Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05467-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05467-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05467-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05467-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: WILLIAM GARCÍA AGUIRRE
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL ACTOR NO
INDIVIDUALIZÓ LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LOS CUALES
SOLICITA SU ANONIMIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DE CONSULTA
DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA DE LA RAMA JUDICIAL, NI
ARGUMENTÓ LAS RAZONES POR LA CUALES, A SU JUICIO, ESTOS
DEBIAN SER RESERVADOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y AL
HABEAS DATA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1, las DIRECCIONES
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2 y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL3 y la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL4.
1
En adelante el Consejo Superior.
2
En adelante la Dirección Ejecutiva.
3
En adelante el Centro de Documentación.
4
En adelante la Comisión Nacional.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05467-00
Actor: WILLIAM GARCÍA AGUIRRE
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor WILLIAM GARCÍA AGUIRRE, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra y al habeas data, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO
SUPERIOR, la DIRECCIÓN EJECUTIVA, el CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN y la COMISIÓN NACIONAL al no anonimizar
la información en la página web de Consulta de Procesos Nacional
Unificada de la Rama Judicial respecto de los procesos disciplinarios
allí registrados, por lo que solicita a que la misma sea retirada.
I.2. Hechos
Indicó que el CONSEJO SUPERIOR y la COMISIÓN NACIONAL
vulneró sus derechos fundamentales deprecados al no anonimizar la
información de los procesos disciplinarios que reposan en la página
web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial,
toda vez que, a su juicio, no cumple con las finalidades de publicidad
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05467-00
Actor: WILLIAM GARCÍA AGUIRRE
y vulnera el principio de temporalidad.
Señaló que anteriormente presentó la acción de tutela identificada
con el número único de radicado 11001-03-15-000-2021-11188-01
ante el Consejo de Estado con la finalidad de que se amparara su
derecho fundamental de habeas data, al buen nombre y a la honra,
los cuales consideró vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL al no
haber actualizado sus antecedentes disciplinarios, por lo que a través
de la sentencia de 24 de marzo de 2022, proferida por la Sección
Quinta, se revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se amparó los derechos fundamentales del actor y se ordenó a la
citada autoridad actualizar su certificado de antecedentes
disciplinarios y, asimismo, suprimir la sanción de exclusión de la
profesión, multa y registro de rehabilitación, impuesta en el proceso
disciplinario radicado bajo el número 17001-11-02-000-2014-
00055-01.
Manifestó que, posteriormente, presentó incidente de desacato en la
citada acción de tutela, debido a que la COMISIÓN NACIONAL a
pesar de que actualizó su información frente a los antecedentes
disciplinarios no los anonimizó en la página web de Consulta de
Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, el cual le
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Actor: WILLIAM GARCÍA AGUIRRE
correspondió resolver a la Sección Cuarta de esta Corporación
mediante proveído de 15 de mayo de 2024, se abstuvo de abrir el
mismo, al no encontrar que el fallo diera ordenes relacionadas a
eliminar información de la base de datos de Consulta de Procesos
Nacional Unificada de la Rama Judicial y le denegó su solicitud de
anonimización a través del auto de 20 de junio de 2024.
Sostuvo que al no estar de acuerdo con la anterior decisión presentó
otro incidente de desacato, en el cual sí se ordenó su apertura por
parte de la citada autoridad judicial al encontrar que existía un
certificado en el que se evidenciaba el histórico de las sanciones
impuestas al actor. Asimismo, luego del trámite correspondiente, por
medio del auto de 11 de octubre de 2024, se declaró el cumplimiento
de la orden de tutela de 24 de marzo de 2022, debido a que se
actualizó el certificado de antecedentes disciplinarios del actor y no
reportaba las sanciones impuestas.
Puso de presente que debido a que el incidente de desacato no
prosperó, presentó la acción de tutela de la referencia para que se
ordene la anonimización de los procesos disciplinarios que se
encuentran en la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama
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Judicial.
Adujo que si bien las anotaciones de sus antecedentes disciplinarios
fueron anulados de su certificado, no se hizo así frente a la
información visible en Consulta de Procesos Nacional Unificada de la
Rama Judicial, la cual es actualizada por la COMISIÓN NACIONAL,
lo que perjudica su buen nombre al tener un reporte negativo por
los procesos disciplinarios en los que funge como parte, pues, a su
juicio, una vez que el abogado sancionado cumpla su pena se debe
restituir a su estado jurídico anterior a la misma.
