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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01076-00

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01076-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Mary Pachón Pachón, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01076-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

19 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01076-00
Accionante: Mary Pachón Pachón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-01076-00
Accionante: Mary Pachón Pachón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Tema: Tutela contra providencia judicial – debido proceso.
Subtema 1: Improcedencia por incumplimiento de requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide en primera instancia la acción de tutela incoada por Mary Pachón
Pachón, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela.

Mary Pachón Pachón presentó solicitud de amparo1 de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y al acceso a la administración de justicia,
que, consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, con ocasión de las siguientes providencias proferidas dentro
de la acción de cumplimiento identificada con el radicado número
25000234100020230136300: i) auto admisorio; ii) autos de trámite del 9 y 27 de
noviembre de 2023; iii) fallo de primera instancia de 12 de diciembre de 2023.

1.2. Hechos probados del proceso de cumplimiento.

De lo narrado por la parte accionante en el escrito de tutela y las pruebas allegadas al
expediente, la Sala resume los siguientes:

1.2.1. La accionante manifestó ser miembro de la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez.

1.2.2. El Tribunal accionado admitió la demanda de cumplimiento con radicado
25000234100020230136300, promovida por Arnulfo Cobo García a través, de la cual
se pretendió hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1352 de 2013, en
el sentido de realizar concurso público para la selección de los integrantes y miembros
de las Juntas de Calificación de Invalidez, y ordenó notificar a la Asociación
Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez – Coljuntas.

1 Archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos ubicado en el índice 002 del expediente

digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 75C8E58CBFE8AFF1
C8F7EF5A2ABA91C2 CBFD3693947FCFC7 F2FAF98B4ED32FE1

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1.2.3. Mediante fallo de primera instancia de fecha 12 de diciembre de 2023, se
concedieron las pretensiones de la demanda, y, se ordenó al Ministerio del Trabajo
dar cumplimiento a la mencionada norma, dentro del término de seis (6) meses
siguientes a la ejecutoria.

1.2.4. Una vez se enteró de la decisión, la accionante solicitó la nulidad de todo lo
actuado a partir del auto admisorio “y/o” de los autos de trámite del 9 y 27 de
noviembre de 2023, al considerar que no había sido notificada en debida forma, pues,
Coljuntas, a través de quien se surtió la notificación, no fue constituida para
representar judicial o extrajudicialmente a sus integrantes, ni a los miembros de las
Juntas de Calificación de Invalidez.

Explicó que, su vinculación era procedente y necesaria con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 207, 208 y 209 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el artículo 133 numeral 8 del Código General del Proceso; en consecuencia,
afirmó que sus derechos están siendo vulnerados “por no habérseme practicado en
legal forma la notificación de los citados autos como persona legítimamente
interesada”.

1.2.5. Afirmó que, en todo caso, impugnó el fallo del 12 de diciembre de 2023, y,
solicitó ser reconocida como tercera interviniente, sin embargo, en decisión del 24 de
enero de 2024, el Tribunal accionado manifestó que el fallo no era revocable ni
modificable, y, concedió la impugnación que contra la sentencia interpusieron
Coljuntas y el Ministerio del Trabajo.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela.

1.3.1. La parte accionante solicitó al juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, al trabajo y al acceso a la administración
de justicia; en consecuencia, i) declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de
acción de cumplimiento con radicado 25000234100020230136300, a partir del auto
admisorio; ii) reconocer a la accionante como tercera interesada o litisconsorte
necesaria, y notificarle la demanda en debida forma.

En forma subsidiaria, peticionó ser reconocida como como tercera interesada o
litisconsorte necesaria, y, conceder la impugnación que formuló contra el fallo del 12
de diciembre de 2023.

1.3.2. La accionante afirmó que, solo se enteró a la existencia de la demanda con
ocasión del fallo del 12 de diciembre de 2023, y, pese a que presentó solicitud de
nulidad, no fue estudiada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el
argumento de que la sentencia no es modificable por el Juez que la dictó.

1.3.3. Indicó que, la no vinculación al proceso de cumplimiento afecta sus derechos
fundamentales, pues no se permitió su participación pese a tener interés en las resultas
dada su calidad de miembro de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; además,
alegó que en el auto admisorio únicamente se ordenó notificar a Coljuntas, pese a que
no la representa ni judicial ni extrajudicialmente.

