Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02577-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02577-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02577-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
29 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02577-00
Demandante: Ángela Piedad Ossa Giraldo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02577-00
Demandante: ÁNGELA PIEDAD OSSA GIRALDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos y discusión legal que incluye una
pretensión con contenido económico
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Ángela Piedad Ossa Giraldo
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 17 de mayo de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado
judicial, la señora Ángela Piedad Ossa Giraldo pidió la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 11
de noviembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que denegó las pretensiones de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el pago supuesto
incompleto y tardío de las cesantías correspondientes al año 2017.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR a ÁNGELA PIEDAD OSSA GIRALDO sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia, previstos en los artículos 13, 29 y 228 de la
Constitución Política de Colombia respectivamente y los que se lleguen a considerar, con base en
los fundamentos facticos, jurídicos y probatorios planteados en el presente escrito de tutela.
2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda instancia
proferida por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E” el 11 de noviembre de 2022 (notificada el 16 de noviembre de 2022),
mediante la cual confirmó en todo su contenido la Providencia de Primera instancia emitida el 29 de
junio de 2022, por parte de la Juez 26 Administrativo de Bogotá́ , dentro del proceso promovido bajo
Radicado N.° 11001-33-35-026-2021-00275-00(01), contra la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
3. Asimismo, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que, profiera
nueva providencia en la que se tenga como fundamento el pago parcial de las cesantías causadas
en el año 2017, cancelado por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a la
accionante; y como efecto se disponga el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista
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Demandante: Ángela Piedad Ossa Giraldo
en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por el periodo comprendido entre el 15 de
febrero de 2017 y el 28 de septiembre de 2018 (fecha en la cual se realizó el pago completo de esta
prestación).
4. Ahora, en caso de mantener la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, DEJAR SIN EFECTOS el numeral 3° de la parte resolutiva de la
Sentencia emitida el 11 de noviembre de 2022, para en su lugar, no condenar en costas procesales
o agencias en derecho a la accionante.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
En el año 2017, la señora Ángela Piedad Ossa Giraldo se desempeñó como secretaria
del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, así: entre el 1º de enero y el 9 de
mayo con nombramiento en provisionalidad y entre el 10 de mayo y el 31 de diciembre
con nombramiento en propiedad.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Bogotá, mediante
Resolución No. 11018 del 31 de diciembre de 2017, reconoció cesantías parciales por el
periodo comprendido entre el 10 de mayo y el 31 de diciembre de 2017 por una suma de
$2.205.110.
Mediante Resolución No. 11019 también del 31 de diciembre de 2017, se reconocieron
cesantías definitivas por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 9 de mayo de
2017 por una suma de $1.315.353.
El 12 de febrero de 2018, fueron consignados $3.318.131 y $202.332 a la cuenta de la
que es titular la demandante en el fondo de cesantías Colfondos.
El 21 de marzo de 2018, la señora Ossa Giraldo interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación en contra de los anteriores actos administrativos.
Mediante Oficio No. DESAJBOJORO18-15200 del 2 de agosto de 2018, el director
ejecutivo seccional pidió a la señora Ángela Piedad consentimiento para desistir del
recurso y revocar los actos administrativos del 31 de diciembre de 2017 por medios de
los cuales se liquidó el auxilio de cesantías.
En Resolución No. 6911 del 25 de julio de 2018, la entidad demandada liquidó
nuevamente la prestación y tomó como base 345 días laborados durante la vigencia 2017
(debido a que la demandante disfrutó de una licencia no remunerada del 20 de junio al 4
de julio de 2017) y adicionó la liquidación por valor de $691.641. El 28 de septiembre de
2018, a la cuenta de la que es titular la demandante en el fondo de cesantías Colfondos,
fueron consignados $691.641
El 24 de mayo de 2019, la actora pidió a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– Seccional Bogotá el pago completo de las cesantías causadas en el año 2017 junto
con la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.
Mediante la Resolución N.° 6058 de 24 de septiembre de 2019, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá́ señaló que la liquidación de las cesantías
fue corregida a través de la Resolución No. 6911 del 25 de julio de 2018 que modificó
las resoluciones del 31 de diciembre de 2017. Que no era posible tener en cuenta 360
días porque la funcionaria había disfrutado de una licencia no remunerada entre el 20 de
junio al 4 de julio de 2017, que en consecuencia las cesantías habían sido liquidadas de
manera correcta.
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La señora Ossa Giraldo apeló y el director ejecutivo seccional, mediante Resolución No.
