Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00303-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00303-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00303-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – legitimación en la causa por activa, hecho
superado, requisito lógico jurídico. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Bernardo Augusto Santos
Giraldo, en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B; de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); de la Nación
– Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y del
Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 19 de enero de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso, a la seguridad social,
a la igualdad, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, con ocasión de la sentencia de primera instancia del 12 de
diciembre de 2025, proferida en el marco del medio de control de reparación directa
con radicado principal 25000-23-36-000-2017-00044-00.
Asimismo, considera transgredidos sus derechos por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
1
Índices 2, 8 y 11 de SAMAI, certificados 3705AB558BA56262 42BEAF1AAA365EA6 4912016C662B1C8A
D87D6EF260E50BA7, 4606DE0641D097D5 DC7331EFE6B1EDFE 6B070465D0647C6B 20F99B1E2EDFBC28 y
370719938812E96C 6342F7D3AC8E5A87 4F75B122DF53C189 8AFACCCE25B7C53D, respectivamente.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado B424EF0669495303 036147276AA7309F EF622A629DF22ADF 7944A3B1AE1F9601.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
(UGPP), porque le negó el reconocimiento y pago de una pensión convencional de
jubilación.
Por su parte, alude a la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones también como entidad accionada, porque omitió efectuar la
reubicación laboral a su favor y desconoció la sentencia SU-377 de 2014.
Finalmente, considera transgredidos sus derechos fundamentales por el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas, porque no dio contestación
en tiempo ni de fondo a la solicitud PARDE 083.
2. Hechos
2.1. El actor manifiesta que prestó sus servicios en calidad de trabajador oficial de
TELECOM hasta su liquidación el 31 de enero de 2006, esto es, por 24 años, 3 meses
y 11 días.
2.2. La extinta CAPRECOM, mediante Resolución 0892-2009 del 28 de abril de 2009,
le negó el reconocimiento y pago de una pensión convencional de jubilación.
2.3. A raíz de ello, el señor Santos Giraldo y otros presentaron demanda de
reparación directa3 contra la Nación – Ministerios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público; la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP); y el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas, con
el fin de que se les declarara responsables extracontractualmente por los perjuicios
morales y materiales ocasionados con ocasión de la liquidación de TELECOM.
2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
por medio de sentencia del 12 de diciembre de 2025,4 negó las pretensiones de la
demanda.
3
Formato onedrive, archivo denominado “Cuaderno 1 [...]”, subcarpeta “1. Cuaderno principal 1”, carpeta “2. Expediente 2017-
00041-00 [...]” visible a índice 20 de SAMAI, certificado 94E6E8635B6960C2 883F93D3F1206AF0 4F0A90D1F8643AC6
C443FB1A2F8F6B96, folios 345 al 459.
4
Formato onedrive, archivo denominado “129 sentencia”, subcarpeta “002 Expediente electrónico”, carpeta “1. Expediente
2017-00044-00 [...]” visible a índice 20 de SAMAI, certificado 94E6E8635B6960C2 883F93D3F1206AF0
4F0A90D1F8643AC6 C443FB1A2F8F6B96.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2.5. El accionante señala que el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM
y Teleasociadas no dio contestación en tiempo ni de fondo a la solicitud PARDE 083.
Aunque la entidad dio respuesta mediante el oficio PARDS 386-2026 del 20 de enero
de 2026, esta fue extemporánea y, a su juicio, realizó una “confesión”.
2.6. Mediante memorial5, el accionante solicita incorporar al expediente, como
prueba sobreviniente, la Resolución RDP 1974 de 2026, emitida por la UGPP,
mediante la cual afirma que se le negó una pensión de jubilación convencional.
Contra dicho acto interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación6.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial contenido en la providencia del 1 de diciembre de 2023, de radicado
25000-23-36-000-2020-00413-01, emitida por el Consejo de Estado, y de la
sentencia SU-377 de 2014.
Asimismo, incurrió en defecto fáctico, porque no valoró el oficio PARDS 386-2026 de
2026, emitido por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y
Teleasociadas, que, a su juicio, contenía una “confesión”.
3.2. La extinta CAPRECOM, mediante Resolución 0892-2009 del 28 de abril de 2009,
le negó el reconocimiento y pago de una pensión convencional de jubilación en los
términos de los artículos 9 y 10 del Decreto 2661 de 1960, bajo el argumento de
que cumplió los requisitos exigibles para la prestación sin estar en servicio activo.
Sin embargo, desconoce que acreditaba los requisitos de 25 años de servicio como
trabajador oficial de TELECOM, sin consideración de la edad, o 20 años de servicio y
50 años de edad sin vínculo laboral vigente, y que el Programa de Renovación de
la Administración Pública (PRAP) y el Plan de Pensión Anticipada (PPA) permitían la
posibilidad de cumplir los requisitos para obtener una pensión hasta 7 años sin estar
en servicio activo.
5
Índice 11 de SAMAI, certificado 370719938812E96C 6342F7D3AC8E5A87 4F75B122DF53C189 8AFACCCE25B7C53D.
6
Índice 11 de SAMAI, certificado 06D250B131F0F9D7 27162B8C3E8E66D2 439F205C6C427CD3 6F536F143819C112.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Asimismo, está amparado por el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 o Programa de
Renovación de la Administración Pública PRAP, por ser padre cabeza de familia, y
por la Resolución 2941 de 2005, expedida por TELECOM en cumplimiento de la
sentencia SU-389 de 2005. En consecuencia, tiene derecho a una pensión de
jubilación, máxime si tiene 64 años de edad, no cuenta con ingreso alguno ni
vivienda o trabajo, padece afectaciones de salud física y mental, su esposa no goza
de un buen estado de salud, jamás cotizó al sistema de seguridad social y es ama
de casa.
3.3. La Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
omitió efectuar la reubicación laboral a su favor y desconoció la sentencia SU-377
de 2014.
