Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00360-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00360-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00360-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00360-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
4 de marzo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Se declara la improcedencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. cuatro (4) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Accionados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 y de la Ley 100 de 1993 / Límites a las potestades ultra y extra petita
del juez laboral / El principio de sostenibilidad fiscal es transversal a todos los
regímenes pensionales / Se declara la improcedencia de la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela presentada, mediante apoderado
judicial, por el señor Arturo Ortiz Osejo contra las providencias del 18 de diciembre
de 2020, 9 de marzo de 2022 y 26 de mayo de 2023 proferidas por el Juzgado
Octavo Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-33-008-2016-00154-00/01
adelantado por el accionante en relación con una reliquidación pensional. Las
primeras dos providencias corresponden a las sentencias de primera y segunda
instancia que negaron las pretensiones de la demanda, y la última providencia
resolvió una solicitud de adición y aclaración de la sentencia de segunda instancia.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Se declara la improcedencia
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 25 de enero de 20241 el señor Arturo Ortiz Osejo presentó, mediante
apoderado judicial, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, vida digna y mínimo
vital, así como los principios de protección a los derechos adquiridos, expectativas
legítimas, seguridad jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley
vulnerados, en su concepto, por las providencias del 18 de diciembre de 2020, 9 de
marzo de 2022 y 25 de julio de 2023 proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo
de Pasto y por el Tribunal Administrativo de Nariño.
2.- Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcribe):
<<1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO
VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y
EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA,
FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO
PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDA PROCESAL, del señor ARTURO ORTIZ
OSEJO.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, en amparo a los
derechos enunciados, revocar las sentencias proferidas el 09 de marzo de 2022 y el
26 de mayo de 2023, que NEGARON las pretensiones de la demanda, y en
consecuencia ordene reliquidar la pensión de asistida teniendo en cuenta el
equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos
aquí tutelados>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Desde el 12 de febrero de 1969 hasta el 30 de diciembre de 2013 trabajó en
el Departamento de Nariño y como analista en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
3.2.- Al entrar en vigencia la Ley 33 de 1985 contaba con quince años de servicio,
por lo que es beneficiario de esa norma. Así, al entrar en vigencia la Ley 100 de
1 Cabe aclarar que mediante auto del 29 de enero de 2024 se inadmitió la acción de tutela porque no se allegó
el poder especial para la representación judicial del accionante. Posteriormente se subsanó la tutela y el 9 de
febrero se admitió la acción.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Se declara la improcedencia
1993 <<ya tenía el estatus pensional>> por lo que, según la normativa anterior,
debían respetarse sus derechos adquiridos.
3.3.- Mediante la Resolución PAP 013490 del 13 de septiembre de 20102 la Caja
Nacional de Previsión Social – Cajanal reconoció la pensión de jubilación del
accionante, de conformidad con lo previsto en el régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994: el derecho se liquidó a partir de los factores
salariales sobre los cuales aportó al sistema de seguridad social en los últimos diez
años o el tiempo restante. El reconocimiento y pago del derecho se condicionó al
retiro definitivo del servicio, el cual ocurrió el 30 de diciembre de 2013.
3.4.- El 11 de diciembre de 2014 solicitó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP la
revisión de su pensión para que se tuvieran en cuenta todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio y se reajustara la mesada pensional, según
lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985. A su juicio, ello era procedente en
virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
3.5.- Mediante Resolución RDP 013466 del 8 de abril de 2015 se negó la anterior
petición, y la negativa fue confirmada en la Resolución RDP 027186 del 3 de julio
de 2015, que resolvió el recurso de apelación contra la primera.
3.6.- El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra las anteriores resoluciones para que se ordenara la reliquidación de su
pensión y, en consecuencia, se reconociera lo dejado de percibir. En la demanda
reiteró que le era aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 bajo
el alcance que aclaró en la petición.
