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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06973-01

Fecha
8 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06973-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero y segundo de la sentencia del 11 de diciembre de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y en su lugar: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la señora Josefina Prada de Mateus por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia”. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06973-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

8 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06973-01
Accionante: Josefina Prada de Mateus

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-06973-01
Accionante: Josefina Prada de Mateus
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B.
Referencia: Acción de tutela

Tema. Acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1. Requisitos de procedibilidad.
Subtema 2. Relevancia constitucional. Improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la señora Josefina Prada de Mateus
por medio de apoderado1, en contra de la sentencia de tutela del 11 de diciembre
de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela

Josefina Prada de Mateus por medio de apoderado2, presentó escrito de tutela en
el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la
vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y a los principios de
seguridad jurídica, favorabilidad e inescindibilidad de la ley3, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B con ocasión de la sentencia del 10 de marzo de 2022 dictada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número de radicado 11001-33-35-015-2013-00247-00/01/02.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario

1.2.1. La señora Josefina Prada de Mateus indicó que estuvo vinculada al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar desde el 28 de julio de 1969 hasta el 30 de marzo
de 1996.

La Caja Nacional de Previsión Social le reconoció el 14 de febrero de 1997 una
pensión de vejez, que fue reliquidada mediante Resolución número 01699 del 12 de
diciembre de 2000.

1 Archivo electrónico ubicado en el índice 18 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado: 63957E99955BAF5B 1D90F48D6BF2BEDA 2C0D097699B8C8A1
5D60500800D81F26.
2 Página 68 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: E73AA9072C7E8297
49F6414D0EDC425B EF15B48E73C8BC13 0A969B461AA05A3F.
3 Páginas 1 a 39 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: E73AA9072C7E8297
49F6414D0EDC425B EF15B48E73C8BC13 0A969B461AA05A3F.
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Accionante: Josefina Prada de Mateus

Luego, el 25 de julio de 2012 presentó una nueva solicitud de reliquidación para que
la prestación se calculara de conformidad con el tiempo de servicios, el IBL y el
porcentaje previstos en la Ley 33 de 1985. No obstante, la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales – UGPP no la respondió.

1.2.2. Josefina Prada de Mateus a través de apoderado, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda en contra de la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, orientada a obtener la nulidad del acto
ficto y el reconocimiento de la reliquidación pensional.

1.2.3. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Bogotá que, mediante sentencia del 24 de octubre de
2017 accedió a las pretensiones de la demanda4. Como fundamento de la decisión
explicó que, la demandante era beneficiaria del régimen pensional dispuesto en la
Ley 33 de 1985, dado que acreditó haber cumplido más de 15 años de servicio a la
fecha en que entró en vigencia la norma.

1.2.4. La parte demandada inconforme con la decisión dictada en primera instancia
interpuso recurso de apelación en el que adujo que el a quo erró al aplicar solo
algunos preceptos jurisprudenciales dictados por el Consejo de Estado y no tener
en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con la aplicación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. También adujo que los actos administrativos
acusados fueron expedidos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1158 de
1994 por lo que, lo ordenado en la sentencia atribuye obligaciones que no están
contenidas en la ley.

1.2.4.1. El recurso le correspondió desatarlo a la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 10 de
marzo de 20225, revocó la decisión dictada por el Juzgado Quince Administrativo
del Circuito de Bogotá y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

La referida autoridad de segunda instancia consideró en primer lugar que, al 1 de
abril de 1994 cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, la demandante no había
cumplido los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de vejez, ya que cumplió
55 años el 26 de diciembre de 1994, por lo que, debía aplicársele el régimen
transicional del artículo 36 de la referida norma.

Explicó que, la demandante laboró más de 20 años al servicio del Estado y por ser
beneficiaria del régimen de transición, para calcular el monto de su mesada
pensional debía tenerse en cuenta lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985.

Indicó que, según el fallo de unificación del Consejo de Estado, esto es la sentencia
del 28 de agosto de 20186, los factores que debían incluirse para calcular el IBL
eran los dispuestos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, devengados en el
tiempo que le hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo.

