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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01097-02

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01097-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Modifícase la sentencia proferida el 7 de mayo de 2021 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual queda así: PRIMERO: Declárase la caducidad del medio de control de reparación directa en relación con la pérdida de las mercancías por parte de la Aduana Interior de Bogotá. SEGUNDO: Deniéganse las pretensiones de la demanda. TERCERO: Condénase a la parte demandante en costas de primera instancia. Se fijan como agencias en derecho de esta instancia la suma de $1.308.163.500,oo a favor de la parte demandada. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-01097-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Demandante: MASA DE LA QUIEBRA DE INDUSTRIAS ANCÓN
LTDA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA – MORA JUDICIAL

Síntesis del caso: la actora considera que como consecuencia de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por parte de la Nación – Rama Judicial en
el proceso de quiebra de la sociedad Industrias Ancón Ltda y los procesos de restitución
de inmueble arrendado en los que fue parte, perdió una mercancía y varios bienes muebles,
dejó de recibir los cánones de arrendamiento de inmuebles de su propiedad y tuvo que
pagar honorarios; de manera que, solicita indemnización de perjuicios. La Sala modifica la
decisión de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 1 en
contra de la sentencia proferida el 7 de mayo de 2021 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2 mediante la cual se
resolvió lo siguiente:

“PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO.- CONDENAR EN COSTAS de esta instancia a la parte
demandante. Se fijan como agencias en derecho de esta instancia la
suma de $1.308.163.500,oo a favor de la parte demandada.

TERCERO.- Notifíquese a las partes la presente providencia por la
secretaría de la sección a los siguientes correos electrónicos (…).

CUARTO.- Contra la presente sentencia procede recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 y 247 del CPACA.

1
Documento “26_250002336000201401097001recibememorial20210618160300”, índice 86 SAMAI
de la primera instancia.
2
Documento “22_250002336000201401097001sentenciaquen20210510094225”, índice 83 SAMAI
de la primera instancia.

2

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

QUINTO.- Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la
Sección, liquídense los gastos del proceso, y en caso de remanentes,
devuélvanse al interesado. Pasados dos años sin que la parte
demandante los haya reclamado, la mencionada secretaría declarará la
prescripción a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial, o de la entidad que haga sus
veces. Efectuado lo anterior, archívese el proceso dejando las
anotaciones del caso.” (fls. 41 a 42 del PDF
“22_250002336000201401097001sentenciaquen20210510094225”,
índice 83 SAMAI de la primera instancia. – negrillas y mayúsculas fijas del
texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 25 de julio de 2014 (fl. 2 cdno. ppal. 1) y subsanado
el 22 de septiembre del mismo año 3 (fl. 71 cdno. ppal. 1), la masa de la quiebra de
la empresa Industrias Ancón Ltda 4 por intermedio de apoderado judicial ejerció el
medio de control judicial de reparación directa en contra de la Nación - Rama
Judicial (fls. 2 a 62 cdno. ppal. 1 y fls. 71 a 72 cdno. ppal. 1), con las siguientes
pretensiones:

“PRIMERA: DECLARASE la responsabilidad de la Nación-Rama
Jurisdiccional, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los
perjuicios antijurídicos ocasionados a la MASA DE LA QUIEBRA DE
‘INDUSTRIAS ANCÓN LTDA’, como consecuencia del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, derivado de la
actuación cumplida por los jueces, magistrados y auxiliares de la justicia
(síndicos) y en particular los jueces del Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Bogotá, Promiscuo Municipal de Cota y Civil del Circuito de Funza,
principalmente, así como la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en desarrollo del proceso de quiebra de ‘INDUSTRIAS
ANCÓN LTDA’ radicado 110013103003-1980-02064-01, durante los 34
años”.

3
En la demanda de manera general se indicó que se demandaba por varios errores judiciales y un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; sin embargo, toda vez que no se
distinguió cuáles providencias eran contentivas de error, el tribunal de primera instancia mediante
auto del 4 de septiembre de 2014 inadmitió la demanda y le solicitó a la parte actora, entre otros
aspectos, reformular las pretensiones y distinguir de manera correcta las providencias contentivas
del presunto error judicial (fls. 65 a 70 cdno. ppal. 1), la parte actora subsanó la demanda y en las
pretensiones dejó en claro que solo se demandaba por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en el cual se incurrió en el proceso de quiebra (fls. 71 a 72 cdno. ppal. 1).
4
El proceso de quiebra de la empresa Industrias Ancón Ltda inició antes de la entrada en vigor de
la Ley 222 de 1995; de modo que le fueron aplicadas las normas del Código de Comercio que, en el
artículo 1954 disponía que la masa de la quiebra estaría representada por el síndico del proceso de
la quiebra, quien de por sí fue la persona que otorgó el poder para incoar el medio de control de la
referencia (fls. 1 a 2 cdno. ppal. 1).

3

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

SEGUNDO: Como consecuencia del pronunciamiento anterior
CONDENAR a la Nación-Rama Jurisdiccional, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a pagar a la Masa de la Quiebra de ‘INDUSTRIAS
ANCÓN LTDA’, o a la persona o personas naturales o jurídicas a quienes
se les haya trasmitido sus derechos, o la sucedan, las sumas de dinero
que se demuestre en el proceso como perjuicios materiales y morales,
causados por los Errores Judiciales y el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia” (fls. 3 y 71 cdno. ppal. 1 – mayúsculas fijas y
negrillas del original).

2) En un acápite separado de las súplicas, la parte actora refirió que el daño y
perjuicios sufridos se circunscribían a los siguientes:
“A) En el equivalente hoy de la mercancía retenida por la Aduana Interior
de Bogotá, láminas galvanizadas de estructura metálica y poliuretano,
relacionadas en el recibió de retención N° 3024 y 3025 de septiembre 5
de 1981 e informe de retención de septiembre 7 de 1981, que se
encontraba en bodegas de la empresa en su sede en Cota, valorados por
la misma Aduana en $62.845.173, pero luego de tramitado el proceso
penal aduanero, esa jurisdicción ordenó devolverla a su dueño, la Masa
de la Quiebra de ‘INDUSTRIAS ANCÓN LTDA’, sin embargo, el Juzgado
3° Civil del Circuito se negó a ordenarle al síndico recibirlos, no obstante
haberlo solicitado el abogado de la junta asesora. Daño emergente y lucro
cesante, es decir, la suma de dinero que tendría hoy la propietaria si
hubiera tenido en su poder el producto.

B) El valor que tendría hoy la Masa de la Quiebra, si los cánones de
arrendamiento de los inmuebles de su propiedad hubieran sido
manejados ‘... como velaría un buen padre de familia sobre el patrimonio
suyo y el de sus hijos, responsabilidad que se hace más exigente en el
mandato remunerado’, desde la fecha de entrega al Síndico en la
diligencia de guarda de los bienes de la sociedad, practicada el día 2 de
septiembre de 1.980 hasta la entrega a las partes o la persona que se les
adjudique.

C) El valor de los honorarios del apoderado judicial Dr. JAIRO LÓPEZ
MORALES, contratado primero, sin ningún reparo, por el Síndico, la
sociedad en quiebra y acreedores, con la quiescencia del Juez, para la
exclusión de los créditos privilegiados que cobraba el Estado y liberar a la
masa de la quiebra de créditos derivados de multas impuestas por el
Estado, que cubrían la totalidad del patrimonio disponible, para lo cual se
celebró un contrato de prestación de servicios profesionales, así como los
honorarios que deben cancelarse al mismo apoderado judicial por todas
las acciones de tutela (8) ganadas ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca para la defensa de los inmuebles arrendados,
pues de no haber sido por su exitosa gestión se habrían perdido en manos
del antiguo inquilino que ya había logrado cuatro (4) oposiciones a su
favor.

D) El valor actualizado de los bienes muebles y enseres de propiedad de
‘INDUSTRIAS ANCÓN LTDA’, entregados materialmente al Síndico de la
Quiebra, según inventario de la diligencia de septiembre 6 de 1980,
consistentes en toda la maquinaria de la empresa declarada en quiebra,
la materia prima y todos los materiales según el Acta de entrega.” (fls. 67
a 68 cdno. ppal. 1 -mayúsculas fijas del original).

4

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

2. Hechos

La demanda presentada por la parte actora no expone en forma clara ni cronológica
los hechos que fundamentan su solicitud, aspecto que la hace confusa, pese a ello
del escrito contentivo de la misma se desprende, en síntesis, lo siguiente (fls. 3 a 47
cdno. ppal. 1):

1) En el año de 1980 se radicó el proceso de quiebra de la sociedad Industrias
Ancón Ltda, el cual correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Bogotá con el número de radicación 11001-31-03-003-1980-002064-01.

2) El 19 de abril de 1993 se dictó la sentencia de graduación de créditos, la cual fue
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en proveído del
4 de agosto de 1999.

3) No obstante existir una decisión de graduación de créditos, el proceso de quiebra
no ha concluido debido a las actuaciones de jueces y auxiliares de la justicia, esa
situación causó una serie de daños a la masa de la quiebra de Industrias Ancón
Ltda, cuyo patrimonio se redujo, en concreto por lo siguiente: i) no ingresó a la masa
de la quiebra la mercancía retenida en el año de 1981 en aduanas y en su momento
valorada en la suma de $62.845.173; ii) desde el 2 de septiembre de 1980 y hasta
la fecha de presentación del medio de control judicial de la referencia se dejaron de
percibir los cánones de arrendamiento de varios inmuebles pertenecientes a la
masa de la quiebra; iii) por el manejo inadecuado de los inmuebles por parte de los
síndicos fue necesario contratar abogados para recuperarlos, pues, los
arrendatarios intentaron apropiarse de aquellos; iv) se perdieron los bienes muebles
y enseres de la propiedad de la sociedad Industrias Ancón Ltda y fueron entregados
al síndico en acta del 6 de septiembre de 1980 y, v) se causaron perjuicios morales
a los socios y acreedores de la masa.

4) La mora en el proceso de quiebra generó los daños alegados, los cuales son
atribuibles, en el caso de los jueces, a los Juzgados Tercero Civil del Circuito de
Bogotá, Promiscuo Municipal de Cota (Cundinamarca) y Civil del Circuito de Funza
(Cundinamarca), así como también a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

Judicial de Bogotá.

5) Frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, además de la mora, se le
reprochan las siguientes actuaciones: i) en providencia del 20 de agosto de 1999 “le
quitó el mandato otorgado por la junta de socios al doctor Jairo López Morales” (fl.
9 cdno. ppal. 1) como apoderado de la quiebra, decisión que mantuvo en proveído
del 4 de septiembre de 2003; ii) por auto del 15 de noviembre de 2001 aceptó la
rendición de cuentas definitivas y comprobadas presentadas por el señor Carlos
Jacinto Córdoba, exsíndico de la quiebra, quien las presentó en una conciliación
extrajudicial pese a que, según la parte actora, habían sido rechazadas por las
partes; iii) el 26 de mayo de 2006, luego de que se dictó la sentencia de graduación,
las partes del proceso de quiebra llegaron a una conciliación extrajudicial en la que
dieron por terminado el proceso; no obstante, el juez en providencia del 1° de agosto
de 2006 se abstuvo de considerar dicho acuerdo, lo cual fue confirmado por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, aspecto que, en su criterio, no se
podía realizar; iv) el 4 de abril de 2008, las partes suscribieron un acuerdo
concordatario privado, pero el juzgado en proveídos del 23 de junio de 2008 y 20 de
agosto de 2008 se abstuvo de considerarlo; el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en providencias del 5 de diciembre de 2008 y 9 de febrero de 2009
inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 23 de junio de
2008 por estimar que no era recurrible; para la parte demandante fue equivocado
no haber tramitado ni analizado el acuerdo; v) no supervisó adecuadamente la
gestión de los síndicos, quienes administraron los bienes de manera deficiente; vi)
guardó silencio respecto a la denuncia presentada por los miembros de la junta
asesora y una de las acreedoras quienes, en su momento, informaron que el
entonces síndico Andrés Becerra Salas celebró un contrato clandestino con unos
arrendatarios y se apropió de los recursos; vii) se demoró en dar por terminada la
gestión del síndico Andrés Becerra Salas, quien solo fue reemplazado en el año
2009 por Germán Rubiano Carranza, de quien también se demoró en decretar su
remoción; viii) no atendió las solicitudes de la junta asesora para que se designara
un abogado diferente que representara los intereses de la masa de la quiebra en
los procesos de restitución de inmueble arrendado que cursan en los Juzgados
Promiscuo Municipal de Cota y Civil del Circuito de Funza; ix) no acató los fallos de
acción de tutela emitidos por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

de Cundinamarca, en los cuales se dispuso que la junta asesora y los socios tenían
el derecho de intervenir en la defensa de los bienes de la masa y, x) guardó silencio
ante el memorial del 25 de enero de 2011, en el cual la junta asesora denunció que
los síndicos dilapidaron los bienes de la masa destinados al pago de créditos.

6) Asimismo, se reprocha que todos los síndicos administraron los bienes de
propiedad de la masa de manera irregular, en particular: i) no atendieron los
procesos en los que la masa de la quiebra era parte, especialmente los cinco (5)
procesos de restitución de inmueble arrendado que cursan en los Juzgados
Promiscuos Municipal de Cota y Civil del Circuito de Funza; ii) el síndico Andrés
Becerra Salas, entre otros aspectos, a) no promovió el proceso de rendición
provocada de cuentas contra los síndicos anteriores; b) no presentó demanda de
nulidad contra el acta de conciliación no. 327 del 23 de abril de 2002 suscrita entre
dos exsíndicos; c) no inició demanda ejecutiva contra los arrendatarios Contapa SA
y Hernán Lezaca por los cánones de arrendamiento adeudados; d) no se constituyó
en parte civil en el proceso penal adelantado en contra de una persona que se
apropió de bienes de la masa; e) celebró un contrato irregular con unos
arrendatarios; f) “escondió” los oficios entregados por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Cota para la práctica de las diligencias de restitución de los inmuebles
arrendados y, g) se apropió de los recursos y desconoció la sentencia de restitución
del 4 de diciembre de 2003; iv) en cuanto al síndico Germán Rubiano Carranza, se
le reprocha, entre otros aspectos, a) que en el proceso de restitución de inmueble
arrendado no. 2010-00250 no corrigió la demanda, lo cual causó su rechazo; b) que
en el proceso de restitución no. 2011-00466 celebró una conciliación equivocada
con los demandados, de manera que este culminó; c) celebró varias conciliaciones
con inquilinos sin autorización de la junta asesora, entre ellas, la surtida el 28 de
noviembre de 2011 que permitió a los inquilinos permanecer en los inmuebles hasta
el año 2013 sin pagar arriendo; d) en memorial presentado en el año 2011 ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de Cota solicitó la suspensión del proceso ejecutivo
no. 2010-0250; e) no practicó las diligencias de lanzamiento del bien inmueble
arrendado, tal como lo decretó el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota; f) en los
procesos de restitución de inmueble arrendado no presentó recursos contra las
decisiones que admitieron la oposición en las diligencias de lanzamiento y, g) no
presentó los informes mensuales ni presupuestales a los cuales se encontraba

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

obligado.

3. Contestación de la demanda

Notificada de la demanda, la Nación – Rama Judicial contestó de manera
extemporánea, razón por la cual su escrito no es tenido en cuenta 5.

4. Tramite en primera instancia

1) El 23 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 en la que el a quo señaló que la revisión integral
de la demanda daba cuenta que la parte actora demandaba por dos circunstancias
diferentes entre sí, por un lado, por los errores judiciales cometidos por el Juzgado
Tercero Civil de Circuito de Bogotá en diversos pronunciamientos dictados en el
proceso de quiebra no. 11001-31-03-003-1980-002064-01 de Industrias Ancón
Ltda, al igual que los errores cometidos en diversos despachos judiciales y, de otro
lado, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debido a la
mora en el trámite del proceso de quiebra (fls. 167 a 168 cdno. ppal. 2).

2) Por lo anterior, el tribunal de primera instancia delimitó el litigio a esas dos
situaciones fácticas y declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa respecto de todas las decisiones adoptadas antes del 25 de junio de 2012
(fl. 168 cdno. ppal. 2).

3) La parte demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión
(fl. 168 cdno. ppal. 1) y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en auto del 30 de mayo de 2017 la revocó parcialmente por estimar que, si
bien la masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda en las pretensiones de la
demanda inicial alegó tanto el error judicial como el defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, no es menos cierto que en la subsanación circunscribió
el litigio solo a la mora injustificada, de manera que este último era el único que

5
La notificación de la demanda se realizó el 9 de marzo de 2015 (fl. 77 cdno. ppal. 1), mientras que
el plazo para contestar la misma venció el 4 de junio de 2015; sin embargo, la entidad radicó la
contestación solo hasta el 17 de junio de 2015 (fls. 89 a 97 cdno. ppal. 1), motivo por el cual el
tribunal de primera instancia en proveído del 23 de septiembre de 2015 la tuvo por no contestada.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

debía ser analizado, en concreto se indicó lo siguiente:

“3.1 La Sala encuentra que, mediante auto del 4 de septiembre de 2014,
el a quo inadmitió la demanda con el fin de que se formularan en debida
forma las pretensiones de la demanda, distinguiendo el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia del error judicial, por lo que
la parte demandante corrigió las pretensiones de la demanda, solicitando
la declaratoria de responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia (…).

(…) para la Sala es claro que el título de imputación de error judicial no
debía ser resuelto de fondo por el a quo en la audiencia inicial, en tanto la
parte demandante cuando subsanó la demanda manifestó que solo
demandaba bajo el título de imputación de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por el trámite del
proceso de quiebra. En este sentido, el error judicial quedó por fuera de
las pretensiones de la demanda.

Asimismo, la Sala refiere que no ha operado el fenómeno de la
caducidad del medio de control de reparación directa bajo el título
de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, puesto que la parte demandante indicó que el proceso de
quiebra inició en el año de 1980 y todavía está siendo tramitado,
arguyendo una mora injustificada en el trámite presuntamente por
culpa de los auxiliares de la justicia y de los juzgados que han tramitado
el proceso, aspecto que ha de estudiarse en el momento de resolver el
fondo del asunto.” (fls. 371 vuelto a 372 cdno. ppal. 2 – negrillas fuera de
texto).

