Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10996-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10996-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10996-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 7 de febrero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10996-00
Demandante: José Félix Portilla Buchelli
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Naturaleza: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos de procedibilidad/
Defecto sustantivo / Defecto fáctico / Desconocimiento del precedente.
Síntesis del caso: El accionante enjuició la sentencia, por medio de la cual, la autoridad
judicial demandada revocó la decisión de primera instancia que había accedido
parcialmente a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, relacionadas con la reliquidación de una pensión de jubilación.
De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por José Félix Portilla
Buchelli contra el Tribunal Administrativo de Caquetá.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 2 de diciembre de 2021, José Felix Portilla Buchelli, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Caquetá, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, vida digna, mínimo
vital, “derechos adquiridos”, “expectativas legítimas”, “igualdad procesal”,
así como de los principios de seguridad jurídica, inescindibilidad y
favorabilidad, con ocasión de la Sentencia de 16 de junio de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caquetá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 18001-33-33-003-2017-00679-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 , 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10996-00
Demandante: José Félix Portilla Buchelli
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega
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“1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO
VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y
EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, FAVORABILIDAD
LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA
IGUALDAD PROCESAL, del señor JOSÉ FELIX PORTILLA BUCHELLI.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SECCIÓN SEGUNDA,
en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 22 de
abril de 2021, que REVOCÓ la sentencia de primera instancia por la cual se
habían accedido a las pretensiones de la demanda y en consecuencia de
ordene a reliquidar la pensión de mi asistido teniendo en cuenta el equivalente
al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior
a la fecha de retiro efectivo, es decir, desde el 07 de junio de 1993 hasta el 06
de junio de 1994.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 27 de junio de 1937 nació José Félix Portilla Buchelli y desde el 4
de junio de 1969 hasta el 6 de junio de 1994 laboró en la Regional Caquetá
del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
(INURBE), por lo que, para el 13 de febrero de 1985, fecha en la que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985, ya reunía más de 15 años de servicios.
5. 2) El 11 de junio de 1993, la Caja Nacional de Previsión Social
(CAJANAL) profirió la Resolución No. 26428 y reconoció al accionante la
pensión de jubilación con fundamento en las Leyes 33 y 62 de 1985 y en los
factores salariales de asignación básica y bonificación por servicios.
6. 3) Mediante la Resolución No. 9714 de 14 de agosto de 1996, CAJANAL
reliquidó, según la asignación básica, la pensión del señor Portilla Buchelli,
por haberse acreditado un tiempo de servicio adicional hasta junio de 1994.
Posteriormente, mediante Resolución No. 3740 de 21 de noviembre de 1997
ordenó modificar la liquidación de 1996 para incluir la bonificación por
servicios.
7. 4) El 10 de noviembre de 2016, el accionante presentó petición ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) con la finalidad de que se
liquidara nuevamente su pensión y se incluyeran los factores salariales
devengados en el último año de servicio, de conformidad con el régimen
de transición de la Ley 33 de 1985. Esta petición fue resuelta
desfavorablemente por la UGPP mediante las Resoluciones No. 10801 de 16
de marzo de 2017 y 2880 de 31 de mayo de 2017, en las que se indicó que
los únicos factores salariales que se debieron tener en cuenta para la
liquidación de la pensión fueron los establecidos en el artículo 1 de la Ley 62
de 1985.
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Decisión: Niega
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8. 5) El 30 de agosto de 2017, José Félix Portilla Buchelli presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la UGPP, para que se declarara la nulidad de las
Resoluciones No. 10801 y 22880 de 2017 y, a título de restablecimiento del
derecho, se le condenara a pagar al actor, entre otros conceptos, una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% de los factores
salariales, establecidos en la normatividad anterior a la Ley 33 de 1985, y
devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro del
servicio oficial.
9. 6) Mediante Sentencia de 30 de mayo de 2019, el Juzgado 3
Administrativo de Florencia accedió a estas pretensiones y señaló que la
reliquidación se debía hacer teniendo como ingreso base de liquidación el
75% de los siguientes factores devengados el último año de servicio:
“sueldo”, la prima de navidad, vacaciones y semestral, así como la
bonificación por servicios2.
10. 7) Contra esta providencia, el demandante y la UGPP presentaron
recursos de apelación. Respecto del primero, hubo un desistimiento tácito,
toda vez que la parte actora no compareció a la audiencia de conciliación
prevista en el inciso 4 del artículo 192 del CPACA. En el segundo, se pretendió
la revocatoria de la Sentencia de 30 de mayo de 2019, dado que la pensión
de los beneficiarios de la Ley 33 de 1985 se debía liquidar con el promedio
de los factores salariales establecidos en la Ley 62 de 1985 y percibidos en el
último año de servicios.