3.4. El Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas no dio
contestación en tiempo ni de fondo a la solicitud PARDE 083, pues aunque la entidad
dio respuesta mediante el oficio PARDS 386-2026 de 2026, esta fue extemporánea
y, a su juicio, realizó una “confesión” al manifestar que no se le efectuó ofrecimiento
de reubicación laboral y que tampoco hubo un acto administrativo de cierre
notificado debidamente en 2018 o 2019, en el que se le indicara que no sería
reubicado.
Además, no tuvo en cuenta su situación particular como padre cabeza de familia ni
lo reubicó en un cargo con condiciones similares a las de TELECOM, con lo cual
desconoció su derecho a ello o a una medida compensatoria económica, de
conformidad con el Auto 664 de 2017 y la sentencia T-086 de 2003, emitidos por la
Corte Constitucional.
3.5. En consecuencia, los perjuicios ocasionados ascienden a la suma de
$197.260.000.000, a saber:
5
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Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
“• PRIMERA: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Rad. 25000233600020170004400), por
incurrir en error inexcusable o defecto sustantivo y desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado (Fundamentos: fallo del Consejo de Estado con radicado 25000-23-
36-000-2020-00413-01 del 1ro de diciembre del 2023 y Oficio PARDS 386 de 2026 PAR
TELECOM como “prueba reina sobreviniente”), sobre retén social -SU 377 de 2014 o
reubicación laboral-, pensiones convencionales, Plan de Pensión Anticipada PPA y fuero
sindical en TELECOM.
• SEGUNDA: Amparar el derecho fundamental de petición -PAR TELECOM según oficio
con radicado PARDE 083-2026- con vencimiento 16 de enero de 2026, como la
respuesta recién del PAR TELECOM fuera el oficio PARDS 386-2026 recibida el 20 de
enero como “prueba reina SOBREVINIENTE”, cuya "Confesión" de la Falta de
Notificación Individual, admite expresamente qué: "Revisada la matriz... no se encontró
que en su caso se haya realizado ofrecimiento alguno". (Efectos fuera del texto), admite
que no hubo ofrecimiento de -reubicación laboral- y confirma que tampoco hubo un acto
administrativo de cierre notificado debidamente Al suscrito accionante en 2018 o 2019,
adicionalmente, amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad social, mínimo vital y fuero constitucional o retén social como padre cabeza
de familia y prepensionado del suscrito accionante: BERNARDO AUGUSTO SANTOS
GIRALDO.
• TERCERA: ORDENAR a la UGPP, al MinTIC y al PAR de Telecom el reconocimiento
y pago inmediato de la Pensión Convencional de Jubilación (Resolución de Pensión No.
0892-2009 expedida por Caprecom hoy, UGPP, con fundamento en los Art. 3° CAMPO
DE APLICACIÓN C.C.T. 1996-1997 de TELECOM, art. 467 del C.S.T. y art. 46 Ley 6°
de 1945, artículos 9° y 10° Decreto 2661 de 1960 Caprecom, en la modalidad: 25 años
de servicio sin consideración a la edad que causé el 21 de octubre de 2006 como -
prepensionado- hoy, en persona adulto mayor de 64 años o edad de vejez, cumplo
igualmente en la modalidad: 20 años de servicio y 50 años de edad sin vínculo laboral
vigente que causé el 31 de marzo de 2011, ambas modalidades en mi condición de ex
trabajador Oficial de TELECOM con fuero constitucional o retén social como padre
cabeza de familia y doblemente como prepensionado (31 enero de 2006) –“no podrán
ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la
Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica…”
artículo 12° Ley 790 de 2002, sentencias SU 388 y 389 de 2005, T-009 de 2008, SU 897
de 2012 -prepensionado-, SU 377 de 2014 -que ordena reubicación laboral-, SU 165 de
2022 -Principio de Favorabilidad en la Interpretación de las Convenciones Colectivas de
Trabajo, T 318 de 2025 y, SL2600-2025 C.S.J. El pago INMEDIATO de una mesada
provisional de $3.500.000 mensuales para garantizar el mínimo vital mientras se surte
el proceso de TUTELA, que en los términos del artículo 9° y 10° del Decreto 2661 de
1960 Caprecom: “La pensión será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de
servicio…” (Efectos fuera del texto) corresponderá a la 2suma debidamente indexada
de: CATORCE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($14.300.000.oo) MCTE/mes,
inicial (base $67.106.080/12 meses 2006 x 3.43 UVR x 75%).
Ahora, Como monto máximo de pensión convencional, su incremento o tope máximo del
80%, equivaldría a la suma de: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
($15.200.000) MCTE/mes.
• CUARTA: ORDENAR el reintegro ficto o medida COMPENSATORIA (Auto 664 de
2017 y sentencia T-086 de 2003) y pago retroactivo de los aportes a seguridad social
desde la supresión del cargo el 31 de enero de 2006 unilateral, sin justa causa, ilegal e
inconstitucional (SU 377 de 2014 numeral 37°) el 31 de enero de 2006.
• QUINTA: ORDENAR al PAR TELECOM dentro del presente proceso de acción de
tutela emitir respuesta inmediata, integral, efectiva y oportuna a las reclamaciones del
actor, considerando que el oficio PARDS 386-2026 recibido el -20 enero-, es una
respuesta tardía que no resuelve la situación jurídica de fondo y, que constituye en una
prueba reina o sobreviniente […]”7.
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 4 de febrero de 20268, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, negó la medida provisional solicitada y vinculó a la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; a la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado; y a las partes demandante y demandada del expediente principal 25000-
23-36-000-2017-00044-00, así como de los acumulados 25000-23-36-000-2017-
00041-00 y 25000-23-26-000-2017-00045-00. También dispuso la notificación a las
partes y a los vinculados.
5.2. La Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones9
afirmó que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva de esa
entidad, razón por la cual solicitó su desvinculación.
5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B10,
hizo un recuento de las actuaciones surtidas en esa instancia y aseveró que la
audiencia inicial se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2018 y que, surtidas las etapas
de saneamiento y excepciones previas, decidió diferir el estudio de las excepciones
7
Índice 8 de SAMAI, certificado 4606DE0641D097D5 DC7331EFE6B1EDFE 6B070465D0647C6B 20F99B1E2EDFBC28,
folios 2 y 3.