1.3.4. A su juicio, se configuró un defecto procedimental absoluto al no disponer su
vinculación en el auto admisorio como tercera interesada o litisconsorte necesaria,
pese a tener un interés legítimo en razón de su calidad de miembro de la Junta

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Nacional “condición que se puso en riesgo con esa demanda e impone declarar la
nulidad de todo lo actuado a partir de dicho auto”.

1.3.5. Asimismo, alegó la existencia de un defecto fáctico, bajo el argumento reiterativo
de que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta que Coljuntas no la representa judicial
ni extrajudicialmente, y también, por no surtir el trámite de notificación a través la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, entidad a la que se encuentra vinculada.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones.

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, mediante auto del 6 de marzo de 20242,
admitió la acción en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, y, vinculó como terceros con interés al señor Arnulfo Cobo
García, al Ministerio del Trabajo, a la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación
de Invalidez – Coljuntas y a quienes hicieron parte o intervinieron en el medio de control
de cumplimiento con radicado número 25000234100020230136300.

En el mismo proveído ordenó las notificaciones, solicitó el expediente digital del
proceso de acción de cumplimiento.

1.4.2. Enviadas las notificaciones de rigor, recibió respuesta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que remitió el
expediente digital de acción de cumplimiento3; asimismo, el magistrado Luis Manuel
Lasso Lozano, se pronunció sobre la solicitud de amparo4, y, pidió desestimar las
pretensiones, en razón a que, no se avizora vulneración de derechos fundamentales
ya que en el trámite de acción de cumplimiento no se pretermitió ninguna etapa
procesal, y las decisiones allí adoptadas se ajustan a lo previsto en la Ley 393 de 1997
y en el artículo 285 del Código General del Proceso.

Explicó que con auto de 27 de noviembre de 2023, fue decidida la solicitud que la parte
demandante había radicado para vincular a los miembros de las Juntas de Calificación
de Invalidez, y, que, en proveído de 24 de enero de 2024, se decidieron las solicitudes
de nulidad – entre ellas de la aquí accionante -, en el sentido de negarlas por cuanto
el 12 de diciembre de 2023 ya se había proferido sentencia y de acuerdo con lo previsto
por el artículo 285 del Código General del Proceso esta no es revocable ni reformable
por el juez que la pronunció. Agregó, que, se consideró procedente la vinculación de
Coljuntas en la medida que fue llamada como vocera de los intereses generales del
gremio, pero, no como representante de sus derechos subjetivos, pues no le fue
solicitado poder de representación personal de los afiliados.

Precisó que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia de
inmediatez, agotamiento de medios ordinarios de defensa judicial, y no tratarse de una
sentencia de tutela, sin embargo, adolece del requisito de relevancia constitucional,
pues “si bien la actora invocó la protección de derechos fundamentales, la solución se
limita a la interpretación y aplicación de normas de rango legal sobre la posibilidad del
juez de modificar o revocar su sentencia (artículo 285, Código General del Proceso),

2 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
D154B471AF7BE08E 725FB38051E887EF 2D4E0F12EA09F4DD 6308B45482F42A80
3 Archivos electrónicos ubicados en el índice 9 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados:

2AD100E679328B65 2DC25BAB9AEF1A1E 69E0229837F5BB3F CE0B385838415A83, y,
9131C7336D3F14A2 945912FD595411E7 43626954394B8C6A 06A4604970D64EE3
4 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado

182A3949DE204649 0AB167AFEA6A8D01 4DB7D169F2BE9965 E5EB1DF4CF7C11A5

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con lo cual está dando lugar a la configuración de una tercera instancia, posibilidad
vedada a través de este medio de control”.

De otro lado, consideró que no está probada la configuración de ningún defecto. Que
la decisión de negar la solicitud de nulidad presentada por la aquí accionante
encuentra fundamento en la aplicación del artículo 285 del Código General del
Proceso; además, no se concedió la impugnación por ella interpuesta contra la
sentencia de 12 de diciembre de 2023, por cuanto no tenía la calidad de sujeto
procesal. Aunado, la actora no probó que el Tribunal se haya apartado del
procedimiento legal establecido.

