Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02152-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02152-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02152-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
31 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02152-01
Demandante: Stella Francisca Garcés de Maya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02152-01
Demandante: STELLA FRANCISCA GARCÉS DE MAYA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación pensional. Confirma
Improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por Stella Francisca Garcés de Maya contra
la sentencia del 15 de mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de abril de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Stella Francisca Garcés de Maya pidió la protección de su derecho fundamental
al debido proceso, así como la aplicación de los principios de seguridad jurídica,
favorabilidad y expectativa legitima.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 27
de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera
de Decisión, que confirmó la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-028-
2018-00375-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR los derechos DERECHOS (sic) ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS,
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, FAVORABILIDAD Y EL DEBIDO PROCESO, entre otros de
ese mismo orden de la señora STELLA FRANCISCA GARCÉS DE MAYA.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA PRIMERA DE DECISIÓN en
amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, haciendo
un adecuado análisis normativo y probatorio, y utilizando la normatividad y jurisprudencial realmente
aplicable al caso. En consecuencia, se ordene reliquidar la pensión de mi asistida conforme hay lugar
según los preceptos legales y pronunciamos de ese órgano de cierre según la situación concreta de la
pensión de la actora
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Demandante: Stella Francisca Garcés de Maya
3.1. Actuación administrativa
Manifestó la demandante que su cónyuge, el señor Gustavo Antonio Maya Orrego, prestó
sus servicios por más de 20 años y que su última vinculación laboral había sido en el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, entre el 21 de febrero de 1960 y el 31 de
octubre de 1993, como coordinador, código 5005, grado 20.
Por medio de la Resolución 3776 del 10 de abril de 1996, la extinta Caja Nacional de
Previsión Social reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación en favor del
señor Maya Orrego. Misma que fue reliquidada a través de la Resolución 464 del 4 de
febrero de 1999.
El señor Gustavo Antonio Maya Orrego falleció el 23 de febrero de 2010. Luego, mediante
la Resolución PAP 18168 del 12 de octubre de 2010, le fue reconocida pensión de
sobrevivientes en un 100% a la señora Stella Francisca Garcés de Maya.
El 28 de agosto de 2017, la tutelante presentó solicitud de reliquidación pensional para
que se incluyeran todos los factores salariarles devengados en el último año por el
causante, con fundamento en la Ley 33 de 1985.
A través de la Resolución RDP 041864 del 7 de noviembre de 2017, la UGPP denegó la
solicitud de reliquidación pensional presentada por la señora Garcés de Maya.
Inconforme, la tutelante presentó recurso de apelación y el 17 de enero de 2018,
mediante la Resolución RDP 001384 la UGPP confirmó la decisión apelada.
3.2. Actuación Judicial
La señora Stella Francisca Garcés de Maya promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Parafiscales – UGPP, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 041864
del 7 de noviembre de 2017 y RDP 001384 del 17 de enero de 2018. A título de
restablecimiento del derecho pidió que se ordenara la reliquidación de su pensión de
sobrevinientes, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el
causante durante su último año de servicios y que se ordenara liquidar y pagar las
diferencias de las mesadas pensionales recibidas.
La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-33-33-028-2018-00375-00 y
correspondió al Juzgado 28 Administrativo de Medellín que, por sentencia del 24 de
octubre de 2019, denegó las pretensiones, al considerar que, de acuerdo con la sentencia
del 25 de abril de 2019, dictada por el Consejo de Estado en el proceso con radicado
2015-00569-01(0935-2017) y la sentencia del 28 de agosto de 2018 proferida por el
Consejo de Estado en el expediente con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, solo
se podía incluir al IBL de las pensiones de jubilación los factores frente a los cuales se
hubieren efectuado los correspondientes aportes, en los términos del artículo 48 del Acto
Legislativo 01 de 2005.
Dijo que en la pensión reconocida a la demandada sí se habían tenido en cuenta todos
los factores frente a los cuales el Ministerio de Obras Públicas y Trasporte había realizado
aportes, sin que se advirtiera la necesidad de incluir otros conceptos que no fueron objeto
de cotización.
Inconforme, la parte actora apeló y manifestó que la sentencia del 25 de abril de 2019 no
debía ser aplicada a su caso porque esa providencia estaba relacionada con derechos
laborales de docentes.
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Que la sentencia del 28 de agosto de 2018 tampoco debía aplicarse, porque, a su juicio,
solo era procedente a beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
1993 y no al regulado en la Ley 33 de 1985.
