Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05885-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05885-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05885-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
1 de diciembre de 2022
Demandantes: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-05885-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05885-00
Demandantes: BERNARDO AUGUSTO SANTOS GIRALDO Y OTRO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia. Declara la improcedencia por no
cumplir con el requisito de que no se trate de tutela contra
providencia de la misma naturaleza y, a su vez, deniega por
temeridad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la parte
actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
del 6 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 4 de noviembre de 2022 en el Sistema de
Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, los
señores Bernardo Augusto Santos Giraldo y Fredy Nel Pineda Ortiz, en nombre
propio, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el Juzgado Sesenta y Cuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, el Patrimonio Autónomo de Remanentes
Telecom y Teleasociadas en Liquidación – PAR Telecom, el PAR Caprecom y
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales para la Protección Social, UGPP.
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Demandantes: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-05885-00
Lo anterior, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social integral y al mínimo vital, así
como los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, pues consideraron
vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de las sentencias de
tutela del 25 de abril y 26 de mayo de 2022, a través de las cuales las
autoridades judiciales declararon la improcedencia de la acción de amparo
tramitada bajo el radicado 11001-33-43-064-2022-00103-00/01, promovida por
los accionantes contra las entidades públicas antes mencionadas.
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
«PRIMERO.- Por [m]edio de la presente acción de tutela contra decisión
judicial se ‘REVOQUEN’ las sentencias expedidas el 25 de abril de 2022,
por el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, en primera instancia, y el 26
de mayo de 2022, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA -SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D”,
EXPEDIENTE: 11-001-33-43-064-2022-00103-01, en segunda instancia...
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias dictadas por el
JUZGADO 64° ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, el 25 de abril y 26 de mayo del
año en curso, que no ‘AMPARARON’ nuestros derechos fundamentales a
la IGUALDAD y principio de favorabilidad en el reconocimiento del retén
social como prepensionados, como una protección LABORAL especial
reforzada de [raigambre] constitucional o Sentencia de Unificación SU 897
de 2012 Corte Constitucional, ante ‘NUEVOS HECHOS JURÍDICOS’, que
hacen inexistentes o exceptuados la temeridad o cosa juzgada
constitucional, aún más, cuando la acción de tutela se presentaba ‘POR
PRIMERA VEZ’ por encontrarnos los suscritos en las mismas situaciones
‘fácticas y jurídicas’ con los trabajadores de TELECOM allí beneficiados
con el reconocimiento del ‘REGIMEN ESPECIAL, EXCEPCIONAL Y
CONVENCIONAL DE PENSIONES EN TELECOM’ y, que le fuera
reconocida en CARGO TÉCNICO ahora, como CARGO DE EXCEPCIÓN,
al compañero GONZALO ENRIQUE TRIANA VERGARA, la modalidad
pensional ‘EXCEPCIONAL’ de: ‘20 años de servicio sin consideración a la
edad’ o ‘PLAN DE PENSIÓN ANTICIPADA PPA TELECOM’, como una
sit[ua]ción además ‘NOVEDOSA’ y, demás beneficios, como la liquidación
de la mesada sobre el 75% de todos los ingresos recibidos durante el
último año de servicio y, la mesada catorce (14), dado que su ‘causación’
ocurrió mucho antes del 31 de enero de 2004 o Decreto 1835 de 1994y,
que los su[s]critos accionantes BERNARDO AUGUSTO SANTOS
GIRALDO y FREDY NEL PINEDA ORTÍZ, nos encontramos en las mismas
situaciones “fácticas y jurídicas” con respecto al compañero GONZALO
TRIANA, también, AFIRMAR, que aplicamos en las tres (3) modalidades
pensionales de TELECOM, entre otras: ‘25 años de servicio sin
consideración a la edad’ y ‘20 años de servicio y 50 años de edad, sin
vínculo laboral vigente’, ésta última, reconocido en cargo ordinario a los
compañeros: MARIO ORLANDO DURÁN MORALES y otros, con quienes
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tamb[i]én, nos encontramos en las mismas situaciones ‘fácticas y jurídicas’,
sin pasar por alto que se trata de ‘PRESTACIONES PERIÓDICAS’ y, que
los suscritos accionantes BERNARDO AUGUSTO SANTOS GIRALDO Y
FREDY NEL PINEDA ORTÍZ, estamos en edades de ‘adulto mayor’,
envejeciendo y con la salud física, psic[o]lógica y mental, muy
desmejorada, en especial la del suscrito B.A.S.G.
TERCERO.- En consecuencia, se “ORDENE” al P.A.R. TELECOM, MIN
TIC y, UGPP: REINTEGRO LABORAL: ORDENE EL Despacho en
observación al derecho a la IGUALDAD y PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD, dadas las SENTENCIAS:
…
CUARTO: Si no es posible ORDENAR EL REINTEGRO LABORAL SIN
SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD A LA NÓMINA DEL PAR TELECOM
SEGÚN DECRETO 4781 DE 2005…
4.1 En la situación del Accionante BERNARDO AUGUSTO SANTOS
GIRALDO, de no ser posible ORDENAR al P.A.R. TELECOM, MIN TIC y,
UGPP el “REINTEGRO LABORAL”, en consecuencia “ORDENE” EL
Despacho en observación al derecho a la IGUALDAD y PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD: El reconocimiento del retén social” como
PREPENSIONADOS o Sentencia Unificadora con vocación de
universalidad y novedosa: SU 897 DE 2012, reconozca las siguientes
modalidades de régimen especial, EXCEPCIONAL y convencional de
pensión en TELECOM:
4.1.1. Se reconozca al suscrito accionante: BERNARDO AUGUSTO
SANTOS GIRALDO, el PLAN DE PENSIÓN ANTICIPADA PPA
TELECOM, como un hecho sobreviniente al retén social o
PREPENSIONADO…mesada que se liquidará sobre el 75% de todos los
ingresos obtenidos en el último año de servicio y, adicionalmente el
reconocimiento del derecho a la mesada catorce (14) por haberse causado
antes del Acto Legislativo No. 1 de 2005, sumas debidamente indexadas y,
ultra y extra petitamente lo que el Señor JUEZ CONSTITUCIONAL
considere necesario y/o pertinente.
