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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02481-01

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02481-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02481-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02481-01
Demandante: Víctor Alfonso Díaz Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – No se vulneraron los derechos fundamentales al buen
nombre, la honra y al habeas data / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – Falta de legitimación
en la causa por activa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026, por la Sección Primera del Consejo de
Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.Elseñor Víctor Alfonso Díaz Sánchez presentó acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Trece Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Medellín, el Juzgado Doce Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Ibagué y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad
de Transformación Digital e Informática, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al buen nombre, la honra y al habeas data1.

2.El accionante manifestó que al revisar la información que reposaba en la página de

consulta pública de la Rama Judicial, evidenciaba irregularidades, pues al agregar el
nombre de Víctor Alfonso Díaz Sánchez, el sistema arrojaba múltiples procesos
judiciales que no le pertenecían, sino que correspondían a un tercero identificado
como Víctor Alfonso Sánchez Díaz, persona con el mismo nombre, pero con los
apellidos invertidos.

3.Con fundamento en lo anterior, el 18 de noviembre de 2025, le solicitó al Tribunal

Administrativo del Tolima ocultar el radicado 73001-23-00-000-2008-00563-00 y al
Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué anonimizar

1 Se pone de presente que en el escrito de tutela no se menciona explícitamente como vulnerado el derecho al

trabajo, pero se hace alusión a situaciones que tienen la potencialidad de afectarlo.

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Referencia: 11001-03-15-000-2026-02481-01
Demandante: Víctor Alfonso Díaz Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

el proceso 73001-60-99-093-2017-02741-00. Además, señaló que el 19 del mismo
mes y año, le pidió al Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Medellín ocultar el expediente 05001-60-00-206-2014-22588-00.

4. Señaló que el 1° de diciembre de 2025, el Juzgado Trece Penal del Circuito con

función de conocimiento de Medellín negó ocultar el proceso 05001-60-00-206-2014-
22588-00, en atención a que el solicitante no tenía relación con el mismo, pues Víctor
Alfonso Sánchez Díaz y Víctor Alfonso Díaz Sánchez eran personas diferentes,
conforme su número de identificación.

5. Manifestó que el 11 de diciembre de 2025, reiteró la solicitud ante el Juzgado Doce

Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué, pero no recibió respuesta.
De otra parte, señaló que el 14 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Tolima determinó que la solicitud era improcedente porque en el proceso de habeas
corpus con radicado 73001-23-00-000-2008-00563-00, el accionante se identificaba
con una cédula de ciudadanía distinta, en tanto se trataba de una persona diferente
al solicitante.

6. A juicio del accionante, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Medellín y el
Tribunal Administrativo del Tolima fundamentaron la negativa de las solicitudes de
ocultamiento exclusivamente en la diferencia de los números de cédula, sin que
valoraran que tal información no era visible en la consulta pública de la Rama
Judicial, lo que les impedía a los terceros diferenciar entre una persona y otra.

7. Arguyó que el sistema de gestión documental Siglo XXI se implementó con la

finalidad de que cada persona tuviera un registro propio de los procesos judiciales
con sus nombres completos, sin embargo, en la consulta de procesos realizada
respecto del señor Víctor Alfonso Díaz Sánchez, el sitio Web arrojaba información
de otra persona con nombres iguales, pero apellidos inversos, por lo que el contenido
no era exacto y veraz, como lo exige la Ley 1581 de 2012.

8.Indicó que la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de conformidad con los Acuerdos 1591 del 2002,
PSAA14- 10215 y PCSJA23-12130, es la responsable de gestionar las fallas
presentadas en el portal Web de la Rama Judicial. Por ello, el 5 de marzo de 2026,
le solicitó a la entidad realizar la revisión y/o actualización de la información
registrada en el sistema “Siglo XXI”, para que, al momento de efectuar la consulta de
procesos, se reflejaran los nombres completos de las personas.

9.Adujo que el 24 de marzo de 2026, la mencionada Unidad le respondió que la

consulta por nombre funcionaba bajo criterios amplios de coincidencia, lo que
permitía incluir personas con nombres similares o sus apellidos inversos, por lo que
no existía un error en la información publicada, pues la identificación precisa se
lograba con el número de cédula de la persona.

2

Referencia: 11001-03-15-000-2026-02481-01
Demandante: Víctor Alfonso Díaz Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10.El accionante resaltó que plataformas de validación de información y firmas de

análisis de seguridad consultaban la página de procesos de la Rama Judicial y
utilizaban como criterio principal de búsqueda el nombre completo de la persona, lo
que generaba un alto riesgo de confusión entre personas homónimas o con nombres
similares, pues la forma en que funciona el sistema podía inducir a error a terceros
que actuaban de buena fe.

