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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04167-01

Fecha
20 de octubre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04167-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 7 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 15 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. 16 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”. 15 Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00 Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-04167-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202304167-01
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Tema: Acción de tutela por registro de procesos judiciales en la página de la Rama
Judicial

Derechos Fundamentales Invocados: i) Intimidad, ii) honra y iii) hábeas data

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 7 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual negó la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, porque, a su juicio, con ocasión a “[...] la anotación

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

del proceso instaurado por BLANCA RUTH CHARRY de radicación
1001110200020000139601, en la página de consulta de procesos […] toda vez
que es como si la sanción siguiera vigente a pesar de que fue hace más 17 años
[...]”, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] El 1 de noviembre de 2005, la señora BLANCA RUTH
CHARRY, presentó en mi contra Queja ante el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA hoy COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL; radicación
No. 11001110200020000139601 […] Dentro del proceso disciplinario en mención,
el día 7 de junio de 2006, se resolvió SANCIONARME con 6 meses de suspensión
[…]”.

4. Manifestó que, “[…] han trascurrido más de 17 años y aun continua (sic) vigente
el historial en la página de consultas […]”.

5. Sostuvo que, “[…] Teniendo en cuenta que la información comparte de mí
consecuencias negativas, que perjudican mi buen nombre, en razón a mi profesión
como ABOGADO; presente (sic) derecho de petición ante la COMISION
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, en aras de que se archivara, eliminara o
excluyera dicha información y todas las demás anotaciones que aparecen en la
consulta de procesos, como denunciado […]”.

6. Señaló que, “[…] Mediante comunicación del pasado 27 de julio, la COMISION
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, dio contestación indicando: “…la única
forma de realizar cualquier información de los portales de consulta es mediante
orden judicial […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: TUTELAR, Los derechos constitucionales fundamentales, A la
Intimidad, a la Privacidad, a la honra, y al Habeas Data; por cuanto están siendo
violados por COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.

SEGUNDO: ORDENAR, a la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL de
manera inmediata, ocultar la información que reposa en la página web de la Rama
Judicial con respecto del proceso instaurado por BLANCA RUTH CHARRY de
radicación 1001110200020000139601, ya que actualmente esta (sic) afectando mi
buen nombre y mi profesión como ABOGADO y todas las demás denuncias que
aparecen en mi contra de forma inmediata […]”.

8. Como fundamento de su solicitud el actor manifestó lo siguiente:

“[…] la anotación del proceso instaurado por BLANCA RUTH CHARRY de radicación
1001110200020000139601, en la página de consulta de procesos perjudica mi buen
nombre; toda vez que es como si la sanción siguiera vigente a pesar de que fue hace
más 17 años; tiene la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, el deber
de actualizar, archivando de manera invisible a los usuarios o eliminando dicha
información o anotación.

La anotación en mención me está vulnerando mis derechos a la intimidad y
privacidad. No guarda proporcionalidad una sanción que se extinguió hace más de
16 años, con el histórico que de ella se conserva en la página web de la Rama
Judicial.

La información que reposa en la página web de la Rama Judicial y que puede ser
consultada por posibles contratantes, que requieran mis servicios profesionales
como ABOGADO; me está generando una reputación dudosa que me perjudica al
momento que me van a contratar. Los datos tienen por su naturaleza una vigencia
limitada en el tiempo, evento que impone a los responsables o administradores de
bancos de datos (página web de la Rama Judicial) la obligación ineludible de una
permanente actualización a fin de poner en circulación la información judicial de las
personas por un periodo limitado […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 4 de agosto de 2023, i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; y iii)
vinculó, en calidad de tercero con interés legítimo, al Consejo Seccional de la

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

Judicatura de Cundinamarca, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó negar la acción de tutela,
al considerar lo siguiente:

“[…] Revisado el escrito de tutela, el hoy aquí accionante, solicita la supresión de
las anotaciones de los procesos disciplinarios seguidos en su contra, reflejadas
en la consulta de procesos de la Rama Judicial; esta dependencia considera que
no es dable atender su pedimento, por las siguientes razones:

El Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de adoptar los mecanismos
necesarios para implementar la tecnología al servicio de la administración de
justicia, tal y como lo dispone el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, y con el
propósito de realizar las consultas de los procesos por medios electrónicos,
implementó el sistema de gestión Siglo XXI, a través del Acuerdo 1591 de 24 de
octubre de 2002. Posteriormente, mediante Acuerdo No. 3334 de 2 de marzo de
2006 se reglamentó la utilización de los medios electrónicos e informáticos en el
cumplimiento de las funciones de la administración de justicia, el cual fue
adicionado por el Acuerdo 4937 de 8 de julio de 2008.