8322 del 19 de noviembre de 2019, concedió el recurso ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial, pero no se pronunció al respecto.
3.2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
La parte actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que se declarara la nulidad de la
Resolución No. 6058 del 24 de septiembre de 2019 y del acto ficto producto del silencio
administrativo originado en la falta de resolución de recurso de apelación formulado
contra el primer acto. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, desde el 15 de febrero de 2018 y hasta el 28 de septiembre de 2018, por el
pago tardío de las cesantías del año 2017.
La demanda correspondió al Juzgado 26 Administrativo de Bogotá, que, por sentencia
del 6 de julio de 2022, denegó las pretensiones, porque la Resolución N° 6911 de 25
de junio de 2018 modificó́ la resolución N° 11018 de 31 de diciembre de 2017 para
reconocer un mayor valor ($691.641) y así completar el pago de las cesantías del año
2017, por cuanto no existió solución de continuidad. Que ese pago se efectuó al 28
de septiembre de 2018 y que, por lo tanto, no había lugar el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria reclamada.
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por sentencia del 11 de noviembre de
2022 (notificada el 16 de noviembre de 2022), la confirmó básicamente por las mismas
razones del juzgado de primera instancia. Además, condenó en costas a la parte
demandante y tasó las agencias en derecho en la suma de $200.000.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió:
En defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso que,
según dice, dan cuenta de que el pago efectuado en septiembre de 2018 correspondió
a un pago parcial tardío de lo adeudado por las cesantías del año 2017.
Que la Resolución No. 6911 del 25 de julio de 2018 no reliquidó las cesantías de la
demandante, cuando lo que hizo fue completar el pago de las cesantías del año 2017.
En violación directa de la Constitución Política por inaplicación del principio protector
y principio pro homine, desconocimiento del derecho a la igualdad, al debido proceso y
acceso a la administración de justicia presente por la falta de consonancia y
desnaturalización de las pretensiones de la parte actora.
Dijo que el tribunal demandado debió aplicar el criterio de interpretación que le resultara
más favorable al trabajador en aplicación del artículo 53 de la Constitución. Que el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías anualizadas, no prevé́ el supuesto de hecho del pago parcial y
tardío de esta prestación y que, por lo tanto, debió tenerse por constituido el
incumplimiento en el pago que causa la sanción reclamada.
Que, además, la sentencia no guarda relación entre lo pedido y lo resuelto, porque la
argumentación desarrollada se alejaba de los razonamientos planteados, porque resolvió
bajo el supuesto de una reliquidación de cesantías y no de un pago tardío e incompleto.
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Que, además, se desatendieron el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado del 16 de agosto de 20182 y la Circular N.° DEAJC20-54 del 10 de
agosto de 2020 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que, según dice,
sostienen que no se debe aplicar la solución de continuidad cuando un empleado pasa
de un empleo a otro y, en consecuencia, procede la acumulación de tiempos de servicio.
Que esa misma postura fue acogida por el Consejo de Estado en sentencia del 3 de abril
de 20133 y del 20 de noviembre de 20194 en donde, bajo ese argumento se condenó a
las entidades públicas demandadas al pago de la sanción moratoria por no haber pagado
el 100% de las cesantías que eran debidas.
En defecto sustantivo por (i) la inaplicación del numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, y la (ii) motivación irrazonable de la decisión por fundamentarse en sentencias
que no contienen similitud fáctica ni jurídica.
Expuso que la sanción moratoria solicitada está regulada en el numeral 3º del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, que describe un supuesto de hecho que fue demostrado dentro
del proceso ordinario, por lo cual, lo que correspondía en derecho era la aplicación de
dicha disposición normativa, y el consecuente reconocimiento de la sanción reclamada.
Que la motivación de la decisión fue irrazonable porque acudió a sentencias que no
compartían similitud fáctica ni jurídica.
Finalmente, frente a la condena en costas también adujo que se incurrió en defecto
sustantivo, porque en los términos del artículo 365 del CGP era necesario que se
acreditara la causación para la imposición, lo que no se probó en este caso. Que,
además, tampoco se había acreditado que, conforme al inciso 2º del artículo 188 del
CPACA, la demanda careciera de fundamento legal.