Manifestó que la COMISIÓN NACIONAL, desconoció las sentencias
C-290 de 2 de abril de 20085 y T-398 de 9 de octubre de 20236,
proferidas por la Corte Constitucional, al no anonimizar los procesos
disciplinarios los datos de la base de datos de la Consulta de Procesos
Nacional Unificada de la Rama Judicial.
Aclaró que la presente acción de tutela no se dirige contra el Consejo
de Estado, sino que menciona su caso a modo de información y
finalmente puso de presente que “[…] el habeas data como derecho
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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fundamental autónomo garantiza que la información recopilada en
base de datos, para cumplir con el principio de debido proceso y
publicidad en los procesos judiciales por ejemplo, no se convierten
en un abuso de los bancos de datos ni de los alimentadores de estos
para convertir penas en sanciones imprescriptibles sin aplicación del
perdón y olvido […]”.
I.3. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] PRETENSIÓN
Por lo anterior, Solicito respetuosamente a la Honorable Magistrada
que mediante fallo de tutela de este HONORABLE TRIBUNAL se
ampare al derecho fundamental del habeas data y de acceso a la
información el cual considero vulnerado por la COMISIÓN NACIONAL
DE DISCIPLINA JUDICIAL Y EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA en su calidad de alimentadores de la información a la
página WEB RAMA JUDICIAL SIGLO XXI (ADMINISTRADAS POR
CENDOJ Y CEAJ) y mediante fallo de tutela ORDENE:
PRIMERO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL Y EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que en su
calidad de alimentadores de la información de procesos disciplinarios
de esa entidad ORDENE la ANONIMIZACIÓN de todos lo procesos
DISCIPLINARIOS de su competencia que reposan en la página web
de la RAMA JUDICIAL SIGLO XXI. (Administrados por CENDOJ Y
DEAJ) y alimentados por la COMISIÓN NACIONAL DE LA
DISCIPLINA JUDICIAL, por ser, a la fecha, información obsoleta,
que cumplió con sus fines de publicidad y debido proceso, y que en
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concepto de la CORTE CONSTITUCIONAL esta información
actualmente viola el principio de Temporalidad pues a la fecha supera
con creces más de cinco (5) años el dato del titular (tutelante en este
caso). Igualmente, también el fallo de tutela de segunda instancia
dentro del radicado 110010315002021118801. del Consejo de Estado
M.P ROCIO ARAUJO OÑATE que DISPUSO:” Ordenar a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes actualice el certificado de antecedentes disciplinarios
del señor William García Aguirre y en consecuencia suprima la sanción
de exclusión de la profesión y multa…” tutelando con esto, también,
el Derecho Fundamental al Habeas del que se pronunció. Y viola
también sentencia de la Corte Constitucional que en fallo T-398 DE
2023 que ordenó la anonimización de un proceso “En atención a los
principios de necesidad, utilidad, circulación restringida que rige la
administración de la información de la base de datos “con lo que se
vulneró el habeas data y el buen nombre con información por más de
14 años publicada. Y a si mismo la CIRCULAR INTERNA No 10 de 2022
de la CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA que reglamentó la
ANONIMIZACIÓN DE NOMBRES.
SEGUNDO: Que consecuente con lo anterior prevenga a la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA. para que en lo sucesivo y respecto a la publicidad de
los procesos disciplinarios de su competencia se ciña al fallo del
Consejo de Estado, a la CIRCULAR INTERNA No 10 de 2022 de la
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA sobre la ANONIMIZACIÓN
DE NOMBRES en especial: al derecho fundamental del habeas data y
de acceso a la información el cual considero vulnerado por la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL toda vez que a la
fecha y en oposición el numeral 3º la circular descrita que manifiesta
en el RESUELVE: “ Cuando se puede poner en riesgo el derecho a la
vida e integridad personal o el derecho a la intimidad personal o
familiar […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La COMISIÓN NACIONAL indicó que el actor ya había
presentado una acción de tutela con los mismos hechos y similares
pretensiones al de la referencia, identificada con el número único de
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radicado 11001-03-15-000-2021-11188-01, dentro de la cual fue
proferido el fallo de segunda instancia por parte de la Sección Quinta
de esta Corporación, el cual le ordenó actualizar el certificado de
antecedentes disciplinarios del actor y, en consecuencia, suprimir la
sanción de exclusión de la profesión y multa y el registro de la
rehabilitación.
