Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01713-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01713-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01713-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
21 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01713-01
Demandante: María Fernanda Tenorio García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01713-01
Demandante: MARÍA FERNANDA TENORIO GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho tendiente al reconocimiento y pago de
la sanción moratoria. Condena en costas. Defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial. Incumplimiento del requisito
de la relevancia constitucional. Debate de naturaleza legal y
económica
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la demandante, quien actúa mediante apoderada judicial, contra la
sentencia de 22 de abril de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de marzo de 2025, la demandante pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, así como el principio de gratuidad, supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la sentencia
proferida el día 18 de septiembre de 2024, en el expediente radicado No. 76111-33-33-002-2022-
00375-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora MARÍA FERNANDA TENORIO GARCÍA,
habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente
judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior,
y, proceda a efectuar un nuevo examen de procedencia de la condena en costas impuestas al
proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras
de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante”.
2. Hechos
La accionante relató que el 24 de enero de 2022 solicitó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en calidad de docente, el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales conforme
con lo establecido en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, sin embargo, por
falta de respuesta de la entidad se configuró el acto ficto o presunto negativo.
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Demandante: María Fernanda Tenorio García
Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Valle
del Cauca, con el fin de que se anulara el acto ficto negativo y se ordenara el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006,
equivalente a 1 salario por cada día de retardo, contados a partir del vencimiento de
los 15 días después de radicada la solicitud del retiro parcial de las cesantías hasta
cuando se haga efectivo el pago.
Indicó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga
en sentencia de 14 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que de las pruebas no se evidenció que la parte demandada incurriera
en la mora que se endilga. Adicionalmente, condenó en costas a la demandante con
sustento en lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el artículo 365 del Código General del Proceso y el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, pues estas se imponen cuando la demanda se presentó con carencia de
fundamento legal, como ocurrió con la demanda de la accionante.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 18
de octubre de 2024 la confirmó íntegramente. Del mismo modo, condenó en costas
a la demandante, en tanto el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 prevé que la
sentencia debe disponer sobre la imposición de las costas conforme a la regulación
prevista en el Código General del Proceso, en el que señala que proceden contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Por consiguiente, fijó
las agencias en derecho en el equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente
en aplicación del numeral 4 del artículo 366 del CGP en concordancia con el
Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, específicamente respecto a la relevancia constitucional resaltó que
la autoridad judicial accionada al imponer la condena en costas desconoció el
precedente judicial, razón por la cual el debate que se propone no es de mera
legalidad ni de contenido económico.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y
por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que para la imposición de
condena en costas se debe atender a un criterio objetivo-valorativo, para lo cual
invoca las siguientes providencias:
• Sentencia de 7 de abril de 2016 de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado (rad. No. 13001-23-33-000-2013-00022-01).
• Sentencia de 11 de febrero de 2021 de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado (rad. No. 63001-23-33-000-2017-00308-01).
• Sentencia de 2 de febrero de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado (rad. No. 27001-23-33-000-2016-00025-01).
• Sentencia de 30 de agosto de 2024 de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado (rad. No. 05001-23-33-000-2018-00626-01).
• Sentencia de 8 de febrero de 2024 de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado (rad. No. 52001-33-33-000-2018-00416-00).
• Sentencia de 4 de abril de 2024 de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado (rad. No. 20001-33-33-000-2013-00352-01).
• Sentencia de 23 de mayo de 2024 de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado (rad. No. 25000-23-42-000-2015-00335-01).
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Demandante: María Fernanda Tenorio García
• Sentencia de 25 de julio de 2024 de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado (rad. No. 11001-03-15-000-2024-03346-00).
• Sentencia de 24 de julio de 2024 de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado (rad. No. 11001-03-15-000-2024-03343-00).
Indicó que conforma a la modificación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, la condena en costas no puede imponerse de manera automática, pues
ahora exige un análisis adicional por parte del juez, quien debe verificar si la parte
vencida incurrió en una manifiesta carencia de fundamento legal.
Agregó que la Ley 2080 de 2021 amplía el alcance del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, pues complementa el enfoque desde una valoración objetiva-valorativa
hacia un examen más profundo que considere la razonabilidad de las pretensiones
formuladas y el ejercicio legítimo del derecho de acción, lo que impide que las costas
sean impuestas de manera mecánica o como una sanción implícita por la sola
derrota procesal.
