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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01504-00

Fecha
1 de abril de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01504-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, 15 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. 16 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”. 18 Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00 Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo que presentó Javier Camilo Forero Rodríguez contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01504-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

1 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1°) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez
Demandados: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y
Fiscalía General de la Nación

Tema: Acción de tutela por registro de procesos judiciales en la página de la
Rama Judicial

Derechos Fundamentales Invocados: i) Buen nombre, ii) trabajo y iii) honra

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación,
porque, a su juicio, al encontrarse registrados en la página web de Consulta de
Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial “[…] procesos que parece (sic)
en mi contra […]”, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

I.ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la
Nación, porque, a su juicio, al encontrarse registrados en la página web de
Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial “[…] procesos que
parece (sic) en mi contra […]”, vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] tuve diferentes procesos de (sic) ante la rama y de los cuales
ya se encuentran cerrados o archivados […]”, sin embargo, “[…] al consultar en la
pagina (sic) de la rama judicial me aparecen los procesos […]”.

4. Expuso que, tiene un contrato laboral con la empresa IT-XPRESS S.A.S., no
obstante, precisó que le informaron por escrito que “[…] me es negado el ingreso
al cliente que se me tiene delegado por solicitud del mismo cliente toda vez, que
el cliente manifiesta que tengo antecedentes y procesos de los cuales fueron
consultados en la página y que una vez no se borren no es permitido el ingreso
[…]”.

5. Advirtió que, “[…] producto de los (sic) mencionado con anterioridad la
empresa me manifiesta que de no poder solucionar el problema esta se verá en la
obligación de cancelación del contrato al no poder cumplir con las obligaciones
para el (sic) cual (sic)fui contratado […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Tutelar el derecho fundamental a la honra y al trabajo en consecuencia:

1. Ordenar a la rama judicial que de la pagina (sic) se borre los procesos que
parece (sic) en mi contra.

2. Ordenar a la fiscalía y a los juzgados de los que aparece relacionado se expida
certificado de que no se cuenta con antecedentes y que no cuento con procesos
pendientes […]”.

7. Como fundamento de su solicitud el actor manifestó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con lo anterior, ponen en grave riesgo mi trabajo y amenazan de
manera grave mi derecho a la honra y al trabajo, consagrado por la Constitución
Política de Colombia como un Derecho Fundamental […]”.

[…]

“[…] Por todo lo anterior considero que se está violando el DERECHO
FUNDAMENTAL A LA HONRA, BUEN NOMBRE Y AL TRABAJO, de que trata el
artículo 15,21 Y 25 de nuestra Carta Magna por medio del cual me está impidiendo
realizar mi ejercicio laboral y está vulnerando mi buen nombre toda vez que a la
fecha en ninguno de los procesos que aparece obtuvo fallo en mi contra […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de marzo de 2022, i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior
de la Judicatura, al Director Ejecutivo de Administración Judicial – DEAJ, al
Director de la Unidad Centro de Documentación Judicial – CENDOJ y al Fiscal
General de la Nación; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al
Juzgado 010 de Familia de Bogotá, al Juzgado 001 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá, al Juzgado 002 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y a IT-XPRESS S.A.S., concediéndoles el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Centro de Documentación Judicial – CENDOJ solicitó su
desvinculación al considerar que “[…] no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el accionante, toda vez que no adelantó los
procesos judiciales ni realizo (sic) el registro de las actuaciones procesales en el
sistema, que como ya se indico (sic) es competencia exclusiva de los despachos
judiciales […]”.

9.1. Al respecto, señaló que:

“[…] El Centro de Documentación Judicial-CENDOJ, del Consejo Superior de la
Judicatura es administrador del portal Web www.ramajudicial.gov.co de la Rama
Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación
de la información administrativa y judicial producida por las diferentes
dependencias de la Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-9109
de 2011.

De otra parte la Consulta Nacional Unificada de procesos, integra información
de las versiones cliente servidor y web del sistema de información judicial Justicia
XXI que es administrada por de (sic) la Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de conformidad con los Acuerdos 1591 del
2002 y PSAA14- 10215.

