Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00720-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00720-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00720-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de febrero de 2024
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 0 72 0- 0 0
RFSV/ANGH.OK.
SV/ANGH. OK. CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00720-00
Accionante: Jairo Iván Lizarazo Ávila, como agente oficioso de Alfonso
González Barrios.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, y
otro.
Temas: Acción de tutela contra sentencias dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en las que se negaron las pretensiones de la
demanda tendientes a lograr la reliquidación de una pensión de jubilación.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Jairo Iván Lizarazo
Ávila, como agente oficioso del señor Alfonso González Barrios, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, y el Juzgado Diecinueve
Administrativo Oral de Medellín, por la expedición de las sentencias del 30 de
septiembre de 2019 y 10 de agosto de 2023, respectivamente, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-019-2016-00838-
00/01.
ANTECEDENTES
El señor Jairo Iván Lizarazo Ávila, como agente oficioso del señor Alfonso González
Barrios, instauró acción de tutela para que se protejan los derechos fundamentales
de este último a la vida digna, al mínimo vital de las personas de la tercera edad,
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debido proceso, igualdad procesal y seguridad social, los derechos adquiridos y las
expectativas legítimas y los principios de seguridad jurídica, favorabilidad laboral e
inescindibilidad de la ley, los cuales consideró vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas.
HECHOS
El señor Jairo Iván Lizarazo Ávila manifestó que el señor Alfonso González Barrios
laboró en el Ministerio de Comunicaciones desde el 18 de febrero de 1961 hasta el
31 de octubre de 1991.
Que la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) reconoció y ordenó el pago
de una pensión de jubilación a favor de aquel, pero omitió incluir la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicios, por lo cual el señor
Alfonso González Barrios instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra esa entidad.
Que el 30 de septiembre de 2019 el Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de
Medellín negó las pretensiones de la demanda, por lo cual interpuso recurso de
apelación.
Que el 10 de agosto de 2023 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
de Decisión, confirmó la sentencia recurrida y condenó en costas al demandante,
porque estimó que el monto de su pensión debía calcularse teniendo en cuenta
únicamente los factores devengados en el último año de servicios y frente a los que
hubiere cotizado y se encuentren enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.
Considera que la autoridad judicial mencionada incurrió en defecto sustantivo,
porque se limitó a definir el ingreso base de liquidación y los factores salariales
aplicables con fundamento en lo señalado en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985,
con lo cual desconoció que para la fecha en que entró en vigencia la Ley 33 de 1985
(13 de febrero de 1985), el señor Alfonso González Barrios tenía más de 15 años
de servicios, por lo que era beneficiario del régimen de transición allí previsto y
debían aplicarse la Ley 6 de 1945 y los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978.
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Que la Sala aquí accionada también incurrió en desconocimiento del precedente
judicial1 aplicable al régimen de transición de la Ley 33 de 1985, en el que se ha
sostenido que la liquidación de la mesada pensional debe tener en cuenta los
factores salariales que el servidor devengó durante el último año de servicios en los
términos del Decreto 1045 de 1978.
Que el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que las pensiones de las
personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 se calculan
con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
aunque no se haga mención taxativa de ellos en la norma, como lo indicó en la
sentencia del 9 de julio de 2009 dictada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, radicado 25000-23-25-000-2004-04442-01 (0208-07).
Que, además, fundamentó su decisión en la sentencia del 28 de agosto de 2018
proferida por el Consejo de Estado, pese a que no resulta aplicable a su caso, en
tanto aquella versa sobre el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, mas no de la Ley 33 de 1985.
Que cuando el señor Alfonso González Barrios presentó la demanda se
encontraban varias personas en la misma situación judicial, a quienes les fueron
favorables sus pretensiones con fundamento en la sentencia del 4 de agosto de
2010, por lo que tiene derecho a que su proceso sea fallado en las mismas
condiciones.
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, condenó en
costas al demandante, pese a que actuó de buena fe, lo que va en contra del artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, y no estaba demostrada su causación, de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2014, con lo que se desconoció la
jurisprudencia, puntualmente la sentencias del 5 de abril de 2018 dictada por la
1 Citó las sentencias del 17 de octubre de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, radicado 08001-33-33-005-2016-00309-01; 10 de junio de 2019 proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2019-01662-00; sentencia del 26
de marzo de 2019 emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 2559-07; 31 de enero de
2019 emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 41001-23-31-000-
2012-00101-01 (1145-2016); 12 de diciembre de 2019 dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
radicado 11001-03-15-000-2019-04749-00; 24 de noviembre de 2016 expedida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, radicación 11001-03-25-000-2013-01341-00; y 22 de octubre de 2022
dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, expediente 23001-33-33-001-2016-00192-01.
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Sección Cuarta del Consejo de Estado, radicado 21873; y la proferida en la acción
de tutela número 11001-03-15-000-2017-01451-01.
Que aquel tampoco tuvo en cuenta que la condena en costas no es obligatoria ni
automática, sino una facultad del fallador, de acuerdo con la sentencia del 20 de
agosto de 2015, núm. Interno 2219-2014, dictada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó revocar la sentencia del 10 de agosto de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, y, en
consecuencia, ordenar reliquidar la pensión teniendo en cuenta el 75 % de los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de
retiro efectivo.
