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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11188-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11188-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación formuladas por la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2. de la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 10 de febrero de 2022 y, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental de habeas data del señor William García Aguirre, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.6. de la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, actualice el certificado de antecedentes disciplinarios del señor William García Aguirre y, en consecuencia, suprima (i) la sanción de exclusión de la profesión y multa; y (ii) el registro de la rehabilitación. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-11188-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

24 de marzo de 2022

Demandante: William García Aguirre
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11188-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11188-01
Demandante: WILLIAM GARCÍA AGUIRRE
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental de habeas data –
certificado de antecedentes disciplinarios de abogado –
decisiones objeto de registro

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el señor William García
Aguirre contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta el
10 de febrero de 2022, mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 6 de abril de 2021 al buzón web de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, el señor William García Aguirre, ejerció acción
de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales de habeas data, a la honra, al buen nombre,
a la “imprescriptibilidad de las penas” y al trabajo.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la omisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de
actualizar sus antecedentes disciplinarios de abogado, a pesar de haberse cumplido
el término de la sanción que se le impuso a través de la sentencia del 18 de marzo
de 2015.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“13. Solicito a los Honorables Magistrados que consecuente con sus fallos El C 1066
de 2002, el C 290 de 2008 ponga fin al actuar temerario de la Comisión Nacional de

1

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Demandante: William García Aguirre
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11188-01

disciplina judicial para evitar que se siga volando mis derechos fundamentales.” (Sic
a toda la transcripción)

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos1 relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas – Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, a través de fallo del 18 de marzo de 2015, sancionó al abogado William
García Aguirre con exclusión de la profesión por el término de 5 años y multa de
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en el trámite del proceso
disciplinario con radicado N° 17001-11-02-000-2014-00055-01. La sanción empezó
a regir a partir del 19 de mayo de 2015.

5. Como consecuencia de lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura
registró la sanción impuesta en el certificado de antecedentes disciplinarios de
abogado del señor William García Aguirre. Igualmente, la Procuraduría General de
la Nación realizó la correspondiente inscripción en los antecedentes disciplinarios
del señor García Aguirre.

6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, ante el cumplimiento
del término establecido en la sanción de exclusion impuesta, mediante providencia
del 25 de agosto de 2020, ordenó la rehabilitación del accionante para ejercer la
abogacía y ello se materializó desde el 2 de septiembre de 2020.

7. Debido a la orden de rehabilitación, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial registró dicha decisión en el certificado de antecedentes disciplinarios de
abogado del señor William García Aguirre. El registro se identifica como una sanción
de rehabilitación. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, eliminó la
inscripción de la sanción en el sistema de información que administra y de se
denomina SIRI.

8. El accionante presentó varias solicitudes2, ante el Consejo Superior de la
Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria y la Procuraduría General de la Nación,
para que se actualizara la base de datos de sus antecedentes disciplinarios y se le
indicó lo siguiente:

 Consejo Superior de la Judicatura, contestación del 19 de marzo de 20203:

1 Los supuestos fácticos que se relacionan en esta providencia se establecieron con los documentos

aportados por el señor William García Aguirre, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
2 El accionante no aportó copia de las solicitudes que elevó y tampoco cuantas presentó.
3 Esta contestación fue otorgada por la señora Yira Lucía Olarte Ávila, en calidad de secretaria

jurídica del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

2

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“Respecto a los numerosos derechos de petición recibidos, me permito citar el artículo
108 de la Ley 1123 de 2007, para mayor claridad:

(…)

Por lo anterior, se confirman los oficios SJ FRUJ 20620 y 21090, teniendo en cuenta
que como había sido registrada la SANCIÓN, es necesario igualmente, registrar la
REHABILITACIÓN, en el único formato que se tiene, para corroborar precisamente que
fue rehabilitado, registro que durará 5 años de acuerdo al párrafo tercero del artículo
174 de la Ley 734 de 2002, que por principios (sic) de integración normativa de que trata
el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007 dice: “La certificación de antecedentes deberá
contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición …”, por lo que vencido dicho término dejaran (sic) de
aparecer en el respectivo certificado.

