Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00452-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00452-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00452-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
22 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00452-01
Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
Se revoca y se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. veintidós (22) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00452-01
Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Principio de congruencia / Causales
del recurso extraordinario de revisión / Indemnización de perjuicios en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho / Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de un cargo por falta de subsidiariedad; en su lugar, se niega el amparo de
ese cargo y se confirma todo lo demás.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de impugnación presentado por la autoridad accionante
contra la sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por la Sección Quinta de esta
Corporación. La primera instancia declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo porque no se cumplieron los requisitos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional. La acción de tutela se presentó contra las sentencias del 13 de julio
de 2022 y del 31 de agosto de 2023 proferidas por el Juzgado Tercera
Administrativo de Quibdó y por el Tribunal Administrativo del Chocó,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
27001-33-33-003-2020-00250-00/01. En la primera providencia se accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Julia Yadira Halaby
Palomeque contra la autoridad accionada y la decisión fue confirmada en la
segunda providencia.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
Se revoca y se niega el amparo
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 31 de enero de 2024 la Superintendencia Nacional de Salud interpuso una
acción de tutela para obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso. Lo consideró vulnerado por las autoridades judiciales accionadas al
acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por la señora Julia Yadira Halaby Palomeque.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):
<< PRIMERO: TUTELAR y PROTEGER los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, en conexión
con los derechos a la defensa y contradicción, así como a cualquier otro derecho
fundamental o conexo que se demuestre como vulnerado por el Juzgado 3º
Administrativo del Circuito de Quibdó y el Tribunal Contencioso Administrativo del
Chocó.
SEGUNDO: REVOCAR y dejar sin valor y efecto las providencias de 13 de julio de
2022 del Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Quibdó, y del 31 de agosto de
2023, emitida por Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, dentro del Medio
de Control de Nulidad y restablecimiento del derecho, guiado con el radicado núm.
27001333300320200025000 y en consecuencia ordenarle al referido tribunal emitir
una nueva sentencia ajustada a derecho y declarando probadas las excepciones
propuestas por la Superintendencia Nacional de Salud.
TERCERO: Enviar el expediente a la Sala Plena de la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión, una vez se encuentre ejecutoriada su
decisión de conformidad con el artículo 86 y 241 numeral 9 de la Constitución
Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de
1991>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- La señora Julia Yadira Halaby Palomeque presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Superintendencia Nacional de Salud para
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que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 004891 del 10 de junio de 2020
y de la Resolución 013075 del 19 de noviembre de 2020, mediante las cuales se
ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, y la
intervención forzosa administrativa de la Nueva Empresa Social del Estado Hospital
San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó. En particular, cuestionó la decisión de
retirarla del cargo de gerente de la entidad intervenida sin derecho a una
indemnización por despido injusto.
3.2.- Mediante sentencia del 13 de julio de 2022 el Juzgado Tercero Administrativo
de Quibdó accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideró que,
al ordenarse la intervención forzosa administrativa y la posesión de los bienes,
haberes y negocios de la ESE, la Superintendencia Nacional de Salud tiene la
facultad de retirar a su representante legal sin previa indemnización y nombrar un
agente especial, siempre que se demuestren las razones del servicio y la justa
causa, dada la responsabilidad del representante legal en los hechos que dieron
lugar a la toma de posesión e intervención.
3.2.1.- Así, el juzgado advirtió que en este caso no se demostró que la demandante
fuera la responsable de los hechos que dieron lugar a la intervención y toma de
posesión de la ESE, pues fue nombrada en el cargo después de transcurrido el
periodo en el cual se presentaron los hallazgos que dieron lugar a la intervención,
por lo que no podía ordenarse su retiro sin derecho a una indemnización.
3.2.2.- Por lo tanto, en la parte resolutiva (i) declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, en particular, del artículo que ordena la separación
del cargo de la demandante sin lugar a una indemnización por despido injusto; y (ii)
ordenó el <<reconocimiento y pago de todos los salarios, prestaciones sociales y
demás emolumentos legales dejados de percibir en el periodo comprendido entre el
15 de abril de 2020, y el 31 de marzo de 2024, cuyo valor deberá ser indexado o
actualizado para cada periodo respectivo a la fecha de la sentencia>>.
