Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00303-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00303-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00303-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: BERNARDO AUGUSTO SANTOS GIRALDO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Y OTROS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se modifica el fallo
impugnado. Falta de legitimación en la causa por activa. Derecho
fundamental de petición. Identidad de partes, objeto y causa petendi.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
22 de mayo de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Bernardo Augusto Santos Giraldo solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la administración de justicia,
a la seguridad social e igualdad, cuya vulneración le atribuyó a i) la providencia de
12 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de reparación directa
con número de radicación 25000-23-36-000-2017-00044-00/01; ii) la negativa del
reconocimiento y pago de una pensión convencional de jubilación por parte de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP; iii) la omisión del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones - MINTIC frente a su reubicación laboral; y iv) la
falta de respuesta de fondo a la petición radicada con número PARDE 083 por parte
del PAR TELECOM.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
2.1. Señaló que estuvo vinculado laboralmente a la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones - TELECOM por 24 años, 3 meses y 11 días hasta el 31 de enero
de 2006, fecha en la que dicha compañía fue liquidada. Además, que la extinta Caja
de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM expidió la Resolución 0892-
2009 de 28 de abril de 2009, mediante la cual le negó el reconocimiento y pago de
una pensión convencional de jubilación.
2.2. Indicó que junto a otras personas promovió demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa con número de radicación 25000-23-36-000-2017-
00044-00 contra la Nación - Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UGPP y el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidación - PAR
TELECOM, con el fin de que se les declarara responsables extracontractualmente por
los perjuicios morales y materiales ocasionados con la liquidación de TELECOM.
2.3. Agregó que el conocimiento del proceso le correspondió a la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que,
mediante sentencia de 12 de diciembre de 2025, negó las pretensiones de la
demanda.
2.4. Sostuvo que presentó la petición radicada con número PARDE 083 ante el PAR
TELECOM y para la fecha de la presentación de la acción de tutela la entidad había
omitido dar respuesta. Sin embargo, en el escrito de subsanación de la solicitud de
amparo indicó que la entidad había expedido el Oficio PARDS 386-2026 de 9 de
enero de 2026, notificado el 20 de enero del mismo año.
2.5. Sostuvo que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• MINTIC omitió su reubicación laboral.
2.6. Expresó que la providencia de 12 de diciembre de 2025 vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la administración de justicia,
a la seguridad social e igualdad al incurrir, presuntamente, en un defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente judicial.
2.7. Manifestó que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico por no valorar i) el
Oficio PARDS 386-2026 como “[…] prueba reina sobreviniente […]” y ii) lo decidido
en la providencia de 1.° de diciembre de 2023 proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso 25000-23-36-000-2020-
00413-01.
2.8. Al respecto también indicó que no se tuvo en cuenta que es padre cabeza de
familia y persona de la tercera edad, razones que lo hacían acreedor de una medida
compensatoria, de conformidad con el Auto 664 de 2017 y la sentencia T-086 de
2003 proferidos por la Corte Constitucional, y de una indemnización que podría
ascender a la suma de ciento noventa y siete mil doscientos sesenta millones de
pesos ($197.260.000.000).
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
2.9. Agregó que se configuró el desconocimiento del precedente, por cuanto el Tribunal
accionado omitió aplicar los criterios jurisprudenciales contenidos en la providencia de
1 de diciembre de 20231 proferida por el Consejo de Estado y en la sentencia SU-377
de 20142 proferida por la Corte Constitucional.
2.10. Por otra parte, señaló que la Resolución 0892-2009 de 28 de abril de 2009
desconoció que acreditaba los requisitos de 25 años de servicio como trabajador
oficial, sin consideración de la edad, o 20 años de servicio y 50 años de edad sin
vínculo laboral vigente. Además, que el Programa de Renovación de la
Administración Pública - PRAP y el Plan de Pensión Anticipada - PPA permitían la
posibilidad de cumplir los requisitos para obtener una pensión hasta siete (7) años
sin estar en servicio activo.
2.11. Manifestó que el Oficio PARDS 386-2026 de 9 de enero de 2026, mediante el
cual el PAR TELECOM contestó su petición radicada con número PARDE 083, no
había resuelto de fondo su solicitud y fue expedido extemporáneamente. Agregó
que, a su juicio, en dicha respuesta se encontraba una confesión relacionada con la
falta de notificación individual de la negativa de una posible reubicación, a lo cual
adicionó que no hubo ofrecimiento alguno de reubicación laboral.
2.12. Agregó que el MINTIC omitió reubicarlo laboralmente y, por ende, desconoció
lo dispuesto en la sentencia SU-377 de 2014.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Rad.
25000233600020170004400), por incurrir en error inexcusable o defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente del Consejo de Estado
(Fundamentos: fallo del Consejo de Estado con radicado 25000-23-36-000-
2020-00413-01 del 1ro de diciembre del 2023 y Oficio PARDS 386 de 2026 PAR
TELECOM como “prueba reina sobreviniente”), sobre retén social -SU 377
de 2014 o reubicación laboral-, pensiones convencionales, Plan de Pensión
Anticipada PPA y fuero sindical en TELECOM.
SEGUNDA: Amparar el derecho fundamental de petición - PAR TELECOM
según oficio con radicado PARDE 083-2026- con vencimiento 16 de enero de
2026, como la respuesta recién del PAR TELECOM fuera el oficio PARDS 386-
2026 recibida el 20 de enero como “prueba reina SOBREVINIENTE”, cuya
“Confesión” de la Falta de Notificación Individual, admite expresamente qué
(sic): “Revisada la matriz... no se encontró que en su caso se haya
realizado ofrecimiento alguno”. (Efectos fuera del texto), admite que no hubo
ofrecimiento de -reubicación laboral- y confirma que tampoco hubo un acto
administrativo de cierre notificado debidamente Al (sic) suscrito
accionante en 2018 o 2019, adicionalmente, amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y
fuero constitucional o retén social como padre cabeza de familia y
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Auto de 1 de diciembre de 2023,
radicación núm. 25000-23-36-000-2020-00413-01, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
2
Corte Constitucional, sentencia de 12 de junio de 2014, expediente T-2587255 y acumulados, M.P. María Victoria Calle
Correa.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
prepensionado del suscrito accionante: BERNARDO AUGUSTO SANTOS
GIRALDO.
TERCERA: ORDENAR a la UGPP, al MinTIC y al PAR de Telecom el
reconocimiento y pago inmediato de la Pensión Convencional de Jubilación
(Resolución de Pensión No. 0892-2009 expedida por Caprecom hoy, UGPP,
con fundamento en los Art. 3° CAMPO DE APLICACIÓN C.C.T. 1996-1997 de
TELECOM, art. 467 del C.S.T. y art. 46 Ley 6° de 1945, artículos 9° y 10°
Decreto 2661 de 1960 Caprecom, en la modalidad: 25 años de servicio sin
consideración a la edad que causé el 21 de octubre de 2006 como -
prepensionado- hoy, en persona adulto mayor de 64 años o edad de vejez,
cumplo igualmente en la modalidad: 20 años de servicio y 50 años de edad sin
vínculo laboral vigente que causé el 31 de marzo de 2011, ambas modalidades
en mi condición de ex trabajador Oficial de TELECOM con fuero constitucional
o retén social como padre cabeza de familia y doblemente como prepensionado
(31 enero de 2006) -“no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo
del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres
cabeza de familia sin alternativa económica…” artículo 12° Ley 790 de 2002,
sentencias SU 388 y 389 de 2005, T-009 de 2008, SU 897 de 2012 -
prepensionado-, SU 377 de 2014 -que ordena reubicación laboral-, SU 165 de
2022 -Principio de Favorabilidad en la Interpretación de las Convenciones
Colectivas de Trabajo, T 318 de 2025 y, SL2600-2025 C.S.J.
El pago INMEDIATO de una mesada provisional de $3.500.000 mensuales para
garantizar el mínimo vital mientras se surte el proceso de TUTELA, que en los
términos del artículo 9° y 10° del Decreto 2661 de 1960 Caprecom: “La
pensión será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio
mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año
de servicio…” (Efectos fuera del texto) corresponderá a la suma debidamente
indexada de: CATORCE MILLONES TRECIENTOS (sic) MIL PESOS
($14.300.000.oo) MCTE/mes, inicial (base $67.106.080/12 meses 2006 x 3.43
UVR x 75%).
Ahora, Como monto máximo de pensión convencional, su incremento o tope
máximo del 80%, equivaldría a la suma de: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS ($15.200.000) MCTE/mes.
CUARTA: ORDENAR el reintegro ficto o medida COMPENSATORIA (Auto 664
de 2017 y sentencia T-086 de 2003) y pago retroactivo de los aportes a
seguridad social desde la supresión del cargo el 31 de enero de 2006
unilateral, sin justa causa, ilegal e inconstitucional (SU 377 de 2014 numeral
37°) el 31 de enero de 2006.