En cuanto al traslado realizado a esta Corporación de la directora de la U.R.N.A., me
permito informarle que es competencia de las ahora Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial, quienes conocen en primera instancia: “2. De las solicitudes de
rehabilitación de los abogados”, por lo tanto, es a la Seccional a donde debe dirigirse,
quien le proporcionará la información y documentos que solicita la Procuraduría,
además porque no contamos con el expediente es (sic) esta superioridad desde el año
2015.

Con lo anterior, queda (sic) respondidas sus solicitudes.”

 Consejo Superior de la Judicatura, contestación del 19 de octubre de 20204:

“Por medio del presente, y en respuesta a sus escritos recibidos en esta Secretaría, en
los que solicita la Corrección Certificado de Antecedentes de Abogado violación
fragante a la ley HABEAS DATA, me permito manifestarle:

1.- Esta Secretaría una vez recibió la providencia por medio de la cual se le concedió la
rehabilitación en el ejercicio de la profesión, con su debida ejecutoria, procedió a su
registro en la base de datos de antecedentes disciplinarios.

2.- Manifiesta usted, “las anotaciones en mi CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE
LA JUDICATURA, no solo son ilegales, por cuanto La función de llevar el registro
especial y ordinario de sanciones es solo otorgado a la PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACIÓN, que ni siquiera aplica en mi caso.”

Frente a esta afirmación, le manifiesto que esta Secretaría Judicial, al momento de
registrar la sanción de exclusión, que le fuera impuesta por esta Sala, la comunicó a la
Unidad del Registro Nacional de Abogados, adscrita al Consejo Superior de la
Judicatura, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 1123 de 2020,
por ser quienes ejecutan la sanción.

Igualmente, esta secretaría envió comunicación de la sanción impuesta a la
Viceprocuraduría General de la Nación, quién actúa como Ministerio Público dentro de
los procesos disciplinarios seguidos en contra de abogados que cursan en este (sic)
Superioridad, más no se comunicó a la oficina de SIRI de la Procuraduría quienes son
los encargados del registro de las sanciones, y que le son comunicadas por esta
Corporación en los procesos contra funcionarios judiciales, caso que no aplica en su
proceso, por lo tanto, esta Secretaría sólo comunicó su sanción a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados, como se acaba de decir.

4 Esta contestación fue otorgada por la señora Yira Lucía Olarte Ávila, en calidad de secretaria
jurídica del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

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3.- Frente a la anotación de la rehabilitación en el certificado de antecedentes este fue
diseñado por la Unidad de Informática del Consejo Superior de la Judicatura, siguiendo
los parámetros legales sobre la materia.

Y si bien aparece el campo de “sanción: Rehabilitación”, se ha dejado la anotación de
que usted fue rehabilitado de la sanción de exclusión impuesta en el proceso
disciplinario radicado 170011102000201400055 – 01, con el fin de aclarar que se trata
de una rehabilitación y no de una sanción impuesta, ya que como bien lo indica la ley,
la rehabilitación no está contemplada como una sanción, igualmente, en el certificado
de antecedentes disciplinarios se registró la fecha final de la sanción de exclusión
siendo ésta 02 de septiembre de 2020, por lo tanto se entiende que no es una sanción
vigente sino una sanción finalizada en la mencionada fecha.

4.- Ahora bien, en cuanto a que debe retirarse el registro de la sanción de exclusión del
certificado de antecedentes disciplinarios, aquí debe entenderse que la sanción de
exclusión que comenzó el 19 de Mayo de 2015, finalizó el día 2 de Septiembre de 2020,
mismo día en que quedó en firme la rehabilitación que le fue concedida, por lo tanto,
siguiendo los principios de integración normativa de que trata el artículo 16 de la Ley
1123 de 2007 que nos lleva al artículo 174 de la Ley 734 de 2002, “La certificación de
antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de
los cinco (5) años anteriores a su expedición”, por lo que vencido dicho término dejaran
de aparecer en el respectivo certificado.

