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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00263-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00263-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: TENER como coadyuvante de la parte accionada al señor Miguel Ángel Chaves García, por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 25 de junio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00263-01 QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00263-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda. y otros.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00263-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por falta de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
25 de junio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La Masa de la Quiebra de la Empresa Industrias Ancón Ltda. en ejercicio
del medio de control de reparación directa promovió demanda contra la
Nación – Rama Judicial, con el fin de que fuese declarada administrativa
y patrimonialmente responsable del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia a partir de la conducta desplegada por los
juzgados Tercero Civil del Circuito de Bogotá, Promiscuo Municipal de
Cota y Civil del Circuito de Funza, la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, al interior del proceso de quiebra de la
sociedad.

1.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 7 de mayo de 2021, negó las

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pretensiones de la demanda al considerar que la sociedad demandante
no logró acreditar la existencia de un daño antijurídico imputable a la
conducta desplegada por las autoridades judiciales.

1.3. Contra la anterior decisión la parte demandante del proceso interpuso
recurso de apelación.

1.4. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
decisión del 1 de diciembre de 2025, modificó parcialmente la decisión
de primera instancia, en el sentido de declarar la caducidad del medio de
control respecto de algunas de las pretensiones formuladas y negar las
restantes, al considerar que “[…] no se demostró la existencia de una
mora judicial que causara los daños antijurídicos alegados, para declarar
la caducidad de la acción respecto del daño alegado por la pérdida de las
mercancías en manos de la Aduana Interior de Bogotá […] si bien la Sala
reconoce que resulta inusual la prolongada duración del proceso de
quiebra, no se acreditó que los daños alegados por la demandante […]
De igual manera, como lo expuso el tribunal de primera instancia, las
múltiples acciones de tutela, solicitudes de vigilancia, denuncias penales
y diversos memoriales tanto en el proceso de quiebra como en los de
restitución de inmueble arrendado evidencian un uso indiscriminado de
los mecanismos legales por parte de los sujetos procesales, que índice
en la extensión temporal de aquellos […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

Los accionantes alegaron la configuración de una violación directa de la
Constitución, al considerar que la autoridad judicial accionada desconoció los
problemas jurídicos sometidos a su consideración y no resolvió integralmente
los reparos propuestos en el medio de control de reparación directa. En
consecuencia, manifestaron que “[…] La sentencia de diciembre 1º de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
aquí cuestionada, vulnera de manera directa la Constitución Política,
particularmente los artículos 1º, 4º, 29, 90, 228 y 229, y arts. 281 y 328 del
C.G.P., entre otras, al desconocer el thema decidendum del proceso de

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REPARACION DIRECTA y abstenerse de resolver todos los extremos
planteados en la demanda. Esta omisión constituye una infracción autónoma
del debido proceso, del derecho de defensa, del principio de contradicción, del
acceso a la administración de justicia y del deber de motivación suficiente […]”.

Los accionantes afirmaron que se configuraba un defecto sustantivo, debido a
que la autoridad accionada i) ignoró los efectos jurídicos de las conciliaciones
y acuerdos celebrados por las partes; ii) desconoció el artículo 281 del CGP al
no valorar hechos extintivos o modificativos del derecho sustancial; iii)
interpretó erradamente las normas sobre designación de síndicos (art. 9 CPC
y art. 48 CGP) y iv) se apartó injustificadamente del precedente constitucional,
disciplinario y contencioso administrativo, especialmente en los relacionados
con la validez y efectos de la conciliación, la responsabilidad estatal por
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas procesales.

Los accionantes adujeron la configuración de un defecto fáctico por omisión
en la valoración del acervo probatorio, al considerar que la autoridad judicial
accionada dejó de apreciar elementos determinantes para resolver el litigio,
entre ellos el expediente completo del proceso de quiebra, providencias
judiciales posteriores, decisiones disciplinarias relacionadas con las
conciliaciones celebradas por las partes, pruebas relativas a la actuación de
los síndicos, así como diversos documentos encaminados a demostrar la mora
judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. A su
juicio, tales omisiones condujeron a una reconstrucción incompleta de los
hechos y a una decisión contraria a la verdad material, con incidencia directa
en la determinación de la responsabilidad estatal.

