Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01147-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01147-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01147-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de abril de 2025
Demandantes: Jairo López Morales y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 1001-03-15-000-2025-01147-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01147-00
Demandantes: JAIRO LÓPEZ MORALES Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial — improcedencia por falta de
legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Los señores Jairo López Morales2, César Augusto Pineda Mendoza3,
Felipe López Ospina4 y la señora Martha Muñoz Burbano5, interpusieron acción
de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Con la solicitud de amparo pretenden que se les protejan sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la propiedad, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudican a las
siguientes providencias proferidas por la autoridad judicial accionada: (i) auto del
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Actuando en calidad de «acreedor reconocido dentro de la Quiebra»
3 Actuando en calidad de «subrogatario de los derechos que le pudieran corresponder al SOCIO
MAYORITARIO de la firma en bancarrota, reconocido por el Juzgado mediante providencia
ejecutoriada de junio 28 de 2002 (folio 4098)».
4 Actuando en calidad de «acreedor reconocido dentro de la Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON
LTDA”, conforme se demuestra con el auto que así lo reconoce de fecha febrero 02 de 2008,
aportado con el escrito de tutela. Igualmente invocando derechos para la Masa de la Quiebra de
“INDUSTRIAS ANCON LTDA”».
5 Actuando en calidad de «presidente de la junta asesora de la quiebra».
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Demandantes: Jairo López Morales y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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8 de febrero de 20246 y (ii) decisión del 7 de febrero de 20257. Ello, al interior del
medio de control de reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-
000-2014-01097-02.
1.2. Pretensión constitucional
3. Los accionantes solicitaron lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR a los accionantes los derechos constitucionales
fundamentales invocados.
SEGUNDO; Como consecuencia, se declare que existe VIA DE HECHO en las
providencias de febrero 08 de 2024, proferida por el H. Magistrado FREDY
IBARRA MARTÍNEZ, dentro del proceso #2500023360002014-01097-02,
iniciado por la MASA DE LA QUIEBRA DE “INDUSTRIAS ANCON LTDA”,
mediante la cual niega las pruebas solicitadas en segunda instancia y la
providencia de fecha 7 de febrero de 2025, proferida por los HH. Magistrados
ALBERTO MONTAÑA PLATA Y MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, mediante la
cual revoca parcialmente y confirma la providencia denegatoria.
TERCERO: Para restablecer a los accionantes los derechos constitucionales
fundamentales protegidos por esta tutela, se ordena a los accionados, para que
sean consideradas y valoradas legalmente en el fallo que decida la segunda
instancia, tener como pruebas:
1o) El expediente que contiene el proceso de Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON
LTDA”, radicado hoy en el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá,
#1100131030031980-02064-01 solicitado en la demanda como antecedentes
administrativos; toda vez que la misma guarda íntima relación con la causa
petendi del asunto de la referencia y permitirá a la Sala esclarecer puntos
dudosos al momento de estudiarse la presunta responsabilidad de la entidad
demandada. Dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha
de esta sentencia, el Magistrado Ponente pedirá al Juzgado 47 el link del
expediente.
2o) El expediente que contiene el proceso de Restitución radicado con el # 2017-
00264-00 en el Juzgado 1o Civil del Circuito de Funza, iniciado por la Masa de la
Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON LTDA”, incluyendo el despacho comisorio
para la entrega de los inmuebles. Esta prueba es “procedente por tratarse de
una prueba sobreviniente y versar sobre hechos acaecidos después de
trascurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia.”. Dentro
del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de esta sentencia, el
Magistrado Ponente pedirá al Juzgado 1o Civil del Circuito de Funza,
Cundinamarca el link completo del expediente, incluyendo el Despacho
6 Auto mediante el cual se negó el decreto de ciertas pruebas solicitadas por el accionante.
7 Auto que resolvió el recurso de súplica interpuesto contra la providencia del 8 de febrero de
2024. Dicho auto revocó parcialmente la decisión y, en su lugar, decretó una de las pruebas
solicitadas.