Este sistema permite a la ciudadanía conocer las actuaciones de los procesos a
través de la información que es alimentada directamente por los despachos
judiciales a nivel Nacional en la página web http:procesosramajudicial.gov.co y en
el caso de esta Corporación a través del siguiente correo electrónico
correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co, se allegan todas las
solicitudes que son incorporadas a los proceso tramitados por esta corporación.

El Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, permite la consulta del proceso vía
internet o en los despachos judiciales, no solo con el número único de radicación,
sino también con los datos de las partes del proceso, lo que genera mayor facilidad
en el acceso al sistema de información y permite realizar de manera ágil las
consultas que son de interés no solo de las partes, del Ministerio Público sino de
otras autoridades judicial y administrativas […]”.

[…]

“[…] Bajo los anteriores argumentos, no es posible retirar del sistema de consulta
el proceso disciplinario que en otrora oportunidad se siguió en su contra y, por el
cual, resultó sancionado con suspensión temporal en el ejercicio de la profesión;
empero, nótese que, en el certificado de antecedentes disciplinarios, vencido el
término de caducidad, se retiraron las anotaciones de las sentencias
sancionatorias (art. 174 Ley 734 de 2002) […]”.

11. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá rindió informe en los
siguientes términos:

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

“[…] se descargó del sitio web de la Rama Judicial el certificado de antecedentes
disciplinarios No. 3545907, expedido por la Secretaría Judicial de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, con el que se acredita que, revisados los archivos de
“Antecedentes Disciplinarios de la Comisión, así como los del Tribunal Disciplinario
y los de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, no aparecen registradas sanciones
contra el (la) doctor (a) JORGE ENRIQUE GARZON RIVERA identificado (a) con la
cédula de ciudadanía No. […] y la tarjeta de abogado (a) No. […]”, de manera que
para este funcionario, el reclamo de accionante está desprovisto de fundamento.

Basta añadir que, salvo en el caso de la exclusión de la profesión de abogado, para
la cual ha de solicitarse la rehabilitación, el abogado a quien se impone una sanción
de suspensión –como la que pesó sobre el accionante– queda rehabilitado de
manera automática, al cumplirse el tiempo que haya sido dispuesto para la misma,
sin que para ello deba mediar solicitud alguna; además, por virtud de lo dispuesto en
el artículo 238 del Código General Disciplinario (antes, artículo 174 de la Ley 734 de
2002) la certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las
sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes, debiendo tenerse presente
que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición las
providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y,
en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se
encuentren vigentes en dicho momento, de conformidad con la sentencia C-1066 de
2002 […]”.

12. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá rindió informe en los
siguientes términos:

“[…] Teniendo en los hechos expuestos por la (sic) accionante, nos permitimos
indicar que no es de competencia de este Consejo Seccional de la Judicatura- antes
Sala Administrativa, conocer de los procesos de carácter disciplinarios que se
adelante ante los abogados, tal como se desprende del artículo 85 de la ley 270 de
1996, dicha competencia recae en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y en
las respectivas Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, que para el caso de
nuestro Distrito sería la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca
[…].

Así las cosas, y como quiera que el expediente 11001-1110-200-2000-01396-00/01
correspondiente al proceso disciplinario iniciado contra el señor Jorge Enrique
Garzón Rivera, no es de nuestro conocimiento, no está a nuestro alcance atender
de otra forma Su amable requerimiento […]”.

La sentencia impugnada

13. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 7 de septiembre de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Accédese a la desvinculación del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, por lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO: Deniégase la acción de tutela promovida por el señor Jorge Enrique
Garzón Rivera […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Para resolver, se observa que la inconformidad del actor radica en que en el
portal web de la Rama Judicial aparezcan los procesos a su nombre, ya sea en su
contra o en donde actuó como demandante, insatisfacción que presentó en su
petición, frente a lo que, la demandada le informó que ello procedía por orden judicial.

