Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04475-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04475-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04475-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
30 de enero de 2025
Demandantes: César Augusto Sánchez Gutiérrez y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04475-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04475-00
Demandantes: CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ Y OTROS
Demandados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Temas: Inaplicación del incidente de desacato ante problemas estructurales
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor César
Augusto Sánchez Gutiérrez y otros1 contra la Fiscalía General de la Nación, la Policía
Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Administrativo del Cauca y
más de 100 juzgados2, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
1
Fernanda Bravo Ordoñez, Jose Edilberto Palacios Landeta, Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor Alfredo
Jacho Mejía, Nancy Rocío Caicedo España, Oscar Jovanny Valencia Manchego, Richard Javier Mideros
Luna, Sirley Burgos Campiño, María Alejandra Benavides Piando y Emssanar Entidad Promotora de
Salud S.A.S.
2
Juzgado 15 Civil Municipal de Cali, Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Andalucía, Juzgado 7 Civil
Municipal de Cali, Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali, Juzgado 6 Penal Municipal de Pasto, Juzgado
14 Civil del Circuito de Cali, Juzgado 14 Civil Municipal de Cali, Juzgado 14 Penal Municipal de Cali,
Juzgado Civil Municipal de Sevilla, Juzgado 4 Administrativo de Popayán, Juzgado 4 Civil del Circuito
Popayán, Juzgado 4 Civil Municipal de Cali, Juzgado 4 Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de
Santiago de Cali, Juzgado 4 Civil Municipal de Palmira, Juzgado 4 Civil Municipal de Pasto, Juzgado 4
Civil Municipal de Tuluá, Juzgado 4 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Juzgado 4 Penal
del Circuito de Pasto, Juzgado 4 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Popayán,
Juzgado 4 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Palmira, Juzgado 4 Penal Municipal
de Pasto con Función de Control de Garantías, Juzgado 4 Penal Municipal de Tuluá, Juzgado de
Pequeñas Causas Laborales de Mocoa, Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Tuluá, Juzgado 10 Administrativo de Oralidad de Cali, Juzgado 10 Civil del Circuito de Oralidad de Cali,
Juzgado 10 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, Juzgado 10 Civil Municipal de Oralidad
de Cali, Juzgado 10 de Familia de Oralidad de, Juzgado 10 Penal Municipal con Funciones de
conocimiento de Popayán, Juzgado 17 Penal Municipal Funciones de Control de Garantías de Cali,
Juzgado 19 Penal Municipal Cali, Juzgado 18 Civil Municipal de Cali, Juzgado 16 Civil Municipal Cali,
Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Cali, Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de
Cali, Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali, Juzgado 17 Civil Municipal Cali, Juzgado 12 Civil Municipal
de Cali, Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Buga, Juzgado Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Popayán, Juzgado 9 Civil Municipal de Cali, Juzgado 9 Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Cali, Juzgado 9 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali,
Juzgado 9 Penal de Cali, Juzgado 9 Penal Municipal de Popayán, Juzgado 9 Penal Municipal de Cali,
Juzgado 9 Penal Municipal de Popayán, Juzgado 8 Administrativo de Popayán, Juzgado 8
Administrativo del Circuito de Pasto, Juzgado 8 Civil del Circuito de Cali, Juzgado 8 Civil Municipal de
Cali, Juzgado 8 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, Juzgado 8 Penal Municipal de
Popayán, Juzgado 8 Penal Municipal de Cali, Juzgado 11 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Cali, Juzgado 11 Penal Municipal de Cali, Juzgado Penal Circuito Sevilla, Juzgado Penal del Circuito
1
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Demandantes: César Augusto Sánchez Gutiérrez y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04475-00
Túquerres, Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Popayán, Juzgado 1 Civil del Circuito de Pasto,
Juzgado 1 Civil Especializado En Restitución de Tierras Pasto, Juzgado 1 Civil Municipal de Cali,
Juzgado 1 Civil Municipal Buenaventura, Juzgado 1 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali,
Juzgado 1 Civil Municipal de Guadalajara de Buga, Juzgado 1 Civil Municipal de Ipiales, Juzgado 1 Civil
Municipal de Mocoa, Juzgado 1 Civil Municipal de Palmira, Juzgado 1 Civil Municipal de Popayán,
Juzgado 1 Civil Municipal de Tuluá, Juzgado 1 Civil Municipal de Tuquerres, Juzgado 1 de Familia del
Circuito de Pasto, Juzgado 1 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali, Juzgado 1 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Palmira, Juzgado 1 de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple Tuluá, Juzgado 1 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Juzgado 1 Penal del
Circuito de Mocoa, Juzgado 1 Penal Municipal de Cali, Juzgado 1 Penal Municipal de Popayán, Juzgado
1 Penal Municipal de Tuluá, Juzgado 1 Penal Municipal de Pasto, Juzgado 1 Penal Municipal de Cali,
Juzgado 1 Penal Municipal de Palmira, Juzgado 1 Penal Municipal de Tuluá, Juzgado 1 Penal de
Buenaventura, Juzgado 1 Penal Municipal de Guadalajara de Buga, Juzgado 1 Penal Municipal de
Ipiales, Juzgado 1 Penal Municipal de Puerto Asís, Juzgado 1 Penal Municipal de Sevilla, Juzgado 1
Penal Municipal de Tumaco, Juzgado 1 Penal Municipal de Buga, Juzgado 1 Penal Municipal de Cali,
Juzgado 1 Penal Municipal de Palmira, Juzgado 1 Promiscuo Andalucía, Juzgado 1 Promiscuo
Municipal de Candelaria, Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Caloto, Juzgado 1 Promiscuo Municipal de
El Cerrito, Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Guacarí, Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Silvia,
Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Zarzal, Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Jamundí, Juzgado 1
Promiscuo Municipal de Pradera, Juzgado Promiscuo Municipal de Consaca, Juzgado Promiscuo de
Bugalagrande, Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Samaniego, Juzgado Promiscuo Municipal
de Alban, Juzgado Promiscuo Municipal de Caicedonia, Juzgado Promiscuo Municipal de Colón
Génova, Juzgado Promiscuo Municipal de Arboleda, Juzgado Promiscuo Municipal de Belén, Juzgado
Promiscuo Municipal de Buesaco, Juzgado Promiscuo Municipal de Cartago, Juzgado Promiscuo
Municipal de Chachagüí, Juzgado Promiscuo Municipal de Consaca, Juzgado Promiscuo Municipal de
Contadero, Juzgado Promiscuo Municipal de Cuaspud - Carlosama, Juzgado Promiscuo Municipal de
Dagua, Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez, Juzgado Promiscuo Municipal de Imues,
Juzgado Promiscuo Municipal de La Florida, Juzgado Promiscuo Municipal de Mallama, Juzgado
Promiscuo Municipal de Orito, Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina, Juzgado Promiscuo Municipal
de Policarpa, Juzgado Promiscuo Municipal de Pupiales, Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo,
Juzgado Promiscuo Municipal de Ricaurte, Juzgado Promiscuo Municipal de San Bernardo, Juzgado
Promiscuo Municipal de San Francisco, Juzgado Promiscuo Municipal de San Lorenzo, Juzgado
Promiscuo Municipal de San Pablo, Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de Cartago, Juzgado
Promiscuo Municipal de San Pedro, Juzgado Promiscuo Municipal de Sibundoy, Juzgado Promiscuo
Municipal de Taminango, Juzgado Promiscuo Municipal de Tangua, Juzgado Promiscuo Municipal de
Zarzal, Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, Juzgado Promiscuo Municipal de Linares, Juzgado
Promiscuo Municipal de Puerres, Juzgado Promiscuo Municipal del Tambo, Juzgado 15 Civil Municipal
de Cali, Juzgado 15 Penal Municipal de Cali, Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito Pasto, Juzgado
5 Civil del Circuito de Cali, Juzgado 5 Civil del Circuito de Popayán, Juzgado 5 Civil Municipal de Tuluá,
Juzgado 5 Civil Municipal Santiago de Cali, Juzgado 5 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Cali, Juzgado 5 Laboral Municipal de Cali, Juzgado 5 Penal del Circuito de Cali, Juzgado 5 Penal
Municipal de Guadalajara de Buga, Juzgado 5 Penal Municipal de Tuluá, Juzgado 5 Penal Municipal de
Palmira, Juzgado 5 Penal Municipal de Pasto, Juzgado 5 Penal Municipal de Guadalajara de Buga,
Juzgado 5 Penal Municipal de Cali, Juzgado 5 Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Cali, Juzgado 2 Administrativo del Circuito de Pasto, Juzgado 2 Civil de Ejecución de Sentencias de
Cali, Juzgado 2 Civil del Circuito de Palmira, Juzgado 2 Civil Municipal Cali, Juzgado 2 Civil Municipal
de Guadalajara de Buga, Juzgado 2 Civil Municipal de Ipiales, Juzgado 2 Civil Municipal de Menor
Cuantía Popayán, Juzgado 2 Civil Municipal de Mocoa, Juzgado 2 Civil Municipal de Santander de
Quilichao, Juzgado 2 Civil Municipal de Tuluá, Juzgado 2 Civil Municipal Palmira, Juzgado 2 Civil
Municipal Popayán, Juzgado 2 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Palmira, Juzgado 2 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Popayán, Juzgado 2 Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Cali, Juzgado 2 Penal Municipal de Pasto, Juzgado 2 Penal Municipal de Sevilla, Juzgado
2 Penal Municipal de Guadalajara de Buga, Juzgado 2 Penal Municipal de Cali, Juzgado 2 Penal
Municipal de Popayán, Juzgado 2 Penal Municipal de Santander de Quilichao, Juzgado 2 Penal
Municipal Mocoa, Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes de Tumaco, Juzgado 2 Penal Municipal
de San Juan de Pasto, Juzgado 2 Penal Municipal Tuluá, Juzgado 2 Promiscuo Municipal Caloto,
Juzgado 2 Promiscuo Municipal Candelaria, Juzgado 2 Promiscuo Municipal de El Cerrito, Juzgado 2
Promiscuo Municipal de Villagarzon, Juzgado 7 Administrativo Oral del Circuito de Cali, Juzgado 7 Civil
Municipal de Palmira, Juzgado 7 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, Juzgado 7 Civil
Municipal de Pasto, Juzgado 7 Civil Municipal de Tuluá, Juzgado 7 de Pequeñas Causas y Competencia
2
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Demandantes: César Augusto Sánchez Gutiérrez y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04475-00
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 23 de agosto de 20243, el señor César Augusto Sánchez
Gutiérrez, actuando a través de apoderada judicial 4, instauró acción de tutela contra la
Fiscalía General de la Nación y otros, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales «al debido proceso, a la libertad, a la igualdad, al buen
nombre, a la honra, a la dignidad humana».
