Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04841-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04841-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04841-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
22 de mayo de 2025
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04841-00
Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04841-00
Demandante: FABIO DE JESÚS VELEZ CARO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa para obtener indemnización de perjuicios por privación injusta
de la libertad. Perjuicios morales. Defecto por desconocimiento del
precedente judicial. Falta de relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Fabio de Jesús Vélez Caro, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de septiembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela en la que
solicitó al juez constitucional la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, supuestamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Por lo anterior, de manera comedida, con fundamento en los hechos y
planteamientos expuestos les solicito tutelar el derecho al debido proceso y en
consecuencia ordenar la corrección de la sentencia dictada el 19 de junio de
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, reconociendo los daños
morales para cada uno de los demandantes en su orden de parentesco 100
SMLMV para la víctima, su esposa e hijos y 50 SMLMV para los 3 nietos,
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incluyendo a TYU , aplicando la jurisprudencia anterior vigente para la fecha de
la admisión de la demanda de referencia en el año 2029 Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 68001-23-31-000-
2002-02548-01 (36149) Magistrado Ponente Hernán Andrade Rincón, en vez de
la jurisprudencia posterior no aplicable al proceso en forma retrospectiva y
condenar al reconocimiento de los daños en vida relación del demandante y su
esposa y la condena en costas a cargo de la Fiscalía General de la nación,
ordenando al tribunal administrativo de Antioquia a condenar al Estado, Fiscalía
General de la Nación, al pago de todas las pretensiones de demanda, y condenar
en costas a las entidades demandadas, A su vez ordenando al señor Magistrado,
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El nombre del menor se anonimizó en protección del derecho a la intimidad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04841-00
Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
comunicar la decisión del honorable Consejo de Estado a los involucrados, para
adoptar las responsabilidades que a ellos les corresponde”.
2. Hechos
El accionante afirmó que fue privado de la libertad entre el 4 de marzo de 2015 y el
9 de octubre de 2017, sindicado de la conducta punible de secuestro extorsivo
agravado, por la que afrontó un proceso penal que culminó con sentencia
absolutoria del 6 de octubre del 2017, proferida por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Medellín.
Indicó que, junto con sus familiares, en ejercicio del medio de control de reparación
directa2, demandó a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se le declarara
administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y
materiales que les fueron ocasionados con la privación de la libertad de la que fue
objeto, la cual consideraron injusta.
Refirió que el proceso correspondió, en primera instancia, al Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito de Medellín, quien a través de sentencia de 19 de enero
de 2022 negó las pretensiones y no condenó en costas.
Sostuvo que luego de que interpusieran recurso de apelación, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en sentencia de 19 de junio de 2024, revocó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, declaró administrativamente responsable a la
Fiscalía General de la Nación y la condenó al pago de los perjuicios morales y
materiales, en calidad de lucro cesante, causados a los demandantes. La parte
resolutiva de la sentencia objetada estableció lo siguiente:
“Primero: Revocar la sentencia proferida el 19 de enero de 2022 por el Juzgado
Veintitrés (23) Administrativo del Circuito de Medellín, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Declarar administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación
por la privación injusta de la libertad del señor Fabio de Jesús Vélez Caro, conforme con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia judicial.
Tercero: Declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de los
demandantes David Alejandro Vélez Palacio y Diana María Palacio Restrepo, conforme
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia judicial.
Cuarto: Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de
PERJUICIOS MORALES causados a los demandantes que a continuación se relacionan,
las siguientes sumas de dinero:
Demandante Perjuicio moral
Fabio de Jesús Vélez Caro Cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV).
Julieta de Jesús Restrepo Vélez Cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (50 SMLMV).
Jeynson Vélez Restrepo Cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (50 SMLMV).
María Fernanda Vélez Restrepo Cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (50 SMLMV).
Jennyfer Vélez Caro Treinta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (30 SMLMV).
Juan José Vélez Gómez Treinta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (30 SMLMV).
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La demanda fue presentada en el año 2019.
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Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
José Daniel Vélez Correa Treinta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (30 SMLMV)
Quinto: Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Fabio de
Jesús Vélez Caro la suma de treinta y ocho millones ochocientos noventa y cinco mil
seiscientos sesenta y seis pesos ($ 38.895.666,66), por concepto de PERJUICIOS
MATERIALES, en calidad de lucro cesante.
