RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00692-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00692-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00692-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, 2 de noviembre de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, 7 de septiembre de 2023. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00 TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00692-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Santiago Hernández Quiñones.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
B y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00.
Asunto: Tutela contra fallo de tutela. Improcedencia por falta de
legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra las Secciones Segunda -Subsección B- y Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La sociedad Emssanar EPS SAS y los señores César Augusto
Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, José Edilberto Palacios
Landeta, Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor Alfredo Jacho Mejía, Nancy
Rocío Caicedo España, Óscar Jovanny Valencia Manchego, Richard
Javier Mideros Luna, Sirley Burgos Campiño y María Alejandra
Benavidez Piandoy presentaron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cauca, la Fiscalía General de la Nación, la Policía
Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y más de 100 Juzgados,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la libertad, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y a la
dignidad humana, con ocasión del trámite masivo de incidentes de

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

desacato y la imposición de sanciones en su contra por el incumplimiento
de fallos de tutela.

1.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 30
de enero de 2025, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y acceso a la administración de justicia de justicia y, en
consecuencia, suspendió durante un (1) año la ejecución de las
sanciones de multa y arresto por desacato que se hayan dictado en
contra de los accionantes.

1.3. Mediante fallo de 6 de octubre de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado modificó la anterior decisión la
cual quedó así:

“[…] CUARTO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al buen nombre de Emssanar EPS SAS
y de los señores César Augusto Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez,
José Edilberto Palacios Landeta, Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor Alfredo
Jacho Mejía, Nancy Rocío Caicedo España, Óscar Jovanny Valencia
Manchego, Richard Javier Mideros Luna, Sirley Burgos Campiño, María
Alejandra Benavidez Piandoy, Víctor Hugo Labrador Rincón, Luis Carlos
Arboleda Mejía, Marizol Guzmán Gaspar; Dayanna Carolina Hernández Rico,
Johana Andrea Mesías Narváez y Camilo Andrés Sánchez Valencia, por las
razones emitidas en esta sentencia.

QUINTO: SUSPENDER durante un periodo de un (1) año, contado a partir del
día hábil siguiente de que quedó notificado el auto del 3 de abril de 2025 emitido
en el presente trámite constitucional, la ejecución de las sanciones de multa y
arresto por desacato que se hayan dictado contra los señores César Augusto
Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, José Edilberto Palacios Landeta,
Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor Alfredo Jacho Mejía, Nancy Rocío Caicedo
España, Oscar Jovanny Valencia Manchego, Richard Javier Mideros Luna,
Sirley Burgos Campiño, María Alejandra Benavides Piando, Víctor Hugo
Labrador Rincón, Luis Carlos Arboleda Mejía, Marizol Guzmán Gaspar, Camilo
Andrés Sánchez Valencia, Johana Andrea Mesías Narváez y Dayanna Carolina
Hernández Rico, en ejercicio de los cargos que ostentan u ostentaron al interior
de Emssanar EPS SAS. Adicionalmente, en los incidentes de desacato que
hayan sido promovidos o que se promuevan en el marco de acciones de tutela
interpuestas contra Emssanar EPS SAS en las circunstancias a las que aquí se
ha hecho referencia, o las que en el futuro se interpongan en el mismo contexto,
los jueces constitucionales tendrán en cuenta las pautas fijadas en la parte
motiva de esta providencia.

SEXTO: ORDENAR a Emssanar EPS SAS y a los accionantes que siguen
vinculados a esta última que, en un plazo de 90 días, contados a partir de la
notificación de la sentencia de primera instancia, presente ante la Sección
Quinta del Consejo de Estado y a la Superintendencia Nacional de Salud, en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

virtud de las atribuciones conferidas por el numeral 2º del artículo 6º del Decreto
2462 de 2013, un plan de acción que contenga, al menos, los siguientes
elementos:

1. La identificación detallada de los incidentes de desacato promovidos por
incumplimiento a fallos de tutela por parte de Emssanar y el estado actual del
trámite dado a los mismos.

2. Una relación de medidas concretas orientadas a superar, gradualmente,
durante el periodo de suspensión otorgado en el presente fallo, el cumplimiento
de las órdenes de tutela dictadas en contra de Emssanar. En este punto deberá
priorizarse el cumplimiento de aquellos servicios de salud requeridos con
necesidad por pacientes en grave e inminente riesgo, así como los servicios
que sean requeridos para la atención de sujetos de especial protección
constitucional.

3. Una propuesta para solucionar la grave situación que le impide a Emssanar
acatar el cumplimiento de las órdenes proferidas en fallos de tutela, a fin de
evidenciar el manejo que se le dará a la problemática una vez finalice el periodo
de suspensión otorgado en el presente fallo.

SÉPTIMO: ORDENAR a Emssanar EPS SAS que presente, de manera
mensual, los informes que sean procedentes ante las autoridades judiciales que
hayan dispuesto medidas de arresto o de desacato, una vez dé cumplimiento al
respectivo fallo de amparo por el cual fue iniciado el trámite incidental.