Desde el punto de vista de la parte accionante, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales tiene sustento en la acumulación masiva, desde 2019, de incidentes
Múltiple de Cali, Juzgado 7 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Juzgado 7 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías constitucionales de Palmira, Juzgado 6 Administrativo
del Circuito de Cali, Juzgado 6 Civil del Circuito de Cali, Juzgado 6 Civil Municipal Cali Valle, Juzgado
6 Civil Municipal convertido Transitoriamente en Juzgado 4 de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple Distrito Judicial de Popayán, Juzgado 6 Civil Municipal de Buenaventura, Juzgado 6 Civil
Municipal de Palmira, Juzgado 6 Civil Municipal de Pasto, Juzgado 6 Civil Municipal de Tuluá, Juzgado
6 Civil Municipal Popayán, Juzgado 6 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple Sede
desconcentrada Casa de Justicia Barrio Alfonso López de Cali, Juzgado 6 Penal del Circuito con
Funciones de conocimiento de Cali, Juzgado 6 Penal Municipal de Pasto, Juzgado 6 Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías Cali, Juzgado 6 Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías Palmira, Juzgado 6 Penal Municipal de Popayán, Juzgado 3 Administrativo del Circuito de
Popayán, Juzgado 3 Civil del Circuito de Pasto, Juzgado 3 Civil del Circuito de Popayán, Juzgado 3 Civil
Municipal de Buenaventura, Juzgado 3 Civil Municipal de Cali, Juzgado 3 Civil Municipal de Cartago,
Juzgado 3 Civil Municipal de Palmira, Juzgado 3 Civil Municipal de Popayán, Juzgado 3 Civil Municipal
de Buga, Juzgado 3 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali, Juzgado 3 de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple de Popayán, Juzgado 3 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
del Distrito Judicial de Cali, Juzgado 3 Laboral del Circuito de Popayán, Juzgado 3 Penal del Circuito de
Pasto, Juzgado 3 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Buenaventura, Juzgado 3 Penal
Municipal de Guadalajara de Buga, Juzgado 3 Penal Municipal de Roldanillo, Juzgado 3 Penal Municipal
de Popayán, Juzgado 3 Penal Municipal de Tuluá, Juzgado 3 Penal Municipal del Circuito Judicial de
Palmira, Juzgado 3 Penal Municipal de Cali, Juzgado 3 Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Sevilla, Juzgado 3 Penal Municipal de Mocoa, Juzgado 3 Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pasto, Juzgado 3 Penal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Cali, Juzgado 3 Promiscuo Municipal de Jamundí, Juzgado 30
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali - Valle del Cauca, Juzgado 35 Civil
Municipal de Oralidad Cali, Juzgado 32 Civil Municipal de Cali, Juzgado 36 Civil Municipal de Cali,
Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, Juzgado 33 Penal Municipal
con Funciones de Garantías de Cali, Juzgado 31 Civil Municipal Cali, Juzgado 33 Civil Municipal de
Cali, Juzgado 20 Civil Municipal de Oralidad de Cali, Juzgado 24 Civil Municipal de Cali, Juzgado 24
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, Juzgado 22 Civil Municipal de Oralidad
Cali, Juzgado 22 Penal Municipal con Funciones de conocimiento Cali, Juzgado 29 Civil Municipal Cali,
Juzgado 28 Civil Municipal de Oralidad Cali, Juzgado 27 Civil Municipal de Cali, Juzgado 27 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, Juzgado 23 Civil Municipal Cali, Juzgado 23
Penal Municipal con Funciones de conocimiento de Cali, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Pasto, Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías para
Adolescentes de Pasto.
3
Índice 2, anexo 1 del expediente digital de Samai.
4
La abogada Laura Daniela Delgado Velásquez, cuyo poder fue debidamente allegado al proceso.
3
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Demandantes: César Augusto Sánchez Gutiérrez y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04475-00
de desacato y de las sanciones que en estos se han decretado contra los actores,
quienes han ejercido como representantes legales de Emssanar E.P.S. S.A.S (en
adelante Emssanar).
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
1. PRIMERO. Que se amparen los derechos fundamentales al Debido Proceso, Buen
Nombre e igualdad de los accionantes en contra de las autoridades accionadas con
fundamento en la parte motiva de la presente acción.
2. SUSPENDER la ejecución total de las sanciones de arresto y multa impuestas en sede
de incidente de desacato de tutela, en contra de los accionantes y quienes fungieron
como representantes legales de EMSSANAR E.P.S. S.A.S., así como la ejecución en
contra de EMSSANAR EPS SAS que estén relacionadas con el incumplimiento de la
atención misional de esa EPS con sus afiliados.
3. La suspensión en el numeral anterior, cubrirá un periodo de un (1) año contado a partir
de las notificaciones respectivas, término dentro del cual la EPS Emssanar E.P.S. S.A.S.
SAS, deberá cumplir con las órdenes de tutela impuestas cuyo incumplimiento motiva la
sanción de arresto y multa, de lo cual rendirá informe a los juzgados de conocimiento 5.
Por otro lado, a título de medida cautelar los accionantes peticionaron la suspensión
general de las sanciones derivadas del desacato de acciones de tutela, proferidas por
el Tribunal Administrativo del Cauca y múltiples juzgados de los departamentos de
Nariño, Valle del Cauca y Putumayo, las cuales son ejecutadas por el Consejo Superior
de la Judicatura.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
Emssanar, es una Entidad Promotora de Salud autorizada para funcionar por la
Superintendencia Nacional de Salud y que opera en los departamentos del Valle del
Cauca, Putumayo y Nariño.
En concepto técnico expedido el 21 de septiembre de 2019 por el superintendente
delegado para la supervisión institucional de la Superintendencia Nacional de Salud,
se reportaron falencias en la gestión de Emssanar desde el inicio de su operación
como Entidad Promotora de Salud.
En vista de este concepto y previa recomendación del Comité de Medidas Especiales,
mediante Resolución N°008925 del 2 de octubre de 2019, la Superintendencia
5
Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
4
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Demandantes: César Augusto Sánchez Gutiérrez y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
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Nacional de Salud adoptó la medida de vigilancia especial sobre Emssanar y ordenó
la limitación de la capacidad de la Entidad Promotora de Salud para realizar nuevas
afiliaciones y aceptar traslados. Estas limitaciones fueron levantadas por la
superintendencia a través de Resolución N°001700 del 20 de marzo de 2020 en
atención a la contingencia del COVID-19.
En concepto técnico presentado ante el Comité de Medidas Especiales de la
Superintendencia Nacional de Salud en septiembre de 2020, se evidenció que
Emssanar no había solventado las situaciones y hallazgos que fundamentaron la
medida de vigilancia especial adoptada en la Resolución N°008925 del 2 de octubre
de 2019.
Por lo anterior, a través de Resolución N°011197 del 2 de octubre de 2020, la
Superintendencia Nacional de Salud dispuso: prorrogar la medida preventiva de
vigilancia especial sobre Emssanar por un término de 9 meses; remover al revisor fiscal
de la entidad; y designar a un contralor para el seguimiento de la medida. Esta
determinación fue prorrogada por 7 meses adicionales en virtud de la Resolución
N°006861 del 2 de julio de 2021.
Mediante Resolución N°2022320000000292-6 del 2 de febrero de 2022, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes,
haberes y negocios de Emssanar, designando al señor Juan Manuel Quiñones Pinzón
como agente especial, para que determinara «si la entidad debe ser objeto de
liquidación, si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su
objeto social o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores
condiciones para los afiliados y sus acreedores».
La anterior medida fue prorrogada por un término de 2 meses a través de Resolución
N°2022320000001316-6 del 1º de abril de 2022, puesto que aún no se habían
subsanado las causas que dieron lugar a la medida.
En conceptos técnicos y evaluaciones elaboradas por la Dirección de Inspección y
Vigilancia, la Dirección de Medidas Especiales, el contralor designado y el agente
especial, se evidenció que, pese a las medidas adoptadas, Emssanar continuaba
enfrentando pérdidas acumuladas e incumplía indicadores clave, lo que afectaba sus
pagos, suministro de medicamentos y atención en salud, poniendo en riesgo su
sostenibilidad y el servicio a los usuarios.
Por tal razón, con Resolución N°2022320000002546-6 del 31 de mayo de 2022, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa para
administrar a Emssanar por el término de 1 año, y designó como agente interventor al
señor Juan Manuel Quiñones Pinzón.
5
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Demandantes: César Augusto Sánchez Gutiérrez y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04475-00
Tras advertirse riesgos en el flujo de recursos que financian la prestación del servicio
de salud en informe presentado el 24 de abril de 2023 por el equipo técnico de
seguimiento de la medida de intervención, por Resolución N°2022320000002546-6 de
31 de mayo de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la intervención
forzosa administrativa para administrar Emssanar por un término de 1 año, removió al
señor Quiñones Pinzón, y designó como nuevo agente interventor al señor Luis Carlos
Arboleda Mejía.
Mediante Resolución N°2024100000003521-6 del 3 de mayo de 2024, la
Superintendencia Nacional de Salud removió al señor Arboleda Mejía y, en su lugar,
designó al señor César Augusto Sánchez Gutiérrez como interventor de Emssanar en
el marco de la medida de intervención forzosa administrativa.
Desde 2019 y a la fecha de interposición de la acción de la referencia, se le notificaron
a Emssanar 181.022 acciones de tutela, a partir de las cuales se iniciaron 22.998
incidentes de desacato que llevaron a 12.830 sanciones, como se sintetiza en la
siguiente tabla aportada por la parte actora:
En observancia de estas circunstancias, Emssanar formuló un plan para atender a la
creciente interposición de acciones de tutela en su contra con las derivadas sanciones
que han implicado. A este plan le denominó «Plan de Acción Sanciones Activas» y
consta de 5 fases tituladas: «i) fase de gestión de usuarios únicos tutelantes por
tecnologías; ii) fase de gestión de red para tecnologías / servicios no prestados; iii)
fase de gestión efectiva de los casos; iv) fase de gestión jurídica; y v) fase de
seguimiento al cumplimiento de acciones de tutela».
Los accionantes, que han sido sancionados al interior de los incidentes de desacato
referidos, tienen o han tenido los siguientes vínculos con Emssanar:
● César Augusto Sánchez Gutiérrez: Se desempeña como agente Interventor de
Emssanar designado mediante Resolución N°2024100000003521-6 del 3 de
mayo de 2024 de la Superintendencia Nacional de Salud.
