Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00263-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00263-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00263-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00263-00
Demandantes: MASA DE LA QUIEBRA DE INDUSTRIAS ANCON LTDA Y
OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara falta de legitimación
en la causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación1.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El patrimonio autónomo conformado por la masa de los bienes de la sociedad
Industrias Ancon Ltda.2, y los señores Cesar Augusto Pineda Mendoza, Felipe López
Ospina y Jairo López Morales, a través de apoderado judicial, promovieron acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la que
reprochan el fallo dictado al interior del proceso ordinario en ejercicio del medio de
control de reparación directa, identificado con radicado 25000-23-36-000-2014-
01097-00/01/02, el cual, a su turno, modificó la decisión de primera instancia dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que
negó las pretensiones de la demanda.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2 Por auto del 6 de septiembre de 1980 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá decretó la
quiebra y disolución de la sociedad de la referencia, disponiendo en la misma fecha la cancelación de
la matrícula mercantil de la persona jurídica ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
Demandantes: Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda., y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00263-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
PRIMERO: Como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, TUTELAR
a los accionantes los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, igualdad, propiedad, prevalencia del derecho sustancial y
protección judicial efectiva, vulnerados por la sentencia del 1º de diciembre de 2025.
SEGUNDO; En consecuencia, se declare que existe VIA DE HECHO en la sentencia dictada
por la SUB SECCION B de la SECCION TERCERA del CONSEJO DE ESTADO de fecha
diciembre 1º de 2025, consejero ponente: DR FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación 25000-
23-36-000-2014-01097-02 (67.865); Demandante: MASA DE LA QUIEBRA DE INDUSTRIAS
ANCÓN LTDA; Demandado: NACIÓN -RAMA JUDICIAL- Medio de control: REPARACIÓN
DIRECTA, mediante la cual CONFIRMA, el fallo de primera instancia proferido el 7 de mayo de
2021 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
denegatorio de las pretensiones.
TERCERO: Para restablecer a los accionantes los derechos constitucionales fundamentales
protegidos por esta tutela, se declare sin valor y efectos, la sentencia dictada por la SUB
SECCION B, de la SECCION TERCERA del CONSEJO DE ESTADO de fecha diciembre 1º
de 2025, consejero ponente: DR FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación 25000-23-36-000-
2014-01097-02 (67.865); Demandante: MASA DE LA QUIEBRA DE INDUSTRIAS ANCÓN
LTDA; Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL;
CUARTO: Se ordena a la Sala accionada SUB SECCION B, de la SECCION TERCERA del
CONSEJO DE ESTADO, consejero ponente: DR FREDY IBARRA MARTÍNEZ, o a quien haga
sus veces, que, dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de este fallo, y en el
proceso con Radicación 25000-23-36-000-2014-01097-02 (67.865), proceda a dictar nuevo
fallo, con sujeción estricta a los principios de verdad material, debido proceso y justicia
sustancial, revocando la sentencia de primera instancia proferida el 7 de mayo de 2021 y, en
su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda, conforme a los hechos probados.
QUINTO: Se ordena, a la DRA AURA CLARET ESCOBAR CASTELLANOS, jueza 47 Civil
del Circuito de Bogotá, o a quien haga sus veces, que, dentro del término de 15 días, contado
a partir de la fecha de este fallo, y en el proceso de Quiebra de “INDUSTRIAS ANCON LTDA.”,
con Radicación con el # 11001310300319800206401, cese los agravios causados a las partes,
reconociendo que, con la reiterada CONCILIACION de agosto 06 de 2014, confirmada
mediante la DACION EN PAGO de abril de 2018, dieron por terminadas sus diferencias y el
Juzgado no puede seguir tramitando el proceso, porque la jurisdicción dejó de ser necesaria,
por carencia actual de objeto y proceda al archivo definitivo del proceso 3.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
La masa de la quiebra de la empresa Industrias Ancón Ltda., obrando por medio de
apoderado judicial, ejerció medio de control de reparación directa contra la Nación,
Rama Judicial, en la que solicitó que se declarara la responsabilidad de ésta, como
consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia a partir
de la conducta desplegada por los juzgados Tercero Civil del Circuito de Bogotá,
Promiscuo Municipal de Cota y Civil del Circuito de Funza, la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al interior del proceso de quiebra de la
3 Transcripción literal que puede contener errores.
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Demandantes: Masa de la Quiebra de Industrias Ancón Ltda., y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00263-00
sociedad mencionada identificado con radicado 11001-31-03-003-1980-02064-
00/01.
