Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05226-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-05226-00
Referencia: Acción de tutela
Actoras: AZUCENA BÁEZ SOLANO Y OTRAS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA. LAS
ACTORAS CARECEN DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
COMOQUIERA QUE NO SE HAN HECHO PARTE PROCESAL DENTRO
DEL PROCESO EJECUTIVO EN EL CUAL FUERON PROFERIDAS LAS
PROVIDENCIAS CUESTIONADAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO Y
A LA SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por las actoras contra
la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL
CÍRCULO DE BUCARAMANGA, la UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, el JUZGADO CUARTO
2
Número único de radicación: 110010315000-2023-05226-00
Actoras: AZUCENA BÁEZ SOLANO Y OTRAS.
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA1 y
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Las señoras AZUCENA, HERCILIA, EUGENIA, LUZ, MARTHA y
JANETH BÁEZ SOLANO, actuando en nombre propio, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y a los principios de
favorabilidad, legalidad, cosa juzgada y prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados
por la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA, la UGPP, el JUZGADO y el
TRIBUNAL, al haber proferido estas últimas autoridades judiciales
las providencias de 9 de marzo y 1o. de junio de 2023; y 27 de marzo
y 8 de agosto de 2023, respectivamente, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
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3
Número único de radicación: 110010315000-2023-05226-00
Actoras: AZUCENA BÁEZ SOLANO Y OTRAS.
680013333004-2015-00252-00/03.
I.2.- Hechos
Manifestaron que su padre, el señor ALVARO BÁEZ CABRERA
Q.E.P.D., el 31 de julio de 2015 inició proceso ejecutivo contra la
UGPP, al cual le fue asignado el número único de radicación 2015-
00252-00.
Agregaron que la demanda ejecutiva fue promovida con el fin de
lograr el cumplimiento de la condena impuesta mediante sentencia
de 17 de julio de 2014, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la
cual se modificó la sentencia del JUZGADO, dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho3 promovida por el señor
ALVARO BÁEZ CABRERA Q.E.P.D. contra CAJANAL EICE, hoy
UGPP.
Comentaron que las anteriores providencias ordenaron a CAJANAL
EICE reliquidar la pensión de vejez de su padre, con efectos
retroactivos a partir del 7 de julio de 2006, en cuantía equivalente al
3
La cual fue identificada con el número único de radicación 680013331004-2011-00013-01
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75% del promedio mensual de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, de conformidad con el
régimen pensional de los empleados de la Rama Judicial, esto es, el
Decreto 546 de 27 de marzo de 19714.
Informaron que el proceso ejecutivo correspondió al JUZGADO que,
en providencia de 8 de noviembre de 2017, resolvió seguir adelante
con la ejecución por la suma determinada en el mandamiento de
pago.
Precisaron que el JUZGADO en auto de 6 de febrero de 2019,
modificó la liquidación del crédito presentada por el actor, acogiendo
la efectuada por el TRIBUNAL, en la que se determinó que existe un
saldo a favor de la UGPP por la suma de cinco millones novecientos
treinta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos ($5.936.988),
por lo que el valor de cada mesada pensional desde el año 2006 al
2014 quedó mal ejecutada, así como el cálculo de los intereses de
mora.
Explicaron que, contra la anterior decisión, fue interpuesto recurso
4
Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares
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de reposición y, en subsidio de apelación, siendo estos rechazados
por el JUZGADO y el TRIBUNAL, en autos de 3 de abril y 11 de
junio de 2019, respectivamente.
Expusieron que, contra el auto de 11 de junio de 2019, el apoderado
de su padre interpuso los recursos de reposición y, en subsidio de
queja, siendo resueltos el primero de estos por el TRIBUNAL en
proveído de 3 de septiembre de 2019 en el sentido de no reponer la
decisión.
Indicaron que el recurso de queja fue tramitado ante la Sección
Segunda del Consejo de Estado que, en providencia de 6 de mayo de
2022, declaró mal denegado el recurso de apelación contra el auto
que aprobó la liquidación del crédito con modificaciones, de tal forma
que el expediente fue devuelto y, en auto de 31 de agosto de 2022,
el TRIBUNAL profirió decisión de obedézcase y cúmplase y, además,
ordenó a su vez remitir el expediente al contador liquidador de esa
Corporación para que se efectuara una nueva liquidación del crédito.