4 Páginas 39 a 48 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: E73AA9072C7E8297
49F6414D0EDC425B EF15B48E73C8BC13 0A969B461AA05A3F.
5 Páginas 49 a 63 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: E73AA9072C7E8297
49F6414D0EDC425B EF15B48E73C8BC13 0A969B461AA05A3F.
6 Expediente con radicado número 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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Luego, estimó que, en el caso concreto no fue demostrado que alguno de los
factores salariales que devengó la demandante y sobre los que cotizó, no se
hubieran tenido en cuenta para el reconocimiento pensional. Por lo tanto, concluyó
que no era procedente ordenar la reliquidación de todos los factores devengados
durante el último año de servicios en un porcentaje del 75%, en tanto la liquidación
se realizó sobre los rubros efectivamente cotizados.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. La parte accionante solicitó al juez constitucional7: i) tutelar sus derechos
fundamentales a la seguridad social, la vida digna, el mínimo vital, a la igualdad, al
debido proceso y a los principios de seguridad jurídica, favorabilidad e
inescindiblidad de la ley; ii) dejar sin efectos la sentencia del 10 de marzo de 2022
dictada en segunda instancia del proceso ordinario por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B; y en consecuencia iii) ordenar la
reliquidación de su pensión en equivalencia del 75% de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo.

1.3.2. La accionante manifestó en primer lugar que la solicitud cumplía todos los
requisitos generales de procedibilidad y en segundo lugar que, la autoridad
cuestionada en la providencia objeto de tutela, vulneró sus garantías fundamentales
e incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución que, sustentó en los siguientes términos:

1.3.2.1. Defecto fáctico porque no tuvo en cuenta los documentos allegados al
expediente que permitían inferir con claridad que había cumplido con el tiempo de
servicio para ser beneficiaria de la Ley 33 de 1985, ya que adquirió su estatus
pensional el 26 de diciembre de 1986, por lo que, para la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, ya contaba con 20 años de servicio.

1.3.2.2. Defecto sustantivo por indebida aplicación del parágrafo 2 del artículo 1
de la Ley 33 de 1985 que dispone que, los empleados oficiales que contaran con
más de 15 años de servicio al 13 de febrero de 1985, les era aplicable la normativa
del régimen anterior, esto es, lo dispuesto en la Ley 6 de 1945 y Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, según los que, la pensión es el equivalente al
75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

1.3.2.3. Desconocimiento del precedente judicial por haber aplicado
erradamente las subreglas de las sentencias SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016
dictadas por la Corte Constitucional y la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Al respecto afirmó que tales providencias no debían ser aplicadas al asunto en la
medida en que, de un lado la tesis jurisprudencial del Consejo de Estado era otra
cuando fue presentada la demanda y de otro, que esas providencias no fijaron un
precedente respecto de los beneficiarios del régimen de transición dispuesto en la
Ley 33 de 1985, sino únicamente respecto de los beneficiarios de la Ley 100 de
1993.

7 Páginas 37 a 38 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: E73AA9072C7E8297
49F6414D0EDC425B EF15B48E73C8BC13 0A969B461AA05A3F.

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Accionante: Josefina Prada de Mateus

Sostuvo que, en el caso era necesario que la autoridad cuestionada hubiera tenido
en cuenta otros pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado8
que — a su juicio—, debían aplicarse ya que en ellas se reconoce que la mesada
pensional de los beneficiarios de los regímenes anteriores a la Ley 33 de 1985 debe
liquidarse sobre los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, en los términos del Decreto 1045 de 1978.

1.3.2.4. Violación directa de la Constitución porque no fueron observadas las
disposiciones constitucionales sobre el derecho a la seguridad social, la vida, los
derechos adquiridos, las expectativas legítimas, la seguridad social, la favorabilidad
laboral, la inescindiblidad de la ley, el debido proceso y la igualdad procesal.