Sexto: Denegar las demás súplicas de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia”.
Explicó que, en la decisión de segunda instancia, el tribunal declaró de oficio la falta
de legitimación en la causa por activa de los demandantes TYU y Diana María
Palacio Restrepo, nietos del señor Vélez Caro, por no haberse aportado prueba del
parentesco de su padre, Yerlin Vélez Restrepo, con la víctima de la privación de la
libertad, Fabio de Jesús Vélez Caro, por lo que no les fueron reconocidos los
perjuicios morales que reclamaban, y no condenó en costas.
Por último, refirió que el 11 de julio de 2024 interpuso solicitud de aclaración y/o
adición de la sentencia de 19 de junio de 2024, respecto del numeral 5.2.1.3. relativo
a los perjuicios morales sufridos por las víctimas indirectas que no se encontraban
en el primer grado de consanguinidad, “en relación con las pretensiones solicitadas
por TYU y Diana María Palacio Restrepo”, y por la ausencia de condena en costas,
solicitud que fue negada por auto de 24 de julio de 2024, en el que se rechazó la
solicitud de adición por extemporánea.
3. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, vulnerados, supuestamente, con la sentencia del 19 de junio de 2024, en la
que la autoridad judicial accionada revocó el fallo desfavorable de primera instancia
y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de
control de reparación directa que promovió contra la Fiscalía General de la Nación,
con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por
los perjuicios derivados de la supuesta privación injusta de la libertad que soportó.
En su criterio, la sentencia objetada incurre en desconocimiento del precedente
judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el reconocimiento de
perjuicios morales a los parientes en segundo grado de consanguinidad en los
casos de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, vigente al
momento de interposición de la demanda (sentencia con radicado 2002-02548-01
de 28 de agosto de 2014), “que contempla (…) 50 SMLMV por daño moral para los
descendientes y consanguíneos del 2 grado”, en tanto, sostiene, que erradamente
resolvió el problema jurídico aplicando la jurisprudencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de noviembre 29 de 20213, que cataloga a los nietos
como víctimas indirectas y establece para estos un reconocimiento del 30% de los
perjuicios morales reconocidos a la víctima directa.
A su juicio, la jurisprudencia de unificación desconoce los artículos 42 y 43 del
Código Civil que establece que los nietos son descendientes consanguíneos en
línea directa en segundo grado del abuelo, y su aplicación en la sentencia objetada
desconoce “los efectos prospectivos en materia procesal administrativa de la
jurisprudencia aplicable al año 2019”.
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C.P. Martin Bermúdez Muñoz.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04841-00
Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
Agregó que el desconocimiento del precedente también se predica de la sentencia
de 13 de noviembre de 20184 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
establece que “en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación
del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos,
padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño
antijurídico, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política y con base en
las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario
como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya
reparación se demanda”.
Sobre el particular, refirió que en el expediente obran los testimonios de Juan Jairo
Caro y Ana Gertrudis Caro Bolívar, “donde se coteja que Yerlin Vélez Restrepo, es
hijo de Fabio de Jesús Vélez Caro y de Julieta Restrepo de Vélez, que este falleció
posterior a la presentación de la demanda y dejó un hijo, TYU, menor de edad a
cargo y cuidado de su abuelo Fabio de Jesús Vélez Caro, y se aportó el registro civil
de Yerlin Vélez Restrepo”.
Por otra parte, sostuvo que aún cuando en la demanda se solicitó el reconocimiento
de daño en vida de relación, “el despacho en forma subjetiva deniega esta
pretensión a pesar de que existen las declaraciones de dos testigos que afirmaron
que al señor Fabio de Jesús Vélez Caro le privaron de la realización de actividades
placenteras, sociales”, lo que vulneraría sus derechos fundamentales.
Finalmente, adujo que en el caso no se reconocieron las costas procesales a su
favor, a pesar de la actividad procesal desplegada por su apoderado en el
transcurso del proceso de reparación directa de dos instancias, iniciado en el año
2019 y terminado en el 2024, por lo que, aduce, “el Tribunal Administrativo de
Antioquia en forma errada está desconociendo la composición de la figura legal de
las Costas, toda vez que la aludida figura, consta de dos rubros distintos: a saber,
las expensas y las agencias en derecho, esta última están constituidas por el trabajo
legal desplegado por el apoderado judicial (profesional del derecho) en el
desempeño de la litis y su correspondiente remuneración (honorarios
profesionales)”, lo que también vulneraría los derechos invocados.
