Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07958-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07958-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07958-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07958-00
Accionante: JOSÉ MARÍA PORTURA AGUILAR
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensión de reconocimiento y pago
de bonificación de servicios en el que se condenó en costas. Defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Incumplimiento
del requisito de la relevancia constitucional. Debate de naturaleza legal
y económica
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor José María Portura Aguilar, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de diciembre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que
solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio de gratuidad, que
consideró vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en sentencia proferida
del 5 de junio de 2025 dentro del medio de control bajo radicado No. 5001-33-33-006-
2019-00285-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD de los
accionantes, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados
de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en
el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen de procedencia de la condena en
costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente
jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la
accionante.”
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Accionante: José María Portura Aguilar
2. Hechos
La parte accionante manifestó que viene prestando sus servicios como docente
oficial al departamento de Vaupés desde el 25 de febrero de 1986.
Informó que solicitó el reconocimiento y pago la bonificación por servicios prestados
consagrada en el Decreto 2418 de 2015, la cual fue negada mediante Oficio No.
545 del 5 de marzo de 2019.
Indicó que por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional y el departamento de Vaupés, con la pretensión de obtener la declaratoria
de nulidad del citado oficio núm. 545 del 5 de marzo de 2019.
Señaló que el asunto fue asignado al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
de Villavicencio, bajo el radicado núm. 50001333300620190028501, que profirió
sentencia del 7 de septiembre de 2022 en la que denegó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante, al señalar que por tratarse
de un docente nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 91 de
1989, no tenía tal derecho a percibir la citada bonificación por servicios prestados,
al haber sido excluidos de la aplicación del Decreto Ley 1042 de 1978 y del Decreto
2418 de 2015, sin que tal exclusión vulnere preceptos constitucionales.
Afirmó que la condena en costas fue sustentada por el Juzgado en “los artículos
188 de la ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A., los artículos 361, 365 y 366 de la ley 1564
de 2012 – C.G.P., y el artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 05 de agosto
de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en donde además se
consideró la naturaleza y cuantía del proceso, la calidad y duración de la gestión
realizada por la apoderada judicial de la entidad demandada, fijando agencias en
derecho en el 4% de las pretensiones negadas en la sentencia, de acuerdo con la
estimación de la cuantía realizada en la demanda (SAMAI – Índice 2)”.
Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta, autoridad judicial que mediante
sentencia de 5 de junio de 2025 confirmó la decisión. Para ello el ad quem acogió
los argumentos de la primera instancia, en el sentido de indicar que efectivamente
no tenía el derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por servicios
prestados consagrada en el Decreto 2418 de 2015, a lo que agregó que la condena
en costas fue ajustada a derecho dado que las pretensiones de la demanda se
despacharon desfavorablemente y se probó su causación a partir de las actuaciones
desplegadas por la contraparte. Finalmente, condenó en costas en segunda
instancia al actor.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante manifestó que el asunto reviste de relevancia constitucional,
por cuanto el Tribunal Administrativo del Meta fundamentó la condena en costas en
el criterio objetivo valorativo, sin embargo, pasó por alto la modificación introducida
por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, al condicionar su
procedencia a que la demanda se haya presentado con una manifiesta carencia de
fundamento legal.
Indicó que se evidencia la configuración de un defecto sustantivo, al haberse
ignorado elementos normativos esenciales del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
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Accionante: José María Portura Aguilar
incurriéndose así en una vulneración al principio de inescindibilidad pues no se
valoró si la demanda presentada en ejercicio del medio de control contaba con un
respaldo fáctico y jurídico suficiente.
Sostuvo que conforme a la modificación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, la condena en costas no puede imponerse de manera automática, en tanto
ahora exige un análisis adicional por parte del juez, quien debe verificar si la parte
vencida incurrió en una manifiesta carencia de fundamento legal.
Asimismo, refirió que la Ley 2080 de 2021 amplía el alcance del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, porque complementa el enfoque desde una valoración objetiva-
valorativa hacia un examen más profundo que considera la razonabilidad de las
pretensiones formuladas y el ejercicio legítimo del derecho de acción, lo que impide
que las costas sean impuestas de manera mecánica o como una sanción implícita
por la sola derrota procesal.
Por último, señaló que la providencia objetada desconoció el precedente judicial
vertical, al ignorar decisiones que, frente a situaciones fácticas similares, abordó
los requisitos que se deben cumplir para fijar costas en el proceso1, por lo que, a su
juicio, imponer condena en costas sin observar el marco normativo que incorporó la
Ley 2080 de 2021, no constituye un asunto legal o económico, sino que revela una
afectación directa a las garantías superiores como el debido proceso.
Para ello mencionó fallos como los expedidos en los radicados
520013333000201800041600 de 8 de febrero de 2024 (4256-2021); 20001-23-33-
000-2013-00352-01 (2466-16) de 4 de abril de 2024 y 25000-23-42-000-2015-0335-
01 (3526-2019) de 23 de mayo de 2024, todos de la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado.