4) En firme el anterior proveído, el expediente regresó al tribunal de primera instancia
quien en audiencia del 27 de febrero de 2018 estimó que el litigio se limitaba a
establecer “si la dilación injustificada del proceso de quiebra de Industrias Ancón
bajo el radicado no. 1980-02064-01, se puede constituir en un error judicial (sic) y
un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia” (fl. 587 cdno. ppal.
2).

5) La demandante a través de escrito radicado el 3 de octubre de 2018 pidió llamar
en garantía a los jueces, síndicos y auxiliares de la justicia que intervinieron en el
referido proceso de quiebra y en los expedientes de restitución de inmueble
arrendado (fls. 1 a 71 cdno. llamamiento en garantía), solicitud que fue negada por
el quo en proveído del 3 de diciembre de 2018 (fl. 75 a 76 cdno. llamamiento en
garantía).

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en providencia del 7 de mayo de 2021 negó las pretensiones de la
demanda 6, con sustento en el siguiente razonamiento:

1) La parte actora sostiene que la Nación – Rama Judicial es responsable por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia acaecido en el desarrollo
del proceso de quiebra no. 11001-31-03-003-1980-002064-01, pues, i) aquel se ha
dilatado de manera injustificada y, ii) se han cometido varias irregularidades,
aspecto que -afirma- le ha causado una serie de daños y perjuicios.

2) Para demostrar lo anterior, en el plenario se aportaron una serie de memoriales,
solicitudes de vigilancia, denuncias penales y diversas actuaciones procesales que
se limitan a una narración de supuestos hechos, pero que carecen de respaldo
probatorio y no acreditan los daños alegados.

3) En efecto, la actora manifiesta que por causa de las actuaciones judiciales
surtidas en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá no se incorporaron a la
masa de la quiebra los bienes decomisados en 1981 por la entonces Aduana Interior
de Bogotá; sin embargo, no existe en el expediente prueba alguna que respalde
dicha afirmación, pues, para empezar, no se aportaron documentos ni otro tipo de
medio de prueba sobre el decomiso ni sobre el destino de los bienes.

4) La masa de la quiebra de la sociedad Industrias Ancón Ltda también afirma ser
propietaria de los predios denominados Santamaría y Purina e indica que no ha
logrado su restitución por las actuaciones de síndicos y el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá; empero, aunque existen providencias en las cuales dichos
bienes son mencionados, no hay certeza sobre el desarrollo de los procesos ni
sobre las actuaciones realizadas en aquellos, pues, pese a que la demandante
manifiesta que son seis los procesos de restitución de inmueble arrendado, no se
tiene su plena identificación.

6
Documento “22_250002336000201401097001sentenciaquen20210510094225”, índice 83 SAMAI
de la primera instancia.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

5) La actora de igual manera reclama como daño antijurídico “el valor de los
honorarios del abogado Jairo López Morales contratado para la exclusión de los
créditos privilegiados que cobraba el Estado y liberar a la masa de la quiebra de
créditos derivados de multas impuestos por el Estado (…) así como los honorarios
que deben cancelarse al mismo apoderado judicial por todas las acciones de tutela
(8) ganadas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial” 7; no obstante, lo solicitado
no constituye un daño antijurídico sino una estimación de los perjuicios y, en todo
caso, en el expediente no obra el contrato de prestación de servicios celebrado con
dicho abogado.

6) Lo antedicho también se predica de la pretensión sobre el valor actualizado de
los bienes entregados al síndico de la quiebra en inventario del 6 de septiembre de
1980, pues, “esta manifestación no corresponde a un eventual daño antijurídico,
sino a la estimación de los perjuicios, aunque tampoco obra en el expediente el acta
referida, ni documento que relacione los bienes alegados” 8.

7) Por otro lado, la masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda sostiene que la
mora judicial del proceso de quiebra quebrantó sus derechos, pero del material
probatorio aportado al expediente de la referencia no se puede manifestar con
certeza la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia.

8) Si bien es evidente que el proceso de quiebra ha durado más de cuarenta (40)
años, la simple demostración del paso del tiempo no basta para derivar la
responsabilidad del Estado, pues, es necesario probar la existencia de un retardo
injustificado y, en el caso objeto de análisis se desconocen las razones por las
cuales aquel continúa en trámite.

La sola manifestación de la parte actora en diversos memoriales sobre el tiempo del
proceso no es prueba suficiente para demostrar una dilación injustificada y, aunque
obran decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura

7
Fl. 35 del PDF “22_250002336000201401097001sentenciaquen20210510094225”, índice 83
SAMAI de la primera instancia.
8
Fl. 36 del PDF “22_250002336000201401097001sentenciaquen20210510094225”, índice 83
SAMAI de la primera instancia.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

de Bogotá sobre la adopción de medidas correctivas en el expediente de la quiebra,
estas tampoco constituyen prueba de la mora judicial, en especial porque no se
conoce el estado de dicho proceso.

9) Si se sostiene que la demandante también ejerció el medio de control judicial de
reparación directa por la supuesta mora judicial de los procesos de restitución de
inmueble arrendado, lo cierto es que estos no fueron aportados en su totalidad al
expediente de la referencia, lo cual impide estudiar la mora alegada por la masa de
la quiebra de Industrias Ancón Ltda; aunado a lo anterior, respecto del proceso no.
0035-0012 tramitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota se configuró la
caducidad, pues, desde la decisión del 7 de diciembre de 2011 -mediante la cual la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura concluyó que existieron
actuaciones inoportunas-, transcurrieron más de dos años hasta el 25 de julio de
2014, fecha de presentación de la demanda.

10) En relación con la actuación de los auxiliares de la justicia, si bien a este
expediente se aportaron diversas piezas procesales del proceso de quiebra, lo
cierto es que “de estas no se puede establecer con certeza el nombramiento de los
auxiliares, la duración de la designación, los bienes sobre los cuales debían ejercer
sus funciones, ni las circunstancias específicas en las que se desarrolló su labor” 9,
asimismo, aunque obra una sentencia en la que aparentemente se condenó
penalmente a un secuestre, “no se tiene constancia de ejecutoria que permita
afirmar que pueda ser materia de juicio dentro de la presente demanda” 10.

11) En los alegatos de conclusión, la parte actora mencionó que el Juzgado
Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá profirió una decisión contraria a
derecho en el proceso de quiebra; empero, en el expediente no obra la providencia
referida.

12) En consecuencia, como no se acreditó la existencia de un daño antijurídico se
niegan las pretensiones de la demanda y se condena en costas a la masa de la
quiebra de Industrias Ancón Ltda, para lo cual se fijan las agencias en derecho en

9
Fl. 39 del PDF “22_250002336000201401097001sentenciaquen20210510094225”, índice 83
SAMAI de la primera instancia.
10
Ibidem.

12

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

el 3% de las pretensiones de la demanda, esto es, mil trescientos ocho millones
ciento sesenta y tres mil quinientos pesos ($1.308.163.500,oo).

7. Recurso de apelación

La parte actora solicita que se revoque la sentencia de primera instancia 11 y, en su
lugar, se acceda a las súplicas, por las razones de inconformidad que se resumen
así 12:

1) A diferencia de lo aducido por el a quo, el daño antijurídico y su imputación a la
Nación – Rama Judicial sí se encuentra demostrado, pues, con los documentos
obrantes en el proceso se acreditó el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia derivado de la actuación de jueces, magistrados y
auxiliares de la justicia (síndicos) en desarrollo del proceso de quiebra de la
empresa Industrias Ancón Ltda, particularmente los juzgados Tercero Civil del
Circuito de Bogotá, Promiscuo Municipal de Cota, Civil del Circuito de Funza y Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quienes incurrieron en
hechos, acciones, omisiones y una mora judicial injustificada.

2) El tribunal de primera instancia estimó que no existía prueba de la pérdida de la
mercancía que fue decomisada por la antigua Aduana Interior de Bogotá, la cual
debía ser devuelta a la masa de la quiebra; no obstante, contrario a lo dicho por el
tribunal de primera instancia, en el expediente reposan veinticuatro documentos -
los cuales enumeró- que demuestran la existencia y pérdida de dichos bienes por
la negligencia de jueces y auxiliares de justicia.

3) Obra en el proceso el acta del 6 de septiembre de 1980 en la cual se relacionaron
los muebles y enseres de los bienes de Industrias Ancón que fueron objeto de
embargo y secuestro, los cuales no fueron devueltos por los auxiliares de la justicia
quienes tampoco rindieron cuentas de su gestión.

11
PDF “26_250002336000201401097001recibememorial20210618160300” índice 86 SAMAI de la
primera instancia.
12
Es pertinente poner de presente que el recurso de apelación presentado por la demandante es
confuso y no se hace una relación cronológica y lineal de los hechos y argumentos por los cuales se
debe revocar la decisión de primera instancia.

13

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

4) Existe prueba de todos los procesos de restitución de inmueble arrendado, al
plenario se aportaron todas las demandas, sentencias, escritos, vigilancias
judiciales administrativas y acciones de tutela “con lo cual se acreditó ampliamente
el mal manejo de ellos por parte de los jueces y auxiliares de la justicia y cómo
pretendieron apropiarse de los inmuebles con la complicidad del Inspector de Policía
comisionado para el entrega del inmueble, el Juez promiscuo Municipal de Cota, el
Juez Civil del Circuito de Funza y los Síndicos de la Quiebra, pero que los socios y
acreedores logramos impedir gracias a más de ocho tutelas” 13; además, en dichos
expedientes se tomaron varias decisiones contrarias a la ley y se cometieron varias
maniobras fraudulentas que llevaron a que se presentaran denuncias penales; de
igual manera, los síndicos no actuaron en forma correcta y no fueron removidos
oportunamente.

5) A pesar de las actuaciones realizadas para recuperar los inmuebles de propiedad
de la masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda, el proceso se ha dilatado “por la
intromisión indebida y la mala fe de los síndicos que, para apropiarse de los bienes
de la masa, han actuado ilícitamente y por la repugnante pretensión del abogado
del socio minoritario quien, a pesar de habérsele pagado su eventual derecho,
quiere apropiarse del patrimonio de la masa” 14.

6) La mora judicial se acredita con las pruebas aportadas a este proceso, entre otros
documentos, con aquellos que no fueron valorados por el a quo tales como las
diversas acciones de tutela, denuncias penales y memoriales del 12 de mayo, 24
de septiembre y 14 de diciembre de 1992, así como también el de 16 de febrero de
1993 y el hecho de que la decisión de graduación de créditos tardó seis (6) años y
cuatro (4) meses en dictarse.

7) Existe responsabilidad de la demandada, pues, se vulneró el derecho
“constitucional de las partes en el proceso de Quiebra de Industrias Ancón Ltda, al
impedirles ejercer la facultad de resolver directamente sus diferencias utilizando los
mecanismos alternativos de solución de conflictos, distintos al proceso judicial,

13
Fl. 7 del PDF “26_250002336000201401097001recibememorial20210618160300” índice 86
SAMAI de la primera instancia.
14
Fl. 30 del PDF “26_250002336000201401097001recibememorial20210618160300” índice 86
SAMAI de la primera instancia.

14

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

establecidos por la Constitución y la Ley colombianas” 15, por ejemplo, las partes de
común acuerdo en acta de conciliación del 26 de mayo de 2006 decidieron dar por
terminado el proceso de quiebra de industrias Ancón Ltda, pero el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Bogotá en providencias del 1° de agosto de 2006 y 4 de
septiembre de 2006 se negó a considerarlo, lo cual constituye una conducta
contraria a la ley y que se repitió en seis acuerdos similares.

8) Todos los síndicos del proceso de quiebra se apropiaron de bienes de la masa
de la quiebra; en concreto, varios auxiliares de la justicia se adueñaron de los
arriendos de los inmuebles de propiedad de la demandante o permitieron que los
arrendatarios no pagaran los cánones correspondientes, aspecto que llevó a la
existencia de los procesos de restitución de inmueble arrendado.

8. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto del 5 de diciembre de 2022 (índice 7 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación y durante su ejecutoria la parte demandante solicitó la práctica de pruebas
en segunda instancia 16 (índices 14 a 16 y 18 SAMAI), las cuales fueron negadas en
auto del 8 de febrero de 2024 (índice 28 SAMAI).

2) La parte actora presentó recurso de súplica contra el anterior auto (índice 37
SAMAI) y, en providencia del 7 de febrero de 2025 se decretó como prueba en
segunda instancia “la sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida en el curso
del proceso de restitución de inmueble 2017-00264-00 por ser pertinente y
sobreviniente a la oportunidad probatoria de primera instancia” 17.

15
Fl. 39 del PDF “26_250002336000201401097001” índice 86 SAMAI de la primera instancia.
16
En los escritos radicados por la parte demandante, los cuales eran sumamente confusos, se
entendió que aquella solicitaba como pruebas en segunda instancia: i) el expediente digital
110013103003-1980-02064-01 adelantado ante el Juzgado Cuarenta y Civil del Circuito de Bogotá,
que contiene el proceso de quiebra de la sociedad actora; ii) la providencia del Consejo Seccional
de la Judicatura de 15 de diciembre de 2015 que absuelve a “Jairo López Morales, de los cargos por
falta disciplinarias”; iii) la decisión de 20 de marzo de 2019, proferida en el proceso disciplinario con
radicación no. 11001-01-02-000-2014-02755-00 adelantado en el Consejo Superior de la Judicatura;
iv) la sentencia de tutela del 18 de marzo de 2020, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, radicado STL3295-2020 (87.257) y, v) la sentencia de fecha 16 de septiembre
de 2021, del Juzgado Civil del Circuito de Funza, que decreta la restitución de los inmuebles dados
en arrendamiento.
17
Fl 6 del PDF “47_Autoqueresuelve” índice 47 SAMAI.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

3) El 25 de junio de 2025 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público
para que emitiera concepto.

4) En dicha oportunidad procesal, la parte actora reiteró los argumentos expuestos
a lo largo del proceso y añadió, entre otros aspectos que i) el Juzgado Cuarenta y
Siete Civil del Circuito de Bogotá desconoció el derecho de las partes a designar de
común acuerdo al síndico de la quiebra, ii) el conocimiento del proceso de quiebra
debe estar en los juzgados de civiles de ejecución y no en los de circuito, y iii) la
sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021 por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Funza en el proceso de restitución no. 2017-00264-00, junto con los
contratos de arrendamiento suscritos por los síndicos, acreditan el daño antijurídico
causado a la demandante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) la competencia del ad quem, 3) análisis de la caducidad del medio de
control judicial, 4) análisis de la impugnación, 5) conclusión y, 6) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se reúnen los elementos
para declarar extracontractual y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama
Judicial con ocasión de la dilación del proceso de quiebra no. 11001-31-03-003-
1980-002064-01 y los procesos de restitución de inmueble arrendados derivados de
aquel; la demandante sostiene que esta circunstancia ocasionó i) la no
incorporación a la masa de la quiebra de la mercancía retenida en el año de 1981
por la Aduana Interior de Bogotá, valorada en su momento en la suma de
$62.845.173; ii) la pérdida de los cánones de arrendamiento de varios inmuebles
pertenecientes a la masa desde el 2 de septiembre de 1980 y hasta la fecha de
presentación del medio de control de la referencia; iii) la necesidad de contratar
abogados para recuperar los bienes inmuebles debido al manejo inadecuado de los

16

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
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síndicos y a la intención de los arrendatarios de apropiarse de ellos, con la anuencia
de auxiliares de la justicia; iv) la pérdida de los bienes muebles y enseres de la
propiedad de la sociedad Industrias Ancón Ltda entregados al síndico en acta del 6
de septiembre de 1980 y, v) perjuicios morales para los socios y acreedores de la
masa.

2) El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por estimar
que no se demostró la existencia de un daño antijurídico y mucho menos la
existencia de una mora injustificada tanto en el proceso de quiebra no. 11001-31-
03-003-1980-002064-01 como en los procesos de restitución de inmueble
arrendados, esto último, sobre la premisa de interpretar que la actora también
accionó por la supuesta mora que ocurrió en aquellos.

3) La Sala modificará la decisión de primera instancia que negó las súplicas de la
demanda, para en el caso del daño alegado por la pérdida de una mercancía que
no se pudo recuperar por la falta de un poder para demandar, declarar la caducidad
del medio de control, tal como será explicado más adelante.

2. La competencia del ad quem

1) Sobre el punto debe advertirse que en el asunto de la referencia únicamente
interpuso recurso de apelación la parte demandante.

2) De acuerdo con lo anterior, se tiene que se trata de una situación de apelante
único donde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, norma procesal aplicable en virtud de la remisión legal contenida en el
artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la competencia del juez en segunda instancia
se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso.

3) En efecto, el artículo 328 del Código General del Proceso preceptúa:

“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

17

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para
tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el
de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia” (se destaca).

4) En ese contexto, es claro que el superior, cuando se trata de apelante único, solo
puede revisar la actuación en cuanto tiene que ver con los motivos de la
impugnación, vale decir, no puede el juez de segunda instancia entrar a analizar la
providencia en la parte que no fue objeto del recurso, razón por la cual la
competencia funcional de esta Corporación se encuentra restringida legalmente a
los cargos esgrimidos en el recurso de alzada, sin perjuicio de lo expresa y
puntualmente dispuesto en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según el
cual i) en la sentencia el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada y, ii) el silencio del inferior no impedirá que
el superior estudie y decida todas las excepciones, propuestas o no, sin perjuicio de
la non reformatio in pejus.

5) Por consiguiente, la Sala decidirá únicamente en relación con los precisos cargos
de apelación esgrimidos por la parte actora y que guarden relación con la demanda,
así como también las excepciones que se encuentren probadas.

6) La anterior delimitación es importante, pues, la demandante tanto en el recurso
de apelación como en los alegatos de conclusión de segunda instancia realizó
cuestionamientos a varias decisiones judiciales dictadas en el proceso de quiebra,
expedientes de restitución de inmueble arrendado y procesos de acción de tutela,
las cuales no serán analizadas por no ser objeto del litigio.

