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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00419-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00419-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00419-00 Actor: BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00419-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00419-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. EL ACTOR NO FUE VINCULADO
COMO PARTE DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE
NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN
EL QUE SE PROFIRIÓ LA PROVIDENCIA CUESTIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO Y
PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS DE MÉRITOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1, el

MINISTERIO DEL TRABAJO2 y la UNIVERSIDAD DE

PAMPLONA3.

I – ANTECEDENTES

1
En adelante Tribunal.
2
En adelante Ministerio.
3
En adelante Universidad.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00419-00
Actor: BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL

I.1. La Solicitud

El señor BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al al acceso y

participación en concursos de méritos, los cuales estima vulnerados

por el MINISTERIO, la UNIVERSIDAD y el TRIBUNAL, por cuanto

presuntamente esta última autoridad no ha dado apertura al trámite

incidental por el incumplimiento de lo dispuesto en las sentencias de

12 de diciembre de 2023 y 25 de abril de 2024, proferidas,

respectivamente, por dicha corporación judicial y la SECCIÓN

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO4, dentro del medio de control

de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos

administrativos identificado con el número único de radicación 2023-

01363-01.

I.2. Hechos

Manifestó que el Decreto núm. 1352 de 26 de junio de 20135, dispuso

que la selección de los miembros integrantes de las juntas de

calificación de invalidez debería efectuarse a través de un concurso

público de méritos.

4
En adelante Sección Quinta.
5
“Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez,
y se dictan otras disposiciones.”

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3

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Actor: BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL

Aseguró que a pesar del mandato legal previsto desde el 2011, no se

ha realizado el concurso de méritos para renovar las juntas de

calificación de invalidez, por lo que los miembros nombrados en esa

oportunidad continúan ejerciendo de manera indefinida sus cargos.

Mencionó que con ocasión a la omisión prolongada de convocar a un

nuevo concurso de méritos, el señor JESÚS ARNULFO COBO

GARCÍA promovió medio de control de cumplimiento de normas con

fuerza material de ley o de actos administrativos contra el

MINISTERIO, con el fin de obtener el acatamiento de lo dispuesto

en el inciso 1o. del artículo 6 del Decreto núm. 1352 de 2013.

Aseveró que la demanda le correspondió por reparto al TRIBUNAL

que, mediante providencia de 12 de diciembre de 2023, ordenó al

MINISTERIO dar cumplimiento a la normativa en mención y fijó

para ello un plazo de seis meses.

Indicó que inconformes con lo anterior el MINISTERIO y la

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE

INVALIDEZ6, interpusieron recursos de apelación ante la SECCIÓN

QUINTA que, mediante providencia de 25 de abril de 2024, confirmó

la decisión del a quo.

6
En adelante COLJUNTAS.

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I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, el TRIBUNAL y las entidades accionadas

han incurrido en violación del debido proceso administrativo, pues a

pesar de existir una sentencia judicial ejecutoriada, han incumplido

de forma injustificada la orden de adelantar el concurso de méritos

para proveer cargos en las juntas de calificación de invalidez.

Mencionó que la demora excesiva en el inicio del concurso de méritos

ha generado un estado de indefensión e inseguridad jurídica a los

concursantes potenciales y usuarios del sistema.

Aseguró que la acción constitucional pretende el restablecimiento del

imperio de la legalidad y el mérito, ordenando al MINISTERIO las

medidas concretas para cesar la vulneración y garantizar el

cumplimiento de los fallos y normas incumplidas.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] Primero: Solicito amparar mis derechos fundamentales al
debido proceso en conexidad al acceso a la participación en
concurso de méritos, declarando que tales garantías han sido
vulneradas por la omisión prolongada e injustificada por parte del
MINISTERIO DEL TRABAJO y la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA en no
suscribir el acta de inicio y dar ejecución al Conio (sic)
Interadministrativo destinado a realizar el concurso público de
méritos ordenado para la selección de los miembros de las Juntas
de Calificación de Invalidez y porque el TRIBUNAL

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ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN “A” ha omitido dar apertura el correspondiente
incidente de desacato en contra del Ministerio de Trabajado por no
cumplir la sentencia judicial fechada 12 de diciembre de 2023, (rad.
25000-23-41-000-2023- 01363-01) Demandante: Jesús Arnulfo
Cobo García.

Segundo. Que como consecuencia del amparo otorgado, se
ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “A” dar apertura incidente de
desacato en contra del MINISTERIO DE TRABAJO por no cumplir la
sentencia judicial fechada 12 de diciembre de 2023, (rad. 25000-
23-41-000-2023-01363-01) Demandante: Jesús Arnulfo Cobo
García.

