Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01338-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01338-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01338-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro1
Tema: Acción de tutela por registro de procesos judiciales en la página de la Rama
Judicial
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) honra y iii) buen nombre
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, porque, a su juicio, al no dar respuesta
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
“[…] completa, congruente, suficiente y de fondo […]” a la petición de 20 de diciembre
de 2024, mediante la cual solicitó que “[…] se oculte el istorial (sic) jurídico mio.que
(sic) no sea de manejo público. Istorial (sic) que maneja la aplicación CPNU […]”,
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] El día 20 de diciembre de 2024, radique (sic) derecho de
petición a la Rama Judicial en el cual solicitaba de manera respetuosa el
ocultamiento del historial jurídico en mi nombre, con el fin de que no sea de manejo
público, ya que ha venido ocasionando perjuicios […] Toda esta información se
encuentra en el historial de la aplicación CPNU […]”.
4. Manifestó que, “[…] El día 13 de enero de 2025, recibí respuesta a ello en la
cual se le da traslado a los juzgados competentes del proceso […]”.
5. Sostuvo que, “[…] Se cumplió el término legal de respuesta y aún no he
recibido información por parte de los juzgados, referente a lo solicitado […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR en mi favor los derechos
constitucionales fundamentales invocados, ordenándole a la RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas, desde la notificación del fallo que se servirá dar respuesta completa,
congruente, suficiente y de fondo a las peticiones que les he realizado […]”.
6.1. Como fundamento de su solicitud el actor manifestó lo siguiente:2
2 Transcripción literal del texto.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
“[…] 4. Se cumplió el término legal de respuesta y aún no he recibido información
por parte de los juzgados, referente a lo solicitado.
5. Los juzgados que aún no han brindado respuesta al derecho de petición son:
• JUZGADO VEINTIDOS PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE MEDELLIN.
• JUZGADO DIECIOCHO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE
CONOCIMIENTO DE MEDELLIN
• JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS
DE MEDELLIN […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de marzo de 2025: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura; y iii) vinculó como terceros con interés legítimo al Juzgado Veintidós
Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín y al Juzgado Dieciocho Penal
del Circuito de Medellín, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran
informe.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Centro de
Documentación Judicial – CENDOJ rindió informe en los siguientes términos:
“[…] II. Pronunciamiento del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Centro
de Documentación Judicial (CENDOJ), frente a la solicitud del señor García
Restrepo
2.1 Frente a la solicitud realizada por el señor García Restrepo, por medio de la cual,
requiere ocultar su historial jurídico para que no sea expuesto públicamente, es
pertinente informarle que, el Centro de Documentación Judicial (en adelante el
CENDOJ), en el marco de sus funciones, según el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011,
no es competente para ocultar datos o información. El CENDOJ es el administrador
funcional del portal web www.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial y según sus
funciones es el responsable de garantizar el espacio para la publicación de la
información administrativa y judicial producida por las diferentes dependencias de la
Rama Judicial.
2.2 Es importante advertir que, en el marco del Acuerdo PCSJA22-12130 del 29 de
diciembre de 2023, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se creó la
División de Seguridad y Ciberseguridad de la Información en la Unidad de
Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial. Esta división lidera y tiene como función la protección de datos personales
en la Rama Judicial, para lo cual, ha habilitado como canal institucional para
presentar consultas y reclamos el siguiente correo electrónico:
protecciondatospersonales@deaj.ramajudicial.gov.co […]”.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
[…]
“[…] Por su parte, el Acuerdo PSAA14-102153, autorizó la adecuación del sistema y
autorizó a la directora ejecutiva de Administración Judicial para que, por medio de la
Unidad de Informática, realizará la actualización del sistema de información de
gestión de procesos y el manejo documental (Justicia XXI) a una plataforma de
ambiente web para acceso de los despachos judiciales por vía intranet o internet y
con una base de datos por especialidad y centralizada (artículo 1º). La
implementación de estos sistemas se realizó de manera gradual, en los distritos
judiciales.
Ahora bien, frente a estos dos sistemas centralizados, que fueron actualizados por
medio de la Unidad de Informática (actualmente, UTDI), según la reglamentación
citada y que contienen, las bases de datos por especialidad, en el año 2019, el
Consejo Superior de la Judicatura fortaleció la Consulta de Procesos de la Rama
Judicial para entregar al ciudadano un único canal de Consulta de Procesos, la cual
integraría las dos versiones de consultas (sistemas) antes citadas, para mantener la
información homogénea y clara, de los procesos judiciales, vinculados a esa
aplicación.