7) En efecto, si bien en la demanda inicial la parte actora adujo que se incurrió en
errores jurisdiccionales en varias providencias dictadas por diferentes autoridades
judiciales, no lo es menos cierto que en la subsanación de la demanda indicó de
manera clara y expresa que solo accionaba por el defectuoso funcionamiento de la

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
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Reparación directa
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administración de justicia causado con la dilación, motivo por el cual esta
Corporación en proveído del 30 de mayo de 2017 admitió la demanda tan solo por
dicho título de imputación, pues, todo lo concerniente a los posibles errores
judiciales no era parte de las súplicas del medio de control judicial de reparación
directa.

8) El tribunal de primera instancia, en atención a lo expuesto por el Consejo de
Estado, continuó con el trámite del proceso y si bien en el objeto del litigio estimó
que se debía analizar si la dilación injustificada podía constituir un error judicial, lo
cierto es que, se trata de circunstancias diferentes entre sí, pues, mientras en el
error judicial se censura una providencia que se encuentra en firme y ejecutoriada,
la mora judicial corresponde a un supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

9) En ese sentido, la Sala no realizará ningún pronunciamiento sobre los cargos
formulados por la parte actora en contra de diferentes providencias judiciales, el
análisis en principio se circunscribirá a la presunta dilación del proceso de quiebra
de Industrias Ancón Ltda.

10) Sobre este último punto, es necesario señalar, que el tribunal de primera
instancia con el propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia,
consideró que la interpretación integral de la demanda permitía inferir que la parte
actora alegaba la dilación injustificada tanto en el proceso de quiebra como en los
procesos de restitución de inmuebles arrendados; la Sala adoptará el mismo criterio,
pues, aunque la demanda es confusa y presenta ambigüedades, de su contenido -
como lo indicó el tribunal- se puede entrever que la actora también consideró que la
mora se predicaba de dichos expedientes; en consecuencia, se debe analizar la
caducidad frente a tales procesos.

3. Análisis de la caducidad del medio de control judicial

1) Según aduce la parte actora, existe responsabilidad de la Nación – Rama Judicial
porque los procesos judiciales de restitución de inmueble arrendado duraron más

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

de trece años 18, mientras que el proceso de quiebra continúa activo y, a su juicio,
esta circunstancia impidió a la masa de la quiebra, entre otros aspectos, recuperar
de manera oportuna los bienes de su propiedad.

2) Sobre esto último, es necesario precisar que no debe confundirse el proceso de
quiebra con los procesos judiciales de restitución de inmuebles arrendados, pues,
aunque estos últimos tuvieron origen en bienes de propiedad de la masa de la
quiebra de la sociedad Industrias Ancón Ltda, son independientes del expediente
de quiebra -se rigen por reglas y procedimientos diferentes-, motivo por el cual
deben examinarse por separado.

3) En relación con lo anterior, es especialmente relevante anotar que, si bien el
Consejo de Estado en la providencia del 30 de mayo de 2017 admitió la demanda
por considerar que no había caducidad del medio de control judicial de reparación
directa respecto de la dilación del proceso de quiebra -el cual permanecía activo
para el momento de la radicación del expediente de la referencia, de allí a que no
se predique la caducidad de aquel-, en ningún momento se pronunció sobre la
caducidad relativa al presunto defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia en los procesos de restitución de inmuebles arrendados, los cuales, como
ya se expuso, son distintos del expediente no. 1980-2064; de modo que, el estudio
de la oportunidad del medio de control judicial debe ser independiente para cada
proceso.

4) En ese sentido, aunque en la demanda la parte actora invocó la existencia de
varios procesos de restitución de inmuebles arrendados, en la oportunidad legal
solo se pidieron y allegaron algunas piezas de los expedientes números
252863103001-2003-00118-00 y 252863103001-2017-00264-00 tramitados ante el
Juzgado Civil del Circuito de Funza (Cundinamarca) y números 2001-0033, 2001-
0034, 2001-0035 y 2001-0037 seguidos ante el Juzgado Promiscuo Municipal de
Cota (Cundinamarca) y de las cuales no es posible establecer su culminación; de
modo que, en aplicación del principio pro actione la Sala analizará las pretensiones
formuladas en contra de la Nación – Rama Judicial por la supuesta mora judicial en
dichos procesos.

Fl. 4 del PDF 26_250002336000201401097001recibememorial20210618160300” índice 86
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SAMAI de la primera instancia.

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Reparación directa
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5) De otro lado, aunque la parte actora alega que la mayoría de los daños por los
cuales solicita la indemnización fueron causados por la mora judicial, tratándose del
daño causado por la pérdida de unas mercancías por parte de la Aduana Interior de
Bogotá porque afirma que el síndico no otorgó poder para recuperarlas; la Sala
encuentra que el daño alegado no tiene relación con la mora judicial sino con la
actuación particular del síndico -la cual se afirma fue irregular- y de la cual se
configuró la caducidad del medio de control de reparación directa, tal como será
explicado en el momento en que dicho daño sea analizado.

6) Sobre esto último, es importante destacar que el Consejo de Estado en el
momento en que admitió la demanda, lo hizo en relación con la mora judicial, pero
no hizo ningún pronunciamiento alguno sobre el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia que se predica de la actuación particular del síndico en
relación con la pérdida de las mercancías.

4. Análisis de la impugnación

Para el estudio del caso la Sala primero se referirá a los hechos probados y, luego,
procederá al estudio del asunto objeto de la impugnación.

4.1 Hechos probados

1) En relación con las pruebas obrantes en el expediente de la referencia, es
necesario realizar las siguientes precisiones:

a) La Sala solo analizará aquellas pruebas que fueron decretadas y aportadas en la
oportunidad legal; en ese sentido, se tiene que en la providencia del 27 de febrero
de 2018 el tribunal administrativo de primera instancia ordenó la práctica de los
siguientes elementos materiales de prueba:

• Téngase como prueba los documentos acompañados con la demanda y
que resulten pertinentes para demostrar los hechos sobre los cuales se
ha fijado el litigio (folios 1 a 334 del cuaderno 2 pruebas del expediente).

• Oficiar a la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, para que se
sirva allegar, copia del expediente que contiene la tutela presentada por
uno de los acreedores de la quiebra de Industrias Ancón Ltda contra el
Juzgado 3 Civil del Circuito de Bogotá el día 23 de febrero de 1993,

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
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Reparación directa
Apelación sentencia

radicada con el #9888-T, y copia de todos los fallos que resolvieron las
acciones de tutela formuladas por los socios y acreedores de la masa de
la quiebra (César Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina, Yenny
Aldana Herrera, Jairo López Morales, Luisa Fernanda Pineda, Martha E.
Muñoz Burbano) contra el mismo Juzgado 3 Civil del Circuito de Bogotá,
entre los cuales están las distinguidas con los siguientes números de
radicación: 2003-00142-00; 2004-000658-00; 2004-00832-00; 2006-
1524-00; 2006-01924-00; 2007-00536-00; 2007-00817-00; 2012-00892-
00; 2013-01933-00; 2013-01521-00; 2013-01638-00; 2013-00143-00;
2013-00162-00.

• Oficiar a la Sala Civil y de Familia del H. Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, para que se sirva allegar al presente
expediente, copia de las siguientes acciones de tutela, radicadas bajo los
siguientes números: 2589931001-2010-000566-01 MP Dr. Germán
Octavio Rodríguez Velásquez; 25863103001-2010-000661-01 MP Dr.
Pablo Ignacio Villate Monroy; 252863103001-2010-000651-01 MP Dra.
Myriam Ávila de Ardila; 250002213000-2011-00018-01 MP Jaime
Londoño Salazar; 2011-0004-01 MP Dr. Jaime Londoño Salazar; 2011-
00004-01 MP Dr. Germán Octavio Rodríguez Velásquez.

• Oficiar a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
para que se sirva allegar copia de los expedientes administrativos
adelantados contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota, en relación
con la solicitud de vigilancia a los procesos radicados bajo los números
2001-00034, 2001-00035, 2001-00037, demanda de restitución del bien
inmueble arrendado, demandante masa de la quiebra de Industrias Ancón
contra Inversiones Jadehel Ltda.

• Oficiar al Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, para que se allegue
copia de los expedientes del proceso de quiebra de Industrias Ancón y se
sirva manifestar el estado actual en el que se encuentra.

• Juzgado Civil del Circuito de Funza, se sirva allegar copia del expediente
no. 2003-118, demandante masa de la quiebra de Industrias Ancón.” (fls.
388 a 389 cdno. 2 ppal.).

b) La parte demandante tramitó los respectivos oficios de recaudo probatorio y en
el curso del proceso de reparación directa allegó varias piezas documentales que
fueron decretadas como prueba; no obstante, la actora, además de esos elementos,
presentó otros escritos que no fueron decretados ni incorporados en el expediente
como pruebas por parte del a quo -de allí a que no fueron apreciadas por aquel-, a
pesar de ello, en el recurso de apelación la demandante solicita su valoración.

22

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

c) Frente a este aspecto, la Sala no efectuará ningún examen respecto de las
pruebas que no fueron debidamente decretadas ya que, su valoración implicaría
desconocer el derecho del debido proceso que le asiste a la parte demandada 19.

d) En efecto, el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “para que sean
apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al
proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas en este Código”, las
cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del CPACA deben
decretarse en el curso de la audiencia inicial.

e) La demandante no realizó dicha solicitud probatoria en el término de ley y no
insistió ante el tribunal de primera instancia en la práctica de pruebas; por lo tanto,
no puede pretender ahora, en la segunda instancia, que se valoren documentos que
no fueron decretados en la oportunidad legal, por lo cual, se reitera, no se realizará
ninguna valoración de aquellos 20.

19
“Para ser estimadas por el juez en sus decisiones de fondo, las pruebas deben, previamente,
haber sido controvertidas por los sujetos que intervienen en el proceso o, al menos haber existido la
posibilidad de realizar dicha contradicción; en otras palabas, que estos puedan participar en la
práctica de las mismas o discutirlas cuando se dispone su aporte”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio.
Código General del Proceso. Pruebas. Tercera Edición. Tirant Lo blanch Tratados. Bogotá, 2025.
Página 29.
20
Entre los documentos aportados por la parte actora y que no fueron decretados por el a quo se
encuentran, entre otros, la acción de tutela radicada el 7 de junio de 1995 ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (fls. 81 a 93 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía); denuncia
penal del 24 de junio de 1993 (fls. 27 a 33 cdno. 3 anexos llamamiento en garantía); escrito del 2 de
agosto de 1993 presentado ante la fiscalía delegada de Bogotá (fls. 34 a 35 cdno. 3 anexos
llamamiento en garantía); denuncia penal del 17 de junio de 1993 (fls. 36 a 40 cdno. 3 anexos
llamamiento en garantía); demanda de parte civil presentada el 1° de octubre de 1993 ante la Fiscalía
237 de Bogotá (fls. 41 a 43 cdno. 3 anexos llamamiento en garantía); recurso de apelación contra
una decisión que negó el reconocimiento de parte civil en una investigación penal (fls. 47 a 49 cdno,
3 anexos llamamiento en garantía); demanda de parte civil del 16 de septiembre de 1993 (fls. 50 a
54 cdno. 3 anexos llamamiento en garantía); resolución del 16 de marzo de 1994, por la cual la
Fiscalía Delegada de Bogotá resolvió un recurso contra una decisión que rechazó una demanda de
parte civil (fls. 55 a 57 cdno. 3 anexos llamamiento en garantía); respuesta del 4 de enero de 1995
del superintendente delegado para estudios económicos respecto de una consulta sobre concordato
(fls. 3 a 6 cdno. 4 anexos llamamiento en garantía); queja ante el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá (fls. 14 a 20 cdno. 4 anexos llamamiento en garantía); oficio del 23 de agosto de 2007,
por medio del cual el director de acceso a la justicia del Ministerio del Interior y de Justicia responde
un derecho de petición (fls. 144 a 145 cdno. 5 anexos llamamiento en garantía); oficio del 10 de abril
de 2007 por el cual se responde un derecho de petición (fls. 146 a 151 cdno. 5 anexos llamamiento
en garantía); acta de verificación de hechos del 5 de mayo de 2016 suscrita por el secretario de
medio ambiente y desarrollo económico del municipio de Cota (fls. 939 a 961 cdno. 6c anexos
llamamiento en garantía), documento privado suscrito por Diosa Herrero y dirigido a la presidente de
la junta asesora de la quiebra (fls. 983 a 985 cdno. 6c anexos llamamiento en garantía); denuncia
penal del 30 de junio de 1998 (fls. 94 a 98 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía y fls. 263 a 268
cdno. 2 anexos llamamiento en garantía); denuncia penal del 6 de marzo de 2000 (fls. 284 a 289
cdno. 2 anexos llamamiento en garantía), denuncia penal del 21 de diciembre de 2000 (fls. 58 a 61

23

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

2) Precisado lo anterior, en relación con el referido proceso de quiebra de la
sociedad Industrias Ancón Ltda solo se aportaron algunas piezas procesales 21 que
permiten establecer los siguientes hechos relevantes para la decisión de la
controversia, los cuales se resumen en el cuadro siguiente 22:

Año Actuación Procesal
1980 Inicia el proceso de quiebra de la sociedad Industrias Ancón Ltda con el
número de radicación 11001-31-03-003-1980-02064-01, el cual
correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bogotá 23.

cdno. 3 anexos llamamiento en garantía); petición del 19 de julio de 2001, en el que se solicita a la
fiscalía dictar resolución de apertura de investigación (fls. 104 a 105 cdno. 1 anexos llamamiento en
garantía); denuncia penal del 27 de junio de 2003 (fls. 290 a 300 cdno. 2 anexos llamamiento en
garantía); denuncia penal del 14 de julio de 2003 (fls. 187 a 192 cdno. 4 anexos llamamiento en
garantía); denuncia penal del 22 de julio de 2003 (fls. 270 a 283 cdno 2 anexos llamamiento en
garantía).
21
Es necesario precisar que i) la parte actora en la demanda allegó una serie de documentos
correspondientes al proceso de quiebra no. 11001-31-03-003-1980-02064-01; ii) el tribunal de
primera ordenó su incorporación y dispuso oficiar al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de
Bogotá para que se sirviera remitir al expediente de la referencia la copia de la totalidad del proceso
de quiebra no. 1980-02064; iii) la parte actora junto con el escrito de llamamiento en garantía aportó,
entre otros documentos, varias piezas procesales del proceso del proceso de quiebra, no obstante,
la totalidad de aquel no fue allegado al plenario; iv) la demandante durante el trámite de la audiencia
de pruebas surtida el 6 de febrero de 2020 desistió de las pruebas que aún se habían aportado al
expediente de reparación directa, de modo que en este último solo reposan algunas piezas
procesales del proceso de quiebra (fls. 593 a 593 cdno. ppal. 2); sobre esto último, en la audiencia
del 6 de febrero de 2020 se indicó lo siguiente: “Despacho: Entonces aceptamos la renuncia que
hace el apoderado de la parte demandante frente a estas pruebas, de manera que no hay que oficiar
al Juzgado 47 ni tampoco al Juzgado de Funza para efecto de que remitieran las acciones
constitucionales, ¿desiste?. Apoderado de la parte actora: Desisto, desisto expresamente a las
demás pruebas. Despacho: Quedan desistidas y notificados en estrado” (disco compacto que
contiene la audiencia fl. 592 cdno. ppal. 2.); v) en escrito del 19 de enero de 2023 (índice 16 SAMAI),
la demandante aportó el expediente digitalizado del proceso de quiebra y solicitó se tuviera en cuenta
como prueba, petición que fue negada en proveído del 8 de febrero de 2024 (índice 28 SAMAI),
confirmado en providencia del 7 de febrero de 2025 (índice 47 SAMAI).
22
La demandante aportó varios escritos que aduce reposan en el proceso de quiebra; sin embargo,
no cuentan con sello de radicación o recibido de los juzgados y tribunal que tramitaron el expediente
de quiebra y, en consecuencia, no se tiene conocimiento si fueron presentados o no ante la autoridad
judicial, por ende, no se relacionan; entre dichos documentos se encuentran, entre otros, los visibles
en folios 106, 368 a 370 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía; folios 70 a 96, 97 a 159 cdno. 3
anexos llamamiento en garantía; fls 9, 266 a 267 cdno. 4 anexos llamamiento en garantía; fls. 48 a
50, 51 cdno. 5 anexos llamamiento en garantía; fls. 483 a 486, 981 a 982 cdno. 6b anexos
llamamiento en garantía; fls. 977 a 980 cdno. 6c anexos llamamiento en garantía; fls. 45 a 44, 263
cdno. 8 anexos llamamiento en garantía.

Asimismo, la actora junto con la demanda aportó varios escritos dirigidos a diferentes autoridades,
pero que carecen de sellos de radicación o recibido, de modo que no es posible establecer si fueron
realmente o no presentados; entre dichos documentos se encuentran los visibles en folios 78 a 94,
95, 96 a 98 del cdno. 2 pruebas.
23
Aunque en el expediente no se cuenta con la demanda del proceso de quiebra, se sabe que este
inició en el año de 1980 y que correspondió su conocimiento de manera inicial al Juzgado Tercero

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
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Reparación directa
Apelación sentencia

1988 a) El abogado Víctor Manuel López Páramo mediante memoriales del 18 de
abril y 19 de mayo de 1988, actuando en nombre propio y como
apoderado de diferentes acreedores, le solicitó al Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Bogotá relevar al síndico de la quiebra y, en su lugar,
acceder al nombramiento del señor Edgar Sepúlveda Gutiérrez (fl. 6 y 10
cdno. 1 anexos llamamiento en garantía).

b) Auto del 26 de mayo de 1988 por el cual el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá negó la solicitud de remoción del síndico y expuso que
el cambio y nombramiento de aquel corresponde únicamente al juez, lo
antedicho es reiterado en proveído del 4 de agosto de 1988 (fls. 7 a 9 y
11 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía).