(…)”

 Procuraduría General de la Nación, contestación del 5 de febrero de 20215:

“Asunto: Respuesta a su solicitud cancelación de antecedentes. Radicado Sigdea E-
2020-512521, E-2021-021862, E-2021-080594

Cordial Saludo:

Me permito comunicarle que, en virtud de la decisión de rehabilitación del profesional
excluido dada a su favor mediante providencia del 25 de agosto de 2020 por cuenta de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Caldas, sobre el proceso disciplinario No.
17001110200020140005500, este Despacho procedió a registrar en el SIRI No.
100115903 la rehabilitación en mención, y como consecuencia de ello, su certificado de
antecedentes se encuentra debidamente actualizado y sin anotación alguna por cuenta
del proceso de exclusión de la profesión, tal y como se puede avizorar al consultar o
descargar su certificado a través de nuestra página web www.procuraduria.gov.co
opción certificado de antecedentes.

(…)”

1.3. Sustento de la vulneración

9. Del confuso escrito de tutela, se advierte que la parte actora aseguró que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró sus derechos fundamentales de
habeas data, a la honra, al buen nombre, a la “imprescriptibilidad de las penas” y al
trabajo, por las razones que se exponen a continuación:

5 Esta contestación fue otorgada por el señor Omar Yesid Triviño Correa, en calidad de coordinador

del Grupo SIRI de la Procuraduría General de la Nación.

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10. Sostuvo que en el certificado de sus antecedentes disciplinarios se registra
la rehabilitación como una sanción y “aún aparece la exclusión”, a pesar de que la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas en la providencia del 25 de
agosto de 2020 ordenó rehabilitarlo para ejercer su profesión de abogado.

11. Precisó que ello es contrario a lo que establece el inciso tercero del artículo
174 de la Ley 734 de 20026, por cuanto ya transcurrieron más de 5 años desde que
se impuso la sanción.

12. Aunado a lo anterior, indicó que el artículo 23 de la Ley 1123 de 2007 7
“contempla la extinción de la sanción disciplinaria con la rehabilitación, ls (sic) prescripción
y la muerte”, pero en sus antecedentes disciplinarios continúa reflejada una sanción.

13. Aclaró que la Corte Constitucional en las sentencias C-1066 de 2002 y C-290
de 2008 consideró que “el abogado rehabilitado tiene que volver a la misma situación de
prestigio antes de su exclusión”.

14. Por último, manifestó que en el año 2021 elevó una solicitud ante la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial insistiendo en la actualización de sus antecedentes
disciplinarios la cual fue contestada “con los mismos argumentos es decir sin
argumentos pero más grave aún el oficio con fecha del 19 de marzo de 2020, si con fecha
del año anterior y con papelería de la extinta sala disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura”, razón por la cual pidió que se aclarara ello pero no obtuvo respuesta.

1.4. Trámite de la acción de tutela

15. La Sala Plena de la Corte Constitucional, a través de proveído del 15 de abril
de 2021, advirtió que, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución
y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, no era competente para “tramitar y resolver
directamente las acciones de tutela” y, en consecuencia, ordenó remitir la demanda al
Consejo de Estado.

6 “Artículo 174. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven

de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que
desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía, deberán ser
registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación
para efectos de la expedición del certificado de antecedentes.
El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar la
inhabilidad de que trata el parágrafo 1º. Del artículo 38 de este Código, deberá comunicar su contenido al
Procurador General de la Nación en formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o
acto administrativo correspondiente.
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro
de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o
inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de
antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro.” (Negrita y subrayado fuera
del texto)
7 “Artículo 23. Causales. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del disciplinable.
2. La prescripción.
Parágrafo. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.”

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16. El proceso le correspondió por reparto al magistrado Milton Chaves García
que, mediante auto del 10 de diciembre de 2021, admitió la demanda de tutela y
dispuso su notificación a la parte actora, así como a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en calidad de autoridad accionada.

17. Igualmente, vinculó como terceros con interés a la Procuraduría General de
la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia. Además, ordenó publicar copia esta decisión
en la página web del Consejo de Estado.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Procuraduría General de la Nación

18. Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de diciembre de 2021 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Piedad
Johana Martínez Ahumada, Profesional Universitaria Grado 17 de la Oficina Jurídica
de la entidad, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación no vulneró los
derechos fundamentales del accionante.

19. Precisó que en atención a la vigilancia que solicitó el señor William García
Aguirre en relación con la petición que elevó ante el Consejo Superior de la
Judicatura, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales emitió oficio del
14 de abril de 2021 en el que consideró que se emitió una respuesta de fondo y, por
ello, no había lugar a efectuar algún requerimiento.