Como resultado de dicho objetivo se generó la Consulta Unificada de Procesos,
conocida actualmente, como la CPNU, aplicación que administra la UTDI y que se
alimenta de la información de las bases de datos que incluyen directamente los
despachos y corporaciones judiciales.
2.6 En esa medida, la CPNU es un «registro de actuaciones judiciales» y su finalidad
es dar publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la administración de justicia,
en cumplimiento del artículo 2284 de la Constitución Política y los artículos 25 y 76
de la Ley 1712 de 2014, normativa que desarrolla los principios de transparencia y
el acceso a la Información Pública Nacional. Y de ninguna manera constituyen
antecedentes penales o disciplinarios, pues conforme el artículo 248 de la
Constitución Política, únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales
en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales
en todos los órdenes legales […]”.
[…]
“[…] De acuerdo con lo anterior, se concluye como de contera lo indicó dicha
Corporación, que las decisiones respecto al «ocultamiento» y/o modificación de
información corresponden exclusivamente a los despachos y corporaciones
judiciales y es la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial como administradora del Sistema de
Información de Procesos Justicia XXI, la encargada de indicar el procedimiento
técnico.
IV. La consulta realizada por el CENDOJ en relación con la publicación realizada
en la CPNU, por los despachos judiciales en el caso del señor José Ilberto (sci)
García Restrepo
Frente a la solicitud del accionante José Ilberto (sic) García Restrepo, al realizar,
desde el CENDOJ, la búsqueda en la CPNU, por medio del número de la cédula
de ciudadanía del accionante, se encontró que los Juzgados Veintidós Penal
Municipal con función de control de garantías de Medellín publicó información
relacionada con el proceso 05001408802220070026000 y el Juzgado 018 Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín con el proceso
05001408802220070026001.
No obstante, de la búsqueda realizada, también se advierte la publicación de
información en los siguientes despachos judiciales: […]”.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
[…]
“[…] De acuerdo con lo anterior, le correspondería al accionante realizar las
respectivas solicitudes ante estos despachos judiciales. […]”.
9. El Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Medellín rindió informe en los
siguientes términos:
“[…] En atención a requerimiento luego de vincular a este Despacho mediante auto
de fecha, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025), me permito informar que
revisado el sistema de gestión se halló que, efectivamente el Despacho conoció
sobre el radicado: 05001408802220070026001 a que hace referencia el señor José
Ilberto (sic) García Restrepo, y que se trata de acción de tutela en contra de
SERVICOL S.A., tal como aparece en el siguiente documento: […]”.
[…]
“[…] Se pudo constatar que este Juzgado conoció en segunda instancia del fallo
proferido por el Juzgado Veintidós Penal Municipal de esta ciudad, y donde en el
sistema se pueden observar las siguientes anotaciones:
• EN ENERO 17/08 SE REMITE POR IMPUGNACION (sic) ANTE JUECES DEL
CTO.
-EL 14 DE FEBREO (sic) DE 2008 EL JUZGADO 18 PENAL DEL CIRCUITO
CONFIRMA LA SENTENCIA.
-EL 27 DE FEBRERO DE 2008 SE ENVIA A LA CORTE […]”.
[…]
“[…] Visto lo anterior, es preciso indicar que este Despacho no tendría a su cargo el
proceso y por tanto, considera de forma respetuosa, que no se ha vulnerado el
derecho fundamental de petición invocado por el solicitante, al no tener competencia
para realizar el “ocultamiento de historial jurídico” a su nombre. Además, que,
verificado el correo, no se halló solicitud alguna del señor José Ilberto (sic) García
Restrepo en las fechas en que manifestó haber enviado el correo. […]”.
10. El Juzgado Veintidós Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín
guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 135 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
13. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben proteger
los derechos fundamentales de petición, a la honra y al buen nombre invocados
por el actor, los cuales considera vulnerados por la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura, al no dar respuesta “[…] completa, congruente,
suficiente y de fondo […]” a la petición de 20 de diciembre de 2024, mediante la
cual solicitó que “[…] se oculte el istorial (sic) jurídico mio.que (sic) no sea de
manejo público. Istorial (sic) que maneja la aplicación CPNU […]”.
14. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
a la honra; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al buen nombre; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso
concreto.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición
15. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:
“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.
16. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de
2 de enero de 19847, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
17. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 20118, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.
18. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.
19. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.
20. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 20159 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.
7 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
9 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
21. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
22. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.
23. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.
24. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14
ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta
a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
25. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
26. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.
27. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.
28. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
29. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.