Dicho asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el cual, luego de agotadas las
etapas procesales propias de estos asuntos, negó las pretensiones de la demanda
mediante fallo del 7 de mayo de 2021.
En criterio del a quo en el caso concreto la demandante no logró acreditar la
existencia de un daño antijurídico imputable a la conducta desplegada por las
autoridades judiciales, pues los medios de prueba adosados al proceso resultaron
insuficientes para arribar a dicha conclusión.
Apelada la anterior decisión por la demandante, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, profirió sentencia el 1 de diciembre de 2025 en el que
modificó parcialmente la providencia de primera instancia.
Como punto de partida, delimitó el objeto de la litis a la mora judicial endilgada por la
parte actora a las autoridades judiciales en el trámite del proceso de quiebra, lo cual,
a su turno, se constituyó en la fuente del daño antijurídico perseguido. Acto seguido,
abordó los principales reparos de la siguiente forma:
• Frente a la pérdida de la mercancía retenida por las autoridades
aduaneras
En cuanto a la presunta conducta en que incurrió el síndico4, esto es la falta de
gestión para obtener la recuperación de los bienes, lo que conllevó de forma directa
el detrimento patrimonial de la masa de la sociedad, se concluyó que había operado
el fenómeno de caducidad.
Al respecto, se debe tener en cuenta que se promovió acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Dirección General de Aduanas, la cual finalizó
el 15 de junio de 1995 en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
inhibió para proferir fallo, pues la demandante no concurrió por conducto de su
representante legal. La anterior decisión fue confirmada en segunda instancia el 13
de junio de 1996 por la Sección Primera del Consejo de Estado.
Conforme lo anterior, fue a partir del citado momento en que la parte actora tuvo
conocimiento del daño y en ese momento se empezó el cómputo del término de
caducidad.
4 Se debe tener en cuenta que el proceso de quiebra de la sociedad Ancón Ltda., se dio en vigencia
del Código de Comercio, con antelación a la expedición de la Ley 222 de 1995, por lo que se aplicaban
las disposiciones del artículo 1937 y siguientes de dicho estatuto. Al respecto, el derogado artículo
1953 establece lo siguiente: El síndico tendrá la guarda y administración de la masa de bienes de la
quiebra y como tal, los siguientes deberes y funciones especiales: […].
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• Los cánones de arrendamiento
Se precisó que la demandante no pudo percibir los cánones de arrendamiento de los
inmuebles de su propiedad, lo anterior, dado que hubo una mora judicial en el trámite
de los proceso de restitución de inmueble arrendado.
Sobre este punto, se concluyó que la parte remitió algunas piezas procesales de tales
asuntos, las cuales, por sí solas, no permiten generar el convencimiento suficiente
para determinar lo verdaderamente acaecido en tales asuntos.
Igualmente, tampoco obra prueba que permitiera establecer que se promovieran
procesos ejecutivos para obtener el pago de cánones de arrendamiento, o si se
decretaron y practicaron medidas cautelares sobre el patrimonio de los arrendatarios
morosos.
Asimismo, se precisó que no se podía dar por sentado que la demandante no percibió
cánones de arrendamiento, pues no se contaban con elementos de juicio suficientes
para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se dio el
presunto incumplimiento de las labores del síndico.
• Honorarios a favor del abogado López Morales
Se alegó que se contrataron los servicios profesionales del abogado para destrabar
los bienes de la masa. Sin embargo, ni siquiera se aportó el contrato de prestación
de servicios suscrito por el citado profesional y tampoco se estableció si
efectivamente dicha acreencia le corresponde a la masa de bienes de la sociedad.
Finalmente, precisó que la decisión de acudir a dicho profesional obedeció
únicamente a la propia demandante en el proceso de reparación directa, es decir, no
tuvo sustento en providencia judicial alguna del juez de la quiebra o de los otros
asuntos.
• Sobre los bienes muebles y enseres entregados al síndico
Precisó que tampoco existe medio de prueba alguna que demuestre cuál o cuáles
bienes le fueron entregados al auxiliar, así como tampoco obra prueba alguna que
acredite la pérdida de estos en cabeza del síndico, y, finalmente, que dicha situación
haya encontrado sustento en la tardanza de las autoridades judiciales.
Como conclusión de lo expuesto, precisó que la tardanza judicial en el proceso de
quiebra no encontró sustento en el actuar de las autoridades judiciales, sino que
obedeció a las múltiples acciones de tutela, solicitudes de vigilancia judicial, la
promoción de denuncias, la interposición de varias solicitudes, lo cual conllevó un
uso indiscriminado de los mecanismos legales que incidió directamente en la
duración del proceso.