8
Índice 13 de SAMAI, certificado 7547AECF336DC205 A9B2F0EA61E60F54 7419B26C11B08D94 230EA4D2EE3636C9.
9
Índice 23 de SAMAI, certificado 0BF614C712FEAE89 4EC86335D7D944BF 3CF282739F1BE6F0 F2E7B393F0E5F862.
10
Índice 24 de SAMAI, certificado F5CB66575DBCDF0F 50D0AEF8A654AAEC 5E2F5CB66FEED1E7
0DEB1415DBB9CAD3.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
de falta de legitimación en la causa por pasiva y de prescripción del derecho, y
declaró no probadas las restantes excepciones propuestas.
En la misma diligencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con
la UGPP, interpusieron recursos de apelación contra las decisiones relativas a las
excepciones previas de falta de legitimación en la causa por pasiva e ineptitud de la
demanda – ausencia de agotamiento de requisito de procedibilidad y ausencia de
poder para demandar, y, de ineptitud de la demanda por insuficiencia de poder,
respectivamente, recursos que fueron concedidos ante el superior.
Posteriormente, el Consejo de Estado, mediante auto del 12 de junio de 2019,
revocó parcialmente la decisión adoptada en la audiencia inicial del 1 de noviembre
de 2018 y declaró probada parcialmente la excepción de ineptitud de la demanda
por falta de conciliación extrajudicial respecto de varios demandantes, entre ellos,
Bernardo Augusto Santos Giraldo, para quien se dispuso la terminación del proceso
por tal motivo.
Dicha decisión cobró ejecutoria, por lo cual el actor no tiene legitimación en la causa
por activa para interponer esta acción de tutela contra una sentencia en la que no
es parte. Por lo tanto, la providencia censurada no es aplicable al accionante ni
puede producirle afectación directa alguna, pues ya no hacía parte del proceso al
momento de proferirse.
Sostuvo que si en gracia de discusión se llegare a considerar lo contrario, la
sentencia reprochada es de primera instancia, razón por la cual el asunto se
encuentra pendiente de decisión de segunda instancia ante el Consejo de Estado.
Finalmente, adujo que se configura una falta de legitimación por pasiva de esa
autoridad judicial.
5.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)11 informó que la prestación económica
que la parte actora pretende sea reconocida por medio de la presente acción
constitucional, ha sido negada en reiteradas oportunidades, por lo que quedó
agotada en cada una de ellas la actuación administrativa. Dicha negativa se
11
Índice 28 de SAMAI, certificado 65E62FB8878FD415 25F2B2BD4F4D0F33 DAE505844A2DB444 9EB2B423457B29A8.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
fundamenta en que no es beneficiario del régimen de transición al no contar con el
tiempo de servicio, ni la edad mínima indicada en el inciso 2 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993:
• 20 años de servicio y 50 años.
• 25 años de servicio al Estado sin consideración a la edad.
• 20 años de servicio en cargos de excepción, conforme al Decreto 1835 de 1994.
• La cláusula 6 de la convención establecía que su campo de aplicación se restringía
exclusivamente a los trabajadores vinculados a TELECOM.
Por su parte, señaló que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el
requisito de subsidiariedad, porque el accionante cuenta con otro medio judicial de
defensa, más idóneo, para controvertir la legalidad de los actos administrativos que
le negaron el reconocimiento de una pensión, los cuales deberán ser debatidos ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Aunado a ello, resaltó que no se
configuró un perjuicio irremediable.
5.5. El Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas en
Liquidación (PAR)12 informó que el actor no cumple los requisitos establecidos en el
régimen convencional TELECOM en las modalidades de 50 años de edad, después
de 20 años de servicio continuos o discontinuos, y 25 años, sin consideración a su
edad, por cuanto al 1 de abril de 1994 no cumplía con la transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 por el tiempo laborado en dicha entidad ni con la edad.
Asimismo, para el 31 de enero de 2006 contaba con más de 20 años de servicio (24
años – 3 meses y 11 días), le faltaban 6 años para acreditar la edad (modalidad 20-
50); y 8 meses y 19 días para cumplir la modalidad de 25 años de servicio sin
consideración de la edad.
En consecuencia, “no le aplica para el estudio de prepensionados (SU-897/12), la
Ley 33 de 1985 por no cumplir los requisitos (20 años de servicio y 55 años de edad-
Acuerdo JD-0012 de 1992) al 31 de enero de 2006”, pues al momento de la
supresión del cargo (31 de enero de 2006) contaba con 1248,71 semanas de
cotización y 44 años de edad.
12
Índice 29 de SAMAI, certificado A0409B072181F556 5B403BD432C15E00 0D3F3E7DAC42FBF9 222B32DD694BB783.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
De su lado, manifestó que el actor hizo parte del plan de reubicación y ocupó el
puesto 379, sin embargo, no se encontró que se hiciera algún ofrecimiento dado
que al efectuar el estudio de homologaciones no existía coincidencia en las
funciones desempeñadas en el empleo de origen respecto al receptor, o, por el
contrario, existían otras madres y padres cabezas de familia que tenían mejor
ubicación dentro del referido plan.
Destacó que el PAR TELECOM no tiene la capacidad legal para reconocer pensiones
ni para proferir actos administrativos que reconozcan, modifiquen o nieguen esas
prestaciones, porque no es una entidad administradora de pensiones, ni una entidad
pública, ya que es un negocio jurídico conforme al artículo 1233 del Código de
Comercio. En consecuencia, se configura una falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Por otro lado, sostuvo que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el
requisito de subsidiariedad, comoquiera que el accionante contó y ejerció los medios
de defensa judicial ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico, sin que la
acción de tutela pueda ser una instancia adicional, paralela o sustitutiva de aquellos.
Afirmó que existe temeridad en la conducta del señor Santos Giraldo, pues ha
interpuesto, a la fecha, 13 acciones de tutela relacionadas con los mismos
supuestos fácticos y orientadas a obtener el reconocimiento de derechos de
contenido laboral y pensional frente al PAR TELECOM, las cuales han sido resueltas
de manera favorable a dicha entidad.
