Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11018-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11018-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-11018-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
18 de abril de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11018-01
Accionantes: Alimentos Polar de Colombia S.A.S
Se revoca la decisión de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11018-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Temas: Se revoca la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de
la solicitud de amparo por falta de subsidiariedad y en su lugar se declara la
improcedencia por falta de relevancia frente a unos cargos y se niega el amparo
frente a otro.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de impugnación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de primera instancia del 17 de febrero de 2022 proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación. El fallo de tutela impugnado declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por falta de subsidiaridad, pues consideró
que los reclamos elevados en la acción de tutela pudieron ser resueltos a través del
recurso extraordinario de revisión.
La acción de tutela se dirigió contra la sentencia del 13 de mayo de 2021 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que confirmó lo dispuesto en la
primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-
23-37-000-2016-00337-00/01 y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda elevada por la accionante contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
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Accionantes: Alimentos Polar de Colombia S.A.S
Se revoca la decisión de primera instancia
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 1º de diciembre de 2021, a través de apoderada judicial, la sociedad Alimentos
Polar de Colombia S.A.S interpuso acción de tutela para obtener la protección de
su derecho fundamental al debido proceso, vulnerado, en su concepto, por la
sentencia del 13 de mayo de 2021 proferida por la Sección Cuarta de esta
Corporación.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<1. TUTELE el derecho fundamental al debido proceso, del cual ALIMENTOS
POLAR COLOMBIA S.A.S es titular.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE el fallo en segunda instancia
proferido por el Consejo de Estado de fecha trece (13) de mayo de 2021.
3. Que se ORDENE a TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA, a revocar el fallo de primera instancia y a la DIAN a recibir y dar
trámite a la documentación que soporta la postulación de ALIMENTOS POLAR DE
COLOMBIA S.A.S
4.- Como consecuencia a lo anterior, acceder íntegramente a las pretensiones
expuestas en la demanda de Nulidad y Restablecimiento del derecho correspondiente
a la devolución de:
a. Sanción extemporaneidad
b. Sanción moratoria>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
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3.1.- Alimentos Polar Colombia S.A.S presentó la declaración de renta para el año
gravable 2012, en la cual quedó con un saldo a favor de seis mil doscientos
veinticinco millones setecientos dieciocho mil pesos (COP$ 6.225.718.000).
3.2.- Posteriormente, el 12 de febrero de 2013 presentó declaración de retención en
la fuente correspondiente al mes de enero de ese año, que arrojó un valor a pagar
de setecientos setenta y nueve millones doscientos ochenta y ocho mil pesos
(COP$ 779.288.000). No obstante, las retenciones no fueron pagadas en ese
momento, como se aclara más adelante.
3.3.- Dado el saldo a favor de la declaración de renta de 2012, la sociedad trató de
solicitar la compensación del valor a pagar por concepto de retenciones de enero
de 2013, no obstante la plataforma web de la DIAN se encontraba en mantenimiento
en ese momento, por lo que no pudo presentar la solicitud por ese medio.
3.4.- El 23 de septiembre de 2013 la sociedad pudo diligenciar el formato de la
solicitud de compensación, la cual fue negada por extemporánea mediante
Resolución No. 628290001-36098 del 6 de febrero de 2014, confirmada por la
Resolución No. 900141 del 26 de febrero de 2015.
3.5.- El 4 de febrero de 2014 volvió a presentar la declaración de retención en la
fuente para el mismo período (enero de 2013)1 y pagó el valor de cuatrocientos
sesenta y siete millones quinientos setenta y tres mil pesos (COP$ 467.573.000),
que la accionante imputó a la sanción causada por la falta de pago oportuno de las
retenciones del periodo en cuestión. Sin embargo, la anterior suma no cubrió el valor
total debido por concepto de retenciones, sanciones e intereses.
3.6.- El 26 de febrero de 2014 presentó una tercera declaración de retención en la
fuente para el periodo de enero de 2013 y pagó la suma de mil quinientos treinta y
un millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos (COP$ 1.531.856.000) por
concepto de sanciones y retenciones pendientes. Con este pago quedó saldada
toda la deuda.
1 En ese momento se adeudaban $ 779.288.000 por concepto de retenciones y $ 467.573.000 por
una sanción, para un total de $1.248.861.000. Como se aclara más adelante, el pago que realizó la
accionante con la segunda declaración de retención en la fuente no se imputó únicamente a la
sanción, contrario a lo que ésta insinuó, sino proporcionalmente a todos los conceptos debidos en
ese momento, según el artículo 804 del Estatuto Tributario.