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1.4. Fundamentos de la vulneración
La accionante enfatizó que en el presente asunto la solicitud de amparo superaba
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, pues la decisión
reprochada afectó sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y a la reparación.
Acto seguido, acuso el fallo de haber incurrido en violación directa de la Constitución,
por cuanto, en su criterio, se desconoció el problema jurídico expuesto y se abstuvo
de resolver todos los reparos que fueron planteados en el medio de control.
En ese sentido, acotó que se obviaron pretensiones y argumentos expuestos a lo
largo del proceso, lo que implicó una incongruencia de la decisión, lo que, a su turno,
implicó que no se obtuvieran una sentencia completa y coherente con lo pedido.
Para la actora, el estudio realizado por la autoridad judicial accionada omitió realizar
un escrutinio de los siguientes puntos:
• La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado – Rama
Jurisdiccional,
• Por los perjuicios antijurídicos ocasionados a la Masa de la Quiebra de
Industrias Ancón Ltda.,
• Como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia,
• Derivado de la actuación de jueces, magistrados y auxiliares de la justicia
(síndicos),
• En el proceso de quiebra radicado 11001310-3003-1980-02064-01,
• Durante más de 34 años de mora judicial,
• Así como en los procesos conexos de restitución de inmueble arrendado.
Asimismo, formuló reparos en cuanto al sustento fáctico que fue planteado en la
sentencia, dado que, desde su punto de vista, se excluyeron los siguientes aspectos:
• El proceso de quiebra inició en 1980 y, al momento de la demanda, llevaba 34 años
sin concluir (hoy más de 45).
• La sentencia de graduación de créditos solo se profirió en 1993 gracias a una tutela.
• Las partes, de consuno, designaron síndico, en diciembre de 1987
• La sentencia de segunda instancia se dictó en 1999, también como consecuencia de
otra tutela.
• Las partes —empresario y acreedores— acordaron terminar el proceso mediante
concordato, conciliación y acuerdo privado, pero el Juzgado y los síndicos frustraron
sistemáticamente esos mecanismos, generando más de 29 tutelas.
• En 2006 se celebró una conciliación aprobada por un Centro de Conciliación, pero el
Juzgado la desconoció sin fundamento legal.
• En el 2014, las partes, sin ninguna oposición, reiteraron la CONCILIACION, frente al
magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que le dio su
aprobación, acuerdo que fue avalado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, mediante tres providencias exonerando a sus intervinientes, porque el
acuerdo cumplió con todos los requisitos de ley.
Por otro lado, planteó un defecto fáctico derivado de la falta de valoración de múltiples
medios de prueba, los cuales hubiesen sido determinantes en la decisión en el
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sentido de la sentencia.
Asimismo, acusó la providencia de incurrir en defecto sustancial por inaplicación de
normas sustanciales obligatorias; y, finalmente, se alegó un exceso ritual manifiesto
frente a la posibilidad de acudir a otros mecanismos alternativos de solución de
conflictos.
En cuanto al argumento dado en la decisión, en el que justificó la mora presentada
en el proceso de quiebra, acotó que dicho argumento expuesto en el fallo conllevaría
impedir el uso de los instrumentos legales al alcance de los sujetos procesales.
Aunado que ninguno de éstos tuvo la virtualidad de interrumpir o suspender el cauce
normal del litigio.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 26 de enero de 2026 se inadmitió la tutela, con el fin de que
allegara: (i) el certificado de existencia y representación legal y; (ii) el poder otorgado
al abogado Jaime López Morales.
El señor Jaime López Morales aportó el certificado de existencia y representación
legal de Masa de la Quiebra de Industrias Ancon L.T.D.A, y los poderes suscritos por
los señores Cesar Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y Marta Evidalia
Muñoz Burbano. No obstante, el Despacho rechazó la tutela porque: (i) no se allegó
el poder otorgado por el señor José Francisco Martínez Garavito, quien funge como
representante legal de la sociedad; (ii) no se demostró que los señores Cesar
Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y Marta Evidalia Muñoz Burbano
fueran titulares de los derechos fundamentales reclamados y iii) los poderes no
cumplían los requisitos de ley.
Contra el referido auto la parte actora interpuso los recursos de reposición y
apelación, alegando que sí ostentaba la calidad de apoderado judicial de la sociedad,
por el poder que le confirió la junta asesora y porque actuó como tal en el proceso
ordinario, por lo que, el poder era una prolongación de la defensa.