De modo que, el actor pretende utilizar la acción de tutela para que tal evento ocurra;
no obstante, la Sala considera que no resulta procedente acceder a lo pretenido (sic),
puesto que tales anotaciones derivan de los procesos en los que ha actuado como
parte en el ejercicio de su profesión o como investigado en aquella causa
disciplinaria.

Esto obedece a que, la consulta de procesos y la implementación de sistemas de
gestión, como lo es el Siglo XXI, y en la actualidad el aplicativo Samai derivan de la
implementación de la tecnología al servicio de la administración de justicia, lo cual
se encuentra regulado en la Ley 270 de 1996 […]”.

[…]

“[…] De igual manera, tal uso de las teconologías (sic) ha sido reglamentado por la
autoridad competente mediante acuerdos como lo son el 1591 de 2022, 3334 de
2006 y 4937 de 2008, a través de los cuales se ha implementado y logrado
materializar la utilización de los medios electrónicos e informáticos en la
administración de justicia y con ello, se ha logrado dar publicidad a las actuaciones
de los procesos que a diario se gestionan en dichos aplicativos, en los que se
adoptan las medidas necesarias frente a actuaciones de orden reservado o que
tengan alguna restricción que impidan su público conocimiento […]”.

[…]

“[…] De modo que, las anotaciones en la página web de la Rama Judicial no
representan una vulneración de garantías constitucionales puesto que corresponde
a la información de aplicativos informáticos judiciales, con la finalidad de dar
publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la administración de justicia, en
cumplimiento de los postulados del artículo 228 superior, en consonancia con los
artículos 2 y 7 de la Ley 1712 de 2014, que regula la transparencia y el derecho al
acceso a la información pública nacional.

De manera que, en el presente asunto, se encuentra demostrado que la petición fue
contestada por la comisión demandada, pero que el actor no se encuentra conforme
ni con la respuesta ni con el hecho de que sea por orden judicial que se eliminen sus
registros de procesos en las bases de datos de la Rama Judicial, cuando ni siquiera
logró acreditar que se trate de una información de carácter reservado que impida tal
publicidad. Por consiguiente, se denegará la acción de tutela promovida por el
demandante, pues no se observa vulneración alguna de sus derechos
fundamentales […]”.

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, con fundamento en lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

“[…] En el certificado de antecedentes disciplinarios de abogado no aparecen
registradas sanciones y ello conlleva a que a su juicio esta sala sea suficiente para
que continúe dichas anotaciones registradas de forma indefinida; no obstante, desde
ya debo manifestar que si usted fuese el afectado lo vería en forma diferente.

Con relación al derecho de petición obviamente ya fue contestado y lo que se
pretende es que se utilicen los medios tecnológicos e informáticos con la
confidencialidad y privacidad de salvaguardar los derechos vulnerados al suscrito
que tienen que ver al buen nombre y la honra tal y como se indica en el art 95 de la
ley 270 del año 1996 y que se trae a colación en la decisión impugnada.

Precisamente los aplicativos tienen un orden reservado y una restricción que para el
caso en concreto debe impedir su publicación y no solamente por la investigación a
la cual fui objeto y sancionado de manera injusta y siempre me he revelado a dicha
sanción.

Pretender que dicha sanción por parte de la señora Blanca Ruth Charry siga
apareciendo es como seguir siendo señalado, estigmatizado en mi profesión como
abogado cuando todas mis actuaciones han sido pulcras y apegadas a mi conducta
fiel de mi honestidad.

Entonces las anotaciones de la página web de la rama judicial si representan una
vulneración a las garantías constitucionales y dichos aplicativos informáticos
judiciales no pueden ser una rueda suelta ya que en el caso aludido deben tener un
orden reservado que impidan entonces su público conocimiento para casos como el
aquí expuesto.

De seguir siendo publicado un proceso judicial concluyo que va en contravía de mi
buen nombre […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20183 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

17. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben proteger
los derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al hábeas data invocados
por el actor, los cuales considera vulnerados por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial con ocasión a “[...] la anotación del proceso instaurado por BLANCA RUTH
CHARRY de radicación 1001110200020000139601, en la página de consulta de
procesos […] toda vez que es como si la sanción siguiera vigente a pesar de que
fue hace más 17 años [...]”.