Refirieron que el 9 de noviembre de 2022 el contador liquidador del
TRIBUNAL allegó nueva liquidación del crédito, en el que incurrió en
los mismos errores y aún peores, pues no tuvo en cuenta el factor
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salarial denominado “sueldo de vacaciones”, entre otros, sin que se
hubiese corrido traslado del mismo con el fin de ejercer su derecho
de defensa y contradicción.
Arguyeron que, además, el JUZGADO en providencia de 9 de marzo
de 2023, sin esperar la decisión del recurso de apelación, de forma
irregular, declaró terminado el proceso ejecutivo por “pago de la
obligación”.
Aseveraron que el TRIBUNAL mediante auto de 27 de marzo de
2023, resolvió el recurso de apelación contra el auto de 6 de febrero
de 2019, revocándolo y admitiendo la nueva liquidación del contador
de esa Corporación que también estaba errada.
Refirieron que, contra la providencia de 9 de marzo de 2023, que dio
por terminado el proceso, fueron interpuestos los recursos de
reposición y apelación, siendo resuelto el primero de estos en
proveído de 1o. de junio de 2023, por medio del cual el JUZGADO
resolvió no reponer la decisión.
Añadieron que fue solicitada adición del auto 27 de marzo de 2023,
que resolvió el recurso de apelación, comoquiera que el TRIBUNAL
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omitió pronunciarse de fondo sobre todos los argumentos expuestos,
petición denegada en proveído de 8 de agosto de 2023.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, el JUZGADO vulneró su derecho
fundamental al debido proceso al dar por terminado el proceso
ejecutivo, pues no es de tal acierto que se haya demostrado el pago
total de la obligación por parte de la UGPP, pues la liquidación de
crédito efectuada por el TRIBUNAL está errada.
Sumado a lo anterior, afirmaron que no le era posible al JUZGADO
emitir “otra sentencia de primera instancia” en esa etapa final del
proceso ejecutivo, como lo es la liquidación del crédito, pues dicho
despacho ya había emitido auto que ordenaba seguir adelante con la
ejecución, máxime cuando le entidad ejecutada nunca propuso la
excepción de pago ni parcial ni total de la obligación.
Aseguraron que, contrario a lo afirmado por el JUZGADO, la
obligación a cargo de la ejecutada UGPP no ascendía a la suma de
$18.239.441, toda vez que la liquidación del crédito estaba errada,
máxime cuando la liquidación del crédito presentado por el
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apoderado de su padre a la fecha de la presentación de la demanda
era de un total de $163.431.918, sin contar los intereses moratorios.
Advirtieron que si bien el JUZGADO concedió el recurso de apelación
presentado contra el auto de 1o. de junio de 2023, lo hizo en el efecto
devolutivo, de tal forma que aun cuando estaba en trámite el recurso
de apelación, la decisión es de ejecución instantánea.
Comentaron que la UGPP, de forma ilegal, procedió arbitrariamente
a embargar la cuota parte del inmueble de propiedad de su padre,
antes de su fallecimiento, embargo que permanece a la fecha y del
cual no fue notificado, comoquiera que conocieron del mismo solo al
momento del consultar el certificado de libertad y tradición.
Argumentaron que la prueba de la liquidación del crédito con
modificaciones y el auto que decidió el recurso de apelación, no
pueden tomarse como título ejecutivo de las cuales se pueda servir
la UGPP para iniciar la acción de cobro.
Por lo anterior, explicaron que se incurrió en un defecto
procedimental absoluto, toda vez que las autoridades judiciales
accionadas actuaron al margen del procedimiento establecido al no
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verificar en la etapa de liquidación del crédito que se omitieron los
factores salariales devengados en el último año de servicios del
causante, además, nunca se corrió traslado de dicha liquidación del
crédito efectuada por el contador del TRIBUNAL.
Expresaron que también se incurrió en un defecto fáctico, pues
tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL dejaron de valorar la prueba
documental allegada, como lo es el escrito contentivo de operaciones
de reliquidación pensional, indexación y cálculo de intereses de mora,
así como la prueba pericial solicitada.