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3.7.- El 30 de mayo de 2014 la sociedad solicitó la devolución de cuatrocientos
sesenta y siete millones quinientos setenta y tres mil pesos (COP 467.573.000) que
consideró pagados en exceso, pues no había lugar a una sanción por pago
extemporáneo de la retención en la fuente para enero de 2013.
3.8.- La solicitud de devolución fue negada por la DIAN mediante Resolución No.
6283-0006 del 12 de agosto de 2014, confirmada por la Resolución No. 007695 del
13 de agosto de 2015, que resolvió el recurso de reconsideración presentado por la
accionante.
3.9.- La accionante interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las últimas dos resoluciones y demandó la devolución de la suma
pagada en exceso (COP 467.573.000). Señaló que el pago extemporáneo no le era
imputable, pues se debió a que no pudo presentar la solicitud de compensación de
forma oportuna por problemas técnicos de la página de internet de la DIAN.
3.10.- El 17 de mayo de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la
compensación del saldo a favor fue negada mediante actos administrativos que
quedaron en firme, lo cual tuvo como consecuencia que la declaración de retención
en la fuente de enero de 2013 se tuviera como no pagada y, en virtud del artículo
580-1 del Estatuto Tributario2, fuera ineficaz, lo cual justificó la sanción por
extemporaneidad.
2 Según la redacción vigente en ese momento <<Artículo 580-1.- Ineficacia de las declaraciones de
retención en la fuente presentadas sin pago total. Las declaraciones de retención en la fuente
presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo
que así lo declare. // Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de
retención en la fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un
saldo a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT susceptible de compensar con el
saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. Para tal efecto el saldo a favor
debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un
valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración. // El agente retenedor
deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la compensación del saldo a favor
con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de los seis meses (6)
siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente. // Cuando el
agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud
sea rechazada la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal
alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare>>.
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3.11.- La accionante apeló la anterior decisión3 y la Sección Cuarta de esta
Corporación la confirmó mediante sentencia del 13 de mayo de 2021, por las
siguientes razones:
3.11.1.- La sección accionada señaló que la compensación de deudas con la DIAN
está sujeta a la aprobación de esta autoridad, es decir, no opera de forma
automática. Además, precisó que en virtud del artículo 580-1 del Estatuto Tributario,
las declaraciones de retención en la fuente son ineficaces cuando no son
acompañadas del pago total de la deuda, sin necesidad de que un acto
administrativo así lo declare.
3.11.2.- Así las cosas, dado que las Resoluciones No. 628290001-36098 de 2014 y
No. 900141 de 2015 negaron la solicitud de compensación de saldos, se tiene como
consecuencia que las declaraciones de retención en la fuente del 12 de febrero de
2013 y del 4 de febrero de 2014 fueron ineficaces, pues se entienden presentadas
sin el pago completo de la obligación. Comoquiera que son ineficaces por falta de
pago oportuno, la autoridad accionada consideró procedente la liquidación de la
sanción por extemporaneidad, en los términos del Decreto 2634 de 2012.
3.11.3.- Advirtió que solo hasta el 26 de febrero de 2014 se pagó el valor total de lo
debido por retenciones de enero de 2013, pues antes de esa fecha el pago había
sido parcial, esto es, por cuatrocientos sesenta y siete millones quinientos setenta
y tres mil pesos (COP$ 467.573.000) cancelados el 4 de febrero de 2013.
3.11.4.- Ahora bien, la autoridad accionada observó que la accionante adelantó un
proceso anterior de nulidad y restablecimiento del derecho (No. 25000-23-37-000-
2016-00337-00/01) también contra la DIAN, en el que pretendió la devolución de
otros valores pagados en exceso con ocasión de la misma obligación fiscal. Ese
proceso también fue resuelto en segunda instancia por la autoridad judicial
3 Basó el recurso en que la notificación de la Resolución No. 007695 del 13 de agosto de 2015 fue
indebida, pues antes de acudir a la notificación por edicto debieron agotarse las actuaciones
encaminadas a surtir la notificación personal. Señaló que el a quo vulneró el debido proceso al
señalar que las declaraciones de la retención en la fuente fueron ineficaces e insistió en que la
solicitud de compensación de saldos fue presentada de forma extemporánea por problemas en la
página de internet de la DIAN, lo cual no le es imputable y generó un enriquecimiento sin causa a
favor del Estado, como bien lo señaló la Defensoría del Contribuyente. Concluyó que no podía
imponerse una sanción por extemporaneidad de forma automática o ipso facto pues ello desconoce
los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de las penas.