Igualmente, existe 1 proceso de reparación directa en el que pretende el
reconocimiento de una indemnización especial por el no levantamiento de fuero
sindical. Adicionalmente, es parte en 5 procesos ordinarios laborales: 2 promovidos
por el PAR para la recuperación de dineros pagados en virtud de decisiones de tutela,
y 3 iniciados por el accionante, en los que ha reclamado, entre otros aspectos, el
pago de salarios, el reintegro y el reconocimiento de pensión; procesos que han
sido decididos en favor de dicho patrimonio, incluso en sede de casación.
Finalmente, frente a la solicitud radicada, de manera reiterativa, por el accionante
ante el PAR TELECOM, informó que dio respuesta mediante comunicación del 9 de
enero de 2026, identificada con el radicado PARDS 386-2026. Dicha respuesta fue
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
remitida al correo electrónico reportado por el peticionario en su solicitud
bernardoaugustosantos256@gmail.com, tal como consta en el acta de envío y
entrega de mensaje de datos con ID 20704.
5.6. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado y las demás partes demandantes y
demandadas del expediente principal 250002336000 2017 00044 00, no se
pronunciaron13.
5.7. El despacho ponente, mediante auto del 7 de abril de 202614, requirió, a través
de la Secretaría General del Consejo de Estado, a la Secretaría del Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Penal, para que allegara el expediente completo de la
acción de tutela de radicado 11001310901220250025300/01; certificara si ya se
profirió una decisión de segunda instancia, e informara el estado en el que se
encuentra su trámite.
Igualmente, requirió a la Secretaría de esta corporación para que allegara los
radicados de todas las solicitudes de amparo que Bernardo Augusto Santos Giraldo,
en nombre propio o a través de apoderado, ha elevado contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la UGPP, la
Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas, con ocasión de
la sentencia del 12 de diciembre de 2025, en el marco del medio de control de
reparación directa, radicado principal 250002336000-2017-00044-00, del no
reconocimiento de una pensión de jubilación convencional y de los presuntos
perjuicios morales y materiales con ocasión de la liquidación de TELECOM.
5.8. La Secretaría General de esta corporación respondió al requerimiento
efectuado, en el sentido de señalar que el señor Bernardo Augusto Santos Giraldo
interpuso una acción de tutela frente a asuntos relacionados a los del sub lite, la
cual se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2022-05885-00/01.15
13
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y las demás partes demandantes y demandadas del
expediente principal 250002336000 2017 00044 00 hubieran rendido informe, pese a haber sido notificadas por la Secretaría
General de esta corporación, según consta en los índices 16 y 42 de SAMAI, así como en el aviso visible en el índice 43 del
mismo sistema.
14
Índice 62 de SAMAI, certificado 58369EC672546956 5BE28A28A2473CD0 766A5EAB2DC11E12 EA3ED6D54EF8318F.
15
Índice 67 de SAMAI, certificado F55679FCFCEA36AB 79B6AA3033EFEBEB D37626803B3EF5E6 169832D4682AE51A.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.9. La Secretaría del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, allegó el expediente
completo de la acción de tutela de radicado 11001310901220250025300/01.16
5.10. El accionante ha interpuesto múltiples memoriales, que se enlistan a
continuación:
Objeto Índice de SAMAI
Solicita considerar que no existe temeridad en el presente asunto, porque
frente al expediente de radicado 11001310901220250025301, que cursa ante 25 y 26
el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, a su juicio, existe diferencia de
objeto, partes, el “marco procesal [es] distinto” y se presenta “inexistencia de
duplicidad”.
Solicita acumulación de procesos “constitucionales y contenciosos en los que
se debate mi situación pensional de régimen especial y convencional Telecom, 34 y 35
en particular: (i) la presente acción de tutela contra la sentencia del 12 de
diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y (ii) los
procesos de tutela y/o contencioso administrativos en curso en los que se
discuten los mismos derechos pensionales convencionales frente a la UGPP,
el PAR Telecom, MinTIC, Caprecom y demás entidades responsables”.
Informa sobre la problemática de la liquidación y privatización de TELECOM y
posteriores “recapitalizaciones” en el tema pensional de naturaleza 37
convencional o Ley 651 de 2001 y Decreto 2387 de 2001, y su impacto directo
en el pasivo pensional.
Informa sobre su situación personal actual y solicita continuar el trámite y que
se profiera la sentencia de primera instancia en el menor tiempo posible, en 44 y 45
garantía de los principios de celeridad y eficacia de la acción de tutela.
Informa sobre la expedición por parte del PAR TELECOM del Oficio PARDS-
386-2026, que, en su concepto, constituye “prueba sobreviniente” a la 46
sentencia del 12 de diciembre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. Insiste en su reproche
contra dicha providencia y solicita se ordene adoptar las medidas necesarias
para garantizar la protección efectiva de sus derechos a la seguridad social, a
la pensión, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la protección reforzada
como padre cabeza de familia, prepensionado y adulto mayor.
Afirma que TELECOM en liquidación y luego el PAR tiene el deber de
organizar, financiar y garantizar el pago íntegro del pasivo pensional, incluidas 49
las pensiones de naturaleza convencional y las derivadas de fallos judiciales,
conforme a la línea de la Sentencia C-068 de 1996. Finalmente, aporta copia
del oficio PARDS 1843-2026 del 12 de marzo de 2026, expedido por el PAR
TELECOM.
Pone de presente que, a su juicio, existe un “uso regresivo de la addenda [al
artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997] para desfigurar 50 y 51
el régimen especial-convencional de pensiones de TELECOM”
Aporta el Informe de Gestión de diciembre de 2025 del PAR TELECOM y
otros, el cual demuestra, en su concepto, que el PAR-TELECOM sí administra 53 y 54
de manera directa y activa la nómina y el pasivo pensional de ex TELECOM,
incluido el PPA y el plan complementario de salud. Finalmente, aporta copia
del oficio PARDS 2009-2026 del 19 de marzo de 2026, expedido por el PAR
TELECOM.
Informa sobre su situación personal actual. 59 y 60
Aporta documentos, entre ellos, el Auto 001212 del 19 de febrero de 2026 66
expedido por la UGPP y el Oficio PARDS 2584-2026 del 9 de abril de 2026,
emitido por el PAR TELECOM.
