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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01147-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01147-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de abril de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Jairo López Morales, César Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y Martha Muñoz Burbano en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-01147-01 Accionantes: Jairo López Morales y otros. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01147-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01147-01
Accionantes: Jairo López Morales y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Temas: Impugnación. Reparación directa. Falta de legitimación en la
causa por activa. Confirma decisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
sentencia proferida el 10 de abril de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 27 de febrero de 2025, Jairo López Morales2, César Augusto Pineda
Mendoza3, Felipe López Ospina4 y Martha Muñoz Burbano presentaron acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso (defensa), petición, propiedad, acceso a la administración de justicia,
igualdad y, junto con ellos, el principio de primacía del derecho sustancial sobre el
formal. Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:

«[S]e declare que existe VIA DE HECHO en las providencias de febrero 08 de 2024,
proferida por el ] Magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ, dentro del proceso #25000-
23-36-000-2014-01097-02, iniciado por la MASA DE LA QUIEBRA DE “INDUSTRIAS
ANCON LTDA”, mediante la cual niega las pruebas solicitadas en segunda instancia y
la providencia de fecha 7 de febrero de 2025, proferida por los HH. Magistrados
ALBERTO MONTAÑA PLATA Y MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, mediante la cual
revoca parcialmente y confirma la providencia denegatoria.

TERCERO: Para restablecer a los accionantes los derechos constitucionales
fundamentales protegidos por esta tutela, se ordena a los accionados, para que sean

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
2
Actuando en calidad de «acreedor reconocido dentro de la Quiebra»
3
Actuando como «subrogatario de los derechos que le pudieran corresponder al SOCIO MAYORITARIO de la firma en
bancarrota, reconocido por el Juzgado mediante providencia ejecutoriada de junio 28 de 2002.
4
Actuando en calidad de «acreedor reconocido dentro de la Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON LTDA”, conforme se
demuestra con el auto que así lo reconoce de fecha febrero 02 de 2008, aportado con el escrito de tutela. Igualmente
invocando derechos para la Masa de la Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON LTDA”

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01147-01
Accionantes: Jairo López Morales y otros.

consideradas y valoradas legalmente en el fallo que decida la segunda instancia, tener
como pruebas:

1º) El expediente que contiene el proceso de Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON LTDA”,
radicado hoy en el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, #1100131030031980-
02064-01 solicitado en la demanda como antecedentes administrativos; toda vez que
la misma guarda íntima relación con la causa petendi del asunto de la referencia y
permitirá a la Sala esclarecer puntos dudosos al momento de estudiarse la presunta
responsabilidad de la entidad demandada. Dentro del término de 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de esta sentencia, el Magistrado Ponente pedirá al
Juzgado 47 el link del expediente.

2º) El expediente que contiene el proceso de Restitución radicado con el # 2017-00264-
00 en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Funza, iniciado por la Masa de la Quiebra de
“INDUSTRIAS ANCON LTDA”, incluyendo el despacho comisorio para la entrega de
los inmuebles. Esta prueba es “procedente por tratarse de una prueba sobreviniente y
versar sobre hechos acaecidos después de trascurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia.”. Dentro del término de 15 días hábiles contados a partir
de la fecha de esta sentencia, el Magistrado Ponente pedirá al Juzgado 1º Civil del
Circuito de Funza, Cundinamarca el link completo del expediente, incluyendo el
Despacho Comisorio para la entrega de los inmuebles [...]».

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, los accionantes
afirmaron que el 25 de julio de 2014, la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón
Ltda. promovió demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que se le declarara
responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de las
autoridades judiciales que conocieron el proceso de insolvencia con radicado No.
11001-31-03-003-1980-02064-00/01.

4. El 7 de mayo de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que con el material probatorio recaudado no se acreditaba la existencia
de un daño antijurídico sufrido por la parte actora y, por ende, tampoco el nexo
causal que permitiera la imputación de la administración.

5. El 18 de junio de 2021, la parte demandante interpuso recurso de apelación
en contra de la anterior decisión, porque, en su criterio, la gran cantidad de pruebas
documentales demostraban no solo un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por las omisiones, irregularidades y actuaciones
contrarias a la ley por parte de los jueces, magistrados y auxiliares de la justicia que
causaron graves daños antijurídicos, por lo que solicitó al Consejo de Estado que
revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones
de la demanda.