La información publicada en la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la
página Web www.ramajudicial.gov.co es un reflejo de lo incluido directamente por
los despachos y corporaciones judiciales, que para el caso de los registros
relacionados con el accionante se visualiza de la siguiente manera:

1. Al realizar la búsqueda con el nombre del accionante, señor JAVIER CAMILO
FORERO RODRÍGUEZ, se generaron los siguientes resultados […]”.

[…]

“[…] 2. Dentro de lo cinco resultados que se refieren uno pertenece a la actual
acción constitucional

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

3. Ahora bien, en los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá al realizar la búsqueda con el número de identificación del accionante y su
nombre, NO aparece registro alguno […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, es preciso advertir que la información de consulta de procesos del
sistema Justicia Siglo XXI, es un “registro de actuaciones judiciales” que tiene
como finalidad dar publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la
administración de justicia, en cumplimiento del artículo 2281 de la Constitución
Política y artículos 2 y 7 de la Ley 1712 de 2014 sobre la Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, y que de ninguna manera
constituye antecedentes penales y/o disciplinarios, pues conforme el artículo
248 de la Constitución Política, únicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y
contravencionales en todos los órdenes legales.

Al respecto, vale la pena citar la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá, radicado Tutela 2017-01059,
Magistrada ponente doctora Elka Venegas Ahumada:

“(…) el sistema de consulta de procesos no contiene una base de datos de
información personal de sujetos, en la medida que se trata de un aplicativo que
maneja referencias de expedientes judiciales, con la finalidad de que los usuarios
de los distintos despachos puedan acceder al estado de aquellos.

(…)

Entonces el aplicativo de consulta de procesos tiene como función específica
mantener informados a los usuarios de la Rama Judicial de las actuaciones que se
producen en desarrollo de la obligación del Estado de administrar justicia, sin que
por ello pueda ser considerado como un medio de consulta de antecedentes
penales de quienes intervienen en esos expedientes […]”.

[…]

“[…] Atendiéndose las disposiciones y jurisprudencia en cita, concluye esta Sala
que la información que el actor pretende que se oculte no guarda relación alguna
con una base de datos personal, pues el sistema de “consulta de procesos” tiene
por objeto enterar a los usuarios de la administración de justicia sobre las distintas
actuaciones y decisiones que se presentan en los diferentes expedientes judiciales,
motivo por el cual no es posible concluir vulneración del derecho fundamental del
habeas (sic) data ni de las garantías de autodeterminación informática y caducidad
de la información negativa que de aquel surgen” […]”.

[…]

“[…] Vale la pena informar que en el Acuerdo PSAA14-10279: “Por el cual se
aprueban las políticas y procedimientos de Seguridad de la Información para la
Rama Judicial” artículo 2 numeral 26; y la Circular DEAJC19-9: “Cumplimiento
política tratamiento de datos personales y de la información Ley 1581 de 2012”, se
ha reglamentado sobre la protección de datos personales en la Rama Judicial […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

“[…] No sobra indicar que el CENDOJ, no tiene usuario, permisos, facultad, ni
competencia para registrar, diligenciar o modificar información en el sistema de
gestión procesal en la consulta de procesos nacional unificada […]”.

10. La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación al considerar
que “[…] las pretensiones del accionante fueron resueltas, configurándose la carencia de
objeto por hecho superado […]”.

10.1. Señaló que:
“[…] consultados los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación
SPOA y SIJUF a nivel nacional, con el nombre de JAVIER CAMILO FORERO
RODRÍGUEZ, identificado (a) con cedula (sic) de ciudadanía No. 80.902.372,
aparecen los siguientes registros […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en referencia a la solicitud de modificación/eliminación de datos
en los sistemas misionales SPOA y SIJUF, que reposan en la entidad, no es
posible predicar el “derecho al olvido” sobre los datos contenidos en la base de
datos ya mencionada […]”.

[…]

“[…] En el sub lite, el accionante no cuestiona la veracidad y actualización de los
datos reportados en el SPOA, pues, de acuerdo con su dicho y lo señalado con
anterioridad, en éste aparece la anotación de que la actuación penal que se
adelantó en su contra está inactiva.