Aseguraron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
un defecto sustantivo relacionado con la interpretación y aplicación
de normas de rango constitucional y legal, pues omitieron aplicar el
principio de favorabilidad en la reliquidación pensional, por lo que la
liquidación del crédito debió ser beneficiosa al actor y no a la entidad,
desconociéndose, además, el principio de cosa juzgada.
Refirieron que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en
violación directa de la Constitución, por lo que están en
inminente riesgo de que su inmueble se vea afectado por unos
dineros que no le corresponden a la UGPP.
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Finalmente, adujeron que, en su condición de perjudicadas, hijas,
herederas y sucesoras procesales del causante en el proceso
ejecutivo, así como de propietarias del 50% del inmueble
embargado, se encuentran legitimadas para interponer la presente
acción de tutela.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo
siguiente:
“[…] 1-. Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO en conexidad con el DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL EN PENSIONES, DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO
POR RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS Y
RECONOCIDOS EN SENTENCIA JUDICIAL QUE HA HECHO
TRANSITO A COSA JUZGADA, AL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD EN LA INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE
NORMAS LABORALES Y DEL FALLO JUDICIAL BASE DE
EJECUCION, a los PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PREVALENCIA
DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL PROCESAL y COSA
JUZGADA así como AL DERECHO DE PROPIEDAD y los demás
derechos que su despacho encuentre vulnerados, de las
suscritas como SUCESORAS PROCESALES de nuestro padre y
demandante ALVARO BAEZ CABRERA (Q. e. p. d) transgredidos
por los despachos judiciales aquí demandados en el trámite
tanto de primera como de segunda instancia del PROCESO
EJECUTIVO radicado 68001-3333-004- 2015-00252-00 y 2015-
00252-03 en las providencias judiciales objeto de esta acción de
tutela.
2-. En consecuencia, SE DEJEN SIN EFECTO las siguientes
providencias judiciales:
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2.1-. El auto de fecha 27 de marzo de 2023 proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER por el cual
decidió el recurso de apelación interpuesto por nuestro padre y
demandante a través de apoderada y que avalo la errada
liquidación del CONTADOR LIQUIDADOR de esa corporación para
establecer ilegal e irregularmente, un “saldo a favor de la
ejecutada UGPP por valor de $4’082.124”, así como la errada e
irregular liquidación del crédito realizada por el contador
liquidador de esa corporación en la cual se fundamenté esta
providencia judicial.
2.2-. El auto de fecha 8 de agosto de 2023 proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER mediante el
cual negó la solicitud de adición solicitada por nuestra
apoderada.
2.3-. El auto de fecha 9 de marzo de 2023 proferido por el
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA por el cual “volvió a proferir sentencia de
primera instancia” declarando “ilegal e irregularmente
terminado el proceso por pago de la obligación”.
2.4-. El auto de fecha 1 de junio de 2023 proferido por el
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA por el cual decidio recurso de reposición
interpuesto por nuestra apoderada contra el auto anterior,
CONFIRMANDOLO y concediendo en el “EFECTO DEVOLUTIVO”
el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente.
3-. En su lugar PROFIERA LA LIQUIDACION DEL CREDITO DE
REEMPLAZO de acuerdo a lo verdaderamente ordenado en la
sentencia base de ejecución del proceso ejecutivo, aplicando
todos los términos en que se emitió la orden de reliquidación,
indexación y calculado de intereses de mora contenida en la
sentencia judicial base de ejecución, en el proceso ejecutivo
radicado 68001-3333-004-2015-00252-00 tramitado ante el
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA en primera instancia y ante el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER radicado 2015-00252-
03.
4-. O tome las medidas que su despacho considere pertinentes
para lograr la protección de los derechos fundamentales
conculcados por los despachos judiciales aquí demandados.
5-. También como consecuencia de la anterior declaración
ordenar a la demandada y ejecutada UGPP que en improrrogable
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termino de 48 siguientes a la notificación de la sentencia judicial
que tutele nuestros derechos fundamentales proceda a:
5.1-. LEVANTAR LA MEDIDA DE EMBARGO que irregularmente
realizó sobre el cincuenta por ciento (50%) del inmueble
distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 300 – 2746
ubicado la calle 100 # 32 -34 Barrio La Libertad ciudad de
Bucaramanga que está registrado como de propiedad del ahora
causante ALVARO BAEZ CABRERA (Q. e. p. d),
Oficiando para tal efecto a la OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA.