Refirieron que la providencia enjuiciada incurrió en desconocimiento del
precedente1, al respecto mencionaron que “[…] al apartarse injustificadamente
de la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa que regula la

1 En este punto, trajo a colación las siguientes providencias SU-1184/01, SU-159/02, SU-

813/07, SU-447/11, SU-424/12, SU-448/16, sentencias del 4 de diciembre de 2006
(Exp.13.168), 26 de abril de 2012 (Exp. 21.515) y 9 de febrero de 2017 (Exp. 41.801); T-264/15
y T-615/19, sentencia del 14 de febrero de 2019 (Exp. 44.458), SU-424/12 y T-264/15,
sentencia del 28 de agosto de 2014 (Exp. 31.318), T-1306/01, C-131/02, T-001/18 y T-268/10.

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, la mora judicial como falla del servicio, la obligación
de decretar pruebas de oficio y la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas procesales […]”.

Finalmente, mencionaron que en la providencia cuestionada se configuró un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, a su juicio la autoridad
judicial accionada privilegió formalidades procesales sobre la búsqueda de la
verdad material y el derecho sustancial.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, TUTELAR a los accionantes los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, propiedad, prevalencia del derecho sustancial y
protección judicial efectiva, vulnerados por la sentencia del 1º de
diciembre de 2025.

SEGUNDO; En consecuencia, se declare que existe VIA DE HECHO en
la sentencia dictada por la SUB SECCION B de la SECCION TERCERA
del CONSEJO DE ESTADO de fecha diciembre 1º de 2025, consejero
ponente: DR FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación 25000-23-36-000-
2014-01097-02 (67.865); Demandante: MASA DE LA QUIEBRA DE
INDUSTRIAS ANCÓN LTDA; Demandado: NACIÓN -RAMA JUDICIAL -
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA, mediante la cual
CONFIRMA, el fallo de primera instancia proferido el 7 de mayo de 2021
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, denegatorio de las pretensiones.

TERCERO: Para restablecer a los accionantes los derechos
constitucionales fundamentales protegidos por esta tutela, se declare sin
valor y efectos, la sentencia dictada por la SUB SECCION B, de la
SECCION TERCERA del CONSEJO DE ESTADO de fecha diciembre
1º de 2025, consejero ponente: DR FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865); Demandante:
MASA DE LA QUIEBRA DE INDUSTRIAS ANCÓN LTDA; Demandado:
NACIÓN – RAMA JUDICIAL;

CUARTO: Se ordena a la Sala accionada SUB SECCION B, de la
SECCION TERCERA del CONSEJO DE ESTADO, consejero ponente:
DR FREDY IBARRA MARTÍNEZ, o a quien haga sus veces, que, dentro
del término de 15 días, contado a partir de la fecha de este fallo, y en el

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proceso con Radicación 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865),
proceda a dictar nuevo fallo, con sujeción estricta a los principios de
verdad material, debido proceso y justicia sustancial, revocando la
sentencia de primera instancia proferida el 7 de mayo de 2021 y, en su
lugar, se acceda a las súplicas de la demanda, conforme a los hechos
probados.

QUINTO: Se ordena, a la DRA AURA CLARET ESCOBAR
CASTELLANOS, jueza 47 Civil del Circuito de Bogotá, o a quien haga
sus veces, que, dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha
de este fallo, y en el proceso de Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON
LTDA.”, con Radicación con el # 11001310300319800206401, cese los
agravios causados a las partes, reconociendo que, con la reiterada
CONCILIACION de agosto 06 de 2014, confirmada mediante la DACION
EN PAGO de abril de 2018, dieron por terminadas sus diferencias y el
Juzgado no puede seguir tramitando el proceso, porque la jurisdicción
dejó de ser necesaria, por carencia actual de objeto y proceda al archivo
definitivo del proceso […]”. [Sic en toda la cita].

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 26 de enero de 2026, la Sala Unitaria de la Sección Quinta
del Consejo de Estado inadmitió la presente acción de tutela con el fin de que
se aportara: (i) el certificado de existencia y representación legal de la sociedad
limitada y (ii) el poder otorgado al abogado Jairo López Morales, en debida
forma, esto es, mediante mensaje de datos en los términos del artículo 5° de
la Ley 2213 de 2022 o con la presentación personal como lo dispone el artículo
74 del CGP.

2. La Sala Unitaria de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto
de 9 de febrero de 2026, rechazó la acción de tutela.

