Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04167-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de septiembre de 2023
Demandante: Jorge Enrique Garzón Rivera
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04167-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)
Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04167-00
Demandante: JORGE ENRIQUE GARZÓN RIVERA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Tutela de fondo. Deniega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1. Petición de amparo constitucional
Mediante escrito enviado el 1.° de agosto de 2023 por la Oficina de recepción
de tutela y habeas corpus – Bogotá a la Secretaría General del Consejo de
Estado, el señor Jorge Enrique Garzón Rivera, en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de
que le sean protegidos sus derechos fundamentales a la intimidad, a la
privacidad, a la honra y al habeas data.
El accionante consideró vulneradas tales garantías por cuanto, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial al brindarle respuesta a su petición de que le
fuera archivada, eliminara o excluyera la información relativa a una sanción
impuesta hace más de 16 años, se limitó a manifestarle que “no es competente
para atender su solicitud [y la] única forma de retirar cualquier información de
los portales de consulta es mediante orden judicial”, lo cual perjudica su buen
nombre.
En consecuencia, solicitó lo siguiente:
Para la protección de los derechos invocados solicito se sirva honorables
Magistrados del conocimiento proteger mis derechos fundamentales que
considero han sido vulnerados y se encuentran gravemente amenazados,
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Demandante: Jorge Enrique Garzón Rivera
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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conforme a los hechos narrados, de manera que preferentemente a
cualquier disposición legal, decreto, reglamento o cualquiera otra norma de
rango inferior, se de aplicación real y material a los principios
fundamentales consagrados en la Constitución Política, para lo cual solicito
ordenar que se tutelen mis derechos así:
PRIMERO: TUTELAR, Los derechos constitucionales fundamentales, A la
Intimidad, a la Privacidad, a la honra, y al Habeas Data; por cuanto están
siendo violados por COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.
SEGUNDO: ORDENAR, a la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL de manera inmediata, ocultar la información que reposa en la
página web de la Rama Judicial con respecto del proceso instaurado por
BLANCA RUTH CHARRY de radicación 1001110200020000139601, ya
que actualmente est[á] afectando mi buen nombre y mi profesión como
ABOGADO y todas las demás denuncias que aparecen en mi contra de
forma inmediata.1
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
La parte actora sostuvo que el 1.° de noviembre de 2005, la señora Blanca Ruth
Charry presentó una queja en su contra ante el Consejo Superior de la
Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y que dicha causa se
identificó con el radicado 11001110200020000139601.
Indicó que, dentro del proceso disciplinario en mención, el 7 de junio de 2006,
se le sancionó con 6 meses de suspensión, pero que han trascurrido más de 17
años y aún continua vigente el historial en la página de consultas.
Señaló que, por lo anterior, el 10 de julio de 2023 formuló una petición ante
dicha entidad, puesto que la información representa consecuencias negativas
que perjudican su buen nombre, en razón a su profesión como abogado. Esto,
en aras de que se archivara, eliminara o excluyera dicha información y todas las
demás anotaciones que aparecen en la consulta de procesos.
Refirió que mediante comunicación del pasado 27 de julio, la aludida comisión
dio contestación en la cual le indicó que: “…la única forma de retirar cualquier
información de los portales de consulta es mediante orden judicial.”
3. Sustento de la vulneración
Indicó que la anotación con ocasión del proceso disciplinario perjudica su buen
nombre, puesto que es como si siguiera vigente a pesar de que fue hace más
1
Transcripción del original por lo que puede contener errores.
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17 años.
Consideró que la comisión demandada tiene el deber de actualizar, archivando
de manera invisible a los usuarios o eliminando dicha información o anotación.
Refirió que la anotación en mención vulnera sus derechos a la intimidad y
privacidad, además de que no guarda proporcionalidad una sanción que se
extinguió hace más de 16 años, con el histórico que de ella se conserva en la
página web de la Rama Judicial.
Resaltó que la información que reposa en la página web de la Rama Judicial y
que puede ser consultada por posibles contratantes que requieran sus servicios
profesionales como abogado, le está generando una reputación dudosa que le
perjudica al momento de contratar.
Mencionó que los datos tienen por su naturaleza una vigencia limitada en el
tiempo, evento que impone a los responsables o administradores de bancos de
datos (página web de la Rama Judicial) la obligación ineludible de una
permanente actualización a fin de poner en circulación la información judicial de
las personas por un periodo limitado.
Adujo que acude a este mecanismo constitucional en aras de lograr que cese la
vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la privacidad, a la
honra, y al habeas data y por ende se ordene a la comisión acusada “… ocultar
la información que reposa en la página web de la Rama Judicial con respecto
del proceso con radicado 1001110200020000139601, ya que actualmente [l]e
está generando riesgo a [su] buen nombre.”
4. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante auto del 4 de agosto de 2023 se admitió la solicitud de amparo. En
consecuencia, se dispuso la notificación de los miembros que integran la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y, se requirió el expediente disciplinario
en calidad de préstamo. Además, se vinculó al Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca como tercero con interés en las resultas del
proceso, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente
trámite tutelar.
