Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2023-01363-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2023-01363-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2023-01363-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2023-01363-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
25 de abril de 2024
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01363-01
Demandante: JESÚS ARNULFO COBO GARCÍA
Demandado: MINISTERIO DEL TRABAJO
Tema: Confirma decisión de primera instancia que ordenó el
cumplimiento de la norma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación formulada por el Ministerio del Trabajo y la
Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez – Coljuntas, contra la
sentencia del 12 de diciembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
El señor Jesús Arnulfo Cobo García, actuando en nombre propio, promovió
demanda en ejerció de la acción de cumplimiento1 en contra del Ministerio del
Trabajo a efectos de obtener el acatamiento del inciso 1° del artículo 62 del Decreto
1352 del 26 de junio de 2013.
Conforme lo anterior, formuló la siguiente pretensión:
Primero: Solicito mediante sentencia que haga tránsito a cosa Juzgada que, se
Ordene al Ministerio de Trabajo, dar cabal cumplimiento al inciso 1 del artículo 6 del
Decreto 1352 del 26 de Junio 2013, “Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras
disposiciones”, en el sentido de: realizar a través de una Universidad concurso público
y objetivo para la selección de los integrantes y miembros de las Juntas de
1 La demanda se presentó el 3 de octubre de 2023 a través de correo electrónico.
2 Artículo 6. Proceso de selección de los integrantes y miembros de las Juntas de Calificación de
Invalidez. El Ministerio del Trabajo por intermedio de una universidad de reconocido prestigio y con
recursos del Fondo de Riesgos Laborales, de conformidad con el artículo 142 del Decreto-ley 19 de
2012, realizará un concurso público y objetivo para la selección de los integrantes y miembros de las
Juntas de Calificación de Invalidez establecerá la lista de elegibles mediante la cual se conformarán
sus miembros e integrantes, a partir del mayor puntaje.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
Calificación de Invalidez establecerá la lista de elegibles mediante la cual se
conformarán sus miembros e integrantes, a partir del mayor puntaje.3
1.2. Hechos probados y/o admitidos
El parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52
de la Ley 962 de 2005 y posteriormente por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de
2012, estableció los criterios para la selección de los miembros de las Juntas
Regionales y Nacional de Pérdida de Capacidad Laboral y de Invalidez. Dicha
norma establece:
Para la selección de los miembros de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación
de Invalidez, el Ministerio del Trabajo tendrá en cuenta los siguientes criterios:
La selección se hará mediante concurso público y objetivo, cuya convocatoria se
deberá hacer con no menos de dos (2) meses de antelación a Ia fecha del concurso
e incluirá los criterios de ponderación con base en los cuales se seleccionará a los
miembros de estos organismos. La convocatoria deberá publicarse en un medio de
amplia difusión nacional.
Dentro de los criterios de ponderación se incluirán aspectos como experiencia
profesional mínima de cinco (5) años y un examen escrito de antecedentes
académicos sobre el uso del manual de pérdida de capacidad laboral y de invalidez,
el cual se realizará a través de una entidad académica de reconocido prestigio. Los
resultados del concurso serán públicos y los miembros de las Juntas serán
designados por el Ministro del Trabajo, comenzando por quienes obtuvieran mayor
puntaje.
La conformación de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez podrá ser
regionalizada y el manejo de sus recursos será reglamentado por el Gobierno
Nacional de manera equitativa. El proceso de selección de los integrantes de las
juntas de calificación de invalidez se financiará con recursos del Fondo de Riesgos
Profesionales
Posteriormente, se expidió el Decreto 1352 de 2013, por el cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez,
estableciendo que los miembros de las juntas de calificación tendrían un periodo de
3 años, así como también se indicó la conformación e integrantes de estas.
Por otra parte, el artículo 6.° del citado decreto, estableció que el Ministerio del
Trabajo es la autoridad competente para adelantar el concurso público
correspondiente, a efectos de elaborar la lista de elegibles para ocupar los
anteriores cargos.
Con base en lo anterior, entre la citada cartera ministerial y la Universidad Nacional
de Colombia se celebró el convenio interadministrativo N°. 362 de 2010, el cual tuvo
como objeto adelantar las pruebas pertinentes. Como resultado de esto, durante los
años 2011 y 2012 se profirieron los actos administrativos por medio de los cuales
se realizaron los nombramientos correspondientes.
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
En aras de dar cumplimiento al parágrafo 1.° del artículo 6.° del Decreto 1352 de
20134, el Ministerio del Trabajo y la Universidad Nacional de Colombia suscribieron
el convenio interadministrativo 566 de 2022, cuyo objeto fue conformar un banco de
hojas de vida para suplir las eventuales plazas al interior de las juntas en el caso
que la lista de elegibles quedase sin aspirantes.
El 21 de septiembre de 2023, con base en el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, el
señor Jesús Arnulfo Cobo García radicó ante el Ministerio de Trabajo escrito para
agotar el presupuesto de renuencia respecto al inciso 1.° del artículo 6.° del Decreto
1352 de 2013.
