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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02481-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02481-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Transformación Digital e Informática, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia respecto de la vulneración atribuida al Tribunal Administrativo del Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02481-00 Tolima, al Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín y al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NEGAR el mecanismo de amparo respecto de la vulneración atribuida a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Transformación Digital e Informática, por las razones expuestas en esta decisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02481-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Víctor Alfonso Díaz Sánchez.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Tolima y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02481-00.
Asunto: Tutela contra autoridades. Inexistencia de la vulneración por
la información reportada en el aplicativo de consulta de procesos
judiciales de la página de la Rama Judicial. Improcedencia por falta
de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Trece Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, el Juzgado Doce Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Unidad de Transformación Digital e Informática.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos y fundamentos de la solicitud de amparo

Del análisis del escrito de tutela y de los documentos obrantes en el expediente
se extraen los siguientes supuestos:

1.1. El accionante manifestó que al ingresar su nombre completo en el
sistema de información de consultas de procesos de la Rama Judicial le
registra “[…] múltiples procesos judiciales que no le pertenecen, sino que
corresponden a un tercero identificado como VÍCTOR ALFONSO
SÁNCHEZ DÍAZ, quien cuenta con los mismos nombres, pero con los
apellidos en orden inverso, tratándose de una persona distinta […]”.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02481-00

1.2. Debido a lo anterior, el 18 de noviembre de 2025 presentó ante el
Tribunal Administrativo del Tolima “[…] solicitud de ocultamiento del
radicado No. 73001230000020080056300 […]”, la cual le fue negada el 14
de enero de 2026 con fundamento en que él no promovió dicho proceso
judicial.

1.3. El 18 de noviembre de 2025, el actor presentó petición al Juzgado
Doce Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué solicitando
el “[…] ocultamiento del radicado No. 73001609909320170274100 […]”,
reiterada el 11 de diciembre de ese mismo año.

1.4. El 19 de noviembre de 2025, el accionante presentó ante el Juzgado
Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín solicitud
de “[…] ocultamiento de la consulta correspondiente al radicado No.
05001600020620142258800 […]”, la cual fue negada al considerarse que
el peticionario no se encontraba “[…] legitimado para hacer tal solicitud,
pues el único interesado en ese registro en temas de vulneración de
hábeas data y buen nombre es el señor VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ
DÍAZ […]”.

1.5. El 5 de marzo de 2026, el actor presentó petición ante la Unidad de
Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, “[…] con el fin de que se realizara la revisión y/o
actualización de la información registrada en el sistema “Siglo XXI”,
solicitando que, al momento de efectuar la consulta de los procesos, se
reflejen correctamente los nombres completos de las personas, evitando
su aparición en orden inverso, situación que actualmente genera confusión
en la identificación de los titulares de la información […]”.

1.6. El 24 de marzo de 2026, la Unidad de Transformación Digital e
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial respondió
la solicitud al actor indicándole que no existía error en la información porque
“[…] los resultados arrojados por el sistema no constituyen una
individualización exclusiva por nombre, sino una coincidencia en cadenas

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de texto, lo cual puede incluir registros de personas con nombres similares
o con inversión en el orden de los apellidos, sin que ello implique un error
en la información publicada ni una indebida asociación entre identidades
[…]”.

1.7. El accionante señaló que “[…] tanto el Juzgado 013 Penal del Circuito
de Medellín como el Tribunal Administrativo del Tolima fundamentaron la
negativa de las solicitudes de ocultamiento exclusivamente en la diferencia
de los números de cédula, sin valorar que dicha información no es visible
en la consulta pública de la Rama Judicial, lo que impide a los terceros
diferenciar entre una persona y otra. En consecuencia, omitieron analizar
la confusión real que se genera en el público al consultar dicha información,
lo cual conlleva a la afectación del buen nombre […]”.

1.8. El actor adujo que las anteriores circunstancias afectan su derecho al
hábeas data debido a que el artículo 4, literal d), de la Ley 1581 de 2012
establece el principio de veracidad o calidad de la información, el cual
impone a las entidades responsables del tratamiento de datos personales
el deber de garantizar que la información sea veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible, prohibiendo expresamente el
tratamiento de datos que resulten parciales, incompletos o que induzcan a
error.

1.9. Aseguró que “[…] la información que reposa en la base de datos de la
Rama Judicial y en el sistema “Siglo XXI” no cumple con los parámetros de
veracidad, exactitud y comprensibilidad, en tanto permite que, al consultar
el nombre de mi representado, se asocien procesos judiciales que no le
pertenecen, correspondientes a una persona distinta con los apellidos en
orden inverso, induciendo a error a los terceros que acceden a la
información […]”.