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Demandantes: César Augusto Sánchez Gutiérrez y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04475-00
● Fernanda Bravo Ordóñez: Ha sostenido un vínculo laboral con Emssanar desde
el 1º de enero de 1997. A la fecha de interposición de la acción, ostenta el cargo
de gerente de aseguramiento de la entidad.
● José Edilberto Palacios Landaeta: Ha sostenido un vínculo laboral con
Emssanar desde el 1º de julio de 2000. A la fecha de interposición de la acción,
ostenta el cargo de asesor técnico, científico y jurídico.
● Luis Eduardo Vila Barrios: Ha sostenido un vínculo laboral con Emssanar desde
el 30 de mayo de 2024. A la fecha de interposición de la acción, ostenta el cargo
de vicepresidente de salud de la entidad.
● Melchor Alfredo Jacho Mejía: Hasta el 12 de junio de 2024, se desempeñó como
representante legal de Emssanar para acciones de tutela. A la fecha de
interposición de la acción, es asesor en modelo de salud de la entidad.
● Nancy Rocío Caicedo España: Ha sostenido un vínculo laboral con Emssanar
desde el 1º de enero de 1997. A la fecha de interposición de la acción, ostenta
el cargo de gerente de riesgo en salud de la entidad.
● Oscar Jovanny Valencia Manchego: Ocupa la posición de representante legal
suplente para asuntos judiciales de Emssanar. Ha sostenido un vínculo laboral
con la entidad desde el 8 de junio de 2007. A la fecha de interposición de la
acción, ostenta el cargo de coordinador de defensa judicial.
● Richard Javier Mideros Luna: Ha sostenido un vínculo laboral con Emssanar
desde el 18 de abril de 2016. A la fecha de interposición de la acción, ostenta
el cargo de director jurídico de la entidad.
● Sirley Burgos Campiño: Ha sostenido un vínculo laboral con Emssanar desde
el 1º de octubre de 2001. A la fecha de interposición de la acción, ostenta el
cargo de gerente administrativo de la entidad.
● María Alejandra Benavides Piando: Ocupa la posición de representante legal
para asuntos judiciales de Emssanar. Ha sostenido un vínculo laboral con la
entidad desde el 20 de mayo de 2024. A la fecha de interposición de la acción,
ostenta el cargo de gerente jurídico.
1.4. Fundamentos de la vulneración
Los actores alegan que los derechos fundamentales invocados están siendo
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. Esto, comoquiera que, en la
interposición de sanciones al interior de la masiva cantidad de incidentes de desacato,
no se contempló la situación de crisis estructural de Emssanar que ha imposibilitado
el cumplimiento de los fallos de tutela.
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Demandantes: César Augusto Sánchez Gutiérrez y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04475-00
Comentaron que, como se evidencia de las medidas de intervención administrativas
adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud, Emssanar ha afrontado una
crisis estructural de carácter financiero, administrativo, jurídico y técnico-científico que
ha repercutido negativamente en la prestación de servicios de salud a sus afiliados.
Muestra de esto es que, según concepto del gerente financiero de Emssanar, el valor
de los activos de la entidad a junio de 2024 ha sufrido una disminución del 7,61% en
comparación con el mes anterior. Igualmente, advirtió una baja en el efectivo
disponible, destinado a pagar a prestadores de salud y proveedores administrativos
consecuente a una reducción en las cuentas por cobrar de la entidad.
Refirieron que esta situación ha dado lugar a una cantidad masiva de acciones de
tutela contra la entidad entre los años 2019 y 2024, que han traído como consecuencia
recurrentes sanciones contra quienes fungen o han fungido como representantes
legales de Emssanar. Explicaron que esto ha afectado directamente la libertad del
señor Alfredo Jacho Mejía y representa una amenaza para otros accionantes, algunos
de los cuales, pese a que ya no pertenecen a Emssanar, siguen involucrados en
procesos de desacato.
Alegaron que no existe una responsabilidad directa de los accionantes en el
incumplimiento de las órdenes de tutela, en atención a las circunstancias por las que
atraviesa Emssanar. Por el contrario, afirmaron que la entidad y sus representantes
han actuado con buena fe y en la medida de sus posibilidades, dando trámite a los
servicios de salud requeridos por sus afiliados y estructurando un plan para atender al
creciente número de órdenes de tutela en su contra.
Enfatizaron en que, ante la alta cantidad de incidentes de desacato y sanciones en su
contra, se ha desnaturalizado el propósito y la finalidad de estas instituciones.
Resaltaron que no se cumplen los requisitos para que se les atribuya responsabilidad
subjetiva ante el incumplimiento frente de las órdenes de tutela, pues ante estas han
actuado en la medida de las limitaciones que Emssanar posee por la crisis estructural
que la afecta.
Sobre los requisitos de procedibilidad de la solicitud de amparo, por un lado,
argumentaron que se supera la inmediatez puesto que la vulneración a sus garantías
constitucionales ha sido continua, pues la recepción de sanciones, cobros y acciones
de tutela en su contra no ha dejado de aumentar, colapsando la capacidad de
Emssanar de responder con sus obligaciones para cada paciente y amenazando la
libertad personal de los actores.
Por otro lado, expusieron que no cuentan con otro mecanismo idóneo de defensa
judicial de los derechos fundamentales puesto que, ante la alta cantidad de acciones
y desacatos que los vinculan, Emssanar no cuenta con la posibilidad de dar solución
a las múltiples solicitudes. En este orden de ideas, indicaron que la solicitud de amparo
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Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
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constituye un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre sus
derechos fundamentales.
Finalmente, expusieron que el caso tiene precedentes en la Corte Constitucional, la
cual ha reconocido que, ante una crisis estructural, el mecanismo de desacato pierde
eficacia para lograr el cumplimiento de fallos de tutela, como se observa en las
Sentencias T-315 de 2020 y T-1234 de 2008, que consideran deben ser tenidos en
cuenta al interior del presente caso.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto del 12 de septiembre de 2024, la magistrada ponente inadmitió la acción
de tutela, indicando a los accionantes subsanar la solicitud de amparo identificando:
los radicados o providencias que consideran lesivas de sus garantías constitucionales;
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que consideran que se generó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales en cada uno de los procesos
judiciales en los que se les ha sancionado; las autoridades judiciales que profirieron
las decisiones cuestionadas; y el interés y calidad para actuar de cada uno de los
actores.
Tras allegarse memorial de subsanación en el término para ello previsto, se profirió
auto del 18 de octubre de 2024 a través del cual la magistrada ponente resolvió: i)
admitir la acción de tutela; ii) ordenar la notificación a la Fiscalía General de la Nación,
a la Policía Nacional, al Consejo Superior de la Judicatura, al Tribunal Administrativo
del Cauca y a los despachos judiciales accionados; iii) vincular en calidad de terceros
con interés a quienes se desempeñaban como representantes legales de Emssanar6;
iv) negar la medida cautelar solicitada por los actores; ordenar la publicación del auto
en la página web del Consejo de Estado, y v) reconocer personería jurídica a la
abogada Laura Daniela Delgado Velásquez.
1.6. Solicitud de adición de accionantes
A través de memorial del 4 de octubre de 2024, la apoderada Delgado Velásquez
solicitó tener por accionantes a los siguientes señores que han desempeñado cargos
al interior de Emssanar y que se le reconociera personería como apoderada judicial
respecto de estas personas:
ACCIONANTE CARGO EN EMSSANAR
Víctor Hugo Labrador Rincón Director para acciones de tutela
6
Los señores Víctor Hugo Labrador Rincón, Camilo Sánchez Valencia, Luis Carlos Arboleda, Juan
Manuel Quiñones Pinzón, Oscar Jovanny Valencia Manchego, Carlos Andrés Soto Ardila, Carlos Marino
Escobar Vásquez, Dayanna Carolina Hernández Rico, Edgar Pabon Carvajal, Luis Alejandro Pisso
Tobar, Paula Andrea Obyrne Torres, Ricardo Ramirez Rendon, Rodolfo Ruiz Millán y Yeffer Perdomo
Chamorro.
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Demandantes: César Augusto Sánchez Gutiérrez y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros
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Luis Carlos Arboleda Mejía Agente interventor
Marizol Guzmán Gaspar Gerente de tutelas de Putumayo y Nariño
Camilo Andrés Sánchez Valencia Gerente Jurídico
Johana Andrea Mesías Narváez Director de Articulación y Operativización
de la Red
Dayanna Carolina Hernández Rico Director Jurídico
Como fundamento de esta solicitud, explicó que los mencionados se encuentran
actualmente vinculados y sancionados en virtud de incidentes de desacato que cursan
en contra de Emssanar, sin que se les incluyera como accionantes en el escrito
introductorio.
A esta solicitud se accedió mediante auto del 5 de diciembre de 2024, al acreditarse la
legitimación por activa de estos directores y gerentes de Emssanar y al observar que
se encuentran en las mismas circunstancias que aquellos que reputan como actores
desde la solicitud de amparo, pues contra ellos permanecen activas múltiples
sanciones dispuestas al interior de incidentes de desacato.
1.7. Manifestación de impedimento
Mediante escrito del 3 de diciembre de 2024, el Magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez manifestó estar impedido para conocer del asunto, al amparo de la causal
establecida en el numeral 1. ° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Al
respecto, indicó:
[…] La razón de ello se justifica en que mi cónyuge se desempeña como fiscal adscrita
a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que integró la parte
demandada en la acción de tutela de la referencia. […].
Sin embargo, a través de auto del 30 de enero de 2025, los demás miembros de la
Sección Quinta del Consejo de Estado lo declararon infundado, esto debido a que no
se encontraron elementos que permitieran concluir que la unidad en que labora la
cónyuge del doctor Barreto Suárez participara o conociera de los hechos que dieron
lugar a la solicitud de amparo. En vista de lo anterior, se concluyó que no se presentó
el elemento subjetivo necesario para la configuración de la causal de impedimento.
1.8. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad con
las constancias que obran en el expediente digital, se presentaron las siguientes:
1.8.1. Fiscalía General de la Nación
1.8.1.1. Dirección Seccional de Putumayo
Cuestionó la solicitud de amparo por pretenderse, a través de ella, discutir de manera
genérica decisiones judiciales ya ejecutoriadas que también son de tutela y sin atender
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a las particularidades de cada caso. Señaló que, con el abordaje argumentativo de los
actores que no se dirige a controvertir providencias en específico, no se superan los
requisitos establecidos en la sentencia T-072 de 2018 sobre la procedencia
excepcional del mecanismo constitucional contra sentencias de tutela.