4.1.2. Se reconozca al suscrito accionante: BERNARDO AUGUSTO
SANTOS GIRALDO, la modalidad de régimen especial, EXCEPCIONAL y
convencional de pensiones en TELECOM: “25 AÑOS DE SERVICIO SIN
CONSIDERACIÓN A LA EDAD”…
4.1.3. Se reconozca al suscrito accionante: BERNARDO AUGUSTO
SANTOS GIRALDO, la modalidad de régimen especial, EXCEPCIONAL y
convencional de pensiones en TELECOM: “20 AÑOS DE SERVICIO y 50
AÑOS DE EDAD SIN VÍNCULO LABORAL VIGENTE...
4.1.4. Se reconozca al suscrito accionante: FREDY NEL PINEDA ORTÍZ,
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el PLAN DE PENSIÓN ANTICIPADA PPA TELECOM, como un hecho
sobreviniente al retén social o PREPENSIONADO…
4.1.5. Se reconozca al suscrito accionante: FREDY NEL PINEDA ORTÍZ,
la modalidad de régimen especial, EXCEPCIONAL y convencional de
pensiones en TELECOM, en cargo ordinario: “25 AÑOS DE SERVICIO SIN
CONSIDERACIÓN A LA EDAD”…
4.1.3. Se reconozca al suscrito accionante: FREDY NEL PINEDA ORTÍZ,
la modalidad de régimen especial, EXCEPCIONAL y convencional de
pensiones en TELECOM, en la modalidad de cargo ordinario: “20 AÑOS
DE SERVICIO y 50 AÑOS DE EDAD SIN VÍNCULO LABORAL
VIGENTE…
…
QUINTO: ORDENE El DESPACHO del Señor JUEZ DE TUTELA, el
reconocimiento del Plan de Salud Complementario M10-COLSANITAS.
…»1 (sic para a cita)
La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Sostuvieron que ingresaron a laborar en Telecom antes de la expedición del
Decreto 2123 del 29 de diciembre de 19922. El señor Santos Giraldo nacido el
31 de marzo de 1961, trabajó del 22 de noviembre de 1982 al 31 de enero de
2006, es decir, que prestó más de 23 años de servicio; mientras que, el señor
Pineda Ortiz quien nació el 30 de diciembre de 1960, laboró desde el 1° de
febrero de 1982 al 25 de julio de 2003, por más de 21 años. Ambos con más de
61 años de edad a la fecha de presentación de la acción de tutela.
Indicaron que promovieron una acción de tutela en contra del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Patrimonio Autónomo
de Remanentes de Telecom y de la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), la cual se identificó
con el radicado 11001-33-43-064-2022-00103-00/01.
Mencionaron que, la finalidad de la precitada demanda de amparo consistió en
que «… ante ‘nuevos hechos jurídicos’ o Sentencias: SL 761 de 2021 C.S.J.,
SU 143 de 2020 C.C. y SL 3280 de 2018 C.S.J…», se ordenaran sus reintegros
laborales o la compensación, se les reconociera su calidad de prepensionados,
así como los beneficios del retén social. Subsidiariamente, que se les
1
Folios 57 a 83 del documento 2 PDF del expediente digital Samai.
2
Por el cual se reestructura la empresa nacional de telecomunicaciones –TELECOM.
4
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reconociera los regímenes «25 años de servicios sin consideración a la edad» o
«20 años de servicios y 50 de edad», se amparara el derecho a la pensión de
ambos, se les protegiera el plan de pensión anticipado PPA Telecom y, se les
reconocerá el plan de salud complementario M 10 Telecom-Colsanitas.
Señalaron que la primera instancia de dicha vía constitucional le correspondió al
Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el
cual, mediante fallo del 25 de abril de 2022 declaró la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar lo siguiente, frente a cada accionante:
a) Respecto del señor Santos Giraldo, indicó que promovió más de un proceso
ordinario ante la jurisdicción ordinaria laboral y ante diferentes despachos
judiciales alegando la vulneración de derechos relacionados en la presente
acción de tutela, donde ya se ha emitido decisión de fondo de instancias.
Asimismo, que no promovió recurso de casación en el caso con radicación
59400 ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que fue
objeto de análisis en las decisiones adoptadas en la SU143/2020. Que,
además, ejerció el medio de control de reparación directa ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, que cuenta con decisión de fondo. En cuanto a los
actos expedidos por la UGPP, no adelantó el control judicial correspondiente.
b) En lo atinente al señor Pineda Ortiz, sostuvo que este actor ya había
presentado otras 2 acciones de tutela, una que negó el amparo deprecado3 y la
otra, que declaró improcedente por configurarse una actuación temeraria4.
Adicionalmente, señaló que no se observaba que hubiese acudido ante la
jurisdicción ordinaria laboral para reclamar el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y las acreencias laborales solicitadas vía tutela y que,
tampoco se acudió a los medios de control para cuestionar la legalidad de los
actos administrativos de la UGPP, por lo que se no satisfizo el requisito de
subsidiariedad e inmediatez.
Refirieron que impugnaron la anterior decisión judicial, al considerar que en
dicha instancia no se tuvieron en cuenta los «nuevos hechos jurídicos», pues: i)
se inobservó lo resuelto en las sentencias SL 3280 de 2018 y SL 761 de 2021,
proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la
sentencia SU 143 de 2020 de la Corte Constitucional, que tienen calidad de
prepensionados conforme a la sentencia SU 897 de 2012; ii) que aportaron la
documental que denominó «prueba reina» y, entre otros asuntos, iii) porque
desconoció la jurisprudencia constitucional y laboral en favor de los
accionantes.