OCTAVO: ORDENAR a las autoridades judiciales que reciban los informe que
sean presentados en cumplimiento del numeral anterior, sin importar que la
sanción se encuentre en firme, que evalúen el cumplimiento del respectivo fallo
de tutela y, en caso de encontrarlo acatado, dispongan la inaplicación de
manera definitiva de las sanciones impuestas y las demás gestiones que sean
necesarias.

NOVENO: REMITIR copia de la presente decisión a la Superintendencia
Nacional de Salud para lo de su competencia. […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales porque “[…] procedieron a proteger a una EPS en
Colombia en este caso la EPS EMSSANAR, la cual dicha EPS si no puede
cumplir con sus funciones debe la misma liquidarse, pero no debió ser
protegida por el consejo de estado siendo imparcial y posible corrupción al
respecto, pues al proteger a una EPS con una sentencia que no los pueden
sancionar por desacatos de tutelas por el periodo de 1 año partiendo del 31 de
enero del 20225, el consejo de estado prefiero eso a proteger la vida, la salud,
el mínimo vital y todos los derechos fundamentales de todos los usuarios
afiliados a dicha EPS, la cual dicha EPS al estar brindado de esta manera se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

burló, jugo y amenazó con la salud y la vida de sus afiliados ocasionando
daños irremediables […]”.

Adujo que debido a las decisiones adoptadas por la accionada la EPS
EMSSANAR no ha cumplido las órdenes judiciales de tutela que protegieron
sus derechos fundamentales y le ordenaron pagarle el subsidio por
incapacidad, lo cual vulnera gravemente sus derechos fundamentales.

Adujo que la “[…] sentencia de segunda instancia debió ser notificada más
tardar en Seis (6) meses, El juzgado tiene un plazo de seis (6) meses para
resolver la segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente
en la secretaría del juzgado o tribunal. Si el término no se cumple, el juez
perderá automáticamente la competencia para conocer del proceso y deberá
informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La
remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni
participación de las oficinas de apoyo judicial Código General del Proceso,
Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya
perdido competencia para emitir la respectiva providencia. Artículo 121.
Duración del proceso, 31 del Decreto 2591 de 1991, artículo 32 del Decreto
2591 de 1991 […]”. [Sic en toda la cita]

En razón a lo anterior, concluyó que la sentencia carece de validez y debe ser
“anulada” porque la autoridad que la profirió no tenía competencia.

3. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

“[…] Solicito que se le protejan sus derechos fundamentales al suscrito y,
en consecuencia, se ordene a la accionada CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente la señora GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOY y al
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B – Magistrada
ponente la señora Elizabeth Becerra Cornejo que procedan con LA
respectiva NOTIFICACION DE ANULAR Y ARCHIVAR LA SENTENCIA
DE SEGUNDA INSTANCIA bajo el Radicado: 11001-03-15-000-2024
04475-02 ante el debido proceso que fue totalmente ignorado. […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 11 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó “[…] a la sociedad Emssanar EPS SAS, al Tribunal
Administrativo del Cauca, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía
Nacional, al Consejo Superior de la Judicatura, a los señores César Augusto
Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, José Edilberto Palacios
Landeta, Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor Alfredo Jacho Mejía, Nancy Rocío
Caicedo España, Óscar Jovanny Valencia Manchego, Richard Javier Mideros
Luna, Sirley Burgos Campiño y María Alejandra Benavidez Piandoy y a los
más de cien (100) juzgados que se encuentran referenciados en el expediente
objeto de censura identificado con el radicado 11001 03-15-000-2024-04475-
00/02 […]”.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó
que el presente mecanismo de amparo no cumple con el requisito general de
procedibilidad porque no se acreditó la ocurrencia de una situación de fraude.

Adicionalmente, indicó que si bien la sentencia del 6 de octubre de 2025
confirmó la decisión que suspendió por un año la ejecución de las sanciones
de multa y arresto por desacato dictadas en contra de empleados de la EPS
EMSSANAR, lo cierto es que “[…] de ninguna manera permite a Emssanar
EPS SAS incumplir las órdenes impartidas en su contra por jueces de tutela y
tampoco impide a las personas afectadas que adelanten los respectivos
trámites de desacato […]”.

2. La sociedad EMSSANAR EPS SAS indicó que “[…] no tiene competencia
para decidir sobre la firmeza o legalidad de los fallos de los accionados […]”.

3. El Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco señaló que no es el
competente para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones que motivaron
la interposición de la acción de tutela por parte del actor.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

4. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal El Cerrito afirmó que desconoce
las causas que motivaron la solicitud de amparo y la existencia de una
transgresión de los derechos fundamentales del accionante.

5. El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Palmira manifestó que no ha proferido providencia
alguna que haya vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
accionante, ni ha omitido actuación judicial que le fuera legalmente exigible
dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.

6. El Juzgado Quince Civil Municipal de Cali informó que, con ocasión de las
órdenes impartidas en los fallos cuestionados suspendió el trámite incidental
promovido por el aquí tutelante, decisión que fue objeto de recurso y de
controversia mediante acción de tutela.