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accionada y en el mismo se advirtió que el valor total pagado entre el 4 y el 26 de
febrero de 2014 fue de mil novecientos noventa y nueve millones cuatrocientos
veintinueve mil pesos (COP$ 1.999.429.000)4, lo cual excedió el valor total de la
deuda, pues a la fecha este era (COP$ 1.525.829.000), según la liquidación de las
retenciones, sanciones e intereses pendientes. Por ello se ordenó la devolución de
la suma de cuatrocientos setenta y tres millones seiscientos mil pesos (COP$
473.600.000) pagada en exceso, lo cual fue cumplido por la DIAN mediante la
Resolución 6282-0597 del 12 de agosto de 2014. Por lo anterior, la autoridad
accionada consideró resuelto el asunto y concluyó que no había lugar a ordenar la
devolución de otro valor.
3.11.5.- En efecto, señaló que la suma solicitada en devolución (COP$ 467.573.000)
se justificaba en la sanción por extemporaneidad, por lo que no había lugar a su
rembolso, más aún cuando lo que fue pagado en exceso ya había sido reconocido
y devuelto por la DIAN, en el marco del otro proceso. Insistió en que las resoluciones
que negaron la compensación (previas a las que negaron la devolución del pago en
exceso) quedaron en firme y no fueron controvertidas, lo cual sustenta la idea de
que el pago no fue oportuno.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso. Aunque los argumentos de la acción de tutela no se
presentaron bajo los defectos reseñados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (sentencia C-590 de 2005), la Sala considera que, según los cargos
y las razones dadas, se alega (i) un defecto fáctico y (ii) un defecto sustantivo,
puesto que la sentencia tutelada habría incurrido en <<error de hecho y de
derecho>>.
4.1.- En cuanto al defecto fáctico, la accionante sostiene que la autoridad judicial
accionada confundió dos procesos administrativos y judiciales que, si bien se
originaron en los mismos hechos, esto es, en la declaración de retención en la
fuente de enero de 2013, ambos pretendían la devolución de sumas distintas
pagadas en exceso.
4 Resultado de la suma de $ 467.573.000 pagada el 4 de febrero y $1.531.856.000 pagada el 26 de
febrero de 2014.
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4.1.1.- En concreto, la accionante precisa que se adelantó (i) un primero proceso
administrativo bajo radicado No. 201220132768, debatido en sede judicial con el
expediente No. 25000-23-37-000-2016-00336-01, que pretendió la devolución de la
suma de mil cuatrocientos sesenta y seis millones quinientos ochenta y seis mil
pesos (COP$ 1.466.586.000); y por otro lado (ii) el proceso administrativo No.
201320141094, posteriormente controvertido ante la jurisdicción bajo el radicado
No. 25000-23-37-000-2016-00337-01 (que originó la presente acción de tutela) y
que procuraba la devolución de la suma de cuatrocientos sesenta y siete millones
quinientos setenta y tres mil pesos (COP$ 467.573.000).
4.1.2.- Señala que la confusión radica en que en el marco del primer proceso se
ordenó la devolución de la suma de cuatrocientos setenta y tres millones seiscientos
mil pesos (COP$ 473.600.000), la cual se materializó mediante la Resolución No.
6282-0597 de 2014 de la DIAN; pero, contrario a lo señalado por la accionada, lo
anterior no eximía el pago de la suma de COP$ 467.573.000, también pagada en
exceso y reclamada en el segundo proceso.
4.1.3.- De igual forma, la accionante resalta que la autoridad accionada no tuvo en
cuenta el informe del Defensor del Contribuyente rendido ante la DIAN y según el
cual no podía imputarse el error de la página de internet al contribuyente, y que si
esta no funcionaba no podía entenderse que el pago (o solicitud de compensación)
fuera extemporáneo, pues nadie está obligado a lo imposible. Este informe fue
debidamente allegado al proceso ordinario y decretado como prueba en la primera
instancia, por lo que debió ser considerado por la accionada.
