> que dan cuenta de que la accionante (i)
adquirió el estatus pensional el 26 de diciembre de 1986, (ii) contaba con más de 15 años
de servicio a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 y (iiii) contaba con más
de 20 años de servicio a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
4.2.- Señala que el tribunal incurrió en un defecto sustantivo por inaplicación del parágrafo
2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985. Argumenta que, según la citada disposición, a los
empleados oficiales que contaban con más de 15 años de servicio al 13 de febrero de 1985
les deben aplicar las normas que regían con anterioridad a la Ley 33 de 1985. En
1 Sentencia del 28 de agosto de 2018 (Rad. No. 52001-23-33-000-2012-00143-01) de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
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consecuencia, concluye que el régimen pensional pertinente a la accionante es aquel
contenido en la Ley 6 de 1945 y Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978,
conforme al cual la pensión es el equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio.
4.3.- Sostiene que la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca desconoció el precedente judicial por haber extendido de manera
equivocada las subreglas jurídicas de sentencias que trataban supuestos de hecho
diferentes e ignorado los precedentes que sí eran aplicables.
4.3.1.- Afirma que las sentencias SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 de la Corte
Constitucional y la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado no podían servir como fundamento para la decisión, toda vez que (i) la
tesis jurisprudencial del Consejo de Estado era otra cuando se presentó la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y (ii) estas sentencias no fijaron un precedente
respecto de los beneficiarios de la transición consagrada en la Ley 33 de 1985, sino
únicamente respecto de los beneficiarios de la transición consagrada en la Ley 100 de 1993.
4.3.2.- En su lugar, reclama que era necesario que la autoridad judicial accionada
considerara otros pronunciamientos judiciales de la Sección Segunda del Consejo de
Estado2 en los cuales –a su juicio– se reconoce que la mesada pensional de los
beneficiarios de los regímenes anteriores a la Ley 33 de 1985 se debe liquidar sobre los
factores salariales que devengó durante el último año de servicios, en los términos del
Decreto 1045 de 1978.
4.4.- Por último, alega una violación directa de la Constitución porque se infringieron las
disposiciones constitucionales sobre el derecho a la seguridad social, vida, derechos
adquiridos y expectativas legítimas, seguridad jurídica, favorabilidad laboral,
inescindibilidad de la ley, debido proceso e igualdad procesal.
D. Oposiciones e intervenciones
2 Cita las sentencias del 4 de agosto de 2010 (rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01) y 26 de marzo de 2019 (rad. 2559-
07) de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado; sentencias del 2 de mayo de 2019 (rad. 25000-23-
42-000-2012-02011-01); 12 de mayo de 2005 (rad. 25000-23-25-000-2000-04685-01) y 31 de enero de 2019 (rad. 41001-
23-31-000-2012-00101-01) de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; sentencia del 12 de
diciembre de 2019 (rad. 11001-03-15-000-2019-04749-00) de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado; y sentencia del 10 de julio de 2019 (rad. 11001-03-15-000-2019-01662-00) de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
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5.- La UGPP (tercero interesado) solicitó declarar la improcedencia porque la acción de
tutela no es idónea para reclamar prestaciones patrimoniales, incluyendo la reliquidación
de una pensión que ya ha sido otorgada. Así mismo, manifestó que la controversia fue
resuelta por el juez natural de la causa a través de la sentencia objeto de reproche y no se
evidencia la presencia de ninguna de las causales específicas de procedencia de tutela
contra providencia judicial, razón por la cual la presente acción constitucional se torna
improcedente.
6.- El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá (tercero interesado) allegó el
expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-015-2013-00247-00/01/02. Además, aseguró que se garantizó el debido
proceso de las partes a lo largo del trámite procesal.
7.- La Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(accionada) guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
8.- La Sala negará el amparo solicitado porque no encuentra que la Sección Segunda,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hubiese incurrido en los
defectos alegados por la accionante.
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
9.- Los requisitos generales de procedencia se cumplen, toda vez que: (i) la accionante
indicó de manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el
asunto es de evidente relevancia constitucional porque se alega la vulneración de los
derechos a la seguridad social, vida, mínimo vital, igualdad y debido proceso por los
defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución. Además, los reproches que formula la accionante no fueron estudiados ni
resueltos dentro del proceso ordinario, en tanto surgieron con ocasión de la sentencia de
segunda instancia que revocó el fallo de primer grado y negó las pretensiones; (iii) se
cumple el requisito de subsidiariedad porque la accionante utilizó todos los mecanismos
judiciales a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales y contra la
providencia judicial atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en un
término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión se notificó el 16 de mayo de, 2023
y la tutela se presentó el 16 de noviembre de 2023, es decir, dentro del término de los seis
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(6) meses precisado por esta Corporación y por la Corte Constitucional3; y (v) no se trata
de una decisión proferida en sede de tutela.
F. No se configuran los defectos alegados porque no se observan anomalías en el
análisis del material probatorio, la decisión de la autoridad accionada aplicó
razonablemente la Ley 33 de 1985 y se adecuó al criterio jurisprudencial vigente
10.- En primer lugar, la Sala constata que la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca apreció debidamente las pruebas. Contrario a lo afirmado
por la accionante, la Sala observa que la autoridad judicial accionada no desconoció el
material probatorio sobre la historia laboral y el reconocimiento del estatus pensional de la
accionante.