3.7.- Mediante sentencia del 18 de diciembre de 2020 el Juzgado Octavo
Administrativo de Pasto negó las pretensiones de la demanda. El juzgado advirtió
que el accionante efectivamente es beneficiario del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, según el cual la edad, tiempo de servicio o semanas y la tasa de
reemplazo (porcentaje) corresponden a la normativa anterior, mientras que el
ingreso base de liquidación – IBL aplicable es el previsto en la Ley 100 de 1993 y
en sus decretos reglamentarios. En consecuencia, el derecho pensional debe
liquidarse de conformidad con los factores salariales sobre los cuales se aportó al
sistema de seguridad social durante los últimos diez años o el tiempo que le hiciere
falta. Sustentó su postura en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias
C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017) y en la sentencia de unificación
2 Modificada por las Resoluciones 010668 del 31 de marzo de 2014 y RDP 015017 del 14 de mayo de 2014.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Se declara la improcedencia
del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
(radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01).
3.8.- El accionante apeló la anterior decisión por las siguientes razones:
3.8.1.- Afirmó en que es beneficiario del régimen de transición, pero no del de
la Ley 100 de 1993, sino del previsto en la Ley 33 de 1985. En ese sentido, la
pensión debió liquidarse teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, en los términos de esa ley y de la
Ley 6 de 1945, así como de los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978.
3.8.2.- Alegó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación
que fundamentó la decisión de la primera instancia no le era aplicable porque (i)
esas sentencias se refieren al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, mientras
que a él le es aplicable el régimen de transición de la Ley 33 de 1985; y (ii) esas
sentencias fueron proferidas después de que presentara la demanda, por lo que no
podían aplicarse de manera retroactiva, en desconocimiento de los derechos
adquiridos y demás garantías. En cambio, debió aplicarse la jurisprudencia
imperante al momento de interponer su demanda.
3.9.- Mediante sentencia del 9 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo de
Nariño confirmó la decisión de primera instancia. El tribunal indicó que el accionante
no alegó en la demanda que le era aplicable el régimen de transición de la Ley 33
de 1985, en lugar del de la Ley 100 de 1993: ese cargo se planteó por primera vez
en el recurso de apelación. Consideró que, de todas formas, no se demostró que en
caso de aplicar el régimen de transición de la Ley 33 de 1985 hubiese obtenido una
pensión más favorable a la reconocida, por lo que no cumplió con la carga de la
prueba. También precisó que, por regla general, las sentencias de unificación se
aplican a los asuntos aún en discusión, pues la presentación de una demanda
únicamente genera una expectativa, por lo que la postura jurisprudencial puede ser
modificada, sin que ello implique necesariamente una vulneración de derechos.
3.10.- El accionante solicitó la adición y aclaración de la sentencia en lo relacionado
con la condena en costas y la aplicación del precedente en su caso. La solicitud fue
negada mediante auto del 26 de mayo de 2023.
C. Fundamentos de la vulneración
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Se declara la improcedencia
4.- El accionante alega que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales porque incurrieron en (i) desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales, (ii) un defecto fáctico, y (iii) un defecto sustantivo. Como premisa
común a todos los defectos, alega que era beneficiario del régimen de transición de
la Ley 33 de 1985 y no del de la Ley 100 de 1993, por lo que para liquidar su derecho
pensional debía aplicarse la normativa anterior a aquella ley.
4.1.- Reprocha que el proceso en primera instancia tardó más de cuatro años y
durante ese término se modificó la postura del Consejo de Estado en la materia. En
ese sentido, sostiene que se debió aplicar la jurisprudencia vigente al momento de
presentarse la demanda y que no debe asumir la carga de la mora en resolver su
controversia y los cambios jurisprudenciales que ocurran durante el proceso. Así, la
postura que le era aplicable era la prevista en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010 proferida por esta Corporación, radicado 5000-23-25-000-2006-
07509-01, según la cual debían tenerse en cuenta todos los factores devengados
durante el último año de servicios.
4.2.- Además, alega que se aplicó indebidamente el precedente y las reglas
jurisprudenciales, pues la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
proferida por esta Corporación se refirió al régimen de transición de la Ley 100 de
1993 y no al régimen de transición de la Ley 33 de 1985, por lo que no era pertinente
para resolver su caso. Lo mismo sostuvo frente a las sentencias SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, de las cuales, adicionalmente, destacó su alcance inter comunis y
no erga omnes.
