Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06024-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06024-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06024-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06024-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: QUINVAL S.A.S.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. LA ACTORA NO ES PARTE NI
FUE VINCULADA DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD QUE SE
CONTROVIERTE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y su SECRETARÍA.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La sociedad QUINVAL S.A.S., actuando a través de su
representante legal, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante TRIBUNAL.
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Actora: QUINVAL S.A.S.
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y su
SECRETARÍA, al haber incurrido en una presunta mora judicial, por
cuanto al parecer no se ha dictado sentencia de segunda instancia
dentro del medio de control de nulidad identificado con el número
único de radicación 2019-00065-02.
I.2.- Hechos
Indicó que mediante contrato de prestación de servicios
profesionales suscrito el 9 de agosto de 2000 entre el CLUB
DEPORTIVO LOS MILLONARIOS y el abogado MIGUEL ANTONIO
BARRIOS HERNÁNDEZ, se pactaron honorarios equivalentes al
10% del valor obtenido dentro del proceso de pertenencia del
inmueble denominado “Lote Fontanar”. Dicho asunto culminó con
una transacción aprobada por la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ que, en
providencia del 1o. de febrero de 2006, dispuso que del producto de
la venta del inmueble se descontaría el monto acordado con el
mencionado profesional del derecho.
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Actora: QUINVAL S.A.S.
Señaló que mediante providencias de 18 de noviembre de 2008 y 12
de enero de 2010, la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ reconoció al doctor ROBERTO
QUINTERO GARCÍA como cesionario del abogado BARRIOS
HERNÁNDEZ, quien a su vez le cedió el 30% de los derechos
económicos derivados de los honorarios pactados, respectivamente,
por lo que promovió proceso ejecutivo que correspondió por reparto
al JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ que, en
proveído de 8 de agosto de 2011 ordenó seguir adelante con la
ejecución y remitió el expediente al JUZGADO CUARTO DE
EJECUCIÓN CIVIL del mismo Circuito2 que, mediante auto de 14
de marzo de 2024, ordenó la práctica de un nuevo avalúo comercial
del referido inmueble como requisito para adelantar el remate
judicial.
Alegó que dentro del proceso de nulidad identificado con el número
único de radicación 2019-00065-02, objeto de controversia, el 13 de
diciembre de 2019 se decretó la suspensión provisional de los actos
allí cuestionados y, posteriormente, el 13 de diciembre de 2023, se
profirió sentencia de primera instancia en la que se accedió a las
pretensiones de la demanda.
2
En adelante JUZGADO.
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Indicó que contra dicha decisión el procurador 192 judicial I
administrativo, el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ -
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN3 y los allí intervinientes
interpusieron recurso de apelación que correspondió por reparto al
TRIBUNAL.
Aseguró que a la fecha de presentación de esta acción constitucional
no se ha proferido sentencia de segunda instancia, situación que
vulnera sus derechos fundamentales.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
La parte actora señaló que la mora en la toma de una decisión
definitiva dentro del medio de control de nulidad cuestionado
mantiene paralizado el proceso ejecutivo y, por ende, ha impedido
materializar el derecho patrimonial reconocido a su favor, toda vez
que el avalúo del inmueble objeto de ejecución depende
directamente de la definición del régimen urbanístico cuya legalidad
se discute actualmente ante el TRIBUNAL.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
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En adelante DISTRITO.
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“[…] Lo que se solicita es que el juez constitucional garantice el
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la sociedad
accionante mediante la adopción de las medidas necesarias para
que el Tribunal competente emita la decisión que en derecho
corresponda dentro de un término razonable. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar el presente amparo, toda vez
que las decisiones adoptadas dentro del proceso cuestionado han
sido respetuosas de la normativa que regula la materia, además que
la mora alegada no deriva de una conducta que le sea atribuible.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO hizo un recuento de las actuaciones surtidas
dentro del medio de control de nulidad cuestionado e indicó que estas
pueden consultarse en el aplicativo SAMAI y, además, que no se
advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales
alegados.
