RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03344-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03344-01

Fecha
20 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03344-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 25 de julio de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03344-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de septiembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: Carlos Mario Ríos Rendón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: CARLOS MARIO RÍOS RENDÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 en el que se
impuso condena en costas a la parte demandante. Discusión de
carácter legal y económico. Requisito general de relevancia
constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante contra la sentencia de 25 de julio de 2024,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El demandante afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuso demanda contra el Ministerio de Educación
Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y
municipio de Bello, con el fin de obtener la nulidad de la resolución que negó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías descrita en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975.

Sostuvo que al momento de interponer la demanda y a la notificación de la
sentencia de primera instancia, no existía un criterio unificado sobre la materia, por
lo que actuó bajo el principio de buena fe.

Señaló que del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Medellín, que en sentencia de 31 de marzo de 2023,
resolvió: i) declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de
Bello, ii) declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas, iii) declarar la
nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la sanción por
mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de
1990. En consecuencia, iv) ordenó pagar a la accionante un (1) día de salario
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: Carlos Mario Ríos Rendón

devengado por cada día de retardo a partir del 15 de febrero de 2021, hasta que se
surta la consignación o pago y v) condenó en costas al Fomag en favor de la parte
demandante.

Por último, narró que contra la anterior determinación el Fomag interpuso recurso
de apelación del que conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia, que por
sentencia de 29 de mayo de 2024 revocó el fallo apelado, negó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la parte demandante en ambas instancias,
incluyendo las agencias en derecho. Consideró que el régimen de cesantías e
intereses de las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio es el contenido en la Ley 91 de 1989,
reglamentado por el Acuerdo 039 de 1998, el cual es incompatible con el artículo
90 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y el principio de gratuidad, vulnerados, supuestamente,
con la sentencia 29 de mayo de 2024, mediante la cual la autoridad judicial
accionada revocó el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda y la condenó en costas en ambas instancias, en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio
de Educación Nacional, el Fomag y municipio de Bello, con el fin de obtener la
nulidad de la resolución que negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Mencionó que la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023N de 11 octubre de 2023, notificada el 13 del
mismo mes y año, en la que unificó el criterio en el sentido de precisar que los
docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que la autoridad judicial demandada pudo realizar un análisis de
ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes
previa imposición de la condena en costas en ambas instancias que establece el
numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso, pues consideró que no
actuó con temeridad y mala fe y tampoco se probaron los gastos judiciales en los
que incurrió la entidad demandada “por tratarse este de un asunto de pleno
derecho”.

Indicó que la providencia objetada omitió “dar un debido proceso al curso que tomó
el tema de la sanción de la Ley 50 de 1990”, y no tuvo en cuenta que en la citada
sentencia de unificación, si bien es negativa para sus pretensiones, no condenó en
costas, por lo que estima que no ha debido ser condenada a estas. Agregó que
existió un desconocimiento de “ordenamientos judiciales frente al tema de la
condena en costas por parte del Consejo de Estado”.

Para finalizar, sostuvo que la Ley 1437 de 2011 al regular las costas en materia
procesal, modificó el criterio establecido por la Ley 446 de 1998, “para acoger, de
nuevo, el objetivo que se aplica con independencia de la conducta procesal de los
litigantes. El nuevo precepto prevé: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: Carlos Mario Ríos Rendón

público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Agregó que el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021 adicionó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, para indicar
que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que la demanda se presentó con carencia de fundamento legal, circunstancia que
no aconteció.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD y conforme a esto
se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA, MAGISTRADO PONENTE
DANIEL MONTERO BETANCUR, radicado 05001333304202220032201, el numeral
tercero donde condena en costas en ambas instancias”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las actuaciones del expediente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el No. 05001-33-33-004-2022-
00322-01, accionante: Carlos Mario Ríos Rendón.

5. Trámite procesal

Por auto de 3 de julio de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial
accionada, así como al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria La Previsora S.A. y al municipio de Bello
como terceros interesados en el proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

El magistrado ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que
se desestimaran las pretensiones del demandante y se declarara la improcedencia
de la acción de tutela por carecer del requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo que en el fallo cuestionado revocó la decisión de primera instancia porque
encontró probado que el accionante se encontraba afiliado al Fomag, en lo
relacionado con la prestación de cesantías, por lo que no era beneficiario de la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En relación con la condena en costas, explicó que mantuvo el criterio objetivo del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 para su imposición en procesos distintos a
aquellos en lo que se ventile “un interés público y previó un criterio subjetivo en
relación con los de interés público para su condena”.