Finalmente, manifestó que “el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desatendió abiertamente el precedente jurisprudencial del Supremo Tribunal
contencioso administrativo y las disposiciones que regulan la condena en costas,
por cuanto el único fundamento expuesto para imponer dicha sanción a la señora
María Fernanda Tenorio García se limitó a un criterio meramente objetivo, como ser
la parte vencida en el proceso; omitiendo el hecho que debía verificar, por un lado,
si se generaron gastos procesales como consecuencia del ejercicio de la acción y,
por otro, si la presentación de la demanda careció totalmente de sustento legal, con
lo cual queda plenamente demostrado que la decisión no se justificó en estos
criterios y, por ende, resultó lesiva de los derechos fundamentales del debido
proceso, acceso a la administración de justicia y, gratuidad de la demandante,
motivo por el cual, resulta procedente que el Juez de tutela proceda al amparo de
tales garantías ante la conducta injustificada del accionado”.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El magistrado ponente de la decisión objetada informó que la acción de tutela resulta
improcedente, en tanto que la demandante pretende utilizar la solicitud de amparo
como una tercera instancia del proceso ordinario, con el fin de seguir discutiendo la
interpretación que se desarrollaron en las dos instancias del proceso ordinario.
Agregó que, si la demandante considera que en el proceso ordinario se cometió
alguna irregularidad procesal, probatoria o jurídica, tiene a su disposición el recurso
extraordinario de revisión.
4.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió que se declare la improcedencia de la
acción de tutela, toda vez que la solicitud de amparo es un mecanismo autónomo,
residual y subsidiario. Adicionalmente, solicitó que se desvinculara a la cartera
ministerial por falta de legitimación en la causa por pasiva.
4.3. Respuesta de Fiduprevisora
La directora de la oficia de Gestión Judicial solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela y, a su vez, se desvincule a la entidad por no estar legitimada
en la causa por pasiva.
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4.4. Respuesta del departamento del Valle del Cauca
La abogada adscrita al Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Constitucionales y
Estudios Jurídicos pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que el llamado a responder por las pretensiones de la acción de
tutela es el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4.5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga,
a pesar de que se le notificó en debida forma del auto admisorio y allegó el
expediente digital, guardó silencio respecto de los hechos y pretensiones de la
demanda.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de 22 de
abril de 2025, negó las pretensiones de la acción de tutela.
Afirmó que el Tribunal acudió a un criterio objetivo para condenar a la demandante
en costas, con fundamento en los artículos 365 del Código General del Proceso y
188 de la Ley 1437 de 2011, tesis actualmente vigente en algunas secciones de la
corporación, como, por ejemplo, en sentencia proferida el 9 de abril de 2025 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Resaltó que hay otras secciones de la corporación, como la misma Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuya tesis en asuntos ordinarios es
resolver acerca de la condena en costas desde un juicio subjetivo-valorativo.
Señaló que en el Consejo de Estado no existe una postura uniforme acerca de la
imposición de costas en los términos del artículo 188 del CPACA, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, situación frente a la cual la solicitud de tutela no
es el mecanismo idóneo para unificar una posición al respecto.
Aseguró que el razonamiento efectuado por el Tribunal estuvo sustentado en la
normatividad vigente, cuya interpretación no ha sido pacífica en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, por lo cual no incurrió en el defecto endilgado.
Para terminar, manifestó que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Sostuvo que el Tribunal omitió verificar si se cumplía la nueva exigencia legal
establecida en el artículo 188 del CPACA, consistente en determinar si la demanda
fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que revela no solo
una aplicación incompleta de la norma, sino también una ausencia de valoración
autónoma por parte del juez de segunda instancia, despojando de sustento jurídico
la condena en costas al excluirse un análisis indispensable que condiciona su
procedencia.
Indicó que “la censura central planteada en la acción de tutela consistente en que
la condena en costas impuesta al docente se fundamentó en una aplicación
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fragmentada del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, lo que resulta incompatible
con el respeto al debido proceso, habida cuenta de que el juzgador estaba obligado
a aplicar dicha disposición en su integridad, conforme a los principios de
inescindibilidad normativa, favorabilidad y al imperativo de que toda decisión sea
justa y legal. En tal sentido, la inconformidad no es la imposición de una carga
económica en sí misma (es decir, no radica este hecho), sino que dicha
determinación se adoptó a partir de una motivación incompleta, en la medida que
excluyó del análisis la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, que exige
verificar si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal
para imponer las costas en los procesos contenciosos administrativos”.