Por sentencia del 27 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, confirmó la sentencia apelada, básicamente por las mismas
consideraciones del a quo. Adicionalmente, condenó en costas en segunda instancia a
la parte demandante.
4. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En concreto, sobre el requisito de relevancia constitucional señaló que se
encontraba acreditado porque cuestionaba una providencia judicial por presuntamente
vulnerar sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo
vital. Que no pretendía reabrir un debate ya resuelto por los jueces ordinarios ni convertir
la acción de tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, que no traía nuevas pruebas, que el asunto no era de orden pecuniario y
que no estaba proponiendo los mismos argumentos del proceso ordinario.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los
siguientes defectos al proferir la decisión cuestionada:
Defecto sustantivo porque, a juicio de la parte actora, el régimen jurídico aplicable en
su caso era el contenido en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 1, que,
según dijo, ordena que se reliquidara su pensión conforme con la Ley 6 de 1945 y los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
Dijo que el causante tenía más de 15 años de servicio cuando entró en vigencia la Ley
33 de 1985 – 13 de febrero de 1985 –. Que, por lo anterior, su pensión debía ser liquidada
con el 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicios del
causante, según lo previsto en el Decreto 3135 de 1968, que fue reglamentado por el
Decreto 1848 de 1969 y conforme a los factores relacionados en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.
Por otro lado, cuestionó la condena en costas impuesta en la sentencia de segunda
instancia, al considerar que no actuó de manera temeraria ni de mala fe y que el recurso
de apelación estuvo debidamente fundamentado.
Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 10 de junio de 2019 dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B2, la sentencia del 5 de mayo
de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda3, la sentencia del 26 de
marzo de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda 4, la sentencia del 31
de enero de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A 5
y la sentencia del 12 de diciembre de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección
1 Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían
con anterioridad a la presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen
retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta
y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones
que regían en el momento de su retiro.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, 10 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-
01662-00.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, 5 de mayo de 2019, expediente 25000-23-42-000-2012-02011-01 (0298-14)
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, 26 de marzo de 2019, expediente 2559-07
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 31 de enero de 2019, expediente 41001-23-31-000-2012-
00101-01 (1145-2016).
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Segunda6, que, para la demandante, explican que quien tuviera más de 15 años de
servicio a la entrada en vigor de la Ley 33 de 1985, era beneficiario del régimen de
transición contemplado en el parágrafo 2 del artículo 1 de esa norma, que, en
consecuencia, el régimen aplicable para reliquidar su pensión era el previsto en la Ley 6
de 1945 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
Dijo que la sentencia del 25 de abril de 2019, dictada por el Consejo de Estado, con
radicado 2015-00569-01(0935-2017) y la sentencia del 28 de agosto de 2018 proferida
por el Consejo de Estado, en el proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01,
no eran aplicables a su caso concreto porque estaban relacionadas con derechos
laborales docentes y con beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 1993.
5. Intervenciones
El Juzgado 28 Administrativo de Medellín adujo que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y que acogerá la decisión que se profiera
en esta acción constitucional. Que la sentencia que profirió el 24 de octubre de 2019 se
fundamentó en el precedente y las normas aplicables al caso concreto, así como en las
pruebas aportadas al expediente.
La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP pidió que se
declarara improcedente la solicitud de amparo o que se denegaran las pretensiones de
la parte actora.
Dijo que la decisión cuestionada fue acertada y ajustada al ordenamiento jurídico, que en
esa providencia no se incurrió en los defectos alegados por la parte actora y que se
utilizaba la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario.
Que la autoridad judicial demandada no vulneró los derechos fundamentales de la
demandante, que la sentencia acusada hizo tránsito a cosa juzgada y que la acción de
tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, porque no se acreditó que se haya
acudido al recurso extraordinario de revisión.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, remitió el enlace
del proceso con radicado 05001-33-33-028-2018-00375-01, sin embargo, nada dijo sobre
el fondo del asunto.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela por
incumplir el requisito general de relevancia constitucional, porque se utilizaba como una
instancia adicional del proceso ordinario.
7. Impugnación
La demandante impugnó y pidió que se estudiara los argumentos del escrito de tutela y
se revocara la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, decretar el amparo
deprecado.
Manifestó que la acción de tutela no estaba dirigida a reabrir un debate jurídico o a
convertirse en una instancia adicional del proceso ordinario. Que su intención era que se
estudiara el caso concreto, del cual, según dijo, se advertía la vulneración de sus
derechos fundamentales y que no se resolvieron sus alegaciones.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, 12 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-04749-00.