Requiere, en cambio, que se elimine la totalidad del registro de la actuación, lo cual
no es viable, pues, la conservación de esa información obedece a un fin
constitucionalmente legítimo, esto es, mantener un reporte de todos los asuntos
donde el Estado a través del órgano de persecución ha intervenido, que tiene
efectos importantes no sólo a nivel estadístico, sino que son parte de los aspectos
que indudablemente se tiene en cuenta al momento de establecerse la política
criminal e incluso, inciden en la adopción de políticas por parte del Estado.

Adicionalmente, el buen nombre, el hábeas data y la honra, no son gracias
absolutas, pues, no obstante, su protección constitucional, los ciudadanos no
pueden evitar la recolección y el manejo de ese tipo de información de interés
general, salvo que no sea veraz, completa o desactualizada, circunstancias estas
últimas que no son cuestionadas por el demandante, ya que el mismo coincide con
las entidades accionadas en que ciertamente la investigación que cursó en su
contra precluyó a su favor.

6.3. Con esto, aunque es cierto que las anotaciones del SPOA representan datos
negativos, pues, en su caso, permite asociarlo con la existencia de un proceso
penal en calidad de indiciado, no puede perderse de vista que tal registro es veraz
en el sentido de señalar que la investigación está inactiva y, además, no constituye
un antecedente penal.”

Lo anterior se aplica también a las anotaciones incluidas en el SPOA y SIJUF, pues
en el cumplimiento de la misión de la Fiscalía General de la Nación tiene una
especial relevancia la información de las investigaciones adelantadas e incluso de
aquellas concluidas.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

Es de advertir que SAGITARIO es un documento interno de trabajo que maneja la
Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, respecto a WATSON es una
herramienta tecnológica de inteligencia artificial que permite realizar búsquedas por
patrones y parámetros determinados, en este orden de ideas es importante
precisar que no es viable realizar consulta en Sagitario ni en WATSON ya que
éstos no revisten las características de una base de datos que permita atender la
naturaleza de su petición, como si (sic) ocurre con SPOA y SIJUF.

Así mismo, se indica que la información otorgada debe ser manejada de acuerdo
con los principios rectores del artículo 4 del Título II de la Ley 1581 de 2012, "Por la
cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”,
señalando que la Entidad no se hace responsable por el uso indebido que haga de
la misma ante terceros […]”.

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, “[…]
Luego de haberse verificado los hechos que dan origen a la presente acción de
tutela se encuentra que no es injerencia de esta Seccional pronunciarse sobre los
hechos de la misma teniendo en cuenta que la (sic) accionante NO laboró en
ninguna dependencia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas DESAJ […]”.

11.1. Manifestó que:

“[…] Ahora bien, es preciso reiterar que la información de consulta de procesos del
sistema Justicia XXI, es un “registro de actuaciones judiciales” que tiene como
finalidad dar publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la administración de
justicia, en cumplimiento del artículo 2281 de la Constitución Política y artículos 2 y
7 de la Ley 1712 de 2014 sobre la Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional, y que de ninguna manera constituye antecedentes
penales y/o disciplinarios, pues conforme el artículo 248 de la Constitución Política,
únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva
tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes
legales […]”.

12. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Director Ejecutivo de
Administración Judicial – DEAJ, el Juzgado 010 de Familia de Bogotá, el Juzgado
001 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el Juzgado
002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la sociedad IT-
XPRESS S.A.S. guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es

5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18. La Sala advierte que el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, la
Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen
de legitimación en la causa por pasiva.

19. Al respecto, es preciso indicar que el Centro de Documentación Judicial –
CENDOJ y la Fiscalía General de la Nación fueron notificados en calidad de
demandados, en la medida en que constituyen las entidades responsables de las
bases de datos frente a las cuales el actor presentó la solicitud de amparo, razón
por la cual, resulta necesario que frente a ellas se efectué un estudio de fondo de
la acción de tutela de la referencia.

20. Ahora bien, en cuanto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, la Sala advierte que dicha entidad fue vinculada al proceso de
tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que de los
anexos allegados con el escrito de tutela, se observa que uno de los registros que
cuestiona el actor realizados en el sistema de Consulta de Procesos Nacional
Unificada de la Rama Judicial corresponde a esa entidad, es decir que a dicha
entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

21. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Centro de
Documentación Judicial – CENDOJ, a la Fiscalía General de la Nación y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá les asiste
interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

22. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto del Centro de
Documentación Judicial – CENDOJ, de la Fiscalía General de la Nación y de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

Problema jurídico

23. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben
proteger los derechos fundamentales al buen nombre, al trabajo y a la honra
invocados por el actor, los cuales considera vulnerados por la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación,
con ocasión del registro que aparece en el sistema de Consulta de Procesos
Nacional Unificada de la Rama Judicial de procesos iniciados en su contra.

24. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al buen
nombre, ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo,
iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la honra;
procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre

25. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, que establece que:

“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas […]”.

26. Atendiendo a que la Corte Constitucional7 ha entendido que el derecho al
buen nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia
directa a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de
una persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una
persona realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor
sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de
su existencia muestra como crédito una persona […]”.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

27. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

28. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente8:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se
desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el
individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona
los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su
potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la
actividad que lo pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se
refleja en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido
de protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la honra

29. Visto el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección
[…]”.

30. Atendiendo a que la Corte Constitucional9 ha entendido que el derecho a la
honra es “[…] la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida
por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a

8 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 14 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00
Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con
el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y
frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las
personas dentro de la colectividad […]”.

Análisis del caso concreto

31. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
32. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

33. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los
siguientes documentos:

33.1. Anexos allegados por el actor con el escrito de tutela.

33.2. Informes rendidos por el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, la
Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, con sus respectivos anexos.

Solución del caso concreto

34. En el caso sub examine, el actor considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión del reporte de procesos judiciales iniciados en su
contra registrados en el sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

la Rama Judicial, frente a los cuales adujo “[…] ya se encuentran cerrados o
archivados […]”.

35. Al respecto, la Sala advierte que, tal como lo mencionaron las entidades
demandadas y aquella vinculada como tercero con interés en sus informes, los
registros que reposan en la página de Consulta de Procesos Nacional Unificada
de la Rama Judicial no constituyen antecedentes de ningún tipo en contra de
quien figura como parte demandada en un proceso, tal como se explicará a
continuación.

36. Lo primero que advierte la Sala es que el artículo 248 de la Constitución
Política establece que “[…] Únicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y
contravencionales en todos los órdenes legales […]”.

37. Por otra parte, la Sala observa que, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, en el artículo 3.° del Acuerdo núm. 560 de 9 de agosto
de 199910, frente a la información registrada en la página web de la Rama
Judicial, asignó al Centro de Documentación Judicial de la Rama Judicial –
CENDOJ, entre otras, las siguientes funciones:

“[…] - Diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento un sistema de
información que permita el acceso de los servidores judiciales, al
conocimiento de las fuentes formales del derecho, tanto nacionales como
internacionales […]”.

[…]

“[…] -Organizar y poner a disposición, como fuente de consulta permanente, de
los servidores judiciales la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura,
la doctrina de los tribunales, los conceptos y decisiones de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura y la legislación nacional e internacional […]”.

[…]

“[…] -Organizar el funcionamiento coordinado de todas las oficinas de relatoría
de las Corporaciones judiciales y tribunales […]”. (Resaltado por la Sala)

10 “Por el cual se cambia la denominación de la unidad de formación e información judicial y se reestructura

para organizar el centro de documentación socio-jurídica de la rama judicial”.

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38. Al respecto, es necesario precisar que, mediante el Acuerdo núm.
PSAA11-9109 de 28 de diciembre de 201111, el Consejo Superior de la
Judicatura asignó como administrador principal del referido portal web al
CENDOJ con el propósito de que la información allí registrada estuviera
permanentemente actualizada para consulta del público en general;
información que, cabe mencionar, es registrada por los funcionarios de la Rama
Judicial debidamente autorizados para ello y corresponde al registro que para tal
efecto esos despachos del país han realizado a través del aplicativo Justicia XXI,
que constituye un “Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo
Documental” regulado por el Acuerdo núm. 1591 de 24 de octubre de 200212
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
39. Ahora bien, la Sala precisa que los datos que se ingresan frente a cada
proceso deben ser veraces y ser diligenciados de manera correcta y oportuna por
un funcionario que en el sistema quedará identificado como responsable de dicho
registro.