Tercero. Que, como consecuencia del amparo otorgado, se ordene
al MINISTERIO DEL TRABAJO y la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
realizar, sin más dilaciones, todas las acciones necesarias para dar
inicio y llevar a feliz término el concurso público de méritos en
cuestión. En particular, se solicita al despacho impartir las
siguientes órdenes específicas a las entidades demandadas […]”.
(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que las pretensiones incoadas deben

ser desestimadas, comoquiera que el actor no es sujeto procesal

dentro del medio control cuestionado y tampoco se hizo parte como

interesado dentro del respectivo trámite.

Mencionó que la presente solicitud de amparo no cumple con el

requisito de subsidiariedad, en la medida que no se agotó el trámite

incidental para exigir el cumplimiento de la sentencia presuntamente

desatendida.

I.5.2.- El MINISTERIO manifestó que las pretensiones deben ser

denegadas, por cuanto no ha incumplido la orden judicial

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presuntamente incumplida.

Mencionó que suscribió un contrato con la UNIVERSIDAD con el fin

de desarrollar el proceso de selección de los integrantes de los

miembros de las juntas de calificación de invalidez, el cual, en la

actualidad, registra en el sistema SECOP en estado “En ejecución”.

I.5.3.- La UNIVERSIDAD solicitó ser desvinculada del trámite

constitucional de la referencia, toda vez que no goza de legitimación

en la causa por pasiva para actuar, ya que no es la responsable de

las actuaciones que dieron origen a la controversia aquí suscitada.

I.5.3.- COLJUNTAS elaboró un recuento de las actuaciones

adelantadas con el objeto de acatar y dar cumplimiento la orden

judicial proferida por la SECCIÓN QUINTA. Asimismo, aseguró que

las acusaciones formuladas por el actor carecen de fundamento.

I.5.5.- La SECCIÓN QUINTA y el señor JESÚS ARNULFO COBO

GARCÍA, pese a ser notificados del presente trámite, guardaron

silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la UNIVERSIDAD solicitó ser desvinculada en

la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que dicho ente universitario fue vinculado

como accionado al presente trámite constitucional, por cuanto el

actor formuló pretensiones dirigidas en su contra, le asiste interés en

las resultas de la acción constitucional de la referencia. En ese

sentido, la Sala denegará la solicitud de desvinculación, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

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contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al

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acceso y participación en concurso de méritos, los cuales estima

vulnerados por el MINISTERIO, la UNIVERSIDAD y el TRIBUNAL,

por cuanto presuntamente esta última autoridad no ha dado

apertura al trámite incidental por el incumplimiento de lo

dispuesto en las sentencias de 12 de diciembre de 2023 y 25 de abril

de 2024, proferidas, respectivamente por la referida corporación

judicial y la SECCIÓN QUINTA, dentro del medio de control de

cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos

administrativos identificado con el número único de radicación 2023-

01363-01.

Los disensos del actor radican en que TRIBUNAL y las entidades

accionadas han incurrido en violación del debido proceso

administrativo, pues a pesar de existir una sentencia judicial

ejecutoriada, han incumplido de forma injustificada la orden de

adelantar el concurso de méritos para proveer cargos en las juntas

de calificación de invalidez.

Mencionó que la demora excesiva en el inicio del concurso de méritos

ha generado un estado de indefensión e inseguridad jurídica a los

concursantes potenciales y usuarios del sistema.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

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tutela; y ii) de superarse tal derrotero, establecer si la autoridad

judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

Antes de abordar los parámetros planteados en líneas anteriores, la

Sala examinará si el actor está legitimado en la causa por activa para

promover la acción de tutela de la referencia.

La legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°

del Decreto 2591 de 19917 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,

caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,

además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está

en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

demandante y no de otra persona8.

Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital

que se encuentra en el aplicativo de consulta Samai9, la Sala advierte

que dentro del medio de control origen de la controversia, son

sujetos procesales los siguientes:

Expediente núm. 250002341000202301363-00
Demandante: JESÚS ARNULFO COBO GARCÍA
Demandada: MINISTERIO DEL TRABAJO
Vinculado: ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
(COLJUNTAS)

Así las cosas, se tiene que, en principio, los legitimados en la causa

8
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
9
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002341000202301
363002500023

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para promover la presente acción de tutela son las personas

naturales y jurídicas que se constituyeron como parte en el marco

del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material

de ley o de actos administrativos, esto es, el señor JESÚS ARNULFO

COBO GARCÍA, el MINISTERIO y COLJUNTAS.

Sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia fue promovida

por el señor BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL quien acude en

nombre propio y, según su manifestación, por tener una expectativa

y oportunidad legítima para participar en el concurso de méritos de

las juntas de calificación de invalidez.

Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la

legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de tutela

y alega la vulneración de sus derechos fundamentales, está

determinada por la participación en el proceso judicial cuya

revisión depreca en ejercicio del amparo constitucional.