11.Sostuvo que la información que reposa en la base de datos de la Rama Judicial y

el sistema “Siglo XXI” no cumple con los parámetros de veracidad, exactitud y
comprensibilidad, en tanto permite que, al consultar por su nombre, se asocien
procesos judiciales que no le pertenecen. Situación que puede dar lugar a que le
atribuyan antecedentes judiciales inexistentes, con potenciales repercusiones
negativas en el acceso al empleo, sus relaciones contractuales y su reputación
personal y profesional.

12.En ese sentido, la demanda de tutela pretende que se ordene a las accionadas

gestionar y hacer los ajustes necesarios para que el nombre coincida con la consulta
sobre los procesos que se adelantaron única y exclusivamente en contra del señor
Víctor Alfonso Díaz Sánchez, con precisión de su cédula de ciudadanía.

B. Sentencia de primera instancia

13. Mediante sentencia del 7 de mayo de 2026, la Sección Primera del Consejo de

Estado declaró improcedente la acción de tutela respecto del Tribunal Administrativo
del Tolima, el Juzgado Trece Penal del Circuito con función de conocimiento de
Medellín y el Juzgado Doce Penal Municipal con función de conocimiento de Ibagué.
Además, negó el mecanismo de amparo frente a la vulneración atribuida a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Transformación Digital e
Informática.

14.Respecto de la improcedencia de la tutela, indicó que el accionante carece de

legitimación en la causa por activa para pretender la protección del derecho
fundamental al hábeas data con ocasión de la falta de anonimización u ocultamiento
de los datos registrados en los procesos 73001- 60-99-093-2017-02741-00, 73001-
23-00-000-2008-00563-00 y 05001-60-00- 206-2014-22588-00, en tanto no fungió
como sujeto procesal dentro de estos.

15.En cuanto a la vulneración atribuida a la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, señaló que, prima facie, las anotaciones de las consultas de procesos del
portal web de la Rama Judicial no constituyen un desconocimiento de los derechos
al buen nombre, honra y hábeas data de quienes fungen como parte en un proceso
judicial, en tanto no contienen un reporte negativo ni constituyen antecedente penal
o disciplinario2.

2 Se refirió a las decisiones “Sentencias de 1° de abril de 2022, exp. 110010315000202201504-00, del 28 de

noviembre de 2024, exp. 11001- 03-15-000-2024-05467-00; del 3 de abril de 2025, exp.
110010315000202501338-00; de 4 de septiembre de 2025, exp. 25000-23-15-000-2025-00578-01; entre otras”.
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Referencia: 11001-03-15-000-2026-02481-01
Demandante: Víctor Alfonso Díaz Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

16.Adicionalmente, señaló que, aunque la consulta del nombre del actor en la página

web de procesos de la Rama Judicial arrojaba como resultado la existencia de varios
expedientes, al comparar los datos de los sujetos procesales de los radicados 73001-
23-00-000- 2008-00563-00, 05001-60-00-206-2014-22588-00 y 73001-60-99-093-
2017-02741-00, se observaba que en los mismos no fungía como sujeto procesal el
señor Víctor Alfonso Díaz Sánchez, aquí accionante, sino el ciudadano Víctor Alfonso
Sánchez Díaz.

17. En consecuencia, la información publicada en el sistema de consulta de procesos

de la Rama Judicial referente a los datos de identificación del accionante, permitía
diferenciarlo de cualquier otro registrado en dicha base de datos, por lo que existía
total certeza de que el actor no era el titular de la información registrada en los
procesos 73001-23-00-000- 2008-00563-00, 05001-60-00-206-2014-22588-00 y
73001-60-99-093-2017-02741-00, razón por la cual no se generaba duda o confusión
alguna.

C. Impugnación

18. El accionante pidió revocar la decisión de primera instancia y que se tutelen sus

derechos fundamentales al habeas data, buen nombre, honra y trabajo. Indicó que
el a quo declaró la improcedencia de la acción, sin tener en cuenta que su finalidad
no era intervenir en el fondo del litigio de tales procesos, ni pedir la nulidad de lo
actuado, sino que se protegiera su propio derecho fundamental al habeas data y al
buen nombre, los cuales sufrían una vulneración material, real y actual.