3.3.- La Superintendencia Nacional de Salud apeló la decisión anterior. Cuestionó
que el juzgado hubiera confundido la indemnización por despido sin justa causa con
el pago de las acreencias laborales, y que no aclaró a qué entidad le correspondía
hacer el pago: si bien la Superintendencia ordenó la intervención, toma de posesión
y retiro de la demandante, ello obedeció al cumplimiento de sus deberes legales y
no a su condición de empleadora, la cual la detenta la ESE y que, por lo tanto, sería
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la llamada a responder. Por lo tanto, señaló que no se integró debidamente el
contradictorio y que habría lugar a decretar la nulidad de lo actuado. Agregó que su
actuación se ajustó a las competencias legales y a las exigencias del servicio que
requerían que se tomara una decisión expedita.
3.4.- El 31 de agosto de 2023 el Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia
de segunda instancia en la que confirmó la decisión del juzgado. El tribunal acogió
los argumentos de primera instancia y precisó que mediante sentencia C-1049 del
2000 la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del artículo 116 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero (Decreto Ley 663 de 1993, modificado por la Ley
510 de 1999), en virtud del cual la separación de los administradores de una entidad
vigiliada sujeta a intervención no genera indemnización alguna.
3.5.- Al respecto, la Corte Constitucional señaló que el retiro de los administradores
con ocasión de una toma de posesión solo se entiende realizado con justa causa si
aquellos fueron responsables de los hechos que dieron lugar a la intervención. En
caso contrario, deberá reconocerse la indemnización. Por último, señaló que la
Superintendencia demandada sí era la llamada a responder, pues fue la que expidió
los actos administrativos cuestionados y asumió la administración de la ESE
justamente en virtud de esas decisiones.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que las sentencias objeto de reproche vulneraron su
derecho fundamental al debido proceso porque incurrieron en (i) un defecto
sustantivo y (ii) un defecto procedimental, que fueron sustentados de forma
conjunta, así:
4.1.- Afirma que se vulneró el principio de congruencia porque no hay
correspondencia entre los argumentos planteados en la demanda y lo resuelto en
las sentencias accionadas: en la demanda ordinaria se solicitó el <<reconocimiento
y pago de los perjuicios derivados de la interrupción brusca y sin justa causa del
periodo legal del cargo…>>, mientras que en la sentencia de primera instancia se
declaró la nulidad de los actos demandados, pero no se ordenó el reconocimiento
de los perjuicios, sino el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos legales dejados de percibir. El tribunal confirmó esa decisión, con la
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precisión de que la condena obedecía un restablecimiento del derecho y consideró
que este le correspondía a la Superintendencia Nacional de Salud.
4.2.- A juicio de la accionante, las providencias accionadas atentan contra el debido
proceso porque (i) la Superintendencia no tiene una relación laboral con la señora
Julia Yadira Halaby Palomeque; (ii) esa autoridad solo debe responder por los
actos, hechos u operaciones administrativas a su cargo, pero no como empleador
de una persona que no está en su nómina, pero sí en la de una entidad vigilada, por
lo que los derechos y prestaciones de esa naturaleza le corresponden a la ESE; (iii)
la Superintendencia no es superior jerárquica de las ESE, incluso si asume su
intervención administrativa, pues sus funciones se limitan a la inspección, vigilancia
y control, sumado a que los gastos que se generan en el proceso de intervención
deben ser asumidos por la entidad vigilada; (iv) la condena incluyó el pago de unos
perjuicios futuros e inciertos, como lo son los salarios que no se percibieron y que
constituyen una mera expectativa de la demandante; (v) lo anterior constituye un
detrimento al patrimonio público según la Ley 610 de 2000, pues se trata de una
condena desproporcionada y que incluye rubros que no fueron causados; y (vi) lo
procedente era que se reintegrara a la demandante en el cargo, máxime cuando el
periodo para el cual fue nombrada no ha terminado
4.3.- Indica que las sentencias accionadas son contrarias a derecho porque se
fundamentan en una relación laboral inexistente: no existe un vínculo laboral entre
la señora Julia Yadira Halaby Palomeque y la Superintendencia Nacional de Salud,
sino una relación legal y reglamentaria entre aquella y la ESE. Por lo tanto, no es
posible ni material ni jurídicamente que a una relación legal y reglamentaria se le
apliquen las consecuencias del despido sin justa causa propias del contrato laboral
privado, máxime si las razones del retiro no obedecen a un propósito laboral sino al
ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.