Señaló que la sentencia impugnada se equivoca al afirmar que el caso plantea una
inconformidad en la valoración efectuada por el Tribunal, toda vez que el
cuestionamiento planteado gira en torno al defecto sustantivo en que incurrió la
decisión judicial, lo cual remite directamente al ámbito jurídico y no puede ser
desestimado como una simple discrepancia legal.
Agregó que el análisis del caso evidencia que no estamos frente a una interpretación
protegida por la autonomía e independencia judicial, sino ante una indebida
aplicación del ordenamiento jurídico que regula la condena en costas, al haberse
ignorado elementos normativos esenciales del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
incurriéndose así en una vulneración al principio de inescindibilidad.
Aseguró que la autoridad judicial accionada realizó un juicio parcial respecto de los
presupuestos exigidos para imponer la condena en costas, pues no se valoró si la
demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contaba con un respaldo fáctico y jurídico suficiente, lo que de haberse
considerado con sujeción al ordenamiento vigente, habría dado lugar a una
conclusión distinta en el fallo ordinario en atención a la mayor carga argumentativa
que se exigía con la reforma normativa introducida por la Ley 2080 de 2021.
Por lo demás, reiteró las decisiones invocadas en el escrito de tutela relacionadas
en el acápite de fundamento de esta providencia; además agregó la sentencia de
18 de abril de 2024 de la Subsección A de la Sección Segunda el Consejo de Estado
con radicado No. 11001-03-15-000-2024-01360-00.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 22 de abril de 2025 de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de
tutela y, en su lugar, acceder al amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, gratuidad y de acceso a la administración de justicia de la accionante.
De manera previa se verificará si la solicitud cumple con el requisito de relevancia
constitucional necesario para su estudio de fondo, el cual es susceptible de ser
verificado de oficio por el juez de tutela inclusive en el trámite de la segunda
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instancia, como una salvaguarda de los principios de cosa juzgada, seguridad
jurídica y especialidad del juez natural.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María
Victoria Calle Correa.
3 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto5
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 22
de abril de 2025 negó las pretensiones de la acción de tutela, bajo el argumento de
que el Tribunal accionado realizó una valoración adecuada al ordenamiento jurídico,
más aún cuando en esta Corporación no existe una postura unificada frente al tema
de la condena en costas.
El accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual aseguró que se debía
verificar si la condena en costas que se le impuso se ajustaba al artículo 188 del
CPACA e insistió en el desconocimiento del precedente judicial invocado en el
escrito de tutela.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala evidencia que contrario a la
conclusión a la que arribó el a quo, la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, pues lo que propone la demandante es un debate
meramente legal y económico.
Aun cuando la acción de tutela tiene como finalidad la protección de derechos
fundamentales, cuando se cuestiona una providencia judicial se ponen en tensión
los principios constitucionales de seguridad jurídica, cosa juzgada y especialidad
del juez natural con los derechos fundamentales invocados, escenario en el que
prima facie se deben privilegiar los primeros. De allí que a la parte actora le
corresponde exponer de manera un poco más cualificada una carga argumentativa
y explicativa mínima que trascienda al escenario constitucional, y que permita
efectuar el estudio de fondo a una decisión judicial; solo de esta manera y que la
discusión esté encaminada a determinar el contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental, es posible superar el presupuesto de la relevancia constitucional.
Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de
algunas actuaciones que se surtieron en el curso del recurso, así:
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga en
sentencia de 14 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda
tendientes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías parciales, toda vez que de las pruebas allegadas al proceso no se
evidencia que la parte demandada incurriera en la mora que se endilga.
5
Se reitera la postura desarrolla por la Sala en las sentencias de i) 17 de julio de 2025, radicado No.: 11001-03-15-000-2025-
01708-01, C.P.: Wilson Ramos Girón, ii) 29 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02577-00, C.P.: Wilson
Ramos Girón y iii) 5 de octubre de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-04673-00, C.P.: Wilson Ramos Girón.