Argumentó que, de concederse la acción de tutela, se generaría un perjuicio para los
usuarios del sistema de salud ante una suspensión injustificada de las sanciones por
incumplimiento de los fallos judiciales. Sostuvo que la imposición de sanciones contra
los accionantes ha resultado del uso de las herramientas que el ordenamiento jurídico
les otorga a los jueces constitucionales para garantizar el seguimiento de las órdenes
de tutela.
Finalmente, solicitó la desvinculación de la entidad ya que está actuando bajo los
criterios legales, constitucionales, y en atención a las órdenes judiciales, sin que esté
quebrantando los derechos fundamentales de los representantes legales de
Emssanar.
1.8.1.2. Dirección Seccional de Nariño
Explicó que cada uno de los incidentes de desacato referidos en el escrito introductorio
han sido tramitados en respeto al debido proceso de los accionantes. Señaló que, en
todo caso, la parte actora cuenta con los mecanismos para controvertir las sanciones
ante los jueces que dispusieron su interposición.
Comentó que la entidad se ha limitado a cumplir con sus funciones legales y
constitucionales, adelantando investigación contra los accionantes tras la compulsa de
copias que han efectuado las distintas autoridades judiciales que han atendido las
acciones de tutela contra Emssanar.
Enfatizó en que la iniciación de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la
Nación para comprobar la configuración de fraude a resolución judicial no podían
tratarse de manera similar a las sanciones que se imponen al interior de los incidentes
de desacato, pues el adelantamiento de las investigaciones hace parte de las
facultades propias de la entidad.
Solicitó que se desvinculara a la Fiscalía General de la Nación por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que la entidad no ha vulnerado o
amenazado los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
1.8.2. Juzgados accionados
Las contestaciones efectuadas por los despachos judiciales accionados se categorizan
según los argumentos expuestos de acuerdo con la siguiente tabla:
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JUZGADOS CONTESTACIÓN
Juzgado 5 Penal Municipal de Control de Solicitaron la negación del amparo
Garantías del Valle del Cauca, Juzgado 1 peticionado. En respaldo de lo anterior,
Penal Municipal de Asís, Juzgado señalaron que el trámite de los incidentes
Promiscuo Municipal de Zarzal, Juzgado de desacato se adelantó con observancia
Civil Municipal de Cali, Juzgado 1 Penal al marco normativo y jurisprudencial
Municipal con funciones de conocimiento aplicable, al debido proceso, y en respeto
de Buga, Juzgado 7 de Pequeñas Causas a las garantías constitucionales señaladas
y Competencia Múltiple de Cali, Juzgado 5 como vulneradas por la parte actora.
Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Cali, Juzgado Promiscuo Igualmente, expusieron que han atendido
Municipal de Pradera, Juzgado 7 Civil oportunamente las solicitudes de
Municipal de Palmira, Juzgado 4 Civil del inaplicación de las sanciones interpuestas
Circuito de Oralidad de Popayán, Juzgado al interior de los incidentes. En este punto,
1 Penal Municipal para Adolescentes con algunas de las autoridades judiciales
Función de Control de Garantías de Buga, accionadas argumentaron la imposibilidad
Juzgado 2 de Pequeñas Causas y de acceder a estas solicitudes en vista de
Competencia Múltiple de Palmira, Juzgado que los sancionados no habían
17 Penal Municipal con Funciones de demostrado el cumplimiento de las
Control de Garantías de Cali, Juzgado 4 órdenes impartidas en los múltiples fallos
Penal Municipal con Función de Control de de tutela proferidos contra Emssanar.
Garantías de Palmira, Juzgado 3 Penal
Municipal con Función de Control de Varios de los juzgados indicaron que la
Garantías de Roldanillo, Juzgado 23 Civil solicitud de amparo debía ser denegada
Municipal de Cali, Juzgado 7 Civil comoquiera que la situación de crisis
Municipal de Cali, Juzgado 1 Civil del institucional de Emssanar no representa
Circuito de Pasto, Juzgado Promiscuo una justificación para incumplir las órdenes
Municipal de Mallama, Juzgado 2 Civil del juez constitucional, en detrimento de
Municipal de Popayán, Juzgado 4 de los derechos fundamentales de los
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple afiliados a la E.P.S.
de Popayán, Juzgado 8 Administrativo de
Popayán, Juzgado 27 Penal Municipal de Adicionalmente, expusieron que han
Cali, Juez 8 Civil del Circuito de Cali, notado que Emssanar cambia
Juzgado 3 Civil Municipal de Palmira, constantemente de representantes
Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali, legales, lo que obstaculiza su vinculación a
Juzgado 23 Penal Municipal con Función los incidentes de desacato y la imposición
de Conocimiento de Cali, Juzgado 5 de sanciones por incumplimiento de las
Municipal de Pequeñas Causas y órdenes de tutela al responsable al interior
Competencia Múltiple de Cali, Juzgado 6 de la entidad.
Civil Municipal de Palmira, Juzgado 5
Administrativo del Circuito de Pasto, Finalmente, en respaldo de la solicitud de
Juzgado 33 Civil Municipal de Cali, resolver desfavorablemente el amparo
Juzgado Promiscuo Municipal de pretendido, recurrentemente enfatizaron la
Restrepo, Juzgado 7 Civil Municipal de falta de precisión del escrito introductorio
Pasto, Juzgado de Pequeñas Causas y sobre los aspectos concretos de las
Competencia Múltiple de Palmira, Juzgado decisiones judiciales adoptadas en los
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1 Civil Municipal de Cali, Juzgado 10 Penal incidentes de desacato que los actores
Municipal con Funciones de Conocimiento entienden como causa de las supuestas
de Popayán, Juzgado 1 Civil Municipal de transgresiones a sus garantías
Buga, Juzgado 3 de Pequeñas Causas y constitucionales.
Competencia Múltiple de Popayán,
Juzgado 1 Penal del Circuito de Mocoa,
Juzgado 5 Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Cali, Juez Promiscuo
Municipal de Guacarí, Juzgado Promiscuo
Municipal de El Contadero (Nariño),
Juzgado 30 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Cali,
Juzgado 3 Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Tuluá, Juzgado 1º
Promiscuo Municipal de Silvia (Cauca),
Juzgado Promiscuo Municipal de Buesaco,
Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina,
Juzgado 18 Civil Municipal de Cali,
Juzgado 8 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Cali.
Juzgado 4 Penal Municipal con Función de Afirmaron que la acción de tutela de la
control de Garantías de Tuluá, Juzgado 11 referencia debe ser declarada
de Pequeñas Causas y Competencia improcedente. Tras subrayar que han
Múltiple de Cali, Juzgado 14 Penal actuado en armonía con el ordenamiento
Municipal de Control Garantías de Cali, jurídico y en respeto a los derechos
Juzgado 2 Civil Municipal de Mocoa, fundamentales de los accionantes,
Juzgado 4 Civil Municipal de Palmira, explicaron que en el caso concreto no se
Juzgado 5 Civil del Circuito de Oralidad de superan los requisitos de procedencia de
Popayán, Juzgado 7 Municipal de tutela contra providencia judicial, los
Pequeñas Causas Laborales de Cali, cuales encontraron relevantes siendo lo
Juzgado 1 de Familia del Circuito de Pasto, discutido las actuaciones efectuadas al
Juzgado 2 Penal Municipal para interior de incidentes de desacato.
Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Pasto, Juez 7 Civil Municipal Objetaron que los accionantes no superan
de Ejecución de Sentencias de Cali, el requisito de subsidiariedad puesto que,
Juzgado 3 Penal Municipal con Función de frente a las sanciones impuestas por el
Control de Garantías de Buenaventura, incumplimiento de las órdenes de tutela,
Juzgado 1 Penal Municipal para cuentan con la posibilidad de solicitar su
Adolescentes con Función de Control de inaplicación ante cada uno de los
Garantías de Cali, Juzgado 10 despachos judiciales implicados.
Administrativo de Cali, Juzgado 1 Civil
Municipal de Tuluá, Juzgado Promiscuo Comentaron que tampoco se acredita el
Municipal de Linares, Juzgado Promiscuo cumplimiento del requisito de inmediatez,
Municipal de Pupiales (Nariño), Juzgado 3 puesto que los accionantes pretenden
Civil Municipal de Cartago, Juzgado 5 Civil controvertir incidentes de desacato y
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Municipal de Tuluá, Juzgado Promiscuo sanciones interpuestas en su trámite que
Municipal de El Tablón de Gómez (Nariño), se decidieron años atrás.
Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Tangua
(Nariño), Juzgado 8 Civil Municipal de Por otro lado, subrayaron que la solicitud
Ejecución de Sentencias de Cali, Juzgado de amparo no supera los requisitos
Promiscuo Municipal de Caicedonia, generales de procedencia de la acción de
Juzgado 15 Civil Municipal de Cali, tutela. En relación con esto, aseveraron
Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira, que el escrito introductorio carece de
Juzgado 1º Municipal de Pequeñas claridad y precisión al señalar los hechos
Causas Laborales de Popayán, Juzgado 4 que se alegan como causantes de las
Civil Municipal de Tuluá, Juzgado 6° Penal vulneraciones a las garantías
Municipal con Función de Control de constitucionales.
Garantías de Cali- Valle.
Juzgado 4 Penal Municipal con Función de Solicitaron la desvinculación del
Control de Garantías de Tuluá, Juzgado 29 proceso de la referencia.
Civil Municipal de Cali, Juzgado Promiscuo Mayoritariamente, refirieron que, si bien en
Municipal de San Pedro, Juzgado sus despachos cursan incidentes de
Municipal de Pequeñas Causas Laborales desacato contra los accionantes, o ya se
de Mocoa, Juzgado 1 Civil Municipal de han tramitado todas las solicitudes de
Mocoa, Juzgado 10 Penal Municipal con inaplicación de las sanciones, o no se
Funciones de Conocimiento de Popayán, encuentran sanciones activas contra los
Juzgado 6 Penal del Circuito con Función sujetos que constituyen la parte activa.
de Conocimiento de Cali, Juzgado 1º Civil
Municipal de Popayán, Juzgado 10 Civil de
Santiago de Cali, Juzgado 2 Administrativo
de Pasto, Juzgado 1º Promiscuo Municipal
de El Cerrito, Juzgado 2 Penal Municipal
Mixto de Santander de Quilichao, Juzgado
4 Civil Municipal de Cali, Juzgado
Promiscuo Municipal de Imués (Nariño),
Juzgado 7 Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Palmira.