5.2-. Abstenerse de exigir, presionar y constreñir a las suscritas
SUCESORAS PROCESALES o a nuestra apoderada CLAUDIA
JANNETH VARELA VILLALBA para que alleguemos escritura
pública de sucesión de nuestro padre y demandante ALVARO
BAEZ CABRERA, para acreditar nuestra condición de herederas
del mismo, y sobre el inmueble que ellos mismos tienen
irregular, ilegal y abusivamente embargado desde hace dos (2)
años, lo que tiene como único fin cobrarnos esa suma que fue
determinada como “saldo a favor de la UGPP” en la providencia
judicial objeto de la presente acción de tutela […]”. (Sic).
I.5.- Defensa
I.5.1.- La UGPP manifestó que la acción de tutela de la referencia
resulta improcedente, toda vez que se utiliza como una tercera
instancia en el trámite ordinario.
Agregó que las decisiones proferidas por el JUZGADO y el
TRIBUNAL fueron acertadas, por lo que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales invocados, máxime cuando no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable en el asunto.
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De otra parte, explicó que el señor ALVARO BÁEZ CABRERA
Q.E.P.D. adeuda al Sistema General de Pensiones por conducto del
tesoro público, unas sumas de dinero recibidas de más, según la
liquidación practicada por el TRIBUNAL, las cuales deben ser
recuperadas en los términos del numeral 10 del artículo 6° del
Decreto 575 de 2013, razón por la que inició el cobro coactivo de
dichos dineros.
Expuso que la parte actora pretende que a través de este mecanismo
constitucional se resuelva un asunto que debe ser objeto de debate
en las diferentes instancias judiciales, razón suficiente para declarar
improcedente la solicitud de amparo, en especial, cuando no es esta
la vía para reclamar o controvertir prestaciones económicas.
I.5.2.- El JUZGADO afirmó que se ha dado el trámite idóneo,
respetando las etapas procesales y los procedimientos pertinentes
para el asunto, por lo que solicitó que se le desvincule del presente
trámite por no existir ninguna vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
I.5.3.- La OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA relató que revisado
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el folio de matrícula inmobiliaria 300-27246, refleja una anotación de
medida de embargo por la jurisdicción coactiva, por lo que para que
se realice la cancelación de dicha medida se debe dar aplicación a lo
dispuesto en el artículo 62 de la Ley 1569 de 2012, esto es, al
Estatuto de Registro.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
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sentencia.
La Sala advierte que el JUZGADO solicitó su desvinculación en la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
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los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, la Sala advierte que el JUZGADO fue quien
profirió las providencias de 9 de marzo y 1o. de junio de 2023, aquí
cuestionadas, por lo que su vinculación en el presente asunto se dio
en calidad de accionado, razón por la cual se denegará su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
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tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la parte actora pretende que se deje sin
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efecto las providencias de 9 de marzo5 y 1o. de junio de 20236;
y 27 de marzo7 y 8 de agosto de 20238, proferidas por el
JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación 2015-
00252-00/03.
La controversia tiene origen en la demanda ejecutiva promovida por
el señor ALVARO BÁEZ CABRERA Q.E.P.D. contra CAJANAL EICE,
hoy UGPP, con el fin de lograr el cumplimiento de la condena
impuesta en sentencia de 17 de julio de 2014, proferida por el
TRIBUNAL, por medio de la cual se modificó la sentencia del
JUZGADO, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el número único de radicación 2011-00013-
01.
A juicio de la parte actora, las autoridades accionadas vulneraron sus
5
Por medio de la cual el JUZGADO dio por terminado el proceso ejecutivo por “pago de la
obligación”.
6
A través de la cual el JUZGADO resolvió el recurso de reposición contra el auto de 9 de marzo de
2023.
7
Providencia por medio de la cual el TRIBUNAL resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el
auto de 6 de febrero de 2019.
8
Auto por medio del cual el TRIBUNAL resolvió la solicitud de adición presentada contra el auto de 27
de marzo de 2023.
