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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11188-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11188-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11188-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

10 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11188-00
Demandante: William García Aguirre

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11188-00
Demandante: WILLIAM GARCÍA AGUIRRE
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Acción de tutela – solicitud corrección antecedentes
disciplinarios

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor
William García Aguirre contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones

El señor William García Aguirre ejerció acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la honra, al buen nombre, al trabajo y de
petición. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Solicito a los honorables magistrados que consecuente con sus fallos, C-1066 de
2002, el C- 290 de 2008 ponga fin al actuar temerario de la Comisión Nacional de
disciplina Judicial para evitar que se siga violando mis derechos fundamentales.”

2. Hechos:

Del confuso escrito de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El señor William García Aguirre manifestó que, en sentencia del 18 de marzo de
2015, proferida en el proceso disciplinario con radicado 2014-00055-00, fue
sancionado con exclusión temporal del ejercicio de la profesión y multa
equivalente a 10 SMLMV, sanción que empezó a regir desde el 19 de mayo de
2015.

El actor afirmó que, mediante sentencia del 25 de agosto de 2020, proferida por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas y en cumplimiento de la Ley
1123 de 2007, se ordenó registrar rehabilitación por cumplimiento de la sanción, a
partir del 2 de septiembre de 2020.

Sostuvo que, a la fecha de interposición de la presente solicitud de amparo, aún
no ha sido corregido el certificado de antecedentes disciplinarios, razón por la que
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11188-00
Demandante: William García Aguirre

presentó distintas peticiones 1 ante el Consejo Superior de la Judicatura, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Procuraduría General de la Nación,
con la finalidad de que corrijan el certificado de antecedentes disciplinarios, pues,
afirma, de continuar con dicha anotación se estaría en presencia de una violación
del derecho de habeas data.

3. Argumentos de la tutela

El demandante manifestó que como ya se cumplió el término de la sanción que se
le impuso, la misma ya se extinguió y, por lo tanto, lo procedente es que la
anotación desaparezca del certificado de antecedentes disciplinarios porque el
hecho de que esta anotación persista repercute directamente en el desarrollo de
su profesión.

4. Trámite previo

Mediante auto del 10 de diciembre de 2021, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las partes, a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia-, como terceros interesados en los resultados de la presente acción,
a quienes se les remitió copia de la demanda.
5. Oposiciones
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Caldas guardaron silencio.

6. Intervenciones

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura relató lo sucedido en el caso del actor y
puntualizó que, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1123 de 2007, artículo
47 (Código Disciplinario del Abogado), una vez la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial remite copia del fallo disciplinario con constancia de ejecutoria, procede a
registrar la fecha en que inicia la sanción disciplinaria impuesta a los profesionales
del derecho.

Señaló que, en el caso del señor García Aguirre, la secretaría judicial de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial le remitió la sentencia proferida en el
proceso disciplinario Núm. 2014-00055-01, junto con la constancia secretarial de
ejecutoria de 6 de mayo de 2015, en la que se ordenó el registro de la sanción de
exclusión del ejercicio de la profesión.

Precisó que, por orden de la sentencia del 25 de agosto de 2020, proferida por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, registró la rehabilitación del
actor con la finalidad de permitir el ejercicio normal de su profesión, dicha
rehabilitación empezó a regir a partir del 2 de septiembre de 2020.

Afirmó que lo anterior fue notificado al actor y, además, se le informó que esa
Unidad no tiene competencia para corregir los antecedentes disciplinarios de los
1 Pese a que este hecho es referido tanto por el actor como en las contestaciones de la acción de tutela, la

Sala destaca que en el expediente no obra copia de dichas solicitudes .

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Demandante: William García Aguirre

abogados, razón por la que le comunicó a la Comisión Nacional de Disciplinaria
Judicial, para que procediera con la actualización del sistema de certificaciones de
antecedentes disciplinarios que son consultados y generados a través de la
página web de la Rama Judicial.

Finalmente indicó que esa entidad no vulneró los derechos invocados por el actor
dado que su competencia se limitó al registro de las sanciones, razón por la que
solicitó ser desvinculada de la acción de tutela de la referencia.

La Procuraduría General de la Nación afirmó que dentro de su organización el
Grupo SIRI es el encargado de registrar las decisiones y demás reportes que
cuenten con funciones de carácter disciplinario, administrativo o judicial, pues con
base en esto se da el soporte de los certificados de antecedentes de carácter
ordinario y especial a las personas naturales y jurídicas.

Señaló que, en virtud del artículo 174 de la ley 734 de 2002, la certificación de
antecedentes siempre deberá contener las anotaciones de providencias
ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición, situación
que fue acogida por la Corte Constitucional en la sentencia C-1066/02 de
diciembre 3 de 2002, en la que se declaró ajustado a derecho el mencionado
artículo.