11. 8) El 16 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Caquetá revocó
la decisión de primera instancia tras considerar que: a) con relación al
requisito de la edad, el señor Portilla era beneficiario de la regla establecida
en el inciso 1 del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 por acumular
más de 15 años de servicio cuando entró en vigencia esta ley. b) sobre los
factores salariales para la liquidación de la pensión, concluyó que eran los
previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, pues la regla establecida en
el inciso segundo del mencionado parágrafo no resultaba aplicable al caso
concreto, comoquiera que, para el 13 de febrero de 1985, el accionante no
cumplía 20 años de servicio ni se encontraba retirado.
12. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte
accionante, en que el Tribunal Administrativo de Caquetá incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente.
Respecto del defecto sustantivo, se plantearon 3 reparos: en primer lugar,
que el régimen de transición aplicable al caso concreto era el contenido en
el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, en la medida en que el
2 Rad. No. 18001-33-33-003-2017-00679-00
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accionante tenía más de 15 años de servicio para la entrada en vigencia
de esta ley.
13. En segundo lugar, sostuvo que (se trascribe): “al pretender respetar el
régimen de transición de mi mandante respecto de la edad y tiempo de
cotización con base en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 del 1985,
pero no respecto del Ingreso Base de Liquidación al dar aplicación a lo
preceptuado en la Ley 100 de 1993, se viola abiertamente el principio de
inescindibilidad (…)”.
14. Por último, aseguró que el Tribunal (se trascribe): “(…) se limitó a definir
el Ingreso Base de Liquidación y los factores salariales aplicables a la pensión
de la señora JOSÉ FELIX PORTILLA BUCHELLI, con fundamento en los factores
que se encuentran enlistados en el artículo 1° la Ley 62 de 1985,
desconociendo que la pensión del actor se sujetaba a distintos preceptos
legales”, tales como la Ley 6 de 1945 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969 y 1045 de 1978.
15. Al desarrollar el defecto fáctico, se reiteraron los reparos hechos a
título de defecto sustantivo y, adicionalmente, se afirmó que el Tribunal
desconoció que (1) el 4 de junio de 1992, el accionante adquirió el estatus
pensional; el 1 de enero de 1993 le fue reconocida la pensión y el 7 de junio
de 1994 se retiró del servicio oficial. De igual manera, (2) se reprochó la falta
de valoración de (se trascribe) “documentos obrantes en el expediente” y
de los cuales se podía inferir que el demandante había cumplido con el
tiempo requerido para beneficiarse de la transición de la Ley 33 de 1985. Así
mismo, (3) el Tribunal se limitó a definir el ingreso base de liquidación y los
factores salariales con fundamento en la Sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018 cuando esta no era aplicable al caso concreto.
16. Por último y para fundamentar su pretensión de ser beneficiario del
régimen de transición previsto en el parágrafo 1 de la Ley 33 de 1985, alegó
un desconocimiento del precedente contenido en las siguientes sentencias
del Consejo de Estado: de la Sección Segunda de 4 de agosto de 2010, Rad.
25000-23-25-000-2006-07509-01; 7 de junio de 1980, Rad. 2527; 9 de julio de
2009, Rad. 25000-23-25-000-2004-04442-01; 26 de marzo de 2019, Rad. 2559-
07 y 12 de mayo de 2005, Rad. 25000-23-25-000-2000-04685-01. De la
Subsección A de la Sección Segunda de 2 de mayo de 2019, Rad. 25000-23-
42-000-2012-02011-01 y 31 de enero de 2019, Rad. 41001-23-31-000-2012-
00101-01. De la Subsección B de la Sección Segunda de 12 de diciembre de
2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04749-00. Por último, de la Subsección B de
la Sección Tercera de 10 de julio de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-01662-
00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10996-00
Demandante: José Félix Portilla Buchelli
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega
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1.2. Posición de la parte demandada y terceros3
17. La UGPP señaló que la acción de tutela era improcedente pues no se
cumplió con los requisitos generales y especiales de procedibilidad.
Particularmente, con relación al requisito de inmediatez, sostuvo que el (se
trascribe) “(…) accionante no promovió en un término razonable la presente
acción constitucional, puesto que desde que se negó el derecho a la
reliquidación pensional por parte de esta Unidad en el año 2017 han
transcurrido más de 4 años (…)”. Sobre la relevancia constitucional, señaló
que la acción de tutela se utilizó como una instancia adicional del trámite
ordinario y para reclamar prestaciones económicas, inobservando así el
precedente fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado 4.