5. Trámite procesal
Por auto del 24 de mayo de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, y, como
terceros con interés, y al juez 26 Administrativo de Bogotá y al director de administración
judicial.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 26 de mayo de
20235.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, ponente de la decisión cuestionada, pidió que se denegara el amparo
solicitado porque la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no
es aplicable a los casos en que se presentan diferencias frente al valor de la liquidación
de las cesantías, pues el supuesto de hecho de la norma es la ausencia total de pago en
la cuenta individual del trabajador dentro del término legal –esto es, 15 de febrero del
2 Rad. No. 11001-03-06-000-2018-00075-00(2375), C.P. Juan Pablo Cárdenas Mejía, actor: Departamento
Administrativo de la Función Pública.
3 Radicado N.° 25000-23-26-000-2002-00212- 01(26319), Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón, actor:
Isabel Cristina Serrato Troncoso.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, SUBSECCIÓN B, Ponente: Rafael Francisco Suarez, Radicado N.°: 47001-
23-31-000-2006-01220-01(0464-14), actor: Eberhard Wedler.
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año siguiente a la causación de la prestación-, por lo que resulta improcedente hacerla
extensiva, por analogía o por vía de interpretación, a situaciones no planteadas en la ley.
Sobre el defecto fáctico señaló que valoró de manera íntegra las pruebas que fueron
allegadas por las partes dentro de las oportunidades probatorias.
Frente a la condena en agencias en derecho, dijo que teniendo en cuenta el criterio
objetivo que impera en la materia y que el recurso de apelación interpuesto por la
accionante se despachó́ desfavorablemente, conforme a lo establece el artículo 365 del
CGP era procedente su imposición.
El abogado de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela dado que los argumentos expuestos por la
parte actora ya habían sido resueltos en el proceso ordinario. Que, además, la tutela no
cumplía el requisito de inmediatez.
El Juzgado 26 Administrativo de Bogotá se limitó a remitir copia digital del expediente,
pero nada dijo sobre el fondo del asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Ángela Piedad Ossa Giraldo contra la sentencia del 11 de noviembre de 2022, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
denegó las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el supuesto pago incompleto y tardío de las
cesantías correspondientes al año 2017 e impuso condena en costas con una tasación
de las agencias en derecho de $200.000.
La Sala anticipa que no se cumple el requisito general de relevancia constitucional, por
cuanto los cargos relacionados con la decisión de denegar las pretensiones de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el supuesto pago tardío e incompleto
de las cesantías del año 2017 se tratan de una reiteración de argumentos ya resueltos
en el proceso ordinario. Y el cargo de defecto sustantivo, por indebida aplicación de los
artículos 188 del CPACA y 365 del CGP (que regulan la condena en costas) implica una
discusión legal que incluye una pretensión con contenido económico.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y finalmente, (iii)
análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
6 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión.
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
7 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-008, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.
En lo que interesa para resolver el asunto, el primer criterio (vulneración o amenaza real
de derechos fundamentales) está previsto para que la acción de tutela no se utilice para
discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
Por su parte, el quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
Sobre la falta de relevancia por reiteración de argumentos. A juicio de la Sala, los
cargos de defecto fáctico, sustantivo y violación directa de la constitución relacionados
con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el supuesto pago tardío e
incompleto de las cesantías del año 2017 corresponden a la misma discusión jurídica
que presentó la actora en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició
contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues, en últimas, lo que pretende
es que se reabra el debate jurídico sobre si se debe reconocer la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el supuesto pago incompleto y tardío
de las cesantías correspondientes al año 2017.
En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia en el proceso ordinario (resumido en la providencia de
segunda instancia), sostuvo lo siguiente:
(…) que el a quo incurre en error “al tener por cierto que el objeto del litigio del presente proceso se
circunscribió́ al reconocimiento de la sanción moratoria causada por el pago tardío de una diferencia
de cesantía del año 2017, cuando el caso realmente planteado, tiene como objetivo el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada por el pago parcial o incompleto de la
prestación anualizada”.
Trajo a colación algunos pronunciamientos del Consejo de Estado relacionados con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria que en su sentir son análogos con la controversia
que ocupa la atención.
8 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Enfatizó que la indemnización moratoria es una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del
empleado, establecida con el propósito de resarcir los daños que causa a este último el
incumplimiento en el pago total de la liquidación del auxilio de cesantía como quiera que los pagos
parciales no extinguen la obligación.
Finalmente, precisó que contrario a lo manifestado por el juzgado de primera instancia, no se
presentó la reliquidación o cancelación de las diferencias en el valor de las cesantías, puesto que el
pago inicialmente efectuado se realizó de manera parcial, por lo que a través de la resolución N°
6911 de 25 de julio de 2018 se dispuso el pago completo de las mismas.