19.Señaló que su legitimación no nace de la calidad de "parte" en los procesos, sino

de su condición de titular del dato personal afectado con el sistema de información
público de la Rama Judicial. Por ello, negar la legitimación -a su juicio- equivalía a
concluir que un ciudadano debía soportar pacíficamente que el Estado lo expusiera
ante el público con antecedentes penales falsos solo porque el expediente original
pertenecía a otro titular con el mismo nombre.

20. Indicó que el fallo sostiene que no existe error ni confusión en la información

porque al dar clic y desplegar los detalles internos de los procesos, el usuario puede
evidenciar que los apellidos corresponden a un tercero y están en orden inverso -
Sánchez Díaz y Díaz Sánchez-. Sin embargo, no tuvo en cuenta que los usuarios
comunes, los potenciales empleadores y las empresas de validación de
antecedentes ejecutan consultas sistemáticas basadas exclusivamente en el criterio
de búsqueda nominal completo.

21. Señaló que el sistema "Siglo XXI" y el portal de la Rama Judicial, al arrojar en

bloque procesos de naturaleza penal de un tercero con apellidos invertidos, inducía
a error al lector de buena fe, lo que estaba prohibido por el literal d) del artículo 4 de
la Ley 1581 de 2012. Manifestó que defender la "coincidencia de cadenas de texto"
como un comportamiento técnico normal del software, ocasionaba que la
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Referencia: 11001-03-15-000-2026-02481-01
Demandante: Víctor Alfonso Díaz Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Administración Judicial le trasladara ilegalmente la carga de la prueba al ciudadano,
obligándolo a deambular con certificaciones para demostrar en cada entrevista
laboral “que no es el delincuente que el sistema público insinúa que es”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

22. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

23. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo resulta improcedente respecto del Tribunal Administrativo del Tolima, el
Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín y el
Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué. Lo anterior,
sumado a que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de
Transformación Digital e Informática no vulneró los derechos fundamentales
invocados.

Improcedencia de la acción de tutela

24.Uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, es que quien la

instaure se encuentre legitimado en la causa por activa. Es decir, que quien presente
la acción sea el titular de los derechos presuntamente vulnerados, cuente con poder
de la persona titular de los mismos o manifieste que está actuando como agente
oficioso.

25.El accionante interpuso la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del

Tolima, el Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Medellín y el Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Ibagué, al considerar que vulneran sus derechos, al negar ocultar los procesos
73001-23-00-000- 2008-00563-00, 05001-60-00-206-2014-22588-00 y 73001-60-99-
093-2017-02741-00.

26.La Sala evidencia que, según la consulta de procesos nacional unificada3 de la

Rama Judicial, el señor Víctor Alfonso Díaz Sánchez no es sujeto procesal dentro de
los expedientes 73001-23-00-000- 2008-00563-00, 05001-60-00-206-2014-22588-
00 y 73001-60-99-093-2017-02741-00. En ese sentido, no cuenta con legitimación
para solicitar modificaciones dentro de aquellos, pues esta solo se encuentra en
cabeza de los sujetos que fueron parte.

3 “Consulta por nombre o razón social”.

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Referencia: 11001-03-15-000-2026-02481-01
Demandante: Víctor Alfonso Díaz Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

27. Se precisa que, aunque el accionante manifieste que su legitimación no nace de

la calidad de "parte" en los procesos, sino de su condición de titular del dato personal
afectado con el sistema de información público de la Rama Judicial, la vulneración
que alega respecto de los Juzgados y el Tribunal, se circunscribe al no ocultamiento
de los radicados, derecho que solo ostentan los sujetos procesales, pues aceptar lo
contrario significa que personas ajenas, sin interés en el proceso, puedan solicitar
modificaciones dentro de los mismos.

28. Por ello, tal como lo concluyó el a quo, el accionante carece de legitimación en la

causa por activa para interponer la acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Tolima, el Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Medellín y el Juzgado Doce Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Ibagué. Tal conclusión, no significa como lo alega la accionante,
que el ciudadano se encuentre sometido a que el Estado lo exponga ante el “público
con antecedentes penales falsos”, pues se reitera, el señor Víctor Alfonso Díaz
Sánchez no fungió como sujeto procesal dentro de los expedientes mencionados
anteriormente.

29.La Sala no desconoce que situaciones como la descrita, eventualmente pueden

afectar a personas ajenas a los procesos, por yerros o impresiones en la información,
pero ese no es el caso. Claramente la censura parte de la consideración del
accionante de que le asiste un interés en la forma en que se registran los datos en
un proceso, bajo la premisa de que su nombre es similar al de la persona respecto
de la cual se siguen los referidos procesos penales.