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Comisorio para la entrega de los inmuebles.8
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El 25 de julio de 2014, la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda.
promovió demanda de reparación directa en contra de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial —Rama Judicial9—. Consideró que las autoridades
judiciales que conocieron el proceso de insolvencia designado con el número de
radicado 11001-31-03-003-1980-02064-01, incurrieron en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
6. En primera instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 7 de mayo de 2021,
negó las pretensiones de la demanda. Inconforme con la decisión, la parte
demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo referido y fue admitido,
el 5 de diciembre de 2022, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
7. Por medio de los memoriales 19 y 20 de enero de 2023, la Masa de la
Quiebra de Industrias Ancón Ltda. solicitó que se decretaran las siguientes
pruebas:
• El expediente digital identificado con el radicado 11001-31-03-003-1980-
02064-01 adelantado ante el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá.
• Decisión del 20 de marzo de 2019, proferida dentro del proceso
disciplinario designado con el número 11001-01-02-000-2014-02755-00
que absuelve al «DR JAIRO LÓPEZ MORALES, de los cargos por falta
disciplinarias […]».
• La sentencia de tutela del 18 de marzo de 2020, proferida por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicado STL3295-2020
(87.257), parte demandante: César Augusto Pineda Mendoza, parte
demandada: Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
• Fallo del 16 de septiembre de 2021, dictado por el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Funza, que decreta la restitución de los inmuebles dados
en arrendamiento «que demuestra los daños antijurídicos causados a la
masa de la quiebra de Industrias Ancon Ltda, al no poder disfrutar los
mismos por más de 6 años».
8 Transcrito del escrito de tutela, con posibles errores ortográficos.
9 A dicho medio de control, se le asignó el número de radicado 25000-23-36-000-2014-01097-
00.
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8. Mediante la providencia del 8 de febrero de 2024, el magistrado ponente10,
negó la solicitud probatoria. Estimó que no se ajustaba a ninguna de las
circunstancias que establece el artículo 21211 de la Ley 1437 de 2011 (en
adelante CPACA), para decretar pruebas en segunda instancia. Además, adujo
que no podía determinar la pertinencia, conducencia y utilidad del material
probatorio solicitado, debido a que no se indicó con claridad el objeto de la
solicitud.
9. El 21 de febrero de 2024, la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda.
interpuso recurso de súplica contra la decisión referida anteriormente. Reiteró
que se incorporara al proceso el expediente con el radicado 11001-31-03-003-
1980-02064-01, adelantado ante el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, y,
recalcó que con la solicitud pretendía:
probar los hechos constitutivos subsiguientes, es decir acaecidos con
posterioridad a la presentación de la demanda y a la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, los archivos aportados a este proceso, así como el
link de los procesos: de Quiebra se “INDUSTRIAS ANCON LTDA”, del proceso
de Restitución # 2017-00264-00, que se tramita en el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Funza, así como del despacho comisorio # 2022 00232, que se tramita
en el Juzgado primero promiscuo Municipal de Cota, para acreditar los hechos
constitutivos de los daños antijurídicos que continuaron causádose a la parte
actora, después de presentada la demanda.12
10. A través de la providencia del 7 de febrero de 2025, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, revocó parcialmente el auto del 8 de
febrero de 2024. Frente a la solicitud del expediente identificado con el número
11001-31-03-003-1980-02064-01, sostuvo que fue decretado por el tribunal en la
audiencia inicial e incorporado al proceso en la audiencia de pruebas. Por ende,
concluyó que no se configuraban los supuestos establecidos por el artículo 212
del CPACA.
10 Magistrado Fredy Ibarra Martínez.
11 ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez
las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados en este Código.
[…]
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del
auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en
los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al
simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se
dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de
practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las
cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta. […]
12 Transcrito del escrito de tutela, con posibles errores ortográficos.
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11. Por otro lado, en cuanto a la sentencia del 16 de septiembre de 2021
proferida en el marco del proceso de restitución de inmueble arrendado,
adelantado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Funza, determinó que
resultaba procedente decretarla, debido a que se trataba de una prueba
sobreviniente que versaba sobre la situación fáctica objeto del litigio.
12. Finalmente, en lo que concierne a la solicitud relacionada con el despacho
comisorio a cargo del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cota, la sala
advirtió que dicha solicitud probatoria no fue objeto de pronunciamiento en el auto
recurrido, por lo que no se referiría a ella.
1.4. Sustento de la vulneración
13. La parte actora afirmó que las autoridades judiciales accionadas, al proferir
las providencias controvertidas, vulneraron sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso, a la propiedad, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad.