Por su parte, en la demanda de tutela, la señora Gutiérrez González alegó lo siguiente:
(…) consideró que el pago efectuado en febrero fue la consignación de las cesantías de la accionante
y lo que hubo en noviembre siguiente fue el pago de una diferencia. Lo cual ostensiblemente se
aleja de la realidad, puesto que, según las pruebas aportadas, salta a la vista que el caso concreto
se circunscribe a un pago parcial de cesantías y que lo adeudado se efectuó́ de manera tardía
(…) Por lo cual, ante un eventual incumplimiento con la liquidación de las cesantías por totalidad de
los tiempos laborados (como en efecto ocurrió́ ), se infringe la norma y surge la obligación de una
parte de pagar la totalidad de la prestación causada, y de otra de pagar la sanción moratoria que
establece el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
(…) Aterrizando al caso concreto, se tiene que, el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
que regula la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías anualizadas, no prevé́ el supuesto
de hecho del pago parcial y tardío de esta prestación, por ende, lo más razonable en virtud del
principio in dubio pro operario, que irradia el principio protector y el principio pro homine, en
consonancia con lo desarrollado por la misma Corporación en temas análogos como el pago parcial
de las cesantías definitivas, la interpretación más acertada es que, en caso de cumplimiento parcial
de la obligación de la entidad empleadora de pagar esta acreencia laboral, se constituya en
incumplimiento de la misma, y por ende se cause la sanción por no haber acatado la disposición
normativa plenamente.
(…) Asimismo, mediante Sentencia de 3 de abril de 201331, el Consejo de Estado precisó que(…)
De conformidad con el anterior pronunciamiento, una vez reconocidas y liquidadas las cesantías
definitivas de la actora, la obligación era pagarlas en su totalidad y, en tal medida, su incumplimiento,
ya sea total o parcial, da lugar a la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995, motivo
por el cual, bajo las circunstancias expuestas, en el presente asunto será́ reconocida por esta
Corporación en su favor la sanción prevista por la ley
(…) Como se puede observar, en estos casos hay más similitudes con el caso concreto de la
accionante que, en los citados en la providencia atacada, pues a mi prohijada no se le pagó el 100%
de lo que por Ley le corresponde como auxilio de cesantías en la fecha determinada por el legislador.
lo cual per se origina un incumplimiento de las normas que sobre cesantías existen en el
ordenamiento jurídico.
(…) De igual manera, por medio de Sentencia de 20 de noviembre de 201932, el órgano de cierre
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con relación al pago tardío de las cesantías en un
100% de lo causado por empleados públicos, concluyó lo siguiente (…)
(…) 1. La sanción moratoria solicitada está regulada en el numeral 3o del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, la cual describe un supuesto de hecho que fue demostrado dentro del proceso ordinario,
por lo cual, lo que correspondía en derecho era la aplicación de dicha disposición normativa, y en
consecuencia, ser reconocida respecto de la suma que de manera tardía fue consignada por el
empleador al trabajador por concepto de sus cesantías causadas en el año 2016.
2. Se incurrió́ en el defecto sustantivo por motivación irrazonable de la decisión al fundamentarse en
sentencias que no contienen similitud fáctica ni jurídica conforme se expuso a lo largo del presente
escrito, pues tal como anteriormente se expuso, hay precedentes judiciales más cercanos al caso
planteado en sede judicial por la accionante, por lo cual al suprimir el argumento jurisprudencial
traído por el Tribunal, la Sentencia atacada queda sin mayor argumentación, por lo cual es imperativo
que se amparen los derechos fundamentales irrogados a la accionante.
Como se ve, la demandante formuló inconformidades que coinciden con las que fueron
expuestas en el proceso ordinario, esto es, intenta demostrar que lo que ocurrió con el
pago de las cesantías del año 2017 fue un pago incompleto y tardío más no un pago
oportuno que después fue ajustado por la demandada y que, en consecuencia, si debió
acceder a la sanción moratoria reclamada. No obstante, esa discusión ya fue resuelta
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Demandante: Ángela Piedad Ossa Giraldo
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
providencia del 11 de noviembre de 2022, que, en lo que interesa, consideró:
En consonancia con lo anterior, el surgimiento del derecho al reconocimiento y pago de la sanción
por mora prevista ante la eventualidad del retardo o la no consignación del auxilio de cesantías
por parte del empleador, coincide con el momento en que se hace exigible la obligación de dar -
depositar el valor de las cesantías-, la cual se encuentra sometida al plazo previsto en la ley, esto
es, el 15 de febrero del año siguiente al de la causación, sin que una diferencia en la liquidación
de la prestación, pueda dar lugar a imponer la sanción, por ser esta una circunstancia no
prevista en la ley.