1991 Mediante memorial radicado el 21 de noviembre de 1991, el apoderado
del acreedor Rafael Franco Valle solicitó la remoción de plano del síndico
de la quiebra (fl. 362 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía).
1992 a) En documento radicado el 12 de mayo de 1992, el apoderado del
acreedor Rafael Franco Valle, entre otros aspectos, indicó que el proceso
se encuentra paralizado por la cantidad de incidentes presentados que,
en su criterio, no deben impedir se dicte sentencia de graduación de
créditos; asimismo, pidió se ejerciera los poderes disciplinarios sobre el
síndico, quien ha tratado a los abogados que piden su remoción como
“lobos que se quieren hacer aparecer con piel de oveja” (fls. 2 a 4 cdno. 3
anexos llamamiento en garantía).

b) Escrito del 24 de septiembre de 1992, por el cual el apoderado tanto del
Banco del Estado como de la firma Héctor Mejía & Compañía objetó las
cuentas presentadas por el síndico Carlos Jacinto Córdoba Jiménez
quien, en su criterio, debe ser removido (fls. 7 a 8 cdno. 3 anexos
llamamiento en garantía), lo antedicho fue reiterado en memorial radicado
el 14 de diciembre de 1992 (fls. 5 a 6 cdno. 3 anexos llamamiento en
garantía),

c) Por memorial del 14 de diciembre de 1992, el apoderado tanto del Banco
del Estado como de la firma Héctor Mejía & Compañía coadyuvó el
recurso de reposición contra “la providencia que autorizó al sindicado de
la presente quiebra para realizar los actos cuya autorización se pide
solicitudes”; asimismo, reiteró su objeción a las cuentas presentadas por
el síndico, quien debía ser removido (fls. 15 a 16 cdno. 3 anexos
llamamiento en garantía). La objeción a las cuentas presentadas por el
síndico fue reiterada en memorial posterior del cual no se aprecia la fecha
en que fue radicado (fls. 12 a 14 cdno. 3 anexos llamamiento en garantía).

1993 a) Memorial del 16 de febrero de 1993 a través de la cual el apoderado tanto
del Banco del Estado como de la firma Héctor Mejía & Compañía le solicitó
al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, entre otros aspectos,
dictar sentencia de graduación de créditos (fls. 9 a 11 cdno. 3 anexos
llamamiento en garantía).

b) El 19 de abril de 1993 se dictó la sentencia de graduación de créditos y
contra la cual se interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron

Civil del Circuito de Bogotá, entre otros documentos, por el auto del 14 de diciembre de 2011 dictado
en el proceso de vigilancia judicial administrativa número 11001-1101-002-2011-1509 de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá (fls. 319 a 321 cdno. 2 pruebas).

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
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concedidos en proveído del 26 de mayo de 1993 (fls. 62 a 63 cdno. 3
anexos llamamiento en garantía).

1994 El 18 de marzo de 1994, el abogado Jairo López Morales, actuando en
nombre propio, sustentó el recurso de apelación que presentó contra la
providencia del 19 de abril de 1993 (fls. 64 a 67 cdno. 3 anexos
llamamiento en garantía).
1997 a) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá a través de auto del 31 de
octubre de 1997 dispuso la remoción del síndico Carlos Jacinto Córdoba
Jiménez por allegar informes tardíos de su gestión -en concreto presentó
de manera extemporánea los informes de agosto a octubre de 1997-, el
juzgado ordenó rendir cuentas definitivas y designó como nuevo síndico
a Jairo Enrique García Olaya (fls. 40 a 41 cdno. 1 anexos llamamiento en
garantía).

1998 El síndico Carlos Jacinto Córdoba Jiménez presentó recurso de apelación
contra la decisión del 31 de octubre de 1997 que lo removió de su cargo;
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá en auto del 19 de febrero
de 1998 rechazó la impugnación por estimar que la providencia no era
susceptible del recurso, de modo que el síndico presentó recurso de queja
y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en auto del 18 de noviembre
de 1998 lo concedió en el efecto devolutivo (fls. 42 a 47 anexos 1
llamamiento en garantía).

1999 a) La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 4 de agosto
de 1999, adicionada el 25 de octubre de 1999, modificó la providencia del
13 de abril de 1993 que ordenó la graduación de los créditos del proceso
de quiebra (fls. 160 a 255 y 256 a 262 cdno. 3 anexos llamamiento en
garantía)

b) Mediante poder radicado el 6 de octubre de 1999, los señores Alberto
Chalem Benattar y Jean Fernand Lobet solicitaron se reconociera a los
abogados Jairo López Morales y Víctor Manuel López Páramo como sus
apoderados en el proceso de quiebra (fl. 8 cdno. 4 anexos llamamiento
en garantía), a lo cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá
accedió en proveído del 15 de octubre de 1999 (fl. 10 cdno. 4 anexos
llamamiento en garantía).

c) La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá por auto
del 25 de octubre de 1999 resolvió el recurso de apelación contra el
proveído del 31 de octubre de 1997, el cual revocó por considerar que la
remoción del síndico no procedía de plano, sino que requería de trámite
incidental, el cual debía realizarse (fls. 48 a 54 cdno. 1 anexos
llamamiento en garantía).

d) El abogado Jairo López Morales en escrito radicado el 3 de noviembre de
1998 le solicitó a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 18 de
noviembre de 1998 (fls. 56 a 67 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía),
esta petición rechazada por el tribunal en proveído del 16 de diciembre de
1999 por carecer de competencia (fl. 68 cdno. 1 anexos llamamiento en
garantía), ante lo cual se presentó recurso de súplica (fls. 69 a 72 cdno. 1
anexos llamamiento en garantía).

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2000 a) Mediante providencia del 26 de abril de 2000 se decidió el recurso de
súplica interpuesto contra la decisión del 16 de diciembre de 1999, la cual
se mantuvo (fls. 78 a 80 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía).

b) En proveído del 22 de agosto de 2000 se reconoció al abogado Jairo
López Morales como apoderado de la sociedad en quiebra (fl. 12 cdno. 4
anexos llamamiento en garantía).

2001 a) En escrito radicado el 15 de agosto de 2001, la presidente de la junta
asesora de la quiebra junto con el abogado Jairo López Morales le
pidieron al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá se tuviera en
cuenta un acuerdo suscrito entre varias partes -el cual aportaban- y en el
que designaban como nuevo síndico a Bernardo Afanador Plata (fls. 12 a
15 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía).

b) Mediante auto del 24 de septiembre de 2001, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá negó la designación de Bernardo Afanador como
nuevo síndico de la quiebra, por estimar que de conformidad con lo
previsto en los artículos 1946 y 1060 del Código de Comercio,
corresponde al juez y no a las partes el reemplazo y remoción del auxiliar
de la justicia (fls. 18 y 21 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía).

c) En proveído del 24 de septiembre de 2001, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá remitió copias al Consejo Seccional de la Judicatura
para que se investigará la conducta de uno de los abogados del proceso
de quiebra, quien intervenía de manera indistinta como apoderado y
subrogatario de varios acreedores (fl. 13 cdno. 4 anexos llamamiento en
garantía).

d) A través de providencia del 15 de noviembre de 2001, el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Bogotá, entre otros aspectos, determinó que toda vez
que el exsíndico Carlos Jacinto Córdoba debía rendir sus cuentas
definitivas en proceso separado en la medida que estas fueron objetadas
(fl. 22 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía).

2002 a) Mediante acuerdo de conciliación del 23 de abril de 2002, suscrito entre el
abogado José Bernardo Afanador Plata -nuevo síndico de la quiebra- y, el
exsíndico Carlos Jacinto Córdoba se aceptaron las cuentas definitivas
presentadas por este último (fls. 27 a 30 cdno. anexos 1 llamamiento en
garantía), el acuerdo fue radicado ante el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá, quien en proveído del 28 de junio de 2002 lo aceptó y
fijó como honorarios definitivos del exsíndico la suma de $15.000.000 (fl.
34 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía).

b) El 8 de julio de 2002, el abogado Jairo López Morales, actuando como
apoderado judicial de uno de los deudores, presentó recurso de reposición
contra el auto del 28 de junio de 2012, pues, entre otros aspectos,
consideró que las cuentas debían realizarse en proceso separado y no a
través de una conciliación (fls. 35 a 36 cdno. 1 anexos llamamiento en
garantía), el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá en proveído del
30 de agosto de 2002 no repuso su decisión (fl. 37 cdno. 1 anexos
llamamiento en garantía).

c) El abogado Jairo López Morales a través de memorial radicado el 14 de
agosto de 2002 aportó copia del acta de conciliación laboral surtida ante
el inspector de trabajo y, mediante el cual la junta asesora de la quiebra

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
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reconoció que le adeudaba la suma de $580.000.000 (fls. 4 a 5 cdno. 5
anexos llamamiento en garantía).

d) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá en auto del 30 de agosto
de 2002 refirió que el único autorizado para decidir sobre la administración
de los bienes de la masa y que puedan afectar su patrimonio es el síndico
de la quiebra y no la junta asesora, de modo que no reconoció la
conciliación laboral suscrita por integrantes de la junta asesora (fl. 8 y 223
cdno. 5 anexos llamamiento en garantía).

e) El abogado Jairo López Morales presentó recurso de reposición y en su
subsidio apelación en contra del anterior proveído (fl. 13 a 15 cdno. 5
anexos llamamiento en garantía), el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bogotá en auto del 19 de noviembre de 2002 no repuso la decisión y
concedió el recurso de apelación (fls. 9 a 12 cdno. 5 anexos llamamiento
en garantía); no obstante, este fue último inadmitido por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 20 de enero de 2003, por
estimar que de conformidad con el artículo 309 del Código de
Procedimiento Civil el auto del 30 de agosto de 2002 no era susceptible
del recurso de apelación (fls. 16 a 18 cdno. 5 anexos llamamiento en
garantía).

2003 a) En proveído del 10 de febrero de 2003 la Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá reconoció al abogado Félix Emilio Duque Osorio como
apoderado de Industrias Ancón Ltda (fls. 66 a 73 cdno. 4 anexos
llamamiento en garantía).

b) A través de memoriales radicados el 28 de abril y 16 de septiembre de
2003, el señor César Augusto Pineda Mendoza -en su calidad de socio
mayoritario de la empresa en bancarrota- le solicitó al Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Bogotá que se revocaran las providencias que
tuvieron al abogado Félix Emilio Duque Osorio como apoderado de la
sociedad de la quiebra y, en su lugar, se tuviera como apoderado a Jairo
López Morales (fls. 64 a 65 y 84 a 91 cdno. 4 anexos llamamiento en
garantía); asimismo, a través de recurso de reposición y, en subsidio
apelación radicado el 16 de septiembre de 2003, el abogado Jairo López
Morales solicitó se le reconociera personería como apoderado de la masa
de la quiebra (fls. 92 a 100 cdno. 4 anexos llamamiento en garantía).

2004 a) Mediante auto del 11 de febrero de 2004, la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá inadmitió el recurso de apelación contra el proveído
del 4 de septiembre de 2004 que negó el reconocimiento de personería al
abogado designado por la junta de socios de la empresa en quiebra (fls.
158 a 163 cdno. 4 anexos llamamiento en garantía); el abogado Jairo
López Morales presentó recurso de súplica contra la anterior decisión, la
que fue confirmada en proveído del 9 de junio de 2004 (fls. 164 a 168
cdno. 4 anexos llamamiento en garantía).

b) El 18 de agosto de 2004, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá,
en cumplimiento de un fallo de tutela, dictó una providencia en la que
resolvió una petición sobre la representación judicial de la sociedad en
quiebra (fls. 118 a 122, 140 a 144, 172 a 176 cdno. 4 anexos llamamiento
en garantía).

c) El 25 de agosto de 2004, el señor César Augusto Pineda Mendoza
presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior

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providencia, por considerar que era el abogado Jairo López Morales quien
debía ser considerado como el apoderado de la empresa en quiebra (fls.
132 a 139, 193 a 200 cdno. 4 anexos llamamiento en garantía).
2005 a) Por memorial radicado el 19 de septiembre de 2005, integrantes de la
junta asesora de la quiebra objetaron las cuentas presentadas por el
síndico Andrés Becerra Salas (fl. 246 cdno. 8 anexos llamamiento en
garantía).

2006 a) Mediante memorial presentado el 29 de junio de 2006, el abogado Jairo
López Morales solicitó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá la
terminación del proceso de quiebra, pues, en su criterio todas las partes
en conciliación celebrada el 26 de mayo de 2006 dieron por terminado el
proceso de quiebra (fl. 33 a 47 y 95 cdno. 5 anexos llamamiento en
garantía).

b) En proveído del 1° de agosto de 2006, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá se abstuvo de considerar el acuerdo conciliatorio
celebrado el 26 de mayo de 2006 en el centro de conciliación y arbitraje
del club de abogados, pues, este debía celebrarse ante la autoridad
judicial, de manera que invitó a las partes a celebrar un concordato dentro
del proceso (fls. 53 a 54 cdno. 5 anexos llamamiento en garantía).

c) En escrito radicado el 1° de noviembre de 2006, el abogado Jairo López
Morales le solicitó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá ser
reconocido como acreedor laboral (fl. 57 cdno. 5 anexos llamamiento en
garantía).

2007 a) Por auto del 30 de enero de 2007, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bogotá denegó la solicitud del reconocimiento de la acreencia laboral en
favor del abogado Jairo López, por estimar, entre otros aspectos, que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1955 del Código de Comercio,
los bienes de la masa de la quiebra no pueden ser comprometidos para
pagar los honorarios que fueron conciliados por la junta asesora (fl. 55
cdno. 5 anexos llamamiento en garantía).

b) Contra el anterior proveído se presentó recurso de apelación, el cual fue
negado por improcedente en auto del 16 de marzo de 2007 (fl. 56 cdno.
5 anexos llamamiento en garantía).

c) Por memorial radicado el 4 de junio de 2007, el abogado Carlos Arturo
Dávila Buriticá, entre otros aspectos, indicó que si bien en proveído del 1°
de agosto de 2006 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá se
abstuvo de considerar el acuerdo conciliatorio celebrado el 26 de mayo
de 2006 en el centro de conciliación y arbitraje del club de abogados, en
su criterio, este debía ser considerado de modo que procedía el archivo
del proceso de quiebra (fls. 141 a 143 cdno. 5 anexos llamamiento en
garantía).

d) El Juzgado Tercero Civil del Circuito negó la petición de archivo del
expediente y, el 25 de octubre de 2007 el abogado Jairo López Morales
presentó recurso de apelación contra dicha decisión por estimar que la
conciliación extrajudicial hizo tránsito a cosa juzgada y con ella el proceso
de quiebra debía culminar (fls. 169 a 171 cdno. 5 anexos llamamiento en
garantía).

29

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

2008 a) El 25 de marzo de 2008 se actualizó el crédito del banco Santander y se
indicó que a dicha fecha era de US 546.481,06 (fl. 211 cdno. 2 pruebas).

b) El 4 de abril de 2008, entre algunas partes de la quiebra se suscribió un
documento al que denominaron “acuerdo concordatario privado” y le
solicitaron al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá darle su
aprobación (fls. 198 a 209 cdno. 5 anexos llamamiento en garantía),
petición que fue negada en proveído del 23 de junio de 2008, por estimar,
entre otros aspectos, que este debía surtirse bajo la dirección de juez de
conocimiento de la quiebra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1987 del antiguo Código de Comercio (fl. 210 cdno. 5 anexos llamamiento
en garantía).

c) Contra la anterior decisión se presentaron recursos de reposición y en
subsidio apelación (fls. 211 a 212, 224 a 227 cdno. 5 anexos llamamiento
en garantía), el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá en auto del
20 de agosto de 2008 mantuvo su decisión y concedió la apelación con el
efecto devolutivo (fls. 213 a 214, 228 a 229 cdno. 5 anexos llamamiento
en garantía); sin embargo, la Sala del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en proveído del 5 de diciembre de 2008 lo inadmitió
porque la decisión no era susceptible del recurso de apelación (fls. 215 a
216 cdno. 5 anexos llamamiento en garantía), el abogado Víctor Manuel
López Morales presentó recurso de súplica contra esta última decisión
(fls. 217 a 218 cdno. 5 anexos llamamiento en garantía), la que fue
desestimada en proveído del 11 de febrero de 2009 (fls. 219 a 222 cdno.
5 anexos llamamiento en garantía).

d) En escrito del 10 de abril de 2008, el abogado Víctor Manuel Páramo,
actuando como apoderado del socio mayoritario de Industrias Ancón Ltda,
junto con la presidenta de la junta directia y el abogado Jairo López
Morales, le solicitaron al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá se
sirviera certificar, entre otros aspectos, si el síndico Andrés Becerra Salas
depositó a nombre del juzgado la suma de $5.000.000 provenientes de
un proceso de restitución de inmueble arrendado tramitado en el Juzgado
Promiscuo de Cota (fls. 301 a 303 cdno. 2 pruebas).

e) Mediante informe del 17 de julio de 2008, la secretaría del Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Bogotá refirió que “de acuerdo con lo
informado con el ex síndico Andrés Becerra, en el cuaderno de cuentas
definitivas del mismo, para el presente proceso no se ha recibido título de
consignación alguna por concepto de cánones de arrendamiento” (fl. 305
cdno. 2 pruebas).

f) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá en proveído del 23 de julio
de 2008, entre otros aspectos i) ordenó que por secretaría se informara si
el exsíndico Andrés Becerra Salas consignó a órdenes del proceso de
quiebra la suma de $5.000.000 y, ii) advirtió que la administración de los
bienes de la quiebra corrían por cuenta del síndico, pues, se trataba del
el auxiliar de la justicia encargado de determinar el tiempo y valor del
canon del arrendamiento de los bienes de la quiebra (fl. 304 cdno. 2
pruebas).

2009 a) La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en auto
del 29 de septiembre de 2009 resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra la providencia del 23 de junio de 2008, mediante el cual el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Bogotá declaró no probada la objeción

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

propuesta por el apoderado judicial del banco Santander a la
actualización del crédito, el tribunal modificó el crédito y lo fijó en la suma
de US 740.376,06 (fls. 150, 153 a 159 cdno. 7a anexos llamamiento en
garantía).

b) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, mediante certificación del
20 de octubre de 2009, indicó, entre otros aspectos, que mediante auto
del 20 de agosto de 2008 se reconoció a José Jairo López Morales como
subrogatario del crédito que persigue la Ferretería Pedro A Pardo CIA
Ltda (fl. 112 cdno. 5 pruebas).

c) El 30 de octubre de 2009 algunas partes del proceso de quiebra
suscribieron un nuevo acuerdo concordatario privado y mediante
memorial radicado el 13 de noviembre de 2009 le solicitaron al Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Bogotá aprobarlo (fls. 234 a 248 cdno. 5
anexos llamamiento en garantía), petición que fue negada en proveído
del 27 de noviembre de 2009, pues, aquel debía realizarse en presencia
del juez y con la asistencia del deudor, el síndico y acreedores que
representen no menos del 80% del valor de los créditos (fl. 249 cdno. 5
anexos llamamiento en garantía).