18. Finalmente, mencionó que no existió un perjuicio irremediable o una
afectación al mínimo vital y a la seguridad social del accionante,
comoquiera que estos derechos han sido protegidos mediante el pago
mensual de su pensión.
19. El Tribunal Administrativo de Caquetá y el Juzgado 3 Administrativo de
Florencia guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Identificación del defecto. 2.3. Fijación de
la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5.
Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos fundamentales. 2.6.
Conclusión.
2.1. Identificación de derechos
20. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo
como vulnerados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su
análisis en la violación del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado
durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Así mismo, la vulneración
de los demás derechos invocados surge como consecuencia de la misma
afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar
lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.
2.2. Identificación del defecto
3 Mediante Auto de 6 de diciembre de 2021, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de
la referencia, (2) tener como parte demandada al Tribunal Administrativo de Caquetá y (3) vincular, en calidad
de terceros interesados, al Juzgado 3 Administrativo de Florencia y a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales (UGPP).
4 Mencionó las Sentencias de la Corte Constitucional T-624 de 2012, T-234 de 2011, T-637 de 1997, T-718 de 1998 y T-
1683 de 2000, así como la “sentencia de tutela 2010 – 120 de la Sala de lo contencioso Administrativo del Consejo
de Estado”.
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21. La Sala estima pertinente precisar que, si bien, la parte actora alegó
de manera independiente el defecto fáctico, lo cierto es que los reparos allí
planteados resultan ser una reiteración de los hechos descritos en el defecto
sustantivo. Así mismo, dado que lo que se pretende principalmente es la
aplicación al régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, ambos
defectos guardan una relación sobre el supuesto de hecho y la
consecuencia jurídica, por ende, serán estudiados simultáneamente y,
sobre el desconocimiento del precedente, se hará un análisis autónomo.
2.3. Fijación de la controversia
22. Establecer, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de
Caquetá, como juez de segunda instancia, (1) aplicó un régimen de
transición distinto a la que correspondía; (2) erró al establecer que los
factores salariales a tener en cuenta eran los fijados por el artículo 1 de la
Ley 62 de 1885 y/o (3) inobservó el precedente jurisprudencial sobre la
aplicación del régimen de transición fijado en el parágrafo 2 del artículo 1
de la Ley 33 de 1985.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5
23. La Sala advierte que esta acción de tutela es procedente porque: (1)
No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados. (2) Hubo un plazo razonable entre la
fecha de notificación de la providencia enjuiciada (21/6/21) y la de
interposición de la presente acción de tutela (2/12/21). (3) No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relaciona con una sentencia dictada
en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. (4) Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos. (5) La controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de las garantías
constitucionales, con ocasión de una providencia judicial cuyo debate
central es la determinación del régimen de transición y de los factores
salariales para liquidar una pensión de jubilación.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.
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24. En el presente asunto, la Sala negará la solicitud de amparo por no
encontrar configurados los defectos alegados contra la Sentencia de 16 de
junio de 2021, por las razones que se pasan a exponer.
25. Sobre los reparos hechos en los defectos sustantivo y fáctico se
abarcará su estudio en 2 grupos. En el primero, se sostuvo que el Tribunal
debió aplicar de manera integral 6 el régimen de transición del artículo 1 de
la Ley 33 de 1985 y no de manera selectiva, es decir, para la edad mínima,
el anterior artículo y, para el ingreso base de liquidación, la transición de la
Ley 100 de 1993.
26. Sobre este argumento, la Sala comparte la respuesta dada por el
Tribunal Administrativo de Caquetá (se trascribe):
“Pues bien, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso antes
referenciadas se puede concluir que el demandante es beneficiario del
régimen de transición establecido en el parágrafo del artículo 1.°. de la Ley 33
de 1985, dado que para el 13 de febrero de dicho año (fecha de entrada en
vigencia de la norma) contaba con más de 15 años de servicio al haber iniciado
a laborar en el INUBRBE el 4 de junio de 1969.
Igualmente, se deduce que para la fecha de entrada en rigor de la norma
mencionada el señor Portilla Bucheli no ya había completado 20 o más años de
servicio, tampoco estaba retirado y, por tanto, no solo le faltaba la edad para
obtener el estatus pensional.