1.10. Afirmó que las autoridades judiciales que conocieron de las
solicitudes de ocultamiento omitieron realizar un análisis material de la
afectación generada, limitándose a señalar que se trata de personas

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distintas con base en la diferencia de números de identificación,
desconociendo que dicho dato no es visible en la consulta pública.

1.11. Afirmó que “[…] la imprecisión estructural del sistema de consulta de
la Rama Judicial no solo genera una confusión en abstracto, sino que tiene
efectos concretos en la circulación de la información, al inducir en error a
terceros que actúan de buena fe, quienes terminan atribuyendo a mi […],
antecedentes judiciales inexistentes, con potenciales repercusiones
negativas en su acceso al empleo, a relaciones contractuales y a su
reputación personal y profesional […]”.

1.12. Comentó que “[…] dada la forma en que actualmente opera el
sistema de consulta, basado en coincidencias nominales amplias que no
permiten una individualización clara del titular de la información, se genera
un alto riesgo de confusión entre personas homónimas o con nombres
similares, como ocurre en el caso del señor VÍCTOR ALFONSO DÍAZ
SÁNCHEZ, cuyo nombre aparece asociado a procesos judiciales que en
realidad corresponden a un tercero con los apellidos en orden inverso […]”.

1.13. Finalmente, señaló que “[…] el portal Web está diseñado para arrojar
resultados amplios, lo que genera confusión de la información, afectando
directamente el buen nombre, la honra y la reputación de mi representado,
adicionalmente, es claro que la entidad acepta las fallas del portal, sin
embargo, omite adoptar medidas correctivas, incumpliendo su deber de
actualizar, corregir o suprimir información errónea, por lo que en la
respuesta se da a entender que cada tercero que realiza consulta de
procesos, debe ejecutar validaciones adicionales para saber si el número
de documento coincide con el nombre y apellido completo de la persona
vinculada en el proceso […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

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“[…] PRIMERO: Solicito al Juez de Tutela Tutelar el Derecho
Fundamental al Habeas Data del señor VÍCTOR ALFONSO DÍAZ
SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía […].

SEGUNDO: Se ordene tanto a los Juzgados accionados como a la Unidad
De Transformación Digital E Informática De La Dirección Ejecutiva De
Administración Judicial para que dentro de 48 se gestione y se haga el
ajuste necesario para que el nombre coincida con la consulta sobre los
procesos que se adelantaron única y exclusivamente en contra del señor
VÍCTOR ALFONSO DÍAZ SÁNCHEZ identificado con cédula de
ciudadanía […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto de 27 de
marzo de 2026, remitió el expediente de la referencia al Consejo de Estado,
correspondiéndole por reparto a esta Sección que, mediante providencia de
10 de abril de 2026 la admitió.

III. INTERVENCIONES

1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de
Transformación Digital e Informática rindió informe en el que indicó que no
cuenta con facultad ni competencia para registrar, diligenciar o modificar la
información en los sistemas de información de gestión de procesos y manejo
documental justicia XXI y justicia XXI Web, toda vez que no adelanta los
procesos judiciales ni realiza el registro de las actuaciones procesales en el
sistema, pues ello es de competencia exclusiva de los despachos judiciales.

Por lo anterior, advirtió que carece de competencia para certificar, ocultar
cancelar o suprimir, algún tipo de antecedente o anotación en el sistema,
motivo por el cual solicitó su desvinculación del presente trámite.

Refirió que los despachos judiciales cuentan con las herramientas en las
aplicaciones para poder realizar las modificaciones en las bases de datos de
la Rama Judicial, con el fin de proteger los datos y actuaciones procesales que
han sido ingresados en las mismas.

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2. El Tribunal Administrativo del Tolima - Secretaría solicitó declarar
improcedente el mecanismo de amparo, como quiera que no ha existido acción
u omisión de su parte que haya violado o amenazado el derecho fundamental
de hábeas data invocado por el tutelante.

Informó que el 6 de marzo de 2026 recibió “[…] comunicación del Consejo de
Estado de la providencia del 13 de febrero de 2026 de esa Corporación
proferida en el habeas Corpus radicado 73001-23-00-000-2008-00563-01,
donde dispone acceder a la solicitud del señor VICTOR ALFONSO SÁNCHEZ
DÍAZ, de anonimización de sus datos en los sistemas de información de la
Rama Judicial y la herramienta tecnológica SAMAI. Para dar cumplimiento a
lo ordenado por el Consejo de Estado, direccioné la comunicación al Técnico
en Sistemas del Tribunal para su gestión quedando el registro en esta
Corporación, sin los datos del demandante […]”.

3. El Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Medellín solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque no ha
incurrido en omisión o actuación que atente contra los derechos
fundamentales del actor.