QUINTA: ORDENAR al PAR TELECOM dentro del presente proceso de acción
de tutela emitir respuesta inmediata, integral, efectiva y oportuna a las
reclamaciones del actor, considerando que el oficio PARDS 386-2026 recibido
el -20 enero-, es una respuesta tardía que no resuelve la situación jurídica
de fondo y, que constituye en una prueba reina o sobreviniente, dados los
siguientes aspectos de la respuesta:
“Revisada la matriz... no se encontró que en su caso se haya realizado
ofrecimiento alguno”. (PARDS 386-2026, efectos fuera del texto) […]”.
[negrilla del texto y sic en toda la cita].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de febrero de 2026, el Despacho de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela y negó la medida provisional. Asimismo, vinculó
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación -
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y a las partes demandante y demandada de los procesos
identificados con radicación núm. 25000-23-36-000-2017-00044-00, así como de
los acumulados 25000-23-36-000-2017-00041-00 y 25000-23-26-000-2017-00045-
00.
5. En memorial de 11 de febrero de 2026, el accionante indicó que había presentado
la acción de tutela identificada con radicación núm. 11001-31-09-012-2025-00253-
00/01, razón por la cual el despacho sustanciador de primera instancia requirió copia
de dicho expediente.
6. La Secretaría General del Consejo de Estado, mediante informe de 20 de abril de
2026, en cumplimiento al requerimiento del despacho sustanciador de primera
instancia, señaló que el accionante había presentado otra acción de tutela con
asuntos similares identificada con radicación núm. 11001-03-15-000-2022-05885-
00/01.
V. INTERVENCIONES
7. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
7.1. LaSubsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adujo que carecía de legitimación en la causa por pasiva.
Adicionalmente, relacionó las actuaciones más relevantes del proceso judicial
llevado a su cargo, dentro de lo cual señaló que el Consejo de Estado, mediante
auto de 12 de junio de 2019, revocó parcialmente la decisión adoptada en la
audiencia inicial del 1 de noviembre de 2018 y declaró probada parcialmente la
excepción de ineptitud de la demanda por falta de conciliación extrajudicial respecto
de varios demandantes, entre ellos, el aquí accionante, para quien se dispuso la
terminación del proceso por tal motivo.
7.2. Señaló que en esta acción de tutela el accionante no tiene legitimación en la
causa por activa y, de considerar que sí la tiene, se debería tener en cuenta que el
proceso se encuentra ante el Consejo de Estado pendiente de resolver el trámite de
la apelación de sentencia.
7.3. LaNación - Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones adujo que se configuró una falta de legitimación en la causa por
pasiva de esa entidad, razón por la cual solicitó su desvinculación. Además, sostuvo
que no ha incurrido en vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados.
7.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP señaló que las pretensiones del
accionante son de índole económico y que la reiterada negativa a sus solicitudes de
reconocimiento de pensión han estado debidamente sustentadas en razón a que no
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
cuenta con el tiempo de servicio ni la edad mínima requeridos en el inciso 2 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Además, afirmó que la acción de tutela no es
procedente por cuanto cuenta con otros mecanismos para controvertir la legalidad
de los actos administrativos.
7.5. El Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas en
Liquidación - PAR TELECOM manifestó que negó el reconocimiento y pago de la
pensión debido a que el accionante no cumple con los requisitos establecidos en el
régimen convencional en las modalidades de 50 años de edad, después de 20 años
de servicio continuos o discontinuos, y 25 años, sin consideración a su edad, en
razón a que al 1 de abril de 1994 no cumplía con la transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 por el tiempo laborado en dicha entidad ni con la edad.
7.6. Igualmente, sostuvo que para la fecha de la liquidación de TELECOM contaba
con 1248,71 semanas de cotización y 44 años de edad, es decir, tenía más de 20
años de servicio, específicamente 24 años, 3 meses y 11 días, y le faltaban 6 años
para acreditar la edad en la modalidad 20-50 y 8 meses y 19 días para cumplir la
modalidad de 25 años de servicio sin consideración de la edad.
7.7. Sumado a ello, expresó que el actor hizo parte del plan de reubicación y ocupó
el puesto 379, sin embargo, no se hizo ningún ofrecimiento debido a que al efectuar
el estudio de homologaciones no existía coincidencia en las funciones
desempeñadas o había otros padres de familia que tenían mejor ubicación en el
referido plan.
7.8. Agregó que carece de legitimación en la causa por pasiva debido a que no tiene
competencias para expedir actos administrativos que resuelvan reconocimiento o
reliquidación de pensiones. Asimismo, destacó que el accionante incurrió en
temeridad debido a que ha presentado trece (13) acciones de tutela relacionadas
con los mismos supuestos fácticos y las mismas pretensiones, incluso ha
presentado 3 procesos ordinarios laborales en los que ha reclamado el pago de
salarios, el reintegro y el reconocimiento de pensión.
7.9. Finalmente indicó que dio respuesta a la petición del actor mediante radicado
PARDS 389-2026 de 9 de enero de 2026.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
8. Mediante fallo de tutela de 22 de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, requirió al
accionante para que se abstenga de presentar acciones de tutela relacionadas con
el mismo reconocimiento pensional y reubicación laboral y le advirtió al accionante
que la utilización reiterada de la acción de tutela sin el cumplimiento de los
presupuestos de procedibilidad podrá dar lugar a la imposición de las sanciones
previstas en el ordenamiento jurídico.
9. Como sustento de lo anterior, precisó en una cuestión previa que se abstendría
de emitir pronunciamiento sobre las pretensiones relacionadas con la protección de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
derechos fundamentales respecto a la UGPP, dejar sin efectos la Resolución 0892-
2009 de 28 de abril de 2009 y ordenar el reconocimiento y pago de la pensión
convencional de jubilación debido a que ya había solicitado lo mismo en la acción
de tutela identificada con radicación núm. 11001-31-09-012-2025-00253-00/01.
10. Expresó que, en ese otro proceso, el Juzgado Doce Penal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia de 19 de agosto de 2025, declaró su
improcedencia al no cumplir el requisito de subsidiariedad. Contra dicha decisión el
accionante interpuso impugnación que, a la fecha, se encontraba pendiente de
solución por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
11. Agregó que el accionante carecía de legitimación en la causa por activa debido a
que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto
de 12 de junio de 2019, dio por terminado el proceso respecto de su situación
particular y, en consecuencia, cesó su calidad de parte demandante dentro del
referido proceso de reparación directa.
12. Añadió que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado frente
a la pretensión de falta de respuesta por parte del Patrimonio Autónomo de
Remanentes de TELECOM y Teleasociadas - PAR TELECOM debido a que la
entidad respondió, mediante Oficio PARDS 386-2026 de 9 de enero de 2026, y se
pronunció respecto a todas las pretensiones del accionante. Adujo que una
disparidad del accionante frente a los términos en los que se contestó no constituye,
en sí misma, una vulneración de derechos fundamentales.
13. Respecto a la pretensión contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, afirmó que la sentencia SU-377 de 2014 que el accionante
alegó desconocida no ordenó de forma específica, concreta e individualizada que
se reubicara laboralmente al actor, por lo que no se configuró una acción u omisión
vulneradora de derechos fundamentales atribuible a la entidad.
14. Igualmente, precisó que la utilización reiterada de la acción constitucional, sin el
cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad, no solo implica un uso
inadecuado del mecanismo de amparo, sino que también genera una carga
innecesaria para la administración de justicia y podría dar lugar a la imposición de
sanciones.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
15. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia y solicitó su
revocatoria al considerar que no se realizó una valoración integral de las pruebas
que permitían advertir la presunta vulneración continuada de sus derechos
fundamentales a la seguridad social y de petición. Sostuvo que la decisión efectuó
un análisis fragmentado del problema constitucional y omitió valorar hechos
sobrevinientes.
16. Añadió que la respuesta PARDS 386-2026 no configuró un hecho superado, sino
que agravó su situación debido a que, a su juicio, en ella se reconoció que el
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no le ofreció una
alternativa de reubicación laboral ni una medida compensatoria, pese a que había
sido beneficiario del Plan de Pensión Anticipada - PPA.
17. Igualmente, solicitó la valoración de la respuesta de 16 de julio de 2026, suscrita
por la UGPP con posterioridad a la sentencia de primera instancia, por cuanto
mantuvo la negativa al reconocimiento de la prestación pensional y, en su criterio,
evidencia que la administración continúa produciendo efectos sobre su situación
pensional. Agregó que la motivación de dicha respuesta resulta incompatible con el
régimen convencional y las normas internas aplicables a los trabajadores oficiales
de TELECOM.