Juzgado 3 de Pequeñas Causas y Estas autoridades judiciales limitaron su
Competencia Múltiple de Popayán, intervención al envío de los expedientes
Juzgado 28 Civil Municipal de Cali, de los procesos en que cursan incidentes
Juzgado 7 Civil Municipal de Tuluá, de desacato contra los aquí accionantes.
Juzgado Sexto Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Popayán,
Juzgado 2 Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Cali, Juzgado 8 Civil
Municipal de Cali, Juzgado 2 Civil
Municipal de Buga,
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Juzgado 4 Penal del Circuito de Pasto, Indicaron no haber sancionado a la
Juzgado 27 Civil Municipal de Cali. E.P.S., así como tampoco les ha
correspondido vigilar las sanciones.
Juzgado 4 Civil Municipal de Pasto, Las autoridades en mención señalaron que
Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de se atenían a la decisión que tomara el
Caloto (Cauca), Juzgado 1º Civil Municipal Despacho y estaban prestas a cumplir con
de Popayán, Juzgado Promiscuo lo ordenado por este juez constitucional.
Municipal de Ricaurte (Nariño), Juzgado
Promiscuo Municipal de Mallama
(Piedrancha), Juzgado 3 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías para
Adolescentes de Pasto, Juzgado 9 Penal
Municipal de Popayán, Juzgado 3 Civil
Municipal de Buga.
Juzgado 3 Civil del Circuito de Pasto, Solamente se refirieron a los procesos
Juzgado 4 Penal Municipal con Función de adelantados y comentaron sobre las
Control de Garantías de Popayán, prácticas de la entidad en cuanto al cambio
Juzgado 1º Promiscuo Municipal de San de representantes legales, más no
Francisco (Putumayo), Juzgado solicitaron una resolutiva específica de
Promiscuo Municipal de Taminango, parte de esta Sección. Afirmaron no haber
Juzgado Municipal de Pequeñas Causas vulnerado los derechos fundamentales de
Laborales de Buga, Juzgado 6 los actores.
Administrativo de Cali, Juzgado 1º Civil
Municipal de Sevilla, Juzgado 1º Municipal
de Tumaco, Juzgado 22 Civil Municipal de
Oralidad de Cali, Juzgado 3 Civil Municipal
de Popayán, Juzgado 1º Promiscuo
Municipal de San Pablo (Nariño), Juzgado
2 Municipal con Función de Control de
Garantías de Cali, Juzgado 1º Civil
Municipal de Túquerres (Nariño), Juzgado
Promiscuo Municipal de Consaca (Nariño),
Juzgado 10 Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Cali, Juzgado 3 Civil
Municipal de Popayán, Juzgado 5 Civil
Municipal de Cali, Juzgado 3 Penal
Municipal de Sevilla, Juzgado 7 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Cali, Juzgado 6 Penal Municipal de
Popayán, Juzgado 9 Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Cali, Juzgado
12 Civil Municipal de Oralidad de Cali,
Juzgado 1° Civil del Circuito Especializado
en Restitución De Tierras De Pasto,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04475-00
Juzgado 24 Civil Municipal de Cali – Valle
del Cauca
Indicó que, en virtud del factor de
Juzgado 1° Civil del Circuito de Ejecución competencia funcional, no conoce en sede
de Sentencias de Cali de consulta de los incidentes de desacato
propuestos contra Emssanar.
Juzgado Once Penal Municipal con No realizó pronunciamiento detallado, por
Funciones de Control de Garantías Cali- cuanto en el libelo de tutela no se precisó
Valle del Cauca. por parte de la parte accionante el dato
concreto de las providencias que vulneran
sus garantías constitucionales.
Además de las contestaciones agrupadas en la tabla previa, el Juzgado Primero
Penal Municipal con Función de Control de Garantías para Adolescentes de
Pasto allegó contestación de la acción de tutela advirtiendo que, si bien se le señaló
como accionado en el libelo introductorio, no fue mencionado en el auto admisorio del
18 de octubre de 2024. Por lo anterior, solicitó su vinculación al proceso de la
referencia en garantía del derecho fundamental al debido proceso y de defensa.
Pese a que la Policía Nacional, y el Consejo Superior de la Judicatura fueron
notificados en debida forma7, guardaron silencio.
1.9. Vinculación
Por considerarse que le asiste un interés legítimo, independiente de la decisión que se
profiera, por auto del 18 de noviembre de 2024, se ordenó la vinculación y notificación
personal a los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca8, Nariño9 y Putumayo10.
Por otro lado, a través de auto del 5 de diciembre de 2024 y por la misma razón, se
dispuso vincular y notificar a la Superintendencia Nacional de Salud11.
1.9.1. Tribunal Administrativo de Nariño
La Magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón aseguró que no se vulneraron los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, por cuanto, las decisiones que
7
Índice 17 de Samai.
8
Anexo índice 209 la notificación se realizó a las siguientes direcciones electrónicas:
tribunaladministrativodelvalledelcauca@cendoj.ramajudicial;s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co y
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
9
Anexo índice 209 la notificación se realizó a las siguientes direcciones electrónicas:
tadminconjnrn@notificacionesrj.gov.co;sgtadminnrn@notificacionesrj.gov.co;
secgraltadmpso@cendoj.ramajudicial.gov.co; y prestribadmnar@cendoj.ramajudicial.gov.co
10
Anexo índice 209 la notificación se realizó a la siguiente dirección electrónica:
scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co
11
Anexo índice 247 la notificación se realizó a la siguiente dirección electrónica:
snstutelas@supersalud.gov.co
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fueron adoptadas por la Corporación se encontraba acordes con cada una de las
pruebas que fueron allegadas a los procesos, como, con la normatividad constitucional
aplicable y el debido proceso.
Solicitó se aplicara la figura de la temeridad, por cuanto lo que busca la parte
accionante es desconocer los derechos fundamentales de los pacientes a través de
no acatar las decisiones de tutela, como que, se negara la acción constitucional de la
referencia.
El Magistrado Paulo León España Pantoja manifestó que se atiene a lo decidido por el
despacho, no obstante, advirtió que las actuaciones de la Corporación se ajustaron a
las garantías del debido proceso y del derecho de defensa de la parte actora y quienes
intervinieron en las consultas de incidente de desacato de su conocimiento.
El Magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos indicó que no le asiste legitimación en
la causa por pasiva, debido a que la parte actora no acusó ninguna decisión en
específico que hubiera proferido, y en la cual, se hubiera incurrido en algún defecto
que justificara la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir
providencias judiciales.
Por lo anterior, requirió que se declarara improcedente la acción de tutela por no
cumplirse con el requisito de subsidiariedad.
Los Magistrados José Gabriel Santacruz Miranda y Sandra Lucía Ojeda Insuasty
afirmaron que no han conocido hasta el momento ningún asunto relacionado con
incidentes de desacato o consultas contra Emsannar E.P.S.
1.9.2. Tribunal Administrativo del Putumayo
El presidente de la Corporación afirmó, que según el libro radicador de procesos
ordinarios y de acciones constitucionales, la Corporación no ha tramitado acciones
constitucionales, ni consultas por desacato en contra de Emssanar o alguno de sus
funcionarios.
1.9.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Manifestó que las sanciones impuestas por la Corporación se fundamentaron en el
marco del procedimiento especial del incidente de desacato como que, garantizaron el
debido proceso de los sancionados.
1.9.4. Superintendencia Nacional de Salud
La entidad solicitó su desvinculación al considerar que carece de responsabilidad en
lo que atañe a la violación de derechos fundamentales señalados por la parte actora.
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En respaldo de su petición, explicó las funciones de la Superintendencia Nacional de
Salud para concluir que no es superior jerárquico del agente especial interventor de
Emssanar, quien desarrolla las actividades de administración de la EPS de manera
independiente y bajo su directa responsabilidad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela presentada por
el señor Sánchez Gutiérrez y otros, de conformidad con lo establecido por el artículo
86 de la Constitución política, el Decreto 2591 de 199112 y los numerales 5°, 8° y 11°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 201513, modificado por el Decreto 333 del
6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.2. Cuestiones previas
Antes de adentrarse en el análisis del caso de estudio, deben resolverse los siguientes
asuntos: i) las solicitudes de desvinculación presentadas en las contestaciones de
múltiples juzgados accionados, de las direcciones seccionales de la Fiscalía General
de la Nación de Nariño y Putumayo, del Magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos
del Tribunal Administrativo de Nariño, y de la Superintendencia Nacional de Salud; y
ii) la solicitud de vinculación realizada en la contestación del Juzgado Primero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías para Adolescentes de Pasto.
2.2.1. Solicitudes de desvinculación
En sus escritos de contestación las siguientes autoridades judiciales accionadas
solicitaron su desvinculación del proceso: Juzgado 4 Penal Municipal con Función de
control de Garantías de Tuluá, Juzgado 29 Civil Municipal de Cali, Juzgado Promiscuo
Municipal de San Pedro, Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Mocoa, Juzgado 1 Civil Municipal de Mocoa, Juzgado 10 Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Popayán, Juzgado 1 Civil Municipal de Mocoa,
Juzgado 6 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali, Juzgado 1 Civil
Municipal de Popayán, Juzgado 10 Civil de Santiago de Cali, Juzgado 2 Administrativo
de Pasto, Juzgado 1 Promiscuo Municipal de El Cerrito, Juzgado 2 Penal Municipal
Mixto de Santander de Quilichao, Juzgado 4 Civil Municipal de Cali, Juzgado
Promiscuo Municipal de Imués y Juzgado 7 Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Palmira.
12
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
13
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
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En respaldo a su petición, argumentaron que, si bien en sus despachos cursan
incidentes de desacato contra los accionantes, o ya se han tramitado todas las
solicitudes de inaplicación de las sanciones, o no se encuentran sanciones activas
contra los sujetos que constituyen la parte activa.
Al respecto de esta solicitud de desvinculación, se negará debido a que, aunque las
pretensiones de la parte actora se encaminan a la suspensión de las sanciones
interpuestas en su contra por el incumplimiento de órdenes de tutela, se anticipa que
el análisis a surtir implica contemplar tanto los procesos de desacato que cuentan con
sanciones activas como aquellos que no.
En vista de lo anterior, al cursar en los despachos solicitantes de desvinculación
incidentes de desacato contra los accionantes, incluso cuando en ellos no existan
sanciones activas, es necesario conservar la vinculación al proceso de las autoridades
judiciales en comento.