6. El 19 y 20 de enero de 2023, la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda.
solicitó que se decretaran las siguientes pruebas: (i) el expediente digital identificado
con el radicado No. 11001-31-03-003-1980-02064-01 adelantado ante el Juzgado
47 Civil de Circuito de Bogotá; (ii) la decisión del 20 de marzo de 2019, proferida dentro
del proceso disciplinario No. 11001-01-02-000-2014-02755-00 que absuelve al «DR
JAIRO LÓPEZ MORALES, de los cargos por falta disciplinarias […]»; (iii) la sentencia

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Accionantes: Jairo López Morales y otros.

de tutela del 18 de marzo de 2020, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, radicado STL3295-2020 (87.257), parte demandante: César
Augusto Pineda Mendoza, parte demandada: Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura; y (iv) el fallo del 16 de septiembre de 2021,
dictado por el Juzgado 1 Civil de Circuito de Funza, que decreta la restitución de los
inmuebles dados en arrendamiento «que demuestra los daños antijurídicos
causados a la masa de la quiebra de Industrias Ancon Ltda, al no poder disfrutar los
mismos por más de 6 años».

7. El 8 de febrero de 2024, el despacho ponente a cargo del proceso en segunda
instancia negó la solicitud probatoria, al considerar que esta no se ajustaba a
ninguna de las circunstancias que establece el artículo 2125 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), para decretar pruebas en segunda instancia. Además, aseguró que no
podía determinarse la pertinencia, conducencia y utilidad del material probatorio
solicitado, debido a que no se indicó con claridad el objeto de la solicitud.

8. Inconforme con la anterior decisión, el 21 de febrero de 2024, la parte
demandante interpuso recurso de súplica, para lo cual insistió en que se incorporara
al proceso el expediente con radicado 11001-31-03-003-1980-02064-01, que se
adelantó ante el Juzgado 47 Civil de Circuito de Bogotá́ , y, además, aclaró que lo
que pretendía con la petición era «probar los hechos constitutivos subsiguientes, es
decir acaecidos con posterioridad a la presentación de la demanda y a la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, los archivos aportados a este
proceso, así́ como el link de los procesos: de Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON
LTDA”, del proceso de Restitución # 2017-00264-00, que se tramita en el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Funza, así́ como del despacho comisorio # 2022 00232,
que se tramita en el Juzgado primero promiscuo Municipal de Cota, para acreditar
los hechos constitutivos de los daños antijurídicos que continuaron causando a la
parte actora, después de presentada la demanda[…]».

9. El 7 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado revocó parcialmente la providencia del 8 de febrero de 2024. Frente a la
solicitud del expediente No. 11001-31-03-003-1980-02064-01, sostuvo que fue
decretado por el tribunal en la audiencia inicial e incorporado al proceso en la

5
Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse
e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
[…]
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso,
las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o
impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa
de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia,
pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro
del término de ejecutoria del auto que las decreta.

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Accionantes: Jairo López Morales y otros.

audiencia de pruebas, por lo que no se configuraban los supuestos establecidos por
el artículo 212 del CPACA.

10. Sin embargo, en cuanto a la Sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida
por el Juzgado 1 Civil de Circuito de Funza, en el marco del proceso de restitución
de bien inmueble arrendado, determinó que resultaba procedente decretarla, debido
a que se trataba de una prueba sobreviniente que versaba sobre la situación fáctica
objeto del litigio.

11. Finalmente, con respecto a la solicitud relacionada con el despacho comisorio
a cargo del Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Cota, advirtió que dicha solicitud
probatoria no fue objeto de pronunciamiento en el auto recurrido, por lo que no le
era posible pronunciarse sobre esta.

12. Como fundamentos de derecho, los actores afirmaron que la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir las providencias del 8 de
febrero de 2024 y 7 de febrero de 2025, vulneraron sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso, a la propiedad, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad. Para el efecto, manifestaron que aquella autoridad interpretó
erróneamente el artículo 212 del CPACA, al no considerar que las pruebas
solicitadas eran «útiles para la verificación de los hechos relacionados con las
alegaciones de las partes, y necesarias para esclarecer la verdad de los hechos
objeto de la controversia».

Actuación procesal en primera instancia

13. El 4 de marzo de 2025, la Sección Quinta de esta corporación inadmitió la
acción de tutela, debido a que no obraban en el expediente los documentos que
acreditaran la calidad de representante legal del señor Jairo López Morales en
relación con la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda. Además, no existía
claridad de que los señores César Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina
y la señora Martha Muñoz Burbano estuvieran actuando a título personal o si
actuaban representados por el abogado Jairo López Morales.

14. Por lo anterior, requirió a la parte accionante para que (i) allegaran los
documentos que acreditaran la representación legal del primero de los mencionados
en relación con la Masa de la Quiebra de Industrias Ancon Ltda. y dentro del proceso
de reparación directa No. 25000-23-36-000-2014-01097-02; y (ii) precisaran si los
demás actores formulaban la solicitud de amparo a título personal o por medio del
señor López Morales, como su apoderado. En este último evento, debían aportar
los respectivos poderes que acreditaran esa condición en este trámite
constitucional.