4.4.- Además, reprocha que las autoridades judiciales aplicaran criterios propios de
un contrato laboral privado, a pesar de que la demandante en el proceso ordinario
tenía la calidad de servidora pública. Así las cosas, si bien el artículo 116 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es aplicable, por remisión, a los procesos
de intervención de las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de
Salud, lo cierto es que esa norma debe entenderse en un contexto de relaciones de
derecho privado, comercial y financiero, por lo que su aplicación al sector de la salud
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debe readecuarse al marco regulatorio de este, en particular si las entidades
vigiladas son de carácter público y manejan recursos parafiscales.
4.5.- Igualmente señala que las providencias accionadas no tuvieron en cuenta la
prevalencia del interés general, como es la debida prestación del servicio público de
salud, y que fue lo que motivó la toma de posesión de la ESE. En cambio, las
decisiones adoptadas en el proceso ordinario favorecen el interés particular de la
señora Julia Yadira Halaby Palomeque.
4.6.- Frente a ello, aclara que, según el marco constitucional y legal1, a la
Superintendencia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control en el
sector de la salud y por ese mandato expidió los actos administrativos demandados
en el proceso ordinario, que procuraban la toma de posesión de una entidad vigilada
para salvaguardar la prestación del servicio y el manejo de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
4.7.- Bajo ese entendido, una de las consecuencias de la intervención administrativa
es el retiro de los directivos de la entidad, pues ello es necesario para lograr los
objetivos de esa medida: de lo contrario sería imposible que la Superintendencia
ejerciera sus funciones y se quedaría sin herramientas para velar por el interés
general. Además, ese retiro opera por mandato legal y no por discrecionalidad de la
Superintendencia, y es en virtud de la misma ley (artículo 116 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero) que la indemnización no es procedente.
4.8.- Como complemento de lo anterior, sostuvo que la decisión de nombrar a un
agente interventor estuvo justificada, pues se requería que un profesional experto e
imparcial asumiera la administración de la entidad y que aquel estuviera en
capacidad de informar a la Superintendencia si la ESE puede o no desarrollar su
objeto2. Esa labor no podía ser realizada por la señora Julia Yadira Halaby
Palomeque, pues carece de los conocimientos técnicos y la experticia requerida en
los procesos de intervención administrativa y porque su imparcialidad está en duda,
1 En concreto, invoca los artículos, 48, 49, 189 numeral 24 y 365 de la Constitución Política, el artículo 1 del
Decreto 788 de 1998, el inciso quinto del artículo 68 de la Ley 715 de 2001, los artículos 2.5.5.1.1 y 2.5.5.1.9
del Decreto 780 de 2016, los artículos 22 y 23 de la Ley 510 de 1999, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de
2011, el artículo 68 la Ley 1753 de 2015, el Decreto Ley 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
la Ley 795 de 2003 y el Decreto 2555 de 2010.
2 Al respecto, puso de presente los requisitos para ser un liquidador, según el artículo 295 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, y los requisitos para conformar la lista de agentes especiales de la Superintendencia
Nacional de Salud, dispuestos en la Resolución 002599 de 2016 de esa entidad.
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pues según informan algunos medios de comunicación, su nombramiento como
gerente de la ESE intervenida obedeció a razones políticas.
4.9.- Por otra parte, alega que no se aplicó debidamente la sentencia C-1049 de
2000 de la Corte Constitucional, pues en la providencia no se precisó cuál era la
entidad legitimada para responder por las indemnizaciones en casos de despidos
sin justa causa; y, adicionalmente, en esa decisión no se estudió la procedencia del
pago de acreencias laborales, que es un concepto distinto al de la indemnización.
Así, reiteró que el pago de las acreencias laborales le corresponde al empleador en
virtud de su relación laboral, mientras que la Superintendencia solo está llamada a
responder por la indemnización o restablecimiento del derecho (no laborales) que
se genere por la nulidad de un acto administrativo, de un hecho u omisión, o de una
operación administrativa.