4.1.4.- En relación con lo anterior, la accionante insiste en que las fallas en la página
de la DIAN fueron reconocidas por esta misma autoridad y fueron cubiertas por los
medios de comunicación, circunstancia que fue pasada por alto por la autoridad
judicial accionada y que demostraba la configuración de un eximente de
responsabilidad en relación con la sanción por pago extemporáneo.
4.2.- En cuanto al defecto sustantivo reprocha que la accionada aplicara un régimen
de responsabilidad objetivo respecto a la sanción, pues no se tuvo en cuenta
justamente que la plataforma de la DIAN no estaba funcionando y que si las
declaraciones de retención en la fuente del 12 de febrero de 2013 y 4 de febrero de
2014 fueron ineficaces (como se declaró en la sentencia tutelada), a partir de las
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mismas no podía generarse una sanción por falta de pago. En otras palabras, aduce
que los actos inválidos no pueden generar efectos jurídicos, por lo que tampoco
pueden generar una obligación a título de sanción en contra de la accionante: si se
acepta que las declaraciones son ineficaces, con mayor razón debe devolverse lo
pagado en virtud de las mismas, pues obedece a un pago de lo no debido.
4.2.1.- Por otro lado, la accionada habría vulnerado el principio de la justicia rogada,
pues declaró inválidas las dos primeras declaraciones de retención en la fuente, a
pesar de que ello no fue solicitado en la demanda. Es decir que, en su opinión, las
dos primeras declaraciones de retención en la fuente serían validas y de aceptarse
lo contario se vulnera el principio de justicia rogada y congruencia. Pero si en gracia
de discusión se acepta que son invalidas, entonces es claro que no generan efectos
legales y por lo tanto no dan lugar a la imposición de sanciones.
4.3.- Por último, afirma que se encuentra ante un perjuicio irremediable, pues de no
devolverse la suma requerida y pagada en exceso se generaría un detrimento
económico que afectaría su actividad comercial. Añade que es una compañía que
emplea a treinta mil (30.000) trabajadores de forma directa y ciento treinta mil
(130.000) de forma indirecta.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Sección Cuarta del Consejo de Estado (accionado) solicita que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.
Señala que la acción constitucional pretende instaurar una instancia adicional para
revivir el debate dirimido en sede ordinaria, por resultar contrario a sus intereses.
Sostiene que en la sentencia tutelada valoró en detalle cada una de las
declaraciones de retención y aclaró que la imputación de los pagos no podía
fragmentarse, como lo sugiere la accionante al invocar una confusión inexistente de
procesos, pues debían valorase en conjunto al obedecer al mismo concepto y la
misma obligación tributaria.
5.1.- En cuanto a la supuesta aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva,
señala que los actos administrativos que negaron la compensación solicitada
quedaron en firme y no fueron controvertidos judicialmente por la accionante, por lo
cual se concluyó que no se había pagado oportunamente el valor debido, lo que da
lugar a una sanción.
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5.2.- Por último, sostiene que no se violó el principio de justicia rogada, pues la
declaración de ineficacia de las declaraciones no se originó en el fallo tutelado, sino
en lo dispuesto por el legislador en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario:
<<Artículo 580-1.- Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente
presentadas sin pago total. Las declaraciones de retención en la fuente presentadas
sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto
administrativo que así lo declare. (…)>>. Concluye que su decisión no fue
caprichosa ni arbitraria y se ajustó al ordenamiento vigente y a las pruebas
allegadas, motivo por el cual no vulneró los derechos de la accionante.
6.- La DIAN (tercero con interés) igualmente solicita que se declare la improcedencia
de la acción. Basó su intervención en que: (i) en el fallo objeto de reproche no se
incurrió en un error de derecho, pues el pago (o solicitud de compensación) de las
retenciones fue inoportuno y no discutido en su momento por la accionante, lo cual
da lugar una sanción por extemporaneidad; (ii) no se demostró la presunta omisión
en la valoración de las pruebas por parte de la autoridad judicial accionada; y (iii) la
acción carece de relevancia constitucional pues reitera los argumentos elevados en
el proceso ordinario.
7.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
(tercero con interés) se opone a las pretensiones de la solicitud de amparo. Reitera
que la accionante incumplió con la obligación tributaria de presentar la declaración
de retención en la fuente junto con el pago completo. Por lo demás, señala que los
reparos se centran en la sentencia del a quo ordinario, por lo que no le compete
pronunciarse al respecto.