1.4. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones

1.4.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
auto del 21 de noviembre de 20239, admitió la solicitud, vinculó como tercero con
interés a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP y al Juzgado Quince Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, reconoció personería al apoderado de la parte
accionante y ordenó notificar a las partes y vinculados. En el mismo proveído solicitó
a las autoridades judiciales vinculadas a la acción constitucional de la referencia,
que enviaran copia magnética del expediente correspondiente al trámite radicado
al número 11001-33-35-015-2013-00247-00/02.

1.4.2. Una vez surtidas las notificaciones, recibió respuesta la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP10 y del Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que
además envió el expediente digital del proceso ordinario11.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
guardó silencio.

1.4.2.1. la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP a través de su apoderado expuso un
8 Al respecto citó varios apartes de las sentencias del 4 de agosto de 2010 (rad. 25000-23-25-000-2006-07509-

01) y 26 de marzo de 2019 (rad. 2559- 07) de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado;
sentencias del 2 de mayo de 2019 (rad. 25000-23- 42-000-2012-02011-01); 12 de mayo de 2005 (rad. 25000-
23-25-000-2000-04685-01) y 31 de enero de 2019 (rad. 41001- 23-31-000-2012-00101-01) de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado; sentencia del 12 de diciembre de 2019 (rad. 11001-03-15-000-
2019-04749-00) de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y sentencia del 10 de julio
de 2019 (rad. 11001-03-15-000-2019-01662-00) de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
9 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 4 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado91B173B96C4E3ED6 E67747087620F20C 1C36B0B4C369ACF1
A098029266FD3346.
10 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en los índices 9 y 10

del aplicativo SAMAI, identificado con certificados ABF7E09C7D464794 BAFE5FEFB69934C4
D049F5F1EB1A12E7 D04FDDACC95D365E, 3AF6198DF1445327 277F9350CAC39EBB
A8FB19FA6608CCBB 6726108662574A7C, 161DD4CA5E686133 B94F0D4959E2803D E20571D834A9FA99
B2DA0131202F0334, 9E4BA6245AABB20B 69A24E40F54770A3 D4B0AE40653437F4
D70E7D7DE3DAAA86, 1FD444EB6D54DB25 FEA26238F99E304C 2E4C7E5DF2CDC819
77CE0A8209D1B8BB, 19A8B2010FF1B485 1326660E38DF1585 9CF2D5954E7C6651 5DA24A17D57FC9FB
y 021553A60D9943F5 8349107F1232F37A 30B298DB736FA357 EBEFEA45214F775E.
11 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 11 del

aplicativo SAMAI, identificados con certificados D6659F4B941D8B35 37A7CEA2D8A3EC4C
E8DD998D0B59376B 4E0720EB8F691109, FE6BEE6B9F452C4D 984526AD06E0706B 913DED0651AAF346
576D23EB2D7AD2FD y 326D4D6438D23541 AA15DE28F518BB1A 0C2D623D679BADBB
ABD81387CB0097B4.
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recuento de los antecedentes administrativos relacionados con el caso concreto,
luego explicó varios pronunciamientos jurisprudenciales aplicables al asunto y
finalmente adujo que la acción de tutela no era la vía adecuada para reclamar
prestaciones económicas.

Agregó que, la controversia fue resuelta por el juez natural de la causa de
conformidad con la normatividad y la jurisprudencia aplicable al asunto en estudio,
por lo que, en contraste, los argumentos planteados por la parte accionante no
sustentan la configuración de alguna de las causales específicas de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que — sostuvo—, permite
estimar la improcedencia de la solicitud.

1.4.2.2. El Juzgado Quince Administrativo de Bogotá a través de la titular del
despacho, indicó que la decisión proferida en instancia fue sustentada de
conformidad con el estudio de los fundamentos de hecho y de derecho que eran
aplicables al asunto. Agregó que el trámite procesal garantizó el debido proceso de
las partes.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 11
de diciembre de 202312, negó la solicitud de amparo por considerar que no se
configuraron los defectos enunciados por la accionante.

Como fundamento de la decisión explicó que la autoridad cuestionada no
desconoció el material probatorio allegado al expediente ya que, con base en este,
pudo establecer el estatus pensional de la accionante.