Mediante auto del 16 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Primera revocó
el de rechazo y, en su lugar, ordenó admitir la presente acción. Como sustento, indicó
que: (i) la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto que se
analiza en la sentencia y no en la etapa de admisión; (ii) los poderes se entienden
auténticos sin ser sometidos a ninguna formalidad y; (iii) el extremo activo de la
presente acción no solo está compuesta por la mencionada sociedad sino también
por los señores Cesar Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y Marta
Evidalia Muñoz Burbano.
Con base en lo anterior, por auto del 22 de mayo de 2026, se admitió la acción de
tutela, se ordenó la notificación de los magistrados que conforman la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como autoridad judicial accionada; se
vinculó como terceros con interés a la Nación, Rama Judicial, parte demandada en
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el proceso ordinario; al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección, en su condición de a quo del medio de control de reparación directa; y,
finalmente, a los juzgados Tercero Civil del Circuito de Bogotá, Promiscuo Municipal
de Cota y Civil del Circuito de Funza, y a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
El Magistrado ponente de la sentencia reprochada en sede constitucional rindió
informe en el que, luego de recapitular los antecedentes del medio de control y el
fallo dictado, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional o, en el evento de superarse éste,
se niegue el amparo solicitado.
Precisó que la finalidad esbozada por la parte actora en su escrito de amparo es que
el juez constitucional haga las veces de una tercera instancia en la que se realice
nuevamente un estudio de los hechos, pretensiones y pruebas del proceso ordinario.
Explicó las razones de hecho y de derecho que sirvieron de base a la providencia
judicial, por lo que concluyó que los cargos expuestos por la accionante tienen como
objeto revivir el debate zanjado con la decisión, sin que se haga evidente una
vulneración de garantías constitucionales.
1.6.2. Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Cota
A través del Juez titular se rindió informe en el que puso de presente que la solicitud
de amparo recae única y exclusivamente sobre el proceso de reparación directa que
cursó ante los jueces administrativos, por lo que afirmó desconocer las razones que
motivaron dicho asunto.
En cuanto al proceso de restitución de inmueble arrendado, precisó que dicho asunto
ya se finalizó y se encuentra actualmente archivado. Por lo anterior, indicó que no
hay conducta alguna que haya vulnerado las garantías constitucionales de la parte
accionante.
1.6.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Explicó que el amparo constitucional recae únicamente contra la autoridad judicial,
circunstancia que, desde su punto de vista, conlleva la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
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Por otro lado, acotó que el escrito de amparo no goza de relevancia constitucional,
dado que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por
la accionante.
1.6.4. Miguel Ángel Chaves García
El ciudadano aseveró fungir como apoderado judicial dentro del trámite de entrega
que cursa actualmente en el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Cota, frente a los
predios denominados Santamaria y Purina, los cuales pertenecen a la masa de
bienes de la empresa demandante.
En su escrito, explicó que no tiene interés o legitimación alguna en el proceso de la
referencia; así como tampoco hizo parte del medio de control de reparación directa.
Explicó que el señor López Morales ha acudido a un proceso de pertenencia para
hacerse a un bien de la sociedad extinta, en el que ya se dictaron sentencias de
primera y segunda instancia adversas a sus pretensiones, estando actualmente en
trámite el recurso extraordinario de casación.
Indicó que los accionantes no gozan de legitimación en la causa por activa, pues la
representación de la masa de bienes se encuentra en cabeza del síndico, el cual,
conforme el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá es el señor
José Francisco Martínez Garavito.
1.6.5. José Francisco Martínez Garavito
Concurrió al proceso alegando la calidad de síndico de la masa de la quiebra de
Industrias Ancón Ltda., solicitando que se declare improcedente la solicitud de
amparo invocada por los accionantes.
Precisó que los acá accionantes han promovido múltiples acciones constitucionales
contra las decisiones que se han adoptado en los procesos de quiebra y restitución
de inmueble.
Concluyó que los accionantes, esto es los señores Cesar Augusto Pineda Mendoza,
Felipe López Ospina y Jairo López Morales, no ostentan la representación legal de
la sociedad, pues, la única persona que ostenta la condición de síndico es la que
figura en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Las demás personas y autoridades vinculadas, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, guardaron silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
por cuanto se dirige contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
2.2. Problemas jurídicos
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró las garantías
invocadas por la parte actora con ocasión del fallo dictado al interior del
proceso ordinario en ejercicio del medio de control de reparación directa,
identificado con radicado 25000-23-36-000-2014-01097-00/01/02?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) la legitimación en causa por activa como requisito de procedencia y, (iii)
el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su procedencia7.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Legitimación en la causa por activa
El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede acudir a
la acción de tutela «para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».