20. Por otra parte, indicó que en lo que respecta a los antecedentes que se
registran en la base de datos de la entidad, denominada “Siri”, no hay registro de
sanciones e inhabilidades y para demostrarlo aportaba el certificado que generaba
el sistema al consultar con la cedula de ciudadanía del tutelante.

21. Así las cosas, aseguró que la Procuraduría General de la Nación tramitó
oportuna y diligentemente las solicitudes que le fueron presentadas y, en
consecuencia, pidió que se desvinculara a la entidad del proceso constitucional de
la referencia.

1.5.2. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia

22. Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de diciembre de 2021 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la directora de esa
dependencia administrativa sostuvo que el artículo 47 de la Ley 1123 de 2007

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establece que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia adelanta el registro de las sanciones impuestas a los profesionales del
derecho, previa remisión por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
del fallo que las impone y su constancia de ejecutoria.

23. En ese sentido, aclaró que la “doctora Yira Lucia Olarte Ávila, Secretaria Judicial
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial” le envío la sentencia dictada el 18 de
marzo de 2015 en el proceso disciplinario N° 17001-11-02-000-2014-00055-01 y su
constancia de ejecutoria del 6 de mayo del 2015, por lo que se ordenó registrar la
sanción de exclusión de la profesión del señor William García Aguirre la cual
empezó a regir el 19 de mayo de 2015.

24. Precisó que, a través de fallo del 25 de agosto de 2020, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caldas ordenó rehabilitar al accionante para
ejercer la abogacía y la Unidad realizó el registro de ello el 2 de septiembre de 2020.

25. Por lo anterior, aseguró que actualmente la tarjeta profesional del tutelante
se encuentra vigente y esto podía corroborarse al consultar el número de
identificación del referido documento en el micrositio denominado “Certificado de
Vigencia” en la página web de la Rama Judicial.

26. Por otra parte, manifestó que mediante oficio del 2 de octubre de 2020 le
informó al señor William García Aguirre que esa dependencia administrativa no
tenía competencia para “corregir los antecedentes disciplinarios de los abogados”.

27. Así las cosas, advirtió que no vulneró las garantías constitucionales del
accionante y solicitó ser desvinculado del trámite de la acción de tutela.

1.5.3. William García Aguirre

28. Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de diciembre de 2021 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el accionante informó
que el 14 de diciembre de 2021 fue requerido por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial para que enviara copia del “DERECHO DE PETICION (sic) del 15 de octubre
de 2021”.

29. Indicó que elevó la referida solicitud, porque no tenía conocimiento que la
acción de tutela que interpuso al “principio del año” sería estudiada por el Consejo de
Estado.

30. Posteriormente, con escrito enviado por correo electrónico el 16 de diciembre
de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el tutelante
aseguró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contestó su petición y
advirtió:

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“Es de desatacar que en los nuevos argumentos se refieren a ejecutoria de la
sentencia y ejecución del fallo y nombran los artículos 204 y 205 de la ley 734 de
2002 para entrever que por eso no suprimen los antecedentes.

Argumentación nueva y confusa que dejó a consideración del Honorable
Magistrado.”

31. Con esta intervención el señor William García Aguirre allegó copia digital del
Oficio SJ-MNC 41074 del 16 de diciembre de 2021, a través del cual el señor
Emiliano Rivera Bravo en calidad de secretario judicial de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial contestó la petición del 15 de octubre de 2021.

32. En la referida contestación, la autoridad accionada le reiteró al accionante
que de conformidad con el artículo 174 de la Ley 734 de 2002 “la certificación de
antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los
cinco (5) años anteriores a su expedición” y que por esa razón después de que se
cumpla ese lapso las sanciones se suprimen del certificado de antecedentes.

33. Finalmente, con escrito enviado por correo electrónico el 13 de enero de 2022
al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora allegó
copia de la respuesta otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura el 19 de
marzo de 2020 y sostuvo:

“ALLEGO Y PARA QUE OBRE EN EL PROCESO 11001-15-000-2021-11188-00
Tutela contra COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL EL DOCUMENTO
RESEÑADO EN EL ASUNTO, COPIA DE RECIBIDO EL 19 DE MARZO DE 2021
Y MEMORIAL DEMOSTRANDO QUE ES DE ESTÁ FECHA.