2010 a) Contra la decisión del 27 de noviembre de 2009 se presentó recurso de
reposición, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá en proveído
de 15 de marzo de 2010 la confirmó (fls. 267 a 270 cdno. 5 anexos
llamamiento en garantía).

b) Por memorial radicado el 14 de septiembre de 2010, la presidente de la
junta asesora de la quiebra, el socio César Augusto Pineda Mendoza y el
abogado Jairo López Morales, entre otros aspectos, le solicitaron al
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá fijar una fecha para celebrar
concordato (fls. 247 a 249 cdno. 8 anexos llamamiento en garantía).

c) Mediante auto del 22 de septiembre de 2010, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito puso de presente que la junta asesora, por ministerio de la ley,
se encuentra facultada para designar el apoderado que pretenda que
intervenga en su nombre en los procesos judiciales, sin que esto implique
la cesación de funciones del síndico (fl. 134 cdno. 5 pruebas).

2012 El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, en cumplimiento del fallo
de acción de tutela dictado el 12 de septiembre de 2012 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá que dejó si efectos la providencia
que fijó la fecha de remate de varios bienes inmuebles, señaló la fecha del
9 de abril de 2013 para llevar a cabo la reunión general de acreedores y
quebrado, con miras a celebrar un acuerdo en los términos del artículo 1986
del antiguo Código de Comercio (fl. 234 cdno. 1 anexos llamamiento en
garantía).

2013 a) Por memorial radicado el 15 de enero de 2013, el abogado Jairo López
Morales le solicitó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá la
remoción del síndico Germán Rubiano Carranza, pues, en su criterio, aquel
dispuso de los bienes de la masa de la quiebra sin la autorización de la
junta asesora o del juez (fl. 373 cdno. 1 anexos llamamiento en garantía).

b) Mediante memorial presentado el 15 de julio de 2013, el abogado Jairo
López Morales, entre otros aspectos, rechazó el reconocimiento del señor
Alberto Chalem como representante legal de la sociedad en quiebra e

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Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

indicó que quienes debían acudir a la reunión general con miras a celebrar
concordato eran el suscrito Jairo López Morales como apoderado principal
y Víctor Manuel López Páramo como sustituto (fls. 268 a 278 cdno. 4
anexos llamamiento en garantía).

2015 a) En escrito del 19 de junio de 2015 la abogada Nancy Escamilla Bocanegra,
síndica de la quiebra, le pidió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bogotá requerir al exsíndico Germán Rubiano Carranza para que
reintegrara los valores de los cánones de arrendamiento cobrados durante
los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014
y enero de 2015 y cuyo monto ascendía a $15.000.000 (fls. 258 cdno. 8
anexos llamamiento en garantía).

b) En escrito radicado el 1° de octubre de 2015, algunos acreedores y
miembros de la junta asesora de la quiebra le solicitaron al Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Bogotá decretar la remoción de la síndica Nancy
Escamilla Bocanegra (fls. 314 a 318 cdno. 1 anexos llamamiento en
garantía).

c) El proceso pasó a ser conocido por el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del
Circuito de Bogotá quien, en auto del 18 de diciembre de 2015, entre otras
determinaciones, requirió al exsíndico Germán Rubiano Carranza para que
entregara los valores cobrados de cánones de arrendamiento y que
ascendían a $15.000.000 (fls. 259 a 261 cdno. 8 anexos llamamiento en
garantía).

2016 a) En memorial del 11 de abril de 2016, los señores Martha Muñoz Burbano,
Jairo López Morales, Felipe López Ospina y César Augusto Pineda le
nformaron al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá que la
síndica Nancy Camila Bocanegra los acusó de una serie de delitos, los
cuales en realidad no fueron cometidos (fls. 107 a 110 cdno. 8 anexos
llamamiento en garantía).

b) El 10 de mayo de 2016, los señores Jairo López Morales, Felipe López
Ospina y César Augusto Pineda solicitaron la remoción de la síndica Nancy
Camila Bocanegra (fls. 266 a 267 cdno. 8 anexos llamamiento en garantía).

2018 A través de memorial radicado el 7 de mayo de 2018, integrantes de la junta
asesora de la quiebra le solicitaron al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del
Circuito de Bogotá aprobar la dación en pago propuesta por el síndico
Carlos Luis Maya Jiménez consistente entregar los inmuebles identificados
con matrículas inmobiliarias 50N-13428, 50N-228756 y 156-4422 al
abogado José Jairo López Morales (fls. 462 a 472 cdno. ppal. 2).
2019 a) El Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá en proveído del
18 de marzo de 2019 24 desestimó la petición de dación en pago, pues la
misma debía ser presentada por todos los acreedores del proceso, contra
esta decisión se presentaron recursos de reposición y en subsidio
apelación (fls. 478 a 484 cdno. ppal. 2).

b) En escritos del 15 y 19 de marzo de 2019 y 1° de abril de 2019, integrantes
de la junta asesora de la quiebra, entre otros aspectos, insisten que los
bienes inmuebles se entregaron en dación en pago al abogado Jairo López

24
En el plenario no se aportó el mencionado auto, empero, se sabe de su existencia por el proveído
del 11 de abril de 2019.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
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Morales, asimismo refieren que se dejó de percibir arriendos durante más
de 15 años (fls. 484 a 509 cdno. ppa. 2)

3) Los socios y acreedores del proceso de quiebra, durante todo el periodo en el
cual se ha tramitado el expediente no. 11001-31-03-003-1980-02064-01
relacionado con la quiebra de la empresa Industrias Ancón Ltda, radicaron diversas
demandas en ejercicio de la acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá, de las cuales se destacan las que se relacionan en el siguiente
cuadro 25:

No. Expediente Acción de tutela Decisión de Decisión de
primera instancia segunda
instancia
1 5787 Presentada el 12 de marzo de Denegatoria. Los accionantes
1992 por varios acreedores de Sentencia del 8 de presentaron
la quiebra, quienes pidieron se abril de 1992, recurso de
ordenara al Juzgado Tercero dictada por la Sala apelación (fls.
Civil del Circuito de Bogotá Civil del Tribunal 99 a 102 cdno.
declarar probada la recusación Superior del Distrito 4) y mediante
contra el síndico Carlos Jacinto Judicial de Bogotá, proveído del 29
Córdoba Jiménez, el cual en su quien indicó que no de abril de 1992,
criterio debía ser removido (fls. existe vulneración aquel fue
71 a 84 cdno. 4 pruebas) de derechos rechazado por
fundamentales (fls. extemporáneo
87 a 92 cdno. 4 (fls. 103 a 104
pruebas) cdno. 4
pruebas).
2 9888 Radicada el 23 de febrero de Denegatoria 26 No reposa en el
1993 por el abogado Hans expediente.
Nevardo Ramírez Zarate, quien
solicitó se ordenara al Juzgado
Tercero Civil del Circuito de

25
En relación con las diversas demandas de tutela y fallos que obran en el expediente es necesario
precisar que: i) el tribunal de primera instancia ordenó oficiar a la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá para que se sirviera aportar todas las decisiones de tutela relacionadas con el proceso de
quiebra en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá y que fueron conocidas por el
tribunal, en especial catorce (14) fallos que fueron relacionados en la audiencia inicial; asimismo, se
dispuso oficiar al tribunal para que aportara cinco (5) decisiones de tutela presentadas en el marco
de los procesos de restitución de inmueble arrendado ii) la demandante en cumplimiento de lo
anterior tramitó los respectivos oficios y junto con el escrito de llamamiento en garantía aportó varios
decisiones de tutela que habían sido decretadas como prueba; iii) la actora, de igual manera, en el
escrito de llamamiento en garantía aportó demandas y fallos de tutela que no fueron decretados
como prueba por parte del a quo, los cuales no serán analizados.

Sobre esto último, se pone de presente que en el plenario se decretó como prueba la sentencia de
acción de tutela del 13 de noviembre de 2013 dictada en el proceso no. 2013-01933; no obstante,
esta no tiene ninguna relación con el proceso de quiebra o los expedientes de restitución de inmueble
arrendado, de allí a que no se relacione (fls. 23 a 30 cdno. 4 pruebas).
26
En el expediente no reposa la decisión de primera instancia, no obstante, se sabe que la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá denegó las pretensiones, por el recurso de
apelación del 11 de marzo de 1993 y visible en folios 71 a 71 cdno. 2 pruebas).

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
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Apelación sentencia

Bogotá dictar en un término de
48 horas la sentencia de
graduación de créditos dentro
del proceso de quiebra de
Industrias Ancón Ltda (fls. 65 a
70 cdno. 2 pruebas).
3 2003- El señor Cesar Augusto Pineda Denegatoria. La Sala de
00142-00 Mendoza solicita se declare Casación
que existió una vía de hecho en Laboral de la
las providencias dictadas en el Corte Suprema
proceso de quiebra de Justicia
relacionadas sobre la persona confirmó la
que ostenta la representación decisión que
judicial de la masa de la denegó el
quiebra de Industrias Ancón amparo, pues,
Ltda. no se advierte
un yerro por
parte del
juzgado
accionado (fls.
109 a 117 cdno.
4 anexos
llamamiento en
garantía).
4 2004- El señor Cesar Augusto Pineda Denegatoria 27 La Sala de
00832-00 Mendoza solicitó se dejará sin Casación Civil
efectos la providencia del 18 de de la Corte
agosto de 2004 por la cual el Suprema de
Juzgado Tercero Civil del Judicial en
Circuito de Bogotá le negó la providencia del
restitución de personería al 29 de noviembre
profesional del derecho de lo de 2004
venía representado. confirmó la
decisión que
negó el amparo
solicitado (fls.
145 a 147 cdno.
4 anexos
llamamiento en
garantía).
5 2006-1524- Los señores César Augusto Denegatoria.
00 Pineda Mendoza y Felipe Sentencia del 12 de
López Ospina, entre otros octubre de 2006,
aspectos solicitaron que se dictada por la Sala
dejará sin valor los autos del 1° Civil del Tribunal
de agosto y 4 de septiembre de Superior del Distrito
2006 dictados por el Juzgado Judicial de Bogotá,
Tercero Civil del Circuito de quien indicó que los
Bogotá que no aprobaron una accionantes
serie de acuerdos conciliatorios contaban con otros
celebrados por la junta asesora mecanismos de
de la quiebra. defensa (fls. 58 a
65 cdno. 5 anexos

27
Aunque no obra en el plenario la decisión, se sabe de la misma por la sentencia de segunda
instancia (fls. 145 a 147 cdno. 4 anexos llamamiento en garantía).

34

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
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llamamiento en
garantía).
6 2007- El señor José Jairo López Denegatoria. 28 La Sala de
00536-00 Morales pidió se dejaran sin Casación Civil
valor las providencias del 30 de de la Corte
enero de 2007, 30 de agosto de Suprema de
2002 y 1° de agosto de 2006 Judicial en
dictadas por el Juzgado providencia del
Tercero Civil del Circuito de 23 de mayo de
Bogotá 2007 confirmó la
decisión que
negó el amparo
solicitado (fls. 98
a 100 cdno. 4
anexos
llamamiento en
garantía).
7 2007- El señor José Jairo López Denegatoria. No reposa en el
00817-00 Morales pidió que se declarara Sentencia del 20 de expediente.
la ilegalidad de la providencia junio de 2007
del 30 de enero de 2007 y dictada por la Sala
mediante la cual el Juzgado Civil del Tribunal
Tercero Civil del Circuito de Superior del Distrito
Bogotá restó valor al acuerdo Judicial de Bogotá
conciliatorio del 25 de abril de (fls. 63 a 70 cdno. 4
2002, en consecuencia, solicitó pruebas).
que se reconociera a su favor la
existencia de un crédito laboral.
8 2012- La junta asesora de la quiebra Denegatoria. Confirma. La
00892-00 de Industrias Ancón pidió Sentencia del 23 de accionante
requerir al Juzgado Tercero mayo de 2012 presentó
Civil del Circuito de Bogotá, dictada por la Sala recurso de
para que informara al Juzgado Civil del Tribunal apelación y la
Promiscuo Municipal de Cota Superior del Distrito Sala de
que el síndico Germán Rubiano Judicial de Bogotá Casación Civil
Carranza no se encuentra (fls. 53 a 61 cdno. 5 de la Corte
facultado para solicitar la pruebas). Suprema de
terminación de los procesos Justicia en
seguidos en contra de Juan sentencia del 28
Manuel Mora, asimismo, de junio de 2012
solicitó se tramitara el incidente confirmó la
de remoción del auxiliar de la decisión que
justicia (fls. 172 a 198 cdno. 1 negó el amparo
anexos llamamiento en (fls. 196 a 2006
garantía). cdno. 1 anexos
llamamiento en
garantía, fls. 222
a 229 cdno. 4
anexos
llamamiento en
garantía).
9 2013- La junta asesora de la quiebra Denegatoria. La La Sala de
01521-00 de Industrias Ancón presentó Sala Civil del Casación Civil

28
Aunque no obra en el plenario la decisión, se sabe de la misma por la sentencia de segunda
instancia (fls. 98 a 100 cdno. 5 anexos llamamiento en garantía).

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acción de tutela con el Tribunal Superior de la Corte
propósito de que se declare del Distrito Judicial Suprema de
que existió una vía de hecho en de Bogotá en Justicia en
las providencias del 15 de junio providencia del 11 sentencia del 9
20 de junio y 30 de junio de de septiembre de de octubre de
2013 dictadas en el proceso de 2013 negó el 2013 confirmó la
quiebra no. 1980-02064 (fls. amparo, pues, en decisión que no
260 a 282 cdno. 1 anexos las providencias no amparó el
llamamiento en garantía). se incurrió en una derecho (fls. 290
vía de hecho (fls. a 296 cdno, 1
13 a 21 cdno. 4 anexos
pruebas). llamamiento en
garantía)
10 2013- La junta asesora de la quiebra Denegatoria. La No reposa en el
01638-00 de Industrias Ancón junto con Sala Civil del plenario.
varios acreedores presentó Tribunal Superior
acción de tutela con el del Distrito Judicial
propósito de que se declare de Bogotá en
que carecen de valor las providencia del 26
providencias del 20 de junio y de septiembre de
30 de julio de 2013 dictadas en 2013 negó el
el proceso de quiebra no. 1980- amparo, pues, en
02064 las providencias no
se incurrió en una
vía de hecho (fls. 4
a 11 cdno. 4
pruebas).
11 2013- Varios acreedores de la Accede. La Sala Se tiene
00143-00 quiebra presentaron acción de Civil del Tribunal conocimiento
tutela por i) la mora en la Superior del Distrito que el titular del
resolución del incidente del Judicial de Bogotá Juzgado
síndico; ii) la concesión o no del en providencia del Tercero Civil del
recurso de apelación frente a la 13 de febrero de Circuito de
decisión que negó la cesión de 2013 de amparó el Bogotá apeló la
derechos litigiosos en favor del derecho anterior decisión
señor Jairo López Morales y, iii) fundamental del y la impugnación
el recurso de reposición contra debido proceso y se remitió a la
el auto que negó la terminación ordenó al Juzgado Sala de
de la gestión del auxiliar de la Tercero Civil del Casación Civil
justicia en los términos del Circuito de Bogotá de la Corte
artículo 599 del CPC. Los a que en el término Suprema de
accionantes solicitaron se de 48 horas Justicia (fl. 51
ordenara al Juzgado Tercero resolviera las cdno. 4
Civil del Circuito de Bogotá peticiones de los pruebas).
resolver de manera rápida accionantes (fls. 39
dichas peticiones. a 44 cdno. 4
pruebas)
12 2013- Los accionantes consideran Accede. En Modifica. La
00162-00 que existe una vía de hecho en sentencia del 29 de Sala de
la en las providencias del 28 de mayo de 2013 el Casación Civil
marzo y 25 de octubre de 2012 Tribunal concedió de la Corte
dictadas por el Juzgado Civil el amparo, dejó sin Suprema de
del Circuito de Funza en el valor y efecto lo Justicia en
trámite del proceso de actuado por el sentencia del 18
restitución de inmueble Juzgado Civil del de julio de 2003
arrendado (en el fallo de tutela Circuito de Funza a modifica el fallo

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
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Apelación sentencia

no se identifica el número del partir del auto del 2 de primera
expediente de restitución. de marzo de 2011, instancia en el
que admitió el sentido de que
recurso de solo ordena al
apelación juzgado a que
interpuesto contra en el término de
la providencia que 48 horas
rechazó la resuelva la
oposición a la solicitud de
entrega” (fl. 241 nulidad
cdno. 6A anexos presentada por
llamamiento en el interviniente
garantía Jairo López
Morales el 30 de
junio de 2011,
en lo demás
revoca el fallo
apelado (fls. 237
a 244 cdno. 6A
anexos
llamamiento en
garantía).