E. Sentencia impugnada
8.- Mediante sentencia del 17 de febrero de 2022 la Sección Quinta de esta
Corporación declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
subsidiariedad. Consideró que los reparos de la acción de tutela obedecían a un
caso de supuesta incongruencia en la sentencia, por haberse estudiado la validez
de las declaraciones de retención en la fuente, lo cual no fue solicitado en la
demanda, por lo que el cargo puede ser analizado bajo la causal 5ª de revisión,
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prevista en el artículo 250 del CPACA5. Además, indicó que no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable en los términos desarrollados en la
jurisprudencia constitucional.
F. Impugnación
9.- La apoderada de la accionante impugnó oportunamente la decisión. Señaló que
la nulidad (en los términos del artículo 250, numeral 5 del CPACA) no se originó en
la sentencia de segunda instancia sino en la proferida por el a quo ordinario, pues
aquella confirmó lo dispuesto en esta. Así las cosas, como la nulidad no se generó
en el fallo de segunda instancia, la causal de revisión invocada por la primera
instancia constitucional no es aplicable y sí procede la tutela. Por lo tanto, insiste en
que debió realizarse un estudio de fondo y que no debía acreditar una situación de
debilidad manifiesta pues la protección de los derechos fundamentales es una
garantía de carácter general.
II. CONSIDERACIONES
10.- La Sala revocará la decisión de primera instancia porque considera que los
cargos elevados en el escrito de tutela no se enmarcan en la causal 5ª del recurso
extraordinario de revisión, según lo dispuesto en el artículo 250 del CPACA. En
efecto, el criterio pacífico de la Sala es que la nulidad a la cual se refiere la causal
5ª de revisión remite a las causales de nulidad taxativas listadas en el artículo 133
del CGP, dentro de las cuales no se incluye la falta de congruencia del fallo6.
11.- En cambio, la Sala, declarará la falta de relevancia constitucional7 frente a los
cargos relacionados con (i) el no haberse tenido en cuenta el informe del Defensor
5 <<Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación>>.
6 Sentencia de tutela del 16 de julio de 2020 (11001-03-15-000-2020-00320-01, M.P. Alberto
Montaña.
7 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de
relevancia constitucional porque la accionante alega la vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, y el escrito de tutela permite inferir los defectos que considera configurados en la
decisión atacada: defecto fáctico y sustantivo. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala,
en relación con este punto.
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Se revoca la decisión de primera instancia
del Contribuyente, en virtud del cual no podía exigirse la presentación oportuna del
pago o solicitud de compensación, dados los problemas en la página web de la
DIAN (parte del defecto fáctico); (ii) la aplicación de un régimen de responsabilidad
objetivo en función con la sanción impuesta por pago extemporáneo (parte del
defecto sustantivo); y (iii) la vulneración al principio de justicia rogada y
congruencia, por haber declarado <<la invalidez>> de las declaraciones de
retención en la fuente de enero de 2013, a pesar de que ello no fue solicitado en la
demanda, lo cual demuestra la improcedencia de la sanción, pues si las mismas
son <<inválidas>> no pueden generar efectos jurídicos, como lo es una sanción
(parte del defecto sustantivo).
12.- Finalmente la Sala se pronunciará de fondo y negará el cargo por la confusión
de dos procesos judiciales en la que habría incurrido la autoridad accionada (parte
del defecto fáctico).
G.- No se cumple con el requisito de relevancia constitucional cuando los
cargos de la tutela reiteran los argumentos sostenidos y debatidos en el
proceso ordinario
13.- La falta de relevancia se deriva de que los tres argumentos reseñados en el
párrafo 11 de esta providencia fueron discutidos en el proceso ordinario y reiterados
por la accionante en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.
13.1.- De cualquier forma, la Sala advierte que la discusión en torno a la imposición
de la sanción por pago extemporáneo8 no hizo parte del objeto del litigio en el
proceso ordinario, por más de que fuera alegado de forma reiterada por la
accionante: en la sentencia objeto de reproche se precisó que la sanción y la
extemporaneidad del pago no estaba en discusión, pues las resoluciones que
negaron la solicitud de compensación (aquellas en virtud de las cuales se dio por
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Que engloba (i) el informe del Defensor del Contribuyente en relación con la imposibilidad de pagar
(o solicitar la compensación de) lo debido por los problemas técnicos de la página de internet; (ii) el
régimen de responsabilidad aplicable a la sanción (estudio de la tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad); y (iii) la imposibilidad de declarar la <<invalidez>> de las declaraciones de retenciones
en la fuente de la accionante (y por lo tanto de desprender una sanción a partir de las mismas), por
no haberlo solicitado en la demanda.