Adujo que, si bien el Tribunal aplicó reglas jurisprudenciales distintas a las
pretendidas por la aquí accionante, lo cierto era que, reconoció la edad y los tiempos
de servicio que fueron debidamente probados en el proceso, por lo que, los
cuestionamientos que al respecto fueron planteados por la accionante, no guardan
relación con lo realmente resuelvo en la sentencia objeto de tutela y en ese sentido,
no fue acreditada la configuración de un defecto fáctico.

De otro lado, estimó que aun cuando varios pronunciamientos jurisprudenciales han
resuelto el reconocimiento del derecho al debido proceso en asuntos en los que se
ha negado la reliquidación de la pensión a los beneficiarios de la Ley 33 de 1985,
también es cierto que en decisiones posteriores, la Sección Segunda del Consejo
de Estado ha sostenido que para los beneficiarios del referido régimen de transición,
solo deben incluirse en el IBL los factores salariales sobre los que el trabajador
efectuó los aportes al sistema.

Explicó que lo anterior, fue dispuesto con fundamento en el principio de
sostenibilidad del sistema pensional previsto en el artículo 48 de la Constitución
Política y es aplicable a todos los regímenes pensionales, transicionales, generales
o especiales, por lo que, de conformidad con el principio de supremacía
constitucional, estimó que la autoridad cuestionada no desconoció el ordenamiento
jurídico al negar las pretensiones de la demanda.

12 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 13 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado B1F9280A9636D021 FB2802BCF39FE574 2256277D076E8DB8
0D2ECEF33D0AA3DC.
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Así, aclaró que ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión
de los factores salariales dispuestos en la Ley 6 de 1945 y los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 sería contrario a las reglas jurisprudenciales
que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han fijado con respecto al IBL.

Luego estimó que en el asunto no hubo un trato desigual frente a terceros que se
encontraban en circunstancias similares a las de la accionante y obtuvieron un fallo
favorable, pues en la materia no había un criterio uniforme entre las altas cortes lo
que, en principio, tuvo como consecuencia fallos favorables que luego fueron
revocados por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela.

Finalmente estimó pertinente destacar que la subregla jurídica de la sentencia del 4
de agosto de 2010 fue modificada cuando fueron dictados fallos posteriores
relacionados con la materia, tales como las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de
2015 dictados por la Corte Constitucional y la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

En suma, consideró que la interpretación del Tribunal estuvo acorde con la
jurisprudencia relacionada con el asunto concreto y la aplicación razonable del
parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, además de no haberse presentado
una indebida valoración probatoria.

1.6. Impugnación

La parte accionante por medio de su apoderado presentó escrito de impugnación13
en el que manifestó su inconformidad con la decisión del 11 de diciembre de 2023
dictada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, así:

Sostuvo que, en la sentencia de tutela de primera instancia el juez constitucional
consideró erradamente que el régimen de transición dispuesto en la Ley 33 de 1985
solo era aplicable al momento de estudiar la edad y no respecto del IBL, lo que —
insistió —, resulta en un desconocimiento de los derechos adquiridos por aplicar
una sentencia de unificación que no es acorde a las pruebas y la situación fáctica
concreta, dado que tiene el derecho al reconocimiento de todos los factores
salariales para efectos de reliquidar su pensión.

Explicó que, cumplía los requisitos para ser acreedora del régimen dispuesto en la
Ley 33 de 1985 en la medida en que tenía más de 15 años de servicio a la entrada
en vigencia de la referida ley, por lo que, era claro que se presentó un
desconocimiento del precedente jurisprudencial para la aplicación de la transición
establecida en el parágrafo 2 del artículo 1 de la norma ya mencionada, por lo que
la liquidación debía tener en cuenta todos los factores salariales devengados
durante el último año en los términos del Decreto 1045 de 1978.

