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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04292-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04292-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 12 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 14 Núm. único de radicación: 110010315000202404292-01 Actor: Douglas Alfredo Guardo Díaz

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04292-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404292-01
Actor: Douglas Alfredo Guardo Díaz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura1

Tema: Acción de tutela por registro de procesos judiciales en la página de la Rama
Judicial

Derechos Fundamentales Invocados: i) Habeas data, ii) intimidad y iii) buen
nombre

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 12 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por medio de la cual resolvió declarar improcedente la
solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en

medio digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202404292-01
Actor: Douglas Alfredo Guardo Díaz

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá y el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio,
con ocasión a “[...] la información pública que aparece en la página web de la rama
judicial y relacionada con los procesos mencionados [...]” en los cuales fue parte,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] fue denunciado injustamente, por lo cual cursó contra él, el
proceso penal 11001310405020060038602 у 11001310405020060038601 que
cursó en el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal y el Jugado (sic) 50 Penal del
Circuito de Bogotá, […]”.

4. Manifestó que, “[…] fue absuelto en ese proceso, en la primera y segunda
instancia, ratificándose doblemente su inocencia. […]”.

5. Sostuvo que, “[…] es un reconocido comerciante, socio de empresas
farmacéuticas, por lo que la información pública que aparece en la página web de
la rama judicial y relacionada con los procesos mencionados, puede afectar los
derechos fundamentales que se pretenden tutelar con esta acción […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

3

Núm. único de radicación: 110010315000202404292-01
Actor: Douglas Alfredo Guardo Díaz

“[…] 1. Que se dé trámite a la presente solicitud de tutela.
2. Se estudie de una manera completa el expediente de la referencia por Su
Despacho, para que observe de manera palpable la vulneración de los derechos
fundamentales hechos a mi representada, y la incursión en omisiones de la
accionada.

3. Se tutelen los derechos fundamentales mencionados en el transcurso de este
escrito de la accionante.

4. Se ordene a la accionada, se eliminen, se cancelen y en todo caso no aparezcan
la información en comento en los hechos de este escrito. […]”.

7. Como fundamento de su solicitud el actor manifestó lo siguiente:

“[…] Es claro que las informaciones que aparecen en la página web de la rama
judicial, vulneran los dos derechos fundamentales de mí representado, a saber, el
derecho a la intimidad y el derecho a la dignidad, el derecho a la honra y el buen
nombre y reputación y el derecho de habeas data.

Si él fue absuelto y declarado inocente, no tiene que hacerse pública en la página
web de la rama judicial, los procesos penales comentados en este escrito.

La información que obra en la página web respecto de mi representado y en cuanto
a los procesos mencionados, en nada interesan a terceros, en nada los perjudican,
ni en nada los benefician, pero si afectan y comprometen los derechos
fundamentales de mi representado, el Señor DOUGLAS ALFREDO GUARDO DIAZ,
particularmente lo que concierne a su derecho a la intimidad, el derecho al buen
nombre, el derecho a la honra y a la reputación y el derecho de habeas data […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 20 de agosto de 2024: i) admitió la acción
de tutela; y ii) ordenó notificar a las autoridades accionadas, concediéndoles el
término de dos (2) días para que rindieran informe.

Intervención de la demandada

9. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Centro de
Documentación Judicial – CENDOJ solicitó negar la acción de tutela, al señalar lo
siguiente:

“[…] La Consulta de Procesos que integra información de las versiones cliente
servidor y web del sistema de información judicial Justicia XXI, es administrada por
la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de conformidad con el Acuerdo PCSJA23-12094 de 2023.

4

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En este sentido, la consulta de procesos del sistema Justicia Siglo XXI, es un
“registro de actuaciones judiciales” que tiene como finalidad dar publicidad y facilitar
la consulta de los usuarios de la administración de justicia, en cumplimiento del
artículo 2281 de la Constitución Política y artículos 2 y 7 de la Ley 1712 de 20142
sobre la Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional,
y que de ninguna manera constituye antecedentes penales y/o disciplinarios, pues
conforme el artículo 248 de la Constitución Política, únicamente las condenas
proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de
antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales. […]”.