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Accionantes: Alimentos Polar de Colombia S.A.S
Se revoca la decisión de primera instancia
no pagado el tributo y precisamente dieron pie a la sanción) no fueron controvertidas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y se encontraban en firme.
13.2.- La discusión se centró en la Resolución No. 6283-0006 del 12 de agosto de
2014, confirmada por la Resolución No. 007695 del 13 de agosto de 2015 que negó
la solicitud de devolución de una suma pagada en exceso. Lo anterior, dado que la
regla de imputación del pago en materia tributaria dispone que este se aplica en
forma proporcional a cada uno de los conceptos debidos (por ejemplo: capital,
intereses y sanción), y no a uno y después al otro, como insinúa la accionante9.
13.3.- Frente a todo lo anterior, en la sentencia objeto de reproche se consideró (se
transcribe en extenso para mayor claridad):
Caso concreto
En el recurso de apelación, la demandante sostiene que la DIAN y el a quo violaron
el debido proceso y el derecho de defensa, al señalar que los actos que negaron la
compensación del saldo a favor en renta del año gravable 2012, están en firme y no
son objeto de discusión, pues determinaron «ILEGALMENTE (…) que la declaración
cuyo pago aquí se discute era ineficaz», y que la sociedad discute la ilegalidad de la
sanción por extemporaneidad que (…) constituye pago de lo no debido.
La Sala considera que, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, la
actora cuestionó la compensación de la obligación del periodo 1 de retenciones del
año gravable 2013, con el saldo a favor registrado en la declaración del impuesto
sobre la renta del año gravable 2012, que fue negada por la Resolución 628290001-
36098 del 6 de febrero de 2014, y su confirmatoria, la Resolución 900.141 del 26 de
febrero de 2015, las cuales están en firme, para discutir la improcedencia de la
sanción pagada el 4 de febrero de 2014, por la suma de $467.573.000, y su
consecuente devolución.
Al respecto, se advierte que la compensación, como forma de disposición de saldos
a favor, debe ser autorizada por la Administración, lo cual no ocurre en el presente
caso pues, sin importar sus motivaciones, los actos administrativos aludidos negaron
9 Según la redacción vigente en ese momento: <<Artículo 804. A partir del 1º de enero del 2006, los
pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables, agentes de retención o
usuarios aduaneros en relación con deudas vencidas a su cargo, deberán imputarse al período e
impuesto que estos indiquen, en las mismas proporciones con que participan las sanciones
actualizadas, intereses, anticipos, impuestos y retenciones, dentro de la obligación total al momento
del pago. // Cuando el contribuyente, responsable o agente de retención impute el pago en forma
diferente a la establecida en el inciso anterior, la Administración lo reimputará en el orden señalado
sin que se requiera de acto administrativo previo>>.
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Accionantes: Alimentos Polar de Colombia S.A.S
Se revoca la decisión de primera instancia
la compensación del saldo a favor en renta del año gravable 2012, y están en firme,
circunstancia que afecta el pago de la obligación del periodo 1 de retención y la
eficacia de las declaraciones presentadas el 12 de febrero de 2013 y el 4 de febrero
de 2014.
En ese sentido la Sala, al resolver una controversia promovida entre las mismas
partes respecto del pago de $1.466.586.000 realizado el 26 de febrero de 2014, por
el periodo 1 de retenciones de 2013 [se refiere al proceso No. 25000-23-37-000-2016-
00336-01, frente al cual se alega la supuesta confusión y que será abordado más
adelante], destacó la incidencia de los actos que negaron la compensación del saldo
a favor aludido, en el pago y eficacia de las declaraciones de retención, al señalar que
la «actora no cuestionó los actos por los cuales se negó la compensación con
el fin de que el saldo a favor pudiera tenerse como pago de esta declaración».