Adujo que como consecuencia de lo anterior expidió el Oficio núm.
S.J.MCMG 08841 de 30 de marzo de 2022, informándole a la
autoridad judicial que dio cumplimiento a lo ordenado en la citada
sentencia y le allegó el certificado de antecedentes disciplinarios
núm. 320776 de 29 de marzo de 2022 del actor, en el que no se
evidenciaba sanciones registradas en su contra.
Mencionó que el 1o. de abril de 2024, el actor presentó incidente de
desacato debido a que dijo que, al actualizar la base de datos de
Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, se
visualizaban todos los procesos disciplinarios en su contra, razón por
la cual la Sección Cuarta a través del auto de 8 de abril de 2024, le
dio apertura al incidente de desacato en su contra y le solicitó que
rindiera informe sobre el cumplimiento del fallo.
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Sostuvo que mediante Oficio núm. SJ-CFO-14260 de 16 de abril de
2024, rindió el referido informe y argumentó que el actor indicó
nuevos hechos y pretensiones a los conocidos por la sentencia de 24
de marzo de 2022, esto es, la anonimización de los procesos
disciplinarios en la plataforma de consulta de procesos de la Rama
Judicial.
Manifestó que conforme a lo precedente, la Sección Cuarta de esta
Corporación por medio de los autos de 15 de mayo y 20 de junio de
2024, respectivamente, se abstuvo de abrir el incidente de desacato
y denegó la solicitud de anonimización de los mencionados procesos.
Afirmó que posteriormente el actor radicó un nuevo incidente de
desacato, por lo que presentó nuevamente un informe a través del
Oficio núm. SJ-CFO-41826 de 11 de septiembre de 2024, en el que
reiteró los argumentos presentados en el primer incidente; sin
embargo, la citada Sección le dio apertura al encontrar que en un
certificado se evidencia el histórico de sanciones impuestas al actor.
Puso de presente que, como consecuencia de lo anterior, dio
respuesta al incidente de desacato por medio del Oficio núm. SJ-CFO-
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45602, informando que ya se habían actualizado las certificaciones
de sanciones vigentes y antecedentes disciplinario del actor, por lo
que la Sección Cuarta declaró que cumplió de la orden del fallo de
tutela de 24 de marzo de 2022, mediante auto de 11 de octubre de
2024.
Concluyó que por lo precedente no le ha vulnerado el derecho
fundamental de habeas data al actor, toda vez que actualmente no
tiene sanciones vigentes, tal y como se puede observar en la página
web https://antecedentesdisciplinarios,cndj.gov.co/, opción:
“sanciones vigentes” y en el certificado de antecedentes disciplinarios
para abogados, expedidos el 1o. y 5 de noviembre de 2024.
Advirtió que lo que se observa de la demanda de la referencia es la
inconformidad del actor respecto de las decisiones proferidas por la
Sección Cuarta, dado que se limitó a contradecir los argumentos
expuestos en las providencias que resolvieron los incidentes de
desacato presentados por él, con la finalidad de reabrir un debate
jurídico que ya hizo tránsito a cosa juzgada.
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Resaltó que no se pueden eliminar las anotaciones de sanciones o
inhabilidades, cuando se debe certificar los antecedentes
disciplinarios en los cargos que exijan para su desempeño una
ausencia de antecedentes, de conformidad con los artículos 238 y 50
de la Ley 1952 de 28 de enero de 20197 y 45 de la Ley 1123 de 22
de enero de 20078.
Puso de presente que debido a lo expuesto en líneas anteriores el
actor presentó dos acciones de tutela con los mismos hechos y
pretensiones, esto es, la identificada con el número único de radicado
11-001-03-15-0002021-11188-01 y la de la referencia, razón por la
cual, a su juicio, se puede estar frente a una actuación temeraria
vulnerando el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre
de 19919.
Finalmente, solicitó denegar el amparo deprecado, toda vez que no
incurrió en una acción u omisión en la que se evidencie la vulneración
de algún derecho fundamental al actor.