7. El Juzgado Promiscuo Municipal El Tablón de Gómez refirió que no tiene
injerencia en las conductas producto de la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada por el actor.

8. El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Cali señaló que no ha vulnerado derecho fundamental alguno porque la
acción de tutela es instaurada contra las Secciones Quinta y Segunda -
Subsección B- del Consejo de Estado.

9. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán manifestó que no tiene
incidencia alguna en las determinaciones procesales que adopten las
autoridades judiciales pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativa.

10. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Pasto rindió informe
en el que señaló que “[…] conoce algunos incidentes de desacato, en los
cuales la EPS EMSSANAR funge como accionada, por lo que frente a los
mismos se les da el trámite correspondiente siguiendo los parámetros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

establecidos por las normas y la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado […]”.

11. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sibundoy – Putumayo se pronunció
sobre la presente acción de tutela manifestando que se atiene a lo que se
demuestre dentro del trámite de la referencia.

12. El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Tuluá sostuvo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al tutelante
en razón a que “[…] no se ha tramitado por este juzgado acción de tutela en
donde figure como accionante el antes mencionado […]”.

13. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Popayán indicó que el
objeto de la presente acción radica en decisiones judiciales que no fueron
adoptadas por ese despacho.

14. El Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad de Cali solicitó negar el
amparo respecto de ese despacho debido a que ha aplicado debidamente las
normas que regulan los trámites incidentales de desacato a aquellos casos
que han sido promovidos contra EMSSANAR EPS SAS.

15. El Juzgado Primero Civil Municipal de Túquerres refirió que “[…] una vez
consultada la base de datos que se lleva en este despacho judicial, NO se
encontró acción de tutela alguna, propuesta por el señor SANTIAGO
HERNÁNDEZ QUIÑONES, ni tampoco incidentes de desacatos, por él
promovidos […]”.

16. El Juzgado Veinte Civil Municipal de Oralidad de Cali informó que
actualmente conoce de una acción de tutela promovida por el aquí accionante
la cual se encuentra dentro de los diez (10) días para proferir sentencia de
primera instancia. Por tanto, no ha vulnerado los derechos del tutelante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

17. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali
solicitó negar el amparo en cuanto a la responsabilidad de ese despacho, en
razón a que la acción se dirige contra otras autoridades judiciales.

18. El Juzgado Once de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali
indicó que no ha realizado actuación y/o trámite que permita inferir vulneración
de derechos al señor Santiago Hernández Quiñones, puesto que no tiene
injerencia alguna en las decisiones que son objeto de inconformidad por parte
del actor.

19. El Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali
manifestó que en relación con los hechos de la tutela no me consta ninguno
de estos, por cuanto son ajenos a esa dependencia judicial.

20. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Popayán señaló que ninguno de los
hechos alegados por el accionante le es atribuible a ese juzgado, el cual ha
actuado únicamente en cumplimiento de los mandatos impartidos dentro del
expediente con radicado 2024-04475.

21. El Juzgado Octavo Administrativo de Popayán indicó que no ha vulnerado
los derechos fundamentales del actor “[…] toda vez que este despacho judicial
no ha conocido ninguna acción constitucional, ni proceso ordinario promovido
por el accionante, ni ha adelantado actuación alguna que conlleve a la
vulneración de los derechos fundamentales por él invocados en el escrito
tutelar […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer si
en el presente asunto se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación
en la causa por activa en las acciones de tutela. En caso negativo:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona2.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales

2 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].

Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19913 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].

A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

En el presente caso, el señor Santiago Hernández Quiñones promovió acción
de tutela contra las Secciones Quinta y Segunda -Subsección B- del Consejo
de Estado, con ocasión de las providencias de 30 de enero y de 6 de octubre
de 2025 proferidas dentro del mecanismo de amparo con radicación 11001-
03-15-000-2024-04475-00/02.

Ahora bien, de acuerdo con las piezas procesales del expediente objeto de
tutela, la Sala advierte que el señor Hernández Quiñones no funge como parte
procesal dentro del mecanismo de amparo con número de radicación 11001-
03-15-000-2024-04475-00/02 dentro del cual se profirió las providencias de 30
de enero y de 6 de octubre de 2025 objeto de la presente acción constitucional,
motivo por el cual carece de legitimación en la causa por activa para promover,

3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

en nombre propio, el mecanismo de amparo de la referencia con el propósito
de cuestionar dichas decisiones judiciales.

Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión
dentro de un proceso judicial, son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales.

Al respecto, esta Sección ha “[…] venido sosteniendo en su jurisprudencia que,
en principio, sólo los sujetos procesales se encuentran legitimados para
controvertir, a través de la acción de tutela, las decisiones o actuaciones que
se realizan en el curso de un proceso judicial […]”4.

Así las cosas, la Sala considera que no se encuentran satisfechos los
requisitos exigidos en los artículos 86 de la Constitución Política y 10º del
Decreto Ley 2591 de 1991, motivo por el cual declarará improcedente la acción
de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por activa del
señor Santiago Hernández Quiñones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por
falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

4 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, 2 de noviembre

de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, 7 de
septiembre de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00692-00

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.