Análisis respecto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de
Transformación Digital e Informática

30.El accionante manifestó que la información que reposa en la base de datos de la

Rama Judicial y el sistema “Siglo XXI”, no cumple con los parámetros de veracidad,
exactitud y comprensibilidad, en tanto permite que, al consultar por su nombre, se
asocien procesos judiciales que no le pertenecen. En ese sentido, la vulneración que
le atribuye a la Unidad de Transformación Digital e Informática, es la diversidad de
resultados que arrojan las plataformas con el nombre Víctor Alfonso Díaz Sánchez.

31.Se precisa que el accionante se refiere al sistema “Siglo XXI” y a la “base de datos

de la Rama Judicial”, por lo que es necesario precisar que la consulta de procesos
nacional unificada, contiene las siguientes opciones:

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Referencia: 11001-03-15-000-2026-02481-01
Demandante: Víctor Alfonso Díaz Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

32. La opción referente a Justicia XXI Web, permite efectuar la búsqueda por
“proceso”, “ciudadano” y “predio”. La sección de “ciudadano” exige para efectuar la
consulta, introducir el tipo de documento, número de identificación, primer nombre,
segundo nombre, primer apellido, segundo apellido y de ser el caso, la razón social.
En ese sentido, según lo planteado en el escrito de tutela y las pruebas aportadas,
la inconformidad del accionante no es con esta opción, sino con la “consulta de
procesos nacional unificada”, como se expondrá a continuación.

33. La opción de consulta de procesos nacional unificada, permite efectuar la
búsqueda por: (i) número de radicación; (ii) “consulta por nombre o razón social”;
(iii) “construir número”; (iv) Juez/ Magistrado y clase de proceso; y (v) Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. En el presente caso, el accionante
plantea que, al agregar el nombre de Víctor Alfonso Díaz Sánchez en la sección de
“nombre o razón social”, el sistema arroja múltiples procesos judiciales que no le
pertenecen, lo que induce al error.

34.Esa afirmación no es acertada, pues una simple observación de los resultados que

arroja el sistema con el nombre de Víctor Alfonso Díaz Sánchez, permite evidenciar
que, en los procesos 73001-23-00-000-2008-00563-00, 05001-60-00-206-2014-
22588-00 y 73001-60-99-093-2017-02741-00, el sujeto procesal es Víctor Alfonso
Sánchez Díaz:

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Referencia: 11001-03-15-000-2026-02481-01
Demandante: Víctor Alfonso Díaz Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

35. Por consiguiente, no es procedente considerar que la plataforma muestre
información errónea, inexacta o incomprensible. Se resalta que el uso indebido que
le puedan dar las personas a la plataforma, como el no efectuar una simple
visualización de los resultados de la consulta por el nombre de Víctor Alfonso Díaz
Sánchez, no implica que el sistema tenga un error o induzca al mismo.

36.Asimismo, tampoco es acertada la afirmación del accionante en la que señaló que

se ve obligado deambular con certificaciones para demostrar en cada entrevista
laboral “que no es el delincuente que el sistema público insinúa que es”, pues se
reitera, el sistema no indica que sea parte dentro de los procesos 73001-23-00-000-
2008-00563-00, 05001-60-00-206-2014-22588-00 y 73001-60-99-093-2017-02741-
00. Además, no allegó prueba de que los resultados de “consulta por nombre o razón
social” hayan afectado alguna relación laboral o la expectativa de aquella. De manera
que su señalamiento no pasa de ser una hipótesis infundada.

37.Finalmente, se pone de presente que la Corte Constitucional en la sentencia SU-

458 del 20124, indicó que la administración de bases de datos personales sobre
antecedentes penales, no solo la ostenta el Ministerio de Defensa-Policía Nacional-,
sino también la Procuraduría General de la República, la Registraduría Nacional, la
Fiscalía General y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. En ese
sentido, no es procedente considerar que el resultado de la “consulta por nombre o
razón social” de la consulta de procesos nacional unificada de la Rama Judicial,
constituya un antecedente penal.

38.Por lo expuesto, la Sala confirmará el fallo proferido el 7 de mayo de 2026 por la

Sección Primera del Consejo de Estado.

39.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

4 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia del 21 de junio de 2012, expediente T-2.651.508 AC, [M.P. Adriana

María Guillén Arango].
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Referencia: 11001-03-15-000-2026-02481-01
Demandante: Víctor Alfonso Díaz Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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