Se aclara que, la observancia de los incidentes de desacato que no cuentan con
sanciones activas resulta pertinente para el estudio del asunto en cuestión, en tanto
subsiste la posibilidad de que dichas sanciones sean eventualmente impuestas. En
este contexto, y considerando las particularidades del caso que se expondrán a
continuación, se hace necesario que las autoridades judiciales a cargo de estos
incidentes tengan en cuenta las consideraciones establecidas en este fallo, a fin de
garantizar que las decisiones adoptadas en su interior guarden coherencia con las
medidas de protección de derechos fundamentales a adoptar.
Por otro lado, las direcciones seccionales de Nariño y Putumayo de la Fiscalía General
de la Nación solicitaron la desvinculación del proceso de la referencia. Argumentaron
que no habían transgredido los derechos fundamentales de los accionantes puesto
que se limitaron a cumplir con sus funciones legales y constitucionales de adelantar
las investigaciones correspondientes para determinar el acometimiento de fraude a
resolución judicial por parte de los accionantes. Esto, tras la compulsa de copias
efectuada por múltiples despachos judiciales en los que cursan incidentes de desacato
contra los actores.
Esta Sala encuentra razón en lo dicho por la Fiscalía General de la Nación, pues las
investigaciones penales realizadas por la entidad guardan independencia respecto de
los trámites de desacato que adelantan las autoridades judiciales accionadas. En este
sentido, y atendiendo a que la solicitud de amparo versa sobre las sanciones
dispuestas en los incidentes de desacato por el incumplimiento de las órdenes de
tutela, se resolverá desvincular a la Fiscalía General de la Nación de la acción de tutela
de la referencia.
Adicionalmente, la Superintendencia Nacional de Salud consideró que carece de
legitimación en la causa por pasiva y que, por ende, se debe resolver su
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desvinculación. Esta petición será negada comoquiera que la entidad no reputa como
accionada sino como tercero con interés en vista de su estrecha relación con las
circunstancias que motivan la solicitud de amparo de la referencia y de su interés
prevalente en las condiciones financieras y operativas de Emssanar.
Finalmente, el magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos indicó que no le asiste
legitimación en la causa por pasiva. Frente a esta aseveración, se precisa que la
corporación judicial de la cual hace parte no se encuentra vinculada al proceso en
calidad de accionada sino de tercero con interés puesto que presuntamente profirió
sanciones en contra de los accionantes que fueron ejecutadas por el Consejo Superior
de la Judicatura.
2.2.2. Solicitud de vinculación del Juzgado Primero Penal Municipal con Función
de Control de Garantías para Adolescentes de Pasto
En su memorial de contestación, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Control de Garantías para Adolescentes de Pasto señaló que pese a indicarse como
accionado en el libelo introductorio, no fue mencionado en el auto admisorio. Por lo
anterior, solicitó que se vinculara al proceso en garantía del derecho fundamental del
debido proceso y de defensa.
En consideración a lo expuesto por el juzgado, se accederá a su solicitud de
vinculación puesto que, en su condición de accionado, debió ser tenido en cuenta y
dispuesta su notificación de la acción de tutela en el auto admisorio del 18 de octubre
de 2024.
2.3. Problema jurídico
En el caso de la referencia, los accionantes solicitan la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la igualdad, al buen nombre, a la
honra y a la dignidad humana, frente al trámite masivo de incidentes de desacato y la
imposición de sanciones en su contra por el incumplimiento de fallos de tutela
proferidos contra Emssanar por las autoridades judiciales accionadas.
Esta solicitud de amparo se enmarca en la crisis estructural que atraviesa Emssanar,
entidad que se encuentra bajo intervención administrativa forzosa de la
Superintendencia Nacional de Salud, afrontando dificultades de carácter técnico,
financiero y administrativo que afectan su capacidad para prestar el servicio de salud
a sus afiliados y cumplir con las órdenes judiciales proferidas al interior de los procesos
de tutela cursados en su contra.
En atención a estas circunstancias, a pesar de que en el escrito de tutela se señalan
múltiples decisiones judiciales adoptadas en incidentes de desacato como causa de la
presunta vulneración de derechos fundamentales, esta Sala no abordará el caso bajo
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los lineamientos ordinarios de la acción de tutela contra providencia judicial.
A diferencia de la solicitud de amparo dirigida contra decisiones judiciales específicas,
en este caso los accionantes no están cuestionando providencias concretas. En su
lugar, plantean una situación estructural que, según ellos, genera una afectación
generalizada y continua de sus garantías constitucionales. Por lo tanto, se requiere un
análisis panorámico que permita determinar si la acumulación de incidentes de
desacato y sanciones en el contexto de la crisis de Emssanar, vulnera los derechos
fundamentales de los accionantes. Como se ve, la situación desborda los parámetros
ordinarios de la tutela contra providencias judiciales.
Así las cosas, teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico que
subyace al caso concreto es el siguiente:
● ¿La Policía Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y los distintos juzgados accionados de los
departamentos de Putumayo, Nariño y Valle del Cauca vulneraron los derechos
fundamentales de los accionantes al debido proceso, a la libertad, a la igualdad,
al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana con ocasión de la
acumulación masiva de incidentes de desacato y sanciones decretadas contra
los actores por el incumplimiento de órdenes proferidas en procesos de tutela
contra Emssanar?
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: i)
generalidades de la acción de tutela; ii) subsidiariedad de la acción de tutela; iii) sobre
el incidente de desacato; iv) reglas establecidas en las sentencias T-1234 de 2008 y
T-315 de 2020 de la Corte Constitucional; v) competencia del juez de tutela de
instancia para proferir órdenes complejas; y vi) caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
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ocurrencia de un perjuicio irremediable14.
2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto
Ley 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico,
ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un asunto de su competencia15.
El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde
se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos judiciales deben,
en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben
cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y de legalidad.
Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser
procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran
los elementos identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el daño
sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el perjuicio;
(ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea de gran intensidad sobre
la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas urgentes para evitar que
14
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
15
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
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ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se aplazaran la protección sobre los
derechos se tornaría ineficaz por inoportuna16.
En lo que atañe al análisis del asunto de estudio, en principio, podría concluirse que
los accionantes cuentan con mecanismos ordinarios para procurar la salvaguarda de
sus derechos fundamentales. De hecho, en las contestaciones de varias de las
autoridades judiciales accionadas se solicitó la declaración de improcedencia de la
acción señalando que los representantes legales de Emssanar podrían solicitar la
inaplicación de las sanciones de desacato en cada uno de los despachos judiciales
que han impuesto estas medidas.
A pesar de este raciocinio, esta Sala encuentra que dicho proceder indicado por los
accionados no constituye un mecanismo idóneo ni eficaz para conjurar la situación que
los accionantes señalan como vulneradora de sus garantías constitucionales.
En primer lugar, ante la elevada cantidad de incidentes de desacato que cursan en
contra de los representantes de Emssanar, exigir la interposición de solicitudes al
interior de cada uno de estos trámites representaría una carga desproporcionada para
los accionantes. Como se expuso en el recuento fáctico, los incidentes y sanciones
impuestas se cuentan por miles, lo que exigiría la presentación de solicitudes de
inaplicación en cada uno de los procesos individuales, generando una carga procesal
excesiva que obstaculiza la posibilidad real de defensa de los actores.
En segundo lugar, aun cuando los accionantes pudieran solicitar la inaplicación de las
sanciones de desacato en cada despacho judicial, esta medida no aborda el origen del
problema que, según manifiestan, afecta sus derechos fundamentales. La situación
que se señala en el escrito introductorio trasciende la esfera de cada proceso de
desacato en particular y se remonta a la crisis estructural que enfrenta Emssanar. La
observancia de esta coyuntura institucional supera la posibilidad de cada autoridad
judicial accionada en el trámite de los incidentes de desacato, y requiere de un análisis
global, que atienda a los factores de crisis que subyacen a cada uno de los trámites
incidentales.
Finalmente, incluso si se lograra la inaplicación de las sanciones vigentes previa
solicitud de los accionantes, el contexto de crisis institucional en el que se encuentra
Emssanar conllevaría a una reiterada apertura de nuevos incidentes de desacato y la
imposición de nuevas sanciones, ya que la incapacidad operacional de la entidad para
cumplir con las órdenes judiciales persiste. Así, el problema de fondo no se resolvería,
y la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes
continuaría, en tanto el escenario crítico de Emssanar no permite una solución a través
de medidas aisladas en cada proceso.
16
Corte Constitucional. Sentencias T-003 de 2022, SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018,
entre muchas otras.
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Por estas razones, esta Sala encuentra que los accionantes no cuentan con otro
mecanismo de defensa judicial idóneo ni eficaz para perseguir la protección de sus
derechos fundamentales en el marco de esta situación estructural. Así, se supera el
requisito de subsidiaridad de la acción de tutela, puesto que, en atención a las
circunstancias particulares del caso de estudio, solo a través de este mecanismo
constitucional se puede buscar la protección real y efectiva de las garantías
constitucionales de los actores.
2.6. Sobre el incidente de desacato
Como se desprende del problema jurídico que enmarca el análisis del caso, la
vulneración de garantías constitucionales indicada por la parte actora es consecuencia
de la acumulación masiva de incidentes de desacato y sanciones, que han seguido del
incumplimiento de las órdenes judiciales dictadas en procesos de tutela contra
Emssanar. Por tal razón, resulta pertinente analizar la naturaleza y finalidad de la
institución del desacato con el objeto de trasladar dichas precisiones al estudio del
asunto en discusión.
Respecto del desacato de la orden de tutela, la Corte Constitucional ha precisado:
Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva
Dice el artículo 52 del decreto (sic) 2591 de 1991 que ‘La persona que incumpliere una
orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato
sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos
mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia
jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar’. Es, por lo
tanto, una sanción y por lo mismo susceptible al debido proceso.
(…)
Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir
que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo,
no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento 17
(Énfasis de la sala).
En relación con la naturaleza jurídica del incidente de desacato, ha establecido la
Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales que:
El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que procede a petición de
la parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio Público, el cual tiene como
propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias,
17
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-763 del 07.12.98., M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
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sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las
cuales se protejan derechos fundamentales. De acuerdo con su formulación jurídica, el
incidente de desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) que se inscribe en
el ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter
incidental. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que puede ser
impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los
rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente de
desacato está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad
responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden
de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos
fundamentales con ella protegidos18 (énfasis de la sala).
En la sentencia C-367 de 2014 la Corte Constitucional consideró que incumplir una
providencia judicial, además de afectar el derecho de acceso a la administración de
justicia, desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realización de los fines
del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, de buena fe, de seguridad
jurídica y de cosa juzgada, máxime si se trata de una sentencia de tutela en la cual se
están garantizando derechos fundamentales.