18. Solicitó tener en cuenta el auto admisorio de 15 de mayo de 2026 proferido dentro
del medio de control de reparación directa cuestionado porque, en su criterio, dicha
providencia reconoció la plausibilidad jurídica de los perjuicios derivados de la falta
de reubicación laboral y de su exclusión del PPA.
19. Adujo que la controversia tiene relevancia constitucional porque involucra la
protección derivada del retén social, la reubicación laboral, el PPA y el derecho a la
seguridad social. En ese sentido, afirmó que la Convención Colectiva de 1996-1997,
el Acta 1782 de 2003 y la Sentencia C-068 de 1996 evidencian la vigencia del
régimen especial de TELECOM y la incorporación de dichos beneficios a la relación
laboral, marco que, según señaló, habría sido desconocido por la UGPP y las demás
autoridades involucradas.
20. Además, alegó que la prolongación de la falta de reubicación, compensación y
reconocimiento pensional constituye una situación de revictimización continuada
para una persona cobijada por protección constitucional reforzada.
21. Adicionalmente, planteó la existencia de una controversia estructural sobre la
interpretación del PPA, al sostener que su fuente jurídica se encuentra en el Acta
1782 de 2003 y en la Convención Colectiva con su respectiva adenda, mientras que
el instructivo del PPA tendría carácter meramente informativo y carecería de
aprobación formal. En su criterio, las autoridades administrativas y judiciales habrían
adoptado decisiones restrictivas con fundamento en dicho instructivo, lo que habría
permitido excluir beneficiarios y desconocer derechos derivados de la convención
colectiva, del retén social y de la seguridad social.
22. Añadióque debía revocarse el requerimiento y la advertencia de temeridad
efectuados en la providencia de primera instancia, por cuanto, a su juicio, la
presentación de la presente acción de tutela no fue caprichosa ni abusiva. Sostuvo
que los documentos posteriores sustentan la reiteración de la solicitud de amparo.
23. Finalmente, solicitó realizar un examen estricto de constitucionalidad,
convencionalidad y valoración integral del material probatorio para determinar si se
ocultó información documental, se indujo en error a las autoridades judiciales y se
afectaron de forma desproporcionada los derechos de antiguos trabajadores de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
TELECOM, especialmente de quienes son adultos mayores o sujetos de especial
protección constitucional.
24. El accionante remitió, mediante memorial de 18 de agosto de 2026, copia de la
radicación de una petición de información ante la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP e
indicó que se trataba de un “[…] hecho sobreviniente […]”.
25. Igualmente, el 20 de agosto de 2026, el accionante allegó un escrito dirigido a la
misma entidad con el propósito de solicitar una “[…] revisión administrativa integral
y reconocimiento de pensión convencional TELECOM […]”.
26. El26 de agosto de 20263, el accionante radicó dos escritos con el mismo
contenido solicitando se incorporen y valoren “[…] las pruebas sobrevinientes […]”
junto a los siguientes puntos:
“[…] 1. Incorporar este memorial y los anexos como prueba sobreviniente
dentro de la segunda instancia.
2. Valorar que las actuaciones de PAR y UGPP sobre SU-897 de 2012, PPA,
aportes y pensiones convencionales demuestran una práctica administrativa
concreta que exige comparación y motivación reforzada frente a mi caso.
3. Considerar que la falta de respuesta integral de UGPP sobre tiempos,
aportes, semanas, servicio militar, PPA y modalidades convencionales
“constituye una vulneración actual y no un asunto histórico cerrado”.
4. Ordenar que UGPP, PAR TELECOM y las entidades que correspondan
expidan una matriz individualizada sobre mi tiempo de servicios, aportes,
períodos PPA, retén social, solicitudes de reubicación, inclusión o exclusión,
cotizaciones, administradora destinataria y fecha de causación de las
modalidades convencionales.
5. Revocar el fallo impugnado o, subsidiariamente, disponer un análisis
renovado que valore el régimen convencional de TELECOM de forma
completa -integral- de fondo, la información sobre reconocimientos
comparables y la situación actual de mínimo vital y seguridad social en
persona hoy, adulto mayor de 65 años, padre cabeza de familia y
prepensionado y PPA. […]”.
27. Agregó que con dicho escrito “[…] busca demostrar la persistencia de una
vulneración constitucional actual, la insuficiencia de las respuestas administrativas
y la necesidad de estudiar integralmente mi situación como ex trabajador oficial de
TELECOM, sujeto de retén social, potencial beneficiario de PPA y reclamante de
una pensión convencional […]”.
28. El 1 de septiembre de 2026, el accionante allegó dos escritos con contenido
idéntico, en los cuales solicitó a la UGPP, al PAR TELECOM y al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que indicaran la forma en que
se incorporó la exigencia relativa al régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993 y/o la condición de “servicio activo” al régimen convencional. Igualmente,
solicitó que, de no existir una fuente jurídica que incorporara tales requisitos, las
3
A lo que agregó los anexos radicados el día siguiente.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
entidades explicaran las razones por las cuales tales exigencias son consideradas
aplicables como condiciones absolutas de exclusión para el reconocimiento de los
derechos reclamados y que señalaran la relación entre “[…] la Addenda […]”, la
Convención Colectiva de Trabajo de TELECOM 1996-1997 y la Sentencia SL866-
2025.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
29. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20249.
VIII.2. Cuestión previa
30. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal y la solicitud probatoria formulada en segunda instancia.
VIII.2.1. Sobre las solicitudes de desvinculación
31. La Sala precisa que resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Nación - Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y el Patrimonio Autónomo de Remanentes de
TELECOM y Teleasociadas en Liquidación.
32. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 200610, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
4
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
5
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
6
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
7
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
8
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
9
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
10
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin
vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (subrayado fuera del
texto).
33. Teniendo en cuenta que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Nación - Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y el Patrimonio Autónomo de Remanentes de
TELECOM y Teleasociadas en Liquidación tienen la calidad de autoridad judicial
que profirió la decisión de primera instancia y de partes demandadas,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa cuestionado, la
Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser
vinculadas a esta acción constitucional.
34. Por loanterior, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
la Nación - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas en
Liquidación - PAR TELECOM, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
VIII.2.2. Sobre la solicitud probatoria en segunda instancia
35. En el escrito de impugnación, la parte actora solicitó lo siguiente:
“[…] 4. Ordenar que se valore integralmente la prueba documental decisiva, incluida
la respuesta PARDS 386-2026 y como hechos NUEVOS jurídicamente relevantes
sobrevinientes aportados por la respuesta: i) UGPP del 16 de julio de 2026 recibida
el 17 de julio de 2026 con Radicado 20260143008586051 y, ii) Auto que admite
medio de control de reparación directa del suscrito BERNARDO AUGUSTO
SANTOS GIRALDO, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA - SUB SECCIÓN C, Magistrado Ponente: FERNANDO
IREGUI CAMELO, Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026),
MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA, Radicado: 25000-23-36-000-
2020-00413-00, Actor: MERY LEONOR TORRES DÍAZ Y OTROS, Demandado:
NACIÓN – MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES Y OTROS, Instancia/Sistema: PRIMERA – LEY 2080 DE 2022.
5. Subsidiariamente, amparar el derecho de petición, el debido proceso
administrativo y la seguridad social frente a los nuevos actos y respuestas
posteriores, dada la persistencia y actualización del daño constitucional. […]”
[negrilla del texto].
36. Asimismo, relacionó las pruebas de segunda instancia:
“[...] 1. Fallo de Tutela de Primera Instancia objeto de impugnación: SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C,
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES, Bogotá, D.C., veintidós (22) de
mayo de dos mil veintiséis (2026), Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
2. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Precedente horizontal-:
FALLO -1 DIC 2023- CONSEJO ESTADO SEC 3 SUBS A Radicación 25000-23-36-
000-2020-00413-01
3. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: 3. AUTO 28 FEB 2025 RAD
25000233600020200041300 TRIBUNAL ADMON CUND SECC3 SUBSECC C -
previo estudio admisión donde se demuestra mi inclusión en el grupo afectado y la
“ineficacia” por tardanza de dicho trámite ordinario -2020-2026 “Auto que requiere
previo estudio de admisión”.
4. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Oficio FALLO
TRIBADMONCUNDINAMARCA RD20170004400S M.P. CLARA CECILIA SUARÉZ
VARGAS -NIEGA- DIC 12-2025
5. “Se aporta como prueba sobrevenida y hecho nuevo: TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA - SUB SECCIÓN
C Magistrado Ponente: FERNANDO IREGUI CAMELO Bogotá D.C., quince (15) de
mayo de dos mil veintiséis (2026) MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00413-00 Auto: que admite medio de control de
reparación directa.
6. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Oficio PARDS 386-2026 PAR
TELECOM (enviado el 20 de enero de 2026), donde se afirma: "Revisada la matriz
de los exfuncionarios que recibieron oferta laboral, no se encontró que en su caso
se haya realizado ofrecimiento alguno...". (Página 2/7, negrilla y subrayado fuera del
texto)
7. “Se aporta como prueba sobrevenida y hecho nuevo: Oficio emitido por la UGPP
y recibido el día de hoy, 17 de julio de 2026 con Radicado: 20260143008586051
(Prueba del defecto sustantivo continuado). Copia de la Sentencia SL2600-2025 de
la Corte Suprema de Justicia.
7.a. Gmail - Comunicado-UGPP-20260143008586051 -17 julio 2026-
8. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Oficio Copia Oficios P.G.N.
OFICIOS DL 1183 y 1481 DE 2005 CUMPLIMIENTO PENSIONES
CONVENCIONALES TELECOM Y ANEXOS EN 24 FOLIOS
9. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Oficio Copia P.G.N. BOLETIN
368 DE 2005 LEGALIDAD PAGO PENSIONES CONVENCIONALES TELECOM
COPIA AUTÉNTICA
10. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Oficio CONVENCION
COLECTIVA DE TRABAJO 1996 - 1997 DE TELECOM CON OFICIO DE
DEPOSITO.
11. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Oficio Acta de Junta
Directiva de Telecom (JD) # 1782 de 2003: PLAN DE PENSIÓN ANTICIPADA PPA,
numeral 6.2
12. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Oficio RESOLUCION 2941
DE 2005 TELECOM EN LIQUIDACION PADRE CABEZA FLIA cumplimiento
sentencia -SU 389 DE 2005- retén social padre cabeza de familia.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
13. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Oficio De forma
indispensable, la hoja escaneada de la Liquidación del PPA del PAR TELECOM con
el fin de que el magistrado de segunda instancia verifique de forma directa el defecto
fáctico denunciado.
a) ACTO FRAUDULENTO PAR TELECOM -CERTIFICADO DIAN-2009
Ingresos y Retenciones # 0236
b) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA TELECOM A 31 ENERO DE 2006
BERNARDO AUGUSTO SANTOS GIRALDO [...]
c) Oficio PARDS 089-09 Ofrecimiento PPA
d) PAGOS FRAUDULENTOS PAR TELECOM -ASOPAGOS SA
CERTIFICADO APORTES PPA SALUD BERNARDO SANTOS [...] 2009-01
A 2009-08
e) PAR TELECOM LIQ. PPA CRUCE CUENTA PERVERSO
FRAUDULENTO PPA
f) PAR TELECOM Ofc. PARDS 13405-2010 DETALLA CONTENIDO
CERTIFICADO DIAN-2009 P-0236 DE INGRESOS Y RETENCIONES EL
CUAL RESULTA FRAUDULENTAMENTE
g) PAR TELECOM OFC. UATDS 11743-09 -30 NOV- AFILIACIÓN EPS
SANITAS Y ADICIONALMENTE Relación (10) pagos y descuentos mesadas
PPA sept-09 a mayo de 2010
h) PAR TELECOM Oficio UATDS3285-2010 -30 marzo- Anexa Certificado
DIAN ingresos y retenciones 2009 –FRAUDULENTO
i) CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL PPA SEPT 2009 A JULIO
2010 SIMPLE S.A.
14. Proceso de Impugnación TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BOGOTÁ,
en el despacho desde agosto 31 de 2025 -pendiente de fallo.
15. Proceso 11001310901220250025301 -TRIBUNAL PENAL 2° INSTANCIA
SOLICITUD IMPULSO PROCESAL PREFERENTE -06 ABRIL 2026-
16. Proceso 11001310901220250025301. TRIBUNAL PENAL BOGOTA SEGUNDA
SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL -19 mayo 2026-
17. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: PARDS No. 05181-2015
FRAUDE PAR TELECOM SE ANEXA ACTA J.D. TELECOM No. 1782 DE 2003
CONTIENE DERECHOS PPA
18. “Se aporta como un hecho jurídicamente relevante: Oficio Fiscalía General de la
Nación: Copia FORMATO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DENUNCIA
VIRTUAL radicado2026-06-29T23_50_10.000Z […]” [negrilla del texto].
37. Revisado el expediente digital, la Sala advierte que la respuesta de la UGPP de
16 de julio de 2026 no fue aportada con los memoriales presentados por la parte
accionante. Asimismo, los vínculos incluidos en los escritos allegados con
posterioridad a la sentencia de primera instancia no permiten acceder a su
contenido, por lo que no es posible visualizar los archivos relacionados ni establecer
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
si dicha respuesta se encontraba incorporada en ellos. En todo caso, al no haber
sido objeto de debate desde el escrito inicial de amparo, un eventual
pronunciamiento al respecto vulneraría el debido proceso de la contraparte.
38. Por otra parte, la respuesta PARDS 386-2026 de 9 de enero de 2026 ya fue objeto
de pronunciamiento por el juez de primera instancia, razón por la cual no resulta
procedente decretarla como prueba en esta instancia.
39. En cuanto a: i) el auto de 15 de mayo de 2026, dentro del proceso de reparación
directa núm. 25000-23-36-000-2020-00413-00, donde el accionante es parte
demandante; y ii) lo allegado por el accionante mediante memorial de 26 de agosto
de 2026, la Sala considera que dichas pruebas no satisfacen el requisito de utilidad
previsto en el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012, toda vez que su incorporación
no incide en el análisis de la controversia ni tiene la virtualidad de modificar el
contenido o los efectos de la providencia ni de los actos administrativos
cuestionados.
VIII.3. Problemas jurídicos
40. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado11, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante.
41. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
11
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
43. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
44. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
45. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial13, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución14.
46. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”15 que encaje en dichos
parámetros.
47. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
13
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
14
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
15
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
48. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
49. El señor Bernardo Augusto Santos Giraldo solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la administración de justicia,
a la seguridad social e igualdad, cuya vulneración le atribuyó a i) la providencia de
12 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de reparación directa
con número de radicación 25000-23-36-000-2017-00044-00/01; ii) la negativa del
reconocimiento y pago de una pensión convencional de jubilación por parte de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP; iii) la omisión del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones - MINTIC frente a su reubicación laboral; y iv) la
falta de respuesta de fondo a la petición radicada con número PARDE 083 por parte
del PAR TELECOM.
50. Respecto de la providencia judicial cuestionada, la Sala estudiará el cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, en especial la falta de
legitimación en la causa por activa.
VIII.5.1. La falta de legitimación en la causa por activa en el sub examine
51. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.
52. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 16,
que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
53. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
16
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. […]”.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficioso del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado
de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.
54. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente […]”17. [Subrayado fuera del texto].
55. En el caso objeto de estudio, se observa que el señor Bernardo Augusto Santos
Giraldo presentó la acción de tutela actuando en nombre propio por considerar que
la sentencia de 12 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso
de reparación directa con número de radicación 25000-23-36-000-2017-00044-
00/01 vulneró sus derechos fundamentales.
56. Sin embargo, se advierte que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió auto de 12 de junio de 2019, mediante el cual revocó parcialmente
lo decidido por el Tribunal en la audiencia inicial celebrada el 1 de noviembre de
2018 y, en su lugar, declaró probada parcialmente la excepción de ineptitud de la
demanda por ausencia de agotamiento del requisito de la conciliación extrajudicial
respecto de ciertas personas, entre las cuales se encuentra el accionante.
57. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, solo
los sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la
acción de tutela, las decisiones o actuaciones que se realizan en el curso de un
proceso judicial18.
58. De lo anterior, la Sala concluye que el señor Bernardo Augusto Santos Giraldo,
al no tener la calidad de parte dentro del medio de control de reparación directa con
número de radicación 25000-23-36-000-2017-00044-00/01, no tiene la titularidad de
17
Corte Constitucional. Sentencia T - 568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.
18
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 7 de
septiembre de 2023 y Rad. 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 2 de noviembre de 2023.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
los derechos invocados y, en consecuencia, carece de legitimación para interponer
esta acción constitucional.
59. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito de legitimación en la causa por activa
respecto a esa pretensión.
60. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que el proceso de reparación directa
con número de radicación 25000-23-36-000-2017-00044-00/01 aún se encuentra
en trámite ante el Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación contra
la sentencia proferida en primera instancia.
61. Frente a los demás reparos propuestos por el accionante contra las demás
entidades accionadas, la Sala considera que el accionante cumple el requisito
general de procedibilidad de legitimación en la causa por activa, toda vez que es el
titular de los derechos reclamados, por lo que procederá con el respectivo estudio.
VIII.5.2. De la falta de respuesta de fondo a la petición PARDE 083 por parte
del PAR TELECOM
62. El accionante en su escrito inicial de tutela sostuvo que presentó la petición radicada
con número PARDE 083 ante el PAR TELECOM y para la fecha de la presentación
de la acción de tutela la entidad había omitido dar respuesta.