3
Que conoció el Juzgado Penal del Circuito de San Pelayo, Córdoba que, en sentencia de
segunda instancia del 12 de noviembre de 2009, confirmó el fallo impugnado.
4
Ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, mediante sentencia del 23
de marzo de 2010.
5
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Añadieron que, el conocimiento en segunda instancia le correspondió a la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Esta autoridad mediante fallo del 26 de mayo de 2022 5 confirmó
la sentencia impugnada, al considerar lo siguiente:
a) Hizo referencia a la cosa juzgada y a la temeridad en acciones de tutela, para
denotar lo que encontró acreditado frente a cada accionante, así:
• Frente al señor Santos Giraldo:
«En este punto, teniendo en cuenta que los accionantes ya han acudido al
recurso de amparo para obtener la protección de los derechos
fundamentales aquí invocados, y que incluso el señor Bernardo Augusto
Santos Giraldo ha acudido a la jurisdicción ordinaria laboral, en donde
cuenta con decisión de fondo, y a la jurisdicción contencioso-
administrativa, vale la pena citar la regla jurisprudencial sobre cosa
juzgada y temeridad, establecida en la Sentencia SU-377 de 2014, M.P.
María Victoria Calle Correa, de la H. Corte Constitucional, providencia en la
que el Alto Tribunal revisó más de una veintena de expedientes de tutela
dirigidos contra el PAR – Telecom, con hechos y pretensiones
relacionados con los del presente trámite.
…
De acuerdo con lo expuesto, observa esta Subsección, que en el caso del
señor Bernardo Augusto Santos Giraldo, ya se han adelantado otras
acciones ordinarias, y constitucionales, contra el PAR – Telecom, y el
MinTIC inclusive, fundadas materialmente en los hechos que motivan la
presente acción. Asimismo, se ha solicitado la protección de los derechos
fundamentales invocados en este recurso de amparo.
Sobre el particular, fuerza destacar, que de acuerdo con las probanzas
relacionadas ut supra, la jurisdicción ordinaria laboral decidió el fondo del
asunto planteado, al determinar, que el accionante no es beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
condición por demás prevista en la adenda convencional al artículo 2º de la
Convención Colectiva 1996-1997, razón por la cual no era dable su
inclusión en el Plan de Pensión Anticipada. Por no cumplir los requisitos
para el reconocimiento de las prestaciones solicitadas, el juez natural
denegó las súplicas del actor, siendo esta decisión confirmada por el
Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de
Santa Marta, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2013, proceso del
cual no se acreditó ninguna actuación ulterior.
En sede de tutela, el accionante también ha intentado en múltiples
ocasiones que se protejan los derechos que se estiman conculcados con
5
Notificado el 27 del mismo me s y año.
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ocasión de su desvinculación del extinto Telecom, y la presunta
inobservancia de su condición de “pre pensionado”. Aunque ya se dijo que
dichas decisiones fueron desfavorables a las pretensiones del
demandante, la Sala considera pertinente hacer énfasis en una sentencia
en particular, como lo es la Sentencia T-274 de 2010, proferida por la H.
Corte Constitucional, toda vez que en la citada providencia se revisó el
expediente de tutela en el que también figura como parte actora el señor
Santos Giraldo…»
• Respecto del señor Pineda Ortiz:
«… la Sala encuentra acreditado, que al menos en dos (2) ocasiones ha
solicitado la intervención del juez constitucional, para la protección de los
derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, igualdad, seguridad social
y pensión, presuntamente vulnerados por el PAR – Telecom, por causas
relacionadas a los manifestadas en el presente trámite. Así, huelga iterar,
que mediante sentencias de segunda instancia de fecha 12 de noviembre
de 2009, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté, y de 23 de
marzo de 2010, emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Turbo – Antioquia, se declaró la improcedencia de la acción tuitiva.
Destaca la Sala, que una vez efectuada la consulta en la página web de la
H. Corte Constitucional (https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/),
la primera acción de tutela referida supra, con Rad. No. T-2510600, fue
excluida de revisión por la citada Corporación. Veamos.
…
De otro lado, la segunda tutela a la que se hizo referencia, con Rad.
Interna No. T-2710233, también fue excluida de revisión por el Alto
Tribunal Constitucional:…
…
Para el caso analizado del señor Pineda Ortiz, las sentencias de tutela
relacionadas coincidieron en la improcedencia del amparo, de un lado, por
la falta de prueba del agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa previstos para la reclamación de conceptos salariales y
prestacionales, y, de otro lado, por la inobservancia del requisito de
subsidiariedad, decisiones que, según lo anotado líneas arriba, se tornan
definitivas y hacen improcedente un nuevo pronunciamiento, máxime si la
causa y las pretensiones que se invocan de forma ulterior son
materialmente las mismas.»
b) Resaltó que, al margen de las consideraciones antedichas, los accionantes
justifican la procedencia de la acción en el asunto sub examine, en la existencia
de «nuevos hechos jurídicos». Al respecto, precisó que tales hechos
corresponden a la sentencia SU 143 de 2020 de la Corte Constitucional y la
sentencia SL 761 de 2021 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
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de Justicia -que surgió como consecuencia de la decisión de la Corte
Constitucional de dejar sin efectos la sentencia SL 3280 de fecha 8 de agosto
de 2018-.
En relación con este asunto, el Tribunal demandado citó la sentencia T – 427 de
2017 acerca de la variación de los hechos o un nuevo elemento que no tienen
incidencia en las pretensiones ni en la decisión. También reseñó la providencia
SU 027 de 2021, para destacar que las providencias citadas no reúnen los
requisitos exigidos para ello. Por lo que, por tal motivo resultaba improcedente
la acción de tutela.
c) Advirtió que, a pesar de lo manifestado por las autoridades demandadas, no
aplicaría las consecuencias para la temeridad, porque si bien se observaba la
presentación sucesiva de acciones de tutela por parte de los accionantes, no
develaban «…un propósito torticero para obtener la satisfacción del interés
individual, o la intención premeditada de asaltar la buena fe de la administración
y del juez constitucional».
