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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05467-01

Fecha
9 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05467-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 28 de noviembre de 2024, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05467-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

9 de abril de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05467-01
Demandante: WILLIAM GARCIA AGUIRRE

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C. nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05467-01
Demandante: WILLIAM GARCIA AGUIRRE
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Solicitud de anonimización de datos
en el aplicativo de consulta de procesos nacional unificada de la
página web Rama Judicial. Derechos fundamentales al buen nombre,
a la honra y al habeas data

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante, contra la sentencia de 28 de noviembre de 2024,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que denegó el amparo
solicitado1.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de octubre de 2024, el señor William García Aguirre, quien actúa en nombre
propio, instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra
y de habeas data.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que en su calidad de alimentadores de la
información de procesos disciplinarios de esa entidad ORDENE la ANONIMIZACIÓN
de todos lo procesos DISCIPLINARIOS de su competencia que reposan en la página
web de la RAMA JUDICIAL SIGLO XXI. (Administrados por CENDOJ Y DEAJ) y
alimentados por la COMISIÓN NACIONAL DE LA DISCILINA JUDICIAL, por ser, a la
fecha, información obsoleta, que cumplió con sus fines de publicidad y debido proceso,
y que en concepto de la CORTE CONSTITUCIONAL esta información actualmente
viola el principio de Temporalidad pues a la fecha supera con creces más de cinco (5)
años el dato del titular (tutelante en este caso).

Igualmente también el fallo de tutela de segunda instancia dentro del radicado
110010315002021118801. del Consejo de Estado M.P ROCIO ARAUJO OÑATE que
DISPUSO:” Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes actualice el certificado de antecedentes
disciplinarios del señor William García Aguirre y en consecuencia suprima la sanción
de exclusión de la profesión y multa…” tutelando con esto, también, el Derecho
Fundamental al Habeas del que se pronunció. Y viola también sentencia de la Corte

1
En el presente trámite, el día 18 de marzo de 2025 se presentó una manifestación conjunta de impedimento
por parte de los Consejeros Wilson Ramos Girón, Milton Chaves García y Myriam Stella Gutiérrez Argüello, que
se declaró infundado por auto de 1 de abril de 2025.
1

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05467-01
Demandante: WILLIAM GARCIA AGUIRRE

Constitucional que en fallo T-398 DE 2023 que ordenó la anonimización de un proceso
“En atención a los principios de necesidad, utilidad, circulación restringida que rige la
administración de la información de la base de datos “con lo que se vulneró el habeas
data y el buen nombre con información por más de 14 años publicada. Y a si mismo la
CIRCULAR INTERNA No 10 de 2022 de la CORTE CONSTITUCIONAL DE
COLOMBIA que reglamentó la ANONIMIZACIÓN DE NOMBRES.

SEGUNDO: Que consecuente con lo anterior prevenga a la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL Y EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. para que
en lo sucesivo y respecto a la publicidad de los procesos disciplinarios de su
competencia se ciña al fallo del Consejo de Estado, a la CIRCULAR INTERNA No 10
de 2022 de la CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA sobre la ANONIMIZACIÓN
DE NOMBRES en especial: al derecho fundamental del habeas data y de acceso a la
información el cual considero vulnerado por la COMISIÓN NACIONAL DE DISICPLINA
JUDICIAL toda vez que a la fecha y en oposición el numeral 3º la circular descrita que
manifiesta en el RESUELVE: “ Cuando se puede poner en riesgo el derecho a la vida
e integridad personal o el derecho a la intimidad personal o familiar”.

2. Hechos

El accionante afirmó que, desde el mes de marzo del año 2024 presentó petición
ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la que solicitó el cumplimiento
del fallo n.° 11001-03-15-000-2021-11188-00, que tuteló el derecho fundamental al
habeas data y ordenó “la actualización de la base de datos entre otros, se
anonimizara los procesos disciplinarios que figuran en el portal consulta de procesos
nacional unificada”.