Aporta documentos y solicita su incorporación en el expediente. 68
Aporta copia de la sentencia de segunda instancia del 9 de abril de 2026
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Decisión en el 69, 75 y 79
16
Índice 72 de SAMAI, certificado F9C165A2D0BC62C9 309A2F68D6AEAC0B 275D1B0F397D91B0 9BA46066915875A9.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
marco de la acción de tutela de radicado 11001-3103-055-2026-00120-01,
interpuesta por el señor Santos Giraldo contra la UGPP y el PAR TELECOM.
Aporta documentos. 73 y 74
Aporta documentos. 77
Memorial en el que solicita la consideración de precedentes constitucionales
y laborales sobre régimen especial de TELECOM, retén social, 80, 83 y 98
prepensionados y protección de las personas mayores próximos a recibir una
pensión.
Aporta documentos. 82
Solicita reconocer que “en Colombia existe un bloque jurisprudencial
consolidado sobre el régimen especial-convencional de pensiones en 86, 88 y 89
TELECOM, el PRAP, el retén social y la protección de adultos mayores sin
pensión”. Adicionalmente, aporta documentos.
Solicita tener en cuenta la sentencia SL2600-2025 emitida por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. 93 y 97
Aporta copia de la Resolución RDP 008274 del 24 de abril de 2026, por medio 95
de la cual la UGPP le niega el reconocimiento de una pensión convencional.
Aporta copia de la sentencia T-964/04, con el fin de advertir un “Estado de 99 y 101
Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de retén social y PPA”.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Bernardo
Augusto Santos Giraldo en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B; de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); de la Nación
– Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Patrimonio
Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa
La Sala advierte que el actor manifiesta que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
transgredió sus derechos fundamentales invocados, porque le negó el
reconocimiento y pago de una pensión convencional de jubilación.
Afirma que la extinta CAPRECOM, mediante Resolución 0892-2009 del 28 de abril de
2009, le negó el reconocimiento y pago de una pensión convencional de jubilación
en los términos de los artículos 9 y 10 del Decreto 2661 de 1960, bajo el argumento
de que cumplió los requisitos exigibles para la prestación sin estar en servicio activo.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Sin embargo, desconoce que acreditaba los requisitos de 25 años de servicio como
trabajador oficial de TELECOM sin consideración de la edad, o 20 años de servicio y
50 años de edad sin vínculo laboral vigente, y que el Programa de Renovación de
la Administración Pública (PRAP) y el Plan de Pensión Anticipada (PPA) permitían la
posibilidad de cumplir los requisitos para obtener una pensión hasta 7 años sin estar
en servicio activo.
Asimismo, aduce que está amparado por el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 o
Programa de Renovación de la Administración Pública PRAP, por ser padre cabeza
de familia, y por la Resolución 2941 de 2005 expedida por TELECOM en cumplimiento
de la sentencia SU-389 de 2005. En consecuencia, a su juicio, tiene derecho a una
pensión de jubilación máxime si tiene 64 años de edad, no tiene ingreso alguno,
vivienda ni trabajo, padece afectación de salud física y mental, su esposa no tiene
un buen estado de salud, jamás cotizó para seguridad social y es ama de casa.
Pues bien, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno respecto al
reproche formulado contra la UGPP, toda vez que, revisado el expediente de la
acción de tutela promovida por el señor Bernardo Augusto Santos Giraldo contra
dicha entidad, radicado 11001310901220250025300/01,17 se advierte que en ese
trámite constitucional el actor ya solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso, así como
dejar sin efectos la Resolución 0892-2009 del 28 de abril de 2009 y ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión convencional de jubilación que reclama, en los
siguientes términos:
“[…] 1. TUTELAR mis derechos fundamentales a la seguridad social en pensión, al
mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso.
2. DEJAR SIN EFECTOS la Resolución Número 0892-2009 (28 abril) expedida por la
Secretaría General (Encargada) de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –
CAPRECOM hoy, UGPP.
3. ORDENAR a la entidad accionada (CAPRECOM o quien haya asumido sus
obligaciones pensionales, como la UGPP) que, en un término perentorio (ej. 48 horas),
proceda a reconocer y pagar la pensión de jubilación convencional a mi favor.
Dicho derecho pensional se fundamenta en las cláusulas más favorables de la
Convención Colectiva de Trabajo (C.C.T.) de 1996-1997, que por el principio de
favorabilidad y lo dispuesto en su Artículo 2º (VIGENCIA NORMAS EXISTENTES),
incorporó expresamente las modalidades pensionales del Decreto 2661 de 1960
(Artículos 9, 10 y 11) y del Acuerdo de Junta Directiva JD # 012 de 1992 (Artículos 320
17
Índice 72 de SAMAI, certificado F9C165A2D0BC62C9 309A2F68D6AEAC0B 275D1B0F397D91B0 9BA46066915875A9.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
y 321), las cuales me otorgan el derecho a la pensión vitalicia por haber cumplido: (i) 25
años de servicio sin consideración a la edad, o (ii) 20 años de servicio y 50 años de
edad.”18 […]
Dicha acción de tutela fue fallada en primera instancia por el Juzgado Doce Penal
con Funciones de Conocimiento de Bogotá, mediante providencia del 19 de agosto
de 2025,19 en el sentido de declararla improcedente al no cumplir el requisito de
subsidiariedad. Contra dicha decisión el señor Santos Giraldo interpuso
impugnación, la cual, a la fecha, se encuentra pendiente de resolución por parte del
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.20
En ese contexto, la Sala observa que el objeto de la presente acción de tutela
coincide sustancialmente con el debatido en el referido trámite constitucional, pues,
aunque allí también se solicitó dejar sin efectos la Resolución 0892-2009, lo cierto
es que la finalidad principal perseguida por el accionante en ambos asuntos consiste
en obtener el reconocimiento de la pensión convencional de jubilación que afirma
tener derecho a percibir.