LO ANTERIOR PUES NUENCA ESTUVE CONFORME CON LA RESPUESTA DEL
AÑO 2020 CUANDO AÚN NO ERA REAHABILITADO, NI EXISTIA LA COMISIÓN
DE DISCIPLINA JUDICIAL” (Sic a toda la transcripción)

1.6. Sentencia de primera instancia

34. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de
febrero de 20228, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

35. Para llegar a esta decisión, consideró que “con ocasión a la presentación de la
solicitud de amparo” el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia emitió el certificado de vigencia de
la tarjeta profesional de abogado del señor William García Aguirre y en ese
documento no se registraba alguna sanción o restricción relacionada con el ejercicio
de su profesión.

36. Aunado a lo anterior, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación
“realizó las anotaciones necesarias para la rehabilitación del actor en el SIRI” y aportó

8 La sentencia del 10 de febrero de 2022, se notificó por correo electrónico enviado el miércoles 16

de febrero de 2022 a las 10:40 a.m.

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Demandante: William García Aguirre
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copia del certificado de antecedentes del 15 de diciembre de 2021 en el que se
consignó que el tutelante no registraba sanciones e inhabilidades vigentes.

37. Aclaró que en la Corte Constitucional en la sentencia C-1066 de 2002 declaró
exequible el artículo 174 de la Ley 734 de 2002 y en la C-290 de 2008 hizo lo mismo
en relación con el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, y precisó que el accionante
pretendía que se aplicara lo dispuesto en esas providencias y se ordenara actualizar
sus antecedentes disciplinarios porque ya habían transcurrido más de 5 años desde
que se le impuso la sanción, no obstante, advirtió que “las entidades competentes ya
efectuaron las correcciones del certificado de antecedentes y, a la fecha, se encuentra sin
sanciones vigentes”.

1.7. Impugnación

38. Con escrito enviado por correo electrónico el miércoles 16 de febrero de 2022
a las 5:04 p.m.9 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la
parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual expuso las
siguientes razones:

39. Precisó que la acción de tutela se dirigió contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, porque es la autoridad que expide el certificado de antecedentes
disciplinarios de los abogados. Al respecto, aseguró:

“QUINTO: El día 16 de febrero de 2022 soy notificado del fallo de tutela del
CONSEJO DE ESTADO y en el acápite de HECHOS del fallo se manifiesta para mi
desconcierto “Del confuso escrito de tutela se indican como hechos relevantes los
siguientes” con lo que no estoy de acuerdo con el Honorable Magistrado, pues es
no hay confusión alguna en este escrito pues fui claro que lo que siempre he pedido
es que “DE MIS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO SUPEREIOR
DE LA JUDICATURA SEAN BORRADAS TODAS MIS ANOTACIONES en
cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional y a lo ordenado por el artículo
174 de la ley 734 de 2002 máxime cuando en contravía de la ley aparecen las
anotaciones de EXCLUION Y REHABILITACIÓN y es por esta razón que sólo
TUTELE A LA COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL” (Sic a toda la
transcripción)

40. Aclaró que no le imputó la vulneración de sus derechos fundamentales a la
Procuraduría General de la Nación y tampoco al Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, y que el
certificado de antecedentes de “SIRI” y el de la vigencia de su tarjeta profesional
“nada tienen que ver con la TUTELA”.

41. Manifestó que no se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado, debido a que en el certificado de antecedentes disciplinarios de abogado

9 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591

de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el miércoles 16 de febrero de
2022 a las 10:40 a.m. y ese mismo día a las 5:04 p.m. el accionante envío al buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado el documento que contiene el escrito de oposición con el
fallo del 10 de febrero de 2022.

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se mantienen los registros de exclusión y de rehabilitación, que “originaron esta acción
de tutela”.

42. Así las cosas, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia para, en
su lugar, conceder el amparo de sus derechos fundamentales.

43. Con la impugnación se aportó el certificado de antecedentes administrativos
expedido el 16 de febrero de 2022 por el señor Emiliano Rivera Bravo en calidad de
secretario judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el que se
encuentran registradas la sanción y la rehabilitación en la profesión.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

44. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por La Sección
Cuarta del Consejo de Estado el 10 de febrero de 2022, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333
de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

45. La Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en sus
intervenciones, solicitaron ser desvinculados del trámite constitucional del vocativo
de la referencia, al considerar que no vulneraron los derechos fundamentales del
señor William García Aguirre.