4. Trámite procesal
Por auto de 15 de octubre de 2024, el despacho que inicialmente conoció del
proceso rechazó la demanda por falta de subsanación, en tanto, consideró, a pesar
de haber requerido al apoderado del demandante para que allegara el poder
especial que lo facultara para interponer la acción de tutela, este no lo había hecho.
Mediante auto de 6 de marzo de 2025, la Sala de la Sección Cuarta de esta
Corporación, al decidir el recurso de súplica interpuesto contra esa decisión, la
revocó y, en su lugar, remitió el expediente de la referencia a este despacho para
disponer sobre su admisión.
El despacho, por auto de 27 de marzo de 2025 admitió la demanda y ordenó notificar
al accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito de Medellín, a la Fiscalía General de la Nación y a María
Fernanda Vélez Restrepo; Julieta de Jesús Restrepo de Vélez; Jennyfer Vélez Caro;
Diana María Palacio Restrepo en nombre propio y en representación de su hijo
menor; Yeynson Vélez Restrepo en nombre propio y en representación de sus hijos
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Radicación número: 68001-23-31-000-2006-02670-01 (42966) C.P:
María Adriana Marín.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04841-00
Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
menores, como terceros interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 39154 a 39159 del
28 de marzo de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión5.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara
la improcedencia de la solicitud, por cuanto, afirmó, incumple el requisito de
relevancia constitucional, pues el análisis realizado en la sentencia objetada se
efectúo en el marco de la jurisprudencia aplicable y la autonomía judicial, por lo que
el accionante pretende reabrir un debate concluido, lo que escapa a las
competencias del juez constitucional.
Adujo que los accionantes presentan su inconformidad en torno a los montos
reconocidos por perjuicios morales y el hecho de que no se haya impuesto condena
en costas, para lo cual invocan posiciones que, en su criterio, ha tenido el Consejo
de Estado en torno a esas figuras, para señalar que la Sala no debió acoger la tesis
de la sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021, por ser posterior a la
fecha en la cual fue presentada la demanda.
Sobre el particular, precisó que la aplicación de dicha sentencia de unificación se
circunscribió a las reglas que se adoptaron en esa decisión, en la que se dispuso
que “en relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales
y la forma de calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato”.
En relación con la ausencia de condena en costas, afirmó que el análisis se realizó
con base en lo previsto en el artículo 188 del CPACA, adicionado en el inciso 2° por
el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que establece “En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, por lo que el defecto
alegado no se configura, en tanto la decisión se adoptó con base en la
jurisprudencia aplicable y en virtud del principio de autonomía judicial.
5.2. Respuesta del Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín
El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, por cuanto, adujo, pretende reabrir debates procesales
propios del trámite ya agotado ante el juez natural, sin que se expliquen las razones
por las que la decisión vulnera los derechos fundamentales invocados como
infringidos.
5.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud, en tanto, sostuvo, no se evidencia vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales y, por el contrario, se vislumbra
que se está utilizando la acción de tutela como mecanismo para reabrir debate legal
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Índice 58, Samai.
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Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
ya definido, terminado y ejecutoriado, lo cual no procede dado que el juez de tutela
no puede usurpar la función del juez natural del asunto.
Indicó que le asiste la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, señaló,
toda orden del juez de tutela en amparo de derechos y que responda a lo pretendido
no se relaciona de manera directa con la competencia de la Fiscalía General de la
Nación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente
asunto.
2. Cuestión preliminar
En la contestación, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se le desvinculara
por cuanto, señaló, no tiene legitimación en la causa por pasiva.
Del expediente ordinario allegado, la Sala evidencia que su vinculación al presente
trámite se da con ocasión de haber sido parte del extremo pasivo del proceso en el
que se profirió la decisión objeto de tutela, por lo que en el caso está justificada su
vinculación, en tanto las pretensiones de la acción se encuentran encaminadas a
que se deje sin efectos la decisión que la declaró administrativamente responsable
y condenó al pago de los perjuicios causados a los demandantes, por lo que se
negara la solicitud en la parte resolutive de esta providencia.