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15. El 10 de marzo de 20256, la parte actora aclaró que, cada uno de los
mencionados anteriormente, acudían en nombre propio a este trámite
constitucional. En particular, el señor Jairo López Morales precisó que actuaba
como acreedor reconocido dentro del proceso de insolvencia No. 11001-31-03-003-
1980-02064-01, pero, no allegó ningún documento que acreditara su calidad de
representante legal o apoderado judicial de la Masa de la Quiebra de Industrias
Ancón Ltda.

16. El 17 de marzo de 2025, se admitió la acción de tutela en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y se vincularon, como
terceros con interés en los resultados del proceso, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Intervenciones

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que lo
pretendido por el accionante es convertir la acción de tutela en una instancia
adicional, con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, lo cual
desconoce los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento
jurídico, que no permiten la revisión permanente de las decisiones judiciales.

18. Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que decida estudiarse el asunto de
fondo, indicó que las providencias cuestionadas fueron emitidas dentro de los
marcos normativos establecidos para tal efecto. Además, precisó que las
autoridades accionadas realizaron una interpretación razonable, orientada a la
aplicación y exégesis de principios constitucionales, que la llevó a concluir que en
el caso no debía declararse la responsabilidad administrativa de la entidad
demandada, por lo que no se trata de una decisión caprichosa o irracional que
implique la vulneración de derechos fundamentales invocados.

19. De otra parte, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
puesto que los derechos alegados por la parte actora como vulnerados, no son
consecuencia de una acción u omisión atribuible a esa entidad, de manera que debe

6
1º) El suscrito CÉSAR AUGUSTO PINEDA MENDOZA, actúa directamente, (sin necesidad de abogado) como subrogatario
de los derechos del SOCIO MAYORITARIO de la firma en bancarrota, reconocido mediante la providencia de junio 28 de
2002, aportado con el escrito de tutela; invocando derechos para la Masa de la Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON LTDA”.
2º) El suscrito FELIPE LÓPEZ OSPINA, actúa directamente, (sin necesidad de abogado) como Acreedor reconocido dentro
de la Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON LTDA”, conforme se demuestra con el auto que así lo reconoce de fecha febrero
02 de 2008, aportado con el escrito de tutela. Igualmente invocando derechos para la Masa de la Quiebra de “INDUSTRIAS
ANCON LTDA”.
3º) La suscrita MARTHA E. MUÑOZ BURBANO, actúa directamente, como presidenta de la Junta Asesora de la Quiebra
de “INDUSTRIAS ANCON LTDA”, conforme se demuestra con las actas aportadas con el escrito de tutela. Igualmente
invocando derechos para la Masa de la Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON LTDA”.
4º) El suscrito JAIRO LOPEZ MORALES, actúa directamente a la par invocando derechos para la Masa de la Quiebra de
“INDUSTRIAS ANCON LTDA”, como ACREEDOR reconocido dentro de la Quiebra, según constancia de los créditos a mi
nombre, que aportamos con este escrito para suplir la prueba que como apoderado de la Masa de Quiebra dentro del proceso
#250002336000201401097-02 me pide el H. Consejo de Estado, ante la dificultad para obtenerla.
Sin embargo, rogamos al H. Consejo de Estado, solicitar a los accionados el expediente que contiene el proceso de
Quiebra de la Masa de la Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON LTDA”, #250002336000-2014-01097-02, donde aparecen:
reconocida mi calidad de apoderado judicial de la demandante; la solicitud de pruebas en segunda instancia; así como las
providencias denunciadas como VIA DE HECHO.

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prescindirse de librar cualquier orden de apremio en ese sentido. En esos términos,
solicitó declarar probada la excepción mencionada y, adicionalmente, la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse con los requisitos de
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

20. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no rindieron el informe solicitado, a pesar de haber sido notificados
en debida forma.

Sentencia impugnada

21. El 10 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela porque no se encontraba acreditada la legitimación
por activa de Jairo López Morales, César Augusto Pineda Mendoza, Felipe López
Ospina y la señora Martha Muñoz Burbano, comoquiera que estos no son parte en
el proceso de reparación directa en el que fueron proferidas las decisiones judiciales
cuestionadas.

22. Asimismo, negó la solicitud formulada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial consistente en declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva, puesto que dicha entidad no fue vinculada en calidad de accionada, sino
como tercero con interés.