4. Trámite procesal
Por auto de 15 de enero de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada - Tribunal Administrativo del Meta -. De igual
modo, al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio, al Ministerio de
Educación Nacional y al departamento de Vaupés, como terceros interesados en el
resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
4515 a 4520 de 16 de enero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión. Asimismo, se surtió el correspondiente aviso en la página web del Consejo
de Estado con el fin de comunicar la actuación a los terceros interesados.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Meta
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que manifestó que en la
sentencia proferida el 5 de junio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
1
Sentencias proferidas en los procesos con radicado interno núm. 520013333000201800041600 de 8 de
febrero de 2024 (4256-2021); 20001-23-33-000-2013-00352-01 (2466-16) de 4 de abril de 2024 y 25000-23-42-
000-2015-0335-01 (3526-2019) de 23 de mayo de 2024, todas de la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado.
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Accionante: José María Portura Aguilar
restablecimiento del derecho incoado por el señor José María Portura Aguilar contra
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – departamento de Vaupés, con
radicación No. 50001333300620190028500/01, no se incurrió en los defectos
endilgados, pues en ella se consignaron las razones de hecho y de derecho que se
estimaron pertinentes y justificaron la decisión. Agregó que ratificaba los
fundamentos de la sentencia dictada en segunda instancia y que el expediente
virtual podría consultarse en el enlace que adjuntó.
5.2. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio
El titular del despacho judicial guardó silencio sobre la acción de tutela.
5.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
La oficina asesora jurídica se pronunció sobre los hechos expuestos en la demanda
de tutela y solicitó declararla improcedente por considerar que el asunto carece del
presupuesto de relevancia constitucional, y que corresponde a la parte activa
demostrar si existe una eventual transgresión de derechos que pudiera generar que
la decisión judicial expedida por el juez de conocimiento se aparte del ámbito de
legalidad.
5.4. Respuesta del departamento de Vaupés
La Dirección de asuntos jurídicos y judiciales de la entidad territorial dio respuesta
a la acción constitucional, oponiéndose a todas las pretensiones del asunto,
indicando además que la condena en costas es una consecuencia de la no
prosperidad de las pretensiones en el proceso judicial, como demandante o
demandado.
Sostuvo que en el asunto objeto de estudio no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues la actora pretende que se analice en sede de tutela
una situación objetiva que deriva de un fallo adverso a sus intereses, a lo que agregó
que la condena en costas es procedente en ambas instancias y es una
consecuencia lógica e ineludible de las decisiones desfavorables a los intereses de
la parte actora.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela presentada por el señor
José María Portura Aguilar, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
resulta procedente conforme a los requisitos generales establecidos para cuestionar
providencias judiciales. En caso afirmativo, deberá establecerse si el Tribunal
Administrativo del Meta incurrió en los defectos alegados por la parte actora, con
ocasión de la sentencia dictada el 5 de junio de 2025.
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3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor José María Portura Aguilar, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, por
considerar que la sentencia de 5 de junio de 2025 incurrió en los defectos sustantivo
y desconocimiento del precedente judicial, al confirmar las costas procesales e
imponerlas en segunda instancia.
La parte actora señaló que se desconocieron las sentencias proferidas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en casos similares6, relacionadas con el
establecimiento de costas procesales.
En ese escenario, la Sala evidencia que la solicitud de amparo constitucional no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues lo que propone la parte
demandante es un debate meramente legal y económico.
Aun cuando la acción de tutela tiene como finalidad la protección de derechos
fundamentales, cuando se cuestiona una providencia judicial se ponen en tensión
los principios constitucionales de seguridad jurídica, cosa juzgada y especialidad
del juez natural con los derechos fundamentales invocados, escenario en el que
prima facie se deben privilegiar los primeros. De allí que a la parte actora le
corresponde exponer de manera más cualificada una carga argumentativa y
explicativa mínima que trascienda al escenario constitucional, y que permita
efectuar el estudio de fondo de una decisión judicial. Solo de esta manera y que la
discusión esté encaminada a determinar el contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental, es posible superar el presupuesto de la relevancia constitucional.
Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de
algunas actuaciones que se surtieron en el curso del proceso ordinario, así:
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio en sentencia de 7 de
septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, tendientes al
6
Hizo mención a las sentencias proferidas en los procesos con radicado interno núm.
520013333000201800041600 (4256-2021); 20001-23-33-000-2013-00352-01 (2466-16) y 25000-23-42-000-
2015-0335-01 (3526-2019) de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
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reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados, bajo el argumento
de que las pruebas allegadas al proceso no permitían evidenciar que la parte
demandante tuviera derecho a tal beneficio. Asimismo, señaló que por tratarse de
un docente nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 91 de 1989,
no ostentaba el derecho a percibir la citada bonificación por servicios prestados, al
haber sido excluidos de la aplicación del Decreto Ley 1042 de 1978 y del Decreto
2418 de 2015, sin que tal exclusión vulnere preceptos constitucionales.