En consecuencia, no resulta jurídicamente viable que dos jueces constitucionales
emitan decisiones paralelas respecto de una misma controversia, actualmente
sometida al conocimiento de un juez competente dentro de otro trámite de tutela
aún en curso. Admitir lo contrario implicaría propiciar decisiones potencialmente
contradictorias frente a un mismo litigio. Por ello, esta Sala se abstendrá de emitir
un pronunciamiento de fondo sobre dicha pretensión pensional dirigida contra la
UGPP.
3. Verificación del requisito de legitimación en la causa en el caso concreto
respecto al reproche contra la sentencia del 12 de diciembre de 2025 emitida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B
3.1. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en ser el titular del derecho
o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen
18
Archivo denominado “001 Acción de tutela […]”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a índice 72 de SAMAI, certificado
F9C165A2D0BC62C9 309A2F68D6AEAC0B 275D1B0F397D91B0 9BA46066915875A9.
19
Archivo denominado “020 Fallo”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a índice 72 de SAMAI, certificado
F9C165A2D0BC62C9 309A2F68D6AEAC0B 275D1B0F397D91B0 9BA46066915875A9.
20
La Sala realizó la búsqueda en el sistema de Consulta de la Rama Judicial y verificó que, a corte del 11 de mayo de 2026,
el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, no ha emitido sentencia de segunda instancia. Véase,
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
y, de otra, en ser el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas.
Así estarían definidas la legitimación en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente.
En materia de tutela, la legitimación en la causa tiene fundamento en el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991, que dispone que toda persona amenazada o vulnerada
en sus derechos fundamentales podrá ejercer la aludida acción, por sí misma o a
través de un representante judicial, o mediante un agente oficioso cuando el titular
de las prerrogativas no esté en condiciones de promover su propia defensa. Así
también, el artículo 13 del mismo cuerpo normativo señala que el mecanismo
constitucional se debe dirigir en contra de la autoridad pública que presuntamente
hubiere amenazado o vulnerado el derecho fundamental invocado.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa es
un requisito sine qua non para que el juez constitucional pueda pronunciarse de
fondo sobre el asunto puesto en su conocimiento21, y ha hecho énfasis en la
titularidad de los derechos fundamentales reclamados.22
3.2. En el caso concreto, el señor Bernardo Augusto Santos Giraldo manifiesta que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
transgredió sus derechos fundamentales invocados, con ocasión de la sentencia de
primera instancia del 12 de diciembre de 2025, en el marco del medio de control de
reparación directa, radicado principal 250002336000 2017 00044 00.
Aduce que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente jurisprudencial contenido en la providencia del 1 de diciembre de 2023
de radicado 25000-23-36-000-2020-00413-01 emitida por el Consejo de Estado y la
sentencia SU-377 de 2014. Asimismo, incurrió en defecto fáctico, porque no valoró
el oficio PARDS 386-2026 de 2026 emitido por el Patrimonio Autónomo de
Remanentes de TELECOM y Teleasociadas que, a su juicio, contenía una “confesión”.
3.3. Pues bien, para la Sala está acreditado que mediante auto del 12 de junio de
2019 la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado resolvió, entre otros
21
Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997.
22
Corte Constitucional, sentencias T-086 de 2010, T-176 de 2011 y T-511 de 2017.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
asuntos, dar por terminado el proceso respecto de la situación fáctica del hoy
accionante, en los siguientes términos:
“[…] SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción previa de ineptitud de
la demanda por ausencia de agotamiento del requisito de la conciliación extrajudicial,
respecto de las personas que continuación se relacionan y para quienes se declara
terminado el proceso.
Proceso 2017- 00041
Nombre Número de identificación
1. Cristina Lozano Bustos 41.799.893 de Bogotá
2. Alfredo José Palis Romero 9.112.493 de Carmen
3. Ruth Ramos Bellida 39.153.266 de san Andrés
4. Lourdes María Garizabalo Muñoz 32.664.211 de Barranquilla
5. Deisy Estela Duarte Espitia 26.013.345 de Monteria
6. Fulton Juan José González 3.961.706 de San Martín
7. Sonia Inés Salcedo 32.631.998 de Barranquilla
8. Rosa Isabel Peña Artunduaga 26.571.158 del Salado
9. Elvis Yolais Silva Martínez 36.545.191 de Santa Marta
10. Hardyn Concepción Martínez 34.972.239 de Monteria
11. Merly del Socorro Amador 32.644.622 de Barranquilla
12. Belén Herrera 40.021.955 de Tunja
13. María Eugenia Álvarez 43.498.119 de Medellín
14. Gustavo Marley Valbuena 12.142.021 de San Agustín
15. María Clara Gutiérrez rOA 39.696.631
16. Bernardo Augusto Santos Giraldo 91.213.233 de Bucaramanga
17. Adolfo León Cárdenas 16.612.930 de Cali.”23
(Resaltado en color amarillo fuera de texto).
Tras realizar la consulta del expediente en SAMAI de la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado no se advierte que se hubiera interpuesto recurso alguno
contra el auto referido. Posteriormente, en la sentencia del 12 de diciembre de 2025,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
reprodujo los argumentos de la providencia del 12 de junio de 2019, así:
“[…] El Despacho convocó a la audiencia inicial, mediante auto del 16 de octubre de
2018 (fl. 490 a 492, C. Ppal. Exp. 2017-00044-00).
La audiencia inicial se celebró el 1º de noviembre de 2018 (fl. 489 a 506 C. Ppal. Exp.
2017-00044-00), en la cual se adelantó las etapas de saneamiento y de excepciones
previas, donde se resolvió: diferir la decisión de las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva y prescripción del derecho para el momento en que se profiera la
sentencia de primera instancia, y declaró no probadas las exceptivas de: 1) Ineptitud de
la demanda – Ausencia de agotamiento de requisito de procedibilidad, 2) Ausencia de
poder para demandar e Ineptitud de la demanda por insuficiencia de poder, 3) Haberse
23
Archivo denominado “AUTO DE PONENTE(.DOC)”, “gestión documentos” de SAMAI del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, radicado 25000-23-36-000-2017-00044-01.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
notificado la demanda a persona distinta de la que fue demandada, 4) Caducidad, 5)
Falta de jurisdicción y competencia, 6) Inepta demanda, y 7) Cosa juzgada.