7
“Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
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“Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
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I.4.2.- El CENTRO DE DOCUMENTACIÓN señaló que es la División
de Seguridad y Ciberseguridad de la Información del CONSEJO
SUPERIOR la encargada de la protección de datos personales de la
Rama Judicial conforme a los lineamientos y políticas de seguridad
de la información que tiene como finalidad garantizar la
confidencialidad, integridad y conservación de los datos personales
tratados, tal y como lo establece la Ley 1581 de 2012.
Sostuvo que, por su parte, solo funge como administrador funcional
del portal web www.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial y tiene
como responsabilidad la de garantizar el espacio para publicación de
la información administrativa y judicial producida por las diferentes
dependencias de la misma, de conformidad con el Acuerdo núm.
PSAA-9109 de 28 de 201110, expedido por el CONSEJO SUPERIOR.
Advirtió que la información publicada en Consulta de Procesos
Nacional Unificada de la página web de la Rama Judicial, es un reflejo
de lo incluido directamente por los despachos y corporaciones
judiciales por lo que el ocultamiento y/o modificación de información
corresponden exclusivamente a las mismas, por lo anterior afirmó
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“Por medio del cual se deroga el Acuerdo No.1445 de 2002 y se reglamenta la administración de las
publicaciones del portal Web de la Rama Judicial”.
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que una vez consultó los procesos disciplinarios pudo observar que
existen diez procesos en los cuales funge como parte el actor, a cargo
de la COMISIÓN NACIONAL.
Precisó que el aplicativo Consulta de Procesos es integrado por las
versiones cliente servidor y web del sistema de información judicial
Justicia XXI y es administrado por la Unidad de Transformación
Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración de
Justicia que se encarga de los procedimientos técnicos.
Adujo que la consulta de procesos del Sistema Justicia Siglo XXI es
un registro de actuaciones judiciales que tiene como finalidad dar
publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la administración
de justicia, la cual, a su juicio, de ninguna manera constituye
antecedentes penales y/o disciplinarios, pues únicamente las
condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva
tienen calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos
los órdenes legales, lo anterior de conformidad con los artículos 228
y 248 de la Constitución de Política y 2 y 7 de la Ley 1712 de 6 de
marzo de 201411.
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“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
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Finalmente, trajo a colación la sentencia de 15 de marzo de 2023,
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte de Suprema de
Justicia, identificada con el número único de radicado 61472, SP081-
202312.
I.4.3.- El CONSEJO SUPERIOR y la DIRECCIÓN EJECUTIVA,
pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
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M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.
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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 199113. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra y al habeas data, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO
SUPERIOR, la DIRECCIÓN EJECUTIVA, el CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN y la COMISIÓN NACIONAL, al no anonimizar
la información en la página web de Consulta de Procesos Nacional
Unificada de la Rama Judicial respecto de los procesos disciplinarios
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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allí registrados en los cuales funge como parte, por lo que solicita a
que la misma sea retirada.
Asimismo, el actor trajo a colación que había presentado
anteriormente la acción de tutela identificada con el número único de
radicación 11001-03-15-000-2021-11188-01, dentro de la cual se le
amparó su derecho fundamental al habeas data y se ordenó
actualizar su certificado de antecedentes disciplinarios y suprimir las
sanciones que ya se encontraban extintas.
Por lo precedente, antes de entrar a estudiar el fondo del asunto, la
Sala debe determinar si la presente acción de tutela tiene identidad
de partes, hechos y pretensiones, con la identificada con el número
único de radicación 11001-03-15-000-2021-11188-01, la cual fue
decidida en segunda instancia por la Sección Quinta de esta
Corporación en sentencia de 24 de marzo de 2022.
En caso de que no haya la triple identidad aludida, la Sala deberá
determinar si la parte accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor, como consecuencia de no anonimizar la
información de los procesos disciplinarios contenida en la página web
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de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial.
Así las cosas, la Sala procederá a verificar si en el caso sub examine
se observa identidad de partes, hechos y pretensiones entre la
solicitud de amparo de la referencia y la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 11001-03-15-000-2021-11188-
01 y, en consecuencia, si nos encontramos ante la existencia de cosa
juzgada y/o temeridad:
Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue
instaurada por el señor WILLIAM GARCÍA AGUIRRE contra la
COMISIÓN NACIONAL.