Afirmó que, las reglas jurisprudenciales de la sentencia del 28 de agosto de 2018
dictada por el Consejo de Estado y que fueron aplicadas por el Tribunal, no eran
consecuentes con el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, dado que su
aplicación solo hace referencia al artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

13 Archivo electrónico ubicado en el índice 18 del expediente digital de tutela de primera instancia, en el aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 63957E99955BAF5B 1D90F48D6BF2BEDA 2C0D097699B8C8A1
5D60500800D81F26.
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Accionante: Josefina Prada de Mateus

Refirió que, en reciente jurisprudencia, el Consejo de Estado analizó asuntos
similares en los que concluyó que le asistía razón a la parte actora al considerar que
fueron aplicadas normas no previstas para el asunto y que dieron como
consecuencia negar las pretensiones de la demanda14. Por lo tanto, reiteró que, en
virtud del principio de igualdad, su caso debe ser considerado dado que la normativa
y jurisprudencia aplicada no debió ser la base argumentativa para dictar la decisión
en el asunto, en tanto la autoridad cuestionada, basándose en el principio de
autonomía judicial, justificó su error.

Finalmente, solicitó revocar el fallo y en su lugar acceder a las pretensiones del
escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general15 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
la accionante es la titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados, en su
condición de demandante dentro del proceso ordinario objeto de estudio.

El accionado, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, está legitimado por pasiva dado que, como juez del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, profirió la providencia que hoy se
revisa.

2.2.3. El requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos de la
solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende

14 Al respecto mencionó la Sentencia del 31 de enero de 2019, bajo Radicado: 410012331000201200101 01

(1145-20162) y y la sentencia del 26 de octubre de 2022, bajo Radicado 110010315000202203272013.
15 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar

en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
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de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria16, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto17. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas
que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya
expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la
función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional” 18.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad19; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales20.

La Sala revisará a continuación los argumentos expuestos en el escrito de tutela, a
partir de los parámetros constitucionales fijados y de conformidad con el requisito
de relevancia constitucional. Solo en caso de encontrarlos satisfechos, continuará
con el estudio de las demás exigencias de procedibilidad, y si hay lugar a ello, a
emitir un pronunciamiento de fondo en lo que corresponda.

2.4.1. La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales,
pues como quedó expuesto en los numerales 1.3.2. y 1.6. de esta providencia,
consideró vulneradas dichas garantías constitucionales porque a su juicio el

16 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional
inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias
T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
17 Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
18 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
19 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610

de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-
931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
20 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede

reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
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Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en la
sentencia del 10 de marzo de 2022, incurrió en:

i) defecto fáctico ya que no valoró correctamente el material probatorio obrante en
el expediente y que daba cuenta que la accionante adquirió su estatus pensional el
26 de diciembre de 1986, por lo que contaba con más de 15 años de servicio y en
consecuencia era acreedora del régimen de transición dispuesto en la Ley 33 de
1985 con atención a la inclusión de todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicios para su liquidación pensional;

ii) defecto sustantivo porque al asunto no fue aplicado el parágrafo 2 del artículo
1 de la Ley 33 de 1985 en el que fue dispuesto que un empleado que cuente con
mas de 15 años de servicio le son aplicables las normas del régimen anterior, para
el caso la Ley 6 de 1945 y Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978
que disponen la liquidación de la pensión sobre el 75% del promedio d ellos salarios
devengados durante el último año de servicios;

iii) desconocimiento del precedente por indebida aplicación de las sentencias SU-
230 de 2015 y SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional y la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado ya que
— a su juicio—, tales providencias no fijaban un criterio aplicable para el régimen
de la Ley 33 de 1985 sino para lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, por lo que no
eran aplicables al caso concreto.

Al respecto agregó que no fue tenido en cuenta el derecho a la igualdad respecto
de asuntos similares al suyo en los que el Consejo de Estado estimó una indebida
aplicación del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, en el que no fueron
tenidos en cuenta todos los factores salariares devengados en el ultimo año de
servicios para liquidar la prestación reclamada21;

iv) violación directa de la Constitución ya que al dictar la decisión objeto de tutela
la autoridad judicial cuestionada desconoció disposiciones constitucionales sobre el
derecho a la igualdad, la seguridad social, la vida y el debido proceso, además de
los principios de seguridad jurídica, favorabilidad e inescindiblidad de la ley.