46. Al respecto, la Sala accederá a esas peticiones, comoquiera que el
accionante únicamente le imputa a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la
afectación de sus garantías constitucionales, porque esta es la entidad que expide
el certificado de los antecedentes disciplinarios de los abogados.

47. En ese orden de ideas, no les asiste algún interés en las resultas del proceso
y, por ello, no deben continuar vinculados al mismo.

2.3. Legitimación en la causa

48. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

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49. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente
oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en
condiciones de promover su propia defensa.

50. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia
T-416 de 199710, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.

51. En la sentencia T-086 de 201011, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone
a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

52. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201112, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo
que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

53. En la sentencia T-435 de 201613, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual
quedó reiterado en la SU-454 de 201614, en la que, adicionalmente, señaló que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces
constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.15

10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera

Carbonell.
11 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado.
14 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511,

08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En
el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan
en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso
de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales
existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia
de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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54. Con fundamento en el marco conceptual expuesto16, la Sala advierte que el
señor William García Aguirre es el titular de los derechos fundamentales que
reclama, en consideración a que sus antecedentes disciplinarios de abogado
presuntamente no han sido actualizados.

55. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

56. En relación con la autoridad accionada, se advierte que la demanda se dirigió
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que administra el sistema de
información que genera el certificado de los antecedentes disciplinarios que, a juicio
de la parte actora, está desactualizado y por eso vulnera sus garantías
constitucionales, por lo que se encuentra legitimada por pasiva.

2.4. Problemas jurídicos

57. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 10 de febrero de 2022 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado,
para lo cual se deberá resolver el siguiente interrogante:

 ¿Vulneró la Comisión Nacional de Disciplina Judicial los derechos
fundamentales de habeas data, a la honra, al buen nombre, a la
“imprescriptibilidad de las penas” y al trabajo del señor William García Aguirre,
por presuntamente no actualizar la base de datos que genera el certificado
de sus antecedentes disciplinarios de abogado?

58. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) la carencia actual de
objeto; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Panorama general de la acción de tutela

59. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
establecidos en el Decreto 2591 de 1991.

60. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la

16 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

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lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.6. De la carencia actual de objeto

61. La Sala ha explicado en varias ocasiones17 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.

62. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

63. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en
tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación
sobreviniente.

64. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201618, señaló
que:

“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.19

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o

17 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido
19 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».

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amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como
el acaecimiento de una “situación sobreviniente20” (Negrita propia del texto).

65. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.21

66. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de
hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo,
se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta
solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii)
resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la
protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer
(…)”22.

67. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado
resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de
la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los
derechos fundamentales.

68. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en
aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda
instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.23

69. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales
se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha

20 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
21 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
22 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido
23 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

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destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:

“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para
Corte en sede de Revisión,24 incluir en la argumentación de su fallo el análisis
sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda.
Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir
observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la
tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición,
so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.25 Según la jurisprudencia
de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial
incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo,
es decir que se demuestre el hecho superado26”.27” (Negrita y subrayado fuera de
texto).

70. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si a ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la
satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a
impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho
ya no se encuentra en riesgo28.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el
estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede
de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita29, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la
demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con
atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión
objetiva de los derechos conculcados30. Dicho análisis puede comprender: i)
observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre
la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia
sobre la garantía de no repetición31; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de
protección objetiva32”.33 (Negrita y subrayado fuera del texto)

24 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se

transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la
Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita».
25 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
26 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se

transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
27 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
28 «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
29 «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
30 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
31 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
32 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
33 «Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».

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71. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en
que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado
el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es
factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.34

72. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, pero
por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño consumado y
hecho superado.

73. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:

“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga
en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada”35 (Negrita y subrayado fuera del texto).

2.7. Caso concreto

74. El señor William García Aguirre aseguró que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial vulneró sus derechos fundamentales, comoquiera que en el
certificado de sus antecedentes disciplinarios se registra la rehabilitación como una
sanción y aún aparece la exclusión, a pesar de que la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Caldas en la sentencia del 25 de agosto de 2020 ordenó
rehabilitarlo para ejercer su profesión.

75. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a pesar de haber sido notificada
den debida forma, guardó silencio.

76. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de
febrero de 2022, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al
considerar que “con ocasión de la solicitud de amparo” el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
expidió el certificado de vigencia de la tarjeta profesional del accionante sin

34 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
35 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».

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anotaciones, y la Procuraduría General de la Nación, “realizó las anotaciones
necesarias para la rehabilitación del actor en el SIRI”.

77. Inconforme con lo anterior, el tutelante impugnó y advirtió que no podía
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado, porque demandó a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al consultar sus antecedentes
disciplinarios de abogado el 16 de febrero de 2022 observaba que el registro de la
exclusión y la rehabilitación continuaban.

78. Ahora bien, la Sala precisa que, si bien la demanda de tutela es confusa, lo
cierto es que es posible inferir que la autoridad accionada es la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y la inconformidad del señor William García Aguirre consiste
en que sus antecedentes disciplinarios de abogado no han sido actualizados y la
rehabilitación para ejercer la abogacía se encuentra registrada como una sanción.

79. Por ello, es que los certificados de vigencia de la tarjeta profesional de
abogado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
y de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación no podían
tenerse como pruebas para declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues, lo registrado allí no constituye el hecho generador de la presunta
vulneración de derechos fundamentales.

80. Ahora bien, al consultar36 los antecedentes disciplinarios de abogado del
señor William García Aguirre se genera el siguiente certificado:

36 La consulta se realizó el 18 de marzo de 2022 a las 10:55 a.m., en el link:
https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/

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81. De conformidad con lo expuesto, se observa que el hecho que motivó la
interposición de la acción de tutela persiste y, por ello, habrá que revocarse la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 10 de febrero
de 2022.

82. Ahora, al estudiar el fondo de la controversia, la Sala manifiesta que
concederá el amparo solicitado por el señor William García Aguirre, por las razones
que se exponen a continuación:

83. Primero, en el certificado de antecedentes disciplinarios de abogado del
accionante continúa el registro de la sanción de exclusión de la profesión, a pesar
de que esta finalizó el 2 de septiembre de 2020.

84. Al respecto, obsérvese que el primer registro del certificado de antecedentes
es el siguiente:

85. Este registro debe ser suprimido del certificado de antecedentes
disciplinarios del tutelante, comoquiera que ya no se cumple el presupuesto
establecido en el inciso 3°37 del artículo 174 de la Ley 734 de 2002 -aplicable a los
procesos disciplinarios que se adelantan contra los profesionales del derecho por el
principio de integración normativa consagrado en el artículo 1638 de la Ley 1123 de
2007-. Ello por cuanto, ya transcurrieron más de 5 años desde que quedó
ejecutoriado el fallo dictado por el entonces Consejo Seccional de la Judicatura de
Caldas – Sala Jurisdiccional Disciplinaria el 18 de marzo de 2015.

86. En ese sentido, desde el 2 de septiembre de 2020 este registró debió haberse
suprimido del certificado de antecedentes disciplinarios de abogado del señor
William García Aguirre.

37 “Artículo 174. Registro de sanciones. (…) La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones

de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas
que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.”
38 “Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario

prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en
este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los
abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Unico, Penal, de Procedimiento Penal y de
Procedimiento Civil, en lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.” (Negrita y subrayado
fuera del texto)

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Demandante: William García Aguirre
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11188-01

87. Segundo, en el certificado de antecedentes disciplinarios de abogado del
accionante se registra como una sanción la rehabilitación, a pesar de que esta no
constituye una pena.

88. En efecto, obsérvese que el segundo registro del certificado de antecedentes
es el siguiente:

89. De conformidad con el artículo 2639 de la Ley 1123 de 2007 la rehabilitación
es una de las causales de extinción de la sanción disciplinaria, razón por la cual no
es correcto que esta sea registrada en el certificado de antecedentes disciplinarios
como sanción.