[…]

“[…] Al respeto es importante mencionar como de contera lo indicó dicha
Corporación, que las decisiones respecto al “ocultamiento” y/o modificación de
información corresponden exclusivamente a los despachos y corporaciones
judiciales, y es la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial como administradora del Sistema de
Información de Procesos Justicia XXI, la encargada de indicar el procedimiento
técnico. […]”.

[…]

“[…] En ese orden de ideas, no es viable endilgar alguna responsabilidad al Centro
de Documentación Judicial CENDOJ, del Consejo Superior de la Judicatura, en la
medida que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
accionante, toda vez que no adelantó el proceso judicial, ni realizó el registro de
las actuaciones procesales en el sistema, que como ya se indicó es competencia
exclusiva de los despachos judiciales.

No sobra señalar que el CENDOJ, no tiene usuario, permisos, facultad, ni
competencia para registrar, diligenciar o modificar información en el sistema de
gestión procesal en la consulta de procesos nacional unificada. […]”.

10. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Cincuenta Penal
del Circuito de Bogotá guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 12 de septiembre de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Douglas Alfredo Guardo Díaz, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia […]”.

11.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

5

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“[…] La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha establecido que para obtener la
protección del habeas data el interesado debe acreditar que de manera previa solicitó
ante la autoridad judicial respectiva la supresión de información en base de datos.

Pues bien, del informe que rindió el Consejo Superior de la Judicatura - Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ) se desprende que el Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Penal fue quien realizó las anotaciones en la página de la Rama Judicial del
proceso penal antes referenciado.

Por otro lado, no obra en el expediente prueba de que el accionante haya presentado
petición previa ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, tendiente a la
supresión de la información que sobre él aparece en la página de la Rama Judicial.

Conforme a lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela, por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad. […]”.

La impugnación

12. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente2:

“[…] El solo hecho de que mi representado permanezca relacionado públicamente
con un proceso penal, así no hubiera tenido ningún tipo de antecedente penal o
disciplinario, afecta su buen nombre, tanto es así que uno de sus clientes lo relaciono
con el tema del SALGRAF, y La acción de tutela es el medio más eficaz para eliminar
esa información, mas (sic) que un derecho de petición, de acuerdo al principio de
eficacia que rige la acción de tutela.

El perjuicio irremediable o la amenaza inmediata de un perjuicio irremediable se da
por el solo hecho de que mi representado aparezca públicamente relacionado con
un proceso penal.

Por lo tanto, solicito que en sede de impugnación sea revocado el fallo que acusamos
y se procede (sic) a la protección del derecho fundamental invocado. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

2 Transcripción literal del texto.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

6

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Actor: Douglas Alfredo Guardo Díaz

20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben proteger
los derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al hábeas data invocados
por el actor, los cuales considera vulnerados por la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y el
Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, con ocasión a “[...] la información
pública que aparece en la página web de la rama judicial y relacionada con los
procesos mencionados [...]” en los cuales fue parte.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
la intimidad; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la honra; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al habeas data; procediendo posteriormente a iv) resolver el
caso concreto.

4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
intimidad

17. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, que establece que:

“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas […]”.

18. Atendiendo a que la Corte Constitucional6 ha considerado que “[…] el
derecho a la intimidad garantiza la preservación de un espacio personal, aislado a
la injerencia de otros. De conformidad con la sentencia T-696 de 1996, la intimidad
personal es el “área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente
puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando
orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de
conformidad con la Constitución y la ley.”. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
honra

19. Visto el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección
[…]”.

20. Atendiendo a que la Corte Constitucional7 ha entendido que el derecho a la
honra es “[…] la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida
por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a
su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con
el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y
frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las

6 Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 4 de septiembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 14 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Actor: Douglas Alfredo Guardo Díaz

personas dentro de la colectividad […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
habeas data

21. Visto el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución […]”

22. Atendiendo a que, la Corte Constitucional8 ha entendido el derecho de
habeas data, “[…] como derecho autónomo, es aquel que “permite a las personas
naturales y jurídicas conocer, actualizar y rectificarla información que sobre ellas se
haya recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
De la misma manera, este derecho señala la obligación de respetar la libertad y
demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección,
tratamiento y circulación de datos”9[…]”.