En relación con los cargos relacionados por la parte accionante y conforme a la
característica de informalidad que es inherente a la acción de tutela, la Sala
considera que los cuestionamientos así planteados se subsumen en la posible
configuración por un lado, de un defecto sustantivo22 por errada aplicación de la

21 Apartado 1.6.
22 En las sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007

y T-086 de 2007, la Corte Constitucional se ha referido al defecto sustantivo en el siguiente sentido:
“(i)Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no
es pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente, (iv) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre
por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto,
no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el operador judicial
hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación
contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en
una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del
marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii). Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
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ley 33 de 1985 y la Ley 6 de 1945 y Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045
de 1978 que disponen la liquidación de la pensión sobre el 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicios; por otro lado, aduce un
desconocimiento del precedente por indebida aplicación SU-230 de 2015 y SU-
427 de 2016 de la Corte Constitucional y la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado y en contraste, no tener en cuenta
pronunciamientos del Consejo de Estado en los que a lo beneficiarios de regímenes
anteriores a la Ley 33 de 1985 se les debía liquidar el IBL sobre todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios en los términos del Decreto
1045 de 1978.

2.4.1.1. Ahora bien, de la revisión de la sentencia objeto de tutela, la Sala pudo
verificar que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su decisión,
teniendo como parámetros de base, en primer lugar, la normativa y jurisprudencia
aplicable al asunto concreto, así: i) el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 dispuso que
el Sistema General de pensiones debe aplicarse a todos los habitantes del territorio
nacional, en armonía con los derechos adquiridos y demás prerrogativas
fundamentales ii) el Consejo de Estado durante varios años expuso como tesis que
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 disponía tener en
cuenta la edad, el tiempo de servicios y todos los factores devengados durante el
último año de servicios para calcular el IBL; iii) luego, la Corte Constitucional en
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 además de numerosos fallos
posteriores, estableció que el régimen de transición no dispone en, en el caso
concreto, tomar el último año de servicio y todos los factores devengados, sino que
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y iv) el
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 explicó la
aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En esa línea, citó textualmente las reglas y subreglas de unificación de la sentencia
de unificación dictada por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, así 23:

“(…)

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición
para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos
de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en
la Ley 33 de 1985”.

(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación
afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación
que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.”.
23 Páginas 58 a 59 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: E73AA9072C7E8297
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93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las
siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la
pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.
…

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en
el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. (…)”24.

En segundo lugar, de las pruebas allegadas al expediente encontró probado que la
señora Prada de Mateus: i) cumplió 55 años el 26 de diciembre de 1994 y laboró
desde el 28 de julio de 1969 hasta el 30 de septiembre de 1996 en el ICBF; ii)
cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 la demandante no había cumplido los
requisitos para ser beneficiaria de la pensión de vejez ya que le hacía falta el
requisito de edad, por lo que era viable aplicar el régimen dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993; iii) como la demandante laboró más de 20 años al servicio
del Estado y al ser beneficiaria del régimen de transición, le era aplicable lo previsto
en las leyes 33 y 62 de 1985 y los requisitos para la liquidación serían los
establecidos en el régimen de la Ley 100 de 1993; iv) según las reglas de unificación
establecidas en el fallo de unificación del 28 de agosto de 2018, los factores que
debían incluirse para liquidar el IBL eran los dispuestos en el artículo 1 del Decreto
1158 de 1994, devengados en el tiempo que le hiciere falta para ello o el cotizado
durante todo el tiempo de servicio.

Expuesto lo anterior, el Tribunal pudo establecer que en el proceso la demandante
no acreditó que alguno de los factores salariales sobre los que cotizó no
constituyeron la base para la liquidación de su pensión, por lo que de conformidad
con las reglas jurisprudenciales que rigen el asunto, no era procedente ordenar la
reliquidación con todos los factores devengados en el último año de servicios, por
lo que, era procedente revocar la decisión dictada por el a quo.