Por su parte, la autoridad administrativa mediante comunicado del 26 de septiembre
de 2023, explicó que varios artículos del Decreto 1352 de 2013, fueron declarados
nulos por parte del Consejo de Estado5, entre ellos el artículo 5° que establecía la
estructura interna de las juntas regionales y nacional de calificación, circunstancia
que no hace posible adelantar el concurso de méritos.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Admisión y vinculación de terceros con interés
Por auto del 9 de noviembre de 2023, el magistrado ponente en primera instancia,
avocó el conocimiento de la acción, ordenó notificar al Ministerio del Trabajo6 y tuvo
como pruebas los documentos aportados con la demanda.
Posteriormente, mediante proveído del 27 de noviembre de 2023, negó la
vinculación de la Universidad Nacional de Colombia, por cuanto se pretendía
analizar los convenios interadministrativos suscritos con el Ministerio del Trabajo,
situación que escapa del objeto de la acción de cumplimiento.
En igual sentido, no accedió a llamar al trámite a los miembros que conforman
actualmente cada una de las juntas regionales y nacional de calificación. Lo anterior,
por cuanto se ordenó la vinculación de la Asociación Colombiana de Junta de
Calificación de Invalidez7.
4 Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo a partir de la vigencia del presente decreto y hasta que se
realice el próximo concurso, podrá nombrar de manera provisional integrantes para las juntas
actuales y las que hagan falta por conformar y su periodo de actuación será hasta culminar el periodo
de vigencia de los actuales integrantes utilizando para ello la lista de elegibles vigente.
Si una vez agotada esta lista, aún faltan juntas por conformarse, podrá seleccionarse directamente
sus integrantes sin concurso y con las hojas de vida que el Ministerio del Trabajo tenga disponibles
y que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo de conformación de juntas de calificación de
invalidez.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Rad.
11001-03-25-000-2013-01776-00 del 2 de diciembre de 2021. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
6 Notificado mediante oficio No. 6613 del 15 de noviembre de 2023
7 Notificada mediante oficio No. 7274 del 29 de noviembre de 2023
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
1.3.2. Contestación de la demanda
El Ministerio del Trabajo, por conducto de apoderado judicial, solicitó que se nieguen
las pretensiones de la demanda, para lo cual explicó que no era procedente
adelantar el concurso de méritos establecido en el artículo 6 del Decreto 1352 de
2013.
En sustento de lo anterior, indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, al interior del proceso de simple nulidad radicado No. 11001-03-25-
000-2013-01776-00 profirió sentencia el 2 de diciembre de 2021 en la que resolvió
lo siguiente:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los artículos 5 (excluidos los parágrafos 3 y
4), 8, 9(incluido el parágrafo), así como de los parágrafos 2 y 3 del artículo 6 y del
parágrafo tercero del artículo 49 del Decreto 1352 de 2013 por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia
Frente a los artículos 5, 8 y 9 explicó que dichas normas consignan la estructura
orgánica8 que deben tener las juntas de calificación de invalidez, lo cual, se
encuentra sujeto a reserva legislativa y, en consecuencia, no podía ser
reglamentado por el poder ejecutivo a través de un decreto reglamentario.
Siendo ello así, al no existir claridad frente a la arquitectura interna de las juntas de
calificación de invalidez, en cuanto al talento humano que lo conforma, el Ministerio
de Trabajo alegó que no resultaba procedente realizar el concurso de méritos, pues,
existe una incertidumbre respecto a los cargos a ofertar y el perfil que deben tener
los aspirantes.
Refirió que el tema del concurso adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta
las disposiciones del Decreto 1083 de 2015, dado que el proceso de selección
impone agotar unas etapas, las cuales no se podrían llevar a buen término sin contar
con la planta de personal correspondiente.
Por último, puso de presente que el Ministerio del Trabajo impulsó ante el Congreso
de la República el proyecto de ley9 por medio del cual se pretendió regular el tema
de la integración de las juntas de calificación de invalidez, el cual, en el mes de junio
de 2023 concluyó su trámite con archivo.
En cuanto a la Asociación Colombiana de Junta de Calificación de Invalidez, pese
a haber sido vinculada al presente asunto, en la oportunidad procesal
correspondiente guardó silencio.
8 La Corte Constitucional en la sentencia C-306 de 2004 precisó: La referencia que se haga a la
estructura orgánica de una entidad administrativa, necesariamente hace mención a todos los
elementos que integran el órgano, debiendo considerarse allí incluido, tanto lo relacionado con el
elemento humano que lo conforma, es decir, los empleados y funcionarios que ponen al servicio del
ente público su voluntad, como lo relacionado con su aspecto patrimonial, de conformidad con lo
dispuesto por el respectivo ordenamiento jurídico.