I.6.2.- El FIDEICOMISO LAGOS DE TORCA - FIDUBOGOTÁ S.A.
manifestó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
ordenar al TRIBUNAL proferir un fallo, ya que las autoridades
judiciales cuentan con autonomía e independencia para adoptar sus
decisiones en el ejercicio de sus funciones.
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I.6.3.- El DISTRITO solicitó ser desvinculado del presente trámite
constitucional y manifestó que la presente acción de tutela no cumple
con los requisitos de procedencia para su estudio.
I.6.4.- El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE solicitó que se declare improcedente la presente
acción de tutela por no cumplir con los requisitos de procedibilidad
para su estudio; asimismo, ser desvinculado por cuanto no cuenta
con legitimación en la causa por pasiva.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el DISTRITO y el MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE solicitaron ser desvinculados de la
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acción constitucional de la referencia, por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
4
M.P. Jaime Araújo Rentería. Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos,
en sentencias T-262 de 5 de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés
González y Miguel Polo Rosero, respectivamente.
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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que dichas autoridades fungen como parte demandada
y vinculada, respectivamente, dentro del medio de control objeto del
presente estudio, les asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que la Sala denegará sus
solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
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2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, los cuales estima
vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por presunta mora
judicial, por cuanto al parecer no se ha proferido sentencia de
segunda instancia dentro del medio de control de nulidad identificado
con el número único de radicación 2019-00065-02.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la parte
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la
actora, para lo cual verificará en primera medida si está legitimada
en la causa por activa para promover la acción de tutela de la
referencia.
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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De la legitimación en la causa por activa en las acciones de
tutela
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916 preceptúa:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.
De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado; o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona7.
Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital
que se encuentra en el aplicativo de consulta SAMAI8, la Sala advierte
que dentro del medio de control origen de la controversia, son
sujetos procesales los siguientes:
Expediente núm. 110013334004201900065-02
Recurrente: MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA
Demandada: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ –
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Intervinientes CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
FIDEICOMISO LAGOS DE TORCA
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
SOCIEDADES TIERRADENTRO INC, BRANCOL
S.A.S. Y AUTOGERMANA S.A.S.
CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS
CENTRO COMERCIAL BIMA
JUAN MAYR MALDONADO
7
Sentencia T-086 de 2010; M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CALJUB.
8
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013334004201900
065022500023
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PAOLA PINZÓN Y OTROS
DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
Así las cosas, se tiene que, en principio, las personas naturales y
jurídicas antes relacionadas serían las legitimadas en la causa para
promover la presente acción de tutela, ya que se constituyeron como
parte e intervinientes en el marco del medio de control de nulidad
objeto de controversia.
Ahora bien, en el caso bajo examen se observa que la presente acción
de tutela fue promovida en nombre propio por la sociedad QUINVAL
S.A.S. contra el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por la presunta
mora judicial dentro del medio de control de nulidad identificado con
el número único de radicación 2019-00065-02.
Sobre el particular, la Sala advierte que esta ostenta la calidad de
demandante únicamente dentro del proceso ejecutivo que cursa ante
el JUZGADO, asunto que, a su juicio, no ha avanzado debido a que
no se ha proferido sentencia de segunda instancia dentro del medio
de control de nulidad aquí controvertido, no obstante, esa sola
circunstancia no le provee de legitimación en la causa para cuestionar
el trámite en este último expediente, máxime si se tiene en cuenta
que corresponden a procesos judiciales disimiles que cursan ante
diferentes jurisdicciones y se ventilan situaciones distintas.
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Al respecto, se resalta que esta Sala ha considerado que la
legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de tutela
contra un proceso judicial y alega la vulneración de sus derechos
fundamentales, está determinada por la participación en el
asunto cuya revisión depreca en ejercicio del amparo
constitucional.
Así lo sostuvo esta Sección en la sentencia de 27 de abril de 20179,
en la que se indicó:
“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la
providencia cuestionada.
Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia trazada
por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta
Corporación, resulta necesario determinar la legitimación
en la causa por activa, en tanto que uno de los derechos
alegados como vulnerados es el del debido proceso.
Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual, quien
promueva una acción de tutela con el propósito de buscar la
protección del derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o
actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo [10].
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
[10] Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias acciones
de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron numerosas
solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de control de
nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00, demanda
promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.:
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Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que
determina que en la acción de tutela la legitimidad para actuar está
radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien ejercerá la acción, directamente
o a través de apoderado, debidamente acreditado [11].
Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto
de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin efecto el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3 de
marzo de 2016, dictada en el medio de control de nulidad electoral
bajo el radicado (…); pues de ésta es que el actor deriva la
vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al debido
proceso, y, como consecuencia de ello, de los de buena fe y de
elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido como
parte en el mismo.
En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de
control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar que el
actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna de
coadyuvancia, razón por la que no puede ser considerado como
parte en ese proceso.
En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia arriba
citada respecto de la legitimación en la causa y con base en el
criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover una acción
de tutela por la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso con ocasión de las decisiones que se
profieran en el respectivo medio de control, quienes
ostenten la calidad de partes en el mismo, […].
Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de esas
calidades, no se encuentra legitimado para promover la
presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación en
la causa por activa […]” (Resaltado es del texto original).
Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero
de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03870-00.
Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor: Deryan Johan Monsalve
Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
[11] Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero significado
que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que,
no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para
la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” (Subrayado y negrilla fuera
de texto).
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Actora: QUINVAL S.A.S.
En el mismo sentido, esta Sección en providencia 29 de julio de
202112, señaló:
“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa
por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del
trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las
personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de desacato,
que en este caso resultaron sancionadas y conminadas a cumplir
la orden de tutela, es decir, los señores i) Darío Antonio Valen
Trujillo, en calidad de Director del Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de
Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) Mauricio Iregui Tarquino, en
calidad de Representante Legal del Consorcio Fondo de Atención en
Salud PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto Díaz Hernández, en
calidad de Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz Botero Coy, en la
calidad de Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
– INPEC, último frente al cual el Tribunal Administrativo del Cauca
resolvió revocar la sanción impuesta.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30 de
octubre de 200313, manifestó que la acción de tutela es un medio
de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada,
quien podrá presentarla directamente o por quien actúe en su
nombre. […]
En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por la
cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de fondo,
para establecer si en el presente caso concreto hubo o no la
afectación de su derecho fundamental.
En ese sentido, se considera que, en el caso sub examine, la
USPEC carece de legitimación en la causa por activa […]”
(Resaltado por la Sala).
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Hernando Sánchez
Sánchez. 11001-03-15-000-2021-03712-00. Posición reiterada por la Sala en sentencia de 19 de
febrero de 2026, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00419-00. M.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
13
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06024-00
Actora: QUINVAL S.A.S.
De acuerdo con lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que,
para acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa
en las acciones de tutela contra procesos y/o providencias judiciales,
se requiere que la parte actora haya sido parte del respectivo
asunto judicial que reprocha, con el fin de que, como
inferencia lógica, pueda alegar que se vulneraron sus
derechos fundamentales.
En consecuencia, es claro que en el presente asunto la actora carece
de legitimación en la causa por activa para formular la solicitud
de amparo contra la autoridad judicial accionada, por cuanto no
demuestra ser parte dentro del proceso de nulidad que se
controvierte.
Es del caso resaltar que esta Sala ha sostenido que quien promueva
una acción de tutela con el propósito de buscar la protección de sus
derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con ocasión de
las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un
proceso judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del
mismo14.
14
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sección, esto es, en sentencias de 7 de septiembre de
2023, expediente núm. 2023-04321-00, M.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón y de 2 de noviembre de
2023, expediente núm. 2023-05226-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06024-00
Actora: QUINVAL S.A.S.
Así las cosas, es claro que la sociedad QUINVAL S.A.S. no ostenta
ninguna de esas calidades, razón por la que al no ser titular de los
derechos fundamentales cuya vulneración depreca, carece de
legitimación en la causa por activa para promover la solicitud de
amparo de la referencia.
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa de la actora y así se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN y el
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06024-00
Actora: QUINVAL S.A.S.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por
falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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