ACTUACIÓN PROCESAL
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 15 de febrero de 2024, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Decisión, y al Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Medellín, como
accionados; y la UGPP, como tercero con interés; y se requirió a la parte actora
para que allegara el poder con el lleno de los requisitos legales y al Juzgado referido
para que enviara copia digital del expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-019-2016-00838-00/01.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, allegó correo
electrónico mediante el cual indicó que remitía respuesta a la tutela, pero
únicamente envió copia del escrito de tutela.
El Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Medellín se limitó a remitir el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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POSICIÓN DEL VINCULADO
La UGPP, a través de la subdirectora de defensa judicial pensional y apoderada
judicial, expuso que la reliquidación pensional pretendida no cumple el requisito de
perjuicio irremediable o afectación al mínimo vital y seguridad social, pues el
accionante se encuentra percibiendo una mesada pensional por valor de $
2.489.441.94 y está activo en el servicio de salud.
Que la acción es improcedente porque lo pretendido es sustituir una decisión judicial
ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa, que es acertada y en la que
no se vulneraron derechos fundamentales, pues se basó en la normativa y la
jurisprudencia vigente para la época de los hechos.
Que la tutela no es la vía adecuada para reclamar prestaciones económicas, debido
a que ello desnaturaliza su finalidad y los procesos ordinarios son los previstos para
ese efecto.
Solicitó declarar la improcedencia de la acción, negar el amparo de los derechos
fundamentales señalados por el accionante y ordenar el archivo del expediente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, II)
legitimación en la causa por activa y III) caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
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“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Legitimación en la causa por activa
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales.
A su vez, en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se estableció la legitimidad
para el ejercicio de la acción de tutela y se previó que esta puede ser presentada:
1) directamente por la persona que considera vulnerados o amenazados sus
derechos fundamentales; 2) a través de su representante legal; 3) por medio de
apoderado judicial; 4) por agente oficioso y 5) mediante el defensor del pueblo y los
personeros municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
presenta la acción de tutela se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de
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no ser así deberá declararlo en la sentencia, caso en el que no habrá lugar a analizar
el fondo del asunto.
III. Caso concreto
En el escrito de tutela el señor Jairo Iván Lizarazo Ávila manifestó actuar como
apoderado judicial del señor Alfonso González Barrios, en virtud del poder otorgado
por este último; sin embargo, no anexó ese documento, por lo cual en el auto
admisorio de esta acción dictado el 15 de febrero de 2024 se requirió a la parte
actora para que, dentro de los dos días siguientes a la notificación de esta
providencia, allegara el poder con el lleno de los requisitos legales.
En memorial remitido el 21 de febrero de 2024 el señor Jairo Iván Lizarazo Ávila
solicitó tramitar esta acción por medio de la figura de la agencia oficiosa, debido a
que «al accionante no le ha sido posible tramitar el poder que otorga las facultades
al suscrito para actuar como su apoderado, pues se le remitió carta a su domicilio
desde el día 14 de febrero de la presente anualidad, pero hasta la fecha la misma
no ha sido acusada».
Esta Subsección advierte que el directamente afectado con las decisiones
controvertidas en esta sede, esto es, las sentencias del 30 de septiembre de 2019
y 10 de agosto de 2023 proferidas por el Juzgado Diecinueve Administrativo Oral
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión,
respectivamente, es el señor Alfonso González Barrios, quien actuó como
demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el
cual se dictaron esas providencias.
Así las cosas, es claro que el señor Jairo Iván Lizarazo Ávila carece de legitimación
en la causa por activa para debatir la transgresión de los derechos fundamentales
del señor Alfonso González Barrios, pues no es el titular de aquellos, por lo que es
a este último a quien le corresponde adelantar las acciones procedentes para
manifestar su desacuerdo con la determinación adoptada en el proceso ordinario.
En cuanto a la solicitud sobre la agencia oficiosa elevada por el señor Jairo Iván
Lizarazo Ávila, no se denota el cumplimiento de los requisitos fijados legal y
jurisprudencialmente para ese efecto, ya que no está acreditado que el señor
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Alfonso González Barrios esté en condiciones que le impidan promover su propia
defensa u otorgar poder para ser representado por un apoderado judicial.
Si bien es cierto en el memorial allegado el 21 de febrero de 2024 se indicó que el
demandante del medio de control no dio respuesta a la carta enviada por quien dice
actuar como su agente oficioso en esta sede, lo cierto es que ese supuesto no
evidencia una circunstancia de imposibilidad que haga procedente aceptar lo pedido
por el señor Jairo Iván Lizarazo Ávila, sino que únicamente da cuenta de una
dificultad en la comunicación entre este y el señor Alfonso González Barrios.
El solicitante también afirmó que para tramitar la acción a través de esa figura debe
tenerse en cuenta que su agenciado es de la tercera edad, pero ese hecho por sí
sólo no permite aceptar la petición de tenerlo como agente oficioso, pues debe estar
plenamente demostrada la imposibilidad del agenciado de otorgar poder o acudir
directamente, la cual no está probada, máxime si se tiene en cuenta que no existen
elementos de juicio que permitan avizorar alguna condición especial en la que se
halle el señor Alfonso González Barrios más allá de su edad.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción por falta de legitimación en
la causa por activa del señor Jairo Iván Lizarazo Ávila.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción por falta de legitimación en la causa por
activa del señor Jairo Iván Lizarazo Ávila, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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