9 PL 109 de 2020 del 14 de agosto de 2020. Por el cual se establece la conformación e integración
de las juntas regionales y nacional de la calificación de invalidez y se dictan otras disposiciones.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
1.3.3. Sentencia de primera instancia
El a quo, luego de agotadas las etapas procesales para este tipo de asuntos, dictó
sentencia el 12 de diciembre de 2023, en la que dispuso:
PRIMERO.- ACCEDER a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, se
ORDENA al Ministerio del Trabajo dar cumplimiento al mandato previsto en el inciso
primero del artículo 6 del Decreto 1352 de 26 de junio de 2013. Término máximo para
el cumplimiento de la orden: seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
[…]
En criterio de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la sentencia que profirió la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos del Decreto 1352 de
2013, no tiene la virtualidad de tornar el mandato legal carente de exigibilidad.
Al respecto, precisó que las disposiciones vigentes del Decreto 1352 de 2013
resultan suficientes para lograr la provisión de los empleos al interior de las juntas
de calificación de invalidez, bien sea por concurso de méritos o en provisionalidad.
Aunado lo anterior, resaltó que desde la Ley 100 de 1993 en sus artículos 42 y 43,
ya se había establecido la selección de los miembros de las juntas de calificación,
los cuales fueron modificados mediante la Ley 1562 de 2012, la cual, a su turno,
sirvió de fundamento al citado Decreto 1352 de 2013.
En igual sentido, indicó que la norma que se acusa como no cumplida, es una
reproducción del artículo 142 del Decreto 19 de 2012 que modificó el artículo 41 de
la Ley 100 de 199310, lo cual significa, en otros términos, que el inciso 1° del artículo
6 del Decreto 1352 de 2013 «constituye un verdadero reglamento ejecutivo».
Finalmente, frente al parágrafo 1.° de la citada disposición, que posibilita al
Ministerio del Trabajo para suplir las vacantes en las juntas de calificación mediante
10 Parágrafo 1. Para la selección de los miembros de las Juntas Regionales y Nacional de
Calificación de Invalidez, el Ministerio del Trabajo tendrá en cuenta los siguientes criterios:
La selección se hará mediante concurso público y objetivo, cuya convocatoria se deberá hacer con
no menos de dos (2) meses de antelación a la fecha del concurso e incluirá los criterios de
ponderación con base en los cuales se seleccionará a los miembros de estos organismos. La
convocatoria deberá publicarse en un medio de amplia difusión nacional.
Dentro de los criterios de ponderación se incluirán aspectos como experiencia profesional mínima
de cinco (5) años y un examen escrito de antecedentes académicos sobre el uso del manual de
pérdida de capacidad laboral y de invalidez, el cual se realizará a través de una entidad académica
de reconocido prestigio. Los resultados del concurso serán públicos y los miembros de las Juntas
serán designados por el Ministro del Trabajo, comenzando por quienes obtuvieran mayor puntaje.
La conformación de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez podrá ser regionalizada y el
manejo de sus recursos será reglamentado por el Gobierno Nacional de manera equitativa. El
proceso de selección de los integrantes de las juntas de calificación de invalidez se financiará con
recursos del Fondo de Riesgos Profesionales.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
el banco de hojas de vida, advirtió que su carácter era transitorio, pues, el correcto
proceder imponía adelantar el correspondiente concurso.
1.3.4. Impugnación del Ministerio del Trabajo
Explicó que, con ocasión del fallo proferido por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos del
Decreto 1352 de 2013, resulta claro que la cartera ministerial le está prohibido emitir
disposiciones frente a la estructura orgánica que conforman las juntas de calificación
de invalidez.
En cuanto a la interpretación y aplicación del artículo 42 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 16 de la Ley 1562 de 2012, reiteró que la reglamentación
es de competencia exclusiva del poder legislativo, por lo que, desde su punto de
vista, las atribuciones en cabeza del Ministerio del Trabajo son de carácter operativo
y financiero.
Por lo anterior, reiteró que se configura una imposibilidad jurídica por parte de la
cartera ministerial para llevar a cabo el concurso correspondiente, toda vez que es
necesario, previo a adelantar este, contar con la estructura orgánica de las juntas
de calificación de invalidez.
Explicó que la interpretación dada por el a quo, pese a ser acertada, pues el inciso
1.° del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013 efectivamente contiene un mandato que
desarrolla el procedimiento para elegir a los miembros de las juntas de calificación
de invalidez; difiere en cuanto a que la falta de una ley expedida por el Congreso de
la República que determine las autoridades de dirección y administración de tales
juntas, torna en una imposibilidad jurídica la realización del concurso.
1.3.5. Impugnación de la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de
Invalidez – Coljuntas
Reprochó que la decisión proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no tuvo en cuenta los pronunciamientos
de la Corte Constitucional que sostuvieron que es competencia privativa del
Congreso de la República proferir la ley correspondiente para regular la estructura
orgánica de las entidades del orden nacional.
A partir de la anterior premisa, imponer al Ministerio del Trabajo la obligación de
adelantar el concurso de méritos para la provisión de los cargos en las juntas de
calificación de invalidez, significa conminar a la entidad a desconocer los
argumentos que en su oportunidad planteó la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado al momento de analizar la legalidad de las disposiciones del
Decreto 1352 de 2013.
