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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01708-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01708-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia. 6 En el mismo sentido, la Sección dictó sentencias del 29 de junio de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00) y del 5 de octubre de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-04673-00). 7 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021. 8 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021. 9 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021. 10 Sentencias: (i) del 29 de junio de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (ii) del 16 de noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-06106-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (iii) del 23 de noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-05194-00, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto; (iv) del 7 de marzo de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-06956-01, M. P. Wilson Ramos Girón; (v) del 15 de agosto de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-3570-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (vi) del 15 de agosto de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-03589-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (vii) del 30 de agosto de 2024, expediente 11001-03-15- 000-2024-03784-00, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras. 11 (i) Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de abril de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-06238-01, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico; (ii) Sección Quinta, sentencia del 26 de octubre de 2023, expediente 11001-03-15- 000-2023-04292-01, M. P. Rocío Araújo Oñate, entre otras. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-01 Demandante: Gladys Bejarano Méndez 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01708-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

17 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-01
Demandante: Gladys Bejarano Méndez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01708-01
Demandante: GLADYS BEJARANO MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tema: Acción de tutela contra providencia que condenó en costas a la
demandante. Improcedencia de la acción de tutela. Discusión
meramente legal y económica

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 5
de mayo de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, resolvió:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Gladys Bejarano
Méndez, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 20 de marzo de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada,
Gladys Bejarano Méndez pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 18 de septiembre de 2024, con la que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001-33-33-001-2021-00277-00/01 y la condenó en costas
procesales.

2. Pretensiones

La tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la sentencia proferida
el día 18 de septiembre de 2024, en el expediente radicado No. 76111-33-33-001-2021-00277-01,
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora GLADYS BEJARANO MÉNDEZ, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de
cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior, y,

1 Índice 2 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-01708-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-01
Demandante: Gladys Bejarano Méndez

proceda a efectuar el examen de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario
conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las
garantías iusfundamentales de la accionante.

3. Hechos

Del escrito de tutela, las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los siguientes
hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

La demandante nació el 3 de febrero de 1951, laboró en instituciones educativas y en el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y le pidió el 26 de junio de 2020 a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) que le reconociera la pensión gracia, comoquiera que como
docente por más de 20 años y se vinculó antes del 31 de diciembre de 1980, por lo que
cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 y normas concordantes,
como las Leyes 116 de 1928 y 91 de 1989, entre otras.

A través de Resolución RDP 026794 del 23 de noviembre de 2020, la UGPP negó la
prestación solicitada por la tutelante, al considerar que al 31 de diciembre de 1980 no
estaba vinculada al servicio oficial en entes territoriales, pues sus nombramientos se
realizaron en instituciones educativas del orden nacional y el ordenamiento jurídico exigía
haberse desempeñado como educadora en entidades territoriales por 20 años.

3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Gladys Bejarano Méndez promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP (a la que se le asignó el número de radicación 76001-33-33-
001-2021-00277-00/01), para que se declarara la nulidad de la Resolución RDP 026794
del 23 de noviembre de 2020 y se ordenara reconocerle la pensión gracia.

Del asunto conoció el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, que el 8 de agosto de
2023 accedió a las pretensiones al considerar que la demandante cumplía las exigencias
para acceder a la prestación suplicada, pues tenía más de 50 años de edad y se
desempeñó como docente en el sector oficial con honradez y buena conducta por más
de 20 años, decisión que apeló la UGPP, con el argumento de que la actora no laboró en
entidades territoriales, sino que sus nombramientos fueron del orden nacional.

Mediante sentencia del 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca revocó la decisión de primera instancia y denegó las pretensiones de la demanda,
al estimar que no se acreditó que la accionante hubiera laborado por más de 20 años
como educadora territorial, pues de acuerdo con las certificaciones allegadas contaba
con 19 años y 3 meses de servicio en la docencia. Además, la condenó en costas por
resultar vencida en el proceso, en atención al Acuerdo PSAA 16-10554 de 5 de agosto
de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales debían calcularse conforme al
artículo 365 del Código General del Proceso (CGP).

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la tutelante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
En cuanto al fondo del asunto, la accionante afirmó que la sentencia cuestionada incurría
en desconocimiento del precedente, porque inobservó el criterio del Consejo de

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Demandante: Gladys Bejarano Méndez

Estado2 según el cual las costas procesales se imponían a la parte vencida dentro de un
proceso judicial cuando se evidenciara un actuar temerario de su parte, presupuesto que
no aconteció en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-33-001-
2021-00277-00/01, pues las pretensiones allí formuladas fueron razonables y se fundaron
en una plausible interpretación del ordenamiento jurídico, de manera que al imponérselas
se le atribuyó una carga desproporcionada contraria al principio de gratuidad de la
administración de justicia.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la ponente de la providencia
cuestionada, sostuvo que esta se emitió en atención al ordenamiento jurídico, en
particular, al Acuerdo PSAA 16-10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de
la Judicatura, situación que impedía atribuirle vulneración de derechos fundamentales.