Por lo anterior, es claro que en su caso aplica la primera regla del régimen de
transición consagrado en el inciso primero del parágrafo del artículo 1.° de la
Ley 33 de 1985 y, en consecuencia, solo le asistía el derecho a pensionarse con
la edad fijada en el régimen anterior (Decreto 3135 de 1968), pero no a que se
aplicara la forma de liquidación pensional establecida en dicha norma y en el
artículo 4 de la Ley 4ª de 1996
En este último evento correspondía aplicar lo consagrado en el artículo 1.° de
la Ley 33 de 1985 y los factores salariales incluidos en artículo 1.° de la Ley 62 de
1985 que modificó el artículo 3.° de la ley mencionada sobre los que se hubiese
efectuado los respectivos aportes. ”
27. Por lo anterior, se concluye, inicialmente, que la aplicación parcial del
parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 no se debió a un capricho
del juez de segunda instancia sino a que la misma norma se presta para ser
aplicada de la manera en que se aplicó, pues prevé dos supuestos
sustancialmente distintos. Así las cosas, mal hubiera hecho el Tribunal
accionado si aplicaba también la segunda regla, relacionada con el
ingreso base de liquidación, cuando el señor Portilla, para la fecha en que
entró a regir dicho estatuto, no cumplía con los requisitos para ser
beneficiario de esta.
6 Inciso 1 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985: “Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre
edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.”
Inciso 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985: “Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como
empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta
(50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se
reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.”
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28. Un segundo grupo de reparos se enfocó en un supuesto error del
Tribunal consistente en que se definió el ingreso base de liquidación y los
factores salariales (1) únicamente con base en lo dispuesto por la Ley 62 de
1985, cuando debía ser conforme a la Ley 6 de 1945 y los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978; (2) con fundamento en la Sentencia de
unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado de 28
de agosto de 2018, con Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01; aún cuando
esta no resultaba aplicable al caso concreto e (3) inobservando las fechas
en las que el accionante adquirió el estatus pensional, le reconocieron la
pensión y se retiró del servicio oficial.
29. En este orden de ideas, es preciso señalar que la determinación del
ingreso base de liquidación y de los factores salariales resulta ser una
consecuencia lógica del régimen de transición que se aplique a cada caso
concreto, pues este último fijará la normatividad con la cual se deba liquidar
una pensión. Por ende, se reitera lo dicho sobre el primer grupo de reparos
y se hacen las siguientes consideraciones adicionales.
30. No era posible determinar el ingreso base de cotización y los factores
salariales conforme a la normatividad citada por el accionante, pues tales
disposiciones solo se podían aplicar a las personas que, al momento de
entrada en vigencia la Ley 33 de 1985, ya acumulaban más de 20 años de
servicio, lo que, en el caso concreto, no se dio. De suerte que, como se
cumplieron los demás requisitos para obtener la pensión durante las Leyes
33 y 62 de 1985, los factores salariales sólo podían ser determinados
conforme a estos 2 estatutos.
31. En relación con el reparo hecho sobre la aplicación indebida de la
Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, se evidencia que el
Tribunal no determinó el ingreso base de liquidación y los factores salariales
con base en esta providencia sino en las proferidas por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 10 de diciembre de 2020, Rad.
25000-23-42-000-2014-01163-01 y 2 de julio de 2020, Rad. 25-000-23-42-000-
2016-03057-01, a partir de las cuales concluyó (se trascribe):
“De esta manera, si el beneficiario del régimen de transición contemplado en
el inciso 1 del parágrafo del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 cumplió los requisitos
pensiones antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los factores
salariales que deben ser tenidos en cuenta para efectos de liquidar la pensión
de jubilación son los contemplados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 que
modificó el artículo 3.° de la Ley 33 de igual año sobre los que se hubiese
efectuado los respectivos aportes. Por el contrario, si, pese a ser beneficiario del
régimen de transición aludido adquiere el estatus pensional con posterioridad
a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se debe dar aplicación a lo decidido en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y, por tanto, los factores
salariales a considerar son los enlistados en el Decreto 1158 de 1994”
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32. Este análisis jurisprudencial lo llevó a determinar que el marco normativo
para establecer el ingreso base de liquidación y los factores salariales no era
el Decreto 1158 de 1994 sino la Ley 62 de 1985, entre otras cosas por que la
fecha en la que el accionante adquirió su estatus pensional fue el 4 de junio
de 1992.
33. Por lo expuesto, esta Sala evidencia que no existió un defecto
sustantivo ni fáctico, pues la motivación dada por la autoridad judicial para
negar las pretensiones de la demanda no fue irracional o caprichosa, por el
contrario, se adecuó a los presupuestos del caso planteado.