En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 «Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», en los artículos 1°, 10, 46
y 49, precisa que dicha acción puede ser presentada por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a
través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales8.
De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto»9. (Subrayas fuera de
texto).
8Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-793, 27.09.07, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
9“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018
del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez”.
10
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200310, manifestó que la acción de
tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá
ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se
«requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es
decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción.
Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de
que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no
sepa escribir o sea menor de edad»11.
En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, con ponencia del Dr.
Jaime Córdoba Triviño, señaló:
«La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación
en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades12, a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en
los procesos de tutela» (Subraya fuera de texto)
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso
de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar
el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del
ejercicio por medio de agente oficioso…»13.
En línea con lo anterior, el alto Tribunal Constitucional, en la sentencia T-697 de
2006, indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución,
se tiene que «un primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela es la exigencia de
que quien solicite el amparo, se encuentre «legitimado en la causa» para presentar la
solicitud de protección de sus derechos fundamentales. La legitimación «por activa» exige
que el derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental radicado en cabeza
del demandante y no, en principio, de otra persona».
Así las cosas, es importante recordar que, en relación con la legitimación por activa
en la acción de tutela, en sentencia de Unificación SU-173 de 2015, se estableció lo
siguiente:
«La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción de tutela,
debido a que los derechos fundamentales son inherentes a las personas y, además,
son intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas o entidades territoriales.
10 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T- 1020, 30.10.03, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
11“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del
Decreto 2591 de 1991.”
12“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”
13 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
11
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(…)
La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es excepcional y
por lo mismo sólo puede intentarse cuando el interesado demuestre que se ven
afectados sus derechos fundamentales y que se halle imposibilitado para deprecar por
sí mismo el amparo constitucional; así los interesados son aquellas personas a quienes
la decisión afecte directamente en sus derechos fundamentales, esto es, las partes del
litigio».14
2.5. Caso concreto
Una revisión del expediente ordinario correspondiente al medio de control de
reparación directa 25000-23-36-000-2014-01097-00/01/02, permite establecer que la
parte demandante estuvo conformada por la masa de la quiebra de Industrias Ancon
Ltda., conforme se lee en el escrito de demanda con el que se dio inicio al citado
asunto15.
Asimismo, una revisión del citado proceso permite establecer que en dicho asunto
los señores Cesar Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y Jairo López
Morales, no concurrieron como sujetos que hayan conformado la parte demandante,
y tampoco actuaron como posibles coadyuvantes.
Por otro lado, se tiene que, conforme el certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá se tiene por demostrado que
la sociedad Industrias Ancon Ltda., tiene su matrícula mercantil actualmente
cancelada.
14 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-173, 16.04.15., M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
15 Conforme se colige de la revisión realizada al expediente ordinario.
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Asimismo, se debe tener en cuenta que en la actualidad, con ocasión del proceso de
quiebra que actualmente cursa en el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, se
designó al síndico, que, conforme las disposiciones mercantiles, ejerce la
representación legal y es el señor José Francisco Martínez Garavito.
Lo anterior quiere decir, en otros términos, que los señores Cesar Augusto Pineda
Mendoza, Felipe López Ospina y Jairo López Morales no gozan de legitimación en
la causa por activa para promover la acción constitucional del asunto por la sencilla
razón de que no fueron parte del proceso ordinario de reparación directa y, en
consecuencia, la providencia judicial no tiene la capacidad de producirles efectos
jurídicos directos.
Asimismo, se debe tener en cuenta que las citadas personas, con independencia de
la calidad de posibles acreedores en el proceso de quiebra, no tienen la capacidad
para representar legalmente a la masa de bienes que conforman los activos de
Industrias Ancón Ltda., pues, como se precisó anteriormente, dicha calidad la ejerce
actualmente el síndico, quien concurrió al trámite del asunto y desconoció las
actuaciones judiciales realizadas en nombre de la citada masa de bienes.
Conforme lo expuesto, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
promovida por los señores Cesar Augusto Pineda Mendoza, Felipe López Ospina y
Jairo López Morales, por cuanto no gozan de legitimación en la causa por activa; y,
adicionalmente, tampoco ostentan la calidad de síndico dentro de la masa de la
quiebra de Industrias Ancon Ltda.
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III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de los
accionantes, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que no sea impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del
artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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