De igual forma, la acción de tutela identificada con el número único
de radicación 2021-11188-01, también fue promovida por el señor
WILLIAM GARCÍA AGUIRRE contra CONSEJO SUPERIOR, la
DIRECCIÓN EJECUTIVA, el CENTRO DE DOCUMENTACIÓN y la
COMISIÓN NACIONAL.
Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra
que las pretensiones en la acción de tutela de la referencia radican
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05467-00
Actor: WILLIAM GARCÍA AGUIRRE
en que se ordene a la COMISIÓN NACIONAL “[…] la
ANONIMIZACIÓN de todos los procesos DISCIPLINARIOS de su
competencia que reposan en la página web de la RAMA JUDICIAL
SIGLO XXI […]” y en la identificada con el número único de radicado
2021-11188-01, era, específicamente, que se actualizaran sus
antecedentes disciplinarios y, en consecuencia, se eliminara el
registro de una sanción de rehabilitación y la sanción de exclusión de
profesión de abogado impuesta en el expediente identificado con el
número único de radicación 17001-11-02-000-2014-00055-01, la
cual ya se encontraba extinta, por lo que se evidencia que las mismas
no son idénticas.
Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que la
acción de tutela 2021-11188-01, así como la de la referencia, está
basada en la situación fáctica de los procesos disciplinarios en los que
el actor funge como parte; sin embargo, la primera recae
específicamente sobre la actualización del certificado de los
antecedentes disciplinarios del mismo, mientras que la otra hace
referencia a las datos que se consignan en los procesos disciplinarios
en los que funge como parte en la página web de consulta de
procesos de la rama judicial, por lo que si bien están relacionadas
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05467-00
Actor: WILLIAM GARCÍA AGUIRRE
tienen un objeto diferente.
Asimismo, es importante resaltar que posterior al fallo de segunda
instancia del proceso radicado bajo el número 2021-11188-01, el
actor presentó dos incidentes de desacato y una solicitud dirigida a
la anonimización de los procesos disciplinarios en los que fungía como
parte en la página web de consulta de procesos de la rama judicial
las cuales le fueron denegadas en los trámites de los mismos,
porque, entre otras razones, no hicieron parte de las pretensiones
principales en el referido asunto para declarar el incumplimiento de
la sentencia de segunda instancia de 24 de marzo de 2022, razón por
la cual no se puede tener en cuenta como una identidad de
pretensiones con las de la referencia al haber sido presentadas con
posterioridad al citado fallo.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se encuentra
demostrada la triple identidad entre la solicitud de amparo de la
referencia y la acción de tutela identificada con el número único de
radicación 2021-11188-01.
Aclarado lo anterior, la Sala deberá establecer si la parte accionada
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vulneró los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y al
habeas data invocados por el actor, como consecuencia de la
información de los procesos disciplinarios que se pueden observar en
la página web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama
Judicial.
De los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y
al habeas data.
La Corte Constitucional en la sentencia C-489 de 200214, frente a los
derechos al buen nombre y a la honra ha manifestado, lo siguiente:
“[…] La Constitución Política dispone, de manera expresa, en su
artículo 21, que se garantiza el derecho a la honra, y, del mismo
modo, en el inciso segundo del artículo 2, establece que entre los
deberes de las autoridades está el de proteger en su honra a todas
las personas residentes en Colombia. A su vez, en el artículo 42, se
declara el carácter inviolable de la honra, la dignidad y la intimidad
de la familia.
Por otra parte, el artículo 15 superior reconoce el derecho a la intimidad
personal y familiar, contempla de manera especial el derecho de todas
las personas a su buen nombre y establece el deber para el Estado de
respetar y hacer respetar esos derechos.
El derecho a la intimidad, está orientado a garantizar a las personas
una esfera de privacidad en su vida personal y familiar, al margen de
las intervenciones arbitrarias del Estado o de terceros. Comprende de
manera particular la protección frente a la divulgación no autorizada
de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad.
14
Corte Constitucional, Sentencia de 26 de junio de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-489 de 2002.
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El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la
doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona
tienen los demás y que se configura como derecho frente al
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones
ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas.
Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco
de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida
tanto por el Estado, como por la sociedad.[3] El derecho al buen
nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene
una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas
que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto
público que se tiene del individuo.[4]
Por su parte, el artículo 21 de la Carta contempla el derecho a
la honra, concepto este último que aunque en gran medida
asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles y que la
Corte en la sentencia T-411 de 1995[5] definió como la
estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad
humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros
de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente
la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que
debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí
mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de
las personas dentro de la colectividad”.
En la Sentencia C-063-1994 la Corte precisó el alcance que dentro del
derecho a la honra tiene el concepto del honor y señaló que “[a]unque
honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos,
existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a la
conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en
cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como
ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia
de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el
sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que
se tiene de nosotros -honra-.”
En cualquier caso, la honra es un derecho fundamental de todas las
personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto
demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de la
dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la
honra, la Corte, en Sentencia T-322 de 1996[6], señaló que del mismo
hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo,
como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás
hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda
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tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe
apreciarse de manera conjunta.
Por otra parte, en diversos instrumentos internacionales sobre
derechos humanos se encuentran previstos los derechos a la intimidad,
la honra y al buen nombre, así como la obligación que tienen los
Estados de brindarles protección.
Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de
ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias y ataques.”
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
estableció en su artículo 17:
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques
ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.
Igualmente, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, consagra:
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.
Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que “toda
persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas
en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta
en las condiciones que establezca la ley.” Y agrega, en el numeral 2
que “en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras
responsabilidades legales en se hubiera incurrido.”
3.2. La protección de los derechos a la honra, al buen nombre
y a la intimidad.
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Se tiene entonces que la intimidad, el buen nombre y la honra, son
derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental,
lo cual comporta, no sólo que para su protección se puede actuar
directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a
través de la acción de tutela, sino que, además, de las propias normas
constitucionales, se desprende la obligación para las autoridades de
proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que sean
objeto.
Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado
adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para
garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la
necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos,
concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la
materia se haga por el legislador.
Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de
expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un mecanismo de
protección de rango constitucional, como la acción de tutela. Tal
protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y
pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios
de defensa judicial, particularmente el penal, cuando no obstante que
una determinada conducta no constituya delito si implique una lesión
de los bienes jurídicos protegidos. Así, en Sentencia T-263 de 1998, la
Corte expresó que “[l]a vía penal sólo protege determinadas
vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la
protección que la Constitución Política depara a los mismos es total.
Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las
personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia,
sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía
de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.”
También tienen origen constitucional la rectificación y la réplica como
medios de defensa a través de los cuales una persona puede tratar de
reparar o atenuar el daño que para su honra o a su buen nombre se
infiera de la difusión de informaciones inexactas o de manifestaciones
injuriosas o calumniosas.
Por otra parte, dada la significación de los bienes jurídicos de los que
se ha venido tratando, de manera tradicional el ordenamiento jurídico
colombiano, ha considerado que su protección amerita la actuación
del ius puniendi del Estado, mediante la tipificación de las conductas
que resultan contrarias a los mismos y la imposición de las
correspondientes sanciones penales.
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En la medida en que el agravio a los mencionados derechos puede
manifestarse en un daño susceptible de estimación pecuniaria, también
se provee a su protección a través de los mecanismos mediante los
cuales es posible derivar la responsabilidad civil del agresor […]”.
(Destacado fuera del texto)
Frente al derecho al habeas data15, se encuentra una regulación
constitucional en el mencionado artículo 15 de la Constitución
Política, el cual dispone que las personas tienen derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.
En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-082 de 1995,
respecto de dicho derecho, señaló:
“[…] El contenido del habeas data se manifiesta por tres
facultades concretas (…): a) El derecho a conocer las
informaciones que a [las personas] se refieren; b) El derecho a
actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día,
agregándoles los hechos nuevos; c) El derecho a rectificar las
informaciones que no correspondan a la verdad.” (Sentencia SU-
082/95 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía) Para que exista una
vulneración del derecho al habeas data, la información contenida
en el archivo debe haber sido recogida de manera ilegal, sin el
consentimiento del titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer
sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no susceptibles de
ser conocidos públicamente (iii).” (Sentencia T-176/95 M.P.Dr.
15
Ver al respecto las Sentencias del Consejo de Estado del, 22 de marzo de 2018. M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Rad. 25000-23-37-000-2017-01765-01, 4 de abril de 2017. M.P. César Palomino Cortés.