Sostuvo que el accionante no plantea una discusión relevante, toda vez que: i)
versa sobre un asunto meramente legal, (ii) busca reabrir un debate ya concluido
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: Carlos Mario Ríos Rendón

por el juez natural, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima y iii) en el
escrito de tutela no se fundamentó el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

Finalmente, mencionó que los alegatos del actor obedecen a meras divergencias
interpretativas en torno a los casos en que es procedente la condena en costas y
“en el caso sub examine es el criterio del juez de conocimiento el que prevalece, pues no
sólo es el juez natural del caso, sino porque las posiciones planteadas en la providencia
cuestionada vía tutela son válidas, razonadas y ajustadas a derecho; además, porque se
encuentra amparado por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen
respeto por la cosa juzgada”.

6.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó
que se declarara la improcedencia de la solicitud, en tanto, sostuvo, incumple con
el requisito de relevancia constitucional. Explicó que en el caso no se evidencia
vulneración de los derechos fundamentales, toda vez que la parte demandante
presentó una controversia estrictamente económica, circunstancia que excede la
competencia del juez de tutela.

Afirmó que el juez constitucional debe examinar de manera rigurosa los requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judiciales, a lo que agregó que el accionante es quien debe probar si existe una
eventual transgresión de las garantías iusfundamentales, circunstancia que en el
caso concreto no se evidencia.

6.3. Respuesta de Fiduprevisora

La coordinadora de tutelas de la entidad rindió informe en el que solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción, porque las decisiones acusadas fueron
proferidas conforme a las normas y a la jurisprudencia aplicables al caso y, en ese
sentido, no se vulneraron los derechos fundamentales alegados como
desconocidos. Adicionalmente, pidió que se desvincule a la entidad por no estar
legitimada en la causa por pasiva.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 25 de julio de 2024,
denegó la solicitud de desvinculación de Fiduprevisora y declaró la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que los argumentos presentados por el demandante relacionados con la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales están encaminados a
replantear la discusión jurídica en torno a la imposición de las costas procesales,
circunstancia que resulta improcedente, toda vez que plantea un debate de
contenido económico que fue debidamente argumentado y concluido por el juez
natural.

Para terminar, indicó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que permita de manera excepcional al juez realizar un estudio de fondo, por lo que
insistió que la acción de tutela es improcedente.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: Carlos Mario Ríos Rendón

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se acceda al
amparo constitucional solicitado.

Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela indicando que en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no procede la condena en
costas porque no se probaron los gastos judiciales sufragados por las entidades
demandadas, toda vez que se trataba de un asunto de puro derecho, ni se probó
su actuar temerario o de mala fe, por lo que se refirió a la sentencia de 16 de abril
de 2015, en la que el Consejo de Estado, indicó que “no puede perderse de vista que
de conformidad con lo consagrado en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del
Proceso, ´Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación´, condición que como ya se dio no se cumple en este
caso”.

Señaló que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no impuso una obligación
perentoria de imponer condena en costas y agencias en derecho, porque la
“obligación que de allí se desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto, de
manera que, conforme a la valoración del discurrir del debate procesal resulta válido
prescindir de la imposición de la condena en costas acorde con los derechos
fundamentales establecidos en la carta política donde prevalece el acceso a la
administración de justicia”.

Por último, indicó que la posición unánime del Consejo de Estado es que en
“materias donde se debatan derechos laborales se tiene que atender la posición de los
sujetos procesales, que para el caso bajo examen se trata de un docente adscrito al
magisterio, parte débil dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor público,
que lo único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales, actuando siempre
con la confianza legítima”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si se
debe revocar la sentencia de 25 de julio de 2024 por medio de la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
constitucional por falta de relevancia constitucional y si la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y el principio de gratuidad de la actora, en tanto la
condenó en costas en las dos instancias, sin tener en cuenta que no existieron
conductas dilatorias de su parte y que no se probaron los gastos judiciales
sufragados por las entidades demandadas.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: Carlos Mario Ríos Rendón

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones1.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito
de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción
de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un

1
Sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
3
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: Carlos Mario Ríos Rendón

mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros se constituyen en una guía orientadora para verificar si en
cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1 La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 25 de julio de
2024, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por carecer del requisito
de relevancia constitucional, en tanto encontró probado que el accionante acudió a
ella para proponer una discusión de naturaleza legal y económica cuya
competencia se encuentra en cabeza del juez natural. Agregó que se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que permita de manera excepcional al juez
realizar un estudio de fondo.