3. Planteamiento del problema jurídico y solución
Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el
demandante es procedente, de conformidad con los requisitos generales cuando se
cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial
demandada incurrió en desconocimiento del precedente judicial aplicable.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones6.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20057, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
6
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04841-00
Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional8.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala9, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
8
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
9
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
5. Estudio y solución del caso concreto
El accionante considera que la sentencia de 19 de junio de 2024, objeto de tutela,
incurre en desconocimiento del precedente judicial sobre el reconocimiento de
los perjuicios morales a los parientes en segundo grado de consanguinidad en los
casos de privación injusta de la libertad, vigente al momento de interposición de la
demanda, emanado de las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
a saber:
i) de 28 de agosto de 2014, que establece “50 SMLMV por daño moral para los
descendientes y consanguíneos del 2 grado, y;
ii) de 13 de noviembre de 201810, que establece que “en casos de privación injusta
de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios
morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno
de estos ha sufrido un daño antijurídico, resulta suficiente para inferir que tanto el
peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por
cuya reparación se demanda”.
Adujo que, erradamente, el Tribunal aplicó la jurisprudencia de unificación de la
Sección Tercera del Consejo de Estado de noviembre 29 de 202111, “jurisprudencia
que tendría efectos ultra activos no retroactivos”, en tanto no reconoció los perjuicios
morales reclamados a favor de los demandantes TYU y Diana María Palacio
Restrepo.
Añadió que aún cuando en la demanda se solicitó el reconocimiento de daño en
vida de relación con base en las declaraciones de dos testigos que afirmaron que al
señor Fabio de Jesús Vélez Caro le privaron de la realización de actividades
placenteras, el Tribunal accionado los negó, y sostuvo que en el caso no se
reconocieron las costas procesales, a pesar de la actividad procesal desplegada por
su apoderado en el trascurso del proceso de reparación directa de dos instancias,
iniciado en el año 2019 y terminado en julio de 2024, lo que vulneraría sus derechos
fundamentales.
Del análisis de los argumentos que soportan el defecto por desconocimiento del
precedente judicial alegado, la Sala advierte que los mismos no cumplen con el
requisito de relevancia constitucional, en tanto no se acompasan con las razones
de la decisión objeto de tutela.
En efecto, aun cuando la decisión que se objeta se adoptó con base en la
consideración de que en el caso no había lugar al reconocimiento de los perjuicios
morales reclamados a favor de los demandantes TYU y Diana María Palacio
Restrepo, en tanto estos no tenían legitimidad en la causa por activa, pues no se
allegó prueba de su parentesco con la víctima directa de la privación de la libertad,
el defecto por desconocimiento del precedente alegado se sustenta en la falta de
aplicación de la jurisprudencia relativa al monto de los perjuicios morales para los
descendientes y consanguíneos del segundo grado, aspecto que no guarda relación
directa con la ratio decidendi de la decisión que se objeta, lo que incumple con el
mencionado requisito de procedibilidad.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Radicación número: 68001-23-31-000-2006-02670-01 (42966) C.P:
María Adriana Marín.
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C.P. Martin Bermúdez Muñoz.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04841-00
Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
Como se anotó en las consideraciones antecedentes, la discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, de modo que pueda abordarse su estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la decisión cuestionada, lo que no ocurre en el presente
caso, en el que se alega el desconocimiento de jurisprudencia que no se encuentra
relacionada con la razón de la decisión que se cuestiona, la cual versó sobre la falta
de legitimidad en la causa por activa por la falta de prueba del parentesco de
algunos de los reclamantes con la víctima directa, por lo que el requisito se
encuentra incumplido.
Es decir, en el caso se observa que, no obstante que el aspecto puntual que se
objeta en la sentencia tutelada es la falta de reconocimiento de los perjuicios
morales a dos de los nietos de la víctima directa de la privación de la libertad, este
se ataca a través del supuesto desconocimiento de la jurisprudencia vinculante
sobre el monto que frente a dichos perjuicios debe reconocerse a los parientes en
segundo grado de consanguinidad, lo que evidencia la falta de relevancia
constitucional de la solicitud, en tanto se trata de aspectos sustancialmente
diferentes, por lo que el estudio de los cargos del defecto no influiría en el sentido
de la decisión que se objeta.