62.1. Sin embargo, inadmitida la acción de tutela el 21 de enero de 2026, el accionante
en el escrito de subsanación indicó que la entidad había expedido el Oficio PARDS
386-2026 de 9 de enero de 2026, notificado el 20 de enero del mismo año, mediante
el cual se dio respuesta a su petición, pero a su juicio esta no era de fondo y había
sido expedida extemporáneamente.
63. En ese orden de ideas, el accionante solicitó el amparo de su derecho
fundamental de petición al considerar que el PAR TELECOM no respondió de
manera completa y oportuna la solicitud PARDE 083-2026. Señaló que la respuesta
constituye una confesión respecto de varios hechos relevantes, entre ellos, que el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fue la entidad
encargada de efectuar los ofrecimientos de cargos para homologación; únicamente
se realizaron cuarenta y tres (43) ofrecimientos laborales; el accionante se
encontraba incluido en el plan de reubicación en el puesto 379; no se le formuló
ninguna opción concreta de reubicación; y la comunicación de no traslado no fue
notificada de manera individual.
64. Al respecto, la Sala destaca que la petición del accionante radicada el 29 de
diciembre de 2025 con número PARDE 083 al PAR TELECOM se presentó en los
siguientes términos:
“[…] “1. Certifiquen por escrito si recibí notificación individual imposibilidad
reubicación (SU-377/14 numeral. 30; Auto 664/17 y T-086 de 2003 o medida
COMPENSATORIA), adjuntando copia/oficio fecha/firma.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
2. Adopten medidas inmediatas ejecución SU-377/14: reubicación laboral o
medida COMPENSATORIA (salarios indexados feb/2006 a la fecha, más
prestaciones sociales legales y convencionales), computando 24 años
servicio continuo para pensión convencional (art. 3° CCT de TELECOM
contenida en la Resolución No. 0892-2009 Caprecom hoy, UGPP).
3. UGPP: Revoque denegación pensional (Resolución de Pensión No.
0892/2009 Caprecom hoy, UGPP), ordene (235) mesadas retroactivas +
traslado cotizaciones FONTELECOM, reconociendo retén social como
prepensionado.
4. Remita copia historial laboral completo, certificación tiempo servicio,
estado ejecución SU-377/14 para mi caso, y oficios PAR/MinTIC 2015-2017.
5. Coordine mesa técnica (Auto 664/17 y T-086 de 2003 o medida
COMPENSATORIA), para solución integral, evitando tutela por desacato
continuado 2005-2025.” […]”.
65. En ese sentido, la entidad respondió mediante Oficio PARDS 386-2026 de 9 de
enero de 2026, notificado el 20 de enero del mismo año, lo siguiente:
“[…] 1. En cuanto al primer punto de su petición […] revisada la matriz de los
ex funcionarios que recibieron oferta laboral no se encontró que en su caso se
haya realizado ofrecimiento alguno ya que luego de hacer el estudio de
homologaciones no hubo coincidencia en las funciones desempeñadas en el
empleo de origen respecto al receptor o por el contrario existían otras madres
y padres cabezas de familia que tenían mejor ubicación en el citado plan.
De lo anteriormente expuesto, se advierte que con la expedición de la sentencia
unificada 377 de 2014, providencia que fue complementada por medio del auto
664 de 2017, lo que se buscó fue dar un grado mayor de protección a aquellas
madres y padres cabeza de familia que se les hubiese reconocido dicha calidad
durante su vinculación con la extinta Telecom y no garantizar un trabajo,
reubicación, o medidas compensatorias como el reconocimiento de salarios
dejados de percibir, indemnización o reintegro por la supresión del cargo, por
ejemplo.
De lo hasta aquí dicho, no es descabellado colegir que la orden de amparo a la
que el Máximo Tribunal Constitucional hizo el respectivo seguimiento y
verificación de cumplimiento, en ninguna medida está encaminada que
respecto de las madres y padres cabeza de familia beneficiarios de la
protección y que fueron afectados con el proceso liquidatario de la extinta
Telecom, las cosas retornen a su estado inicial o anterior.
2. En lo correspondiente con el punto número 2 […] - Para dar cumplimiento a
la SU 377 del año 2014, el PAR en conjunto con el MINTIC, adelantaron
múltiples gestiones con el fin de ubicar empleos útiles, (porque no todos los
empleos reportados por las distintas entidades y la Comisión Nacional del
Servicio Civil servían para ofertarlos), que no estuviesen ocupados bajo
ninguna modalidad, esto es, encargos y/o provisionalidad. Para ello, no
solamente oficiamos a las distintas entidades del orden nacional y territorial,
sino, también se acordó oficiar a la CNSC para que informara sobre las
entidades que le reportaban vacantes sin proveer en el sector público, a nivel
nacional.
[…] - Resulta claro que la orden de amparo a la que el Máximo Tribunal
Constitucional hizo el respectivo seguimiento y verificación de cumplimiento,
tuvo un radio de acción respecto de las madres y padres cabeza de familia
beneficiarios de la protección y que fueron afectados con el proceso liquidatorio
20
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
de la extinta Telecom, obtengan el derecho preferencial a obtener la oferta de
un empleo en la medida de las posibilidades existentes, dicha competencia por
parte de la Corte Constitucional no estaba dirigida a decidir controversias
laborales de ningún carácter, como tampoco garantizar la reubicación, reintegro
o indemnización adicional, (porque a cada uno de los ex funcionarios de la
extinta entidad y que tenían derecho les fue reconocida y pagada la
indemnización que en derecho les correspondía de conformidad con el
artículo 24 del decreto 1615 de 2003) y mucho menos a ordenar al Patrimonio
y al MINTIC que la situación de los exfuncionarios de la extinta Telecom
despedidos como consecuencia del proceso de finalización de la entidad,
retornaran a su estado inicial o anterior, se vuelve a inisistir (sic).
• Finalmente, es de suma importancia dilucidar y manifestar que el PAR
Telecom no tiene la capacidad legal para reconocer pensiones, teniendo en
cuenta que este Patrimonio no es una entidad administradora de
pensiones, ni una entidad pública, razón por la cual no tiene competencia
para proferir actos administrativos que reconozcan, modifiquen o nieguen
las solicitudes pensionales realizadas por los diferentes ex trabajadores
de la extinta entidad, por cuanto el PAR es un negocio jurídico conforme al
artículo 1233 del código de Comercio.
[…]
Así las cosas, los requerimientos de naturaleza pensional debe dirigirlos a la
UGPP, eso se le ha explicado en distintas oportunidades teniendo en cuenta el
sin número de solicitudes que usted ha presentado.
3. En lo concerniente al numeral tres […] Como puede observarse, el alcance
de la expresión pre-pension, tiene su cimiento en el retén social, y dentro de
éste la protección a las personas próximas a pensionarse, tiene fundamento
jurídico en principios de raigambre constitucional, por tanto, la interpretación
más acorde con el contenido esencial del derecho a la seguridad social y que
más garantías otorga es aquella que cuenta el término de tres años exigido por
el artículo 12 de la ley 790 de 2002 desde el momento en que se suprime el
cargo y la persona es retirada del servicio. No obstante, el fundamento
constitucional del retén social, su concreción práctica no se aplica de forma
irrestricta o ilimitada; deben cumplirse unos requisitos y la misma sigue los
parámetros que, en ejercicio de su libertad de configuración, han sido dados
por el legislador.
[…] 4. En lo atinente al numeral 4 por medio del cual solicita: “Remita copia
historial laboral completo, certificación tiempo servicio, estado ejecución SU-
377/14 para mi caso, y oficios PAR/MinTIC 2015-2017”, A la presente
contestación anexamos su historia laboral, certificado CETIL y respecto a la SU
377 del año 2014 reiteramos lo dicho en el numeral 1 y 2.
5. Atendiendo el último punto, mediante el cual solicita: “Coordine mesa técnica
(Auto 664/17), para solución integral, evitando tutela/desacato continuado
2005-2025”, recordamos:
• En lo referente a Retén Social, la Honorable Corte Constitucional, mediante
Sentencia de Unificación SU377 de 2014, resolvió en el punto Trigésimo lo
siguiente:
“Trigésimo.- ORDENAR al Consorcio a cargo de la administración del PAR de
TELECOM que en el término máximo de los tres (3) meses siguientes a la
notificación de esta providencia, en coordinación con el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, adopte un plan de
reubicación de las madres y padres cabeza de familia desvinculadas de
TELECOM, e incluir en él con prioridad a los señores […].
21
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Con fundamento en lo precedente, consideramos oportuno manifestar que en
el presente asunto existe cosa juzgada con la expedición del auto 111 del año
2019 y en esa medida, no es de recibo hablar de incumplimiento, como
tampoco reconocer compensaciones que no fueron ordenadas por la
Honorable Corte Constitucional. […]” [negrilla del texto].