4.3.- Hace referencia a varias sentencias de esta Corporación que sustentan su
argumento y señalan que a las personas que cumplen los requisitos para
beneficiarse del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 no se les puede aplicar
la Ley 100 de 19933.
4.4.- Por otro lado, alega que se configuró un defecto fáctico: aunque el tribunal
reconoce que el accionante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 33
de 1985, no estudió el argumento porque este se planteó en el recurso de apelación.
Con lo anterior vulnera sus derechos fundamentales y pasa por alto las pruebas
allegadas al proceso, que dan cuenta de su derecho al reajuste pensional, de
conformidad con la Ley 33 de 1985.
3 Las sentencias referenciadas son las siguientes: (i) sentencia del 12 de mayo de 2005 proferida por la Sección
Segunda, radicado 25000-23-25-000-2000-04685-01; (ii) sentencia del 31 de enero de 2019 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A, radicado 41001-23-31-000-2012-00101-01; (iii) sentencia del 26 de marzo de
2019 proferida por la Sección Segunda, radicado 2559-07; (iv) sentencia del 5 de mayo de 2019 proferida por
la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, radicado 25000-23-42-000-2012-02011-01 y (v)
sentencia del 10 de junio de 2019 proferida por la Sección Tercera, Subsección B, radicado 11001-03-15-000-
2019-01662-00.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Se declara la improcedencia
4.5.- Alega que, si bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo se rige por el
principio de justicia rogada, lo cierto es que en materia laboral se permite que el juez
conceda derechos de manera ultra o extra petita. Así las cosas, esa falta de
valoración implicó que no se resolviera completamente la controversia planteada,
pues no se estudiaron los términos en los que debió reconocerse la pensión. Es
decir, el tribunal no estudió el asunto de fondo y dejó de decidir aspectos de la
controversia, a pesar de que le da la razón en cuanto al régimen de transición
aplicable. En particular, echa de menos la valoración de su historia laboral, la
resolución que reconoció su pensión y los antecedentes administrativos.
4.6.- En relación con lo anterior, afirma que se incurrió en un defecto sustantivo
porque se aplicó una norma que no correspondía a su caso y, en cambio, se dejó
de aplicar la que sí resultaba pertinente. En efecto, no era procedente resolver el
asunto con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sino con el régimen de
transición de la Ley 33 de 1985, pues fue en vigencia de esta ley que cumplió los
requisitos para que le aplicara la normativa anterior: al momento de su entrada en
vigencia contaba con más de 15 años de servicio.
4.7.- En relación con lo anterior, no cabía aplicar el Decreto 1158 de 1994 que
reglamentó la Ley 100 de 1993, sino que lo procedente era aplicar el régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 y la Ley 6 de 1945, los Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Juzgado Octavo Administrativo de Pasto (accionado) sostuvo que la acción
es improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Lo
anterior, por cuanto el accionante insiste en continuar con el debate zanjado en el
proceso ordinario, sin que se advierta que la sentencia accionada haya incurrido en
un vicio: se fundamentó en la normativa aplicable y la jurisprudencia unificada de
esta Corporación.
6.- El Tribunal Administrativo de Nariño (accionado) solicitó que se negaran las
pretensiones de la solicitud de amparo, pues no incurrió en ningún defecto y lo que
se pretende, en cambio, es estudiar el asunto en una tercera instancia, como si este
mecanismo constitucional fuera un juicio de corrección del fallo cuestionado.
6.1.- Reiteró que en la demanda ordinaria se solicitó la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y solo en la apelación alegó que debía aplicarse el
régimen de transición de la Ley 33 de 1985.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Se declara la improcedencia
6.2.- Ahora bien, el actor no demostró que la aplicación de ese régimen de transición
le fuera más favorable, y el ordenamiento no permite incluir todos los factores
salariares devengados a efectos de liquidar su pensión.