En suma, la autoridad cuestionada estimó que a la causante debía aplicársele la
Ley 33 de 1985 únicamente respecto a la edad, tiempo de servicio y monto de la
prestación, pero los factores salariales a incluir en la base de liquidación, eran los
descritos en el Decreto 1158 de 1994, ya que adquirió su estatus de pensionada en
el año de 1994 (cumplió 55 años el 26 de diciembre de 1994) contrario a lo

24 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.

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manifestado en los hechos de la demanda, en los que manifestó que para la
expedición de la ley 100 de 1993 ya tenía el status de pensionada (edad y tiempo).

Por lo hasta aquí expuesto, es viable colegir que, la accionante se limitó a manifestar
su desacuerdo en relación con las razones planteadas, la jurisprudencia y la
normatividad acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que sus
argumentos trascendieran de la controversia propia de la causa ordinaria a una
cuestión iusfundamental en los términos de los defectos planteados, de tal forma
que se pueda determinar que la decisión judicial cuestionada fue proferida con
fundamento en una norma que no fuera aplicable, o que pese a la autonomía
judicial, la aplicación de la jurisprudencia relacionada al caso concreto no estuviera
dentro del margen de interpretación razonable de forma claramente perjudicial para
los intereses legítimos de los intervinientes, por lo que, en consecuencia, no es
posible asumir el estudio de fondo propuesto por la parte actora, pues de hacerlo
estaría invadiendo la órbita de competencia del juez natural y desconociendo la
autonomía judicial.

En este punto, es preciso aclarar que, la configuración del defecto por
desconocimiento del precedente exige que la accionante vincule la falta de
aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental
o, en otros términos, que explique con suficiencia el por qué el precedente con
identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia
de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectaron sus garantías
fundamentales, lo que no ocurrió en este caso.

Respecto de la vulneración al derecho a la igualdad, en tanto la accionante aduce
que el Tribunal no tuvo en cuenta asuntos similares en los que, fueron concedidas
las pretensiones para acceder a la liquidación de la prestación reclamada en los
términos planteados en sede constitucional, cabe resaltar que, la sola mención de
las sentencias que a juicio de la accionante fueron desconocidas, tienen similitud o
son aplicables a su caso, sin demostrar que tal inobservancia tuvo como
consecuencia una afectación desproporcionada de una garantía fundamental, no es
suficiente para determinar la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales ni la configuración del defecto por violación directa de la Constitución en
los términos establecidos por la Corte Constitucional. En ese escenario, tal requisito
no se traduce en una demostración efectiva, pero si exige que la parte accionante
explique o aporte elementos suficientes tales como: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
de relevancia constitucional. Así, los argumentos aquí expuestos no explican de qué
forma la autoridad cuestionada incurrió en un defecto por violación directa de la
Constitución por inobservancia del precedente jurisprudencial y que se traduzca en
vulneración del derecho a la igualdad, dado que la accionante no expuso la similitud
de los asuntos a los que hizo referencia, con su caso, y de qué forma fueron
inobservados y en todo caso tales argumentos no fueron planteados en la
oportunidad procesal pertinente para que el juez de la causa tuviera la oportunidad
de estudiarlos y debatir su pertinencia en el caso bajo estudio25.

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y
entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que,

25 Página 56 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

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su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la aquí accionante, un nuevo estudio del caso
como si fuera una instancia adicional a las ya surtidas. El juicio que realiza el juez
en sede de tutela es de validez y no de corrección de la decisión cuestionada26, lo
que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que
se resolvieron en el curso del proceso ordinario27.

En suma, la solicitud incoada por la accionante no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por lo que la sala modificará la decisión dictada el 11 de diciembre
de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y en su
lugar, declarará improcedente el amparo solicitado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero y segundo de la sentencia del 11 de
diciembre de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, y en su lugar:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
presentada por la señora Josefina Prada de Mateus por los motivos
expuestos en las consideraciones de esta providencia”.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
DSR

26 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
27 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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