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Acto seguido reiteró los argumentos propuestos en el escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, porque la acción de tutela no
satisface el requisito general de relevancia constitucional. En efecto, la parte actora la
utiliza para insistir en que se debió ordenar la reliquidación de su pensión de
sobrevivientes.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-009, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la
acción de tutela.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
9 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Stella Francisca Garcés de Maya
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala que se debió
ordenar la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales
devengados por el causante durante su último año de servicios.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la señora Stella Francisca Garcés
de Maya contra la sentencia del 24 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado 28
Administrativo de Medellín, se lee lo siguiente:
Como argumento para negar las pretensiones de la demanda el Despacho indica, que acatará lo
dispuesto en la actual posición del Honorable Consejo de Estado en la sentencia de Unificación del 25
de abril de 2019, sentencia que no es aplicable al caso en concreto, ya que esta solo es aplicable a los
docentes y el señor GUSTAVO ANTONIO MAYA ORREGO Q.E.P.D trabajo como coordinador en el
Ministerio de Obras Públicas.
Así mismo y sin hacer un arduo estudio del caso en concreto, el Despacho decide aplicar lo previsto en
la sentencia de unificación del Consejo de Estado de Agosto de 2018 en la cual se indica que el periodo
para liquidar la prestación es la prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, sentencia que
TAMPOCO puede ser aplicada al caso que nos ocupa, toda vez que dicha unificación solo es aplicable
a los beneficiarios de la transición de la ley 100 de 1993 y no de la ley 33 de 1985, caso de mi
representada.
Sea lo primero indicar al Despacho que mi mandante prestó sus servicios al Estado desde el 21 de
febrero de 1960 hasta el 31 de octubre de 1993, por lo que para la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 (1 de abril de 1994), ya se habla retirado del servicio, por lo tanto, NO con una expectativa
legítima para pensión sino con un Derecho adquirido', conforme lo establecido con las Leyes 33 y 62 de
1985, se le debe dar aplicación por favorabilidad a la norma más beneficiosa y respetar sus derechos
adquiridos.
(…)
Es necesario entonces advertir al Despacho adicionalmente que, mi representado es beneficiario del
régimen de transición de la ley 33, ya que para Febrero de 1985 mes en que entró a regir la Ley 33 de
1985, se encontraba dentro de las excepciones previstas en la mencionada norma, es decir haber
cumplido quince (15) años de servicio o más, lo cual implica que su prestación quedaba regulada por
las normas anteriores, esto es, se encontraba cobijado por el régimen de transición consagrado en la
Ley 33 de 1985, el cual remite a los factores salariales que taxativamente enunciados en el artículo 45°
del Decreto 1045 de 1978:
(…)
Al respecto, el Honorable Consejo de Estado, en sentencia de Unificación del 26 de febrero de 2009,
Subsección A, Sección Segunda, M.P. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN. Actor CARLOS
AUGUSTO MONROY RINCÓN, Demandado CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA BANCARIA CAPRESUB, 250002325000020030899201, respecto del régimen
de transición consagrado en la Ley 33/ de 1985, estableció:
(…)
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Demandante: Stella Francisca Garcés de Maya
El Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 20 de octubre de 2005, Consejera Ponente Dra. Ana
Margarita Olaya Forero, Radicado No. 15001-23-31-000-1997-17518-01, Actor JOSE PLACIDO
GARCÍA JIMÉNEZ, al respecto señaló:
(…)
De acuerdo con las razones de derecho y la jurisprudencia citadas anteriormente, es claro entonces
que a mi representado no se le puede aplicar el precedente Jurisprudencial del Honorable Consejo de
Estado, toda vez que mi mandante NO es beneficiaria de la transición de la Ley 100 de 1993, al cual
hacen referencia las citadas providencias con las cuales el Despacho niega los derechos laborales de
mi representado; por el contrario, mi poderdante es beneficiaria de la transición establecida en la Ley
33 de 1985, al cual no solamente se les aplica los requisitos de tiempo de servicio y edad del régimen
anterior, sino también la forma y el modo de realizar la liquidación para efectos de determinar la cuantía
de la pensión, por lo tanto a mi mandante, quien esta cobijada por una de las causales de excepción,
sino que se debe aplicar la norma anterior en su totalidad.