Precisó que las anotaciones en la consulta de procesos se convierten en registro de
antecedentes disciplinarios, circunstancia que desconoce su derecho fundamental
al habeas data. Puso de presente que la citada base de datos es alimentada por la
autoridad judicial demandada.

Explicó que planteó un incidente de desacato dentro del precitado trámite tutelar
pero aun cuando no comparte los motivos, el magistrado ponente decidió
abstenerse de dar inicio al mismo; sin embargo y al margen de lo anterior, consideró
que procede la anonimización no solo porque ya fue ordenado en tutela, sino porque
de mantener esos registros riñe con el derecho al olvido que es de índole
constitucional.

3. Fundamentos de la acción

El actor instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
cuya interposición justificó en el hecho de que “el incidente de desacato que formulé
en el marco del trámite de tutela 2021-11188-01 no prosperó”, en tanto, considera,
la autoridad judicial accionada continúa vulnerando sus derechos fundamentales al
buen nombre, a la honra y al habeas data, por cuanto “no ANONIMIZO los procesos
en la página WEB SIGLO XXI de la rama judicial”, lo que, considera, se desprende
de la orden de tutela del fallo de tutela de 24 de marzo de 2022.

En su criterio, si bien con ocasión de la orden de tutela de 24 de marzo de 2022 la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial anuló las anotaciones de sus antecedentes
disciplinarios de su certificado, no lo hizo así frente a la información visible en el
aplicativo de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la página web Rama
Judicial, lo que, señala, perjudica su buen nombre “al tener un reporte negativo” por
los procesos disciplinarios en los que funge como disciplinado, pues, a su juicio,
“una vez que el abogado sancionado cumple su pena, se debe restituir a su estado
jurídico anterior a la misma”.

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Demandante: WILLIAM GARCIA AGUIRRE

Manifestó que los resultados del aplicativo de Consulta de Procesos Nacional
Unificada de la página web Rama Judicial “se convierten en verdaderos registros
pormenorizados de antecedentes disciplinarios”, constituyen una violación flagrante
al habeas data, y desconocen las sentencias C-290 de 2008 y T-398 de 2023,
proferidas por la Corte Constitucional.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

El secretario jurídico de la corporación rindió informe en el que solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto, indicó, el actor ya
había presentado una acción de tutela con los mismos hechos y similares
pretensiones, identificada con el radicado 11001-03-15-000-2021-11188-01, dentro
de la cual fue proferido el fallo de segunda instancia de 24 de marzo de 2022, por
parte de la Sección Quinta de esta Corporación, que amparó los derechos del actor,
por lo que se podría configurar la duplicidad de acciones.

Indicó que el 1° de abril de 2024, el actor presentó incidente de desacato tras
evidenciar que al buscar en la base de datos de Consulta de Procesos Nacional
Unificada de la Rama Judicial se visualizaban todos los procesos disciplinarios en
su contra, por lo que la Sección Cuarta, a través de auto de 8 de abril de 2024, le
solicitó que rindiera informe sobre el cumplimiento del fallo, en el que informó que
el actor indicó nuevos hechos y pretensiones a los conocidos por la sentencia de 24
de marzo de 2022, razón por la que la Sección Cuarta de esta Corporación, por auto
de 15 de mayo, se abstuvo de abrir el incidente de desacato.

Afirmó que, posteriormente, el actor radicó un nuevo incidente de desacato, al que
la Sección Cuarta de esta Corporación le dio apertura, tras encontrar que en un
certificado se evidenciaba el histórico de sanciones impuestas al actor. Adujo que,
como consecuencia de lo anterior, en el trámite informó que ya se habían
actualizado las certificaciones de sanciones vigentes y antecedentes disciplinarios
del actor, por lo que mediante auto de 11 de octubre de 2024, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró el cumplimiento de la orden del fallo de tutela de 24 de
marzo de 2022.