Acotó que el hecho que el inciso 1.° del artículo 6 del citado decreto no haya sido
removido del ordenamiento jurídico, no implica automáticamente su posibilidad de
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
cumplimiento, pues, se encuentra supeditado a la existencia de la ley que regule lo
atinente a la configuración interna de las juntas de calificación de invalidez.
Frente a la aplicación del Decreto 19 de 2012, explicó que el mandato contenido en
el artículo 142 se contrajo a indicar que la forma de selección de los miembros sería
a través del concurso de méritos, lo cual reitera la norma que es objeto de la acción
de cumplimiento. No obstante, se hace énfasis que no existe una ley que regule la
estructura y funcionamiento.
Reprochó el ejercicio realizado por el a quo frente a la aplicación de las sentencias
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pues, considera que este fue
discrecional y caprichoso, con el único fin de sustentar la postura consignada en la
decisión objeto de impugnación.
Por último, manifestó que solo hasta que el Congreso de la República promulgue la
ley pertinente, se podrá aplicar el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, es decir,
dicha norma tampoco podría ser susceptible de cumplimiento.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 12 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad
con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de
la Ley 1437 de 201111, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la
Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia
en las acciones de cumplimiento».
2.2. Cuestión previa11
La Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez – Coljuntas, radicó
en la Secretaría General de esta corporación memorial contentivo de solicitud de
nulidad del proceso12, pues, manifestó que no fue notificada en debida forma de la
existencia del asunto y, en consecuencia, se le cercenaron sus derechos de defensa
y contradicción.
11 Conforme se colige del expediente de Samai, con posterioridad al fallo de primera instancia y antes
de haber sido concedida la impugnación correspondiente, se presentaron múltiples escritos
emanados de Mary Pachón Pachón y Víctor Hugo Trujillo Hurtado, miembros de la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez; el apoderado judicial de Coljuntas; y Yolima Zapata Vasco,
representante legal de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta; en los que formularon
solicitud de nulidad del proceso por cuanto consideran que no hubo una correcta integración del
contradictorio. (Ver índices 29, 34, 38, 39 y 41).
12 Ver índice 4 de Samai de segunda instancia.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
Al respecto, como punto de partida, se debe tener en cuenta que la anterior situación
fue puesta en conocimiento ante la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual, por auto del 24 de enero de 2024
desestimó esta por no haberse configurado el yerro alegado.
La Sala, al realizar un ejercicio de verificación, corroboró que la Asociación
Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez – Coljuntas en su sitio web
registra como dirección de contacto el correo directoradmin@coljuntas.com.co.
Asimismo, dicha dirección coincide a la que fue remitida el oficio 7274 del 29 de
noviembre de 2023, circunstancia por la cual, se colige que no se configuró el vicio
alegado.
Conforme lo anterior, dicha parte deberá estarse a lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en auto de fecha
24 de enero de 2024.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
proferida el 12 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que accedió a las pretensiones de
la demanda. Para lo cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes
problemas jurídicos:
• Se cumplió con la constitución de renuencia de la autoridad encargada de
dar cumplimiento al inciso 1° del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013.
• Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.
En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:
• El Ministerio del Trabajo se encuentra en la obligación de acatar la orden
establecida en el inciso 1º del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013, que
ordena la realización de un concurso de méritos para la selección de los
integrantes y miembros de las juntas de calificación de invalidez.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
2.4. Razones jurídicas de la decisión
A efectos de resolver los interrogantes anteriormente planteados, resulta pertinente
abordar los siguientes temas: i) naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el
estudio del requisito de renuencia, iii) análisis de los presupuestos de procedencia
en el caso concreto.
2.4.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».
En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo» (subrayado por fuera del texto).
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)13
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).
2.4.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento
Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
13Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[14] (Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»15,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»16
El anterior presupuesto se encuentra acreditado en el proceso, pues, de los
documentos arrimados con la demanda, obra el correo electrónico remitido por el
señor Cobo García en el cual conminó al Ministerio del Trabajo a dar cumplimiento
a la norma de marras.