90. Aunado a lo anterior, lo que se registra en el certificado de antecedentes
disciplinarios son las sanciones y no las decisiones que las modifiquen o extingan.
Esto se infiere lógicamente del artículo 174 de la Ley 734 de 2002, que establece:

“ARTÍCULO 174. REGISTRO DE SANCIONES. Las sanciones penales y
disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con
el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de
investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y
particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de
repetición o llamamiento en garantía, deberán ser registradas en la División de
Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para
efectos de la expedición del certificado de antecedentes.

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior
o para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1o. del artículo 38 de este
Código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el
formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto
administrativo correspondiente.

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de
providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su
expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o
inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.

<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando se trate de nombramiento o
posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro.” (Negrita y subrayado
fuera del texto)

39 “Artículo 26. Causales. Son causales de extinción de la sanción disciplinaria:

1. La muerte del sancionado.
2. La prescripción.
3. La rehabilitación.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

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91. De lo anterior, resulta claro que la decisión que ordena la rehabilitación de un
abogado no debe ser registrada en el certificado de antecedentes disciplinarios de
abogado, pues en este únicamente se deben anotar las sanciones. En ese sentido,
así el registro de rehabilitación se haga bajo la indicación de que no es una sanción,
lo cierto es que aquello se traduciría en que la entidad puede hacer anotaciones
adicionales a las permitidas en la ley.

92. Así mismo, no le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que debía
registrar la decisión de rehabilitación, por referirse a la sanción antes impuesta, pues
aquello implicaría que el registro estuviera activo por un tiempo superior al que la
ley permite.

93. Al respecto, la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales,
en el fallo C-290 de 2008, aclaró:

“La exclusión de la profesión tal como está concebida en el estatuto disciplinario
del abogado no puede ser catalogada como una pena imprescriptible, puesto
que si bien comporta una drástica restricción al ejercicio de la profesión, que debe
ser producto de la aplicación del principio de legalidad y del debido proceso, no tiene
un carácter ilimitado, intemporal y absoluto, puesto que como lo prevé el propio
estatuto, incorpora una prohibición relativa que puede ser removida mediante el
ejercicio de la rehabilitación. La rehabilitación comporta el restablecimiento
jurídico del prestigio social del sancionado, es decir su restitución al status
jurídico en que se encontraba antes de proferirse la decisión sancionatoria.”
(Negrita y subrayado fuera del texto)

94. En este orden de ideas, para la Sala es claro que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial vulneró el derecho fundamental de habeas data del señor William
García Aguirre, pues lo que correspondía era, suprimir el registro de la sanción, ante
la orden de rehabilitación, y no, hacer una nueva anotación para mantener dos
inscripciones en el registro de antecedentes disciplinarios de abogado del señor
William García Aguirre.

95. En este punto, conviene exponer lo que la Corte Constitucional, en la
sentencia C-1066 del 2002, precisó sobre esta garantía:

“3.3. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitución Política, “todas
las personas (...) tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas”.

Esta disposición consagra el derecho fundamental de habeas data, en virtud del cual
todas las personas tienen el poder de voluntad de obtener la información que les
concierne directamente y que reposa en los bancos de datos y en los archivos de
las entidades públicas y privadas, de exigir que sea puesta al día, en cuanto en
la existente no se han tomado en cuenta hechos o circunstancias que
modifican su situación, y de que se eliminen los errores o inexactitudes de la
misma con el fin de establecer su veracidad.” (Negrita y subrayado fuera del
texto)

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96. Desde ese panorama, se ordenará a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, actualice el certificado de antecedentes disciplinarios de abogado
del señor William García Aguirre y suprima (i) la sanción de exclusión de la profesión
y multa; y (ii) el registro de la rehabilitación.

2.7. Conclusión

97. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró el derecho fundamental
de habeas data del señor William García Aguirre, porque no ha actualizado la base
de datos que contiene la información que se registra en su certificado de
antecedentes disciplinarios.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con
los argumentos expuestos en el numeral 2.2. de la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado el 10 de febrero de 2022 y, en su lugar, AMPARAR el derecho
fundamental de habeas data del señor William García Aguirre, de conformidad con
los argumentos expuestos en el numeral 2.6. de la parte considerativa de esta
providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
actualice el certificado de antecedentes disciplinarios del señor William García
Aguirre y, en consecuencia, suprima (i) la sanción de exclusión de la profesión y
multa; y (ii) el registro de la rehabilitación.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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