40. En ese orden de ideas, la Sala observa que se trata de un sistema de
información que propende porque las actuaciones judiciales sean de carácter
público, salvo las excepciones que establezca la ley, que dota a la Rama
Judicial de transparencia y publicidad, sin que se vean afectados los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra como lo aduce el actor en la solicitud
de amparo. Asunto distinto, por ejemplo, son los antecedentes que certifica la
Policía Nacional, los cuales sí constituyen antecedentes penales o judiciales, lo
que no sucede con el registro que cuestiona el actor que realiza la Rama Judicial,
que como ya se indicó, corresponde a los datos de procesos judiciales sin que en
ellos se establezca el registro delictivo o contravencional en contra de alguna
persona.

41. Al respecto, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes
términos:

11 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo No.1445 de 2002 y se reglamenta la administración de las

publicaciones del portal Web de la Rama Judicial”.
12 “Por el cual se establece el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (Justicia

XXI)”.

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41.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado 13 señaló
que:

“[…] Sumado a lo anterior, la Sala recalca que este sistema de información de
procesos judiciales se fundó para dar cumplimiento con el mandato
establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual, las
actuaciones judiciales “serán públicas y permanentes con las excepciones
que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”, junto con lo
dispuesto en los artículos 2º y 7º de la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, según los cuales
toda información es pública, salvo expresas excepciones constitucionales y legales,
siendo obligación de la Rama Judicial y todos sus actores dar transparencia y
publicidad a todas las actuaciones procesales y “tener a disposición de las
personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones” […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, la Sala estima que los registros procesales que aparecen
en la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial a nombre
del accionante no constituyen antecedentes penales o judiciales, pues tal
como se dijo previamente, hacen parte de un sistema de información a nivel
nacional, que busca facilitar a los ciudadanos el acceso a la información de los
procesos surtidos en el territorio e igualmente, darles publicidad y transparencia en
su manejo, por los distintos operadores judiciales […]”. (Resaltado por la Sala)

41.2. Por su parte, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado14 expuso que:

“[…] no es dable entender quebrantado al derecho constitucional fundamental de
hábeas data cuando el registro es propio de las «especiales funciones que en
materia penal cumple la administración de esta información personal, así como sus
usos legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio», o
que sea necesario conservar el histórico de los procesos dentro de la rama
judicial, por lo que «En estos casos, la finalidad […] es constitucional y su uso […]
está protegido además por el propio régimen del hábeas data»[…]”. (Resaltado por
la Sala)

42. En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se configura la vulneración
de los derechos fundamentales del actor, en la medida en que la información
registrada en el sistema web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la
Rama Judicial corresponde a información de carácter público que tiene como
finalidad la transparencia y publicidad de las actuaciones que se realizan dentro

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Subsección A de la Sección Tercera, sentencia

de 20 de noviembre de 2020, número único de radicación 66001-23-33-000-2020-00420-01, C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Subsección B de la Sección Segunda,
sentencia de 27 de agosto de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-02251-00, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

de los distintos procesos judiciales, sin que su registro tenga el carácter de
antecedentes penales o judiciales, que como se indicó supra, corresponde a la
Policía Nacional.

43. La Sala pone de presente que, en todo caso, si bien ese registro no se
puede suprimir o eliminar, lo cierto es que la Ley 1581 de 17 de octubre de
201215 y el Decreto 1377 de 27 de junio de 201316 prevén situaciones en las que
el actor podría solicitar la reserva de alguna información por contener datos
sensibles, previo cumplimiento de los requisitos legales para tal fin.

44. Finalmente, frente a la pretensión del actor relacionada con “[…] Ordenar a
la fiscalía y a los juzgados de los que aparece relacionado (sic) se expida
certificado de que no se cuenta con antecedentes y que no cuento con procesos
pendientes […]”, la Sala advierte que no hay lugar al amparo solicitado, en la
medida en que, tal como se expuso previamente, el registro que dichas
autoridades realizan en el portal web de Consulta de Procesos Nacional
Unificada corresponde a lo que para tal efecto les exige la norma y que constituye
un sistema de información, más no antecedentes judiciales, como lo considera el
tutelante.

Conclusiones de la Sala

45. Con fundamento en lo anterior, la Sala negará la solicitud de amparo, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ,

15 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
16 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”.

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, por lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo que presentó Javier Camilo Forero
Rodríguez contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
y la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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