4) De igual manera, opositores, acreedores, socios y la masa de la quiebra de
Industrias Ancón Ltda promovieron diversas acciones de tutela en contra de la
Inspección de Policía de Cota y el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota
(Cundinamarca), entre las que se destacan las siguientes:

No. Expediente Acción de tutela Decisión de Decisión de
primera instancia segunda
instancia
1 2010- Presentada por los señores El Juzgado Civil del La Sala Civil y
0566-00 Alberto Chalem Benattar, Circuito de Funza de Familia del
Germán Rubiano Carranza, (Cundinamarca) en Tribunal
César Augusto Pineda proveído del 14 de Superior del
Mendoza y otros contra la septiembre de Distrito Judicial
Inspección Primera de Policía 2010 declaró de
de Cota y el Juzgado improcedente la Cundinamarca
Promiscuo Municipal de Cota, acción de tutela, en sentencia
los accionantes solicitan se entre otros del 16 de
declare la nulidad de la aspectos, por noviembre de
diligencia de entrega realizada estimar que no se 2010 revocó el
los días 21 de enero, 4 y 10 de cumplió el requisito fallo del 14 de
febrero de 2010 en el marco del de inmediatez (fls. septiembre de
proceso de restitución de 325 a 335 cdno. 6B 2010 y, en su
inmueble arrendado no. 2001- anexos lugar, amparó
0035 (fls. 309 a 324 cdno. 6b llamamiento en los derechos
anexos llamamiento en garantía). del debido
garantía). proceso,
igualdad y
propiedad de
los

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Apelación sentencia

accionantes,
en
consecuencia,
ordenó al
Juzgado
Promiscuo
Municipal de
Cota a
“disponer de lo
necesario para
adelantar el
trámite
especial a que
aluden los
numeral 1 y 2
del parágrafo 3
del artículo 338
del CPC” (fls.
336 a 350
cdno. 6b
anexos
llamamiento en
garantía).

En firme la
decisión, se
remitió para su
revisión en la
Corte
Constitucional
el 24 de
noviembre de
2010 (fls. 402 a
403 cdno. ppal.
2).
2 2010-661- Del oficio no. 1581 del 21 de No reposa en el No fue
00 marzo de 2018 suscrito por la plenario. aportada en el
secretaria de la Sala Civil de expediente de
Familia del Distrito Judicial de la referencia.
Cundinamarca se sabe que i) la
sociedad Industrias Ancón
presentó acción de tutela en
contra del síndico Germán
Rubiano Carranza, ii) el 4 de
octubre se dictó sentencia de
primera instancia, iii) el 24 de
noviembre de 2010 se dictó
sentencia de segunda instancia
y, iv) el 3 de diciembre de 2010
el expediente fue enviado a la
Corte Constitucional para su
revisión (fls. 401 y 404 cdno.
ppal. 2).
3 2010- Presentada por los señores El Juzgado Civil del La Sala Civil y
00651-00 Cesar Augusto Pineda Circuito de Funza de Familia del
Mendoza, Martha Evidalia (Cundinamarca) en Tribunal

38

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

Muñoz Burbano, Felipe López proveído del 4 de Superior del
Ospina y otros contra la octubre de 2010 Distrito Judicial
Inspección Primera de Policía declaró de
de Cota, el Juzgado Promiscuo improcedente la Cundinamarca
Municipal de Cota y el síndico acción de tutela, en sentencia
Germán Rubiano Carranza, los entre otros del 24 de
accionantes solicitan se aspectos, por noviembre de
declare la nulidad de la estimar que no se 2010 revocó el
diligencia de entrega realizada cumplió el requisito fallo del 4 de
el 22 de diciembre de 2009 en de inmediatez (fls. octubre de
el marco del proceso de 112 a 122 cdno. 6A 2010 y, en su
restitución de inmueble anexos lugar, amparó
arrendado no. 2001-0037. llamamiento en los derechos
garantía). del debido
proceso e
igualdad de los
accionantes,
en
consecuencia,
ordenó al
Juzgado
Promiscuo
Municipal de
Cota a
“disponer de lo
necesario para
adelantar el
trámite
especial a que
aluden los
numeral 1 y 2
del parágrafo 3
del artículo 338
del CPC,
teniendo en
cuenta la
admisión de la
oposición a la
entrega
realizada por
NL CONTAPA
SA” (fls. 533 a
544 cdno. 6b
anexos
llamamiento en
garantía).

En firme la
decisión, se
remitió para su
revisión en la
Corte
Constitucional
el 7 de
diciembre de

39

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

2010 (fl. 405
cdno. ppal. 2).
4 2011- Del oficio no. 1581 del 21 de No reposa en el No fue
00118-00 marzo de 2018 suscrito por la plenario. aportada en el
secretaria de la Sala Civil de expediente de
Familia del Distrito Judicial de la referencia.
Cundinamarca se sabe que i) la
sociedad Industrias Ancón
presentó acción de tutela en
contra de la Inspección Primera
de Policía de Cota y fue
archivada el 5 de septiembre
de 2011 (fls. 401 y 406 cdno.
ppal. 2).
5 2011-0004- Presentada por la sociedad NL El Juzgado Civil del La Sala Civil y
00 Contapa SA CI en contra de la Circuito de Funza de Familia del
Inspección de Policía de Cota, en sentencia del 24 Tribunal
la accionante aduce que en la de febrero de 2011 Superior del
diligencia del 21 de enero de amparó el derecho Distrito Judicial
2010 surtida en el proceso de del debido proceso de
restitución de inmueble de Contapa SA CI y Cundinamarca
arrendado no. 2001-0035 anuló la decisión en sentencia
formuló oposición invocando la que concedió el del 14 de abril
calidad de poseedor, lo cual fue derecho de de 2011
acogido; sin embargo, algunos retención en favor revocó el fallo
acreedores de la quiebra de quiebra de del 24 de
formularon tutela y en Industrias Ancón febrero de
sentencia de segunda instancia Ltda en el proceso 2011 y, en su
se dejó sin efectos la diligencia de restitución de lugar, declaró
del 21 de enero de 2010, de inmueble y improcedente
modo que esta volvió a arrendado 29. la acción de
realizarse el 20 de diciembre de tutela
2010, no obstante, en esta presentada por
última se rechazó la oposición. Contapa SA CI
Contapa SA estima que en porque no se
diligencia del 20 de diciembre configuró el
de 2010 se vulneraron sus perjuicio
derechos fundamentales, pues, irremediable y
se permitió a la parte actora lo cierto es que
ejercer el derecho de retención. se presentaron
recursos
contra la
decisión de
retención, los
que se
encuentran en
trámite de
resolver (fls.
215 a 227
cdno. 6A
anexos

29
En el plenario no reposa la mencionada decisión, pero, se sabe de la misma por la decisión de
segunda instancia dictada por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca (fls. 215 a 227 cdno. 6A anexos llamamiento en garantía).

40

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

llamamiento en
garantía).

En firme la
decisión, se
remitió para su
revisión en la
Corte
Constitucional
el 28 de abril
de 2011 (fls.
401 y 407 a
408 cdno. ppal.
2).

5) Las partes y auxiliares de justicia presentaron diversas denuncias penales, tanto
en el proceso de quiebra 30 como en varios expedientes de restitución de inmueble
arrendado 31, de las cuales se desconoce los resultados de alguna investigación 32.

30
Las denuncias penales en contra de los titulares del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá
y auxiliares de la administración de justicia que fueron aportadas junto con la demanda y de las
cuales se tiene constancia de radicación, son las presentadas en las siguientes fechas y por las
siguientes personas: 1) 15 de enero de 2002, por Jairo López Mortales (fls. 167 a 172 cdno. 2
pruebas); 2) 14 de julio de 2003, por Abdías Federico Ángel Gómez (fls. 141 a 146 cdno. 2 pruebas);
3) 31 de julio de 2003, por César Augusto Pineda Mendoza (fls. 147 a 153 cdno. 2 pruebas); 4) 28
de septiembre de 2006, por Jairo López Morales (fls. 154 a 166 cdno. 2 pruebas); 5) 20 de febrero
de 2007, por Jairo López Morales (fls. 129 a 131 cdno. 5 pruebas); 6) 27 de febrero de 2007, por
Jairo López Morales; 7) 13 de mayo de 2008, por Jairo López Morales (fls. 173 a 183 cdno. 2
pruebas); 8) 3 de diciembre de 2009, por Martha Evidilia Muñoz Burbano (fls. 197 a 203 cdno. 2
pruebas); 9) 3 de marzo de 2010, por Víctor Manuel López Paramo (fls. 249 a 267 cdno. 2 pruebas
y fls. 40 a 44 cdno. 5 pruebas); 10) 20 de abril de 2010, por Víctor Manuel López Paramo (fls. 45 a
71 cdno. 5 pruebas); 11) 19 de enero de 2012, por Jairo López Morales (fls. 242 a 248 y 292 a 298
cdno. 2 pruebas); 12) 2 de febrero de 2012 por Jairo López Morales (fls. 268 a 291 cdno. 2 pruebas),
13) 27 de abril de 2012, por Jairo López Morales (fls. 212 a 241 cdno. 2 pruebas); 14) 11 de abril de
2015, por Jairo López Morales (fls. 183 a 190 cdno. 5 pruebas).

Junto con la demanda también se aportaron varias denuncias que carecen de sellos de radicación o
presentación, de modo que no es posible establecer si en verdad fueron presentadas, se encuentran
visibles en folios 137 a 140, 184 a 196, 204 a 210, 299 a 300 del cuaderno 2 pruebas.

En el expediente reposa la denuncia penal del 19 de noviembre de 2007 (fls. 123 a 126 cdno. 5
pruebas).
que realizó el síndico de la quiebra contra diferentes personas, pero de la cuales tampoco se conoce
sus resultados; asimismo, se encuentra la resolución del 16 de enero de 2019 por medio de la cual
la Fiscalía Setenta y Nueve Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se
inhibió de proseguir con la investigación en contra del abogado José Jairo López Morales por los
presuntos delitos de fraude procesal y otros (fls. 452 a 458 cdno. ppal. 2).
31
En cuanto a las denuncias presentadas en contra de las autoridades judiciales que tramitaron los
procesos de restitución de inmueble arrendado se encuentran la denuncia del 6 de abril de 2010,
presentada por Víctor Manuel López Paramo (fl. 38 y 78 a 95 cdno. 5 pruebas);
32
En el mismo sentido, en el plenario reposa la solicitud de investigación disciplinaria del 19 de marzo
de 2004 presentada ante la Procuraduría General de la Nación (fls. 75 a 77 cdno. 2 pruebas), de la
cual no se tiene conocimiento sus resultados.

41

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

En relación con lo anterior, es pertinente señalar que, aunque en el plenario obra la
sentencia del 22 de enero de 2010 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de
Gachetá en contra del señor Hernán Lezaca Cáceres por el punible de peculado por
apropiación 33 (fls. 104 a 122 cdno. 5 pruebas), lo cierto es que, dicha decisión
corresponde a la primera instancia y no reposa constancia de su ejecutoria; en
consecuencia, no es posible afirmar que exista una sentencia condenatoria en firme.

6) Los bienes pertenecientes a la sociedad Industrias Ancón Ltda se incorporaron a
la masa de la quiebra y fueron administrados por los distintos síndicos, quienes los
arrendaron y promovieron demandas de restitución de inmueble arrendado debido
al incumplimiento de los arrendatarios, dichos procesos son independientes del
expediente relacionado con la quiebra y a este proceso tan solo se aportaron
algunas piezas procesales, de las cuales se resaltan los siguientes hechos
relevantes:

No. Proceso de restitución de Actuaciones procesales
inmueble arrendado
1 2001-0033 a) El 25 de julio de 2002, el abogado Orlando
Demandados Jorge Eliécer Fernández Sánchez presentó recurso de
Baquero y Hernán Lezaca reposición y en subsidio apelación en contra
Cáceres del auto que le negó el reconocimiento de la
personería para actuar en nombre de la
Proceso seguido ante el quiebra de Industrias Ancón Ltda (fl. 140
Juzgado Promiscuo cdno. 5 pruebas).
Municipal de Cota
(Cundinamarca) b) Mediante escrito del 24 de septiembre de
2002, el abogado Orlando Fernández
Sánchez insistió en que se le debe reconocer
personería para actuar en representación de
la quiebra de Industria Ancón Ltda (fls. 133 y
137 cdno. 5 pruebas).

c) El Juzgado Promiscuo Municipal de Cota,
mediante auto del 28 de enero de 2003

33
En concreto, de la sentencia penal se tiene que: i) la masa de la quiebra de industrias Ancón Ltda
presentó demanda de restitución de inmueble arrendado en contra de la sociedad Perfilaceros,
Fuentes Olaya SA, ii) el proceso de restitución correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Funza
quien embargó y secuestro los bienes de la sociedad arrendataria, asimismo, se nombró como
secuestre al señor Hernán Lezaca Cáceres; iii) la sociedad Perfilaceros Fuentes Olaya SA entregó
en dación de pago a Industrias Ancón Ltda, los bienes que le habían secuestro; iv) el secuestre
entregó los bienes de manera incompleta, pues, faltaba una línea telefónica, un equipo de pintura
electrostática, una caja eléctrica, un compresor sin motor; v) el síndico de la quiebra presentó
denuncia penal por la pérdida de dichos bienes y el Juzgado Penal del Circuito de Gacheta
(Cundinamarca) en sentencia de primera instancia condenó al señor Hernán Lezaca Cáceres por el
punible de peculado por apropiación.

42

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

reconoció como apoderado de la parte
demandante al abogado José Bernardo
Afanador Plata (fls. 138 a 139 cdno. 5
pruebas).
2 2001-0034
Demandados Inversiones a) El 19 de marzo de 2004, el abogado Jairo
Jadehel Ltda e Inversiones López Morales, como interesado del proceso
Muñoz Rodríguez de la quiebra, le solicitó al Juzgado Promiscuo
Municipal de Cota, se diera un trámite
Proceso seguido ante el preferente al proceso de restitución de
Juzgado Promiscuo inmueble arrendado (fls. 127 a 128 cdno. 5
Municipal de Cota pruebas).
(Cundinamarca)
b) Mediante providencia del 15 de enero de 2008
se declaró la terminación del contrato de
arrendamiento como consecuencia de la mora
en el pago de los cánones y se dispuso la
restitución del inmueble a su propietaria (fls. 99
a 105 cdno. 6A anexos llamamiento en
garantía).

c) El 8 de septiembre de 2010, los integrantes de
la junta asesora de la quiebra, junto con varios
acreedores, presentaron acción de tutela
contra el Juzgado Promiscuo Municipal de
Cota, el síndico de la quiebra y el inspector de
policía que realizó la diligencia de entrega del
inmueble por haberse admitido la oposición de
la sociedad Contapa SA, cuyo representante
legal era el señor Hernán Lezaca Cáceres,
persona contra la cual se dictó la sentencia de
restitución de inmueble arrendado (fls. 96 a 103
cdno. 5 pruebas).

d) La Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior
de Cundinamarca en fallo de tutela de segunda
instancia dictado el 24 de noviembre de 2010
ordenó al Juzgado Civil del Circuito de Funza a
que diera aplicación al artículo 338 del CPC y
definiera lo ateniente a la oposición presentada
por Contapa SA (fls. 123 a 136 cdno. 6A
anexos llamamiento en garantía).

3 2001-0035 a) En el año 2011 la sociedad Industrias Ancón
Demandados Gonzalo Ltda presentó demanda de restitución de
Aguillón, Roberto Aguillón e inmueble arrendado en contra de los señores
Inversiones Jadehel Ltda Roberto Aguillón, Gonzalo Aguillón y la
sociedad Inversiones Jadehel Ltda, que entre
Proceso seguido ante el otros aspectos, adeudaban varios meses de
Juzgado Promiscuo cánones de arrendamiento.
Municipal de Cota
(Cundinamarca) b) El 24 de mayo de 2001 se admitió la demanda
de restitución de inmueble arrendado.

c) El 4 de agosto de 2009 se dictó sentencia que
dio por terminado el contrato de

43

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

arrendamiento y se ordenó la restitución del
inmueble ubicado en el municipio de Cota
(Cundinamarca), para lo cual se comisionó al
inspector de policía de Cota.

d) En la diligencia de entrega la sociedad NL
Contapa SA presentó oposición, la que fue
admitida por el inspector de policía quien
devolvió el proceso al Juzgado Promiscuo
Municipal de Cota.

e) La sociedad demandante presentó acción de
tutela por estimar que la diligencia de
restitución se llevó en indebida forma.

f) La acción de tutela fue conocida por el
Tribunal Superior de Cundinamarca, quien en
providencia del 16 de noviembre de 2010
concedió el amparo (fls. 336 a 350 cdno. 6B
anexos llamamiento en garantía) y, en
cumplimiento del fallo de tutela, en proveído
del 26 de noviembre de 2010 se declaró
nuevamente abierto el trámite del incidente de
oposición.

g) El 25 de abril de 2011 se dictaron pruebas
para resolver la oposición 34.

4 2001-0037
Demandados Germán a) Mediante providencia del 19 de diciembre de
Muñoz Urrego e Inversiones 2007 se declaró la terminación del contrato de
Jadehel Ltda arrendamiento como consecuencia de la mora
de los cánones y se dispuso la restitución del
Proceso seguido ante el inmueble.
Juzgado Promiscuo
Municipal de Cota b) El 22 de diciembre de 2009 se realiza la
(Cundinamarca) diligencia de lanzamiento, pero en la misma se
presenta oposición de CONTAPA, quien alega
posesión.

c) La Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior
de Cundinamarca en fallo de tutela del 24 de
noviembre de 2010 ordenó al Juzgado Civil
del Circuito de Funza a que diera aplicación al
artículo 338 del CPC y definiera lo ateniente a
la oposición presentada por Contapa SA (fls.
533 a 543 cdno. 6B anexos llamamiento en
garantía).
5 2528-63-103-001-2003- a) La masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
0118-00 le arrendó a los señores Hernán Lezaca y
Germán Muñoz unos predios de su propiedad
y ubicados en la vereda rozo del municipio de

34
Las actuaciones que aquí se relacionan, tal como fueron detalladas en auto del 7 de diciembre de
2011 dictado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, en
el expediente de vigilancia judicial no. 079-11/0158 (fls. 306 a 318 cdno. 2 pruebas).