Indicó que, ello obedecía a la necesidad extrema de defender los derechos
fundamentales invocados y la creencia de que éstos -pese a las decisiones
desfavorables con que han concluido los trámites anteriores- son susceptibles
de protección tras la aparición de «nuevos hechos jurídicos», como son las
sentencias a las cuales se hizo referencia en esta sentencia, que han sido
proferidas en esta materia.
3. Sustento de la vulneración
Los accionantes mencionaron que las autoridades judiciales acusadas
inobservaron el principio de oficiosidad, el cual se encuentra relacionado con el
de informalidad, que se traduce en el papel activo que deben asumir los jueces
de tutela en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la
interpretación de la solicitud de amparo aquí invocada, en la cual se incumplió,
entre otras, con acatar la jurisprudencia allegada al proceso.
Indicaron que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y, a la igualdad. Además, que se
desconocieron sus beneficios a contar con una «estabilidad laboral reforzada o
retén social», a una seguridad social «integral» en personas mayores de 61
años de edad, al principio de favorabilidad del artículo 53 superior, así como a
lo siguiente:
«MÍNIMO VITAL DE LOS ACTORES, AL NEGARSENOS EL
RECONOCIMIENTO DEL -RETÉN SOCIAL- COMO “PREPENSIONADOS” Y/O
DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL TELECOM, EN
SUS DIFERENTES TRES (3) MODALIDADES, SIN QUE SE OBSERVARA EL
“DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD Y PRINCIPIO DE
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FAVORABILIDAD”, DADO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ESTÁ
FACULTADO PARA EMITIR FALLOS EXTRA Y ULTRA PETITA, CUANDO DE
LA SITUACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEMANDA PUEDE
EVIDENCIARSE LA VULNERACIÓN DE UNO O VARIOS DERECHOS
FUNDAMENTALES, AÚN CUANDO SU PROTECCIÓN NO HAYA SIDO
SOLICITADA POR LOS ACCIONANTES»
Agregaron que se desconoció el principio de in dubio pro operario o
favorabilidad en sentido amplio y que, se estructuró un defecto por la violación
directa de la Constitución al omitir su aplicación, además, en un
desconocimiento del precedente judicial y constitucional. Adicionalmente, que
incurrieron en un «presunto prevaricato».
Precisaron que se trató de una acción de tutela que promovieron por primera
vez, ante los «nuevos hechos jurídicos» que tenían absoluta incidencia en sus
pretensiones, lo cual sustentaron en lo siguiente:
«… estaba debidamente fundamentada en principios de raigambre
constitucional o “sentencias de constitucionalidad y unificadoras C 991 DE
2004, SU 388 Y 389 DE 2005, -SU 897 DE 2012-, SU 377 DE 2014 de la
Honorable CORTE CONSTITUCIONAL o “RETÉN SOCIAL” como
“PREPENSIONADO” y, sustentada en -tres- (3) “NUEVOS HECHOS
JURÍDICOS” a saber: SL 3280 DE 2018 C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C. Y
NUEVA SL 761 DE 2021, -donde la Honorable Corte Constitucional en sus
sentencias unificadoras “todas” con “VOCACIÓN DE UNIVERSALIDAD”, a
saber: SU 897 DE 2012 donde se determina allí o CONCLUYE,
afirmativamente, si o si, la “PROCEDENCIA” de la acción de tutela, la
contabilización de los tres (3) años contabilizados a partir de la supresión
efectiva del cargo y, que los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS si eran los
responsables de dicha obligación o “PRUEBA REINA” que para el caso se
demuestra mediante Oficio: P.A.R. TELECOM de fecha 1 de agosto de
2014: PARDS No. 55070-2014, con Asunto: Pago de Aportes a Pensión y,
con Referencia: Cumplimiento Sentencia de Unificación SU 897 de 2012-
…» (subrayado fuera del texto)
Destacaron que era la primera vez en presentar dicha acción de tutela y que, la
autoridad judicial invadió asunto «jurídicos» que no le correspondían, en
desmedro de la de la protección de sus derechos fundamentales invocados al -
retén social- como prepensionados, cuya protección es de orden constitucional.
Indicaron que, por lo anterior, se desconocen los siguientes pronunciamientos:
C 991 de 2004, SU 388 y 389 de 2005, SU 897 de 2012, SU 377 de 2014, SU
182 de 2019, SU 143 de 2020 y SU 027 de 2021, esta última sentencia
unificadora: SU 027 de 2021, cuya «aplicación por parte del Tribunal
Administrativo resultó inicua (sic), desproporcional, ilógica, inhumana e
irracional» en la «protección o conocimiento» de sus derechos fundamentales,
entre muchas más sentencias.
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Consideraron que no se configuró temeridad alguna y que, es inexistente la
cosa juzgada, ante los tres «nuevos hechos jurídicos» a saber: «sentencias SL
3280 DE 2018 C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C. y, que por disposición de esta
última SU 143 de 2020 C.C., se originara la nueva sentencia SL 761 DE 2021
C.S.J...», que sí tienen incidencia, pues esta corresponde al reconocimiento
novedoso del régimen especial, excepcional y convencional de pensiones en
Telecom, en sus tres (3) modalidades, que durante más de 24 años venía
siendo programática, sistemática y absurdamente negados a los trabajadores
de Telecom.
Precisaron que, el Tribunal cuestionado debió analizar la situación jurídica de
cada uno, a la luz de las normas y jurisprudencias aplicables al retén social y
como prepensionados conforme a la sentencia SU 897 de 2012, con vocación
de universalidad, por los tres «nuevos hechos jurídicos» en mención; lo cual
tornaba procedente dicha acción de tutela, que reiteraron fue promovida por
primera vez, ya que, según sus dichos, siempre ha existido el derecho, pero les
ha sido negado.