4.10.- También señala que las autoridades judiciales accionadas fraccionaron
indebidamente el acto administrativo que ordenó la toma de posesión. Al declararse
la nulidad parcial del acto, este fue indebidamente fraccionado y se desconoció su
naturaleza institucional de ejercicio de una función de inspección, vigilancia en
control, que la entidad debe ejercer debido a la situación especial que se presenta.
En cambio, se le dio un entendimiento parcial de naturaleza laboral que le es ajena,
desatendiendo las razones de interés general que lo motivan.
4.11.- Afirma que la demanda ordinaria es inepta por indebida acumulación de
pretensiones, pues no se advirtió lo previsto en el artículo 88 del CGP. Lo anterior,
por cuanto lo que se pretendió en la demanda fue (i) la nulidad parcial de un acto
administrativo, lo cual obedece al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, (ii) el reconocimiento de una relación laboral con la Superintendencia, que
según el artículo 104 del CPACA le corresponde a la jurisdicción ordinaria,
especialidad laboral; y (iii) una indemnización de perjuicios, lo cual debió solicitarse
por medio de una demanda de reparación directa.
4.12.- Finalmente, reprocha una inobservancia de las normas de carácter
presupuestal porque la Superintendencia Nacional de Salud no tiene la obligación
de asumir pagos de los trabajadores de las entidades que vigila, pues estas últimas
gozan de autonomía presupuestal y financiera. Sustenta lo anterior en el artículo
110 del Decreto Ley 111 de 1996 que compila normas del Estatuto Orgánico del
Presupuesto, así como en el artículo 18 de la misma norma, según el cual el
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presupuesto se rige por el principio de especialización: la que asume las
obligaciones laborales es la ESE, por lo que estas no son oponibles a la
Superintendencia y los recursos de esta última deben destinarse al cumplimiento de
sus funciones específicas y no a asumir cargas laborales propias del giro ordinario
de las entidades vigiladas.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- A través de apoderado judicial, la señora Julia Yadira Halaby Palomeque (tercero
con interés) solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Señaló
que la acción de tutela no constituye una tercera instancia y que lo pretendido por
la autoridad accionante es que se estudien de nuevo argumentos que planteó o
debió plantear en el proceso ordinario.
5.1.- Precisó que no se vulneró el principio de congruencia porque en la demanda
ordinaria se solicitó a título de indemnización el pago de los salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos legales dejados de percibir, lo cual fue lo resuelto
en el proceso ordinario. Aclaró que no se solicitó el reintegro al cargo, el cual no era
procedente dada la medida de intervención administrativa.
5.2.- Señaló también que la Superintendencia accionante fue la que ordenó el retiro
de su cargo sin previa indemnización, por lo que, en virtud de ese acto
administrativo, asumió una potestad propia del empleador y le corresponde asumir
los perjuicios que cause, según lo señalado en la sentencia C-1049 de 2000.
5.3.- Indicó que no cuestiona el ejercicio de las facultades de la Superintendencia y
la potestad de intervenir a las entidades vigiladas e incluso ordenar el retiro de los
administradores. Lo que reprocha es que se haya dispuesto que no tenía derecho
a una indemnización, a pesar de que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos
que dieron lugar a la intervención, pues estos ocurrieron antes de que fuera
nombrada y posesionada en el cargo.
5.4.- En ese orden de ideas, sería inconstitucional que se le separara del cargo sin
lugar a una indemnización, pues la Corte Constitucional se pronunció en ese sentido
en la sentencia mencionada. Ello justificó la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados por desconocimiento de las normas superiores,
indebida aplicación de las disposiciones vigentes y falsa motivación.
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5.5.- Cuestiona lo alegado en la tutela frente a los supuestos motivos políticos que
fundamentaron su nombramiento en el cargo, lo cual, en últimas, pone de presente
que las razones de la Superintendencia se basan en diferencias políticas y no
jurídicas, máxime si su hoja de vida demuestra que cuenta con las calidades para
ocupar el cargo de gerente de la ESE y los hallazgos que dieron lugar a la toma de
posesión, insiste, no le son atribuibles.