14 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
15 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
Por su parte, el texto de la solicitud fue el siguiente:
Cordial Saludo,
Jesus Arnulfo Cobo Garcia mayor de edad, domiciliado(a) y residente en la ciudad de
Bogotá D.C., identificado(a) como aparece al pie de su firma, facultado por el artículo
8 Ley 393 de 1997 y previa a la radicación del medio de control administrativo de
acción de cumplimiento, solicito de manera atenta y cordial el acatamiento y
cumplimiento del Artículo 6 del Decreto 1352 del 26 de Junio 2013, “Por el cual se
reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez, y se dictan otras disposiciones.” proferido por el Presidente De La República
De Colombia, en loque respecta a los párrafos en negrilla discriminando a
continuación:
ARTÍCULO 6°. Proceso de selección de los integrantes y miembros de las Juntas
deCalificación de Invalidez. El Ministerio del Trabajo por intermedio de una
universidad de reconocido prestigio y con recursos del Fondo de Riesgos
Laborales, de conformidad con el artículo 142 del Decreto-ley 19 de 2012,
realizará un concurso público y objetivo para la selección de los integrantes y
miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez establecerá la lista de
elegibles mediante la cual se conformarán sus miembros e integrantes, a partir
del mayor puntaje.17
Por su parte, el Ministerio del Trabajo mediante oficio del 26 de septiembre de 2023
explicó que no se encuentra en estado de renuencia frente a la disposición legal
alegada, toda vez que ha dado cabal cumplimiento a las decisiones judiciales que
se han proferido sobre la materia. Por lo que concluyó:
Sin Ley sobre requisitos y condiciones para ser una persona miembro o integrante de
la Junta Nacional o Regional de Invalidez no se puede adelantar o realizar el concurso
correspondiente con una universidad tal y como está establecido en el artículo 6 del
decreto 1352 de 2010 por tanto es improcedente el trámite de la acción de
cumplimiento.
Con base en lo anterior, con independencia de la respuesta dada por la autoridad
accionada que cuestiona el fondo de la controversia, se concluye que en el presente
asunto se encuentra satisfecho el requisito de constitución en renuencia.
2.4.3. Análisis del caso concreto
Como punto de partida, resulta pertinente traer a colación la disposición legal que
invoca el señor Jesús Arnulfo Cobo García como incumplida por parte del Ministerio
del Trabajo. En concreto, el actor alegó el inciso 1º del artículo 6 del Decreto 1352
de 2013 que dispone:
Artículo 6°. Proceso de selección de los integrantes y miembros de las Juntas de
Calificación de Invalidez. El Ministerio del Trabajo por intermedio de una universidad
de reconocido prestigio y con recursos del Fondo de Riesgos Laborales, de
conformidad con el artículo 142 del Decreto-ley 19 de 2012, realizará un concurso
público y objetivo para la selección de los integrantes y miembros de las Juntas de
17 Transcripción tomada del original con posibles errores.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
Calificación de Invalidez establecerá la lista de elegibles mediante la cual se
conformarán sus miembros e integrantes, a partir del mayor puntaje.
Frente a la naturaleza de la anterior disposición, se tiene que el Decreto 1352 de
2013 es un decreto reglamentario expedido en el ejercicio de la potestad que la
Constitución Política le otorga al Presidente de la República18 y, en consecuencia,
es susceptible de la acción de cumplimiento conforme lo dispone el artículo 1º de la
Ley 393 de 1997, pues, se trata de un acto administrativo de carácter general.
Adicionalmente, se tiene que la citada norma se encuentra vigente actualmente,
pues, no existe otra disposición legal o decisión judicial que la haya removido del
ordenamiento jurídico.
En este punto, resulta pertinente mencionar que el Decreto 1352 de 2013 fue objeto
de demanda de nulidad ante el Consejo de Estado19 que estudió la legalidad de los
artículos 5, 6, 8 y 9 (incluido el parágrafo), inciso segundo del artículo 46, y parágrafo
tercero del artículo 49 del Decreto 1352 de 2013 y concluyó con sentencia en la que
se resolvió:
[…]
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los artículos 5 (excluidos los parágrafos 3 y
4), 8, 9 (incluido el parágrafo), así como de los parágrafos 2 y 3 del artículo 6 y del
parágrafo tercero del artículo 49 del Decreto 1352 de 2013 por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia
[…]
Es decir que el artículo sobre el cual recae la presente acción de cumplimiento no
fue declarado nulo, toda vez que la citada decisión consignó lo siguiente:
[…]
De conformidad con el texto del artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, la selección
de los miembros de las juntas de calificación de invalidez se debe hacer por medio de
concurso público, luego, se trata de una materia que ya se desarrolló en una norma
con fuerza material de ley. En esta, se determinó que en los criterios de ponderación
deben incluir aspectos como experiencia profesional mínima de cinco (5) años y un
examen escrito de antecedentes académicos sobre el uso del manual de pérdida de
capacidad laboral y de invalidez, además señaló la posibilidad de operar por regiones.
Así las cosas, la primera parte del artículo 6 del Decreto 1563 de 2013 se limitó
a reproducir las reglas establecidas en el artículo 142 del Decreto Ley 19 de
2012, pues reiteró la provisión de los cargos de miembros e integrantes de las
juntas de calificación a través de concursos en los que se tenía que evaluar el
conocimiento del manual de pérdida de capacidad laboral y de invalidez, así
como de la experiencia profesional.