14. En concreto, adujo que los magistrados interpretaron erróneamente el
artículo 212 del CPACA, al no considerar que las pruebas solicitadas son «útiles
para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las
partes, y necesarias para esclarecer la verdad de los hechos objeto de la
controversia».
1.5. Trámite de la acción de tutela
15. Por medio del auto del auto del 4 de febrero de 2025, el despacho ponente
de esta decisión inadmitió la tutela. Ello, debido a que no obraban en el
expediente los documentos que acreditaran la calidad de representante legal del
señor Jairo López Morales en relación con la Masa de la Quiebra de Industrias
Ancón Ltda. Además, no existía claridad de que los señores César Augusto
Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y la señora Martha Muñoz Burbano
estuvieran actuando a título personal o si actuaban representados por el abogado
Jairo López Morales.
16. Mediante el memorial del 7 de febrero de 202513, la parte actora aclaró
que, cada uno de los mencionados anteriormente, acudían en nombre propio a
este trámite constitucional. En particular, se destaca que el señor Jairo López
Morales precisó que actuaba como acreedor reconocido dentro del proceso de
insolvencia con el número de radicado 11001-31-03-003-1980-02064-01, y, no
allegó ningún documento que acreditara su calidad de representante legal o
apoderado judicial de la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda.
13 Índice 8 del aplicativo Samai.
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17. Posteriormente, mediante la providencia del 17 de febrero de 2025, se
decidió admitir la acción de la referencia14. En consecuencia, ordenó notificar en
calidad de accionada a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Además, vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.
1.6. Intervención
1.6.1. Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
18. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional. En su
opinión, el actor pretende que se estudie su caso en una instancia adicional con
el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses. De igual forma,
pidió que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a pesar de haber sido notificadas en debida forma, guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
19. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
20. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales?
14 A través de esa decisión, se les ordenó a las autoridades judiciales referidas que publiquen una
constancia de la admisión de esta tutela, dentro del proceso ordinario en cuestión. Lo anterior,
con el fin de que cualquiera que tuviese interés pudiese solicitar la intervención en el trámite
constitucional de la referencia.
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21. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
• ¿La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de
las providencias proferidas el 8 de febrero de 2024 y el 7 de febrero de
202515?
22. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el estudio de la legitimación
en la causa por activa; y, de encontrase superado este presupuesto, (iii) el
análisis del caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
23. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
24. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.4. Legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela
25. El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 10 dispone que la acción de tutela
puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus
derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de representante legal,
apoderado judicial o, incluso, a través de la figura de la agencia oficiosa.
26. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó, desde la sentencia
T-416 de 1997, que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia
de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».
27. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló:
15 Ello, al interior del expediente de reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-
000-2014-01097-02.
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La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre
de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin
embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades16, a partir
de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento
jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de
tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos
de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la
legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela. (Subrayado fuera
de texto original).
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el
cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de
acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder
general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso17.
28. Más adelante, en sentencia T-176 de 2011 se reiteró la anterior postura
en los siguientes términos:
[…] la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del
amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el
fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio
del demandante.
29. Luego, en la Sentencia SU-456 de 2016 el máximo tribunal constitucional
manifestó que «[e]l estudio de la legitimación en la causa, es un deber de los
jueces y una valoración de oficio, que constituye un presupuesto procesal
material de la demanda».
2.4.1. Legitimación en la causa por activa en el caso concreto
30. Conforme a lo expuesto, los señores Jairo López Morales18, César
Augusto Pineda Mendoza19, Felipe López Ospina20 y la señora Martha Muñoz
Burbano21, cuestionan el auto del 7 de febrero de 2025 proferido por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En este se revocó
16«Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002».
17 Corte Constitucional, Sentencia T-552 de 2006.
18 Actuando en calidad de «acreedor reconocido dentro dentro de la Quiebra»
19 Actuando en calidad de «subrogatario de los derechos que le pudieran corresponder al SOCIO
MAYORITARIO de la firma en bancarrota, reconocido por el Juzgado mediante providencia
ejecutoriada de junio 28 de 2002 (folio 4098)».
