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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04292-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04292-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora S.A. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Edgar Mauricio Ruíz Rodríguez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04292-01 SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04292-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

26 de octubre de 2023

Demandante: Edgar Mauricio Ruíz Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04292-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04292-01
Demandante: ÉDGAR MAURICIO RUÍZ RODRÍGUEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional. Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023, por medio de la cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente
la acción de tutela del asunto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Édgar Mauricio Ruíz Rodríguez, actuando por conducto de
apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección D de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que solicitó
la defensa de sus derechos fundamentales de petición, la igualdad, el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia.

2. Para el accionante la trasgresión de las citadas garantías constitucionales
encontró sustento en las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por
las autoridades accionadas, al interior del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho1 en las que se negaron las pretensiones de la

1 En dicho asunto se pretendía que el señor Ruíz Rodríguez, en su calidad de docente vinculado con

la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., obtuviera el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantía bajo el régimen de retroactividad, por lo que se solicitó el pago de un mes de salario por
cada año de servicios prestado, con la correspondiente indexación e intereses moratorios

1
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Demandante: Edgar Mauricio Ruíz Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04292-01

demanda y, como consecuencia de ello, fue condenado al pago de las costas
procesales.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se CONCEDA la tutela interpuesta, para la protección de los derechos
fundamentales del DERECHO DE PETICIÓN, el DEBIDO PROCESO, la IGUALDAD,
el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SEGUNDA: Se ordene la revocatoria de la condena en costas.2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El ciudadano Edgar Mauricio Ruíz Rodríguez se vinculó como docente
desde el 30 de julio de 1996 en la Secretaría de Educación de Bogotá.

5. El 2 de marzo de 2017 radicó una solicitud de reconocimiento y pago del
auxilio de cesantía por el tiempo laborado, en la que indicó que ésta debía ser
liquidada con el sistema de retroactividad. Mediante Oficio No. S-2017-41229 del
14 de marzo de 2017 le fue negada la anterior petición.

6. Inconforme con la decisión de la administración, el señor Ruíz Rodríguez
promovió demanda en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, asunto que correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D bajo el radicado 25000-23-42-
000-2017-03356-00.

7. Agotadas las etapas procesales para este tipo de asuntos, el 7 de noviembre
de 2018 se clausuró la primera instancia con sentencia adversa a las pretensiones
de la demanda y en la que condenó en costas a la parte vencida. Lo anterior, en
atención a que el demandante, para la fecha en que se vinculó con la Secretaría
de Educación de Bogotá, fue con posterioridad al 1 de enero de 1990 y, en
consecuencia, el régimen aplicable era el de pago anualizado.

8. Apelada la anterior decisión, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dictó fallo de segunda instancia el 22 de junio de 2023, en la
que confirmó por las mismas razones la providencia del a quo e igualmente
condenó en costas procesales al demandante.

2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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Subsección A y otro
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9. La anterior decisión se notificó el 3 de agosto de 2023 conforme se colige
de la información que reposa en el expediente ordinario.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

10. En sentir de la parte actora, las decisiones de primera y segunda instancia
incurrieron en yerros de naturaleza sustancial, fáctica y desconocieron el
precedente del Consejo de Estado.

11. Frente al primero, explicó que la imposición de la condena en costas se erige
en un mecanismo que impide el acceso a la administración de justicia; aunado que
la actuación surtida en el proceso ordinario se enmarcó en la buena fe y confianza
legítima y, en ese sentido, no se advierte una conducta fraudulenta con la promoción
de la demanda.

12. En cuanto al cargo por defecto fáctico, se enfocó en reiterar lo atinente a la
conducta desplegada por el demandante en el proceso ordinario, esto es que no
hubo un actuar contrario a derecho y que buscó la salvaguarda de los derechos que,
desde su punto de vista, habían sido desconocidos por la demandada.

13. Por último, invocó el desconocimiento del precedente, para lo cual alegó la
sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 1°
de diciembre de 2017, la cual consignó que la condena en costas debe encontrarse
debidamente justificada en el proceso y, en el evento de no acreditarse, el juez debe
abstenerse de imponerlas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Por auto del 11 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la primera
instancia dispuso: i) admitir la acción de tutela, ii) notificar a las autoridades
judiciales accionada, iii) vincular a las entidades demandadas en el proceso
ordinario, y iv) comunicar la existencia del trámite a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fiduprevisora S.A.

15. Alegó que las actuaciones desplegadas por las autoridades judiciales
accionadas se acompasaron con el ordenamiento jurídico, aunado que el proceso
ordinario se garantizaron los derechos de la parte demandante, accionante en sede
de tutela.

16. Conforme lo anterior, solicitó, por un lado, declarar improcedente la solicitud
de amparo, y, por otro lado, la desvinculación de la entidad, por cuanto carece de

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legitimación en causa por pasiva frente a las pretensiones que alegó el señor Ruíz
Rodríguez.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

17. Luego de realizar un recuento de las principales actuaciones surtidas en el
curso del proceso ordinario, explicó que la condena en costas impuestas en la
decisión de primera instancia, se hizo conforme los parámetros legales que regulan
la materia.