18 Art. 189: Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa:
[…]
11 . Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y
órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
19 aa
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
En ese orden de ideas, se puede considerar que el artículo 6 (salvo los parágrafos,
aspecto sobre el que se regresará a continuación) del Decreto 1352 de 2013,
constituye un verdadero reglamento ejecutivo, puesto que se limitó a desarrollar el
procedimiento de selección que estableció el legislador extraordinario en el Decreto
Ley 19 de 2012, es decir, el Gobierno Nacional complementó el contenido del decreto
ley para detallarlo, desarrollarlo, o para preparar su ejecución, y, por lo tanto, no se
desconoció el principio de reserva de ley en la materia.
Es importante poner de presente que en la sentencia C – 120 de 2020 la Corte
Constitucional analizó una demanda de inexequibilidad en contra del artículo 142 del
Decreto Ley 19 de 2012 y lo declaró ajustado a nuestra Constitución Política.
En esa oportunidad los demandantes consideraron que el permitir que la misma
entidad que tiene que asumir la obligación del pago de las pensiones sea la que
realice la primera evaluación viola los derechos fundamentales al debido proceso y a
la seguridad social.
La Corte Constitucional consideró que la medida es razonable por cuanto propende
hacia un fin legítimo (lograr agilizar y hacer más eficiente el trámite), mediante el
ejercicio de una facultad regulativa (establecer una competencia) que es idónea para
lograr el fin que se busca (evitar que los trámites en los que las aseguradoras
consideran que sí hay lugar a una pérdida de capacidad laboral y ocupacional tengan
que esperar a que se adelante el proceso administrativo ante las juntas regionales).
Ahora bien, respecto de los parágrafos del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013 es
preciso señalar lo siguiente:
El parágrafo primero, estableció una disposición transitoria hasta que se realice
el próximo concurso, por lo que no hay lugar a declarar su nulidad.
Sin embargo, los parágrafos 2 y 3 del artículo 6, contienen determinaciones sobre la
conformación de las salas, nombramientos provisionales, selección directa,
modificación de integrantes de las juntas que claramente hacen parte de la estructura
orgánica de la entidad, por lo que se trata de aspectos sometidos a reserva de ley, y
por lo tanto se declarará su nulidad.
A partir de lo anterior, esta Sala considera que mientras que el artículo 6 del Decreto
1352 de 2013 (incluido el parágrafo 1) se ajusta al ordenamiento jurídico colombiano,
hay lugar a declarar la nulidad de sus parágrafos 2 y 3, por lo que así se establecerá
en la parte resolutiva de la presente providencia. (resaltado de la sala)
Por otra parte, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada; en
igual sentido, el debate que se plantea en esta instancia no es susceptible de ser
ventilado a través de la acción de tutela, toda vez que no se ven involucrados
derechos fundamentales.
Finalmente, la realización del concurso, conforme lo indicó el a quo, se debe hacer
con recursos del Fondo de Riesgos Laborales20, tal como lo establece la norma
objeto de cumplimiento.
20 El fondo de riesgos laborales es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita
al ministerio de trabajo y sus recursos son administrados en fiducia.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a la pretensión del señor Cobo García, por cuanto encontró
acreditado que el inciso 1º del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013 «contiene un
mandato claro, expreso y exigible a cargo del Ministerio del Trabajo consistente en
realizar un concurso público y objetivo para la selección de los integrantes y
miembros de las juntas de calificación de invalidez y establecer la lista de elegibles
mediante la cual se conformarán sus miembros e integrantes, a partir del mayor
puntaje.»
Frente a los efectos de la sentencia que dictó la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que analizó la legalidad del citado decreto, explicó
que la norma sobre la cual versa la solicitud de cumplimiento no fue afectada por la
decisión y, en ese sentido, el Ministerio del Trabajo tiene a su alcance las
herramientas necesarias para adelantar el respectivo concurso de méritos.
Por último, indicó que la cartera ministerial puede suplir los requisitos echados de
menos en aplicación del parágrafo 1º del artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012,
el cual, fue reproducido a integridad en el inciso primero del artículo 6 del Decreto
1352 de 2013.
A partir de la anterior exposición, la Sala anticipa que confirmará la decisión de
primera instancia, en la medida que en el presente asunto se satisfacen los
requisitos para que prospere la acción de cumplimiento.
La obligación consignada en el inciso 1º del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013,
resulta imperativa, expresa e inobjetable; aunado que se estableció la autoridad
encargada de su acatamiento, esto es el Ministerio del Trabajo. En ese sentido, es
claro que la designación de los miembros de las Juntas Nacional y Regional de
Calificación de Invalidez se debe hacer mediante un concurso público, y
excepcionalmente se puede hacer uso del banco de hojas de vida para suplir tales
cargos, pues así quedó expresamente establecido en el inciso 2.° del parágrafo
primero de la citada norma.
Ahora bien, tanto el Ministerio del Trabajo como la Asociación Colombiana de Juntas
de Calificación de Invalidez – Coljunta, presentaron escritos de impugnación los
cuales tienen similar fundamentación, pues, tanto uno como otro advierten que se
configura una imposibilidad jurídica para llevar a cabo el concurso de méritos, toda
vez que el artículo 5º del Decreto 1352 de 2013 fue declarado nulo por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en razón a que se violaba el
principio de reserva legal y, por ende, la fijación de la estructura orgánica de las
juntas de calificación de invalidez es competencia exclusiva del Congreso de la
República.