La UGPP, por conducto de apoderado, afirmó que la sentencia censurada se ajustó a las
normas que regulaban la pensión gracia y a las pruebas allegadas al expediente 76001-
33-33-001-2021-00277-00/01, que acreditaron que la demandante no tenía 20 años de
servicio docente en entidades territoriales, por tanto, no le asistía el derecho de acceder a
la pensión gracia. Que la tutelante empleaba el amparo como una instancia adicional a
dicho trámite contencioso-administrativo, lo que imponía declararla improcedente, pero no
se refirió a la imposición de la condena en costas.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por medio de sentencia del 5 de
mayo de 2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no cumplía con el
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, ya que la controversia allí
planteada concernía a una interpretación de un precepto legal con incidencia económica,
escenario en el que no era dable que el juez de tutela interviniera.

7. Impugnación

La tutelante impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que la controversia planteada
en la tutela revestía relevancia constitucional, dado que se relacionaba con la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales fueron desconocidos por la autoridad accionada al imponerle costas
procesales en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-
33-001-2021-00277-00/01, comoquiera que no aconteció un actuar temerario de su parte
en esas diligencias o carente de fundamento legal.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
que declaró improcedente la tutela de la referencia.

2 Sentencias (i) del 7 de abril de 2016, expediente 13001-23-33-000-2013-00022-01, M. P. William Hernández Gómez;

(ii) del 11 de abril de 2021, expediente 63001-23-33-000-2017-00308-01, M. P. Gabriel Valbuena Hernández; (iii) del 8
de abril de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01360-00, M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, entre otras.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-01
Demandante: Gladys Bejarano Méndez

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, toda vez que la presente acción de
amparo no colma el requisito de relevancia constitucional, pues la discusión sobre la
condena en costas es de carácter eminentemente legal y económico.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente económicos
o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

4. Análisis del caso concreto

La señora Gladys Bejarano Méndez cuestiona la condena en costas procesales que le fue
impuesta en la sentencia del 18 de septiembre de 2024, con la que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001-33-33-001-2021-00277-00/01, toda vez que, a su
juicio, desconocía el precedente del Consejo de Estado según el cual solo es dable
imponer aquellas cuando se constataba un actuar temerario o carente de fundamento
normativo por parte de quien resultó vencido en un proceso judicial, presupuesto que no
aconteció en el mencionado asunto contencioso-administrativo.

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Gladys Bejarano Méndez

Como se ve, la discusión propuesta por la parte actora está relacionada con la forma cómo
deben interpretarse los artículos 79 y 365 del CGP y el inciso 2º del artículo 188 del
CPACA, que regulan las costas procesales.

Esa discusión, sin embargo, no gira en torno a un asunto constitucional o a la defensa de
un derecho fundamental, sino a la correcta interpretación de una norma legal, asunto que
recae sobre la determinación de aspectos meramente legales y procesales, que, en
últimas, terminan siendo una discusión de carácter económico con connotaciones
particulares, en la medida en que busca la eliminación del monto de la condena impuesta
en su contra6.

Sobre este punto, la Corte Constitucional7 ha señalado que «las discusiones de orden legales
o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por
las jurisdicciones correspondientes”»8.

Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional9 cuando: «(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo,
la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan
claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés general”».

Es de anotar que es reiterado por esta Sala10 y por la Corporación11 el criterio según el
cual carecen de relevancia constitucional las tutelas promovidas contra providencias que
imponen costas procesales, habida cuenta de que esa discusión concierne a una
interpretación legal con connotaciones económicas en las que no debe intervenir el juez
de tutela.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada, con la que el a quo
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.

6 En el mismo sentido, la Sección dictó sentencias del 29 de junio de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00)

y del 5 de octubre de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-04673-00).
7 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
8
Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
9 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
10 Sentencias: (i) del 29 de junio de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (ii)

del 16 de noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-06106-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (iii) del 23 de
noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-05194-00, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto; (iv) del 7 de
marzo de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-06956-01, M. P. Wilson Ramos Girón; (v) del 15 de agosto de 2024,
expediente 11001-03-15-000-2024-3570-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (vi) del 15 de agosto de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-03589-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (vii) del 30 de agosto de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2024-03784-00, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras.
11 (i) Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de abril de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-06238-01,

M. P. Marta Nubia Velásquez Rico; (ii) Sección Quinta, sentencia del 26 de octubre de 2023, expediente 11001-03-15-
000-2023-04292-01, M. P. Rocío Araújo Oñate, entre otras.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-01
Demandante: Gladys Bejarano Méndez

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ
Conjuez

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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