Así lo sostuvo esta Sala en la sentencia de 27 de abril de 201710, en

la que se indicó:

“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la
providencia cuestionada.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00419-00
Actor: BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL

Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia trazada
por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta
Corporación, resulta necesario determinar la legitimación
en la causa por activa, en tanto que uno de los derechos
alegados como vulnerados es el del debido proceso.

Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual, quien
promueva una acción de tutela con el propósito de buscar la
protección del derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o
actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo [11].

Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que
determina que en la acción de tutela la legitimidad para actuar está
radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien ejercerá la acción, directamente
o a través de apoderado, debidamente acreditado [12].

Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto
de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin efecto el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3 de
marzo de 2016, dictada en el medio de control de nulidad electoral
bajo el radicado (…); pues de ésta es que el actor deriva la
vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al debido
proceso, y, como consecuencia de ello, de los de buena fe y de
elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido como
parte en el mismo.

En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de
control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar que el
actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna de

[11] Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias acciones
de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron numerosas
solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de control de
nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00, demanda
promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.:
Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero
de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03870-00.
Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor: Deryan Johan Monsalve
Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
[12] Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero significado
que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que,
no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para
la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

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Actor: BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL

coadyuvancia, razón por la que no puede ser considerado como
parte en ese proceso.

En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia arriba
citada respecto de la legitimación en la causa y con base en el
criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover una acción
de tutela por la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso con ocasión de las decisiones que se
profieran en el respectivo medio de control, quienes
ostenten la calidad de partes en el mismo, […].

Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de esas
calidades, no se encuentra legitimado para promover la
presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación en
la causa por activa […]” (Resaltado es del texto original).

En el mismo sentido, esta Sala en providencia 29 de julio de 202113,

señaló:

“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa
por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del
trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las
personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de desacato,
que en este caso resultaron sancionadas y conminadas a cumplir
la orden de tutela, es decir, los señores i) Darío Antonio Valen
Trujillo, en calidad de Director del Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de
Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) Mauricio Iregui Tarquino, en
calidad de Representante Legal del Consorcio Fondo de Atención en
Salud PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto Díaz Hernández, en
calidad de Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz Botero Coy, en la
calidad de Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
– INPEC, último frente al cual el Tribunal Administrativo del Cauca
resolvió revocar la sanción impuesta.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30 de
octubre de 200314, manifestó que la acción de tutela es un medio
de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada,
quien podrá presentarla directamente o por quien actúe en su
nombre. […]

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.
14
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actor: BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL

En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por la
cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de fondo,
para establecer si en el presente caso concreto hubo o no la
afectación de su derecho fundamental.

En ese sentido, se considera que, en el caso sub examine, la
USPEC carece de legitimación en la causa por activa […]”
(Resaltado por la Sala).

De acuerdo con lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que,

para acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa

en las acciones de tutela contra providencias judiciales, se requiere

que el actor haya sido parte del respectivo proceso judicial que

reprocha, con el fin de que, como inferencia lógica, pueda

alegar que se vulneraron sus derechos fundamentales.

Corolario a lo anterior, es claro que el actor en el presente asunto

carece de legitimación en la causa por activa para formular

solicitud de amparo contra las providencias cuestionadas, por cuanto

no demuestra que se haya hecho parte dentro del proceso judicial en

el que fueron proferidas.

Es del caso resaltar que esta Sala ha sostenido que quien promueva

una acción de tutela con el propósito de buscar la protección de sus

derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con ocasión de

las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un

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Actor: BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL

proceso judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del

mismo15.

Así las cosas, es claro que el señor BORIS GIOVANNY SILVA

SANDOVAL no ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte

dentro del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza

material de ley o de actos administrativos, razón por la que al no ser

titular de los derechos fundamentales cuya vulneración depreca,

carece de legitimación en la causa por activa para promover la

solicitud de amparo de la referencia.

Por último, frente a los reparos del actor contra el MINISTERIO y la

UNIVERSIDAD, respecto a la presunta “[…] omisión prolongada e

injustificada en no suscribir el acta de inicio y dar ejecución al Conio (sic)

Interadministrativo destinado a realizar el concurso público de méritos […],

la Sala advierte que tal y como lo indicó dicha cartera ministerial en

su contestación, en la actualidad el proceso de selección se encuentra

en proceso de ejecución en virtud del contrato administrativo suscrito

con el ente universitario, cuyo inicio se fijó el pasado 18 de

noviembre de 2025, razón por la que tampoco se evidencia

transgresión de derecho fundamental alguno.

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de

15
Es ese sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 7 de septiembre de 2023, identificada
con el número único de radicación 110010315000-2023-04321-00, C.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón
y 2 de noviembre de 2023, identificada con el número único de radicación 110010315000-2023-05226-
00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Actor: BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL

amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del

Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la

legitimación en la causa por activa del actor, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por

falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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