66. En criterio de la Sala, no se vulneró el derecho fundamental de petición del
accionante toda vez que, como se expuso supra, la autoridad accionada dio una
respuesta clara, congruente y de fondo, resolviendo cada uno de los puntos de la
solicitud.
67. Al respecto, se precisa que la satisfacción del derecho de petición no implica que
se acceda de forma favorable a lo solicitado por el peticionario, sino que la respuesta
sea clara, de fondo y congruente.
68. Finalmente, en cuanto a la extemporaneidad en la respuesta, la Sala advierte que
no le asiste razón al accionante, en la medida en que la petición se presentó el 29
de diciembre de 2025, la respuesta se dio a través del Oficio PARDS 386-2026 de
9 de enero de 2026, notificado el 20 de enero del mismo año, encontrándose dentro
del término previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 [modificado por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015].
VIII.5.3. Del estudio de la temeridad de la acción de tutela por compartir
parcialmente identidad de partes, de objeto y de causa petendi con los
procesos núm. 11001-31-09-012-2025-00253-00 y 11001-03-15-000-2022-
05885-00
69. Enel presente asunto la parte accionante le atribuyó la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la administración
de justicia, a la seguridad social e igualdad a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC y al
PAR TELECOM.
70. El despacho sustanciador de primera instancia, mediante auto de 7 de abril de
2026, tuvo en cuenta el memorial presentado por el accionante, en el que informó
haber promovido la acción de tutela radicada bajo el núm. 11001-31-09-012-2025-
00253-00/01. Allí también requirió a la Secretaría General del Consejo de Estado
para que informara sobre la eventual existencia de otra acción de tutela promovida
por el actor respecto del mismo asunto. En respuesta, dicha dependencia informó
que se encontraba radicada la tutela núm. 11001-03-15-000-2022-05885-00,
promovida por las mismas partes, con identidad de objeto y causa petendi.
71. El artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala lo siguiente:
“[…] ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar […]” [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
72. La Corte Constitucional ha interpretado la norma citada de la siguiente manera:
“[…] .1.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación
temeraria se configura cuando se presenta la misma acción de tutela por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo
expresamente justificado. Lo anterior, trae como consecuencia su rechazo o la
decisión desfavorable de todas las solicitudes.
2.1.2. Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en
reiterada jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para
abordar su posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben
analizarse los siguientes:
1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos
hechos y la misma solicitud.
2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que
no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado
explícitamente por la ley o la jurisprudencia.
3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente
a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo
argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos
procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y
solicitud.
2.1.3. Respecto del primero de los aspectos antes anotado, el juez debe
analizar si hay una triple identidad entre las acciones de tutela presentadas de
manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los siguientes elementos:
1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado
por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o
representantes y se dirija contra el mismo demandado.
2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de
tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.
3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales.
De la misma manera, esta Corporación ha entendido la temeridad desde dos
perspectivas. La primera alude a su estructuración cuando una persona
presenta simultáneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades
judiciales y la segunda extiende la temeridad a aquellos eventos en los cuales
la persona, de mala fe, ejerce de manera sucesiva la misma acción […]”.
73. En ese orden de ideas, se observa que las acciones de tutela núm. 11001-31-09-
012-2025-00253-00/01 y 11001-03-15-000-2022-05885-00/01 fueron presentadas
23
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
por i) el señor Bernardo Augusto Santos Giraldo y ii) los señores Bernardo Augusto
Santos Giraldo y Fredy Nel Pineda Ortiz, respectivamente. Frente a dichas acciones
existe parcialmente identidad de partes, de causa petendi y de hechos; tal como se
puede observar en el siguiente cuadro comparativo:
Proceso núm. 11001-03-15-
Proceso núm. 11001-31-09- Proceso núm. 11001-03-15-
000-2026-00303-01 (de la
012-2025-00253-00/01 000-2022-05885-00/01
referencia)
PARTES
Accionantes: Bernardo
Augusto Santos Giraldo y
Fredy Nel Pineda Ortiz
Accionante: Bernardo Accionados: Accionante: Bernardo
Augusto Santos Giraldo - Subsección D de la Sección Augusto Santos Giraldo
Segunda del Tribunal
Accionada: Unidad Administrativo de Accionados:
Administrativa Especial de Cundinamarca - Subsección B de la Sección
Gestión Pensional y - Juzgado Sesenta y Cuatro Tercera del Tribunal
Contribuciones Parafiscales Administrativo del Circuito Administrativo de
para la Protección Social - de Bogotá Cundinamarca
UGPP - Ministerio de Tecnologías de - Unidad Administrativa
la Información y las Especial de Gestión
Vinculados: Comunicaciones Pensional y Contribuciones
• Ministerio del Trabajo - PAR TELECOM Parafiscales de la
• Ministerio de Hacienda y - Patrimonio Autónomo de Protección Social – UGPP
Crédito Público Remanentes de la Caja de - Ministerio de Tecnologías
• Ministerio de Tecnologías Previsión Social de de la Información y las
de la Información y las Comunicaciones Comunicaciones – MINTIC
Comunicaciones (Caprecom) en Liquidación - - Patrimonio Autónomo de
• PAR TELECOM PAR CAPRECOM Remanentes Telecom y
• Sala Cuarta de Decisión - Unidad Administrativa Teleasociadas en
Laboral del Tribunal Especial de Gestión Liquidación - PAR
Superior de Medellín Pensional y Contribuciones TELECOM.
Parafiscales para la
Protección Social – UGPP
PRETENSIONES
“[...] 1. TUTELAR mis “[...] PRIMERO.- Por medio de la
“[...] PRIMERA: REVOCAR la
derechos fundamentales a la presente acción de tutela contra
sentencia proferida el 12 de
seguridad social en pensión, decisión judicial se
diciembre de 2025 por el Tribunal
al mínimo vital, a la vida digna “REVOQUEN” las sentencias
Administrativo de
expedidas el 25 de abril de 2022,
y al debido proceso. Cundinamarca (Rad.
por el Juzgado 64 Administrativo
25000233600020170004400), por
de Bogotá, en primera instancia, y
2. DEJAR SIN EFECTOS la incurrir en error inexcusable o
el 26 de mayo de 2022, por el
Resolución Número 0892- defecto sustantivo y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
desconocimiento del precedente
2009 (28 abril) expedida por la DE CUNDINAMARCA -SECCIÓN
del Consejo de Estado
Secretaría General SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D”,
(Fundamentos: fallo del Consejo
(Encargada) de la Caja de EXPEDIENTE: 11-001-33-43-064-
de Estado con radicado 25000-23-
Previsión Social de 2022-00103-01, en segunda
36-000-2020-00413-01 del 1ro de
Comunicaciones – instancia, mediante las cuales se
diciembre del 2023 y Oficio
negó la acción de tutela instaurada
CAPRECOM hoy, UGPP. PARDS 386 de 2026 PAR
por BERNARDO AUGUSTO
TELECOM como “prueba reina
SANTOS GIRALDO y FREDY
3. ORDENAR a la entidad sobreviniente”), sobre retén
NEL PINEDA ORTÍZ, [...] En su
accionada (CAPRECOM o social -SU 377 de 2014 o
lugar “TUTELAR” los derechos
reubicación laboral-, pensiones
quien haya asumido sus fundamentales al debido proceso,
convencionales, Plan de Pensión
obligaciones pensionales, a la igualdad, a la seguridad social
24
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
como la UGPP) que, en un y de acceso a la justicia y demás Anticipada PPA y fuero sindical en
término perentorio (ej. 48 derechos fundamentales TELECOM.