5.6.- Por otro lado, sostuvo que no hubo un supuesto fraccionamiento del acto
administrativo ni se procuró poner en peligro la prestación del servicio de salud. Lo
que se cuestionó en la demanda fue únicamente que el retiro del cargo se hiciera
sin la indemnización de perjuicios.
5.7.- Aclaró que en su caso no procedería la demanda de reparación directa, pues
lo que está cuestionando es la legalidad de una decisión prevista en un acto
administrativo expedido por la Superintendencia. Así, lo que pretende la accionante
es confundir a las autoridades judiciales por el solo hecho de que en la demanda se
solicitó el pago de perjuicios y que, a su juicio, ello obedece a una acción de
reparación directa.
5.8.- Finalmente, señaló que tampoco es de recibo el argumento según el cual el
pago de salarios y prestaciones laborales por una relación laboral debían ventilarse
ante la jurisdicción ordinaria. Por el contrario, el juez de lo contencioso
administrativo sí es competente porque lo que se cuestiona es la legalidad de un
acto administrativo mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
dado un retiro del cargo en contra de lo establecido por la jurisprudencia
constitucional. Ello, además, no implica un desconocimiento de las normas en
materia presupuestal.
6.- El Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó (accionado) aportó copia digital del
expediente ordinario, pero guardó silencio frente a los hechos y pretensiones de la
solicitud de amparo.
7.- El Tribunal Administrativo del Chocó (accionados) fue debidamente notificado;
no obstante, guardó silencio.
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E. Sentencia impugnada
8.- Mediante sentencia del 14 de marzo de 2024 la Sección Quinta de esta
Corporación declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
8.1.- En cuanto al cargo por violación al principio de congruencia, sostuvo que según
la jurisprudencia de esta Corporación3, es un supuesto que se enmarca en la causal
5ª del artículo 250 del CPACA, que se refiere a la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por existir <<nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación>>.
8.2.- En consecuencia, el juez de tutela de primera instancia consideró que el
recurso extraordinario de revisión resultaba ser el mecanismo idóneo y eficaz para
plantear el reparo de falta de congruencia, más aún cuando no se alegó ni demostró
un perjuicio irremediable.
8.3.- En cuanto a los demás cargos planteados en el escrito de tutela, declaró la
improcedencia por falta de relevancia constitucional porque se trata de reparos
meramente legales y económicos que ya fueron debatidos en sede judicial ordinaria.
Advirtió que lo que pretendió la accionante fue cuestionar una decisión
desfavorable, de forma que el juez constitucional asumiera funciones que no le son
propias, por un simple desacuerdo con lo resuelto en el proceso ordinario.
F. Impugnación
9.- La autoridad accionante impugnó la anterior decisión. Centró su impugnación en
que la revisión extraordinaria no procede porque lo alegado en el escrito de tutela
no se enmarca en ninguna de las causales de ese recurso extraordinario, por lo que
la tutela es el único mecanismo de protección. Además, a su juicio sí se estaría
causando un perjuicio irremediable.
3 El juez constitucional de primera instancia citó la providencia del 2 de febrero de 2016 proferida por la Sala
Veintidós Especial de Decisión de esta Corporación, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro dentro
del expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00.
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II. CONSIDERACIONES
10.- La Sala revocará la decisión de primera instancia porque considera que el cargo
de falta de congruencia planteado en el escrito de tutela no se enmarca en la causal
5ª del recurso extraordinario de revisión, según lo dispuesto en el artículo 250 del
CPACA. En efecto, el criterio pacífico de la Sala es que la nulidad a la cual se refiere
la causal 5ª de revisión remite a las causales de nulidades procesales taxativas
listadas en el artículo 133 del CGP, dentro de las cuales no se incluye la falta de
congruencia del fallo4.
10.1.- Por lo tanto, el análisis de la Sala se centrará solamente en ese cargo, por
ser el único que se cuestionó en el recurso de impugnación, por lo que se entiende
que la accionante acepta lo resuelto frente a los demás reparos.