(…)
Al verificar las declaraciones [de retención en la fuente] señaladas, se evidencia lo
siguiente:
• En aplicación del artículo 580-1 del Estatuto Tributario, y comoquiera que la
declaración del 12 de febrero de 2013, se presentó sin pago, esta resulta
ineficaz, sin que se requiera la expedición de un acto administrativo que así
lo disponga. Por ello, las declaraciones presentadas por fuera del término
para declarar, que para el periodo cuestionado ocurrió el 14 de febrero de
2013, según el artículo 24 del Decreto 2634 de 2012, deben liquidar sanción
por extemporaneidad.
• La declaración del 4 de febrero de 2014, se presentó con pago parcial de
$467.573.000, a título de sanción, cuyo monto fue imputado al periodo en
discusión.
• La única declaración con pago total es la presentada el 26 de febrero de 2014,
que registró retenciones de $779.288.000, sanciones de $506.537.000, para
un total retenciones más sanciones de $1.285.825.000.
En esa misma fecha, la actora realizó dos pagos de $1.466.586.000, cuya
devolución fue abordada por la Sala en sentencia del 11 de febrero de 2021,
y $65.270.000, para un total de $1.531.856.000, de los cuales la suma de
$246.031.000 se imputó a intereses.
En dicha providencia se precisó que «había lugar al pago de $1.531.856.000
efectuado por el contribuyente y, por tanto, no puede considerarse como un
pago de lo no debido y ser devuelto al contribuyente».
Sobre la base de los valores registrados en la declaración del 26 de febrero de 2014,
la sociedad demandante aludió a la imputación del pago de $467.573.000 hecha
parcialmente por la Administración, así:
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Se revoca la decisión de primera instancia
Concepto Saldos Aplicación del Saldo final Intereses
pago – Art. 804
del ET
Impuesto $779.288.000 $240.205.000 $539.083.000 $539.083.000
Sanción $506.537.000 $156.133.000 $350.404.000 $350.404.000
Intereses $231.106.000 $71.235.000 $159.871.000 $168.991.000
Total $1.516.931.000 $467.573.000 $1.049.358.000 $1.058.478.000
(…)
Asimismo, teniendo en cuenta las sumas declaradas el 26 de febrero de 2014, es
preciso señalar que, frente al pago de $1.466.586.000, que junto con los pagos de
$467.573.000 y $65.270.000 resultan en un total pagado en el periodo por
$1.999.429.000, la Administración, mediante Resolución 6282-0597 del 12 de agosto
de 2014, ordenó la devolución de la suma de $473.600.000, lo cual indica que los
valores pagados en exceso fueron devueltos a la sociedad.
En efecto, sobre la suma devuelta señalada, la Sala anotó que en «los actos
demandados se reconoce un pago de lo no debido con relación al pago del 4 de
febrero de 2014, razón por la cual se accede a una devolución parcial por la suma de
$473.600.000», por lo cual, acceder a la devolución de la suma pagada a título de
sanción por a las obligaciones del periodo, implicaría el incumplimiento de la
obligación consignada por la actora el 26 de febrero de 2014, en la declaración del
periodo en discusión.
Por las razones expuestas y de la valoración de los hechos señalados, se
considera que, como consecuencia de las resoluciones en firme que negaron
la compensación del saldo a favor en renta del año gravable 2012, y cuya
legalidad no se discute en el proceso, las declaraciones de retención del 12 de
febrero de 2013 y del 4 de febrero de 2014, se presentaron sin el pago total
exigido por el artículo 580-1 del Estatuto Tributario.
Así mismo, se advierte que la sanción por extemporaneidad está justificada,
pues la declaración del periodo 1 de retenciones del año gravable 2013, se debía
registrar con pago total hasta la fecha límite del 14 de febrero de 2013, requisito
que solo se acreditó con la declaración del 26 de febrero de 2014.
En cuanto al pago de la sanción del 4 de febrero de 2014, es un hecho no
discutido que se imputó al periodo de retenciones cuestionado, sobre las
mismas bases liquidadas por la demandante, y que los valores pagados en
exceso por el periodo fueron devueltos a la sociedad.
Así las cosas, no existe el pago en exceso reclamado en devolución, ni se violaron el
debido proceso, el derecho de defensa ni los principios sancionatorios aducidos por
la demandante pues, como consecuencia de los actos en firme que negaron la
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Se revoca la decisión de primera instancia
compensación del saldo a favor en renta de 2012, el pago total de las declaraciones
iniciales no se concretó, la sanción cuestionada fue liquidada por la misma sociedad
demandante, justificada en la presentación extemporánea de la declaración tributaria
del periodo, y los valores pagados en exceso fueron devueltos>>.