5. Contestaciones
Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes
intervenciones:
5.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Esta autoridad se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo y solicitó
3
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que se deniegue lo pretendido, al considerar que no es posible atender lo
pedido en cuanto a la supresión de las anotaciones del proceso disciplinario en
el que resultó sancionado el accionante con suspensión temporal en el ejercicio
de la profesión, reflejadas en la consulta de procesos de la Rama Judicial.
Hizo referencia a la regulación del asunto, así como a las actuaciones surtidas
en el proceso disciplinario del demandante.
Destacó que, en el certificado de antecedentes disciplinarios, una vez vencido
el término de caducidad, se retiraron las anotaciones de las sentencias
sancionatorias (artículo 174, Ley 734 de 2002). Anexó el aludido documento.
5.2. Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
Esta entidad informó que carece de competencia para conocer de los procesos
de carácter disciplinario que se adelanten ante los abogados, tal como se
desprende del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, por lo que, no está a su
alcance atender el requerimiento del actor.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19912 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20153, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa
2.1. Solicitud de desvinculación
El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca manifestó que carece
de competencia para resolver el asunto solicitado por la parte actora.
La Sala accederá a tal petición, puesto que conforme a los hechos relatados y
pretensiones de la demanda no procedía integrarlo como extremo pasivo de la
acción de tutela.
Lo anterior, pues si bien en un principio se decidió vincular a la autoridad por el
2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
3
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.
4
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posible interés que pudiera tener en la controversia, una vez estudiado el
material probatorio allegado en el trámite de la primera instancia, se advierte
que el consejo seccional no tiene interés en el resultado del proceso.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, pues la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial al brindarle respuesta a su petición de
que le fuera archivada, eliminara o excluyera la información relativa a una
sanción impuesta hace más de 16 años, se limitó a manifestarle que “no es
competente para atender su solicitud [y la] única forma de retirar cualquier
información de los portales de consulta es mediante orden judicial”.
4. De la procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19914, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).
4.1. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades administrativas y judiciales. Ley 1755 de 2015, por la cual se
reguló el referido derecho fundamental
La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23
de la Constitución Política, así: “Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”
Por su parte, con la Ley 1755 de 2015 se reguló el mencionado derecho y se
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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sustituyó el título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (artículos 13 a 33), por violación a la reserva de ley
estatutaria5.
En dicha norma, se dispuso un término general para resolver las peticiones de
15 días y, como término especial el de 10 días para las solicitudes de
documentos e información y, de 30 días cuando se eleve consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo.
La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada6.
Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e
incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.
A su vez, la citada corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo7.
De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha
desaparecido.
Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
atinente a sus actuaciones de carácter administrativo.
Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20008 como parámetros para su protección
los siguientes:
i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;
ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;
iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo pedido;
5
Sentencia C – 818 de 2011, Corte Constitucional.
6
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre
otras.
7
Sentencia T – 1075 de 2003.
8
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.
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iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser
lo más corto posible;
v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita;
vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;
vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa9 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía
fundamental;
viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; ix) la falta
de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de
responder;
x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al
interesado.
Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado que
la existencia de otros mecanismos para la obtención de información pedida en el
derecho de petición no es óbice para contestarlo10.
De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de un documento que
ha desaparecido.
A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:
5. Caso concreto
Para la parte demandante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le vulneró
sus derechos fundamentales pues al brindarle respuesta a su petición de que le
fuera archivada, eliminara o excluyera la información relativa a una sanción
impuesta hace más de 16 años, dicha autoridad se limitó a manifestarle que “no
es competente para atender su solicitud [y la] única forma de retirar cualquier
información de los portales de consulta es mediante orden judicial”.
9
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
10
Sentencia T – 1075 de 2003.
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Por su parte, por medio de respuesta de la acción de tutela, la referida comisión
demandada sostuvo que no es posible atender a la solicitud del actor en cuanto
a la supresión de las actuaciones de la página web de la Rama Judicial de su
proceso disciplinario, pero que en el certificado de antecedentes disciplinarios,
una vez vencido el término de caducidad, se retiraron las anotaciones de las
sentencias sancionatorias.
Así las cosas, se observa que la parte accionante allegó las documentales del
caso, a partir de lo cual demostró que, en efecto, formuló una petición el 10 de
julio de 2023 ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la cual pidió:
“Se sirva excluir, borrar, desparecer, la anotación que se anexa en la página de la
[R]ama [J]udicial consulta de procesos [C]onsejo [S]uperior de la [J]udicatura
[S]ala [D]isciplinaria No 11001110200020000139601 en donde fui demandado
por la señora BLANCA RUTH CHARRY en el año 2005, así mismo todos los
procesos que existan a mi nombre como demandado y como demandante ante el
Consejo Superior de la Judicatura hoy Comisión nacional de Dsiciplina Judicial
habida cuenta que ya fueron hechos superados.
Todos (sic) lo anterior habida cuenta que no existen motivos ni razones para que
dichas anotaciones sigan apareciendo al consultarse.”