En el escrito de impugnación, el señor Carlos Mario Ríos Rendón, quien actúa a
través de apoderada judicial, solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia y, en su lugar, que se accediera al amparo de sus derechos
fundamentales que considera vulnerados con la condena en costas en ambas
instancias, puesto que, a su juicio, no existieron conductas temerarias o de mala fe
de su parte, y que no se probaron los gastos judiciales sufragados por las
entidades demandadas.

4.2. La Sala coincide con el a quo en que la solicitud de amparo constitucional es
improcedente porque no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

En efecto, la Sala evidencia que los argumentos que soportan el escrito de tutela y
de impugnación, el demandante deriva la vulneración iusfundamental de la
aplicación de los artículos 365 del Código General del Proceso y 188 de la Ley
1437 de 2011 que hizo la autoridad judicial demandada en el caso que originó la
controversia, relativos a las costas procesales, por lo que, como lo señaló el juez
constitucional de primera instancia, plantea una discusión de naturaleza legal que,
en últimas, termina siendo una discusión de carácter económico con connotaciones
particulares, en la medida en que busca la eliminación del monto de la condena
impuesta en su contra5.

Como se anotó en las consideraciones de la presente providencia relativas a los
supuestos del requisito de relevancia constitucional, la acción de tutela, en

5
En el mismo sentido, la Sala dictó sentencias de 29 de junio de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00), de 5
de octubre de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-04673-00) y de 7 de marzo de 2024, radicación 11001-03-15-000-
2023-06956-01, 8 de agosto de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-03347-00.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: Carlos Mario Ríos Rendón

principio, no puede utilizarse para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, como la imposición de costas procesales, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de este mecanismo, el cual necesariamente debe
involucrar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, lo cual no ocurre
en esta discusión, en los términos propuestos por la parte actora.
6
La Corte Constitucional ha señalado que las discusiones de orden legal o aquellas
relativas exclusivamente a un derecho económico, “deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido al juez
de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de
ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”, y ha establecido que un asunto
7
carece de relevancia constitucional cuando: “(i) la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta
interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan
claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”.

8
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-166 de 2022 , explicó
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces”.

Conforme con lo anterior, la acción de tutela no cumple con el requisito de
procedencia de relevancia constitucional, por lo que la Sala no realizará el análisis
de fondo del asunto, en tanto se trata de una condición de contenido sustancial que
debe superarse en cada caso, para que de verificarse el cumplimiento de los
restantes requisitos generales, se habilite el estudio de la discusión propuesta. Esto
encuentra fundamento en la prevalencia prima facie de los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, cuando se cuestionan providencias judiciales.

Por otra parte, el accionante sostuvo que se desconoció la sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11
de octubre de 2023, en la que no se advirtió la imposición de condena en costas.

Al respecto, la Sala pone de presente que, en lo que interesa, esa providencia
señaló que “no se impondrá condena en costas. Lo anterior, en línea con el criterio
9
acogido por esta Sección en anteriores oportunidades, en las cuales consideró que, en los
casos resueltos a través de una sentencia de unificación, en aplicación de las reglas allí
definidas no hay lugar a ello, al amparo de los principios de buena fe y confianza legítima”.
En ese sentido, es claro que en la decisión no se impuso condena en costas
porque se trataba de una sentencia de unificación, motivo por el cual no puede

6
Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
7
Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
8
M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
Entre otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de junio de 2021, Exp. 66001-33-
33-000-2015-00309-01(0632-2018), SUJ-024-CE-S2-202; sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp. 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016), SUJ-025- CE-S2-2021; y sentencia del 28 de julio de 2022, Exp. 25000-23-42-000-2013-02380-
01 (2656-2014), SUJ-028-CE-S2-2022.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03344-01
Demandante: Carlos Mario Ríos Rendón

entenderse dicho argumento como una regla unificadora sobre el tema que resulte
aplicable al caso objeto de estudio.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 25 de julio de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
SALVA VOTO

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.