En la diligencia citada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la UGPP
presentaron recurso de apelación contra las decisiones que resolvieron las excepciones
previas, específicamente contra las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva e ineptitud de la demanda – ausencia de agotamiento de requisito de
procedibilidad y ausencia de poder para demandar, y, de ineptitud de la demanda por
insuficiencia de poder, respectivamente, los cuales fueron concedidos ante el Consejo
de Estado.
El Consejo de Estado mediante auto del 12 de junio de 2019 (fl. 544 a 553 C. Ppal. Exp.
2017-00044-00) resolvió: […]”.24
Bajo este panorama, esta Subsección concluye que el accionante carece de
legitimación en la causa por activa, porque está acreditado que, mediante auto del
12 de junio de 2019, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado dio
por terminado el proceso respecto de su situación particular. En consecuencia,
desde esa fecha dejó de ostentar la calidad de parte demandante dentro del referido
trámite judicial.
Así las cosas, para el momento en que se profirió la sentencia del 12 de diciembre
de 2025, el hoy accionante ya no integraba la litis ni tenía interés jurídico directo en
las decisiones allí adoptadas, razón por la cual los efectos de dicha providencia no
le resultaban aplicables ni producían consecuencias jurídicas respecto de su esfera
de derechos.
En ese contexto, al no acreditarse una afectación actual, directa y personal derivada
de la sentencia cuestionada, no se satisface el presupuesto de legitimación en la
causa por activa exigido para promover la acción de tutela, pues el actor carece de
titularidad para reclamar la protección de derechos fundamentales frente a una
providencia judicial cuyos efectos no lo cobijan, lo que conduce a la improcedencia
de la acción constitucional.
4. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. Para ello, se analizará la eventual carencia
24
Formato onedrive, archivo denominado “129 sentencia”, subcarpeta “002 Expediente electrónico”, carpeta “1. Expediente
2017-00044-00 [...]” visible a índice 20 de SAMAI, certificado 94E6E8635B6960C2 883F93D3F1206AF0
4F0A90D1F8643AC6 C443FB1A2F8F6B96.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
actual de objeto respecto de la solicitud presentada ante el PAR TELECOM y la posible
ausencia del requisito lógico jurídico frente a las pretensiones contra la Nación –
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, de ser el caso,
se determinará si se configuró la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
5. Carencia actual de objeto
En lo relativo a la supuesta vulneración al derecho de petición del actor, resulta
necesario reiterar que el Alto Tribunal Constitucional, en repetidas ocasiones 25, ha
indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando, frente a las
pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez
sería inane. Específicamente, esta figura tiene lugar cuando se presenta un daño
consumado26, un hecho superado27 o una situación sobreviniente28.
6. Del hecho superado en el caso concreto frente a la pretensión contra el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas
6.1. La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando, entre la
radicación de la acción de tutela y la sentencia, se satisface lo solicitado en el
amparo, de manera que la orden de tutela pretendida deja de ser necesaria y, por
ende, el juez constitucional debe finalizar la actuación29.
6.2. En el sub lite el señor Santos Giraldo interpuso el mecanismo constitucional
contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas,
25
Se toma de la sentencia T-038 de 2019.
26
Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez no
puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro. Sobre el
asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
M.P. Alexei Julio Estrada.
27
Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se percibe cuando, como consecuencia del
obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Se configura si se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención
del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los
casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece “[s]i,estando en curso
la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
28
Se evidencia en aquellos casos en que, sin que haya una actuación previa de la accionada, la protección solicitada no se
hace relevante, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o porque la nueva situación no da lugar
a conceder el derecho. La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual
de objeto, cuando acece un hecho posterior a la demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de 2007 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), T-585 de 2010 (M.P Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016
(M.P. Alberto Rojas Ríos), entre otras.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
porque, en su concepto, no dio contestación en tiempo ni de fondo a la solicitud
PARDE 083, pues aunque la entidad dio respuesta mediante el oficio PARDS 386-2026
de 2026, esta fue extemporánea y, a su juicio, realizó una “confesión” al manifestar
que no se le efectuó ofrecimiento de reubicación laboral y que tampoco hubo un
acto administrativo de cierre notificado debidamente en 2018 o 2019, en el que se
le indicara que no sería reubicado.
Además, no tuvo en cuenta su situación particular como padre cabeza de familia, ni
lo reubicó en un cargo con condiciones similares a las que tenía en TELECOM, con lo
cual desconoció que tenía derecho a ello o a una medida compensatoria económica,
de conformidad con el Auto 664 de 2017 y la sentencia T-086 de 2003 emitidos por
la Corte Constitucional.
6.3. Una vez revisados los documentos allegados con la contestación, se observa
que el hoy accionante radicó solicitud al Patrimonio Autónomo de Remanentes de
TELECOM y Teleasociadas, en los siguientes términos:
“1. Certifiquen por escrito si recibí notificación individual imposibilidad reubicación (SU-
377/14 numeral. 30; Auto 664/17 y T-086 de 2003 o medida COMPENSATORIA),
adjuntando copia/oficio fecha/firma.
2. Adopten medidas inmediatas ejecución SU-377/14: reubicación laboral o medida
COMPENSATORIA (salarios indexados feb/2006 a la fecha, más prestaciones sociales
legales y convencionales), computando 24 años servicio continuo para pensión
convencional (art. 3° CCT de TELECOM contenida en la Resolución No. 0892-2009
Caprecom hoy, UGPP).
3. UGPP: Revoque denegación pensional (Resolución de Pensión No. 0892/2009
Caprecom hoy, UGPP), ordene (235) mesadas retroactivas + traslado cotizaciones
FONTELECOM, reconociendo retén social como prepensionado.
4. Remita copia historial laboral completo, certificación tiempo servicio, estado ejecución
SU-377/14 para mi caso, y oficios PAR/MinTIC 2015-2017.
5. Coordine mesa técnica (Auto 664/17 y T-086 de 2003 o medida COMPENSATORIA),
para solución integral, evitando tutela por desacato continuado 2005-2025.”