1.4.2.1. El Ministerio del Trabajo5, solicitó la declaración de improcedencia de la
solicitud de amparo, en razón a que no le asiste legitimación en la causa por pasiva a
la entidad por no ser la responsable de la afectación de derechos alegada.

1.4.2.2. Coljuntas6, consideró que es procedente la protección de los derechos
fundamentales en este caso, pues, en su sentir, los actuales miembros de la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez - incluida la accionante – debieron ser vinculados
al trámite de la acción de cumplimiento por tener interés en sus resultas. Aseguró, que,
el no haber permitido su participación vulnera el derecho al debido proceso, además,
Coljuntas no tiene la facultad de representación judicial o extrajudicial de las Juntas
Nacional ni de las regionales; motivo por el cual, afirmó que son los miembros de estas
quienes debieron ser notificados dado que las pretensiones de cumplimiento
precisamente versan sobre el proceso de selección de tales plazas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, en virtud de lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción.

En relación con las solicitudes de tutela frente a providencia judicial, la doctrina
constitucional7 ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general8 de la acción; pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos que

5 Archivo electrónico ubicado en el índice 11 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
DB8DB7FC7D50A4FA 947C286F3037042C 0D2573063A42B447 5475FB79152D0751
6 Archivo electrónico ubicado en el índice 12 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:

15E925A6862493BD A69D0FF2795D2D00 53FBFBB0523B0AE9 DE3319FFF28FB1D8
7 Cfr. Corte Constitucional C-590 de 2005.
8 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en

cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de
procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara
los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que
la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan
agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla
con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma
tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de
amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.

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reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Mary Pachón Pachón [accionante] es titular de los derechos que afirma son
vulnerados. Esto por cuanto, con el escrito de tutela allegó copia del decreto 3084 de
4 de diciembre de 2012, mediante el cual, fue designada como miembro principal de
la segunda sala de decisión de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; así como
copia del acta de posesión en dicho cargo, de fecha 10 de diciembre del mismo año 10.

Por ende, en caso de configurarse los defectos alegados, resultarían afectados en
relación con sus garantías constitucionales cuya protección solicitó.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, profirió la
providencia, que, según la parte tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

2.2.2. El requisito de inmediatez también se encuentra satisfecho, toda vez la acción
de tutela el 4 de marzo de 202411, contra las providencias dictadas en el proceso de
acción de cumplimiento, siendo la última de ellas [sentencia de primera instancia]
proferida el 12 de diciembre de 2023.

2.2.3. En relación con el requisito de subsidiariedad, resulta importante destacar que
está definido expresamente en el artículo 86 Superior como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 12.

9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan

en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión
judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo
constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b)
defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante
en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento
en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido,
cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una
decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en
el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h)
violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de
manera preferente la aplicación de sus postulados.
10 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:

274BA5B6D7B03F9B 2016F36679FDEF58 A0291034F1904806 50089B5DF55C0695
11 Índice 001 aplicativo SAMAI.
12“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. (…)”.

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Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previsto para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de:
(i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial13.

En la sentencia T - 401 del 2019, la Corte Constitucional precisó los siguientes tres
eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por no superar el
requisito de subsidiariedad:

“(i) cuando el asunto está en trámite14; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

En el caso concreto, de la revisión del expediente de acción de cumplimiento con
radicado 2500023410002023013630015, la Sala encontró lo siguiente:

• Jesús Arnulfo Cobo García, promovió demanda contra el Ministerio del Trabajo,
y fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A el 9 de noviembre de 2023.
• El allí accionante, solicitó la vinculación como terceros con interés jurídico, de
la Universidad Nacional de Colombia, Coljuntas, y, cada uno de los miembros
de las Juntas de Calificación de Invalidez.
• El Tribunal resolvió la solicitud con auto de 27 de noviembre de 2023, negando
la vinculación del ente universitario y de los miembros de las Juntas de
Calificación; de otro lado, ordenó vincular a Coljuntas.
• Surtidas las notificaciones de rigor, dicha Corporación dictó fallo de primera
instancia el 12 de diciembre de 2023, accediendo a las pretensiones de la
demanda.
• El Ministerio del Trabajo y Coljuntas, impugnaron la decisión, concedidas a
través de auto de 24 de enero de 2024, en el que se ordenó la remisión del
expediente al Consejo de Estado para el trámite respectivo.
• Coljuntas, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, Víctor Trujillo
Hurtado, y, Mary Pachón Pachón -estos dos últimos en calidad de miembros de
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez-, interpusieron solicitudes de
nulidad de todo lo actuado. En concreto, la señora Pachón Pachón se remitió a
los lineamientos del artículo 133 numeral 8 del Código General del Proceso,
bajo el argumento de su necesaria vinculación al trámite como tercera
interesada. En el mismo escrito la aquí accionante impugnó el fallo de primera
instancia.
• Las solicitudes de nulidad fueron despachadas en forma desfavorable a través
de auto del 24 de enero de 2024.