Indicó que “[…] quien aparece vinculado con el proceso con radicado
050016000206201422588 es el señor VICTOR ALFONSO SÁNCHEZ DÍAZ y
no VICTOR ALFONSO DÍAZ SÁNCHEZ -el accionante- de manera que la
información allí reportada es correcta y no le puede generar afectación al buen
nombre y hábeas data por cuanto quien allí figura es una persona totalmente
ajena a él, máxime cuando la misma no se constituye en una anotación o
antecedente judicial que impida el acceso a un empleo, pues al corresponder
a una preclusión implica que no se emitió una condena […]”.

4. El Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué
refirió que en ese despacho cursó el proceso penal con radicación
73001609909320170274100 contra el señor Víctor Alfonso Sánchez Díaz, por
lo que no tuvo como sujeto procesal al señor Víctor Alfonso Díaz Sánchez,
quien actúa como accionante en esta acción de tutela.

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Adicionalmente, indicó que la petición a la que alude el actor haber presentado
ante ese despacho judicial fue enviado a una dirección electrónica distinta a la
que tiene asignada, razón por la que no ha recibido solicitud de ocultamiento
de datos y, en ese sentido, no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados del señor Víctor Alfonso Díaz Sánchez, máxime cuando la causa
judicial que conoció no corresponde a los datos del actor.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad
de Transformación Digital e Informática solicitó su desvinculación del presente
trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Unidad de Transformación Digital e Informática fue
relacionada como una de las autoridades que presuntamente vulneró el
derecho fundamental al hábeas data del actor, al haber negado la
actualización de la información que reposa en las bases de datos de la Rama
Judicial, le asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de
la referencia, razón por la que se negará la solicitud de desvinculación.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se encuentra cumplido el presupuesto
procesal de la legitimación en la causa por activa respecto de la
vulneración atribuida al Tribunal Administrativo del Tolima, al
Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Medellín y al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Ibagué. En caso negativo, se efectuará el análisis
de la situación fáctica respecto de tales autoridades.

B) Si la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de
Transformación Digital e Informática vulneró el derecho al hábeas
data del actor al no garantizar el principio de veracidad o calidad de
la información que se encuentra registrada en el aplicativo de
consulta de procesos judiciales de la página de la Rama Judicial.

4. Caso concreto

Del análisis del escrito de tutela se advierte que los motivos de inconformidad
del actor surgen por dos causas principales, a saber: i) el hecho de que las
autoridades judiciales accionadas se hayan abstenido de anonimizar u ocultar
la información registrada dentro de los procesos judiciales identificados con los
radicados 73001-60-99-093-2017-02741-00, 73001-23-00-000-2008-00563-
00 y 05001-60-00-206-2014-22588-00; y ii) que la información que se
encuentra registrada en el aplicativo de consulta de procesos judiciales de la
página web de la Rama Judicial no garantiza el principio de veracidad o calidad
debido a que genera confusión en la identificación de los titulares de la
información.

En razón a lo anterior, la Sala estudiará de manera separada los anteriores
argumentos.

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4.1. Análisis de la legitimación en la causa por activa respecto de la
vulneración atribuida al Tribunal Administrativo del Tolima, al Juzgado
Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín y al
Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona2.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].

Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19913 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].

A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones

2 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

En el presente caso, el señor Víctor Alfonso Díaz Sánchez pretende que las
autoridades judiciales accionadas anonimicen u oculten los datos de
identificación registrados en la página web de consultas de procesos judiciales
de la Rama Judicial correspondientes a los procesos 73001-60-99-093-2017-
02741-00, 73001-23-00-000-2008-00563-00 y 05001-60-00-206-2014-22588-
00.

Respecto de lo anterior, la Sala empieza por señalar que los únicos legitimados
para promover el mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una
actuación u omisión dentro de un proceso judicial, son los sujetos procesales
del proceso que se cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los
eventualmente afectados y quienes tendrían el interés de que el juez
constitucional proteja sus derechos fundamentales.

Al respecto, esta Sección ha “[…] venido sosteniendo en su jurisprudencia que,
en principio, sólo los sujetos procesales se encuentran legitimados para
controvertir, a través de la acción de tutela, las decisiones o actuaciones que
se realizan en el curso de un proceso judicial […]”4.

Con fundamento en la anterior premisa, en el caso concreto la Sala advierte
que el actor carece de legitimación en la causa por activa para pretender la
protección del derecho fundamental al hábeas data con ocasión de la falta de
anonimización u ocultamiento de los datos registrados en los procesos 73001-
60-99-093-2017-02741-00, 73001-23-00-000-2008-00563-00 y 05001-60-00-
206-2014-22588-00, dado que no fungió como sujeto procesal dentro de estos.

Así las cosas, la Sala considera que no se encuentran satisfechos los
requisitos exigidos en los artículos 86 de la Constitución Política y 10º del
Decreto Ley 2591 de 1991, motivo por el cual declarará improcedente la acción

4 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, 2 de noviembre

de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, 7 de
septiembre de 2023.