Rad. 05001-23-33-000-2017-00160-01, del 18 de octubre de 2018. M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto. Rad. 13001-23-33-000-2018-00226-01, del 3 de octubre de 2019. M.P. Hernando Sánchez
Sánchez. Rad. 17001-23-33-000-2019-00384-01, del 16 de agosto de 2017. M.P. César Palomino
Cortés. Rad. 25000-23-36-000-2017-01067-01 en relación con el derecho al habeas data.
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Eduardo Cifuentes Muñoz) El derecho al habeas data es,
entonces, un derecho claramente diferenciado del derecho a la
intimidad, cuyo núcleo esencial está integrado por el derecho a
la autodeterminación informativa que implica, como lo reconoce
el artículo 15 de la Carta Fundamental, la facultad que tienen
todas las personas de “conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas […]”.
Es evidente entonces que el derecho al habeas data es una garantía
constitucional autónoma e independiente del buen nombre. Sin
embargo, su afectación está directamente relacionada con la
vulneración del derecho a la dignidad humana, resultando necesario
que la información que se publica sobre las personas sea veraz y
conforme con la realidad.
La jurisprudencia en materia de habeas data ha concluido que la
actividad de administración de datos personales debe someterse al
cumplimiento de los principios de finalidad16, necesidad17, utilidad18
y circulación restringida19, con el fin de fijar un límite al ejercicio de
16
El principio de finalidad consiste en que tales actividades “deben obedecer a un fin
constitucionalmente legítimo (…) definido de forma clara, suficiente y previa. [Por lo cual, está
prohibida, por un lado] la recopilación de información personal sin que se establezca el objetivo de su
incorporación a la base de datos (…) y [por el otro] la recolección, procesamiento y divulgación de
información personal para un propósito diferente al inicialmente previsto...” Sentencia SU-458 de 2012
y C-1011 de 2008.
17
El principio de necesidad se refiere a ¨la administración de la información personal concernida debe
ser aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines de la base de datos”. Ibidem
18
El principio de utilidad es la administración de información personal, la cual debe “cumplir una función
determinada, acorde con el ejercicio legítimo de la administración de los [datos personales. Por lo cual]
queda proscrita la divulgación de datos que, al carecer de función, no obedezca a una utilidad clara y
suficientemente determinable”. Ibidem.
19
El principio de circulación restringida ordena que toda actividad de administración de información
personal esté sometida “a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos (…) y
por el principio de finalidad. [Por lo cual, está] prohibida la divulgación indiscriminada de datos
personales”. Ibidem
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las competencias de los administradores de bases de datos,
determinar el margen de su actuación y constituir una garantía para
las libertades de los sujetos concernidos por la información
administrada.
La Ley Estatutaria 1266 de 31 de diciembre de 200820, mediante la
cual se dictaron disposiciones generales del hábeas data, entre otros,
estableció en su artículo 2° que la misma “[…] se aplica a todos los
datos de información personal registrados en un banco de datos,
sean estos administrados por entidades de naturaleza pública o
privada […]”.
Para efectos del derecho del hábeas data, la citada Ley Estatutaria
prevé que los datos contenidos en documentos públicos y sentencias
judiciales ejecutoriadas son públicos, salvo que estén amparados por
reserva legal. Textualmente señaló:
“[…] e) Dato personal. Es cualquier pieza de información
vinculada a una o varias personas determinadas o determinables
o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los
datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de
datos de la presente ley. Cuando en la presente ley se haga
referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal.
20
“Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.
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Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o
privados;
f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los
mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos
aquellos que no sean semiprivados o privados, de
conformidad con la presente ley. Son públicos, entre
otros, los datos contenidos en documentos públicos,
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no
estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de
las personas;
g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene
naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o
divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el
dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios
a que se refiere el Título IV de la presente ley.
h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o
reservada sólo es relevante para el titular […]” (Destacado de la
Sala).