Concluyeron lo siguiente: «PREGUNTAMOS CON ABSOLUTO RESPETO AL
TRIBUNAL: ¿Acaso nos quieren llevar o continuar en DEMANDAS
JUDICIALES INTERMINABLES y llevarnos a los 70 u 80 o más años de edad,
entre estrados judiciales, demandas ordinarias laborales, acciones de tutela,
desacatos y, demás recursos judiciales o nulidades, en procura de nuestro
derecho a la pensión, que constitucional, legal y convencionalmente
“CAUSAMOS” hace más de 21 y 20 años, como una “prestación periódica”, que
nos asegure una vida digna en la vejez? Asuntos que el TRIBUNAL
definitivamente, no aviz[o]ró o que miró para otro lado.» (sic para la cita)
4. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante auto del 10 de noviembre de 2022 se admitió la solicitud de tutela y,
en consecuencia, se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al juez
Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la ministra de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a los apoderados
generales del PAR Telecom y el PAR Caprecom – o a quienes hicieran sus
veces – y al director general de la UGPP.
A su vez, se requirió el expediente de tutela en cuestión. También se denegó
el decreto de la prueba solicitada por los accionantes6.
6
Esta, consistente es «Solicitaron que se requiriera al PAR Telecom para que aporte copia
auténtica del Oficio PARDS No. 55070-2014, con el fin de que sea decretada como prueba
documental dentro del expediente. Sin embargo, se precisa que el decreto de esta prueba no
resulta necesario, pues los hechos narrados en la acción de tutela y las pretensiones elevadas
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5. Argumentos de defensa
Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes
intervenciones:
5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
El magistrado ponente de la decisión demandada se opuso a la prosperidad de
lo solicitado. Por tal motivo, pidió que se declare la improcedencia de la acción
de tutela.
Consideró que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, es que no se dirija contra una sentencia de
la misma naturaleza, toda vez que los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida. Citó la
sentencia SU 627 de 2015.
Destacó que, una vez en firme el fallo de segunda instancia, el 7 de junio de
2022 se remitió el expediente de tutela a la Corte Constitucional para efectos de
la eventual revisión, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 32 (inciso 2º) y
33 del Decreto 2591 de 1991 (Archivo No. 64 del expediente digital). El proceso,
que fue tramitado en dicha Corporación bajo el radicado T-8838616, fue
excluido de revisión mediante auto del 19 de agosto del presente año.
Recordó que, los efectos procesales de la exclusión de revisión, la Corte ha
anotado, que corresponden a: (i) la ejecutoria formal y material de la sentencia
de segunda instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada
constitucional de las sentencias de instancia, que hace la decisión inmutable e
inmodificable; y (iii) la improcedencia de la tutela contra sentencias de tutela.
Advirtió que no se configura ninguna causal de procedencia excepcional de la
tutela contra sentencia de tutela, en los términos desarrollados por la
jurisprudencia constitucional, puesto que:
(i) Los accionantes no aludieron, ni tampoco acreditaron, la existencia de la
cosa juzgada fraudulenta;
(ii) no se alegaron irregularidades en el trámite del proceso, esto es, con
anterioridad a las providencias cuestionadas, pues se observa, de acuerdo con
por los actores, junto con los argumentos que expongan las autoridades demandadas en sus
respectivas contestaciones y la documental que sea aportada al expediente, serán suficientes
para adoptar una decisión de fondo en el presente asunto.»
11
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las manifestaciones de la parte actora, que los reparos se encaminan a
cuestionar el sentido de la decisión; y
(iii) la acción impetrada no está dirigida a la protección de derechos
fundamentales vulnerados en el trámite incidental de desacato, máxime cuando
no existen órdenes cuyo cumplimiento sea viable exigir a través de esa vía.
Resaltó que los accionantes pretenden controvertir decisiones judiciales
dictadas en un proceso de tutela, para reabrir la discusión que originó la
controversia, sin invocar ningún argumento orientado a establecer la
configuración de alguna de las excepciones de procedencia
jurisprudencialmente previstas, por lo cual la acción deviene improcedente.
Añadió que, admitir la tesis contraria implicaría prolongar indefinidamente el
debate sobre la protección de los derechos invocados por los actores.
5.2. Juez Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Esta autoridad judicial solicitó que declare la improcedencia del mecanismo
constitucional, toda vez que, no cumple los requisitos que la Corte
Constitucional ha establecido para el examen de las providencias acusadas.
Citó la sentencia SU 627 de 2015.
Mencionó que, la inconformidad de la parte accionante radica en la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en lo que no tiene incidencia alguna este juzgado.
5.3. Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
La aludida autoridad también solicitó que se declare la improcedencia la
solicitud de amparo. A su vez, pidió que se declare el referido ministerio no ha
vulnerado derecho fundamental alguno de los demandantes, por cuanto ha
actuado dentro del ámbito de su competencia y conforme a las obligaciones que
le corresponden.
Advirtió que dicha cartera no está facultada ni tiene la competencia para
reconocer de la pensión de algún extrabajador de la extinta Telecom y/o negar
las mismas. Por tanto, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
Añadió que, la entidad responsable, facultada y con la competencia es la UGPP
y el encargado de expedir las certificaciones electrónicas de tiempos laborados
de los exfuncionarios de la extinta Telecom es el Patrimonio Autónomo De
Remanentes de Telecom y Teleasociadas En Liquidación – Par Telecom.
Precisó que la Ley 28 de 1943 dispuso un régimen pensional en tres
modalidades, para los trabajadores al servicio en los ramos adscritos al
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Ministerio de Correos y Telégrafos, a saber:
«1. Veinte (20) en tiempo de servicio y una edad no inferior a cincuenta
(50) años.
2. Veinticinco (25) años de servicio, sin tener en cuenta la edad.
3. Para los operadores de radio y telégrafos, tendrían derecho a jubilación
cuando cumplieran veinte años de servicio y cualquier edad (De
conformidad con el art. 1º de la citada norma, se refiere a actividades
especiales que constituyen un régimen excepcional).»