18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la intimidad;
ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la honra; iii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al hábeas data; procediendo
posteriormente a iv) resolver el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la intimidad

19. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, que establece que:

“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

20. Atendiendo a que la Corte Constitucional5 ha considerado que “[…] el
derecho a la intimidad garantiza la preservación de un espacio personal, aislado a
la injerencia de otros. De conformidad con la sentencia T-696 de 1996, la intimidad
personal es el “área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente
puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando
orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de
conformidad con la Constitución y la ley.”. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la honra

21. Visto el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección
[…]”.

22. Atendiendo a que la Corte Constitucional6 ha entendido que el derecho a la
honra es “[…] la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida
por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a
su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con
el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y
frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las
personas dentro de la colectividad […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de hábeas data

23. Visto el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas.

5 Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 4 de septiembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 14 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución […]”

24. Atendiendo a que, la Corte Constitucional7 ha entendido el derecho de
hábeas data, “[…] como derecho autónomo, es aquel que “permite a las personas
naturales y jurídicas conocer, actualizar y rectificarla información que sobre ellas se
haya recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
De la misma manera, este derecho señala la obligación de respetar la libertad y
demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección,
tratamiento y circulación de datos”8[…]”.

Análisis del caso concreto

25. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

26. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

27. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los
siguientes documentos:

27.1. Anexos allegados por el actor con el escrito de tutela.

27.2. Informe rendido por la autoridad demandada, con sus respectivos anexos.

7 Corte Constitucional, Sentencia T176A de 25 de marzo de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
8 Cita del texto original: “Sentencia T-811 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

Solución del caso concreto

28. En el caso sub examine, el actor considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión a “[...] la anotación del proceso instaurado por BLANCA
RUTH CHARRY de radicación 1001110200020000139601, en la página de
consulta de procesos […] toda vez que es como si la sanción siguiera vigente a
pesar de que fue hace más 17 años [...]”.

29. Al respecto, la Sala advierte que, frente al reparo propuesto por el actor
relacionado con el registro de información de procesos judiciales que reposan en
la página de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, habrá
lugar a confirmar la decisión del A quo, por las razones que se explican a
continuación:

30. Al respecto, la Sala advierte que, tal como lo ha considerado en otras
oportunidades9, los registros que reposan en la página de Consulta de Procesos
Nacional Unificada de la Rama Judicial no constituyen antecedentes de ningún tipo
en contra de quien figura como parte demandada en un proceso.

31. La Sala advierte que el artículo 248 de la Constitución Política de 1991
establece que “[…] Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales
en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales
en todos los órdenes legales […]”.

32. Por otra parte, la Sala observa que, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, en el artículo 3.° del Acuerdo núm. 560 de 9 de agosto
de 199910, frente a la información registrada en la página web de la Rama Judicial,
asignó al Centro de Documentación Judicial de la Rama Judicial – CENDOJ, entre
otras, las siguientes funciones:

“[…] - Diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento un sistema de
información que permita el acceso de los servidores judiciales, al conocimiento
de las fuentes formales del derecho, tanto nacionales como internacionales
[…]”.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de abril de

2022, número único de radicación,110010315000202201504-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
10 “Por el cual se cambia la denominación de la unidad de formación e información judicial y se reestructura

para organizar el centro de documentación socio-jurídica de la rama judicial”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202304167-00
Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

[…]

“[…] -Organizar y poner a disposición, como fuente de consulta permanente, de
los servidores judiciales la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, la
doctrina de los tribunales, los conceptos y decisiones de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y la legislación nacional e internacional […]”.

[…]

“[…] -Organizar el funcionamiento coordinado de todas las oficinas de relatoría
de las Corporaciones judiciales y tribunales […]”. (Resaltado por la Sala)

33. Al respecto, es necesario precisar que, mediante el Acuerdo núm. PSAA11-
9109 de 28 de diciembre de 201111, el Consejo Superior de la Judicatura asignó
como administrador principal del referido portal web al CENDOJ con el propósito
de que la información allí registrada estuviera permanentemente actualizada para
consulta del público en general; información que, cabe mencionar, es registrada
por los funcionarios de la Rama Judicial debidamente autorizados para ello y
corresponde al registro que para tal efecto esos despachos del país han realizado
a través del aplicativo Justicia XXI, que constituye un “Sistema de Información de
Gestión de Procesos y Manejo Documental” regulado por el Acuerdo núm. 1591
de 24 de octubre de 200212 expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.