(…)
Significa lo anterior que, en el caso concreto que nos ocupa, aplicar una sentencia proferida incluso
después de presentada la demanda, es ir en contravía de lo que el órgano de cierre de la Jurisdicción
Administrativa ha sentado como precedente, y como se ha dicho, es desconocer los derechos laborales
adquiridos de una gran parte de la población, y lo que según esa Corporación, es desconocer el deber
general del Estado de respeto a las garantías judiciales.
Por lo dicho, se concluye que la sentencia de unificación proferida por el Honorable Consejo de Estado
el 28 de agosto de 2018 traída a colación por el Señor juez para negar los derechos de mi representada,
no puede aplicarse al presente caso, teniendo en cuenta que la misma se profirió con posterioridad a la
presentación de la demanda.
RESPECTO DE LA INCLUSION DE LA TOTALIDAD DE FACTORES SALARIALES
Al respecto dijo el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2006-07509, M.P.
Dr. VICTOR HERNANDO ALVARADO, Demandante LUIS MARIO VELANDIA contra LA CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE - EN LIQUIDACION:
(…)
Dentro de la misma sentencia, el despacho indicó que, si el empleador no realizo (sic) las respectivas
cotizaciones para pensión sobre la totalidad de factores salariales, no es endilgable al trabajador, toda
vez que esta obligación está a cargo única y exclusivamente del empleador, al respecto dijo:
(…)
En conclusión las pensiones de jubilación deben liquidarse con fundamento en el correspondiente
estatuto, incluyendo la totalidad de factores salariales devengados durante el último año de servicios,
toda vez que reciente jurisprudencia ha dicho que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios. La remuneración, para estos efectos, es todo lo
percibido por el empleado o trabajador oficial por causa directa o indirecta de su vinculación laboral.
Por su parte, en la acción de tutela (y en la impugnación) la parte actora argumenta lo
siguiente:
EL JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA PRIMERA DE DECISIÓN, al proferir las sentencias de
primera y segunda instancia respectivamente, trasgredieron los derechos fundamentales anteriormente
enunciados, en consideración a que basaron sus fallos en unas sentencias de unificación QUE NO SON
APLICABLES al caso de la actora, pues desarrollaron lo que compete a pensionados a la luz de la Ley
33 de 1985, cuando la pensión de la aquí actora debe es calcularse con base a la transición de dicha
ley, es decir Ley 4° de 1966, modificando amañadamente la aplicación de las sentencias al caso
concreto, si se leen las sentencias accionadas, se notará como encuadraron las jurisprudencias que no
son aplicables como si lo fueran en el caso que nos ocupa.
Con fundamento a lo anterior es que estimaron que la reliquidación pensional debe determinarse
teniendo en cuenta únicamente los factores salariales devengados durante el último año de prestación
de servicios, siempre y cuando hayan servido de base para calcular los aportes taxativos en la ley, es
decir, los que cotizó al sistema de pensiones y se encuentren relacionados en el artículo 1° la Ley 62
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02152-01
Demandante: Stella Francisca Garcés de Maya
de 1985. La anterior tesis adoptada por el Tribunal, no es asertiva, pues desconoce que el régimen
aplicable al(a) actor(a) era el contenido en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, por tanto,
que, para liquidar el monto de la pensión debía aplicarse el contenido de la Ley 6 de 1945, los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978.
Además, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en la transición del artículo 36 de la ley
100 de 1993 interpretada en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado; precedente
jurisprudencial que NO es aplicable al caso concreto, dado que la situación fáctica del demandante no
es uno de los presupuestos contemplados en la referida sentencia, por ser mi representado(a)
beneficiario(a) del régimen de transición contemplado en la Ley 33 de 1985, de manera que la ley 100
de 1993 NO es la norma aplicable a la hora de reconocer y pagar su pensión de vejez.
(…)
DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO: por una incorrecta aplicación de la normatividad al caso
concreto.
Si bien los despachos conocieron que la actora era beneficiaria de la transición de la ley 33 de 1985,
conforme lo mencionan en sus sentencias, lo que olvidaron por completo es que las reglas y
disposiciones tanto normativas como jurisprudenciales de esa ley para el presente asunto, remiten a la
ley 4° de 1966, ésta no fue objeto de desarrollo ni cambio jurisprudencial de las sentencias que
reseñaron para fundamentar sus sentencias, si se leen las mismas se podrá corroborar que
establecieron nuevas reglas para la transición de la ley 100 de 1994, la ley 33 de 1985.