Adicionalmente, condenó en costas a la parte actora con sustento en lo dispuesto
en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso y el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en tanto estas
se imponen cuando la demanda se presentó con carencia de fundamento legal,
como ocurrió con el accionante.
La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que
manifestó que “…no estaba de acuerdo con la condena en costas, pues, en su sentir, esta no
opera en forma objetiva, sino que está sujeta a la valoración de la conducta que permita calificarla
como temeraria o constitutiva de abuso de sus atribuciones y derechos procesales y en el caso
contrario, no puede el juez atribuirse la facultad de imponer cargas económicas tan altas para la
parte vencida. Sostuvo, que el H. Consejo de Estado ha establecido que el Juez Contencioso
Administrativo no puede condenar en costas a la parte demandante, desconociendo la valoración de
la conducta procesal asumida dentro del proceso, lo cual no fue tenido en cuenta por el A quo, puesto
que asumió la posición de no acceder a las pretensiones de la demanda y condenarlo en costas sin
tener en cuenta su conducta. Sostuvo, que no acudió al sistema judicial de forma temeraria, ni
tratando de evadir responsabilidades, pues, si se supiera cuáles van a ser los resultados de un
proceso no hubiese acudido al mismo”.
El Tribunal Administrativo del Meta mediante sentencia de 5 de junio de 2025,
confirmó íntegramente la decisión del a quo, incluida la decisión de condena en
costas, respecto de la cual sostuvo:
“De acuerdo con lo anterior, el reparo del demandante según el cual no hubo mala fe ni
temeridad en su actuar y, por ello, no procede la condena encostas en su contra, no está
llamado a prosperar, pues, de conformidad con la jurisprudencia del H. Consejo de
Estado, la valoración que debe realizar el Juez, con miras a determinar si hay o no lugar
a imponer costas, no incluye este análisis, toda vez que su labor está orientada es a
verificar la actuación o gestión de la parte contraria a la vencida en juicio y no la evaluar
la conducta decorosa de la parte a quien le resultó adverso el fallo o se le resolvió en
forma desfavorable su recurso de apelación.
Aclarado lo anterior, al armonizar la normatividad y la jurisprudencia en cita con el caso
concreto, considera la Sala que fue acertado el pronunciamiento por parte del a quo
frente a la condena en costas, pues no se encontraba frente a un asunto de interés
público y además de ello se cumplió con la valoración objetiva valorativa que se debe
realizar el juez, pues, en la providencia se tuvo en cuenta la naturaleza y cuantía del
proceso, la calidad y duración de la gestión realizada por la apoderada judicial de la
entidad demandada, quien fue diligente en contestar la demanda, aportar las pruebas
necesarias para el esclarecimiento de la verdad y presentar alegatos de conclusión para
imponer la condena en costas”.
Igualmente, condenó en costas a la demandante en segunda instancia, al
considerar que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 prevé que la sentencia debe
disponer sobre la imposición de las costas conforme a la regulación prevista en el
Código General del Proceso, en el que señala que estas proceden contra quien se
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Por consiguiente, fijó las
agencias en derecho en el equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente en
aplicación del numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en
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concordancia con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura.
De lo antes expuesto, la Sala observa que la acción de tutela no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto la parte actora utiliza la solicitud
de amparo para plantear un debate de carácter netamente legal y económico.
Al estudiar los argumentos planteados por la accionante se observa que la discusión
propuesta con la invocación de los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, está relacionada con la forma en que deben interpretarse los
artículos 47 de la Ley 2080 y 188 de la Ley 1437 de 2011, que regulan las costas
procesales.
Es decir, el debate que propone no trasciende al escenario constitucional o a la
defensa de un derecho fundamental, sino a la correcta interpretación de una norma
legal, asunto que recae sobre la determinación de aspectos meramente legales y
procesales, que, en últimas, también es de carácter económico, en la medida en
que utiliza la acción de tutela con el fin de eliminar el monto de la condena impuesta
en su contra, siendo esta una tesis reiterada de esta Sala mayoritaria tal como
puede verse en la sentencia 11001-03-15-000-2025-01713-01 de 21 de agosto de
2025 Sección Cuarta Consejo de Estado.
De allí que no sea suficiente con invocar el presunto desconocimiento del
precedente judicial, lo que no es suficiente para dar por superado el requisito de la
relevancia constitucional, pues en últimas se trata de una discusión, se reitera, de
naturaleza legal y económica que escapa del resorte del juez constitucional.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20197, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”8 (Negrilla y resalta
de la Sala)
En la sentencia SU-215 de 20229, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De
allí que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los
derechos efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter
legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, gratuidad y de acceso a la administración de justicia, en este
7
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
8
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
9
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: José María Portura Aguilar
caso, para proponer un debate de mera legalidad y económico que no trasciende al
escenario constitucional.
Por las razones expuestas, el presente asunto no supera el análisis de relevancia
constitucional y, en esa medida, se debe declarar improcedente la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José
María Portura Aguilar, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo del Meta.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva Voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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