Concluyó que, dado lo anterior, en el caso no se ha vulnerado el derecho
fundamental al habeas data del actor, toda vez que actualmente no tiene sanciones
vigentes en su registro de antecedentes disciplinarios, tal y como se puede observar
en la página web y en el certificado correspondiente, expedido el 1° y 5 de
noviembre de 2024. Agregó que lo que se observa de la solicitud de la referencia
es la inconformidad del actor respecto de las decisiones proferidas por la Sección
Cuarta, dado que se limitó a contradecir los argumentos expuestos en la providencia
que resolvió el primer incidente de desacato presentado por él, con la finalidad de
reabrir un debate jurídico que ya hizo tránsito a cosa juzgada.

Por último, aclaró que no se pueden eliminar las anotaciones de sanciones o
inhabilidades cuando se deben certificar los antecedentes disciplinarios en los
cargos que exijan para su desempeño la ausencia de antecedentes, de conformidad
con los artículos 238 y 50 de la Ley 1952 de 2019 y 45 de la Ley 1123 de 2007.

4.2. Respuesta del Centro de Documentación Judicial, CENDOJ

La directora de la entidad rindió informe en el que solicitó que se negara el amparo
solicitado, en tanto, sostuvo, no ha vulnerado los derechos invocados por el actor.

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Demandante: WILLIAM GARCIA AGUIRRE

Señaló que la información publicada en el sistema de Consulta de Procesos
Nacional Unificada de la página web de la Rama Judicial es un reflejo de lo incluido
directamente por los despachos y corporaciones judiciales, por lo que el
ocultamiento y/o modificación de la información de las partes corresponde
exclusivamente a cada dependencia.

Adujo que la consulta de procesos del Sistema Justicia Siglo XXI es un registro de
actuaciones judiciales que tiene como finalidad dar publicidad y facilitar la consulta
de los procesos a los usuarios de la administración de justicia, lo que no constituye
un registro de antecedentes penales y/o disciplinarios, pues únicamente las
condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen calidad de
antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales, de
conformidad con los artículos 228 y 248 de la Constitución de Política y 2 y 7 de la
Ley 1712 de 2014.

Finalmente, trajo a colación la sentencia de 15 de marzo de 2023, proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte de Suprema de Justicia, identificada con el
radicado 61472, SP081-202312, en la que se estableció que “el CENDOJ no tiene
usuario, permisos, facultad, ni competencia para registrar, diligenciar o modificar
información en el sistema de gestión procesal en la consulta de procesos nacional
unificada”, aspecto que se señaló además de indicar la necesidad de recurrir en
primera instancia a los entes judiciales, es decir, el agotamiento previo de todos los
medios de defensa”.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de sentencia de 28 de
noviembre de 2024, resolvió:

“PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia (…)”.

En primer lugar, descartó la configuración de la duplicidad de acciones, en tanto,
adujo, no se encuentra demostrada la triple identidad entre la solicitud de amparo
de la referencia y la acción de tutela identificada con el número único de radicación
2021-11188-01, pues el objeto de aquella estaba relacionado con la actualización
del certificado de los antecedentes disciplinarios del mismo, mientras que la
presente hace referencia a los datos que se consignan en los procesos disciplinarios
en los que el actor funge como parte en la página web de consulta de procesos de
la rama judicial, por lo que son diferentes.

Posteriormente, tras hacer amplia referencia al derecho de habeas data, sostuvo
que el derecho supuestamente conculcado no se vulneró, en tanto en la solicitud el
actor no individualizó los expedientes en los que se vulnera esa garantía individual,
con su número de radicado, para que fuera posible determinar cuál era la presunta
afectación de sus derechos fundamentales. Añadió que el simple hecho de
manifestar que estos debían ser anonimizados no los hace ostentar calidad de
reserva legal o de información confidencial.