3. Con posterioridad, los accionantes interpusieron impugnación en contra del
auto que rechazó la acción de tutela, y la Sala de la Sección Primera mediante
providencia del 16 de abril de 2026, revocó el auto de 9 de febrero de 2026
que rechazó la acción de tutela de la referencia y ordenó proveer sobre su
admisión.

4. Mediante auto de 22 de mayo de 2026, se admitió la presente acción en
contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y se
vinculó a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a

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la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y los juzgados Tercero Civil del Circuito de Bogotá, Primero
Promiscuo Municipal de Cota y Civil del Circuito de Funza, y a la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso.

5. El 25 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por falta de legitimación en la causa por activa.

6. El 1 de julio de 2026, los accionantes promovieron incidente de nulidad
contra la sentencia de primera instancia y, de manera concomitante,
interpusieron el recurso de impugnación contra dicha decisión.

7. Mediante auto del 21 de julio de 2026, la Sala Unitaria de la Sección Quinta
negó la solicitud de nulidad presentada por los accionantes y concedió el
recurso de impugnación interpuesto contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo y subsidiariamente, negar la
solicitud de amparo. Al respecto, sostuvo que “[…] la revisión de los
argumentos de la actora en la demanda de tutela, evidencian que estos no
tienen relevancia constitucional, sino que, por el contrario, aquella en realidad
pretende revivir el debate probatorio y que el juez de tutela desplace al juez
natural; empero, estudiar lo solicitado por la demandante es convertir la acción
de tutela, caprichosamente, en una tercera instancia en la cual ahora se
pretende nuevamente discutir la responsabilidad patrimonial de la Nación –
Rama Judicial […]”.

2. El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Cota rindió informe en el que
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo y adujo que la solicitud
de amparo recae únicamente sobre el proceso de reparación que cursó ante

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la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo cual “[…] los hechos alegados
como vulnerantes y lo pretendido en esta Acción Tutelar, son totalmente
desconocidos y ajenos al proceder de este Juzgado […]”.

3. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cota solicitó negar el amparo
deprecado ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, para lo cual arguyó que “[…] resulta palmaria
la ausencia de una adecuada argumentación tendiente a demostrar los
presuntos defectos enrostrados como falta de valoración y practica probatoria,
toda vez que las decisiones adoptadas vienen garantizando con suficiencia las
garantías procesales […]”.

4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial advirtió que la solicitud de
amparo recae únicamente contra la autoridad accionada y sostuvo que “[…]
los argumentos alegados por el accionante en el escrito de tutela, demuestran
su inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada,
sin acreditar las irregularidades de orden constitucional en las que
presuntamente incurrieron, por tal razón, no es de recibo que la parte actora
pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia
adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió
dentro del proceso ordinario, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses […]”. Finalmente, solicitó su
desvinculación del trámite tutelar.

5. El señor Miguel Ángel Chaves García, quien manifestó concurrir como “[…]
apoderado dentro del Despacho Comisorio que adelanta la entrega el Juzgado
1 Promiscuo Municipal de Cota de los predios Santamaria y Purina […]”,
presentó escrito de réplica a la acción de tutela.

Sostuvo que los accionantes carecen de legitimación para actuar en
representación de la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda., por
corresponder dicha representación al síndico judicialmente designado.
Igualmente, indicó que en el proceso de reparación directa no se acreditaron
los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado y que

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la acción de tutela pretende reabrir un debate ya resuelto por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, desconociendo el carácter subsidiario y
excepcional de ese mecanismo constitucional. Finalmente, solicitó ser tenido
como coadyuvante de la autoridad accionada.

6. El señor José Francisco Martínez Garavito concurrió al proceso indicando
su calidad de síndico de la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda.,
solicitando que se declare improcedente la solicitud de amparo.

Precisó que “[…] los accionantes señor Cesar Augusto Pineda Mendoza,
Martha Evidalia Muñoz Burbano y Jairo López Morales, NO SON
REPRESENTANTES LEGALES DE INDUSTRIAS ANCON LTDA, sociedad
que se encuentra en proceso de quiebra ante el Juzgado 47 Civil del Circuito
de Bogotá, bajo el radicado número 11001310300319800206401, donde funjo
como el actual y único representante legal, conforme aparece en el Certificado
de existencia y representación legal que anexo […]”.