La anterior consideración es suficiente para descartar también la relevancia
constitucional del argumento relativo al desconocimiento de la regla jurisprudencial
emanada de la sentencia de 13 de noviembre de 201812, conforme con la cual “la
simple acreditación del parentesco para los eventos de perjuicios morales
reclamados por (…) nietos, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario
como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya
reparación se demanda”, pues la misma no se encuentra relacionada con la razón
de la decisión que se objeta.
En efecto, si bien los accionantes insisten en que en el expediente obran los
testimonios de Juan Jairo Caro y Ana Gertrudis Caro Bolívar, de los que se podía
probar la relación de parentesco de TYU con Fabio de Jesús Vélez Caro, se reitera,
la decisión objetada se adoptó tras considerar que dichos testimonios no eran
prueba suficiente del parentesco entre aquellos, el cual debía probarse con los
registros civiles pertinentes, por lo que la decisión se adoptó con base en la orfandad
probatoria sobre este aspecto y, en tal razón, la jurisprudencia relativa a la
presunción del perjuicio moral de los familiares de la víctima de privación injusta de
la libertad no se encuentra relacionada con la razón de la decisión que se objeta,
por lo que un eventual estudio de su inaplicación no tendría la vocación de influir en
el sentido de la decisión censurada, lo que evidencia su falta de relevancia
constitucional.
Por otra parte, frente al argumento conforme con el cual en el caso se vulneran
derechos de raigambre constitucional por la falta de condena por el “daño a la vida
en relación”, la Sala observa que, sobre ese aspecto, la autoridad accionada
consideró que las solas manifestaciones de testigos al respecto no eran suficientes
para acreditar dicho perjuicio y ordenar su reconocimiento, “porque lo que se
observa es que ese sufrimiento al que se hace referencia en las declaraciones
encuadra dentro del perjuicio moral a reconocer, y no dentro de la afectación a
bienes constitucionalmente protegidos ni daño a la salud, razón por la cual se
negarán las pretensiones denominadas por la parte demandante como “daño a la
vida de relación”. Contra dicho argumento el actor no elevó argumentos
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Radicación número: 68001-23-31-000-2006-02670-01 (42966) C.P:
María Adriana Marín.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04841-00
Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
encaminados a evidenciar la configuración del alguno de los defectos específicos
para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que
simplemente manifiesta su insatisfacción con la decisión adoptada, lo que incumple
con el requisito de relevancia constitucional, por falta de carga mínima
argumentativa.
Finalmente, en lo relacionado con el alegato conforme con el cual en el caso se
vulneran derechos de rango constitucional con la decisión de no condenar en costas
en segunda instancia, la Sala observa que con dicho argumento el actor plantea
una discusión de carácter legal que, en últimas, termina siendo una discusión de
carácter económico con connotaciones particulares, en la medida en que busca que
se imponga una condena en costas a su favor13.
Como se anotó en las consideraciones de la presente providencia relativas a los
supuestos del requisito de relevancia constitucional, la acción de tutela, en principio,
no puede utilizarse para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, como la imposición de costas procesales, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de este mecanismo, el cual necesariamente debe involucrar la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, lo cual no ocurre en esta
discusión, en los términos propuestos por la parte actora.
La Corte Constitucional ha señalado14 que las discusiones de orden legal o aquellas
relativas exclusivamente a un derecho económico, “deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o
reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”, y
ha establecido que un asunto carece de relevancia constitucional15 cuando: “(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal,
salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por
tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés general”.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-166 de 202216, explicó
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.
Conforme con lo anterior, la acción de tutela no cumple con el requisito de
procedencia de relevancia constitucional, por lo que la Sala no realizará el análisis
de fondo del asunto, en tanto se trata de una condición de contenido sustancial que
debe superarse en cada caso, para que de verificarse el cumplimiento de los
restantes requisitos generales, se habilite el estudio de fondo de la discusión
propuesta. Esto encuentra fundamento en la prevalencia prima facie de los
13
En el mismo sentido, la Sala dictó sentencias de 29 de junio de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00), de 5
de octubre de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-04673-00) y de 7 de marzo de 2024, radicación 11001-03-15-000-
2023-06956-01.
14
Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
15
Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
16
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04841-00
Demandante: Fabio de Jesús Vélez Caro
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, cuando se cuestionan providencias
judiciales.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Fabio de Jesús Vélez Caro, a través de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por falta del requisito de relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor
Fabio de Jesús Vélez Caro, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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