7.- La UGPP (tercero con interés) solicitó declarar la improcedencia porque la acción
de tutela no es idónea para reclamar prestaciones patrimoniales, incluyendo la
reliquidación de una pensión que ya ha sido otorgada. Así mismo, manifestó que la
controversia fue resuelta por el juez natural de la causa a través de la sentencia
objeto de reproche y no se evidencia la presencia de ninguna de las causales
específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial, razón por la cual la
presente acción constitucional se torna improcedente.
8.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente) pese a estar
debidamente notificada, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
9.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo porque no está acreditado el requisito de relevancia
constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la
acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados en la
apelación y en la solicitud de aclaración, los cuales fueron resueltos,
respectivamente, en la sentencia de segunda instancia y en el auto que negó la
solicitud de aclaración4. Además, el estudio de la Sala se centrará en la sentencia
de segunda instancia, por ser la que puso fin al proceso ordinario.
E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad
10.- La controversia se centra en definir el régimen pensional aplicable al
accionante: en el escrito de tutela este alega que debió aplicarse el régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 y, por lo tanto, la pensión debió liquidarse según lo
previsto en la normativa anterior a esa ley (la Ley 33 de 1985 y la Ley 6 de 1945,
así como los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978); en cambio, la
pensión se reconoció según el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, en
4 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque el accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales, entre otros, al debido
proceso y explicó los vicios que consideraron configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la
posición mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del
proceso ordinario, no se cumple con este requisito.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Se declara la improcedencia
consecuencia, se liquidó teniendo en cuenta lo previsto en esa norma y en la Ley
33 de 1985.
10.1.- En primer lugar, cabe aclarar que, tal como se advierte en la sentencia
accionada, el accionante no alegó que le era aplicable el régimen de transición de
la Ley 33 de 1985 sino hasta la presentación del recurso de apelación contra el fallo
de primera instancia.
10.2.- Por el contrario, tanto en la petición, como en el recurso de apelación en sede
administrativa y en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el
accionante señala expresamente que se le debe aplicar el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, pero bajo el entendimiento que este propone. En la demanda
ordinaria señala que <<se había generado en su favor un beneficio conforme al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993>> y en los mismos términos se
planteó el procedimiento administrativo.
10.3.- Así las cosas, el debate planteado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho se fijó en concordancia con lo alegado en la reclamación administrativa
y en la posterior demanda, y en esos términos se definió el objeto del litigio y se
planteó la defensa de la UGPP (tanto en sede administrativa como en sede judicial).
10.4.- Aunque el tribunal accionado reconoce que al accionante sí le era aplicable
el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, aclara que la demanda no se planteó
en esos términos, por lo que ahora el juez de tutela no puede cuestionar que el
tribunal no haya ajustado las pretensiones y fundamentos de la demanda, pues ello
implicaría desconocer el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte.
10.5.- Si bien es cierto que se ha reconocido en el juez laboral una potestad de fallar
ultra o extra petita, lo cierto es que esa habilitación no puede utilizarse de forma
arbitraria y en detrimento de las garantías procesales. Por esa razón, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que esa potestad
solo puede ser ejercida por los jueces de primera o única instancia, pues así se
salvaguarda la oportunidad para debatir lo reconocido por fuera o más allá de la
demanda y se impide que se vulnere el principio de non reformatio in peius.5
10.6.- En esos términos, no se configuraron los defectos invocados, pues al
accionante le correspondía la carga de plantear el debate y fundamentar la violación
que alegó en la demanda, así como demostrar que es acreedor de un régimen más
favorable, lo cual constituye el objeto de defensa y contradicción por parte de la
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL9518 (40501) del 22 de julio de 2015.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00360-00
Accionante: Arturo Ortiz Osejo
Se declara la improcedencia
autoridad demandada: no se le puede exigir al tribunal accionado que valore unas
pruebas y resuelva el caso de conformidad con un cargo y un concepto de la
violación que se planteó de forma inoportuna y que no se encuentra plenamente
acreditado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por el señor Arturo Ortiz Osejo.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.