Indicó que la Rama Judicial tiene a su cargo la administración de justicia, la cual es
una función pública de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política,
por lo que sus actuaciones deben ser “públicas y permanentes con las excepciones
que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial” y que, de
conformidad con los artículos 5 y 7 de la Ley 1712 de 2014, al ser una de las ramas
del poder público, tiene la obligación de tener a disposición de las personas
interesadas la información a través de medios físicos, remotos o locales de
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comunicación electrónica y en la web de forma actualizada, lo cual realiza a través
de la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, en la que se
puede acceder a la información sobre los procesos judiciales respecto de las partes,
las actuaciones y sus números únicos de identificación, la cual no está sujeta a
ningún tipo de reserva, confidencialidad o censura.

Añadió que, en cuanto a la información reservada o limitada, la Ley 1712 de 2014
establece que la anonimización de cualquier tipo de información solo puede ser
llevada a cabo por disposición constitucional o legal, lo cual no es el caso de los
procesos judiciales en la página web de consulta de procesos, máxime si no se
evidencia que el actor haya realizado su solicitud directamente a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

Finalmente, resaltó que, de forma general, los procesos disciplinarios no contienen
información sensible, sobre los cuales se discutan delitos contra la vida, la libertad,
la salud, los derechos sexuales o reproductivos ni contra sujetos de especial
protección, como tampoco sobres aspectos íntimos de la vida del actor de los cuales
se puede predicar su reserva.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en escrito en el que
reiteró íntegramente los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

Agregó que si bien no individualizó los procesos en los que fungió como parte, “el
juez a quo tuvo pleno conocimiento de los mismos, como es su deber funcional, es
más inicialmente pensé que de oficio se ordenaría una copia de cada proceso de la
página siglo XXI de la rama judicial”, y añadió que “no puede decir el juez de primera
instancia que el actor, que si nombró los procesos, es sólo el responsable de
evidenciarlos ante el juez, no, la labor del juez es buscar la verdad procesal y es por
eso que como director del proceso está facultado para encontrar esa verdad”.

Así mismo, sostuvo que es usual que la autoridad judicial demandada para
desconocer los argumentos expresados en el numeral primero de la sentencia C-
290 de 2008, afirme que las anotaciones de la página web no contienen un reporte
negativo para el accionante, lo que, señala, “a todas luces no sólo riñe con las lógica
humana, sino con la hermenéutica jurídica pues cualquier persona, aún sin
conocimiento jurídico, determinaría que si un abogado presenta un registro
pormenorizado y actualizado de sanciones disciplinarias en la página WEB de la
Rama Judicial con total descripción de las mismas actuaciones actualizadas a
tiempo presente, obedece a que no tiene un buen nombre, ni goza de status alguno,
ni se le ha aplicado el derecho al olvido, ni ha sido restituido a su status jurídico o
prestigio social antes de proferirse la decisión sancionatoria. Lo que el derecho al
olvido de estirpe constitucional del que refiere la CORTE CONSTITUCIONAL que
impide la prescripción de las penas y convierte las sanciones en imprescriptibles”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
debe revocar la sentencia de 28 de noviembre de 2024, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la que denegó el amparo solicitado, por cuanto
la falta de anonimización del nombre del actor en los resultados del aplicativo de
Consulta de Procesos Nacional Unificada de la página web Rama Judicial, perjudica
su buen nombre y constituye una vulneración del derecho al habeas data.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

4. Derecho fundamental al habeas data

La Constitución Política establece en su artículo 15 que “todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la
recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás
garantías consagradas en la Constitución”.

Dicha disposición constitucional contiene varios derechos fundamentales
autónomos, como son, el derecho a la intimidad, al buen nombre y al habeas data,
los cuales, aun cuando son independientes deben interpretarse en conjunto. En
efecto, para la Corte Constitucional “en lo relativo al manejo de la información, la
protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea
cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos.
Por su parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a que la
información no toque aspectos que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que
tiene la persona y que sólo a ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data
salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y rectificación de la
información contenida en los mencionados bancos de datos”2.