A su vez, se observa que la aludida comisión le contestó al actor mediante
oficio SJ – AMMV – 27164 del 27 de julio de 2023, en la cual le indica que no es
competente para atender su solicitud y que, la “…única forma de retirar
cualquier información de los portales de consulta es mediante una Orden
Judicial.”
De igual manera, se encuentra que en el certificado de antecedentes
disciplinarios de abogados del accionante aportado por la parte demandada, se
indica lo siguiente:
CERTIFICADO No. 3528115
…
Que revisados los archivos de Antecedentes Disciplinarios de la Comisión, así
como los del Tribunal Disciplinario y los de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, no
aparecen registradas sanciones contra el (la) doctor (a) JORGE ENRIQUE
GARZON RIVERA identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79536856 y la
tarjeta de abogado (a) No. 93610
…
Bogotá, D.C., DADO A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTITRES (2023)
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…11
Para resolver, se observa que la inconformidad del actor radica en que en el
portal web de la Rama Judicial aparezcan los procesos a su nombre, ya sea en
su contra o en donde actuó como demandante, insatisfacción que presentó en
su petición, frente a lo que, la demandada le informó que ello procedía por
orden judicial.
De modo que, el actor pretende utilizar la acción de tutela para que tal evento
ocurra; no obstante, la Sala considera que no resulta procedente acceder a lo
pretenido, puesto que tales anotaciones derivan de los procesos en los que ha
actuado como parte en el ejercicio de su profesión o como investigado en
aquella causa disciplinaria.
Esto obedece a que, la consulta de procesos y la implementación de sistemas
de gestión, como lo es el Siglo XXI, y en la actualidad el aplicativo Samai
derivan de la implementación de la tecnología al servicio de la administración de
justicia, lo cual se encuentra regulado en la Ley 270 de 1996, así:
ARTÍCULO 95. TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la
incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de
justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las
pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la
comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del
sistema de información.
Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de
sus funciones.
Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte,
gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las leyes procesales.
Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la
identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce,
así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter
personal que contengan en los términos que establezca la ley.
De igual manera, tal uso de las teconologías ha sido reglamentado por la
autoridad competente mediante acuerdos como lo son el 1591 de 2022, 3334
de 2006 y 4937 de 2008, a través de los cuales se ha implementado y logrado
materializar la utilización de los medios electrónicos e informáticos en la
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Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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administración de justicia y con ello, se ha logrado dar publicidad a las
actuaciones de los procesos que a diario se gestionan en dichos aplicativos, en
los que se adoptan las medidas necesarias frente a actuaciones de orden
reservado o que tengan alguna restricción que impidan su público conocimiento.
En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia T – 020 de 2014 señaló lo
siguiente:
3.3.2.1. El ámbito de protección del habeas data no es cualquier tipo de
información que se relacione con una persona. Precisamente, como se infiere de
la Constitución y de la ley, su operatividad depende de un entorno específico,
esto es, de un contexto vinculado con la administración de bases de datos
personales. Por ello, como se dijo en la Sentencia SU-458 de 2012… “su
ejercicio es imposible jurídicamente en relación con información personal que no
esté contenida en una base o banco de datos, o con información que no sea de
carácter personal” ... Al tenor de la citada limitación, la Sala se referirá
inicialmente a lo que se entiende por bases de datos y, a continuación, a la
noción de datos personales.
… De lo anterior se infiere que una base de datos corresponde al conjunto
sistematizado de información personal que puede ser tratada de alguna manera,
como ocurre con el ejercicio de los atributos de recolección, uso,
almacenamiento, circulación o supresión.
…
3.3.2.2. Ahora bien, los datos personales pueden ser clasificados en cuatro
grandes categorías: públicos, semiprivados, privados y sensibles. De acuerdo
con la Ley 1266 de 2008, es público el dato calificado “como tal según los
mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean
semiprivados o privados (…). Son públicos, entre otros, los datos contenidos en
documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no
estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas” ... En el
mismo sentido, el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 1377 de 2013 señala que:
“Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su
profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su
naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros
públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias
judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
(Subrayado fuera del texto original)
De modo que, las anotaciones en la página web de la Rama Judicial no
representan una vulneración de garantías constitucionales puesto que
corresponde a la información de aplicativos informáticos judiciales, con la
finalidad de dar publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la
administración de justicia, en cumplimiento de los postulados del artículo 228
superior, en consonancia con los artículos 2 y 7 de la Ley 1712 de 2014, que
regula la transparencia y el derecho al acceso a la información pública nacional.
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De manera que, en el presente asunto, se encuentra demostrado que la
petición fue contestada por la comisión demandada, pero que el actor no se
encuentra conforme ni con la respuesta ni con el hecho de que sea por orden
judicial que se eliminen sus registros de procesos en las bases de datos de la
Rama Judicial, cuando ni siquiera logró acreditar que se trate de una
información de carácter reservado que impida tal publicidad. Por consiguiente,
se denegará la acción de tutela promovida por el demandante, pues no se
observa vulneración alguna de sus derechos fundamentales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Accédese a la desvinculación del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, por lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO: Deniégase la acción de tutela promovida por el señor Jorge
Enrique Garzón Rivera.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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