Por lo anterior, estiman que al haber desaparecido del universo jurídico la anterior
disposición, no resulta plausible realizar la convocatoria para un concurso de
méritos en el cual se escojan a los miembros de las juntas de invalidez, dado que
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
dicho artículo establecía los requisitos mínimos que debe tener los aspirantes, el
perfil ocupacional, la experiencia, y el número de personas.
Delimitado el punto de las anteriores impugnaciones, la sala considera que la
circunstancia alegada por el Ministerio del Trabajo y la Asociación Colombiana de
Juntas de Calificación de Invalidez – Coljunta, no tienen la virtualidad de revocar la
decisión dictada en primera instancia.
Lo anterior, por cuanto el parágrafo 1 del artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012,
que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, establece lo siguiente:
PARÁGRAFO 1. Para la selección de los miembros de las Juntas Regionales y
Nacional de Calificación de Invalidez, el Ministerio del Trabajo tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
La selección se hará mediante concurso público y objetivo, cuya convocatoria se
deberá hacer con no menos de dos (2) meses de antelación a la fecha del concurso
e incluirá los criterios de ponderación con base en los cuales se seleccionará a los
miembros de estos organismos. La convocatoria deberá publicarse en un medio de
amplia difusión nacional.
Dentro de los criterios de ponderación se incluirán aspectos como experiencia
profesional mínima de cinco (5) años y un examen escrito de antecedentes
académicos sobre el uso del manual de pérdida de capacidad laboral y de invalidez,
el cual se realizará a través de una entidad académica de reconocido prestigio. Los
resultados del concurso serán públicos y los miembros de las Juntas serán
designados por el Ministro del Trabajo, comenzando por quienes obtuvieran mayor
puntaje.
La conformación de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez podrá ser
regionalizada y el manejo de sus recursos será reglamentado por el Gobierno
Nacional de manera equitativa. El proceso de selección de los integrantes de las
juntas de calificación de invalidez se financiará con recursos del Fondo de Riesgos
Profesionales.
Es decir, en otros términos, la anterior norma establece los criterios que debe
observar el Ministerio del Trabajo para adelantar el correspondiente concurso de
méritos para elegir a los miembros de las juntas de invalidez. Dicha situación no
implica, como lo sugirió la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de
Invalidez – Coljunta, que la solicitud de cumplimiento debió hacerse sobre esta
norma, pues, se reitera, el inciso 1º del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013 no fue
afectado por la decisión de nulidad ya mencionada.
Puestas de ese modo las cosas, la declaratoria de nulidad del artículo 5 del citado
decreto, no implica forzosamente que el Ministerio del Trabajo no cuente con
insumos legales suficientes para adelantar el concurso de méritos correspondiente,
pues dicho vacío queda suplido con la norma anteriormente transcrita.
En sustento de lo anterior, basta traer a manera de ejemplo la Resolución N.° 4726
del 12 de octubre de 2011, proferida en su momento por el Ministerio de la
Protección Social, Por la cual se designan los miembros de las Juntas de
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
Calificación de Invalidez y se adicionan Salas de Decisión de la Junta Nacional y de
algunas Juntas Regionales con base en la Lista de Elegibles producto del Contrato
Interadministrativo No. 362 de 2010 suscrito con la Universidad Nacional y se dictan
otras disposiciones. En los considerandos de esta, se evidencia lo siguiente:
Que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962
de 2005, señala que corresponde al “…Instituto de Seguros Sociales, a las
Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, a las Compañías de Seguros que
asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud - EPS,
determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado
de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el interesado no esté de
acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación
que hiciere sobre su inconformidad se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez
Regional, cuya decisión será apelada ante la Junta Nacional…”.
Que conforme al parágrafo 1º de la citada disposición, la selección y designación de
los miembros de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez por
parte de este Ministerio, deberá hacerse mediante concurso público y objetivo; con
inclusión de criterios de ponderación, dentro de los cuales se tendrán en cuenta
aspectos como experiencia profesional mínima de cinco (5) años y un examen escrito
de antecedentes académicos sobre el uso del manual de pérdida de capacidad laboral
y de invalidez; a través de una entidad académica de reconocido prestigio; publicando
sus resultados; y designados de acuerdo al mayor puntaje obtenido.
Que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 2463 de 2001 los miembros de las
Juntas de Calificación de Invalidez y sus respectivos suplentes son designados por
periodos de tres (3) años y entrarán en ejercicio de sus funciones a partir de la fecha
de su posesión, la cual debe realizarse a más tardar dentro de los diez (10) días
siguientes a la comunicación de la designación.