44

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

Demandado Hernán Lezaca Cota (Cundinamarca) y, mediante escrito del 1°
Cáceres y Jorge Eliecer de diciembre de 1998, los arrendatarios le
Baquero Serrano solicitaron al síndico de la quiebra una
autorización para realizar unas mejoras en los
galpones y bodegas que se encontraban en los
Proceso seguido ante el predios 35 (fl. 132 cdno. 5 pruebas).
Juzgado Civil del Circuito de
Funza (Cundinamarca) b) Mediante providencia del 4 de agosto de 2008,
el Juzgado Civil del Circuito de Funza
(Cundinamarca) ordenó la entrega del bien
inmueble ubicado en el municipio de Cota
(Cundinamarca) a la quiebra de Industrias
Ancón Ltda (fls. 12 a 18 cdno. 6A anexos
llamamiento en garantía).

c) El 15 de abril de 2010 inició la diligencia de
entrega y durante la misma la sociedad
Contapa SA presentó oposición, pues, afirmó
ser la poseedora del inmueble; el inspector
comisionado aceptó la oposición en diligencia
del 16 de junio de 2010 y dispuso remitir las
diligencias al juez de conocimiento. Al finalizar
la diligencia se designó como secuestre a la
sociedad Contapa SA (fls. 1 a 16 cdno. 5
pruebas).

d) En informe del 28 de julio de 2010, la secretaria
del Juzgado Civil del Circuito de Funza dejó
constancia que el Inspector de Policía de Cota
devolvió el despacho comisorio diligenciado,
asimismo, que los señores Idelfonso Mora,
Alexander León y la sociedad NL Contapa se
opusieron a la entrega (fl. 17 cdno. 5 pruebas).

e) El 6 de octubre de 2010, en vista de que se
admitió la oposición de NL Contapa, el Juzgado
Civil del Circuito de Funza dispuso que la
misma se tramitara como incidente (fl.18 cdno.
5 pruebas).

f) El 12 de octubre de 2010, el apoderado de la
quiebra de Industrias Ancón Ltda solicitó la
práctica de unas pruebas para la resolución del
incidente de oposición (fls. 19 a 20 cdno. 5
pruebas).

g) En proveído del 19 de enero de 2011, el
Juzgado Civil del Circuito de Funza, entre otras
determinaciones negó, por improcedente, la
solicitud presentada por el abogado Jairo
López Morales respecto de dejar sin valor ni

35
El tribunal de primera instancia ordenó oficiar al Juzgado Civil del Circuito de Funza
(Cundinamarca) para que aportara el proceso de restitución de inmueble arrendado no. 2003-118,
en cumplimiento de lo anterior se aportaron varias copias de aquel y se encuentran visibles en el
cuaderno no. 5 de pruebas.

45

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

efecto la diligencia de entrega llevada a cabo
por el Inspector de policía de Cota, pues, se
debió proceder conforme lo estipula el artículo
34 del CPC (fl. 151 cdno. 5 pruebas).

h) La Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior
de Cundinamarca en fallo de tutela del 22 de
febrero de 2011 ordenó al Juzgado Civil del
Circuito de Funza a que diera aplicación al
artículo 338 del CPC y definiera lo ateniente a
la oposición presentada por Contapa SA (fls. 50
a 63 cdno. 6A anexos llamamiento en
garantía), decisión que fue confirmada por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia en sentencia del 8 de abril de 2011,
quien agregó que en el incidente de oposición
a la entrega se debía tener en cuenta a
diversos sujetos del proceso de quiebra como
intervinientes adhesivos (fls. 325 a 332 cdno.
6A anexos del llamamiento en garantía).

i) Por auto del 8 de junio de 2011, el Juzgado
Civil del Circuito de Funza declaró que la
sociedad Contapa SA carecía del derecho a
conservar la posesión del bien, y la condenó al
pago de los perjuicios causados (fls. 171 a 178
cdno. 5 pruebas).

j) Mediante proveído del 11 de noviembre de
2015, el Juzgado Civil del Circuito de Funza
libró mandamiento de pago ejecutivo en contra
de Hernán Lezaca Cáceres y Jorge Eliécer
Baquero y en favor de la masa de la quiebra de
Industrias Ancón Ltda, por varias sumas de
dineros, entre ellas los cánones de
arrendamiento causados y dejados de pagar
de octubre de 2009 a septiembre de 2012,
incluidos los intereses legales liquidados al 6%
desde que se hizo exigible la obligación y hasta
el pago de la misma (fls. 180 a 181 cdno. 5
pruebas).

k) Por auto del 8 de septiembre de 2016, el
Juzgado Civil del Circuito de Funza, dispuso,
entre otras determinaciones, oficiar al Juzgado
Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá
con el fin de establecer quién era el
representante de la masa de la quiebra de
Industrias Ancón (fls. 191 a 192 cdno. 5
pruebas).

l) El Juzgado Civil del Circuito de Funza, en
providencia del 16 de julio de 2017, ordenó
seguir adelante con la ejecución promovida por
la masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
en contra de Hernán Lezaca Cáceres y Jorge

46

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

Eliecer Baquero Serrano (fl. 182 cdno. 5
pruebas).

6 2528-63-103-001-2017- En sentencia del 16 de septiembre de 2021, el
00264-00 Juzgado Civil del Circuito de Funza declaró
terminado el contrato de arrendamiento suscrito
Proceso seguido ante el entre la masa de la quiebra de Industrias Ancón
Juzgado Civil del Circuito de Ltda y las sociedades Outsourcing Castro
Funza (Cundinamarca) Moscoso SAS y Logincol SAS, en consecuencia,
ordenó a las arrendatarias a restituir los inmuebles
dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria
(índice 18 SAMAI).

7) Durante el trámite de los referidos procesos de restitución de inmueble arrendado
y el proceso de quiebra, socios, acreedores e integrantes de la junta asesora de la
quiebra de Industrias Ancón Ltda le solicitaron a la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura vigilar algunas actuaciones de los expedientes nos. 1980-
2064, 2001-00035, 2001-00037 36. Entre las solicitudes y las actuaciones
relacionadas con la vigilancia que se aportaron al expediente de la referencia se
destacan las siguientes:

Expediente de restitución de Actuación
inmueble arrendado
2001-00035 a) En auto del 7 de diciembre de 2011 dictado en el
expediente de vigilancia judicial no. 079-11/0158
la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca advirtió que en el
proceso de restitución existió una inoportuna e
ineficaz administración de justicia por parte de las
doctoras María Patricia Camargo Sánchez y
Sandra Maritza Ávila Rincón, quienes fueron
titulares del Juzgado Promiscuo Municipal de
Cota (Cundinamarca); en consecuencia, le
ordenó a la actual titular del despacho a
normalizar el proceso para lo cual debía entre
otros aspectos i) tramitar la diligencia de
interrogatorio del señor Luis Eduardo Orozco, ii)
decidir el incidente de oposición y, iii) practicar
directamente la diligencia de restitución del
inmueble arrendado; asimismo, se remitió copias
a la sala disciplinaria para que estudiara la
actuación del doctor Germán Rubiano Carranza,

36
En el expediente también se aportó la decisión del 14 de diciembre de 2011 mediante el cual la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá indicó que la vigilancia judicial
sobre los procesos de restitución de inmueble arrendados tramitados por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Cota, corresponde por competencia a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca; asimismo, se remitieron copias a la Sala Disciplinaria para que se
investigara las razones por las cuales el proceso de quiebra no. 1980-2064 ha durado más de 30
años (fls. 319 a 321 cdno. 2 pruebas).

47

Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

quien fungió como síndico de la quiebra (fls. 306
a 318 cdno. 2 pruebas).

b) En auto del 5 de diciembre de 2011 dictado en el
expediente de vigilancia judicial no. 084-11/0168
la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca ordenó la
apertura del trámite de vigilancia judicial en contra
del titular del Juzgado Civil del Circuito de Funza
(Cundinamarca) para que proceda a normalizar la
situación encontrada en el trámite del incidente de
desacato del fallo de tutela no. 2010-0566 (fls.
773 a 784 cdno. 6C anexos llamamiento en
garantía).

c) Por auto de trámite del 19 de julio de 2012, la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura requirió al Juzgado Promiscuo
Municipal de Cota (Cundinamarca) para que
remitiera las actuaciones detalladas en contra del
síndico Germán Rubiano Carranza, quien no ha
asistido a la diligencia de entrega del bien (fls. 322
a 324 cdno. 2 pruebas).

d) Por auto del 21 de agosto de 2012, se pone de
presente que el 4 de julio de 2012 se llevó a cabo
la diligencia de restitución del bien, el cual fue
entregado a la actora y, toda vez que el proceso
de restitución duró más de 11 años se remiten
copias para que se analice las actuaciones del
juez y el síndico de la quiebra (fls. 785 a 788 cdno.
6C anexos llamamiento en garantía).

2001-00037 En auto del 5 de diciembre de 2011 dictado en el
expediente de vigilancia judicial no. 084-11/0168
la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca ordenó la
apertura del trámite de vigilancia judicial en contra
del titular del Juzgado Civil del Circuito de Funza
(Cundinamarca) para que proceda a normalizar la
situación encontrada en el trámite del incidente de
desacato del fallo de tutela no. 2010-0651 (fls.
778 a 784 cdno. 6C anexos llamamiento en
garantía).

Expediente de quiebra no. 1980- a) En escrito radicado el 18 de enero de 2012, la
2064 presidenta de la junta asesora de la quiebra de
Industrias Ancón Ltda solicitó vigilancia judicial
respecto de la solicitud de remoción del síndico
Germán Rubiano Carranza (fls. 99 a 100 cdno. 2
pruebas).

b) La Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá por auto del 31 de enero
de 2012 dio apertura a la vigilancia administrativa
y, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

remitió las actuaciones desarrolladas con la
petición de remoción del síndico, de modo que en
proveído del 15 de febrero de 2012 se aceptó la
medida correctiva y se requirió al juzgado para
que el incidente de remoción del síndico se
desarrollara de conformidad con los términos del
artículo 137 del CPC (fls. 325 a 329 cdno. 2
pruebas).

c) El 6 de mayo de 2013 se presenta una nueva
solicitud de vigilancia judicial, esta vez por parte
del abogado Jairo López Morales, quien solicita,
entre otros aspectos que i) se implementen los
correctivos para que el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá remueva a Germán Rubiano
Carranza como síndico de la quiebra en los
términos del artículo 137 del C. de P. C, ii) se
ordene al juzgado aceptar el quorum, el cociente
o porcentaje de cada uno de los acreedores para
las reuniones generales del deudor con los
acreedores y iii) se ordene al juzgado aceptar
que, en las reuniones generales con miras a
celebrar un concordato, debe asistir
obligatoriamente el empresario deudor
representado por los abogados Jairo López
Morales y Víctor Manuel López Páramo (fls. 104
a 124A cdno. 2 pruebas).

d) A raíz de lo anterior, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura en auto del 27
de mayo de 2013 dispuso abrir la vigilancia
administrativa no. 555-2013 solo con el fin de
establecer las causales por las cuales existió una
mora en el trámite y resolución del incidente de
remoción del síndico Germán Rubiano Carranza
dentro del proceso de quiebra no. 1980-2064, en
los demás, se ordenó el archivo de las diligencias
(fls. 3310 a 334 cdno. 2 pruebas).

e) El 16 de diciembre de 2013, el abogado Jairo
López Morales presenta otra solicitud de
vigilancia administrativa del proceso de quiebra
no. 1980-2064, pues, no ha existido un
pronunciamiento definitivo sobre la remoción del
síndico Germán Rubiano Carranza (fls. 125 a 136
cdno. 2 pruebas).

8) Ahora bien, de las pruebas obrantes en el plenario y válidamente decretadas no
se puede establecer la existencia de un daño antijurídico imputable a la demandada
y, en el caso del daño causado con la pérdida de las mercancías por parte de la
Aduana Interior de Bogotá, se configuró la caducidad del medio de control de
reparación directa, como se explica a continuación. La Sala, por razones

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Expediente 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865)
Actor: masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

metodológicas, se referirá de manera separada a cada uno de los daños alegados
en la demanda.

4.2 Examen del caso concreto

Es importante precisar que, aunque la masa de la quiebra de Industrias Ancon Ltda
en el recurso de apelación y los alegatos de conclusión de segunda instancia relata
varias actuaciones por parte de jueces, auxiliares de la administración de justicia y
síndicos de la quiebra, en la subsanación de la demanda dejó en claro que su
inconformidad y la razón por la cual presentaba el medio de control de reparación
directa radicada en la mora judicial (esto es, la tardanza injustificada del proceso de
quiebra y expedientes de restitución de inmueble arrendado) que, en su criterio,
causó una serie de daños antijurídicos.

El Consejo de Estado admitió la demanda para estudiar únicamente la mora judicial,
aspecto que también quedó expuesto en la fijación del litigio, por lo cual, la Sala en
principio se circunscribirá al estudio de la dilación injustificada y los posibles daños
antijurídicos que la misma causó.

4.2.1 La mercancía retenida por la Aduana Interior de Bogotá

1) La demandante aduce que la actuación del síndico y la mora judicial llevaron a
que la mercancía retenida por la Aduana Interior de Bogotá se perdiera, en concreto,
afirmó que el 5 de septiembre de 1981, la Aduana Interior de Bogotá retuvo una
mercancía por valor de $62.842.173 que se encontraba en las bodegas de la
empresa ubicadas en el municipio de Cota (Cundinamarca) y, que luego de
tramitado el proceso penal aduanero se ordenó su devolución a su propietaria; no
obstante, “el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá se negó a ordenarle al
síndico a recibir la mercancía” (fl. 60 cdno. ppal. 1), la cual finalmente se perdió con
ocasión de la actuación tanto del juzgado como del entonces síndico de la quiebra
de la sociedad Industrias Ancón Ltda.

2) El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por cuanto,
en el expediente, dentro de la oportunidad legal, no se aportó ninguna prueba

50

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Reparación directa
Apelación sentencia

relacionada con la existencia, retención y orden de devolución de la mercancía; la
parte actora en el recurso de apelación discrepó de la decisión del a quo, pues,
considera que en el proceso de la referencia sí reposan una serie de documentos
que evidencian lo acontecido con la mercancía de la cual es propietaria.

3) Sobre el particular, la Sala pone de presente que, como bien lo indicó el a quo
con la demanda no se allegó ni se solicitó ningún documento ni otro tipo de prueba
relacionado con la retención y pérdida de la mercancía y, por el contrario, la actora
en los memoriales del 3 de octubre de 2018 y 4 de diciembre del mismo año (fls. 1
a 71 y 82 a 90 cdno. llamamiento en garantía) no solo se limitó a aportar los
elementos materiales decretados como prueba, sino que, también allegó una serie
de documentos que tratan sobre la retención de la mercancía por parte de la Aduana
Interior de Bogotá -e incluso decisiones de la hoy extinta Sala Plena del Tribunal
Superior de Aduanas- y, en los cuales no se aprecia algún sello o certificado que
indique que estos obran dentro del expediente de quiebra de Industrias Ancón Ltda
o en los procesos de acción de tutela o de restitución de inmueble arrendado que sí
fueron decretados como prueba.

4) La anterior circunstancia lleva a considerar que los documentos aportados por la
demandante no puedan ser valorados por el hecho de no haber sido decretados
como prueba; sin embargo, aún si en gracia de discusión se dijera que aquellos
reposan en el interior del proceso de quiebra de Industrias Ancón Ltda, del cual se
ordenó su traslado al expediente de la referencia, lo cierto es que, tratándose de la
actuación del síndico irregular del síndico se configuró la caducidad del medio de
control de reparación directa y no existe nexo causal con la supuesta mora judicial
alegada.

5) En efecto, de los elementos aportados se tiene demostrado lo siguiente:

a) Mediante orden de registro no. 190/R2/285 del 12 de agosto de 1981, el
comandante del resguardo de aduana de Bogotá autorizó la práctica de una visita
rutinaria a la planta de Industrias Ancón Ltda, con la advertencia de que si se
encontraba mercancía de contrabando esta debía ser retenida (fl. 3 cdno. 2 anexos
llamamiento en garantía).

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b) El 5 de septiembre de 1981 se practicó la referida visita y se retuvo la mercancía
que supuestamente se introdujo de contrabando y valorada en la suma de
$62.845.173 (fls. 4 a 5 cdno. 2 anexos llamamiento en garantía).

c) El 7 de diciembre de 1981, el teniente Wálter Francisco Matta Obando,
aprehensor de la mercancía, informó al Comandante del Resguardo de Aduana de
Bogotá que aquella fue dejada en las bodegas del Fondo Rotatorio de Aduanas
mediante acta de la misma fecha (fls. 6 a 8 cdno. 2 anexos llamamiento en garantía).

d) A través de resoluciones del 14 de diciembre de 1981 y 1° de junio de 1982, el
Director General del Fondo Rotatorio de Aduanas autorizó la venta de unas
mercancías ubicadas en las bodegas que la entidad tenía en la ciudad de Bogotá,
las cuales fueron pagadas de manera parcial por la Cooperativa Integral de
Materiales para la Construcción (fls. 109 a 113 cdno. 2 anexos llamamiento en
garantía).

e) Como consecuencia de la retención de las mercancías se iniciaron dos procesos
diferentes, por un lado, el relacionado con el supuesto ilícito de contrabando y, por
otro, el relacionado con la devolución de la mercancía.

i) En relación con el ilícito de contrabando, están acreditados los siguientes hechos:

Primero: el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal Aduanera Ambulante inició el
proceso por el presunto ilícito de contrabando en contra, entre otras personas, de
los señores Paul Eggert Anker Schoroder y Alberto Chalem Benattar, el cual de
manera posterior fue remitido por competencia al Juzgado Segundo Superior de
Aduanas de Bogotá (fl. 20 cdno. 2 anexos llamamiento en garantía).

Segundo: el Juzgado Segundo Superior de Aduanas de Bogotá en proveído del 23
de abril de 1984 37 acusó a los Paul Eggert Anker Schoroder y Alberto Chalem
Benattar del ilícito de contrabando, decisión contra la cual se presentó recurso de
apelación y la Sala Plena del Tribunal Superior de Aduanas, en decisión del 22 de
enero de 1985, declaró la nulidad de todo lo actuado y remitió el expediente a los

37
El cual no reposa en el expediente de la referencia.

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Juzgados del Distrito Penal Aduanero, por considerar que lo investigado en realidad
era una contravención penal aduanera.