Anotó que “[…] existe falta de legitimación por activa de la masa de la quiebra
sociedad Industrias Ancón Ltda., en quiebra judicial, pues no he conferido
poder alguno a fin de que sea representada la sociedad que represento, por
cuanto considero que los accionantes han abusado de la administración de
justicia para reclamar intereses personales en detrimento de la masa de la
quiebra […]”.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 25 de junio
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en
la causa por activa, al advertir que los accionantes no ostentaban la calidad de
síndicos de la masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda. ni estaban
facultados para promover el amparo constitucional en representación de esta.

Al respecto, el a quo indicó que “[…] Una revisión del expediente ordinario
correspondiente al medio de control de reparación directa 25000-23-36-000

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2014-01097-00/01/02, permite establecer que la parte demandante estuvo
conformada por la masa de la quiebra de Industrias Ancon Ltda., conforme se
lee en el escrito de demanda con el que se dio inicio al citado asunto […] una
revisión del citado proceso permite establecer que en dicho asunto los señores
Cesar Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y Jairo López Morales,
no concurrieron como sujetos que hayan conformado la parte demandante, y
tampoco actuaron como posibles coadyuvantes […]”.

Anotó que “[…] conforme el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá se tiene por demostrado que
la sociedad Industrias Ancon Ltda., tiene su matrícula mercantil actualmente
cancelada […]”.

Añadió que “[…] se debe tener en cuenta que en la actualidad, con ocasión del
proceso de quiebra que actualmente cursa en el Juzgado 47 Civil del Circuito
de Bogotá, se designó al síndico, que, conforme las disposiciones mercantiles,
ejerce la representación legal y es el señor José Francisco Martínez Garavito
[…]”.

De conformidad con lo anterior, sostuvo que “[…] los señores Cesar Augusto
Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y Jairo López Morales no gozan de
legitimación en la causa por activa para promover la acción constitucional del
asunto por la sencilla razón de que no fueron parte del proceso ordinario de
reparación directa y, en consecuencia, la providencia judicial no tiene la
capacidad de producirles efectos jurídicos directos […]”.

Finalmente, precisó que “[…] las citadas personas, con independencia de la
calidad de posibles acreedores en el proceso de quiebra, no tienen la
capacidad para representar legalmente a la masa de bienes que conforman
los activos de Industrias Ancón Ltda., pues, como se precisó anteriormente,
dicha calidad la ejerce actualmente el síndico, quien concurrió al trámite del
asunto y desconoció las actuaciones judiciales realizadas en nombre de la
citada masa de bienes […]”.

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V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia reiterando en
esencia, los argumentos expuestos en el escrito de tutela, insistiendo en la
configuración de los defectos alegados como fundamento de la solicitud de
amparo constitucional.

Manifestaron que “[…] La jurisprudencia constitucional, civil y contenciosa
establece que: El abogado que actúa en el proceso principal está legitimado
para interponer tutela mientras su poder no haya sido revocado. Los
acreedores y socios están legitimados para demandar en tutela sin
intervención del síndico. La Sección Quinta incurrió en defecto sustantivo y
exceso ritual manifiesto al desconocer esta jurisprudencia. Mi legitimación es
plena, vigente, reforzada y vinculante […]”.

Adujeron que “[…] La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado han reiterado que: El poder otorgado para actuar en el
proceso principal habilita al apoderado para presentar la acción de tutela
relacionada con ese mismo proceso, sin necesidad de un nuevo poder,
mientras el mandato esté vigente y no haya sido revocado. Esta regla se deriva
de la naturaleza instrumental de la tutela cuando se dirige contra actuaciones
o decisiones dentro del mismo expediente donde el abogado ya representa al
accionante […]”.

Finalmente, sostuvieron que “[…] El suscrito apoderado judicial actúa con
poder plenamente vigente dentro del proceso que dio origen a la presente
acción de tutela. Conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional […] y del Consejo de Estado, no se requiere poder especial ni
nuevo mandato para interponer acción de tutela contra decisiones adoptadas
dentro del mismo proceso en el cual el apoderado ya representa al accionante,
siempre que el poder no haya sido revocado. En consecuencia, la
representación judicial se mantiene incólume y habilita plenamente la
presentación de esta acción constitucional […]”.

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19912, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

2.1. De la solicitud de desvinculación

La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó
su desvinculación del presente trámite de tutela y que el juez de primera
instancia omitió pronunciarse al respecto, por tanto, en esta instancia se
resolverá.