13 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
14 Enunciado también en la sentencia T -053 de 2020.
15 Archivos electrónicos ubicados en el índice 9 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados:

2AD100E679328B65 2DC25BAB9AEF1A1E 69E0229837F5BB3F CE0B385838415A83, y,
9131C7336D3F14A2 945912FD595411E7 43626954394B8C6A 06A4604970D64EE3.

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• No se observa pronunciamiento alguno sobre la impugnación formulada por la
señora Pachón Pachón.
Ahora, a través del aplicativo Samai16, la Subsección tuvo acceso al expediente digital
de acción de cumplimiento con radicado 25000234100020230136301, que se
encuentra actualmente a instancias de la Sección Quinta del Consejo de Estado para
resolver las impugnaciones formuladas contra el fallo del 12 de diciembre de 2023, y
observó lo siguiente:

• Ingresó al Despacho ponente por reparto el 13 de febrero de 2024.
• El apoderado de Coljuntas presentó el 22 de febrero de 2024, solicitud de
nulidad de todo lo actuado “pues a Coljuntas no se le notificó el auto admisorio
de la demanda, y no pudo ejercer el derecho de defensa”.
• La solicitud se ingresó al Despacho para decidir el 26 de febrero de 2024.
• A la fecha, se encuentran en trámite la decisión de la solicitud de nulidad, y de
las impugnaciones interpuestas contra el fallo de primera instancia de 12 de
diciembre de 2023.
Pues bien, a partir de lo anterior, la Sala encuentra que el trámite de la acción de
cumplimiento con radicado 25000234100020230136301 aún se encuentra vigente,
pues no se ha proferido el fallo de segunda instancia, de conformidad con los
lineamientos y parámetros de los artículos 26 y 27 de la Ley 393 de 199717, además,
el proceso se encuentra al Despacho para decidir la solicitud de nulidad que presentó
Coljuntas con la que pretende la declaración de nulidad de todo lo actuado al
considerar que la demanda no le fue notificada en debida forma, y, que, no pudo
ejercer su derecho de defensa; argumentos que también fueron incluidos en la
impugnación presentada por dicha organización.

Si bien es cierto, el Tribunal accionado no admitió la vinculación de Mary Pachón
Pachón en el trámite de la acción de cumplimiento en primera instancia, no lo es menos
que al estar vigente el trámite ante el Consejo de Estado [Juez Natural] no puede
hablarse de una materialización de la vulneración de los derechos fundamentales de
la parte actora en los términos señalados en la solicitud de amparo, máxime cuando
se encuentra próxima la decisión sobre la solicitud de nulidad que interpuso Coljuntas.
Esto, impide que el Juez de tutela adopte una decisión a través de este medio, pues
esto correspondería a una invasión de las competencias del Juez de la acción de
cumplimiento truncaría la posibilidad de análisis de los argumentos pendiente de
decisión.

Es por lo anterior, que, para la Subsección, en el presente asunto no se encuentra
satisfecho el requisito de subsidiariedad, y, por tanto, es preciso declarar la
improcedencia del amparo deprecado.

Finalmente, se advierte que en el informe rendido por Coljuntas se exponen
argumentos a partir de los cuales se considera que el fallo de acción de cumplimiento
del 12 de diciembre de 2023 contiene consideraciones a su juicio, erradas. Frente a
esto, la Sala observa que son similares argumentos a los consignados en la
impugnación que formuló contra la decisión, los que deben ser analizados por el Juez
natural y no por el Juez de tutela. Por tal razón, no se emitirá pronunciamiento al
respecto.

16https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002341000202301

363011100103
17 Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Mary Pachón Pachón

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Mary Pachón Pachón, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

SFGS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co

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