Análisis del caso concreto

23. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá y el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio,
con ocasión a “[...] la información pública que aparece en la página web de la rama
judicial y relacionada con los procesos mencionados [...]” en los cuales fue parte,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

24. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el

8 Corte Constitucional, Sentencia T176A de 25 de marzo de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9 Cita del texto original: “Sentencia T-811 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa”.

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caso concreto.

25. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

26. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los
siguientes documentos:

26.1. Informe rendido por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, con sus respectivos
anexos.

Solución del caso concreto

27. En el caso sub examine, el actor considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión a “[...] la información pública que aparece en la página
web de la rama judicial y relacionada con los procesos mencionados [...]” en los
cuales fue parte.

28. Al respecto, la Sala advierte que, frente al reparo propuesto por el actor
relacionado con el registro de información de procesos judiciales que reposan en
la página de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, habrá
lugar a negar la solicitud de tutela, por las razones que se explican a continuación:

29. Al respecto, la Sala advierte que, tal como lo ha considerado en otras
oportunidades10, los registros que reposan en la página de Consulta de Procesos

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de abril de

2022, número único de radicación 110010315000202201504-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Nacional Unificada de la Rama Judicial no constituyen antecedentes de ningún tipo
en contra de quien figura como parte demandada en un proceso.

30. La Sala advierte que el artículo 248 de la Constitución Política establece que
“[…] Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma
definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos
los órdenes legales […]”.

31. Por otra parte, la Sala observa que, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, en el artículo 3.° del Acuerdo núm. 560 de 9 de agosto
de 199911, frente a la información registrada en la página web de la Rama Judicial,
asignó al Centro de Documentación Judicial de la Rama Judicial – CENDOJ, entre
otras, las siguientes funciones:

“[…] - Diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento un sistema de
información que permita el acceso de los servidores judiciales, al conocimiento
de las fuentes formales del derecho, tanto nacionales como internacionales
[…]”.

[…]

“[…] -Organizar y poner a disposición, como fuente de consulta permanente, de
los servidores judiciales la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, la
doctrina de los tribunales, los conceptos y decisiones de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y la legislación nacional e internacional […]”.

[…]

“[…] -Organizar el funcionamiento coordinado de todas las oficinas de relatoría
de las Corporaciones judiciales y tribunales […]”. (Resaltado por la Sala)

32. Al respecto, es necesario precisar que, mediante el Acuerdo núm. PSAA11-
9109 de 28 de diciembre de 201112, el Consejo Superior de la Judicatura asignó
como administrador principal del referido portal web al CENDOJ con el propósito
de que la información allí registrada estuviera permanentemente actualizada para
consulta del público en general; información que, cabe mencionar, es registrada
por los funcionarios de la Rama Judicial debidamente autorizados para ello y
corresponde al registro que para tal efecto esos despachos del país han realizado

11 “Por el cual se cambia la denominación de la unidad de formación e información judicial y se reestructura

para organizar el centro de documentación socio-jurídica de la rama judicial”.
12 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo No.1445 de 2002 y se reglamenta la administración de las

publicaciones del portal Web de la Rama Judicial”.

11

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Actor: Douglas Alfredo Guardo Díaz

a través del aplicativo Justicia XXI, que constituye un “Sistema de Información de
Gestión de Procesos y Manejo Documental” regulado por el Acuerdo núm. 1591
de 24 de octubre de 200213 expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.