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derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad
social y a los principios de favorabilidad, legalidad, cosa juzgada y
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal comoquiera que,
a su juicio, se incurrió en los defectos procedimental absoluto,
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución al emitir la
liquidación oficial del crédito y al dar por terminado el proceso
ejecutivo.
Precisado lo anterior, en primer lugar, corresponde a la Sala
determinar si las actoras están legitimadas en la causa por activa
para promover la acción de tutela de la referencia.
En segundo lugar, en caso de encontrar cumplido el requisito de la
legitimación en la causa por activa, la Sala deberá establecer si la
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad al dirigirse contra unas providencias judiciales y, de
ser así, determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
invocados.
De la legitimación en la causa por activa en las acciones de
tutela
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El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 19919 preceptúa:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”
De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
9
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona10.
Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital
que se encuentra en el aplicativo de consulta SAMAI11, así como del
escrito de tutela y las pruebas obrantes en el plenario, se observa
que el señor ALVARO BÁEZ CABRERA Q.E.P.D. el 31 de julio de
2015 inició proceso ejecutivo contra la UGPP, con el fin de lograr el
cumplimiento de la condena impuesta por el TRIBUNAL mediante
sentencia de 17 de julio de 2014, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho12, a través de la cual se ordenó a
CAJANAL EICE reliquidar su pensión de vejez, con efectos
10
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
11
https://samai2.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680013333004201500252
006800133
12
La cual fue identificada con el número único de radicación 680013331004-2011-00013-01
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retroactivos a partir del 7 de julio de 2006, en cuantía equivalente al
75% del promedio mensual de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, de conformidad con el
régimen pensional de los empleados de la Rama Judicial.
Así las cosas, se tiene que, en principio, los legitimados en la causa
para promover la presente acción de tutela son las partes que
integraron dicho proceso ejecutivo, a saber: el señor ALVARO BÁEZ
CABRERA Q.E.P.D. y la UGPP.
Sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia fue promovida
por las señoras AZUCENA, HERCILIA, EUGENIA, LUZ, MARTHA y
JANETH BÁEZ SOLANO, en calidad de hijas del señor ALVARO
BÁEZ CABRERA Q.E.P.D., las cuales no figuran dentro de las partes
que integran el proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 2015-00252-00/03, objeto del presente estudio, que,
por demás, se encuentra en curso.
Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la
legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de tutela
contra providencia judicial y alega la vulneración de sus derechos
fundamentales, está determinada por la participación en el proceso
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judicial cuya revisión depreca en ejercicio del amparo constitucional.
Así lo sostuvo esta Sala en la sentencia de 27 de abril de 201713, en
la que se indicó:
“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la
providencia cuestionada.
Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, resulta necesario determinar
la legitimación en la causa por activa, en tanto que uno de
los derechos alegados como vulnerados es el del debido
proceso.
Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual,
quien promueva una acción de tutela con el propósito de buscar
la protección del derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o
actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo [14].
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
[14] Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias acciones
de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron numerosas
solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de control de
nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00, demanda
promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.:
Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero
de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03870-00.
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Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que
determina que en la acción de tutela la legitimidad para actuar
está radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien ejercerá la acción,
directamente o a través de apoderado, debidamente
acreditado [15].
Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto
de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin efecto el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3
de marzo de 2016, dictada en el medio de control de nulidad
electoral bajo el radicado (…); pues de ésta es que el actor deriva
la vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al
debido proceso, y, como consecuencia de ello, de los de buena
fe y de elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido
como parte en el mismo.
En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de
control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar que el
actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna
de coadyuvancia, razón por la que no puede ser considerado
como parte en ese proceso.
En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia
arriba citada respecto de la legitimación en la causa y con base
en el criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover una
acción de tutela por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de las
decisiones que se profieran en el respectivo medio de
control, quienes ostenten la calidad de partes en el
Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor: Deryan Johan Monsalve
Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
[15] Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero significado
que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que,
no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para
la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” (Subrayado y negrilla fuera
de texto).
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mismo, […].
Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de esas
calidades, no se encuentra legitimado para promover la
presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa […]” (Resaltado es del texto
original).