En esa misma línea de pensamiento, esta Sección ha considerado lo siguiente:
(…) ante una manifestación de incumplimiento formulada por alguna de las partes de
la acción de tutela, el juez tiene dos posibilidades independientes, no excluyentes entre
sí: 1) Iniciar el trámite tendiente a obtener el cumplimiento del fallo y 2) Iniciar un
incidente de desacato; ii) el trámite para el cumplimiento tiene como única finalidad
asegurar de manera efectiva y real el acatamiento de las órdenes contenidas en la
sentencia de tutela; iii) en cambio, el incidente de desacato, tiene como finalidad la de
sancionar al responsable de ese incumplimiento y, iv) el trámite para el cumplimiento
del fallo es de naturaleza objetiva. Sólo interesa demostrar que la sentencia no fue
cumplida en los precisos términos en que fue proferida.
El incidente de desacato, por el contrario, es de naturaleza subjetiva, ya que allí es
necesario, además de demostrar el incumplimiento, determinar el grado de
responsabilidad -a título de culpa o dolo- de la persona o personas que estaban
obligadas a actuar en pro del cumplimiento de la sentencia19.
2.7. De la inaplicación del incidente de desacato ante problemas estructurales
En el libelo inicial, la parte accionante refirió que, dadas las circunstancias de crisis
institucional de Emssanar, resultaba necesario aproximarse al análisis del caso en
18
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-512 del 30.06.11., M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Auto del 22.01.09., M.P.
Dra. Susana Buitrago Valencia. Así mismo, este criterio que se ha reiterado por la Sección, entre otros,
en las siguientes providencias: Auto del 21.04.15., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad.
76001-23-33-000-2014-01083-01; Auto del 26.01.17, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. No. 25000-23-42-
000-2016-04024-01; y Auto del 13.10.16., M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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contemplación de lo preceptuado por la Corte Constitucional en las sentencias T-1234
de 2008 y T-315 de 2020.
En la primera de ellas, se atendieron las acciones de tutela interpuestas por el gerente
general de la Caja Nacional de Provisión Social (Cajanal) contra las autoridades
judiciales que le habían sancionado por el incumplimiento de órdenes de tutela que
salvaguardaban el derecho de petición. Ello, en el marco de un problema estructural
de la entidad que condujo a la acumulación de acciones de tutela en su contra.
En dicha ocasión, la Corte Constitucional reconoció que Cajanal enfrentaba un
problema estructural que impedía la atención oportuna de los derechos de petición que
se le presentaban. Además, determinó que esta circunstancia condujo a la incapacidad
de la entidad de expedir respuestas a las peticiones dentro de los términos legales
debido a la acumulación masiva de solicitudes y a la falta de recursos adecuados para
su trámite. Puntualmente, se estableció que:
A partir de las pruebas que obran en el expediente es posible advertir que existe en
Cajanal un problema estructural que impide que, en general, las solicitudes que se
presentan a la entidad sean atendidas de manera oportuna. En efecto, según la
información de la propia entidad a 31 de diciembre de 2007 existían 41.000 solicitudes
acumuladas, y en mayo del presente año el dato era de 37.212 solicitudes acumuladas.
De acuerdo con cálculos realizados por la Oficina Asesora de Planeación de CAJANAL
E.I.C.E., en octubre de 2007 se habrían requerido 906 contratistas adicionales para
superar el represamiento en dos meses.
En vista de ello, en la sentencia T-1234 de 2008, se advirtió que las sanciones de
desacato impuestas al accionante no contribuían a solucionar el problema estructural
de Cajanal y que, por el contrario, desconocían las limitaciones en la capacidad
operativa de la entidad. En este sentido, se reconoció que la acumulación de acciones
de tutela agravaba la crisis de Cajanal y que, si bien las decisiones judiciales
adoptadas al interior de los incidentes seguían los parámetros normativos aplicables,
en su conjunto conducían a una vulneración de las garantías constitucionales del
sancionado ante la imposibilidad de apreciar la crisis estructural en cada caso
particular.
Además, se destaca que, respecto de la aplicación del incidente de desacato ante este
tipo de circunstancias de crisis institucional, la Corte Constitucional estableció en
aquella ocasión que:
Es claro que cuando hay un problema estructural no cabe el desacato en los casos
individuales, por ausencia de responsabilidad subjetiva.
(…)
Lo anterior pone de presente que, en situaciones como esa, deben alterarse las reglas
que gobierna el trámite de los incidentes de desacato, porque exigir la oportuna
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intervención de la entidad para justificar la mora como manera de obviar la sanción,
desconoce la realidad del problema estructural.
En la sentencia expuesta, se sugirió que, en lugar de imponer sanciones de desacato
ante problemas estructurales, se debe optar por órdenes complejas para atender el
problema de fondo. Muestra de ello, es que la Corte Constitucional resolvió:
Quinto. ORDENAR al Gerente General de Cajanal que en un plazo de 60 días a partir de
la notificación de esta providencia presente a esta Sala un plan concreto de acción que
contenga, al menos, los siguientes elementos:
1. Una evaluación sobre el impacto que en los tiempos promedio de respuesta han
tenido las medidas hasta ahora adoptadas y a las que se refirió en su comunicación
de 5 de junio de 2008.
2. Una relación de medidas concretas orientadas a superar gradualmente, en un
horizonte de tiempo determinado, el atraso en Cajanal, que incluya la identificación
de los recursos para llevarla a cabo y de los instrumentos de verificación y control
que permitan medir el avance, el estancamiento o el retroceso en la materia.
3. El señalamiento de los tiempos estimados de respuesta, según los distintos tipos
de solicitud, a partir del momento en el que la solicitud esté completa, y con los
cuales, salvo particularidades en los casos concretos que lo impidan, puede
comprometerse la entidad.
Por otro lado, en la sentencia T-315 de 2020, la Corte Constitucional abordó la acción
de tutela presentada por la gerente general y representante legal de Coomeva E.P.S.
contra distintas autoridades judiciales. En dicha ocasión, la solicitud de amparo tenía
por fin proteger los derechos fundamentales de la accionante, que consideró
vulnerados por la acumulación de sanciones de arresto por el desacato de órdenes
contenidas en fallos de tutela.
Lo anterior, igualmente en el escenario de un problema estructural por el que
atravesaba la entidad. La Corte Constitucional encontró que, entre los años 2016 y
2020, Coomeva E.P.S. enfrentaba una crisis operativa y financiera que derivó en la
interposición masiva de acciones de tutela por parte de usuarios que reclamaban la
prestación de servicios en salud. De este escenario, surgieron órdenes proferidas por
los jueces constitucionales contra la entidad, quien incurrió en mora en su
cumplimiento.
Para la resolución de este caso, la Corte Constitucional retomó las posturas expuestas
en la Sentencia T-1234 de 2008 y determinó que:
Así las cosas, la Corte encuentra que si bien el problema estructural que existe en
Coomeva E.P.S. se traduce en una afectación cierta del derecho a la salud de sus
usuarios, y, complementariamente, de otros derechos fundamentales, y que las
autoridades públicas están en la obligación de agotar los instrumentos a su alcance
para resolver esa situación, también es cierto que esta misma problemática ha derivado
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en una afectación específica a los derechos fundamentales de la accionante, ya que
las sanciones de arresto que se le han impuesto en forma sucesiva, en su calidad de
gerente general, han sido consecuencia de unas omisiones institucionales que no
estaba en posibilidad de impedir en los casos concretos, sin perjuicio de la
responsabilidad que le atañe en la adopción de mecanismos administrativos y de
gestión orientados a superar la crisis operativa y financiera de la E.P.S
Asimismo, en punto del incidente de desacato, estipuló que:
Debe recordarse que la acción de tutela y, particularmente, el incidente de desacato,
tiene como objeto “… no sólo lograr la efectiva materialización de los derechos
fundamentales afectados, sino el de verificar si la persona o autoridad a la cual se le
dio la orden de tutela la ha incumplido y establecer si es del caso imponer o no la
sanción respectiva, la necesaria consecuencia del incumplimiento y demostrada la
responsabilidad del sujeto es la imposición de la sanción” 20, por lo que no puede llegar
a convertirse en un instrumento de afectación de derechos fundamentales, como
acontece en el caso bajo estudio.
Tras efectuar estas consideraciones, la Corte Constitucional dispuso órdenes
complejas, tal como lo determinó en la sentencia T-1234 de 2008 para conjurar la
situación de crisis de la entidad, resolviendo:
TERCERO. - SUSPENDER durante un periodo de un (1) año, contado a partir de la
notificación de esta providencia, la ejecución de las sanciones de multa y arresto por
desacato que se hayan dictado en contra de la señora Ángela María Cruz Libreros, en
calidad de Gerente y Representante Legal de Coomeva E.P.S.
Adicionalmente, en los incidentes de desacato que se promuevan en el marco de
acciones de tutela que se hayan interpuesto contra Coomeva E.P.S., en las
circunstancias a las que aquí se ha hecho referencia, o las que en el futuro se
interpongan en el mismo contexto, los jueces constitucionales tendrán en cuenta las
pautas fijadas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. - ORDENAR a la Gerente General de Coomeva E.P.S. que, en un plazo de
90 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, presente al juez
constitucional de primera instancia y a la Superintendencia Nacional de Salud, en virtud
de las atribuciones conferidas por el numeral 2º del artículo 6º del Decreto 2462 de
2013, un plan de acción que contenga, al menos, los siguientes elementos:
1. La identificación detallada de los incidentes de desacato promovidos por
incumplimiento a fallos de tutela por parte de Coomeva E.P.S. y el estado actual del
trámite dado a los mismos.
2. Una relación de medidas concretas orientadas a superar, gradualmente, durante el
periodo de suspensión otorgado en el presente fallo, el cumplimiento de las órdenes
20
Sentencia T-459 de 2003 citada en la Sentencia 1234 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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de tutela dictadas en contra de Coomeva E.P.S. En este punto deberá priorizarse el
cumplimiento de aquellos servicios de salud requeridos con necesidad por pacientes
en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la
atención de sujetos de especial protección constitucional.
3. Una propuesta para solucionar la grave situación que le impide a Coomeva E.P.S.
acatar el cumplimiento de las órdenes proferidas en fallos de tutela, a fin de evidenciar
el manejo que se le dará a la problemática una vez finalice el periodo de suspensión
otorgado en el presente fallo.