10.1. Si bien la autoridad judicial accionada aplicó una consecuencia jurídica distinta a la
pretendida por la accionante, lo cierto es que –en todo caso– admitió la edad y los tiempos
de servicio en los términos que ahora se extrañan. Particularmente, en su recuento de los
hechos probados, el tribunal precisó que:
<<La demandante nació el 26 de noviembre de 1939 (fl. 21), es decir, cumplió 55 años el 26
de diciembre de 1994 y laboró desde el 28 de julio de 1969 hasta el 30 de septiembre de
1996 en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar>>
10.2.- Por lo tanto, los reproches presentados por la accionante no corresponden a lo
realmente resuelto en la sentencia atacada, de suerte que no se acreditó la configuración
del defecto fáctico alegado.
11.- En segundo lugar, la accionante considera que la autoridad judicial accionada no tuvo
en cuenta que la pensión de jubilación de los servidores que se encuentran inmersos en el
régimen de transición de la Ley 33 de 1985 debe ser liquidada con el 75% del salario
promedio devengado durante el último año de servicio. Además, señala que esta
Corporación ha avalado la tesis según la cual no es posible aplicar la regla jurisprudencial
derivada de la sentencia del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado al régimen de
transición previsto por la Ley 33 de 1985.
11.1.- Sobre lo particular, la Sala advierte que es cierto que en casos similares esta Sala
había considerado que había lugar a amparar el derecho fundamental al debido proceso,
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014 (M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez), rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01; Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez)
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siempre que en la providencia judicial se negara la reliquidación de la pensión a los
beneficiarios del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985. Lo anterior, con
fundamento en jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que bien
referencia la accionante.
11.2.- No obstante, en decisiones posteriores4, la misma Sección Segunda sostuvo que,
para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, solo deben incluirse
en el ingreso base de liquidación los factores salariales sobre los que el trabajador efectuó
los aportes al sistema.
11.3.- En ese orden de ideas, la Sala modificó su postura frente a estos casos5, en el sentido
de revisar el asunto bajo el análisis de las normas que regularon la situación pensional de
la accionante; esto es, la Ley 33 de 1985. Lo anterior con fundamento en el principio de
sostenibilidad del sistema pensional, previsto en el artículo 48 de la Constitución Política
y que es aplicable a todos los regímenes de pensiones, transicionales, generales o
especiales. Así las cosas, y teniendo en cuenta el principio de supremacía constitucional,
la Sala considera que el tribunal no desconoció el ordenamiento jurídico al negar las
pretensiones.
12.- Adicionalmente, para la Sala es claro que ordenar la reliquidación de la pensión de
jubilación de la accionante con la inclusión de los factores consagrados en la Ley 6 de 1945
y Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 sería contrario a las reglas
jurisprudenciales que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han sentado con
respecto al IBL. Tal como lo mencionó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia del 24 de septiembre de 2020 (rad. 11001-03-15-000-2020-02915-
01), la interpretación que propone la accionante ya no se encuentra vigente:
<<Respecto del fallo de 12 de mayo de 2012 del Consejo de Estado invocado por el
accionante, se observa que pese a que en él se indicó que el valor de las pensiones de
servidores a los que les resultaba aplicable la Ley 32 de 1986, correspondía al 75% de los
factores salariales enunciados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y recibidos durante
el último año de servicios, esa interpretación perdió vigencia, comoquiera que la Corte
Constitucional ha sostenido que las mesadas reconocidas en atención a los regímenes
especiales por aplicación del régimen de transición, deben calcularse en la forma prevista
en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993>>.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 14 de marzo de 2019. Radicado. 11001031500020190078101. Ver
sentencia del 11 de abril de 2019, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho número 70001-23-31-
000-2011-02021-01.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencias del 6 de marzo de 2020 (11001-03-15-000-2019-
04460-01) y 14 de febrero de 2022 (11001-03-15-000-2022-00159-00).
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12.1.- Por otra parte, la accionante afirma que para la época en que demandó muchas
personas se encontraban en la misma situación judicial y que, por tener un trámite más ágil,
obtuvieron fallos favorables fundamentados en la sentencia del 4 de agosto de 2010 del
Consejo de Estado. Considera que tiene derecho a que su caso sea fallado en las mismas
condiciones que los demás con fundamento en el derecho a la igualdad.
12.2.- La Sala considera que no hubo un trato desigual frente a terceros que se encontraban
en las circunstancias similares a las de la accionante y obtuvieron un fallo favorable, pues
en la materia no había un criterio uniforme entre las altas cortes, lo que conllevó a que
muchas sentencias (en principio favorables a los demandantes) fueran revocadas por la
Corte Constitucional en sede de revisión de tutela6.
12.3.- Así mismo, es pertinente destacar que la subregla jurídica de la sentencia del 4 de
agosto de 2010 se modificó cuando se profirieron fallos posteriores relacionados con la
misma materia, tales como las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional y la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena
Consejo de Estado.
13.- Por todo lo anterior, la Sala considera que, en este caso, la interpretación del tribunal
es acorde con la posición actual de la jurisprudencia y aplicó de forma razonable el
parágrafo 2 del artículo 1° de la Ley 33 de 1985. Tampoco que incurrió en un defecto fáctico,
pues la valoración probatoria no fue arbitraria o caprichosa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por
la accionante.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado este fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
6 Sentencias T-661 de 2017 y T-039 de 2018.
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CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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