horas), proceda a reconocer y presuntamente vulnerados de los
accionantes. SEGUNDA: Amparar el derecho
pagar la pensión de jubilación
fundamental de petición - PAR
convencional a mi favor. SEGUNDO.- DEJAR SIN TELECOM según oficio con
EFECTOS las sentencias dictadas radicado PARDE 083-2026- con
Dicho derecho pensional se por el JUZGADO 64° vencimiento 16 de enero de 2026,
fundamenta en las cláusulas ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ como la respuesta recién del PAR
más favorables de la y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TELECOM fuera el oficio PARDS
Convención Colectiva de DE CUNDINAMARCA, el 25 de 386-2026 recibida el 20 de enero
Trabajo (C.C.T.) de 1996- abril y 26 de mayo del año en curso como “prueba reina
1997, que por el principio de [...]. SOBREVINIENTE”, cuya
“Confesión” de la Falta de
favorabilidad y lo dispuesto en
TERCERO.- En consecuencia, se Notificación Individual, admite
su Artículo 2º (VIGENCIA
“ORDENE” al P.A.R. TELECOM, expresamente qué (sic): NORMAS EXISTENTES), MIN TIC y, UGPP: REINTEGRO “Revisada la matriz... no se
incorporó expresamente las LABORAL: ORDENE EL encontró que en su caso se
modalidades pensionales del Despacho en observación al haya realizado ofrecimiento
Decreto 2661 de 1960 derecho a la IGUALDAD y alguno”. (Efectos fuera del texto),
(Artículos 9, 10 y 11) y del PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD admite que no hubo ofrecimiento
Acuerdo de Junta Directiva JD [...] de -reubicación laboral- y confirma
# 012 de 1992 (Artículos 320 que tampoco hubo un acto
CUARTO: Si no es posible administrativo de cierre
y 321), las cuales me otorgan
ORDENAR EL REINTEGRO notificado debidamente Al (sic)
el derecho a la pensión
LABORAL SIN SOLUCIÓN DE suscrito accionante en 2018 o
vitalicia por haber cumplido: CONTINUIDAD A LA NÓMINA 2019, adicionalmente, amparar
(i) 25 años de servicio sin DEL PAR TELECOM los derechos fundamentales al
consideración a la edad, o (ii) debido proceso, igualdad,
20 años de servicio y 50 años [...] 4.1 En la situación del seguridad social, mínimo vital y
de edad. [...]” [negrilla del Accionante BERNARDO fuero constitucional o retén social
texto]. AUGUSTO SANTOS GIRALDO, como padre cabeza de familia y
de no ser posible ORDENAR al prepensionado del suscrito
P.A.R. TELECOM, MIN TIC y, accionante: BERNARDO
UGPP el “REINTEGRO AUGUSTO SANTOS GIRALDO. LABORAL”, en consecuencia
“ORDENE” EL Despacho en TERCERA: ORDENAR a la
observación al derecho a la UGPP, al MinTIC y al PAR de
IGUALDAD y PRINCIPIO DE Telecom el reconocimiento y
FAVORABILIDAD: El pago inmediato de la Pensión
reconocimiento del retén social” Convencional de Jubilación
como PREPENSIONADOS o (Resolución de Pensión No. 0892-
Sentencia Unificadora con 2009 expedida por Caprecom hoy,
vocación de universalidad y UGPP, con fundamento en los
novedosa: SU 897 DE 2012, Art. 3° CAMPO DE APLICACIÓN
reconozca las siguientes C.C.T. 1996-1997 de TELECOM,
modalidades de régimen art. 467 del C.S.T. y art. 46 Ley
especial, EXCEPCIONAL y 6° de 1945, artículos 9° y 10°
convencional de pensión en Decreto 2661 de 1960
TELECOM: Caprecom, en la modalidad: 25
años de servicio sin consideración
4.1.1. Se reconozca al suscrito a la edad que causé el 21 de
accionante: BERNARDO octubre de 2006 como -
AUGUSTO SANTOS GIRALDO, prepensionado- hoy, en persona
el PLAN DE PENSIÓN adulto mayor de 64 años o edad
ANTICIPADA PPA TELECOM, de vejez, cumplo igualmente en la
como un hecho sobreviniente al modalidad:
20 años de servicio y
retén social o PREPENSIONADO, 50 años de edad sin vínculo
artículo 12° Ley 790 de 2002, laboral vigente que causé el 31 de
mediante ACTA DE JUNTA marzo de 2011, ambas
DIRECTIVA DE TELECOM No. modalidades en mi condición de
1782 del 28 de febrero de 2003, ex trabajador Oficial de
que ofreciera hasta (+7) años de TELECOM con fuero
servicio para completar los constitucional o retén social como
requisitos para la pensión, en la padre cabeza de familia y
modalidad EXCEPCIONAL: “20 doblemente como prepensionado
AÑOS DE SERVICIO SIN (31 enero de 2006) -“no podrán
CONSIDERACIÓN A LA EDAD”, ser retirados del servicio en el
25
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
que en derecho fundamental a la desarrollo del Programa de
IGUALDAD y principio de Renovación de la
favorabilidad y, por tratarse de Administración Pública las
“prestaciones periódicas” se madres cabeza de familia sin
constituye en “LEY PARA LAS alternativa económica…”
PARTES DE OBLIGATORIO artículo 12° Ley 790 de 2002,
CUMPLIMIENTO” por sentencias SU 388 y 389 de 2005,
encontrarse en las mismas T-009 de 2008, SU 897 de 2012 -
situaciones “fácticas y jurídicas” prepensionado-, SU 377 de 2014
y, constituir una situación -que ordena reubicación laboral-,
novedosa, con respecto al SU 165 de 2022 -Principio de
compañero en cargo técnico Favorabilidad en la Interpretación
ahora, en CARGO DE de las Convenciones Colectivas
EXCEPCIÓN: GONZALO de Trabajo, T 318 de 2025 y,
ENRIQUE TRIANA VERGARA y, SL2600-2025 C.S.J.
que causó el 12 de octubre de
2001 (incluyendo el tiempo de El pago INMEDIATO de una
servicio militar), dados los mesada provisional de
“nuevos hechos jurídicos”: SL $3.500.000 mensuales para
3280 DE 20218 C.S.J., SU 143 DE garantizar el mínimo vital mientras
2020 C.C., NUEVA SL 761 DE se surte el proceso de TUTELA,
2021 C.S.J. Y AUTO 807 DEL 15 que en los términos del artículo 9°
DE JUNIO DE 2022, ese mismo y 10° del Decreto 2661 de 1960
derecho que la Honorable Corte Caprecom: “La pensión será
Constitucional infirmara en equivalente al setenta y cinco
Sentencia T-274 de 2010 y, en por ciento (75%) del promedio
contradicción hoy, con los mensual de las asignaciones
“nuevos hechos jurídicos” y, la que hubiere devengado durante
jurisprudencia T-009 de 2008 que el último año de servicio…”
ordenó reintegro laboral y (Efectos fuera del texto)
derecho a la pensión por retén corresponderá a la suma
social, mesada que se liquidará debidamente indexada de:
sobre el 75% de todos los ingresos CATORCE MILLONES
obtenidos en el último año de TRECIENTOS (sic) MIL PESOS
servicio y, adicionalmente el ($14.300.000.oo) MCTE/mes,
reconocimiento del derecho a la inicial (base $67.106.080/12
mesada catorce (14) por haberse meses 2006 x 3.43 UVR x 75%).
causado antes del Acto
Legislativo No. 1 de 2005, sumas Ahora, Como monto máximo de
debidamente indexadas y, ultra y pensión convencional, su
extra petitamente lo que el Señor incremento o tope máximo del
JUEZ CONSTITUCIONAL 80%, equivaldría a la suma de:
considere necesario y/o QUINCE MILLONES
pertinente. DOSCIENTOS MIL PESOS
($15.200.000) MCTE/mes.
[...] 4.1.2. Se reconozca al suscrito
accionante: BERNARDO CUARTA: ORDENAR el reintegro
AUGUSTO SANTOS GIRALDO, ficto o medida
la modalidad de régimen especial, COMPENSATORIA (Auto 664 de
EXCEPCIONAL y convencional de 2017 y sentencia T-086 de 2003)
pensiones en TELECOM: “25 y pago retroactivo de los aportes a
AÑOS DE SERVICIO SIN seguridad social desde la
CONSIDERACIÓN A LA EDAD”, supresión del cargo el 31 de enero
dado que al 31 de enero de 2006, de 2006 unilateral, sin justa causa,
fecha de supresión del cargo “sin ilegal e inconstitucional (SU 377
justa causa” en su condición de de 2014 numeral 37°) el 31 de
“padre cabeza de familia” enero de 2006.
reconocida mediante Resolución
No. 2941 de 2005 Telecom en QUINTA: ORDENAR al PAR
Liquidación y, como TELECOM dentro del presente
PREPENSIONADO -SU 897 DE proceso de acción de tutela emitir
2012-, por encontrarse a menos de respuesta inmediata, integral,
(-9) meses, se le reconozca la efectiva y oportuna a las
modalidad y, que causó el pasado reclamaciones del actor,
12 de octubre de 2006, por considerando que el oficio
encontrarse en las mismas PARDS 386-2026 recibido el -20
situaciones “fácticas y jurídicas” enero-, es una respuesta tardía
del reconocimiento GENERAL del que no resuelve la situación
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
REGIMEN ESPECIAL, jurídica de fondo y, que
EXCEPCIONAL Y constituye en una prueba reina
CONVENCIONAL DE o sobreviniente, dados los
PENSIONES EN TELECOM, siguientes aspectos de la
dados los “nuevos hechos respuesta:
jurídicos”: SL 3280 DE 20218
C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C., “Revisada la matriz... no se
NUEVA SL 761 DE 2021 C.S.J. Y encontró que en su caso se
AUTO 807 DEL 15 DE JUNIO DE haya realizado ofrecimiento
2022, adicionalmente, el alguno”. (PARDS 386-2026,
reconocimiento de la mesada que efectos fuera del texto) […]”.
se liquidará sobre el 75% de todos [negrilla del texto y sic en toda la
los ingresos obtenidos en el último cita].
año de servicio, sumas
debidamente indexadas y, ultra y
extra petitamente lo que el Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL
considere necesario y/o
pertinente.