20 Actuando en calidad de «acreedor reconocido dentro de la Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON
LTDA”, conforme se demuestra con el auto que así lo reconoce de fecha febrero 02 de 2008,
aportado con el escrito de tutela. Igualmente invocando derechos para la Masa de la Quiebra de
“INDUSTRIAS ANCON LTDA”».
21 Actuando en calidad de «presidente de la junta asesora de la quiebra».
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parcialmente la providencia que negó la solicitud de pruebas presentada por la
Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda. Ello, al interior del expediente de
reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-000-2014-01097-02.
31. A juicio de la parte tutelante, en las providencias cuestionadas se
interpretó erróneamente el artículo 212 del CPACA, al no considerar que las
pruebas solicitadas son «útiles para la verificación de los hechos relacionados
con las alegaciones de las partes, y necesarias para esclarecer la verdad de los
hechos objeto de la controversia». Por consiguiente, estiman que se
transgredieron sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la
propiedad, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
32. De la revisión del expediente, la Sala evidencia que la Masa de la Quiebra
de Industrias Ancón Ltda., en el marco del proceso de reparación directa en
contra de la Rama Judicial22, solicitó que se decretaran unas pruebas que
consideró pertinentes al estar relacionadas con el objeto del litigio.
33. Igualmente, se tiene que, mediante la providencia del 8 de febrero de 2024,
el magistrado ponente de segunda instancia23, negó la solicitud probatoria. Por
ende, la masa referida, interpuso recurso de súplica contra dicha decisión, el cual,
fue resuelto parcialmente favorable por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado a través del auto del 7 de febrero de 2025.
34. En ese sentido, se advierte que, en principio, las legitimadas en la causa
por activa para controvertir las providencias aludidas vía acción de tutela son: (i)
la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda. y (ii) la Rama Judicial. Esto,
teniendo en cuenta que fungieron, en el medio de control objeto de esta
controversia, como parte demandante y demandada, respectivamente.
35. No obstante, la presente solicitud de amparo fue interpuesta por los
señores Jairo López Morales24, César Augusto Pineda Mendoza25, Felipe López
Ospina26 y la señora Martha Muñoz Burbano27, quienes no figuran como partes
del proceso de reparación directa identificado con el número de radicado 25000-
23-36-000-2014-01097-02.
36. Si bien el abogado López Morales actúa como apoderado judicial de la
Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda. en el trámite ordinario, resulta
22 Medio de control identificado con el número de radicado 25000-23-36-000-2014-01097-02.
23 Magistrado Fredy Ibarra Martínez.
24 Actuando en calidad de «acreedor reconocido dentro dentro de la Quiebra»
25 Actuando en calidad de «subrogatario de los derechos que le pudieran corresponder al SOCIO
MAYORITARIO de la firma en bancarrota, reconocido por el Juzgado mediante providencia
ejecutoriada de junio 28 de 2002 (folio 4098)».
26 Actuando en calidad de «acreedor reconocido dentro de la Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON
LTDA”, conforme se demuestra con el auto que así lo reconoce de fecha febrero 02 de 2008,
aportado con el escrito de tutela. Igualmente invocando derechos para la Masa de la Quiebra de
“INDUSTRIAS ANCON LTDA”».
27 Actuando en calidad de «presidente de la junta asesora de la quiebra».
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 1001-03-15-000-2025-01147-00
importante destacar que los accionantes acudieron al presente trámite
constitucional en nombre propio y no allegaron los documentos que acreditaran
la representación legal o el poder especial para adelantar esta acción
constitucional como apoderado judicial de la masa mencionada, pese a que este
fue requerido por en el auto inadmisorio.
37. En ese sentido, no se encuentra acreditada la legitimación por activa de
los actores. Como se dijo, este requisito consiste en verificar que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen vulnerados. En el presente caso, los señores
Jairo López Morales, César Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y la
señora Martha Muñoz Burbano, no son parte en el proceso de reparación directa
en el que fueron proferidas las decisiones de judiciales cuestionadas mediante la
acción de tutela sub examine, por lo que no se satisface este requisito de
procedibilidad.
38. Por lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto de legitimación en la causa
por activa de los accionantes.
2.5. Cuestión final
39. La Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó
que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, esta
colegiatura negará lo solicitado, pues, no fue vinculada en calidad de accionado,
sino como tercero con interés.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud presentada por la Rama Judicial — Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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