En el mismo sentido, esta Sala en providencia 29 de julio de 202116,
señaló:
“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa
por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del
trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las
personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de
desacato, que en este caso resultaron sancionadas y conminadas
a cumplir la orden de tutela, es decir, los señores i) Darío Antonio
Valen Trujillo, en calidad de Director del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta
Seguridad de Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) Mauricio Iregui
Tarquino, en calidad de Representante Legal del Consorcio
Fondo de Atención en Salud PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto
Díaz Hernández, en calidad de Director de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz
Botero Coy, en la calidad de Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, último frente al cual el
Tribunal Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción
impuesta.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30
de octubre de 200317, manifestó que la acción de tutela es un
medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la
persona afectada, quien podrá presentarla directamente o por
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.
17
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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quien actúe en su nombre.
[…]
En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por
la cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo, para establecer si en el presente caso concreto
hubo o no la afectación de su derecho fundamental.
En ese sentido, se considera que, en el caso sub examine,
la USPEC carece de legitimación en la causa por activa
[…]” (Resaltado por la Sala).
De acuerdo a lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que, para
acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa en las
acciones de tutela contra providencias judiciales, se requiere que el
actor haya sido parte del respectivo proceso judicial que reprocha,
con el fin de que, como inferencia lógica, pueda alegar que se
vulneraron sus derechos fundamentales.
Corolario a lo anterior, es claro que la parte actora en el presente
asunto carece de legitimación en la causa por activa para formular
solicitud de amparo contra las providencias cuestionadas, por cuanto
no demuestran que se hayan hecho parte dentro del proceso judicial
en el que fueron proferidas.
Ahora bien, la Sala destaca que el hecho de que el señor ALVARO
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BÁEZ CABRERA Q.E.P.D. hubiese fallecido durante el trámite del
proceso ejecutivo, no legitima de manera automática a las actoras
para interponer la presente acción como eventuales beneficiarias y
herederas del fenecido, comoquiera que aquellas deben solicitar su
reconocimiento como parte dentro del proceso objeto de amparo a
través de la figura de sucesión procesal prevista en el artículo 68 del
Código General del Proceso, lo cual no ha ocurrido.
Lo anterior, en razón a que el fallecimiento del señor ALVARO BÁEZ
CABRERA Q.E.P.D. ocurrió el 13 de septiembre de 2021, mientras
que la última providencia proferida dentro del proceso ejecutivo, aquí
cuestionado, es de 8 de agosto de 2023, lo que significa que las
accionantes han contado con más de 2 años para intervenir dentro
del proceso ejecutivo y solicitar ser reconocidas como sucesoras
procesales del finado.
En efecto, aun cuando las actoras dentro del trámite de la acción de
tutela de la referencia aseguraron actuar en calidad de sucesoras
procesales, no obra prueba dentro del expediente ni tampoco se
advierte actuación alguna en el aplicativo de consulta SAMAI en el
que se evidencie que estas solicitaron hacerse parte dentro del
proceso, ni que el JUZGADO o el TRIBUNAL las haya reconocido
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Número único de radicación: 110010315000-2023-05226-00
Actoras: AZUCENA BÁEZ SOLANO Y OTRAS.
como sucesoras procesales dentro del mismo.
Es del caso resaltar que dicha postura ha sido acogida por esta Sala
en otras oportunidades, más recientemente en sentencia de 7 de
septiembre de 202318, por medio de la cual se declaró la falta de
legitimación en la causa por activa de la actora, quien pretendía
cuestionar las providencias proferidas dentro de un medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual no se había
hecho parte, por lo que a pesar de que podría ser la eventual
beneficiaria de la pensión del causante, objeto de debate, debía en
primer término acudir a la figura de la sucesión procesal dentro del
proceso controvertido. En la citada sentencia se precisó lo siguiente:
“[…] 1. Ahora bien, el hecho de que el señor José Vicente López
Sánchez hubiese fallecido durante el trámite del proceso
ordinario no legitima a la señora Norma Patricia Lara González
para interponer la presente acción como eventual beneficiaria
de la pensión del fenecido, como quiera que no se hizo parte
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento a través de la
figura de la sucesión procesal prevista en el artículo 68 del
Código General del Proceso.