Manifestó que, en el caso del actor, en atención a la orden de la sentencia del 25
de agosto de 2020, registró en el SIRI la rehabilitación del actor y, como
consecuencia, se actualizó el certificado de antecedentes, bajo el radicado núm.
100115903, es decir, en la actualidad no aparece anotación alguna por cuenta del
proceso de exclusión de la profesión y añadió que esa información puede ser
consultada en la página web www.procuraduria.gov.co en la opción de certificado
de antecedentes disciplinarios.

Por lo anterior, pidió que se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo
toda vez que no se han vulnerado los derechos fundamentales del actor, dado
que, a la fecha, el certificado de antecedentes disciplinarios se encuentra
actualizado sin sanciones ni inhabilidades vigentes, de acuerdo con la información
recibida por parte de las autoridades competentes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

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Demandante: William García Aguirre

Caso concreto

La Sala anticipa que declarará carencia actual de objeto por hecho superado por
las siguientes razones:

En el sub examine, el señor William García Aguirre solicitó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la honra, al buen nombre, al trabajo
y de petición, que estimó vulnerados por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.

De la lectura del expediente se observa que el señor García Aguirre fue
sancionado con exclusión de la profesión desde el año 2015, sin embargo, en
sentencia del 2020 se ordenó la anotación de su rehabilitación por cumplimiento
de la sanción.

La Sala evidencia que, con ocasión a la presentación de la solicitud de amparo 2,
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante Certificado de Vigencia Núm.
618087, indicó:

“Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo
85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le
corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el
Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta
Profesional, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley.

En atención a las citadas disposiciones legales y una vez revisado los registros
que contienen nuestra base de datos se constató que el (la) señor(a) WILLIAM
GARCIA AGUIRRE, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No.
10263715., registra la siguiente información.

VIGENCIA

Observaciones:

Se expide la presente certificación, a los 16 días del mes de diciembre de
2021.”

Adicional a lo anterior la Sala encuentra que la Procuraduría General de la Nación
realizó las anotaciones necesarias para la rehabilitación del actor en el SIRI con
registro Núm. 100115903, como prueba de esto aportó certificado de
antecedentes con fecha del 15 de diciembre de 2021 en el que se evidenció:

2 solicitud radicada en abril de 2021 mediante correo electrónico ante la Corte Constitucional.

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Demandante: William García Aguirre

Ahora, el demandante aseguró que la entidad demandada vulneró los derechos
invocados dado que cuando interpuso la solicitud de amparo, en el certificado de
antecedentes disciplinarios aun aparecía la sanción impuesta, pese a que ya
existía decisión en la que se ordenaba su rehabilitación lo cual afectaba
gravemente su desarrollo profesional.

Por lo anterior, el señor García Aguirre solicitó que en su caso se dé aplicación a
las sentencias C-1066 de 2002 y C- 290 de 2008.

La Sala destaca que en la sentencia C-1066 de 2002 la Corte Constitucional
declaró exequible el artículo 174 de la ley 734 de 2002, en el que se fijó que el
término por el que debe permanecer visible el registro de una sanción en el
certificado de antecedentes disciplinarios, es de cinco (5) años contados desde la
ejecutoria de la providencia que impone la sanción.

Por su parte en la C-290 de 2008 la Corte Constitucional declaró exequible el
artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 (código disciplinario) que hace referencia a las
sanciones disciplinarias.

Debido a lo anterior, infiere la Sala que lo pretendido por el actor al solicitar la
aplicación de las referidas sentencias en su caso, es que se ordene a la entidad
demandada que por el cumplimiento de la sanción y al haber transcurrido más de
cinco (5) años desde la ejecutoria de la decisión que se la impuso, se ordene la

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corrección de su certificado de antecedentes, donde conste que a la fecha no
registra sanciones, ni inhabilidades vigentes.

Sin embargo, de lo anterior, quedó probado que, con ocasión a la presentación
de la solicitud de amparo, las entidades competentes ya efectuaron la corrección
del certificado de antecedentes y, a la fecha, se encuentra sin sanciones
vigentes, es decir, que la pretensión de la solicitud de amparo interpuesta por el
actor se encuentra satisfecha y, en esa medida, la Sala concluye que se está en
presencia de carencia actual de objeto por hecho superado.

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por
hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es
decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo
frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada
jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de
objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado 3. En lo que
aquí interesa, hay que decir que el hecho superado exige que la pretensión de
tutela se satisfaga sin que medie orden judicial.

Por lo tanto, la Sala declarará carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

3 Ver,
entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado
Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.

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