La Sala considera que, como quiera que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial fungió como sujeto procesal dentro del proceso objeto
de estudio identificado con el radicado núm. 25000-23-36-000-2014-01097-
00/01/02, le asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de
la referencia. En consecuencia, se negará la solicitud de desvinculación.

2.2. De la coadyuvancia

El señor Miguel Ángel Chaves García presentó solicitud de coadyuvancia y
manifestó que “[…] Me permito presentar Honorables Magistrados
coadyuvancia a favor del Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección
B […]” en atención a que los “[…] Los aquí los (sic) accionantes pretenden

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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reabrir un debate ya resuelto en sede ordinaria […]” y que el juez de primera
instancia omitió pronunciarse al respecto, por tanto, en esta instancia se
resolverá.

Respecto de lo anterior, resulta preciso señalar que el inciso segundo del
artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que: “[…] Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido las siguientes
reglas para la procedencia de la coadyuvancia:

“[…] (i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las
posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el accionado
en el trámite de tutela, es decir, no puede formular pretensiones
propias de amparo a sus derechos fundamentales;

(ii) la coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se
expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes
de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante
la Corte Constitucional, según sea el caso […]”3. [Se destaca]

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que se encuentran
satisfechos los presupuestos para reconocer como coadyuvante del extremo
accionado al señor Miguel Ángel Chaves García.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado4, la Sección debe
establecer:

3 Corte Constitucional, Auto 401 de 2020.
4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por los accionantes.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona5.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].

Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19916 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la

5 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

6 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].

La Corte Constitucional también ha precisado el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición
por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente […]”7. [Subrayado fuera del texto]

A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

Con fundamento en las anteriores consideraciones normativas y
jurisprudenciales, corresponde a la Sala determinar si los accionantes se
encuentran legitimados para promover la presente acción de tutela, bien sea
en nombre propio o en representación de la Masa de la Quiebra de Industrias
Ancón Ltda.

En el presente asunto, los señores César Augusto Pineda Mendoza, Felipe
López Ospina y Jairo López Morales promovieron acción de tutela contra la

7 Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo

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Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de la
providencia del 1 de diciembre de 2025, proferida dentro del medio de control
de reparación directa identificado con radicación 25000-23-36-000-2014-
01097-02.

Ahora bien, de las pruebas documentales allegadas al expediente se advierte
que la matrícula mercantil de Industrias Ancón Ltda. se encuentra cancelada y
que, en el marco del proceso de quiebra que cursa ante el Juzgado 47 Civil
del Circuito de Bogotá, fue designado como síndico el señor José Francisco
Martínez Garavito, quien ostenta la representación legal de la masa de la
quiebra.

Esta circunstancia resulta relevante para el examen de procedibilidad, pues
permite establecer quién ostenta actualmente la representación legal de la
masa de bienes cuya protección pretenden invocar los accionantes.

En ese contexto, la Sala observa que los señores César Augusto Pineda
Mendoza, Felipe López Ospina y Jairo López Morales no actuaron como
partes ni como terceros intervinientes dentro del proceso de reparación directa
en el que se profirió la providencia judicial cuestionada. En consecuencia,
carecen de legitimación en la causa por activa para promover, en nombre
propio o en representación de la masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda.,
la presente acción de tutela con el propósito de controvertir dicha decisión
judicial.

Aun si se admitiera, en gracia de discusión, que los accionantes tienen un
interés derivado de su eventual condición de acreedores dentro del proceso
de quiebra, tal circunstancia no les confiere la facultad de representar
legalmente la masa de bienes que integra el patrimonio de la sociedad
quebrada. Dicha representación corresponde exclusivamente al síndico
designado por la autoridad judicial competente, esto es, al señor José
Francisco Martínez Garavito, quien manifestó expresamente “[…] los
accionantes […] NO SON REPRESENTANTES LEGALES DE INDUSTRIAS
ANCON LTDA, sociedad que se encuentra en proceso de quiebra ante el

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Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, bajo el radicado número
11001310300319800206401, donde funjo como el actual y único
representante legal, conforme aparece en el Certificado de existencia y
representación […]”.

Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión
dentro de un proceso judicial, son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales.

La anterior conclusión encuentra respaldo no solo en las reglas que gobiernan
la representación de la masa de la quiebra, sino también en la jurisprudencia
de esta Corporación sobre la legitimación para cuestionar actuaciones
judiciales mediante acción de tutela.