Posteriormente, el artículo 2º de la Ley Estatutaria 1581 de 17 de
octubre de 201221, relacionó los datos excluidos del régimen de
protección que estableció, entre los cuales se encuentran los
regulados por la Ley 1266 de 2008, sin perjuicio de prever la
aplicación de los principios sobre protección y sus límites, dispuestos
por la misma Ley 1581 de 2012.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en el escrito
de la acción de tutela de la referencia el actor solo se limitó a
manifestar que la parte accionada, en especial, la COMISIÓN
21
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
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NACIONAL, no cumple con las finalidades de publicidad y vulnera
el principio de temporalidad, al no anonimizar la información de los
procesos disciplinarios que reposan en la página web de Consulta de
Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, sin que por lo
menos individualizara los referidos expedientes con su número de
radicado, para que fuera posible determinar cuál era la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales, pues el simple hecho
de manifestar que estos debían ser anonimizados no los hace
ostentar calidad de reserva legal o de información confidencial.
En efecto, el actor no explicó ni argumentó de qué manera la
información de los procesos disciplinarios relacionada en el aplicativo
Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial afectó
sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y al habeas
data, ni especificó concretamente cuales expedientes eran el origen
de su vulneración.
Además, vale la pena poner de presente que la Rama Judicial tiene a
su cargo la administración de justicia, la cual es una función pública,
de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política, por lo
que sus actuaciones deben ser “públicas y permanentes con las
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excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial” y, asimismo, de conformidad con los artículos 5 y 7 de la
Ley 1712 de 201422, al ser una de las ramas del poder público tiene
la obligación de tener a disposición de las personas interesadas la
información a través de medios físicos, remotos o locales de
comunicación electrónica y en la Web de forma actualizada, lo cual
realiza a través de la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la
Rama Judicial, en la que se puede acceder a la información sobre los
procesos judiciales respectos las parte, las actuaciones y sus
números únicos de identificación, la cual no está sujeta a ningún tipo
de reserva, confidencialidad o censura.
Asimismo, vale la pena resaltar que el CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN informó, en el trámite de la presente acción de
tutela, que la “[…] información publicada en la Consulta de Procesos
Nacional Unificada (CPNU) – de la página Web de la Rama Judicial
www.ramajudicial.gov.co es un reflejo de lo incluido directamente por los
despachos y Corporaciones Judiciales, para el caso que refiere el accionante
William García Aguirre, al realizar la búsqueda en la Consulta de Procesos
Nacional Unificada (CPNU) - Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el
22
“[…] ARTÍCULO 2o. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD PARA TITULAR UNIVERSAL. Toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley
[…]”.
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sistema arroja diez (10) resultados […]”, lo que de forma alguna indica
que el actor sea objeto de alguna sanción o pena, sino que muestra
que el mismo tiene o ha tenido procesos disciplinarios en los cuales
funge o fungía como parte y en ese entendido dicha información no
pueden ser tenida en cuenta como antecedentes disciplinarios,
penales o de cualquier otro índole como lo pretende a ser ver el actor.
Ahora, en cuanto a la información reservada o limitada, la cual es la
finalidad del actor con la solicitud de anonimización de los procesos
disciplinarios en los que funge como parte, la citada Ley 1712 de
2014, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 2. Principio de máxima publicidad para titular
universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de
un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada
sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con
la presente ley.
[…]
ARTÍCULO 28. CARGA DE LA PRUEBA. Le corresponde al sujeto
obligado aportar las razones y pruebas que fundamenten y
evidencien que la información solicitada debe permanecer
reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado debe
demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo
legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá
establecer si se trata de una excepción contenida en los
artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información
causaría un daño presente, probable y específico que excede el
interés público que representa el acceso a la información […]”.
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De lo citado en precedencia, es evidente que la reserva o
anonimización de cualquier tipo de información solo puede ser
llevada a cabo por disposición constitucional o legal, lo cual, como ya
se dijo antes, no es el caso de los procesos judiciales en la página
web de consulta de procesos, máxime si no se evidencia dentro del
proceso de la referencia que el actor haya realizado su solicitud
directamente a la parte demandada y, en especial, a la COMISIÓN
NACIONAL.
Asimismo, es importante resaltar que de forma general los procesos
disciplinarios no contienen información sensible, sobre los cuales se
discutan delitos contra la vida, la libertad, la salud, los derechos
sexuales o reproductivos ni contra sujetos de especial protección,
como tampoco sobres aspectos íntimos de la vida del actor de los
cuales se puede predicar su reserva.
Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo solicitado
por el actor al no encontrar que hayan sido vulnerados sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra y al habeas data, como
en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 2024.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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