10.2.- También se aclara que la Sala únicamente se pronunciará frente a la
sentencia accionada de segunda instancia, en cuanto a que los reparos que
pudieran existir frente a la sentencia de primera instancia pudieron ser debatidos en
el recurso de apelación y puesto que aquella fue la que puso fin a la controversia.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela
11.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) la accionante identificó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es
constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración del derecho al debido
proceso por una violación al principio de congruencia en el fallo de segunda
instancia, sin que existieran otras oportunidades procesales para alegarlo; (iii) se
encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque la accionante utilizó todos
los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos y contra
la providencia atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en
un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se
notificó el 12 de septiembre de 2023 y la tutela se presentó el 31 de enero de 2024,
es decir, dentro del término de 6 meses precisado tanto por esta Corporación5 como
4 Ver, entre otras, la sentencia de tutela del 16 de julio de 2020 (11001-03-15-000-2020-00320-01, M.P. Alberto
Montaña y la sentencia de tutela del 18 de abril de 2022 (11001-03-15-000-2021-11018-01).
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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por la Corte Constitucional 6; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de
tutela.
H. La autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto sustantivo ni
procedimental por desconocimiento del principio de congruencia
12.- La accionante sostiene que el fallo accionado es incongruente porque lo
solicitado en la demanda fue una indemnización de perjuicios, mientras que lo
reconocido en el proceso ordinario obedeció al pago de acreencias laborales.
12.1.- La Sala advierte que en la demanda ordinaria la accionante solicitó la nulidad
parcial de los actos administrativos en lo referente a la orden de retirarla del cargo
sin previa indemnización y por lo tanto pretendió:
<<TERCERO: A título de restablecimiento o reparación del daño se ordene a la
Superintendencia Nacional de Salud, el reconocimiento y pago de los perjuicios
derivados de la interrupción brusca y sin justa causa del periodo legal del cargo,
comprendido entre 15 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2024.
En consecuencia, a título de indemnización se paguen todos los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos legales dejados de percibir en el
periodo comprendido entre 15 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2024, atendiendo
el salario mensual de SIETE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETENTA Y SIETE PESOS ($7.385.077) M/TE, ingreso que solicitamos sea
indexado o actualizado para cada periodo respectivo a la fecha de la sentencia>>
(subraya la Sala).
12.2.- Por otro lado, el artículo 138 del CPACA define el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho como aquel que puede presentar toda persona
contra un acto administrativo particular para que se declare su nulidad, se le
restablezca el derecho y/o <<se le repare el daño>> sufrido.
12.3.- Como se advierte de la redacción textual de la norma, la indemnización de
perjuicios no es una pretensión exclusiva a la reparación directa, sino que también
es procedente en las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo
anterior, siempre que la causa del daño sea un acto administrativo cuya nulidad se
alega y ante la cual no cabría únicamente restablecer un derecho, sino también
reparar un daño antijurídico.
6 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00452-01
Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
Se revoca y se niega el amparo
12.4.- Por lo tanto, en nada afecta la congruencia de la sentencia ni el medio de
control empleado el hecho de que en la demanda se solicite una indemnización de
un daño a raíz de un acto administrativo cuya nulidad se alega y que esta sea
reconocida en la sentencia: el fallo fue congruente porque se pronunció frente a lo
solicitado, esto es, el pago de una indemnización de perjuicios.
12.5.- Otra cosa es que la indemnización de perjuicios, según lo alegado y
demostrado en el proceso, coincida con el pago de unas acreencias laborales
dejadas de percibir, cuyo reconocimiento de ninguna forma implica una declaración
de un vínculo laboral con la accionante, sino son la consecuencia de la anulación
de un acto administrativo que expidió aquella.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: RECONÓZCASE personería al abogado Leyson Manuel Mosquera
Ramos, portador de la tarjeta profesional No. 198.782 del Consejo Superior de la
Judicatura, para representar los intereses de la señora Julia Yadira Halaby
Palomeque vinculada a este proceso como tercero con interés, en los términos del
poder especial que obra a índice 00016 de SAMAI.
SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación que declaró la improcedencia de la acción de
tutela frente al cargo de violación al principio de congruencia del fallo. En su lugar,
NIÉGASE la solicitud de amparo frente a ese reproche y CONFÍRMASE la
sentencia impugnada en todo lo demás.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00452-01
Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
Se revoca y se niega el amparo
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página Web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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