Impugnación

23. Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia, para lo cual
afirmaron que el juez de primera instancia no consideró los memoriales
presentados, mediante los cuales (i) se reiteró que Jairo López Morales actuaba
como apoderado judicial de la Masa de la Quiebra de «Industrias Ancon Ltda.» en
el proceso de reparación directa; (ii) se indicó que el señor López Morales también
tenía la condición de acreedor, lo que le otorgaba doble legitimidad para intervenir
en el proceso en defensa de los intereses de la Masa; y (iii) se señaló que César
Augusto Pineda Mendoza intervenía como subrogatario de los derechos del socio
mayoritario de la empresa en quiebra; Martha Muñoz Burbano, como presidenta de
la Junta Asesora de la Quiebra; y Felipe López Ospina, como acreedor, «todos con
interés legítimo en el proceso».

24. Asimismo, manifestaron que en el memorial del 10 de marzo de 2025, que se
allegó para complementar el escrito de subsanación, se indicó que según la
jurisprudencia7 «los socios y acreedores de la Quiebra [están] legitimados para
reclamar en favor de los intereses generales de Quiebra». Adicionalmente,

7
Al respecto, citó los fallos de tutela proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca y la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los expedientes con radicado 25899-31-001-2010-00566-01, 25286-31-03-001-2010-
00661-01, 25286-31-03-001-2010-00651-01, 25000-22-13-000-2011-00018-01, 25286-31-03-001-2011-00004-01, 25286-31-
03-001-2010-00200-01, 25286-31-03-001-2012-00003-01 y 11001-22-03-000-2012-00892-01.

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señalaron que en el expediente de reparación directa consta la calidad de
apoderado del abogado López Morales, por lo que su participación era no solo
válida, sino obligatoria en defensa de su representado.

25. Finalmente, estimaron que el fallador de primer grado no «comprendió el
contenido de los escritos que demuestran todo lo contrarios que los actores sí
estaban legitimados para invocar el amparo y que, además, no solicitaron que los
efectos jurídicos derivados de la eventual prosperidad de sus pretensiones se
materializaran exclusivamente en su favor, sino que muy claramente piden que se
haga en favor de la masa de la quiebra, donde son acreedores».

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela interpuesta cumple
con los requisitos de procedencia, en particular, el de legitimación en la causa por
activa y, en caso de una respuesta afirmativa, si la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales de los
accionantes al expedir las providencias del 8 de febrero de 2024 y 7 de febrero de
2025 en el medio de control de reparación directa No. 2014-01097-02.

Procedibilidad de la acción de tutela

27. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, ante la ausencia de
legitimación en la causa por activa8, por las razones que pasan a explicarse:

28. Jairo López Morales, César Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina
y Martha Muñoz Burbano solicitaron la protección de sus derechos fundamentales,
los cuales estimó vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, al expedir las providencias del 8 de febrero de 2014 y del 7 de febrero
de 2025, comoquiera que aquella autoridad interpretó erróneamente el artículo 212

8
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene toda persona para interponer la acción de
tutela por sí misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se dispone la legitimidad para
el ejercicio de la acción de tutela. La norma indica que esta puede ser presentada: (1) directamente por la persona que estime
vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales; (2) a través de su representante legal; (3) por medio de apoderado
judicial; (4) por agente oficioso; y (5) mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien presenta la acción de tutela se encuentra
legitimado en la causa por activa, pues de no ser así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo
del asunto. En relación con la representación judicial, de relevancia para el caso bajo estudio, es preciso indicar, que para
que el profesional del derecho pueda reclamar la protección de los derechos fundamentales que estima le están siendo
vulnerados o amenazados a su poderdante, es necesario que allegue poder conferido específicamente para instaurar la
acción de tutela, pues de lo contrario no se entendería legitimado para actuar y, por tanto, no podría estudiarse de fondo los
argumentos que motivaron la solicitud de amparo.
Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-194 de 2012, reiteró los elementos que deben cumplirse para ejercer
la acción de tutela a través de abogado, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado poder, el cual se
presume auténtico; (ii) tratándose de un poder especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la promoción
o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende otorgado para la promoción de procesos
diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial y (iii) el destinatario del acto de
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. Es decir, la legitimación activa se
configura si quien presenta la demanda de tutela, acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial.
En ese orden de ideas, el juez debe verificar que si se actúa mediante apoderado, se allegue el poder que cumpla con los
requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01147-01
Accionantes: Jairo López Morales y otros.

de la Ley 1437 de 2011, al no considerar que las pruebas solicitadas son «útiles
para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, y
necesarias para esclarecer la verdad de los hechos objeto de la controversia».