Al respecto, esta Sección ha “[…] venido sosteniendo en su jurisprudencia que,
en principio, sólo los sujetos procesales se encuentran legitimados para
controvertir, a través de la acción de tutela, las decisiones o actuaciones que
se realizan en el curso de un proceso judicial […]”8.

Por otra parte, en cuanto al argumento según el cual el poder conferido para
actuar dentro del proceso ordinario resulta suficiente para promover la
presente solicitud de amparo, la Sala advierte que, si bien el señor Jairo López
Morales actuó como apoderado de la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón
Ltda. dentro del proceso de reparación directa dentro del cual se profirió la
sentencia que es objeto de controversia en el asunto de la referencia, ello
contrario a lo afirmado en el escrito de impugnación no lo habilita para
intervenir en el presente trámite constitucional porque el mandato conferido
para instaurar el proceso ordinario no lo faculta para representar al mandante
en la acción de tutela, pues para tal fin se requiere un poder especial.

8 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, 2 de noviembre

de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, 7 de
septiembre de 2023.

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Respecto de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el siguiente
pronunciamiento de la Corte Constitucional:

[…] En el caso concreto, quien impugnó el fallo de instancia en el proceso
de tutela fue el Dr. Víctor Manuel Mendoza Castellanos, quien actúo como
apoderado de los querellantes dentro del proceso policivo en contra del
accionante de la tutela, facultado para ello por un poder especial (folio 34
del expediente de tutela), conferido para ello en los términos del artículo
65 del C.P.C.

Pese al tenor literal del artículo 31 del decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional ha admitido que quien tenga interés legítimo y se considere
afectado por un fallo de tutela pueda impugnar la sentencia que estima
desfavorable, así aparentemente no aparezca dentro de los sujetos
procesales llamados a impugnar las decisiones de tutela. […].

[…]

Así pues, de la aplicación de los criterios transcritos surge con claridad
que los querellantes dentro del proceso de policía se encontraban
legitimados para impugnar la sentencia de primera instancia. Empero, la
Sala advierte que quien actuó en nombre de los querellantes no tiene
poder conferido en forma expresa para actuar como apoderado dentro de
la acción de tutela, pues, como ya se dijo, éste fue conferido con carácter
especial para representar a los querellantes dentro del proceso policivo, -
según el artículo 65 del C.P.C.- y en modo alguno, puede entenderse
otorgado también para actuar dentro de la acción de tutela, ya que, se
repite, se trata de un poder especial y no de uno general conferido para
toda clase de actuaciones, en cuyo caso el otorgamiento requiere
escritura pública.

Tampoco actuó en ejercicio de la figura de la agencia oficiosa ejerciendo
la representación de los querellantes, dentro de los parámetros
establecidos para ello en el artículo 10 inciso 2° del Decreto 2591 de
1991.

[…]

De lo expuesto se desprende que el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Chiquinquirá, no debió darle curso a la impugnación interpuesta por el Dr.
Mendoza, pues el juez llamado a conocer de la segunda instancia, antes
de entrar a resolver de fondo el asunto planteado, debió determinar si
quien impugnó podría hacerlo o no. […]”9. [Subrayas por fuera del texto
original]

En síntesis, la Sala concluye que los señores César Augusto Pineda Mendoza,
Felipe López Ospina y Jairo López Morales carecen de legitimación en la
causa por activa para promover la presente acción de tutela. De una parte,

9 Sentencia T-503 de 1996.

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porque no actuaron como sujetos procesales dentro del medio de control de
reparación directa cuya sentencia pretenden cuestionar; y, de otra, porque
tampoco ostentan la representación legal de la Masa de la Quiebra de
Industrias Ancón Ltda., representación que corresponde exclusivamente al
síndico designado dentro del proceso quiebra.

Adicionalmente, el señor Jairo López Morales no acreditó contar con poder
especial para actuar en sede de tutela, ni ejerció la acción en condición de
agente oficioso, circunstancias que impiden reconocerle legitimación para
promover el presente mecanismo constitucional.

En atención a lo anterior y sin ser necesario a descender en otras
consideraciones, esta Sección confirmará el fallo impugnado que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la
causa por activa de los accionantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO: TENER como coadyuvante de la parte accionada al señor Miguel
Ángel Chaves García, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 25 de junio de 2026 proferido
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

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QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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