De manera equívoca, los despachos tuvieron a la actora como si fuera beneficiaria de la ley 33 de 1985
pura, es decir, sin la transición correspondiente, sino que se le aplicaba dicha ley. Desde esa
perspectiva, si es aplicable entonces la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Lo cierto es
que, ese desarrollo jurisprudencial no abarcó a ese grupo de beneficiarios de la ley 4° de 1966.
En especial, el Tribunal consideró lo siguiente:
(…)
Se itera, el principal fundamento para confirmar la negativa de las pretensiones de la demanda por parte
del Tribunal, es citar unas sentencias que resuelven el caso concreto de los pensionados
BENEFICIARIOS DE LA TRANSICIÓN DE LA LEY 100 DE 1994, es decir, aquellos que también son
beneficiarios de la ley 33 de 1985, pura.
(…)
No puede ser admisible desde cualquier punto donde se le mire, que el Tribunal establezca y con ello
revista su fallo, que ser beneficiario de la ley 33 de 1985, es lo mismo que ser beneficiario de su
transición, cuando claro está, que solo se acude a esta normativa para dejar en claro, que por derechos
adquiridos y expectativas legítimas, un articulado redirige a la verdadera ley aplicable al caso, más que
lógico resulta entonces, que no puede hacer las veces esta ley reemplazando a la que realmente tiene
derecho, según lo que se puede analizar de la cita reseñada de la sentencia de segunda instancia. La
transición de una ley se refiere específicamente a lo siguiente:
(…)
Resuelve el caso como si se tratara de un beneficiario de la ley 33 de 1985, en su esplendor, por hablarlo
en sentido conversacional, cuando para lo única que se utiliza esta normativa es para redirigirse a la
verdadera norma a aplicar; nuevamente la ley 4° de 1966. Solo se utiliza la primera normativa para
emplear el artículo que redirige a la ley. QUEDA ENTONCES CLARO QUE NO ES LO MISMO LA
APLICACIÓN DE UNA LEY EN SU INTEGRALIDAD, QUE UTILIZAR LA MISMA EN UN SOLO
ARTÍCULO PARA REMITIRSE A LA VERDADERA LEY APLICABLE AL CASO.
Es decir, según el análisis y como así lo aceptaron los despachos, efectivamente para el caso, la actora
es beneficiaria de la TRANSICIÓN de la ley 33 de 1985, como atrás se citó, sin embargo, para resolver
el caso, se basó únicamente en esa normativa, olvidando por completo la transición configurada y con
ello emitir realmente la sentencia con el sentido al que había lugar.
(…)
El actor fue vinculado al servicio del Estado Colombiano para el año 1960, por lo que para el 13 de
febrero de 1985, fecha en que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, tenía más de 15 años de servicios,
de allí que es beneficiario(a) de la transición de la Ley 33 de 1985. En la medida que tenía más de 15
años de servicio para la entrada en vigencia de esta ley.
Así que, entendiendo que el accionante tuvo y tiene derecho a los mencionados regímenes de
transición, resulta sencillo pensar que se le deben aplicar normas entre otras, Ley 33 de 1985, ley 6 de
1945, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978; así las cosas, el juez
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Demandante: Stella Francisca Garcés de Maya
constitucional en aras de impartir protección a los derechos superiores que le asiste a mi prohijado(a),
debe proceder a dejar sin efectos la sentencia, ordenando al Juzgador dictar un fallo donde corrija el
defecto advertido.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado en la sentencia del
27 de noviembre de 2024, en la que consideró:
Para resolver el recurso de apelación, se debe indicar que, en esta oportunidad no se discute si el
causante de la pensión de jubilación analizada en esta oportunidad, tenía derecho a la aplicación del
régimen pensional de la Ley 33 de 1985, ya que para la fecha en que entró en vigencia dicha norma, el
señor Gustavo Antonio Maya Orrego tenía más de 15 años de servicio, por lo que se debía acudir al
régimen pensional establecido en la norma anterior, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 1º
Ibídem (folio 23 del expediente).
Se aclara que en el expediente reposa la Resolución PAP 018168 del 12 de octubre de 2010, por medio
de la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Stella Francisca Garcés de Amaya, hoy
demandante, como beneficiaria del señor Gustavo Antonio Maya Orrego (folio 11 del expediente).
De otra parte, de la lectura de la Resolución 003776 del 10 de abril de 1996, mediante la cual se le
reconoció la pensión de jubilación al señor Gustavo Antonio Maya Orrego, se puede observar que las
normas que CAJANAL tuvo en cuenta al momento de determinar los requisitos para acceder a la
pensión, fueron los contenidos en las Leyes 33 y 62 de 1985 (folio 2 del expediente).