Posteriormente, el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y
Teleasociadas, a través del Oficio PARDS 386-2026 del 9 de enero de 202630, dio
respuesta frente a cada una de las pretensiones elevadas por el actor. En dicho
pronunciamiento informó, entre otras cosas, que se realizaron 43 ofrecimientos
laborales a personas que, además de hacer parte del plan de reubicación, cumplían
30
Índice 30 de SAMAI, certificado 122EE00A8A013280 29ABA268B80BA60B BF4C68070F9D4A68 33B6168DFC9F5E67.
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con los requisitos previstos en el manual de funciones del ministerio y contaban con
una mejor ubicación en el orden de prioridad establecido. Asimismo, precisó que el
accionante integró el referido plan de reubicación, ocupando el puesto 379.
Igualmente, indicó que revisada la matriz de los exfuncionarios que recibieron oferta
laboral, no se encontró que en su caso se hubiera realizado ofrecimiento alguno ya
que luego de hacer el estudio de homologaciones no hubo coincidencia en las
funciones desempeñadas en el empleo de origen respecto al receptor o por el
contrario existían otras madres y padres cabezas de familia que tenían mejor
ubicación en el citado plan. De su lado, remitió los documentos solicitados por el
actor.
Aquella respuesta fue enviada al accionante el 20 de enero de 2026, al correo
electrónico bernardoaugustosantos256@gmail.com31, el cual cuenta con
confirmación de entrega.32
6.4. Bajo este panorama, la Sala advierte la ocurrencia de un hecho superado, en
la medida en que, después de la interposición de la acción de tutela, esto es, el 19
de enero de 202633, y antes de que se profiriera fallo de primera instancia, el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas se pronunció
de fondo sobre la solicitud presentada por el accionante.
De ahí que la simple disparidad del accionante frente a dicha contestación no
constituya, por sí misma, una vulneración de derechos fundamentales.
6.5. En suma, se constata que la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados como presuntamente vulnerados por el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas, cesó, razón por la cual la
intervención del juez constitucional resulta innecesaria, pues carecería de un objeto
directo sobre el cual actuar.
31
Índice 30 de SAMAI, certificado 94BE5D4CAA221C71 585341A9C0AD0365 55DAD6CC24011E06 85DFBF5D3D24772C.
32
Índice 30 de SAMAI, certificado 94BE5D4CAA221C71 585341A9C0AD0365 55DAD6CC24011E06 85DFBF5D3D24772C.
33
Índice 2 de SAMAI, certificado B424EF0669495303 036147276AA7309F EF622A629DF22ADF 7944A3B1AE1F9601.
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7. Ausencia del requisito lógico jurídico frente a las pretensiones contra la
Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
7.1. La Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue estatuida por
el constituyente de 1991 con el objeto de ser un mecanismo de protección
inmediato, efectivo, concreto y subsidiario de los derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos del artículo 86
constitucional y del artículo 1º del Decreto 2591 de 199134. Esta protección
“consistirá en una orden para que aqu[e]l respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo”.
En esa medida, ha señalado la Alta Corte que, en atención a una interpretación
sistemática de la Carta Política y de los artículos 5º y 6º del referido decreto, el
“amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe
una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la
supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión”35. Lo
anterior, en tanto “[…] para que la acción de tutela sea procedente requiere como
presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que
amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan […]”36, ya que “sin la
existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay
conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado […]”37.
Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico-jurídico esencial, como lo es la
existencia de una acción u omisión respecto de la cual se pueda efectuar el juicio
de vulnerabilidad de derechos fundamentales, el mecanismo tuitivo resulta
improcedente.
7.2. En el sub lite el actor consideró, además, transgredidos sus derechos
fundamentales invocados en el escrito de tutela por parte de la Nación – Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, porque, en su concepto,
omitió efectuar la reubicación laboral a su favor y desconoció la sentencia SU-377
de 2014.
34
Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014 y T-883 de 2008.
35
Sentencia T-130 de 2014.
36
Ibid.
37
Ibid.
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7.3. La Sala advierte que en la sentencia SU-377 de 2014, la Corte Constitucional
no impartió orden específica, concreta e individualizada a favor del señor Bernardo
Augusto Santos Giraldo dirigida a la Nación – Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, relacionada con su presunta reubicación laboral.
En consecuencia, no se evidencia la existencia de una acción u omisión atribuible
a dicha entidad que vulnere o siquiera amenace los derechos fundamentales
invocados en esta oportunidad, razón por la cual no se encuentra un juicio de
reproche constitucional susceptible de endilgársele al referido ministerio.
En efecto, el accionante se limita a afirmar que el ministerio desconoció lo decidido
en la referida sentencia de unificación y omitió efectuar su reubicación laboral; sin
embargo, no acredita la existencia de un mandato judicial concreto a su favor
incumplido por esa autoridad, ni tampoco demuestra que sobre dicha cartera
ministerial recayera una obligación específica exigible en relación con su situación
particular.
8. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.
9. Lo anterior no obsta para que la Sala requiera al accionante a fin de que se
abstenga de continuar presentando acciones de tutela contra la UGPP, el PAR
TELECOM, COLPENSIONES y el MINTIC orientadas al reconocimiento pensional y a la
reubicación laboral. La utilización reiterada de la acción constitucional, sin el
cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad, no solo implica un uso
inadecuado del mecanismo de amparo, sino que también genera una carga
innecesaria para la administración de justicia, y podría dar lugar a la imposición de
las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico en caso de configurarse una
actuación temeraria. En tal sentido, se adoptará la decisión correspondiente en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00303-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REQUERIR al señor Bernardo Augusto Santos Giraldo para que, en lo
sucesivo, se abstenga de interponer acciones de tutela orientadas al reconocimiento
pensional y a la reubicación laboral contra la UGPP, el PAR TELECOM, el MINTIC y
COLPENSIONES, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: ADVERTIR al accionante que la utilización reiterada de la acción de
tutela sin el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad podrá dar lugar a
la imposición de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico, en caso de
configurarse una actuación temeraria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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