29. En la sentencia de primera instancia, la Sección Quinta de esta corporación
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que los actores no gozaban
de legitimación en la causa por activa, puesto que no fueron partes dentro del
proceso de reparación directa en el que fueron proferidas las decisiones
cuestionadas.

30. Por su parte, en el escrito de impugnación, los accionantes manifestaron que
el juez de primera instancia no tuvo en cuenta los memoriales de subsanación
presentados por los actores, en los cuales se indicaba que (i) Jairo López Morales
actuaba como apoderado judicial de la Masa de la Quiebra de "Industrias Ancon
Ltda." en el proceso de reparación directa y, además, se indicaba que aquel también
tenía la condición de acreedor, lo que, a juicio de los accionantes, le otorgaba doble
legitimidad para intervenir en el proceso en defensa de los intereses de la masa; y
(ii) César Augusto Pineda Mendoza intervenía como subrogatario de los derechos
del socio mayoritario de la empresa en quiebra; Martha E. Muñoz Burbano, como
presidenta de la Junta Asesora de la Quiebra; y Felipe López Ospina, como
acreedor.

31. Pues bien, del análisis integral del expediente, se advierte que en el proceso
de reparación directa No. 25000-23-36-000-2014-01097-02, la Masa de la Quiebra
de Industrias Ancón Ltda. figura como parte demandante y la Rama Judicial como
parte demandada, por lo que tal y como lo afirma el juez de primera instancia, en
principio, los legitimados en la causa por activa serían estos.

32. Al respecto, se observa que César Augusto Pineda Mendoza, Felipe López
Ospina y Martha Muñoz Burbano interpusieron acción de tutela contra las
decisiones judiciales proferidas en el marco del medio de control mencionado. Sin
embargo, se advierte que aquellos no demostraron ostentar la calidad de sujetos
procesales, ni como partes principales o terceros intervinientes o coadyuvantes, ni
como representantes judiciales debidamente facultados.

33. Ahora, con respecto a Jairo López Morales, quien aduce que actúa como
apoderado judicial de la Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda., es pertinente
señalar que, si bien es cierto que dicho vínculo se reconoce dentro del trámite
ordinario, también lo es que aquel no allegó al expediente el respectivo poder que
lo facultara para actuar como apoderado judicial en el trámite de la acción de tutela,
a pesar de que fue expresamente requerido para ello, en el auto inadmisorio, por el
despacho a cargo del proceso en primera instancia; omisión que impide reconocerle
legitimación para accionar en defensa de los derechos fundamentales de la Masa
de la Quiebra, al no haberse acreditado su representación judicial en debida forma
dentro del trámite constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01147-01
Accionantes: Jairo López Morales y otros.

34. Así, la falta de legitimación en la causa por activa impide que pueda emitirse
un pronunciamiento de fondo, comoquiera que la acción de tutela solo está
reservada para el titular de los derechos que se invocan o a quien obre como su
representante judicial.

35. Ahora, se observa que los accionantes afirmaron que el juez de primera
instancia pasó por alto que en el derecho colombiano «puede abogarse por otro»,
como por ejemplo «el socio puede demandar en favor de la sociedad». Sin embargo,
se repara en que, en el caso bajo estudio, los accionantes discuten una indebida
interpretación de una norma que rige el procedimiento del medio de control de
reparación directa, por lo que solo podría vulnerarse los derechos de quienes
intervienen en este.

36. Aunado a lo expuesto, se precisa que el tener interés en un proceso
determinado no se traduce necesariamente en la legitimidad para actuar mediante
acción de tutela, por cuanto en estos casos la tutela no es un proceso aislado del
ordinario, en la medida en que la afectación al debido proceso se concreta durante
el trámite judicial correspondiente, frente a quienes allí intervengan.

37. Finalmente, respecto de las providencias proferidas por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Cundinamarca y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en las que se dispuso que «los socios y acreedores de la Quiebra [están]
legitimados para reclamar en favor de los intereses generales de Quiebra», la Sala
advierte que los actores no allegaron copia de ninguno de esos pronunciamientos,
por lo que no es posible emitir un análisis de fondo, pues la ausencia de estos impide
conocer con precisión los supuestos fácticos jurídicos en los que se sustentan, lo
que limita la posibilidad de hacer una comparación o hacer conclusiones que
resulten relevantes para el presente asunto.

38. Así las cosas, ante la falta de interés para actuar de los accionantes, la Sala
confirmará la sentencia proferida el 10 de abril de 2025 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de abril de 2025 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por Jairo López Morales, César Augusto Pineda
Mendoza, Felipe López Ospina y Martha Muñoz Burbano en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01147-01
Accionantes: Jairo López Morales y otros.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.

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