Advirtió que, los accionantes señores Bernardo Augusto Santos Giraldo y Fredy
Nel Pineda Ortiz no cumplían con ninguna de esas condiciones y, tampoco
acreditaban los requisitos para estar en el Plan de Pensión Anticipada7.
Señaló que, Telecom en su convención colectiva 1996-1997 otorgó a sus
trabajadores y pensionados el beneficio de estar afiliado a un Plan Integral de
Salud con Colsanitas, actual Plan Complementario de Salud M10, el cual, por
disposición de una serie de fallos de tutela se ordenó al PAR dar continuidad a
esos beneficios, pero solo a un listado de trabajadores, entre los cuales no se
encuentran incluidos los accionantes.
5.4. UGPP
Esta entidad solicitó que declare la improcedencia de la acción de tutela, por los
siguientes motivos:
Sostuvo que con la decisión adoptada no se incurrió en defecto alguno y que,
no procede tutela contra sentencia de la misma naturaleza. Añadió que, la parte
actora no puede pretender usar la acción de tutela como una acción indefinida
para revisar las decisiones adoptadas por el juez constitucional el cual declaró
la improcedencia de las pretensiones solicitadas por la parte aquí accionante.
Adujo que, la parte accionante no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que deba ser subsanado a través de la presente acción de tutela,
toda vez que, no demostraron siquiera sumariamente que se le esté vulnerando
su derecho fundamental a la seguridad social porque se encuentran vinculados
al régimen de salud como beneficiario (Bernardo Augusto Santos Giraldo) y en
calidad de cotizante (Fredy Nel Pineda Ortiz), tal y como se evidencia en el
pantallazo del ADRES, adjunto al presente escrito.
7
«Para el año 2003, la extinta Telecom ofreció a sus trabajadores oficiales un plan de retiro con
el fin de aligerar su carga laboral y prestacional, aprobado en el numeral 6.2 del Acta de Junta
Directiva No. 1782 de febrero 28 de 2003, a esto fue lo que se denominó PLAN DE PENSIÓN
ANTICIPADA PPA.»
13
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6. Intervención posterior de los accionantes
Mediante escrito recibido vía electrónica el 17 de noviembre de 2022 8, la parte
actora allegó material documental relacionado con la situación fáctica y jurídica
expuesta en su escrito inicial.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19919 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 201510, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa
La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó su
desvinculación, con fundamento en que, carece de legitimación en la causa por
pasiva.
La Sala negará tal petición, puesto que, se integró como parte demandada en
atención a los planteamientos fácticos y jurídicos de la parte actora y, porque,
además, hizo parte del extremo pasivo en la acción de tutela objeto de
demanda.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente evento, se cumplen con los
presupuestos generales de procedencia y, de ser así, si al proferir los fallos de
tutela cuestionados, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en la
vulneración de las garantías constitucionales de los accionantes.
Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la
misma naturaleza; ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y la
actuación temeraria, finalmente, de encontrarse superados se estudiará iii) el
fondo del asunto.
8
Documentos 42 y 45 expediente digital Samai.
9
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
10
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.
14
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4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11, mediante el
cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12, conforme al
cual:
«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»13
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Por lo que, es importante precisar bajo qué parámetros se efectuará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…».
Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia14 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
11
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción
de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
13
Ibidem.
14
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.
15
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(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no
se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de los jueces de tutela
La Sala Plena de Corte Constitucional profirió la sentencia SU 627 de octubre
de 2015, a través de la cual unificó los criterios de interpretación que debe
aplicarse para predicar la procedibilidad excepcional de la acción de tutela
contra providencias y actuaciones de los jueces de tutela, así:
«4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
16
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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional15.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional.»
Por tanto, bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia, así:
5. Examen de requisitos generales
5.1. Relevancia constitucional
15
Supra II, 4.3.5.
17
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Rad: 11001-03-15-000-2022-05885-00
En cuanto al requisito cita, la Sala precisa que se cumple, por lo siguiente:
a) Respecto de los fallos de tutela acusados, se encuentra que se acreditó tal
presupuesto, ya que, el conflicto suscitado involucra el amparo de los derechos
fundamentales invocados, pues para la parte actora, el Tribunal demandado no
tuvo en cuenta los fundamentos jurídicos expuestos frente a la sentencia SU
897 de 2012 de la Corte Constitucional, ante los «nuevos hechos jurídicos» a
saber: «Sentencias: SL 761 de 2021 C.S.J., SU 143 de 2020 C.C. y SL 3280 de
2018 C.S.J.», para resolver sus situaciones laborales y prestacionales.
b) En relación con los argumentos que esgrimieron los actores respecto del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del
Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación
– PAR Telecom, del PAR Caprecom y de la UGPP, la Sala encuentra
acreditado tal requisito, toda vez que, se advierte una inconformidad de los
demandantes en cuanto a la aplicación del derecho a la igualdad, entre otros,
por el reintegro laboral pretendido, así como, por la falta de reconocimiento de:
la calidad de prepensionado, de la garantía del retén social, del régimen
pensional aplicable como extrabajadores de Telecom, del plan de pensión
anticipada PPA con inclusión de lo devengado en el último año de servicios, de
la mesada catorce, con indexación de las sumas, de lo ultra y extra petita y, del
plan de salud complementario M10-Colsanitas.
5.2. Inmediatez
En el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, pues la
providencia mediante la cual se agotó la impugnación data del 26 de mayo de
2022, la cual se notificó vía electrónica el 27 del mismo mes y año; mientras
que la acción de tutela se presentó el 4 de noviembre de la misma anualidad;
por lo que, se advierte un ejercicio oportuno de ésta.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201416, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200517, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
17
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
18
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acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
5.3. Subsidiariedad
A su vez, la Sala encuentra cumplido el presupuesto de la subsidiariedad,
puesto que, contra la decisión de segunda instancia emitida en la acción de
tutela 11001-33-43-064-2022-00103-01, no procede recurso alguno.