2. Lo anterior, en razón a que el fallecimiento de su cónyuge
ocurrió el 30 de abril de 2021 y la providencia objeto de censura
por vía constitucional se profirió el 28 de febrero de 2023. Es
decir, contó con más de un año para intervenir dentro del
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. (E) Nubia Margoth
Peña Garzón, sentencia de 7 de septiembre de 2023 identificada con el número único de radicación
110010315000-2023-04321-00.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-05226-00
Actoras: AZUCENA BÁEZ SOLANO Y OTRAS.
proceso ordinario y solicitar que fuera reconocida como
sucesora procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo.
3. Por último, vale la pena resaltar que, mediante la sentencia
de 3 de octubre de 201919, esta Sala de Decisión estudió un
caso idéntico al presente y señaló lo siguiente:
«Así las cosas, en razón a que la señora Blanca Stella Cañón
de Aguas no ostenta ninguna de esas calidades, en tanto no es
titular del derecho fundamental al debido proceso cuya
vulneración depreca, debe la Sala declarar, sin lugar a dudas,
la falta de legitimación en la causa por activa.
Por ende, y ya que el extremo demandante no se hizo parte en
el respectivo medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 81001-33-31-001-2016-00175-01
cuya decisión ataca vía tutela, forzoso resulta concluir que, en
definitiva, no se encuentra legitimado por activa en el sub
examine.
Ahora bien, el hecho de que el señor Wilbert Saúl Aguas Cañón
hubiese fallecido durante el trámite del proceso ordinario no
legitima a la señora Blanca Stella Cañón para interponer la
presente acción como eventual beneficiaria, como quiera que
no se hizo parte dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento a través de la figura de la sucesión procesal
prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso.
Lo anterior en razón a que el fallecimiento de su hijo ocurrió el
20 de enero de 2018 y la providencia objeto de censura por vía
constitucional se profirió el 28 de marzo de 2019. Es decir,
contó con más de un año para intervenir dentro del proceso
ordinario y solicitar que fuera reconocida como sucesora
procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo. Ello pone de
presente que en el asunto bajo estudio tampoco se satisface el
requisito de subsidiariedad, menos aun cuando el mismo
transcurso del tiempo sin hacerse parte del proceso descarta la
eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Como consecuencia de ello, en el sub judice, al no encontrarse
acreditado el requisito exigido en el artículo 10º del Decreto
Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 , como tampoco el de
subsidiariedad, la Sala de Decisión revocará la sentencia de 3
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de
octubre de 2019. Exp. N° 11001-03-15-000-2019-01826-01(AC). C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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de julio de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado, impugnada por la señora Blanca
Stella Cañón de Aguas, y en su lugar declarará la
improcedencia de la acción de amparo promovida por la señora
Cañón de Aguas, en contra de la sentencia de 28 de marzo de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por
los motivos señalados en la presente sentencia, como en efecto
se dispondrá en su parte resolutiva». [Subrayado de la Sala]
[…]”
Ahora, frente a las demás pretensiones tendientes a que se ordene
a la UGPP levantar la medida de embargo y a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga abstenerse de
exigir escritura pública de sucesión para acreditar su condición de
herederas sobre el inmueble objeto de discusión que tiene como
único fin “cobrarnos esa suma que fue determinada como saldo a
favor de la UGPP”, la Sala advierte que, teniendo en cuenta que
estas conciernen al objeto de estudio del citado proceso ejecutivo,
las actoras también carecen de legitimación en la causa por activa
frente a dichas inconformidades.
En efecto, tales pretensiones se derivan de la liquidación del crédito
emitida por el contador del TRIBUNAL y aprobada por dicha
autoridad judicial, de tal forma que la inconformidad frente a tales
entidades se deriva de las actuaciones surtidas dentro del proceso
ejecutivo origen de la controversia.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala destaca que, en todo caso,
comoquiera que el proceso ejecutivo origen de la controversia está
en trámite, pues se está resolviendo el recurso de apelación
interpuesto contra el auto 9 de marzo de 2023, que dio por terminado
el proceso, las actoras pueden solicitar hacerse parte como sucesoras
procesales, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del CGP.
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa de la parte actora, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
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BUCARAMANGA, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por
falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de noviembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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