En la Sentencia T-729 de 2020, la Corte Constitucional definió el derecho de habeas
data como la facultad que tiene el titular de la información personal de exigir a las
administradoras de bases de datos el acceso, la inclusión, la exclusión, la
corrección, la adición, la actualización, la certificación de la información y la
posibilidad de limitar su divulgación, publicación o cesión.

2
Sentencia T-1319 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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En conclusión, el derecho de habeas data es un derecho autónomo de carácter
fundamental del que se desprenden varias prerrogativas consistentes en permitir a
las personas que conozcan -garantía de acceso-, complementen, actualicen,
rectifiquen o corrijan -principio de veracidad- las informaciones que sobre ellas estén
recogidas en bases de datos, de las cuales, en todo caso deberá excluirse aquella
que resulte lesiva para otros derechos fundamentales, salvo las excepciones
previstas en la ley.

5. Estudio y solución del caso concreto

El accionante presentó acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales de habeas data, al buen nombre y a la honra, con la decisión de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial de no anular la información visible en el
aplicativo de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la página web Rama
Judicial, de los procesos disciplinarios en los que figura como parte, decisión que,
señaló, se adoptó luego de la negativa de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
a abrir el incidente de desacato que elevó bajo esos mismos argumentos, en el
marco de trámite de la tutela con radicado N° 2021-11188-01.

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 28 de noviembre de
2024, denegó las pretensiones de la acción, tras considerar que en el caso no se
vulneran los derechos fundamentales invocados, dado i) que el actor no
individualizó los expedientes en los que supuestamente se vulnera el derecho de
habeas data, y ii) que los resultados aparecen en la página web de consulta de
procesos de la Rama Judicial no son información reservada o limitada que justifique
su anonimización, conforme con la Ley 1712 de 2014, ni constituyen un registro de
antecedentes penales y/o disciplinarios de las partes.

En el escrito de impugnación, el accionante reiteró los argumentos expuestos en los
fundamentos de la acción, relativos a que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial continúa vulnerando sus derechos fundamentales al buen nombre, a la
honra y de habeas data, en tanto no anonimizó sus datos en los resultados del
aplicativo de búsqueda de procesos de la página web de la Rama Judicial, lo que,
considera, incumple lo ordenado en el fallo de tutela de 24 de marzo de 2022.

Como primera medida, la Sala advierte que, si bien en la solicitud de tutela el
accionante se refiere a lo decidido en el auto de 15 de mayo de 2024, mediante el
que el magistrado de conocimiento de la Sección Cuarta de esta Corporación se
abstuvo de abrir el incidente de desacato que aquel elevó al interior del trámite de
tutela 2021-11188-01, lo cierto es que en las pretensiones de la demanda y la
impugnación el reparo se dirige únicamente contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, tendiente a que se ordene a esta efectuar la anonimización de
datos de los resultados de la página de consulta de procesos de la Rama Judicial
en los procesos disciplinarios en los que el actor figura, por lo que la Sala se
circunscribirá a lo pedido.

En ese contexto, en el expediente consta que mediante Oficio SJ LAGC – 13046 de
5 de abril de 2024, la autoridad judicial accionada dio respuesta negativa a la
solicitud elevada por el actor a esa corporación el 13 de marzo de 2024, relativa a
que se ocultara y/o eliminara la información de los procesos disciplinarios en los que
figura como parte y que reposa en el sistema de Gestión Judicial Siglo XXI.

Allí, explicó al actor que no era posible ocultar y/o eliminar información que reposa
en dicho sistema, como quiera que constituye información histórica de las
actuaciones al interior de los procesos disciplinarios que han cursado en esa
jurisdicción, y en tanto dicho sistema permite la consulta del proceso vía internet o
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en los despachos judiciales, no solo con el número único de radicación, sino también
con los datos de las partes del proceso, lo que genera mayor facilidad en el acceso
al sistema de información y permite realizar de manera ágil las consultas que son
de interés no solo de las partes, sino del Ministerio Público y otras autoridades
judiciales y administrativas.