(…) Por consiguiente, tal y como lo ha reseñado la jurisprudencia del máximo tribunal de lo
contencioso administrativo, la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no
es aplicable a los casos en que se presentan diferencias frente al valor de la liquidación de
las cesantías, pues el supuesto de hecho de la norma es la ausencia total de pago en la cuenta
individual del trabajador dentro del término legal –esto es, 15 de febrero del año siguiente a la
causación de la prestación-, por lo que resulta improcedente hacerla extensiva, por analogía o por
vía de interpretación, a situaciones no planteadas en la ley.
Así́ las cosas, para resolver, ha de recordarse que en el sub lite se acreditó que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial -atendiendo las directrices que para ese momento imperaban
en cuanto a la liquidación del auxilio de cesantías de los empleados de la rama judicial-, mediante
las Resoluciones No. 11019 y 11018 de 31 de diciembre de 2017, reconoció́ a la señora OSSA
GIRALDO, por el período comprendido entre el 1° de enero al 9 de mayo y del 10 de mayo al 31 de
diciembre de 2017, la suma de $1.315.353 y $2.205.110, respectivamente, montos que fueron
consignados en el Fondo de Cesantías Colfondos el día 12 de febrero de 2018.
Posteriormente, con la resolución N° 6911 de 25 de julio de 2018 se realizó la liquidación de la
prestación tomando como base 345 días laborados durante la vigencia 2017 -debido a que la señora
ÁNGELA PIEDAD OSSA GIRALDO disfrutó de una licencia no remunerada del 20 de junio al 4 de
julio de 2017-, adicionando el valor de $691.641, el cual que fue puesto a disposición de la
demandante el 28 de septiembre de 2018.
Corolario de lo anterior, demostrado que (i) no existió́ tardanza en la consignación, pues la autoridad
demandada, el día 12 de febrero de 2018, puso a disposición el valor liquidado inicialmente a través
de las Resoluciones No. 11019 y 11018 de 31 de diciembre de 2017 por concepto del auxilio de
cesantías para el periodo 2017 y que (ii) la diferencia faltante como resultado de la reliquidación de
dicha prestación no tiene la vocación de generar la causación de la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990, para la sala es claro que le asiste razón al juzgado de primera instancia al negar las
pretensiones de la demanda.
Siendo así, aunque la demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró
derechos fundamentales e incurrió en defecto fáctico, sustantivo y violación directa de la
constitución, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate
respecto de si es procedente el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el supuesto pago incompleto y tardío de las cesantías
correspondientes al año 2017.
Sobre la falta de relevancia por discusión meramente legal que incluye una
pretensión de contenido económico. Ahora, en lo que tiene que ver con el cargo de
defecto sustantivo por la imposición de condena en costas procesales por agencias en
derecho, la Sala encuentra que el asunto carece de relevancia constitucional por tratarse
de un asunto meramente legal y de contenido económico.
En efecto, la demandante propone un debate sobre la forma cómo, a su juicio, deben
interpretarse los artículos 365 del CGP y el inciso 2º del artículo 188 del CPACA. Para la
actora, la interpretación de esas normas implica que solo se puede imponer costas
cuando se demuestre que están debidamente causadas o cuando la demanda carece de
fundamento.
Esa discusión, sin embargo, no gira en torno a un asunto constitucional o a la defensa
de un derecho fundamental, sino a la correcta interpretación de una norma legal, asunto
que recae sobre la determinación de aspectos meramente legales y procesales, que, en
últimas, terminan siendo una discusión de carácter económico con connotaciones
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02577-00
Demandante: Ángela Piedad Ossa Giraldo
particulares, en la medida en que busca la eliminación del monto de la condena impuesta
en su contra por la suma de $ 200.000.
Sobre este punto, la Corte Constitucional9 ha señalado que “las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de
ser definidos por las jurisdicciones correspondientes””10.
Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional11 cuando: “(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general””.
Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la solicitud de amparo
presentada por la señora Ángela Piedad Ossa Giraldo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Ángela Piedad Ossa
Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
9 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
10 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
11 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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