Igualmente, reposa en el plenario la Resolución número 000464 del 4 de febrero de 1999, mediante la
cual la entidad demandada reliquidó la pensión de jubilación al señor Maya Orrego y, en la misma se
observa que se tuvieron en cuenta como factores para liquidar dicha prestación la asignación básica y
la bonificación por servicios prestados, emolumentos que fueron percibidos por el causante en el último
año de servicios, según se verifica en la certificación de salarios mes a mes.
Ahora, la regla establecida por el Consejo de Estado en el fallo del 10 de junio de 2021, según la cual
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que "se pronunció sobre la forma en que debe
aplicarse el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la subregla sobre
los factores salariales a incluirse en el IBL pensional debe ser extendida al caso de los beneficiarios de
la Ley 33 de 1985 en cuanto hace referencia directa a la forma en la cual debe interpretarse el artículo
3 de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, esto es, a la taxatividad de los factores
computables en materia pensional", implica que los factores para liquidar la prestación en ambos
regímenes de transición, sean los mismos.
Advertido lo anterior y, de conformidad con las normas y la jurisprudencia del Consejo de Estado,
considera la Sala que la señora Stella Francisca Garcés no tiene derecho a la reliquidación pensional
solicitada, pues los actos administrativos que le reconocieron y reliquidaron la pensión al causante, el
señor Gustavo Antonio Maya Orrego, se encuentran ajustados a la normativa aplicable y al precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado y, en esa medida, no hay lugar a acceder a lo pretendido por la
parte demandante, motivo por el cual, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito de Medellín.
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, que explicó que, tal como lo afirmaba la parte actora,
a la señora Garcés de Maya se le debía aplicar el régimen de transición de la Ley 33 de
1985, que, sin embargo, no era dable ordenar la reliquidación de la pensión de la señora
Garcés de Maya, debido a que su pensión se encontraba ajustada a la norma y la
jurisprudencia aplicable.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si a
la demandante se le debía reliquidar su pensión o no.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
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Demandante: Stella Francisca Garcés de Maya
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora señaló que la autoridad
judicial demandada desconoció el precedente fijado en la sentencia del 10 de junio de
2019 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B 10, la sentencia
del 5 de mayo de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda11, la
sentencia del 26 de marzo de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda12, la sentencia del 31 de enero de 2019, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A13 y la sentencia del 12 de diciembre de 2019, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda14, sin embargo, la Sala observa que este
cargo también está dirigido a insistir en su tesis relacionada con que si se debió ordenar
la reliquidación de su pensión.
Finalmente, la Sala observa que la parte actora cuestiona la condena en costas que le
fue impuesta en la sentencia cuestionada, porque, a su juicio, su actuación no fue
temeraria ni de mala fe.
Como se ve, la discusión propuesta por la parte actora está relacionada con la forma
cómo deben interpretarse los artículos 79 y 365 del CGP y el artículo 188 del CPACA,
que regulan las costas procesales.
Sin embargo, esa discusión no gira en torno a un asunto constitucional o a la defensa de
un derecho fundamental, sino a la correcta interpretación de una norma legal, asunto que
recae sobre la determinación de aspectos meramente legales y procesales, que, en
últimas, terminan siendo una discusión de carácter económico con connotaciones
particulares, en la medida en que busca la eliminación del monto de la condena impuesta
en su contra15.
Sobre este punto, la Corte Constitucional16 ha señalado que «las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o
reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”»17.
Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional18 cuando: «(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como,
por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de
ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen
un interés general”».
Las anteriores razones son suficientes para confirmar la decisión impugnada de declarar
improcedente la solicitud de amparo, pero por las razones expuestas en esta providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, 10 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-
01662-00.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, 5 de mayo de 2019, expediente 25000-23-42-000-2012-02011-01 (0298-14)
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, 26 de marzo de 2019, expediente 2559-07
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 31 de enero de 2019, expediente 41001-23-31-000-2012-
00101-01 (1145-2016).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, 12 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-04749-00.
15 En el mismo sentido, la Sección dictó sentencias del 19 de junio de 2025 (expediente 11001-03-15-000-2025-01708-
01), del 29 de junio de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00) y del 5 de octubre de 2023 (expediente
11001-03-15-000-2023-04673-00).
16 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
17 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
18 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto parcial
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Conjuez
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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