33. Ahora bien, la Sala precisa que los datos que se ingresan frente a cada
proceso deben ser veraces y ser diligenciados de manera correcta y oportuna por
un funcionario que en el sistema quedará identificado como responsable de dicho
registro.

34. En ese orden de ideas, la Sala observa que se trata de un sistema de
información que propende porque las actuaciones judiciales sean de carácter
público, salvo las excepciones que establezca la ley, que dota a la Rama Judicial
de transparencia y publicidad, sin que se vean afectados los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra como lo aduce el actor en la solicitud
de amparo. Asunto distinto, por ejemplo, son los antecedentes que certifica la
Policía Nacional, los cuales sí constituyen antecedentes penales o judiciales, lo
que no sucede con el registro que cuestiona el actor que realiza la Rama Judicial
que, como ya se indicó, corresponde a los datos de procesos judiciales sin que en
ellos se establezca el registro delictivo o contravencional en contra de alguna
persona.

35. Al respecto, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

35.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado14 señaló que:

“[…] Sumado a lo anterior, la Sala recalca que este sistema de información de
procesos judiciales se fundó para dar cumplimiento con el mandato
establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual, las
actuaciones judiciales “serán públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”, junto con lo
dispuesto en los artículos 2º y 7º de la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, según los cuales
toda información es pública, salvo expresas excepciones constitucionales y legales,
siendo obligación de la Rama Judicial y todos sus actores dar transparencia y

13 “Por el cual se establece el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (Justicia

XXI)”.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Subsección A de la Sección Tercera, sentencia

de 20 de noviembre de 2020, número único de radicación 66001-23-33-000-2020-00420-01, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202404292-01
Actor: Douglas Alfredo Guardo Díaz

publicidad a todas las actuaciones procesales y “tener a disposición de las
personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones” […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, la Sala estima que los registros procesales que aparecen en
la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial a nombre del
accionante no constituyen antecedentes penales o judiciales, pues tal como se
dijo previamente, hacen parte de un sistema de información a nivel nacional,
que busca facilitar a los ciudadanos el acceso a la información de los procesos
surtidos en el territorio e igualmente, darles publicidad y transparencia en su manejo,
por los distintos operadores judiciales […]”. (Resaltado por la Sala)

35.2. Por su parte, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado15 expuso que:

“[…] no es dable entender quebrantado al derecho constitucional fundamental de
hábeas data cuando el registro es propio de las «especiales funciones que en materia
penal cumple la administración de esta información personal, así como sus usos
legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio», o que
sea necesario conservar el histórico de los procesos dentro de la rama judicial,
por lo que «En estos casos, la finalidad […] es constitucional y su uso […] está
protegido además por el propio régimen del hábeas data»[…]”. (Resaltado por la
Sala)

36. En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se configura la vulneración
de los derechos fundamentales del actor, en la medida en que la información
registrada en el sistema web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la
Rama Judicial corresponde a información de carácter público que tiene como
finalidad la transparencia y publicidad de las actuaciones que se realizan dentro de
los distintos procesos judiciales, sin que su registro tenga el carácter de
antecedentes penales o judiciales.

37. La Sala pone de presente que, en todo caso, si bien ese registro no se
puede suprimir o eliminar, lo cierto es que la Ley 1581 de 17 de octubre de 201216
y el Decreto 1377 de 27 de junio de 201317 prevén situaciones en las que el actor
podría solicitar la reserva de alguna información por contener datos sensibles,
previo cumplimiento de los requisitos legales para tal fin.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 27 de agosto de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-02251-00, C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
16 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
17 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”.

13

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Conclusiones de la Sala

38. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 12
de septiembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual resolvió declarar improcedente la solicitud
de tutela y, en su lugar, negará la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 12 de septiembre de 2024
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en
su lugar, NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor contra las autoridades
accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202404292-01
Actor: Douglas Alfredo Guardo Díaz

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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