13.4.- Así las cosas, para redondear lo hasta acá señalado, la Sala advierte que en
el proceso ordinario no fue relevante la discusión frente a la imposibilidad de solicitar
la compensación del pago de forma oportuna por problemas técnicos en la página
de la DIAN (a lo que se refiere el Defensor del Contribuyente en el informe que se
echa de menos), pues los actos que negaron por extemporánea esa compensación
no fueron demandados por la accionante.
13.5.- Por la misma razón, tampoco fue relevante la discusión en relación con el
régimen de responsabilidad, objetivo o subjetivo, de la sanción pues esta se causó
por la falta de pago oportuno, consecuencia de las mencionadas resoluciones que
negaron la compensación y que, se reitera, no fueron demandadas. Además, el
pago del valor que la accionante atribuye a la sanción fue imputado a la obligación
tributaria en general y a cada uno de los conceptos que la conforman de forma
proporcional, según el artículo 804 del Estatuto Tributario, por lo que no puede
fragmentarse y ordenarse la devolución por ese concepto, en los términos que alega
la accionante. En otras palabras, en el proceso ordinario no se discutió el pago y
devolución de una sanción por determinado valor, sino en general un pago que se
imputó a prorrata al impuesto, a sus intereses y a la sanción, por lo que no tiene
relevancia el régimen de responsabilidad aplicado.
13.6.- Por último, la ineficacia (invalidez, en términos de la accionante) de las
declaraciones de retención en la fuente no fue declarada por fuera de lo
demandado, sino que son consecuencia de lo dispuesto por el legislador, según el
artículo 580-1 del Estatuto Tributario y aplicado por la accionada.
H.- Frente al defecto fáctico por confusión de expedientes judiciales en los
que habría incurrido la autoridad accionada se encuentran satisfechos los
requisitos generales que habilitan la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
14.- Los requisitos se cumplen pues: (i) la accionante indicó de manera clara los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es
constitucionalmente relevante porque el cargo no fue objeto de análisis en el
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Se revoca la decisión de primera instancia
proceso ordinario pues el reparo se origina en la sentencia de segunda instancia;
(iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque la accionante utilizó
todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales y contra la providencia atacada no procede ningún recurso; (iv) la
solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión
de segunda instancia se notificó el 1 de junio de 2021, y la tutela se presentó el 1
de diciembre de 2021, es decir, dentro del término de los 6 meses precisado tanto
por esta Corporación 10 como por la Corte Constitucional 11; y (v) no se trata de una
decisión proferida en sede de tutela.
I.- No se configuró un defecto fáctico porque la accionada no confundió los
expedientes que debía analizar
15.- De otra parte, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no confundió
los expedientes que debía estudiar y por lo tanto no se configuró el defecto fáctico
alegado.
16.- Al respecto, la Sala advierte que, según la transcripción de la sentencia
tutelada, la Sección accionada no confundió los expedientes, sino que reconoció
que el asunto que debía resolver se relacionaba con otro ya decidido anteriormente
y que se fundó en los mismos supuestos fácticos y en la misma obligación tributaria:
dada la regla de imputación del pago aplicable en materia tributaria, la accionada
no podía fragmentar el análisis como sugería la accionante y estudió el asunto en
función con lo resuelto en la causa anterior. Por ello concluyó que en el segundo
proceso no había lugar a reconocer la devolución de un pago en exceso, pues en el
primer proceso ya se había ordenado lo propio, lo cual le permitió concluir que no
existían obligaciones pendientes entre las partes. Decisión que esta Sala considera
conforme a derecho y a las pruebas allegadas al proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-
02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Se revoca la decisión de primera instancia
PRIMERO: REVÓCASE la decisión de primera instancia proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación el 17 de febrero de 2022, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por falta de subsidiaridad.
SEGUNDO: DECLÁRESE la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional en todos los cargos, menos el que se refiere a la supuesta
confusión de los expedientes a analizar por la autoridad accionada.
TERCERO: NIEGÁSE el defecto fáctico que se refiere a la supuesta confusión de
los expedientes a analizar por la autoridad accionada, debido a que no se acreditó
el defecto fáctico alegado.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Ausente con permiso
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