5.4. Que no se trate de tutela contra providencia de la misma naturaleza
En lo atinente al mencionado presupuesto, la Sala no lo encuentra cumplido, al
tiempo que encuentra un actuar temerario de la parte actora, por los siguientes
motivos:
Al respecto, la Sala observa que ninguno de los fundamentos expuestos por los
accionantes coinciden con alguno de los supuestos previstos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU 627 de 2015, según la cual, la solicitud de
amparo constitucional es procedente de manera excepcionalísima cuando se
ataca una sentencia de tutela solo:
a) Cuando exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta,
b) Siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales: i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.
Al respecto, se precisa que tanto la Corte Constitucional18 como el Consejo de
Estado19, han considerado que la «tutela contra decisión de tutela» es
improcedente.
Así las cosas, la parte actora no demostró que se hubiera configurado alguna
de las causales señaladas por la Corte Constitucional para que proceda la
acción de tutela contra otros fallos de tutela, pues no demostró la existencia de
fraude.
18
Ver sentencia SU - 1219 de 21 de noviembre de 2001, con ponencia del Magistrado doctor
Manuel José Cepeda Espinosa.
19 Ver entre otras la sentencia de 16 de diciembre de 2009, Radicado N°. 25000-23-15-000-
2009-00089-01, Actora: Olga Lucía Arévalo Gómez, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
19
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Rad: 11001-03-15-000-2022-05885-00
Por el contrario, la Sala encuentra que con la presente acción de tutela sí se
pretende cuestionar nuevamente, la situación jurídico administrativa frente al
reconocimiento a la calidad de prepensionados, al retén social, así como al
derecho a que se le reconozca una pensión convencional de jubilación, frente a
lo que, en el anterior expediente ya se resolvió bajo improcedencia de la
demanda de amparo; por lo que, en esta oportunidad, se observa un actuar
temerario de la parte demandante.
En efecto, no acreditó la vulneración de algún derecho fundamental para que
este juez constitucional revoque decisiones que se profirieron en el trámite de la
otra acción de tutela, específicamente, que exista fraude a la ley, pues lo que se
observa es un desacuerdo con la decisión del Tribunal demandado y que, se
analicen las situaciones jurídico administrativas que exponen los actores, bajo
el argumento de que presentan «nuevos hechos jurídicos» que, a juicio de los
demandante, sí tienen incidencia, pues se trata del reconocimiento novedoso
del régimen especial, excepcional y convencional de pensiones en Telecom.
Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para
controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela «…por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”20.
En este orden de ideas, la Sala recuerda que es inaceptable que las decisiones
del juez de tutela puedan discutirse a través de otra solicitud de amparo, pues
con ello se afectarían los principios de seguridad, cosa juzgada y coherencia del
ordenamiento jurídico. Por el contrario, si se admitiera el mecanismo
constitucional contra sentencia de igual naturaleza - sin distingo alguno, como
los es el fraude-, y se hiciera un análisis de fondo sobre la misma, ello implicaría
que las controversias que se surten en sede de amparo constitucional se tornen
interminables.
Por las razones expuestas, en cuanto a la pretensión de revocar la decisión de
tutela, se declarará improcedente la solicitud de amparo constitucional,
consecuencia jurídica derivada del incumplimiento del requisito para la
viabilidad excepcionalísima de la acción de tutela contra providencias judiciales
de igual naturaleza.
Adicionalmente, frente a los cargos relativos al reconocimiento laboral y
pensional, se advierte un actuar temerario por parte de los accionantes, frente
20
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
20
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Demandantes: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-05885-00
al que, el Decreto 2591 de 1991, contempla lo siguiente:
«ARTICULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar.»
Al respecto, la Corte Constitucional21 ha considerado que, sobre el ejercicio
temerario de la acción de tutela, deben tenerse en cuenta para abordar su
posible configuración, entre ellos, los siguientes elementos:
1) Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos
hechos y la misma solicitud.
2) Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que
no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado
explícitamente por la ley o la jurisprudencia.
3) Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser
diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo
argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos
procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y
solicitud.
En lo particular, se observa que en la acción de tutela identificada con el
radicado 11001-33-43-064-2022-00103-00/01, las pretensiones que en esa
oportunidad formularon los accionantes, por lo extenso del texto, se sintetizan
de la siguiente manera:
1°) Que se ordenara sus reintegros laborales,
2°) en su defecto, se les reconociera la compensación.
3°) Subsidiariamente, la protección como prepensionados y la aplicación del
retén social,
4°) se reconociera la modalidad de «25 años de servicio sin consideración a la
edad»
5°) o la «20 años de servicio y 50 años de edad»,
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Sentencia SU 027 de 2021.
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6° y 7°) Se ampararan sus derechos a la pensión, así como la indexación de la
primera mesada pensional, retroactivo a partir del 1° de febrero de 2006 y el
reconocimiento de la mesada catorce y, las demás que ultra y extra petita
considere el juez,
8°) se les protegiera el plan de pensión anticipado PPA Telecom y,
9°) se les reconociera el plan de salud complementario M 10 Telecom-
Colsanitas.
Además, se advierte que dichas peticiones se sustentaron en: «LA
APLICACION DEL RETEN SOCIAL COMO –‘PRE O PENSIONBLE-
SENTENCIA UNIFICADA SU 897 DE 2012 H. CORTE CONSTITUCIONAL,
ANTE ‘NUEVOS HECHOS JURÍDICOS’ O RECONOCIMIENTO: RÉGIMEN
ESP[E]CIAL, EXCEPCIONAL Y CONVENCIONAL COMO –‘NORMA’- DE
PENSIONES EN TELECOM EN SUS TRES MODALIDADES CONFERIDAS EN
LAS SENTENCIAS: SL 761 DE 2021 C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C., SL 3280
DE 2018…»22
Ahora bien, se advierte que, en la acción de tutela de la referencia, se observa
que, si bien los actores solicitaron que se dejarán sin efectos los fallos de tutela
de ese otro expediente, formularon las mismas pretensiones en cuanto al
reintegro laboral o la compensación. En caso de no ser posible la vinculación
pretendida, pidieron se les reconociera su calidad de prepensionados y se les
garantizara el retén social.