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Demandante: María Fernanda Tenorio García
Afirmó que la petición se radicó el 28 de julio de 2021, que la administración expidió
la Resolución no. 1.210-54 02578 de 31 de agosto de 2021, mediante la cual se
reconocen las cesantías a la actora, y que el pago de estas se materializó el 15 de
octubre de 2021. Por consiguiente, explicó que la demanda contó “como plazo
máximo para expedir la Resolución el 19 de agosto de 2021, emitiéndose el acto el
día 31 de agosto de 2021, esto es, por fuera del tiempo establecido. Al plazo
anterior, esto es, el 19 de agosto de 2021 se le debe sumar 10 días de ejecutoria,
venciendo dicho término el día 02 de septiembre de 2021, por ello los 45 días
vencían el día 08 de noviembre de 2021, y el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio efectuó el pago el 15 de octubre de 2021, tal como se verifica en el
comprobante bancario visible a f. 30 del archivo 002Demanda.pdf del expediente
electrónico, siendo entonces palmario que no se presentó mora en el presente
asunto. En consecuencia, deviene en obligatorio denegar las pretensiones de la
demanda”.
Adicionalmente, condenó en costas con sustento en lo dispuesto en el artículo 188
de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del Código General del
Proceso y el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en tanto que establece que estas
se imponen cuando la demanda se presentó con carencia de fundamento legal,
como ocurrió con la accionante, “pues conforme se pudo colegir a partir del análisis
realizado, es patente que no se presentó mora en el pago de las cesantías de la
parte demandante, ya que las mismas le fueron canceladas dentro del término de
70 días establecido para el efecto”.
La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que
insistió en que se configuró una mora, pues la solicitud de las cesantías se radicó el
28 de julio de 2021, mientras que el acto administrativo que ordenó el pago de estas
se le notificó el 5 de septiembre de 2021, es decir, 17 días después del plazo
establecido en el ordenamiento jurídico.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 18 de octubre
de 2024, la confirmó íntegramente. Resaltó que el Consejo de Estado en sentencia
de unificación aclaró que cuando el acto que reconoce las cesantías es proferido
por fuera del término, como ocurrió en este asunto, la sanción moratoria corre 70
días hábiles posteriores a la solicitud. Sin embargo, al verificar las fechas constató
que “no existió mora en el pago de las cesantías y para la Sala no es admisible el
argumento presentado en el recurso de apelación dado que la ley estableció que la
sanción moratoria surge desde que se hace exigible la obligación, esto es, a partir
del cumplimiento del plazo máximo para su pago, momento en el cual puede
reclamarse su reconocimiento”.
Igualmente, condenó en costas a la demandante, en tanto el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 prevé que la sentencia debe disponer sobre la imposición de las
costas conforme a la regulación prevista en el Código General del Proceso, en el
que se señala que estas proceden contra quien se resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación. Por consiguiente, fijó las agencias en derecho en el
equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente en aplicación del numeral 4
del artículo 366 del Código General del Proceso en concordancia con el Acuerdo
PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
De lo antes expuesto, Sala advierte que la acción de tutela no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto la parte actora utiliza la solicitud
de amparo para plantear un debate de carácter legal y económico.
Al estudiar los argumentos planteados por la accionante, se observa la discusión
propuesta por la parte actora en los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, se circunscribe con la forma como deben interpretarse los
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Demandante: María Fernanda Tenorio García
artículos 79 y 365 del Código General del Proceso y del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011 -CPACA modificado por la Ley 2080 de 2021, que regulan las costas
procesales.
Es decir, el debate que propone no trasciende al escenario constitucional o a la
defensa de un derecho fundamental, sino a la correcta interpretación de una norma
legal, asunto que recae sobre la determinación de aspectos meramente legales y
procesales, que, en últimas, también es de carácter económico, en la medida en
que, utiliza la acción de tutela con el fin de eliminar el monto de la condena impuesta
en su contra.
De allí que no sea suficiente con invocar el presunto desconocimiento del
precedente judicial, lo que no es suficiente para dar por superado el requisito de la
relevancia constitucional, pues en últimas se trata de una discusión, se reitera, de
naturaleza legal y económica que escapa del resorte del juez constitucional.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20196, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”7 (Negrilla y resalta
de la Sala)
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En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De
allí que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los
derechos efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter
legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, gratuidad y de acceso a la administración de justicia, en este
caso, para proponer un debate de mera legalidad y económico que no trasciende al
escenario constitucional.
Por las razones expuestas, el presente asunto no supera el análisis de relevancia
constitucional y, en esa medida, se debe revocar la sentencia de 22 de abril de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para,
en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
6 M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7 Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
8 M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: María Fernanda Tenorio García
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 22 de abril de 2025, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
María Fernanda Tenorio García, quien actúa mediante apoderada judicial, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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