Reglas jurisprudenciales del derecho de petición
30. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201210, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:
10 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado
fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden
el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que
resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-
572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999,
T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130
de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-
137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.
31. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
32. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.
33. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”11.
34. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.
35. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional12:
“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.
Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
11 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
Núm. único de radicación: 110010315000202501338-00
Actor: José Gilberto García Restrepo
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
honra
36. Visto el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección
[…]”.
37. Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha entendido que el derecho a la
honra es “[…] la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida
por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a
su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con
el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y
frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las
personas dentro de la colectividad […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre
38. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, que establece que:
“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas […]”.
39. Atendiendo a que la Corte Constitucional14 ha entendido que el derecho al
buen nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia
directa a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de
una persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona
13 Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 14 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real
dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia
muestra como crédito una persona […]”.
Análisis del caso concreto
40. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, porque, a su juicio, al no dar respuesta
“[…] completa, congruente, suficiente y de fondo […]” a la petición de 20 de diciembre
de 2024, mediante la cual solicitó que “[…] se oculte el istorial (sic) jurídico mio.que
(sic) no sea de manejo público. Istorial (sic) que maneja la aplicación CPNU […]”,
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
41. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
42. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
43. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los
siguientes documentos:
43.1. Anexos que allegó el actor con el escrito de tutela.
43.2. Informe rendido por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Centro de Documentación Judicial – CENDOJ y el Juzgado Dieciocho
Penal del Circuito de Medellín, con sus respectivos anexos.
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Solución del caso concreto
44. En el caso sub examine, el actor considera vulnerados sus derechos
fundamentales por parte de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura, al no dar respuesta “[…] completa, congruente, suficiente y de fondo
[…]” a la petición de 20 de diciembre de 2024, mediante la cual solicitó que “[…] se
oculte el istorial (sic) jurídico mio.que (sic) no sea de manejo público. Istorial (sic)
que maneja la aplicación CPNU […]”.
45. Al respecto, primero que todo, la Sala advierte que, tal como lo ha
considerado en otras oportunidades15, los registros que reposan en la página de
Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial no constituyen
antecedentes de ningún tipo en contra de quien figura como parte demandada en
un proceso.
46. La Sala advierte que el artículo 248 de la Constitución Política establece que
“[…] Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma
definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos
los órdenes legales […]”.
47. Por otra parte, la Sala observa que, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, en el artículo 3.° del Acuerdo núm. 560 de 9 de agosto
de 199916, frente a la información registrada en la página web de la Rama Judicial,
asignó al Centro de Documentación Judicial de la Rama Judicial – CENDOJ, entre
otras, las siguientes funciones:
“[…] - Diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento un sistema de
información que permita el acceso de los servidores judiciales, al conocimiento
de las fuentes formales del derecho, tanto nacionales como internacionales
[…]”.
[…]
“[…] -Organizar y poner a disposición, como fuente de consulta permanente, de
los servidores judiciales la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, la
doctrina de los tribunales, los conceptos y decisiones de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y la legislación nacional e internacional […]”.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de abril de
2022, número único de radicación 110010315000202201504-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
16 “Por el cual se cambia la denominación de la unidad de formación e información judicial y se reestructura
para organizar el centro de documentación socio-jurídica de la rama judicial”.
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[…]
“[…] -Organizar el funcionamiento coordinado de todas las oficinas de relatoría
de las Corporaciones judiciales y tribunales […]”. (Resaltado por la Sala)
48. Al respecto, es necesario precisar que, mediante el Acuerdo núm. PSAA11-
9109 de 28 de diciembre de 201117, el Consejo Superior de la Judicatura asignó
como administrador principal del referido portal web al CENDOJ con el propósito
de que la información allí registrada estuviera permanentemente actualizada para
consulta del público en general; información que, cabe mencionar, es registrada
por los funcionarios de la Rama Judicial debidamente autorizados para ello y
corresponde al registro que para tal efecto esos despachos del país han realizado
a través del respectivo aplicativo.
49. Ahora bien, la Sala precisa que los datos que se ingresan frente a cada
proceso deben ser veraces y ser diligenciados de manera correcta y oportuna por
un funcionario que en el sistema quedará identificado como responsable de dicho
registro.