Que el Ministerio de la Protección Social suscribió el Contrato Interadministrativo
número 362 de 2010 con la Universidad Nacional de Colombia, con el objeto de
“…Realizar el proceso de Selección de los Miembros de las Juntas de Calificación de
Invalidez del País”, el cual se inició con la publicación de las bases del concurso en
el periódico El Tiempo del día 19 de diciembre de 2010, informando a los aspirantes
que podían hacer su inscripción a través de la pagina web
www.medicina.unal.edu.co/concursojuntas y diligenciando el formulario, entre otros,
con el perfil para el cual va a concursar y la elección de la primera y segunda opción
de Junta de Calificación de Invalidez.21
Conforme lo anterior, se colige que el Ministerio del Trabajo, inclusive antes de la
expedición del Decreto 1352 de 2013, ya había llevado a cabo un proceso de
selección de similares características, para el cual hizo uso de las normas que
estaban vigentes en su momento, sin que se hubiese aducido la supuesta
imposibilidad jurídica acá esbozada.
Por otra parte, el convenio interadministrativo 566 de 2022 suscrito entre el
Ministerio del Trabajo y la Universidad Nacional, el cual tiene como objeto la
creación de un banco de hojas de vida que facilite el proceso de selección de los
miembros de las Juntas Nacional y Regionales de Calificación de Invalidez, no
puede suplir el acatamiento de la norma objeto de la presente decisión, por la
sencilla razón de que no se trata propiamente de un concurso de méritos, pues si
21 Transcripción del texto original con posibles errores.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
bien obedece al parágrafo 1.° del artículo 6.° del Decreto 1352 de 2013, su
aplicación, conforme lo precisó el a quo, es de carácter transitorio.
Ahora bien, resulta pertinente acotar en cuanto a la exigibilidad del mandato, que
no se encuentra expresamente establecido en la norma objeto de la presente
acción, las consideraciones vertidas por esta sala en donde se precisó 22:
129. En tal sentido, se considera que, ante la omisión de un plazo o de una condición
que de acaecer permitan verificar la exigibilidad de la norma cuyo acatamiento se
solicita, será el juez quien caso por caso determine el alcance de la obligación
«atendiendo a las diferentes modalidades que puede revestir»42.Para ello, podrá
valerse del escrito de constitución en renuencia (requisito de procedibilidad) y de la
respuesta que proporcione la entidad accionada para delimitar y precisar el alcance
de la obligación incumplida, así como las circunstancias de tiempo modo y lugar, de
conformidad con lo señalado por el alto tribunal.
130. De ahí, que el mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que
consistir en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un
deber imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo
de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
131. Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo
en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»43.
132. De manera que, entender que un precepto no pueda ser exigible por la falta de
rigor o técnica legislativa, además de desatender los fines Estado Social de Derecho,
conminaría a las autoridades con potestad legislativa y reglamentaria a proferir
mandatos ambiguos de imposible ejecución. Además, se dejaría al deseo o juicio de
conveniencia, oportunidad o viabilidad de la autoridad, el cumplimiento de la ley o
acto administrativo de que se trate.23
22 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-386 de 2023, refiriéndose a la exigibilidad
del mandato en tratándose de las acciones de cumplimiento, precisó: «En términos generales, el
incumplimiento tiene lugar a partir de una omisión de la administración. No obstante, la
inactividad de la administración que da origen al incumplimiento de un deber jurídico también puede
expresarse a través de acciones que, a pesar de mostrar una actividad positiva por parte de
diferentes órganos del Estado, se traducen en una forma de eludir sus obligaciones o cumplen de
manera insuficiente los deberes contenidos en una ley o en un acto administrativo. En estos casos,
al juez competente le corresponderá determinar en qué consiste el incumplimiento del deber jurídico
en cuestión y tomar las decisiones complementarias que aseguren el reconocimiento de los derechos
de los particulares y la obtención de las finalidades perseguidas por las normas incumplidas. […]
Ahora bien, ¿cuándo es posible afirmar que se presenta el incumplimiento de un deber jurídico,
consagrado en una ley o un acto administrativo, por parte de la administración? Lo primero que ha
de precisarse es que ni la Constitución ni la Ley 393 de 1997 exigen la fijación de un término
o plazo para la ejecución de un deber contenido en una ley o acto administrativo por parte del
obligado para que sea posible exigir su cumplimiento a través de la acción de cumplimiento
y, en consecuencia, tampoco es a partir de un plazo que habría de establecerse cuándo el
obligado se encuentra en mora». (resaltado de la sala)
23 Acción de cumplimiento No. 25000-23-41-000-2022-00243-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jesús Arnulfo Cobo García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01363-01
En ese sentido, para la sala se tiene que la obligación establecida en el inciso 1º del
artículo 6 del Decreto 1352 de 2013, que impone la obligación en cabeza del
Ministerio del Trabajo de adelantar el correspondiente concurso de méritos para
para la selección de los integrantes y miembros de las juntas de calificación de
invalidez se encuentra en estado de incumplimiento.
Finalmente, se advierte que el plazo establecido en la decisión dictada por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
resulta razonable y proporcional, por lo cual no se hará modificación alguna al
respecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2023, dictada
por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.