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respecto de la vulneración atribuida al Tribunal Administrativo del Tolima, al
Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín y
al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué.

4.2. Análisis de la vulneración atribuida a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Unidad de Transformación Digital e Informática

En este punto, el actor manifestó que el sistema de información de consulta
de procesos judiciales de la página web de la Rama Judicial no garantiza el
principio de veracidad o calidad de la información debido a que genera confusión
en la identificación de los titulares de la información.

Para resolver lo anterior, resulta oportuno señalar que la Rama Judicial tiene
a su cargo la administración de justicia, la cual es una función pública, de
conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política, por lo que sus
actuaciones deben ser “[…] públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial […]”.

Asimismo, en virtud de los artículos 5 y 7 de la Ley 1712 de 2014, al ser una
de las ramas del poder público tiene la obligación de tener a disposición de las
personas interesadas la información a través de medios físicos, remotos o
locales de comunicación electrónica y en la web de forma actualizada, lo cual
realiza a través de la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama
Judicial, en la que se puede acceder a la información sobre los procesos
judiciales, las partes, las actuaciones y sus números únicos de identificación,
la cual no está sujeta a ningún tipo de reserva, confidencialidad o censura.

Esta Sala, en otras oportunidades5, ha considerado que los registros que
reposan en la página de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama
Judicial o de cualquier otra plataforma de esa entidad, no constituyen
antecedentes de ningún tipo en contra de quien figura como parte en un

5
Sentencias de 1° de abril de 2022, exp. 110010315000202201504-00, del 28 de noviembre de 2024, exp. 11001-
03-15-000-2024-05467-00; del 3 de abril de 2025, exp. 110010315000202501338-00; de 4 de septiembre de 2025,
exp. 25000-23-15-000-2025-00578-01; entre otras.

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proceso judicial.

Bajo este razonamiento, se tiene que, a prima facie, las anotaciones de las
consultas de procesos del portal web de la Rama Judicial no constituyen un
desconocimiento de los derechos al buen nombre, honra y hábeas data de
quienes fungen como parte en un proceso judicial, en tanto no contienen un
reporte negativo ni constituyen antecedente penal o disciplinario.

Adicionalmente, es de señalar que, si bien al consultar el nombre del actor en
la página de web de consulta de procesos de la Rama Judicial arroja como
resultado la existencia de varios procesos judiciales, la realidad es que al
comparar los datos de los sujetos procesales de los expedientes que cursaron
en el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Trece Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Medellín y el Juzgado Doce Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Ibagué bajo los radicados 73001-23-00-000-
2008-00563-00, 05001-60-00-206-2014-22588-00 y 73001-60-99-093-2017-
02741-00 respectivamente (expedientes respecto de los cuales se predica la
vulneración de derechos fundamentales), se observa que en los mismos no
funge como sujeto procesal el señor Víctor Alfonso Díaz Sánchez -aquí
accionante-, sino el ciudadano Víctor Alfonso Sánchez Díaz.

De ahí que, aunque los resultados del sistema de consulta de procesos de la
Rama Judicial no constituyen una individualización exclusiva del nombre del
aquí accionante, ya que incluye el registro de una persona que tiene los
mismos nombres, pero invertidos el orden de los apellidos, no significa que la
información registrada genere confusión en la identificación de los titulares de
la información o atente contra el principio de veracidad.

Ello en consideración a que, al revisar la identificación de los sujetos
procesales que muestra el sistema de la Rama Judicial dentro de los procesos
73001-23-00-000-2008-00563-00, 05001-60-00-206-2014-22588-00 y 73001-
60-99-093-2017-02741-00 (expedientes respecto de los cuales se predica la
vulneración de derechos fundamentales), se logra observar con claridad que
los apellidos no corresponden al del aquí actor, por lo que la información

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registrada brinda total certeza de que el accionante no es el titular de la
información registrada en esos procesos y, por ende, no genera duda o
confusión alguna, tal como se ve a continuación:

Por las anteriores consideraciones, la Sala concluye que no hay vulneración
del derecho fundamental al hábeas data del aquí actor, dado que la
información publicada en el sistema de consulta de procesos de la Rama
Judicial correspondiente a sus datos de identificación permite diferenciarlos de
cualquier otro registrado en dicha base de datos, por tanto, se negará el
amparo deprecado en el escrito de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Transformación Digital e
Informática, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia respecto de la vulneración atribuida al Tribunal Administrativo del

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02481-00

Tolima, al Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Medellín y al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Ibagué, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NEGAR el mecanismo de amparo respecto de la vulneración
atribuida a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de
Transformación Digital e Informática, por las razones expuestas en esta
decisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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