Tercero: el expediente pasó a ser conocido por el Juzgado Sexto del Distrito Penal
Aduanero, quien declaró la prescripción de la presunta contravención penal
aduanera y en constancia del 26 de septiembre de 1998 indicó que la mercancía
depositada quedaba a disposición de sus consignatarios (fl. 20 cdno. 2 anexos
llamamiento en garantía).

ii) En lo atinente a la devolución de la mercancía, está demostrado lo siguiente 38:

Primero: el 24 de septiembre de 1985, el señor Alberto Chalem, quien afirmó ser el
representante legal de Industrias Ancón, otorgó poder al abogado Jairo López
Morales para solicitar la devolución de la mercancía que el juzgado de aduanas
ordenó devolver a la sociedad Industrias Ancón Ltda (fl. 23 a 24 cdno. ppal. 1).

Segundo: la Dirección General de Aduanas en Resolución no. 5743 del 21 de
noviembre de 1988 se abstuvo de devolver la mercancía porque ya había sido
enajenada; de manera que, el señor Víctor Manuel López Páramo ejerció la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio de
Hacienda Crédito Público – Dirección General de Aduanas, la que fue conocida por
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 39.

El demandante solicitó la nulidad de la Resolución no. 5743 del 21 de noviembre de
1988 y a título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la Nación
• Ministerio de Hacienda Crédito Público – Dirección General de Aduanas a pagar a
la sociedad Industrias Ancón Ltda o a la persona que la suceda en el proceso de

38
La parte demandante de igual manera aportó documentos relacionados con una multa impuesta
por la hoy extinta Superintendencia de Control de Cambios en Resolución no. 876 del 26 de
septiembre de 1981 en contra de la sociedad Industrias Ancón, de la cual se solicitó su nulidad y que
finalmente fue revocada de manera directa por la superintendencia en resolución no. 1224 del 6 de
agosto de 1991 (fls. 21, 26 a 93, 94 a 97, 98 a 99, 102 a 106, 118, 119, 226 a 238, 242, 244 a 245
cdno. 2 anexos llamamiento en garantía)
39
Lo antedicho, como se deduce del auto admisorio de la demanda, la contestación de la entidad
(fls. 247 a 252 cdno. 2 anexos llamamiento en garantía) y la sentencia de segunda instancia dictada
por la Sección Primera del Consejo de Estado el 13 de junio de 1996 (fls. 122 a 145 cdno. 2 anexos
llamamiento en garantía).

53

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quiebra, el valor que tuviera la mercancía que fue depositada en el Fondo Rotatorio
de Aduanas y de propiedad exclusiva de Industrias Ancón, la cual aquel vendió.

Tercero: la Dirección General de Aduanas en contestación del 28 de junio de 1990
se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestó que la Resolución no. 5743
del 21 de noviembre de 1988 se expidió conforme a derecho e indicó que en virtud
de lo establecido en el artículo 79 del Decreto 955 de 1970 sustituido por el artículo
25 del Decreto 250 de 1971, los bienes debían ser vendidos lo más pronto posible
por el Fondo Rotatorio de Aduanas de manera directa (fls. 229 a 251 cdno. 2 anexos
llamamiento en garantía).

Cuarto: el abogado Jairo López Morales, actuando en nombre propio y como
acreedor de la masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda solicitó que se le
reconociera como coadyuvante de la parte actora (fls. 100 a 101 cdno. 2 anexos
llamamiento en garantía), petición que fue aceptada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en proveído del 31 de mayo de 1994 (fls. 120 a 121 cdno. 2
anexos llamamiento en garantía).

Quinto: la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
sentencia del 15 de junio de 1995 se inhibió para fallar de fondo por estimar que el
único que podía otorgar poder para representar a la masa de la quiebra de Industrias
Ancón era el síndico de la quiebra 40, esta decisión fue confirmada por la Sección
Primera del Consejo de Estado en sentencia del 13 de junio de 1996 (fls. 122 a 145
cdno. 2 anexos llamamiento en garantía) y corregida el 18 de julio de 1996 (fls. 147
a 148 cdno. 2 anexos llamamiento en garantía).

Sexto: la masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda presentó otra demanda de
nulidad y restablecimiento, esta vez en contra de la DIAN, y solicitó que se anulara
la Resolución no. 5473 del 21 de noviembre de 1988 que se abstuvo de devolver la
mercancía porque fue enajenada, asimismo, solicitó a título de restablecimiento del

40
Aunque no se cuenta con la sentencia de primera instancia, se sabe de su existencia y contenido
por el recurso de apelación (fls. 114 a 117 cdno. 2 anexos llamamiento en garantía) y la decisión de
segunda instancia dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado.

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Reparación directa
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derecho la devolución de la mercancía o que se le pagará el valor actualizado de la
misma 41.

Séptimo: la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
sentencia del 1° de noviembre de 2001 negó las pretensiones porque no agotó en
debida forma la vía gubernativa, decisión que fue confirmada por la Sección Primera
del Consejo de Estado en providencia del 3 de octubre de 2002, quien, además
declaró la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 153
a 171 cdno. 2 anexos llamamiento en garantía).

f) En escrito del 18 de agosto de 2011, integrantes de la junta asesora le solicitaron
al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá oficiar a la DIAN para que pusiera a
disposición del juzgado la mercancía que había sido retenida el año de 1981 y, en
caso de que la misma hubiera sido vendida, se ordenara a la entidad a poner a
órdenes del juzgado el valor respectivo de la venta (fls. 258 a 259 cdno. 1 anexos
llamamiento en garantía).

6) Ahora bien, del anterior recuento probatorio se tiene que las mercancías
reclamadas por la masa de la quiebra de Industrias Ancón Ltda, en realidad fueron
vendidas por el Fondo Rotatorio de Aduanas y para obtener su devolución se
presentaron dos procesos separados de nulidad y restablecimiento del derecho.

7) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso de quiebra no.
11001-31-03-003-1980-002064-01, no tuvo ninguna injerencia en lo acontecido en
el proceso de aduanas o en los expedientes de nulidad y restablecimiento del
derecho; de modo que, no se le puede atribuir responsabilidad a la Nación – Rama
Judicial por la venta de las mercancías que fueron retenidas el 5 de septiembre de
1981 y, si bien la demandante en el escrito del 18 de agosto de 2011 le solicitó al
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá se oficiará a la DIAN, lo cierto es que,
lo relacionado con las mercancías ya había sido definido en los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Lo antedicho, tal como consta en la decisión del 3 octubre de 2002 de la Sección Primera del
41

Consejo de Estado (fls. 153 a 171 cdno. 2 anexos llamamiento en garantía).

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Reparación directa
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8) Sobre esto último, es pertinente poner de presente que si la demandante
consideraba que existió algún error judicial en las decisiones tomadas en los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho debió demandar en reparación
directa en la oportunidad pertinente, aspecto que no se realizó.

9) De igual manera, es importante señalar que no hay ninguna prueba que indique
que existió una dilación injustificada en el proceso de quiebra y esta incidió con lo
acontecido con la pérdida de las mercancías.

10) En efecto, como ya se indicó en apartes anteriores, solo se allegaron unas
piezas procesales del proceso de quiebra, las cuales impiden establecer que existió
una mora injustificada y que esta estuvo relacionada con la pérdida de las
mercancías.

11) Las pruebas allegadas al plenario, evidencian, por el contrario, que las
mercancías fueron vendidas por el Fondo Rotatorio de Aduanas y que la
demandante buscó su recuperación en procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho, independientes del proceso de quiebra.

12) La demandante considera que la pérdida de las mercancías obedeció a una
actuación irregular del síndico de la quiebra porque aquel no otorgó el poder para
demandar en el primer proceso de nulidad y restablecimiento del derecho -el cual
culminó en sentencia del 13 de junio de 1996 corregida el 18 de julio de 1996-.

13) Esta circunstancia, fue conocida por la demandante en el momento en que se
dictó la referida sentencia y, por ende, entabló una segunda demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que culminó con sentencia del 3 de octubre de 2002
por medio de la cual, entre otros aspectos, ser declaró la caducidad de la acción
impetrada.

14) En ese sentido, toda vez que la demandante considera que fue la actuación del
síndico -por no otorgar en su momento el poder- la que llevó a que no recuperara
las mercancías, dicha circunstancia no tiene ninguna relación con la mora judicial

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sino a una actuación irregular del síndico y sobre la que se configuró la caducidad
del medio de control de reparación directa.

15) Ciertamente, aunque la demandante que se podía demandar en cualquier
momento porque el proceso de quiebra no ha culminado, no le asiste razón, pues
el daño que alega no es continuado, sino que obedeció -tal como lo afirma la propia
demandante- a una actuación irregular del síndico, la cual fue conocida por la actora
con la primera sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho.

16) En consecuencia, si se cuenta la caducidad a partir de la ejecutoria de dicha
decisión se configuró la caducidad del medio de control de reparación directa, e
incluso, se en gracia de discusión se dijera que el daño alegado solo se consolidó
con la ejecutoria de la segunda sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, también existe caducidad de la acción, pues aquella data del año 2002
mientras que la demanda del expediente de la referencia se radicó en el daño 2014,
aspecto que impone declarar la caducidad del medio de control por dicha
circunstancia.

4.2.2 Los cánones de arrendamiento

1) La masa de la quiebra de la sociedad Industrias Ancón Ltda indicó que desde el
2 de septiembre de 1980 dejó de percibir los cánones de arrendamiento de los
inmuebles de su propiedad y, que ello obedeció a la mora en los procesos de
restitución de inmueble arrendado y de quiebra.

2) Sobre este aspecto, como ya se puso de presente en acápites anteriores, al
expediente de la referencia se aportaron solo unas piezas procesales de los
procesos de quiebra y de restitución de inmueble arrendado y de los cuales no es
posible colegir si, como lo predica la demandante, existió una mora judicial en dichos
procesos que causó la supuesta pérdida de los cánones de arrendamiento.
3) En efecto, en casi todos los procesos de restitución de inmueble arrendado se
demandó porque los arrendatarios dejaron de pagar los cánones de 1999 a 2001 42;

42
Es pertinente poner de presente que no todos los arrendatarios dejaron de pagar los cánones,
verbi gratia, en la sentencia del 23 de noviembre de 2005, el Juzgado Civil del Circuito de Funza dejó

57

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asimismo, en las demandas de restitución se solicitó el embargo y secuestro de los
bienes que los demandados poseían en los inmuebles objeto de restitución con el
propósito de satisfacer la obligación.

4) En el expediente de la referencia no se cuenta con la totalidad de los procesos
de restitución, y aunque la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura
ejerció vigilancia sobre aspectos puntuales de los procesos de restitución de
inmueble arrendado y encontró retrasos en algunas actuaciones, ello no permite
afirmar, fundada y válidamente que dicha mora ocasionó la pérdida de los cánones
de arrendamiento, pues, se insiste, no se cuenta con la totalidad de los expedientes
de restitución ni con el proceso completo de quiebra, lo cual impide tener certeza
sobre lo ocurrido con dichos ingresos, y si existe un nexo causal entre la mora y la
cánones de arrendamiento que la demandante alega dejó de percibir, carga
probatoria que le correspondía cumplir, puntual y necesariamente, a la parte actora,
por ser el sustento de sus pedimentos.

5) Lo anterior cobra mayor relevancia si se considera que tampoco se tiene certeza
sobre lo acontecido con las medidas cautelares, se desconoce si se promovieron
procesos ejecutivos en todos los procesos para obtener el pago de los cánones
adeudados; se ignora cuáles fueron las cuentas definitivas presentadas por los
síndicos y si en las mismas se incluyó o no lo correspondiente a los bienes
arrendados.

6) De igual manera, si la demandante considera que la duración de los procesos de
restitución de inmueble arrendado impidió arrendar de nuevo los bienes, debe
advertirse que no se allegó la totalidad de los expedientes y el simple transcurso del
tiempo no basta para concluir que la mora fue la causante de la pérdida de los
cánones de arrendamiento.

Asimismo, aunque en diferentes memoriales algunos accionistas, socios e
integrantes de la junta directiva de la masa de la quiebra formulaban acusaciones
en contra de los síndicos de la quiebra por incumplir sus funciones y no vigilar los

claro que “los cánones de arrendamiento han sido consignados por los arrendatarios en el curso del
proceso” (fl. 13 cdno. 6A anexos llamamiento en garantía).

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bienes, como lo expuso el tribunal de primera instancia, dichos documentos solo
contienen afirmaciones carentes de sustento probatorio y no se acredita su relación
con la mora judicial alegada; además, no se tiene certeza del tiempo en que cada
síndico permaneció en el cargo ni se aportaron las cuentas definitivas que aquellos
rindieron al final de su gestión; de igual forma, no se estableció si los bienes
estuvieron arrendados desde el inicio del proceso de quiebra ni el valor de los
respectivos cánones en todo el periodo de la quiebra, como tampoco se acreditó la
promoción de procesos ejecutivos contra todos los arrendatarios para obtener el
pago de las obligaciones; estas circunstancias impiden concluir que la demandante
dejó de percibir ingresos por concepto de arrendamientos por causa de una mora
judicial atribuible a los auxiliares de la administración de justicia o de la actuación
de los jueces.

4.2.3 Los honorarios pagados al abogado Jairo López Morales

1) La demandante manifestó que por la mora judicial debió contratar al abogado
Jairo López Morales para “liberar a la masa de la quiebra de las multas impuestas
por el Estado” y recuperar los bienes arrendados del inquilino que alegaba la calidad
de poseedor.

2) En relación con la anterior, como ya se indicó, no se allegó la totalidad del proceso
de quiebra, aspecto que impide establecer la existencia de la mora judicial y que
esta fue la que llevó al pago de los honorarios del abogado.

3) Además, lo cierto es que relación con la gestión de dicho profesional, se debe
poner de presente que en el presente proceso no obra el contrato de prestación de
servicios celebrado por el abogado Jairo López Morales y, si bien la junta asesora
de la quiebra, mediante conciliación, reconoció que le adeudaba la suma de
$580.000.000 (fls. 4 a 5 cdno. 5 anexos llamamiento en garantía), lo cierto es que,
en el proceso de quiebra existió discusión sobre si dicha acreencia debía ser
reconocida como parte del pasivo de la masa; en todo caso, de existir la obligación,
no se acreditó que esta obedeció a una mora judicial.

4) En efecto, en los procesos de restitución de inmueble arrendado se debía
contratar apoderados para defender los intereses de la masa de la quiebra y, en ese

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Apelación sentencia

punto, debe resaltarse que las pruebas aportadas evidencian la existencia de un
conflicto entre las partes sobre qué apoderados debían ejercer dicha
representación.

5) La decisión de contratar al abogado Jairo López Morales correspondió a la
demandante y no obedeció a actuación alguna de los jueces, además, aunque en
varios memoriales de la parte actora adujo que los auxiliares de la justicia
permitieron que los inquilinos se apropiaran de los bienes de la masa, lo cierto es
que no aportaron pruebas que respalden tales afirmaciones ni que las relacionen
con la mora judicial alegada.

4.2.4 Los bienes, muebles y enseres entregados al síndico de la quiebra en
diligencia del 6 de septiembre de 1980

1) La demandante solicitó el pago del valor correspondientes a los bienes, muebles
y enseres que fueron entregados al síndico de la quiebra el 6 de septiembre de
1980.

2) Sobre este otro aspecto, la Sala observa que en el expediente no se allegó la
diligencia mencionada por la actora y, en todo caso, tampoco se aportaron pruebas
que acrediten que dichos bienes -de los cuales tampoco se tiene certeza de su
existencia- se perdieron en custodia de algún auxiliar de la administración de justicia
por causa de una mora judicial.

3) Si la demandante considera que la pérdida de los bienes no fue por la mora
judicial del proceso de quiebra, sino por una actuación precisa de uno de los
síndicos de la quiebra -verbigratia que se apropió de los mismos-, debió demandar
dentro de la oportunidad legal a partir del momento en que tuvo conocimiento del
extravío de los bienes (lo cual afirma ocurrió en 1980) y no buscar extender el plazo
de la caducidad, alegando la mora judicial.

5. Conclusión

1) El estudio de los elementos fácticos y jurídicos antes analizados llevan a tomar
la determinación de modificar la decisión que negó las pretensiones de reparación
directa en contra de la Nación – Rama Judicial, pues, no se demostró la existencia

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de una mora judicial que causara los daños antijurídicos alegados, para declarar la
caducidad de la acción respecto del daño alegado por la pérdida de las mercancías
en manos de la Aduana Interior de Bogotá.

2) En relación con lo anterior, si bien la Sala reconoce que resulta inusual la
prolongada duración del proceso de quiebra, no se acreditó que los daños alegados
por la demandante fueran consecuencia de dicha circunstancia.

3) De igual manera, como lo expuso el tribunal de primera instancia, las múltiples
acciones de tutela, solicitudes de vigilancia, denuncias penales y diversos
memoriales tanto en el proceso de quiebra como en los de restitución de inmueble
arrendado evidencian un uso indiscriminado de los mecanismos legales por parte
de los sujetos procesales, que índice en la extensión temporal de aquellos.

6. Condena en costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las
costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en
forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.

En relación con las agencias en derecho de primera instancia, las cuales el a quo
fijó en la suma de mil trescientos ocho millones ciento sesenta y tres mil quinientos
pesos ($1.308.163.500) en favor de la parte demandada, la Sala las confirmará por
no haber sido objeto del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA:

1°) Modifícase la sentencia proferida el 7 de mayo de 2021 por la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual queda así:

PRIMERO: Declárase la caducidad del medio de control de reparación
directa en relación con la pérdida de las mercancías por parte de la
Aduana Interior de Bogotá.

SEGUNDO: Deniéganse las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Condénase a la parte demandante en costas de primera
instancia. Se fijan como agencias en derecho de esta instancia la suma
de $1.308.163.500,oo a favor de la parte demandada.

CUARTO: Notifíquese a las partes la presente providencia por la
secretaría de la sección a los correos electrónicos registrados por las
partes.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la
Sección, liquídense los gastos del proceso, y en caso de remanentes,
devuélvanse al interesado. Pasados dos años sin que la parte
demandante los haya reclamado, la mencionada secretaría declarará la
prescripción a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial, o de la entidad que haga sus
veces. Efectuado lo anterior, archívese el proceso dejando las
anotaciones del caso.

2°) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora en favor de las
entidades que integran la parte demandada, tásense de manera concentrada por
el tribunal de primera instancia.

3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Con aclaración de voto
DIEGO ENRIQUE VICTORIA FRANCO
Magistrado

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Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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