La Sala, de conformidad con lo decidido por el a-quo, considera que en el caso no
se vulnera el derecho fundamental al habeas data con la decisión de no anonimizar
los resultados de la página de consulta de procesos de la Rama Judicial de los
asuntos en los que figura el actor como parte.

En efecto, si bien en la impugnación el actor señala que los resultados de dicha
página de consulta constituyen “un registro pormenorizado y actualizado de
sanciones disciplinarias (…) con total descripción de las mismas actuaciones
actualizadas a tiempo presente”, lo cierto es que, como fue manifestado por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la respuesta a su petición, estos
únicamente reflejan las actuaciones adelantadas por las diferentes autoridades
judiciales en los procesos de su competencia, con fines informativos, por lo que no
contienen un reporte de sanciones disciplinarias, como lo alega el actor, ni
constituyen un desconocimiento de los derechos al buen nombre, honra o habeas
data.

Para la Sala, los resultados que arroja el Sistema de Gestión Siglo XXI se
encuentran acorde con las obligaciones establecidas para toda entidad pública,
incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en la Ley 1712
de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, cuyo
artículo 2° establece el principio de máxima publicidad para titular universal, que
indica que “toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto
obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición
constitucional o legal, de conformidad con la presente ley”.

En el presente caso, como se ha advertido al accionante por vía administrativa y
judicial, no existen razones que justifiquen la reserva o limitación de la información
personal que aparece en el mencionado sistema de búsqueda, aunado al hecho de
que no se allegó prueba de que este hubiese solicitado su reserva o anonimización
al juez de conocimiento en cada caso, por lo que no se configura la vulneración de
los derechos fundamentales invocados y, en tal razón, se confirmará la decisión que
denegó las pretensiones.

Como fue indicado en la respuesta otorgada por la autoridad judicial demandada, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia de 26 de
octubre de 2022, dentro de la acción de tutela con radicado STL15201-2022 No.
996633, sostuvo que “las anotaciones del portal web de la Rama Judicial no
constituyen un desconocimiento de los derechos al buen nombre, honra y habeas
data, en tanto no contienen un reporte negativo para la accionante, ni constituyen
un antecedente penal o disciplinario. Dicho registro tiene un carácter público, en la
medida que se trata de un aplicativo que refleja las actuaciones adelantadas por las
diferentes autoridades judiciales, con la finalidad de dar publicidad y facilitar la
consulta de usuarios de la administración de justicia, en cumplimiento de los fines
previstos en el artículo 228 de la Constitución Política y lo dispuesto en los artículos
2° y 7° de la Ley 1712 de 2014, que regula la transparencia y el derecho de acceso
a la información pública nacional”. Esta Sala4, en un caso con connotaciones fácticas

3
M.P. Omar Angel Mejía.
4
Sentencia de 15 de abril de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-00791-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05467-01
Demandante: WILLIAM GARCIA AGUIRRE

similares, también estableció que “la información que registra en la página web de
la Rama Judicial no debe ser entendida como un antecedente judicial”.

Por lo demás, en tanto el actor manifiesta que la vulneración de sus derechos se
deriva de la falta de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela de 24 de
marzo de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala
aclara que este asunto ya fue resuelto al decidirse el incidente de desacato y como
se anticipó, sobre ello no se hará análisis de fondo.

Conforme con lo anterior, para la Sala es claro que la supuesta omisión de la que el
accionante desprende la vulneración de sus derechos fundamentales, contrario a lo
sostenido por este, no vulnera el derecho de habeas data ni otro de rango
constitucional, pues se insiste, hace referencia a los resultados del Sistema de
Consulta de procesos de la Rama Judicial, y no al registro de antecedentes del
accionante.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión que negó las pretensiones
de la acción de tutela interpuesta por el señor William García Aguirre, quien actúa
en nombre propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.,

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 28 de noviembre de 2024, dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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