34. Ahora bien, frente al desconocimiento del precedente 7 contenido en
las Sentencias de la Sección Segunda de 7 de junio de 1980, Rad. 2527; 9 de
julio de 2009, Rad. 25000-23-25-000-2004-04442-01 y 4 de agosto de 2010,
Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01; basta con señalar que no abordaron
los mismos supuestos que el caso bajo estudio. Sobre la primera sentencia,
se observa que esta se ocupó de estudiar la nulidad del artículo 74 del
Decreto 1848 de 1969, por la supuesta extralimitación del gobierno nacional
en su facultad reglamentaria.
35. Lo mismo ocurre con la Sentencia de 9 de julio de 2009, toda vez que,
mientras en aquel caso, el demandante, al momento de entrar en vigencia
la Ley 33 de 1985, ya contaba con más de 20 años de servicio, el señor
Portilla, para el mismo momento, solo tenía poco más de 15 años de servicio.
Por su parte, la Sentencia de 4 de agosto de 2010 no es susceptible de ser
aplicada al caso concreto porque, a pesar de establecer reglas de
unificación, la misma perdió vigencia en el momento en que se profirieron
sentencias ulteriores sobre el mismo asunto, como la C-258 de 2013 y SU-230
de 2015, proferidas por la Corte Constitucional, y la ya mencionada
Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo
de Estado. Hasta este punto, por no existir similitud fáctica y jurídica con el
caso objeto de estudio, no es posible predicar un desconocimiento de las
providencias citadas.
36. Por su parte, respecto de la Sentencias de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado de 12 de diciembre de 2019, Rad.
11001-03-15-000-2019-04749-00 y de la Subsección B de la Sección Tercera
de 10 de julio de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-01662-00, basta con
mencionar que, por ser acciones de tutela, sus efectos son inter partes dado
que responden a unos hechos materiales específicos. Así mismo, la
7Con la información proporcionada por el accionante, no fue posible la ubicación de las siguientes sentencias:
“Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, Sentencia de 26 de marzo de 2019, exp. 2559-07.”, “Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia
del 12 de mayo de 2005, Exp. 25000232500020000468501” y “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 31 de Enero de 2019. Radicado:
410012331000201200101 01 (1145-2016).”. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las mismas no fueron
aportadas junto con el escrito de tutela. Por ende, no serán estudiadas por la Sala.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10996-00
Demandante: José Félix Portilla Buchelli
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega
_____________________________________________________________________________________________________
controversia, en dichos casos, no fue resuelta por el juez natural de la causa
sino por el constitucional.
37. Finalmente, sobre la providencia de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 2 de mayo de 2019, Rad. 25000-23-42-
000-2012-02011-01, se evidencia que esta adoptó la postura, según la cual,
por completar 15 años de servicio al momento de entrada en vigencia de
la Ley 33 de 1985, el régimen de transición que se debía aplicar era, de
manera integral, el consagrado en el parágrafo 2 del artículo 1 de dicho
estatuto. Al respecto, la Sala pasa a desarrollar las razones por las cuales no
hubo un desconocimiento de esta sentencia.
38. Como se observa, la sentencia invocada presenta unos supuestos
similares con el caso concreto. Sin embargo, se debe tomar en
consideración que el Tribunal también consideró sentencias8 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado para fundamentar su decisión y las cuales
abordan una posición antagónica a la presentada por el accionante por
medio de la sentencia referida anteriormente.
39. Así las cosas, la inexistencia de un criterio unificado sobre este asunto
por parte del Consejo de Estado, ha llevado a que los operadores judiciales,
en ejercicio de su autonomía, acojan una 9 u otra tesis10. Razón suficiente
para que la Sala estime que no es posible declarar el desconocimiento del
un precedente.
40. Se tiene entonces, que el ejercicio hermenéutico realizado por la
autoridad judicial fue razonable y acató lineamientos jurisprudenciales del
Consejo de Estado sobre la materia, razón por la cual, tampoco hubo un
desconocimiento del precedente.
2.6. Conclusión
41. Así las cosas, la Sala negará la solicitud de amparo interpuesta, al no
encontrar configurados los defectos alegados.
3. DECISIÓN
8 Sentencias de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 10 de diciembre de 2020, con
Rad. 25000-23-42-000-2014-01163-01 y de 2 de julio de 2020, con Rad. 25-000-23-42-000-2016-03057-01. Así como la
proferida por la Subsección B de la misma sección el 28 de enero de 2021, con Rad. 47001-33-33-003-2016-00229-
01.
9 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sentencia de 2 de mayo de 2019, con Rad. 25000-
23-42-000-2012-02011-01.
10 Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sentencia de 28 de enero de 2021, con Rad. 47001-
33-33-003-2016-00229-01
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10996-00
Demandante: José Félix Portilla Buchelli
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega
_____________________________________________________________________________________________________
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por José Feliz Portilla
Buchelli, por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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