50. Al respecto, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:
50.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado18 señaló que:
“[…] Sumado a lo anterior, la Sala recalca que este sistema de información de
procesos judiciales se fundó para dar cumplimiento con el mandato
establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual, las
actuaciones judiciales “serán públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”, junto con lo
dispuesto en los artículos 2º y 7º de la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, según los cuales
toda información es pública, salvo expresas excepciones constitucionales y legales,
siendo obligación de la Rama Judicial y todos sus actores dar transparencia y
publicidad a todas las actuaciones procesales y “tener a disposición de las
personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones” […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, la Sala estima que los registros procesales que aparecen en
la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial a nombre del
17 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo No.1445 de 2002 y se reglamenta la administración de las
publicaciones del portal Web de la Rama Judicial”.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Subsección A de la Sección Tercera, sentencia
de 20 de noviembre de 2020, número único de radicación 66001-23-33-000-2020-00420-01, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
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accionante no constituyen antecedentes penales o judiciales, pues tal como se
dijo previamente, hacen parte de un sistema de información a nivel nacional,
que busca facilitar a los ciudadanos el acceso a la información de los procesos
surtidos en el territorio e igualmente, darles publicidad y transparencia en su manejo,
por los distintos operadores judiciales […]”. (Resaltado por la Sala)
50.2. Por su parte, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado19 expuso que:
“[…] no es dable entender quebrantado al derecho constitucional fundamental de
hábeas data cuando el registro es propio de las «especiales funciones que en materia
penal cumple la administración de esta información personal, así como sus usos
legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio», o que
sea necesario conservar el histórico de los procesos dentro de la rama judicial,
por lo que «En estos casos, la finalidad […] es constitucional y su uso […] está
protegido además por el propio régimen del hábeas data»[…]”. (Resaltado por la
Sala)
51. La Sala pone de presente que, en todo caso, si bien ese registro no se puede
suprimir o eliminar, lo cierto es que la Ley 1581 de 17 de octubre de 2012 20 y el
Decreto 1377 de 27 de junio de 201321 prevén situaciones en las que el actor podría
solicitar la reserva de alguna información por contener datos sensibles, previo
cumplimiento de los requisitos legales para tal fin.
52. En el caso sub examine, la Sala advierte que, si bien el actor manifestó que,
“[…] El día 20 de diciembre de 2024, radique (sic) derecho de petición a la Rama
Judicial en el cual solicitaba de manera respetuosa el ocultamiento del historial
jurídico en mi nombre, con el fin de que no sea de manejo público, ya que ha venido
ocasionando perjuicios […] Toda esta información se encuentra en el historial de
la aplicación CPNU […]” y sostuvo que “[…] El día 13 de enero de 2025, recibí
respuesta a ello en la cual se le da traslado a los juzgados competentes del proceso
[…]”, no obra prueba alguna que acredite lo expuesto por el actor.
53. Por su parte, la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
– Centro de Documentación Judicial – CENDOJ se pronunció indicando que “[…]
según los hechos descritos en el escrito de tutela, el accionante no ha agotado la
posibilidad de presentar la respectiva solicitud ante los despachos judiciales que
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia
de 27 de agosto de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-02251-00, C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
20 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
21 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”.
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administran dicha información, para lo cual deberá aportar los respectivos
elementos de prueba que sirvan de sustento […]”.
54. Finalmente, el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Medellín manifestó
que “[…] verificado el correo, no se halló solicitud alguna del señor José Ilberto (sic)
García Restrepo en las fechas en que manifestó haber enviado el correo […]”.
55. En ese orden de ideas, la Sala observa que, de conformidad con el acervo
probatorio que obra dentro del expediente de tutela objeto de estudio, no está
acreditado que el actor haya presentado el derecho de petición que invoca y que
de este se haya dado traslado a los respectivos juzgados.
56. Ante la ausencia de prueba en la que conste lo expuesto por el actor y
atendiendo a que el sistema web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de
la Rama Judicial corresponde a información de carácter público que tiene como
finalidad la transparencia y publicidad de las actuaciones que se realizan dentro de
los distintos procesos judiciales, la Sala negará la solicitud de tutela, en la medida
en que, por un lado, no está acreditada la amenaza o afectación de los derechos
fundamentales de petición, al buen nombre y a la honra como lo aduce el actor; y,
por otra parte, el registro que cuestiona el actor que realiza la Rama Judicial
corresponde a los datos de procesos judiciales sin que en ellos se establezca el
registro delictivo o contravencional en contra de alguna persona, es decir, no tienen
el carácter de antecedentes penales o judiciales.
57. La Sala pone de presente que, en todo caso, si el actor lo considera, podrá
acudir ante cada autoridad judicial y solicitar la reserva de alguna información por
contener datos sensibles, previo cumplimiento de los requisitos legales para tal fin.
Conclusiones de la Sala
58. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de tutela.
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Actor: José Gilberto García Restrepo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad
accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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