34. Ahora bien, la Sala precisa que los datos que se ingresan frente a cada
proceso deben ser veraces y ser diligenciados de manera correcta y oportuna por
un funcionario que en el sistema quedará identificado como responsable de dicho
registro.

35. En ese orden de ideas, la Sala observa que se trata de un sistema de
información que propende porque las actuaciones judiciales sean de carácter
público, salvo las excepciones que establezca la ley, que dota a la Rama Judicial
de transparencia y publicidad, sin que se vean afectados los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra como lo aduce el actor en la solicitud
de amparo. Asunto distinto, por ejemplo, son los antecedentes que certifica la

11 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo No.1445 de 2002 y se reglamenta la administración de las

publicaciones del portal Web de la Rama Judicial”.
12 “Por el cual se establece el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (Justicia

XXI)”.

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Policía Nacional, los cuales sí constituyen antecedentes penales o judiciales, lo
que no sucede con el registro que cuestiona el actor que realiza la Rama Judicial,
que como ya se indicó, corresponde a los datos de procesos judiciales sin que en
ellos se establezca el registro delictivo o contravencional en contra de alguna
persona.

36. Al respecto, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

36.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado13 señaló que:

“[…] Sumado a lo anterior, la Sala recalca que este sistema de información de
procesos judiciales se fundó para dar cumplimiento con el mandato
establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual, las
actuaciones judiciales “serán públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”, junto con lo
dispuesto en los artículos 2º y 7º de la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, según los cuales
toda información es pública, salvo expresas excepciones constitucionales y legales,
siendo obligación de la Rama Judicial y todos sus actores dar transparencia y
publicidad a todas las actuaciones procesales y “tener a disposición de las
personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones” […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, la Sala estima que los registros procesales que aparecen en
la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial a nombre del
accionante no constituyen antecedentes penales o judiciales, pues tal como se
dijo previamente, hacen parte de un sistema de información a nivel nacional,
que busca facilitar a los ciudadanos el acceso a la información de los procesos
surtidos en el territorio e igualmente, darles publicidad y transparencia en su manejo,
por los distintos operadores judiciales […]”. (Resaltado por la Sala)

36.2. Por su parte, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado14 expuso que:

“[…] no es dable entender quebrantado al derecho constitucional fundamental de
hábeas data cuando el registro es propio de las «especiales funciones que en materia
penal cumple la administración de esta información personal, así como sus usos
legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio», o que
sea necesario conservar el histórico de los procesos dentro de la rama judicial,
por lo que «En estos casos, la finalidad […] es constitucional y su uso […] está

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Subsección A de la Sección Tercera, sentencia

de 20 de noviembre de 2020, número único de radicación 66001-23-33-000-2020-00420-01, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 27 de agosto de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-02251-00, C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.

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Actor: Jorge Enrique Garzón Rivera

protegido además por el propio régimen del hábeas data»[…]”. (Resaltado por la
Sala)

37. En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se configura la vulneración
de los derechos fundamentales del actor, en la medida en que la información
registrada en el sistema web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la
Rama Judicial corresponde a información de carácter público que tiene como
finalidad la transparencia y publicidad de las actuaciones que se realizan dentro de
los distintos procesos judiciales, sin que su registro tenga el carácter de
antecedentes penales o judiciales.

38. La Sala pone de presente que, en todo caso, si bien ese registro no se
puede suprimir o eliminar, lo cierto es que la Ley 1581 de 17 de octubre de 201215
y el Decreto 1377 de 27 de junio de 201316 prevén situaciones en las que el actor
podría solicitar la reserva de alguna información por contener datos sensibles,
previo cumplimiento de los requisitos legales para tal fin.

Conclusiones de la Sala

39. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
7 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual negó la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 7 de septiembre de 2023
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

15 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
16 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”.

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TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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