Además, en esta acción de tutela, solicitaron que se les reconociera el plan de
pensión anticipada PPA Telecom con una mesada del 75% de todos los
ingresos del último año de servicio, la mesada catorce, la indexación de las
sumas y lo que ultra o extra petita se considerara, así como, el régimen especial
y convencional en las modalidades «25 años de servicio sin consideración a la
edad» o «20 años de servicio y 50 años de edad» y el plan de salud
complementario M10-Colsanitas.
De igual manera, se observa que los accionantes señalaron que no se configuró
temeridad alguna y que, es inexistente la cosa juzgada, pues el Tribunal
demandado no tuvo en cuenta los tres «nuevos hechos jurídicos» a saber:
«sentencias SL 3280 DE 2018 C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C. y, que por
disposición de esta última SU 143 de 2020 C.C., se originara la nueva sentencia
SL 761 DE 2021 C.S.J...», aplicables por lo dispuesto en la sentencia SU 897
de 2012 y, con incidencia en sus situaciones jurídico administrativas laborales y
prestaciones alegadas.
Conforme con lo expuesto, la Sala advierte que, en el presente asunto existe la
triple identidad, a saber: a) de partes, b de causa petendi y, c) de objeto,
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Sic para la cita.
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respecto de la acción de tutela formulada por los accionantes, identificada con
el radicado 11001-33-43-064-2022-00103-00/01.
Así las cosas, la Sala observa que las pretensiones formuladas por la parte
actora, bajo el mismo sustento de vulneración, fueron abordadas
detalladamente por el Tribunal demandado, puesto que, con su fallo de tutela
hizo un recuento de lo acontecido con cada demandante, para luego destacar
que esos «nuevos hechos jurídicos», que correspondían a las sentencias SU
143 de 2020, SL 761 de 2021 y SL 3280 de 2018, no reunían los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción por la
variación de los hechos o que se tratara de un nuevo elemento con incidencia
en las pretensiones o en la decisión.
En esa oportunidad, la aludida autoridad judicial consideró que no debía aplicar
las consecuencias de la temeridad, a pesar de que así lo solicitaron las
demandadas, pues no se advertía un propósito torticero, ya que los actores
actuaban bajo la creencia de la protección de sus derechos tras la aparición de
«nuevos hechos jurídicos», como lo eran las mencionadas providencias.
No obstante, en esta instancia, la Sala considera que el actuar de la parte
actora sí constituye una temeridad, puesto que, a sabiendas de que este medio
constitucional se regula por tal figura, plantearon los mismos fundamentos
fácticos y jurídicos en contra de las demás entidades demandadas y, además,
formularon el siguiente interrogante:
«PREGUNTAMOS CON ABSOLUTO RESPETO AL TRIBUNAL: ¿Acaso nos
quieren llevar o continuar en DEMANDAS JUDICIALES INTERMINABLES y
llevarnos a los 70 u 80 o más años de edad, entre estrados judiciales,
demandas ordinarias laborales, acciones de tutela, desacatos y, demás
recursos judiciales o nulidades, en procura de nuestro derecho a la pensión,
que constitucional, legal y convencionalmente ‘CAUSAMOS’ hace más de 21 y
20 años, como una ‘prestación periódica’, que nos asegure una vida digna en
la vejez? Asuntos que el TRIBUNAL definitivamente, no aviz[o]ró o que miró
para otro lado.»
Es decir, conforme al interrogante en cita, que a manera de condicionamiento
se lo atribuyen a la sentencia de tutela acusada, es factible entender que, para
los actores hasta que obtengan una decisión judicial acorde con sus intereses
laborales y prestacionales, continuarán con la presentación de las demandas
judiciales, que a bien consideren ellos.
Para la Sala, lo anterior da cuenta del actuar injustificado de los demandantes al
presentar la acción de tutela de la referencia, pues con tal argumento, develan
su propósito de indefinidamente llevar o continuar con la radicación de
demandadas interminables, como forma de responder a la pregunta por ellos
formulada ante la decisión desfavorable del Tribunal demandado y, así, frente a
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las decisiones judiciales que en lo sucesivo no decidan conforme a sus
pretensiones.
En lo particular, se considera que, lo planteado por los actores carece de
respaldo jurídico, pues el sentido desfavorable del fallo de tutela cuestionado,
no puede convertirse en una excusa para promover indefinidamente la
demanda de los mismos supuestos fácticos y jurídicos ante los jueces
constitucionales.
De manera que, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591
de 1991, en atención a que la parte demandante ya había promovido la
protección de sus derechos bajo los mismos hechos y pretensiones respecto de
esta solicitud de amparo, sin lograr justificar tal proceder. Por lo que, en lo
atinente a las demás entidades demandadas, se denegará la acción de tutela,
en atención a la actuación temeraria de los accionantes.
En consecuencia, se declarará la improcedencia frente a las pretensiones de
revocar el fallo de tutela y, a su vez, se denegará la protección invocada ante la
configuración de la temeridad respecto de los cargos de reconocimiento laboral
y pensional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la ministra de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo expuesto en esta
providencia.
SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por
los señores Bernardo Augusto Santos Giraldo y Fredy Nel Pineda Ortiz, por no
cumplir con el presupuesto de que no se trate de acción de tutela contra
sentencia de la misma naturaleza.
TERCERO: Deniégase, por temeridad, lo pretendido por la parte actora
relacionados con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el PAR Telecom, el PAR Caprecom y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales para la Protección
Social (UGPP), de conformidad con lo señalado en esta providencia.
CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
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