18. Por otro lado, acotó que el accionante no hizo uso de la figura de amparo de
pobreza, la cual, se erige en la herramienta idónea para ser exonerado del pago del
guarismo indicado en la decisión.

19. Conforme lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones invocadas en
la acción de tutela.

1.6.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

20. Explicó que la actuación surtida tanto en primera como en segunda instancia,
permite evidenciar que las autoridades demandadas al interior del proceso ordinario
desplegaron múltiples actividades, tales como contestar la demanda, comparecer a
las audiencias, presentar alegatos de conclusión y replicar los argumentos de la
apelación en segunda instancia.

21. En ese sentido, consideró que las agencias en derecho se encontraban
justificadas en el presente asunto y, como consecuencia de lo anterior, resultaba
procedente la imposición de la condena a la parte demandante.

22. Como conclusión solicitó de manera principal que se declarará improcedente
la acción de tutela y, en el evento de analizar de fondo los cargo, que éstos fueran
resueltos desfavorablemente.

1.7. Sentencia de primera instancia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
proveído del 18 de septiembre de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

24. Al respecto, evidenció que la discusión planteada en esta instancia judicial
es de carácter económico, pues, en últimas, la finalidad que busca el mecanismo
constitucional es la exoneración al pago de costas procesales.

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25. Por lo anterior, concluyó que la imposición de la mencionada obligación no
conlleva intrínsecamente la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante.

26. La anterior providencia fue notificada por correo electrónico el 21 de
septiembre de 2023.

1.8. Impugnación

27. Mediante escrito radicado ante la Secretaría General el 21 de septiembre de
2023, el accionante impugnó la providencia de primera instancia, para lo cual explicó
que en el presente caso se debe superar la relevancia constitucional ante la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

28. Lo anterior dado que la imposición de esta obligación conlleva que el derecho
de acceso a la administración de justicia se vea menguado ante un eventual riesgo
por la pérdida del proceso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación formulada por el
señor Édgar Mauricio Ruíz Rodríguez contra la sentencia proferida el 18 de
septiembre de 2023, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela.

30. Lo anterior, en los términos del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y el
Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

31. El a quo constitucional en el presente asunto omitió pronunciarse sobre la
solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora S.A., la cual fue alegada
en su escrito de intervención.

32. Al respecto, se negará la anterior petición, pues, dicha entidad, en su calidad
de vocera del Fomag, fungió como parte demandada al interior del proceso ordinario
en el cual se profirieron las decisiones que son cuestionadas en esta instancia
judicial.

2.3. Problema jurídico

33. Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y la decisión dictada en primera
instancia corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

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• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

34. En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, vulneraron los derechos fundamentales del ciudadano Edgar
Mauricio Ruíz Rodríguez, con ocasión de la condena en costas impuesta en
la sentencia de primera y segunda instancia al interior del proceso ordinario
25000-23-42-000-2017-03356-00/01?

35. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial y iii) análisis del caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
3
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su
procedencia.5

37. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

38. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

39. Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

40. El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir
entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia
que cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de
tutela no se erige una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente
traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de
20226, la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en
aplicación de este requisito de relevancia constitucional.

41. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

42. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

43. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

6 M.P. Natalia Ángel Cabo.

7
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(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal7 (Énfasis de la
Sala).

44. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”9

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal.”10 En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”11

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal13. (Resaltado de
la Sala)

7 Sentencia SU-573 de 2019.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Ibid.

8
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2.6. Caso concreto

45. La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, en la
medida que el debate planteado en esta instancia judicial no goza de relevancia
constitucional y, en ese sentido, no es procedente abordar el estudio de fondo de
los cargos esbozados en la solicitud de tutela.

46. Como punto de partida, se advierte que el amparo constitucional estudiado
no tiene la identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, toda vez que la discusión planteada por el accionante se contrae
a un punto legal y económico.

47. Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son
expuestos en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.

48. Al remembrar los derechos fundamentales invocados por el accionante, se
considera que el debate planteado en esta instancia constitucional tiene como
objetivo únicamente la exoneración al pago de la condena en costas impuesta por
las autoridades judiciales accionadas.

49. Conforme lo anterior, resulta claro que el caso refiere a la obligación de pagar
una suma de dinero a cargo del accionante, la cual, encuentra como fuente las
providencias judiciales cuestionadas, sin que dicha situación evidencie una tensión
de cara a los mandatos constitucionales invocados.

2.7. Conclusión

50. En atención a lo expuesto, por un lado, se negará la solicitud de
desvinculación formulada por la Fiduprevisora, y, por otro lado, se confirmará la
decisión de primera instancia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora
S.A.

9
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Subsección A y otro
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SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023, por
medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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