[...] 4.1.3. Se reconozca al suscrito
accionante: BERNARDO
AUGUSTO SANTOS GIRALDO,
la modalidad de régimen especial,
EXCEPCIONAL y convencional de
pensiones en TELECOM, en la
modalidad de cargo ordinario: “20
AÑOS DE SERVICIO y 50 AÑOS
DE EDAD SIN VÍNCULO
LABORAL VIGENTE”, que en
derecho fundamental a la
IGUALDAD y principio de
favorabilidad o retén social
como PREPENSIONADO –SU
897 DE 2012 CORTE
CONSTITUCIONAL y, por tratarse
de “prestaciones periódicas” y
encontrarse en las mismas
situaciones “fácticas y jurídicas”
y, constituir una situación
novedosa [...]
QUINTO: ORDENE El (sic)
DESPACHO del Señor JUEZ DE
TUTELA, el reconocimiento del
Plan de Salud Complementario
M10 COLSANITAS [...]” [negrilla
del texto].
HECHOS
“[...] El accionante relató que “[...] 1.1. Manifestó el señor “[...] 2.1. El actor manifiesta
Bernardo Augusto Santos que prestó sus servicios en
trabajó en la extinta Empresa
Giraldo que nació el 31 de calidad de trabajador oficial de
Nacional de
marzo de 1961 y laboró para TELECOM hasta su
Telecomunicaciones – Telecom desde el 22 de liquidación el 31 de enero de
TELECOM desde el 22 de noviembre de 1982 al 31 de 2006, esto es, por 24 años, 3
noviembre de 1982 hasta el enero de 2006, es decir que meses y 11 días.
31 de enero de 2006, tiempo prestó sus servicios por más de
en el cual estuvo amparado 23 años y 2 meses [...] 2.2. La extinta CAPRECOM,
por la Convención Colectiva mediante Resolución 0892-
de Trabajo 1996-1997 y su 1.2. En ese contexto, 2009 del 28 de abril de 2009,
adenda de 1998, que precisaron que ingresaron a le negó el reconocimiento y
otorgaban beneficios Telecom antes de la expedición pago de una pensión
pensionales especiales a del Decreto 2123 del 29 de convencional de jubilación.
quienes se vincularon antes diciembre de 1992, razón por la
cual eran beneficiarios de las 2.3. A raíz de ello, el señor
del Decreto 2123 de 1992.
convenciones colectivas. Santos Giraldo y otros
presentaron demanda de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Señaló que, pese a cumplir 1.3. Señalaron que, de reparación directa contra la
con los requisitos conformidad con lo Nación - Ministerios de
convencionales, la Caja de preceptuado en el artículo 12 Tecnologías de la Información
Previsión Social de de la Ley 790 de 2002 y la y las Comunicaciones y de
Comunicaciones – sentencia de unificación SU- Hacienda y Crédito Público; la
CAPRECOM, hoy UGPP, 897 de 2012, cumplen con la Unidad Administrativa
condición de prepensionados. Especial de Gestión Pensional
negó el reconocimiento de su
y Contribuciones Parafiscales
pensión mediante la
1.4. Por lo anterior, de la Protección Social
Resolución 0892 de 2009, promovieron una acción de (UGPP); y el Patrimonio
desconociendo el régimen tutela en contra del Ministerio Autónomo de Remanentes de
especial aplicable. de Tecnologías de la TELECOM y Teleasociadas,
Información y las con el fin de que se les
Manifestó que actualmente es Comunicaciones, del declarara responsables
adulto mayor de 64 años, con Patrimonio Autónomo de extracontractualmente por los
un estado de salud Remanentes de Telecom y de perjuicios morales y materiales
deteriorado, y que su la Unidad de Gestión Pensional ocasionados con ocasión de la
situación económica es y Contribuciones Parafiscales liquidación de TELECOM.
precaria, por lo que solicitó de la Protección Social, la cual
dejar sin efectos la por reparto correspondió al 2.4. El Tribunal Administrativo
Juzgado Sesenta y Cuatro de Cundinamarca, Sección
Resolución 0892 de 2009 y
Administrativo del Circuito de Tercera, Subsección B, por
ordenar el reconocimiento y Bogotá bajo radicado n° 11001- medio de sentencia del 12 de
pago de la pensión 33-43-064-2022-00103-00, diciembre de 2025, negó las
convencional con fundamento dependencia judicial que, pretensiones de la demanda.
en la convención colectiva y la mediante sentencia del 25 de
jurisprudencia que ampara a abril de 2022 resolvió declarar 2.5. El accionante señala que
los extrabajadores de improcedente el mecanismo el Patrimonio Autónomo de
TELECOM. [...]” constitucional al considerar que Remanentes de TELECOM y
no cumplía con los requisitos Teleasociadas no dio
de subsidiariedad e contestación en tiempo ni de
inmediatez. fondo a la solicitud PARDE
083. Aunque la entidad dio
1.5. Inconformes, presentaron respuesta mediante el oficio
escrito de impugnación el cual PARDS 386-2026 del 20 de
fue resuelto por el Tribunal enero de 2026, esta fue
Administrativo de extemporánea y, a su juicio,
Cundinamarca, Sección realizó una “confesión”.
Segunda, Subsección D, a
través de la sentencia del 26 de 2.6. Mediante memorial, el
mayo de 2022, por medio de la accionante solicita incorporar
cual confirmó la anterior al expediente, como prueba
decisión. [...]” [negrilla del sobreviniente, la Resolución
texto]. RDP 1974 de 2026, emitida
por la UGPP, mediante la cual
afirma que se le negó una
pensión de jubilación
convencional. Contra dicho
acto interpuso recurso de
reposición y, en subsidio,
apelación. [...]”
74. Conforme con lo anterior, para la Sala existe identidad parcial de partes entre la
presente acción de tutela y los procesos radicados bajo los núms. 11001-31-09-012-
2025-00253-00/01 y 11001-03-15-000-2022-05885-00/01, respecto del accionante
y de las entidades accionadas: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y Patrimonio
Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación (PAR
TELECOM).
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
75. Asimismo, se advierte identidad de objeto y de causa petendi19. En efecto, en las
tres acciones se plantea la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, con fundamento en la negativa
del reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el régimen convencional
y, en relación con la acción de tutela núm. 2022-05885-00 previamente referida,
coincide el reparo frente a la falta de reubicación laboral.
76. Envirtud del artículo 38 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, se declarará
improcedente la presente acción de tutela frente a las pretensiones relacionadas
con: i) el reconocimiento y pago de la pensión del accionante en el régimen
convencional y ii) la reubicación laboral.
77. Respecto de la acción de tutela con radicación núm. 11001-03-15-000-2022-
05885-00/01 se precisa que mediante auto de 30 de junio de 2023 no fue
seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión. Por el contrario, frente a
la acción de tutela identificada con radicación núm. 11001-31-09-012-2025-00253-
00/01 se advierte que se encuentra pendiente de resolver por parte de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá, por lo que se configura identidad de partes, objeto
y causa petendi.
78. En virtud del artículo 38 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, frente a las
pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión convencional
de jubilación y la reubicación laboral del accionante, la Sala declarará improcedente
la presente acción de tutela.
79. La Sala se abstendrá de imponer las sanciones previstas en la Ley, toda vez que
no se encuentra acreditada la mala fe del accionante.
80. En ese sentido, la Sala considera que el requerimiento efectuado en primera
instancia, dirigido a prevenir la presentación reiterada de acciones judiciales con
identidad de objeto, se encuentra justificado en las razones expuestas debido a que
se acreditó la coincidencia de sus pretensiones.
81. Con fundamento en lo anterior, esta Sección modificará el ordinal primero del fallo
impugnado y confirmará lo demás, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.
82. Finalmente, en relación con las solicitudes mencionadas en los memoriales de
1.° de septiembre de 2026, la Sala ha sostenido que en estos casos le corresponde
al accionante acudir directamente ante las autoridades competentes para presentar
las peticiones, solicitudes o reclamaciones que estime pertinentes, con el fin de que
estas analicen su procedencia dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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Se pretende que se reconozca al accionante la pensión bajo el régimen convencional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
la Nación - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas en
Liquidación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 22 de mayo de 2026,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el cual
quedará así:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de i) la
sentencia de 12 de diciembre de 2025 proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ii) las
pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión
convencional de jubilación y la reubicación laboral del accionante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; y NEGAR la acción
de tutela frente a la vulneración del derecho de petición por parte del Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidación - PAR
TELECOM, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 22 de mayo de 2026,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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