2.8. Competencia del juez constitucional de instancia para proferir órdenes
complejas
Como se indicó en el acápite previo, en los casos reseñados (T-1234 de 2008 y T-315
de 2020), la Corte Constitucional adoptó órdenes complejas para amparar los
derechos constitucionales de los actores ante problemas estructurales de las
entidades implicadas. Por lo tanto, se hace necesario establecer si esta Sala, como
juez constitucional de instancia, tiene la facultad de proferir decisiones de esta
naturaleza, para lo cual resulta pertinente remitirse a lo señalado por el tribunal
constitucional al respecto.
En relación con la definición de las órdenes complejas, la Corte Constitucional, en la
sentencia T-086 de 2003, las diferenció de las órdenes simples y señaló que:
(…) se puede decir que una orden de tutela es simple cuando comprende una sola
decisión de hacer o de abstenerse de hacer algo que se encuentra dentro de la órbita de
control exclusivo de la persona destinataria de la orden y se puede adoptar y ejecutar en
corto tiempo, usualmente mediante una sola decisión o acto. Por el contrario, una orden
de tutela es compleja cuando conlleva un conjunto de acciones u omisiones que
sobrepasan la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con
frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno.
Adicionalmente, en el auto A264 de 2020, se precisaron las características de este tipo
de órdenes de la siguiente manera:
(…) En esa medida, se trata de órdenes que: (i) no se enmarcan necesariamente en la
declaratoria de un estado de cosas inconstitucional; (ii) pueden involucrar a un número
representativo de accionantes; (iii) suelen evaluar la vulneración de varios derechos
fundamentales determinados; (iv) su emisión usualmente demanda la acción coordinada
de varias entidades estatales; y (v) sin embargo, no implican indefectiblemente el diseño
y ejecución de políticas públicas —aunque pueden incluirlas—21. En consecuencia, se ha
concluido que una orden compleja “debe ir dirigida a dinamizar la actuación de las
autoridades competentes y a superar el bloqueo institucional (…) y, en ningún caso, a
definir de manera precisa lo que estas autoridades deben hacer”22. Asimismo, se ha
señalado que de las órdenes complejas emanan obligaciones de medio para las
autoridades, definidas estas como la “obligación de demostrar una gestión de buena fe,
21
Corte Constitucional, Auto 693 de 2017.
22
Ibídem.
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intensa, constante, integral y coherente, inequívocamente dirigida a la satisfacción del
derecho preferencial”23.
Asimismo, la Corte Constitucional ha diferenciado entre órdenes estructurales y
órdenes complejas, indicando que las primeras son una especie de las segundas.
Sobre este punto, en expresó:
La jurisprudencia de este Tribunal ha estimado que las órdenes complejas se han
empleado en dos contextos: por un lado, (i) son mandatos que responden e intentan
proponer una solución a problemas de tipo estructural, en el marco de una declaratoria de
Estado de Cosas Inconstitucional24; por otro, (ii) también ha reconocido que el juez de
instancia tiene el deber de proferirlas, para enfrentar una amenaza a los derechos
fundamentales aunque no tenga relación con una situación de anormalidad constitucional,
como las que se declaran a través de esa figura.25
Como se advierte, la Corte ha precisado que, si bien las órdenes complejas pueden
surgir en el contexto de un estado de cosas inconstitucional, también es posible que
sean proferidas por los jueces de instancia en situaciones concretas que demanden
soluciones articuladas para salvaguardar derechos fundamentales.
Finalmente, la competencia del juez constitucional de instancia para proferir órdenes
complejas ha sido expresamente reconocida por la Corte Constitucional ante la
obligación del fallador de adoptar los remedios que estime necesarios para proteger
las garantías constitucionales del accionante. Puntualmente, la Corte destacó que:
Las órdenes del juez de tutela de instancia que consagran un entramado de acciones e
instituciones coordinadas que deben hacerse para intervenir en el asunto concreto y en el
marco de las denuncias hechas en el escrito de tutela, con el fin de asegurar el ejercicio
de los derechos fundamentales, se entenderán como órdenes complejas en estricto
sentido, con independencia de si existe o no una declaratoria ECI en la materia. La
competencia que tiene el juez de instancia para proferirlas, ante cualquier situación que
las amerite, es innegable.26
2.9. Caso concreto
La parte actora aduce que están siendo vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la libertad, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y a la dignidad
humana ante la acumulación masiva que ha tenido lugar, desde el año 2019, de
acciones de tutela contra Emssanar, lo que ha llevado a la apertura de miles de
23
Fundamento jurídico No. 34 del Auto 111 de 2019. Esta definición puede complementarse con noción
de mejores esfuerzos en los términos de la sentencia C-630 de 2017 que sobre la implementación del
Acuerdo de Paz dijo que emanaba “La obligación por parte de las instituciones y autoridades del Estado
de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final ha de entenderse como una obligación
de medio, lo que implica que los órganos políticos, en el ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, deberán llevar a cabo, como mandato constitucional, los mejores esfuerzos para cumplir con
lo pactado”.
24
Ver entre otros los autos 081 de 2011, 099 de 2011, 113 de 2011, 070 de 2009, 036 de 2013, 232 de
2013, 081 de 2007, 037 de 2010,
7 DERECHO AL AGUA POTABLE-Parámetros que la jurisprudencia constitucional ha fijado para
impartir órdenes complejas (S. T-418/10, T-103/16)
25
Auto A548 de 2017
26
Ibídem.
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incidentes de desacato y sanciones en su contra por la mora en el cumplimiento de las
órdenes proferidas por los jueces constitucionales.
Manifiesta que, al interior de estos incidentes de desacato no se ha contemplado la
situación de crisis estructural por la que atraviesa Emssanar, imponiendo sanciones
en su contra sin atender las dificultades técnicas, financieras y administrativas de la
entidad, que limitan la posibilidad de cumplir con las órdenes contenidas en los fallos
de tutela.
Como esta Sala constata del material probatorio aportado por la parte actora con el
escrito inicial, Emssanar enfrenta una situación de crisis institucional profunda desde
el año 2019. Los informes y conceptos técnicos expedidos por la Superintendencia
Nacional de Salud, así como las evaluaciones de la Dirección de Inspección y
Vigilancia, la Dirección de Medidas Especiales y el contralor designado en el marco de
la intervención, evidencian que, pese a las múltiples medidas adoptadas, la entidad
continúa enfrentando pérdidas financieras acumuladas, dificultades administrativas y
un incumplimiento recurrente en los indicadores de gestión. Esta situación ha afectado
su sostenibilidad y, en consecuencia, la capacidad de la entidad para cumplir con sus
obligaciones, especialmente en lo que respecta a la prestación del servicio de salud a
sus afiliados.
Como consecuencia, Emssanar se encuentra bajo una intervención administrativa
forzosa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de
salvaguardar la atención en salud de los usuarios y procurar la recuperación operativa
de la entidad. No obstante, el estado crítico de la entidad persiste, lo que ha generado
limitaciones significativas en su operación que impiden a Emssanar cumplir
cabalmente con la prestación del servicio de salud.
La Sala constata, además, que la situación de crisis institucional descrita ha dado lugar
a la interposición de miles de acciones de tutela en contra de Emssanar, motivadas
por las graves deficiencias en la prestación del servicio de salud a sus afiliados. Con
ocasión de estas solicitudes de amparo, los jueces constitucionales han dictado
órdenes encaminadas a proteger los derechos fundamentales de los usuarios.
Sin embargo, debido a las limitaciones operacionales que enfrenta Emssanar, ha
incurrido en mora en el cumplimiento de estas órdenes. A su vez, el incumplimiento de
los fallos de tutela ha dado lugar a la apertura de un número masivo de incidentes de
desacato, en los cuales las autoridades judiciales aquí accionadas han sancionado de
manera sistemática a los representantes legales de la entidad.
En concreto, a la fecha de presentación de la solicitud de amparo, contra Emssanar se
habían interpuesto 181.022 acciones de tutela, al interior de las cuales se ha dado
apertura a 22.998 incidentes de desacato que han conducido a 12.830 sanciones
contra los representantes legales de la entidad.
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Tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sus sentencias T-1234 de 2008
y T-315 de 2020, el incumplimiento de las órdenes de tutela en el caso objeto de
estudio obedece a una situación estructural que limita la capacidad de Emssanar para
cumplir plenamente con los mandatos de los jueces constitucionales. En dichas
sentencias, y en particular en la T-315 de 2020, la Corte destacó que cuando una
entidad de salud se enfrenta a problemas institucionales profundos, la imposibilidad de
acatar las decisiones judiciales no deriva necesariamente de la negligencia o dolo de
sus representantes legales, sino de las limitaciones operativas y financieras propias
de su situación.
Si bien en el trámite de cada una de las tutelas, incidentes de desacato e imposición
de sanciones se ha actuado conforme a la normativa aplicable como lo alegan los
despachos judiciales accionados, también es cierto que en estos procesos no se ha
contemplado de manera panorámica la situación estructural que afecta a Emssanar.
Dicha observación supera el análisis de casos individuales surtido por los jueces de
tutela, pues se requiere un enfoque global que permita comprender el impacto
sistémico de la crisis de la entidad y su repercusión en el cumplimiento de las órdenes
de tutela. De este modo, las decisiones judiciales controvertidas, aunque en principio
ajustadas a derecho, no abordan la problemática subyacente de Emssanar, que exige
una solución estructural que vaya más allá de los incidentes de desacato particulares.
Esta Sala advierte que, de hecho, la apertura de incidentes de desacato y la imposición
de sanciones contra los representantes legales de la Emssanar, lejos de contribuir a
la superación de la crisis institucional para garantizar la adecuada prestación del
servicio de salud a sus afiliados, ha tenido el efecto contrario. Es decir, ha agravado
los problemas estructurales que enfrenta la entidad.
La carga adicional de responder defensivamente a las acciones de tutela interpuestas
en su contra, a los incidentes de desacato y gestionar las sanciones impuestas a sus
representantes legales, desvía el esfuerzo de Emssanar de atender a sus problemas
operacionales intensificando así la crisis enfrentada. En este orden de ideas, la
proliferación de procesos judiciales en su contra, en lugar de aportar a la resolución de
las dificultades institucionales de Emssanar, se convierte en un obstáculo adicional
que compromete aún más la sostenibilidad y el cumplimiento de sus obligaciones
prestacionales frente a la población afiliada.
Ahora bien, como se explicó previamente, el incidente de desacato tiene una finalidad
que trasciende la mera imposición de una sanción por el incumplimiento de un fallo de
tutela. Su propósito, además, es garantizar la efectividad de las órdenes judiciales del
juez constitucional, buscando que se cumpla de manera oportuna el fallo de tutela para
la protección de los derechos fundamentales amparados. En este sentido, la
imposición de sanciones en el marco del incidente de desacato se convierte en un
medio para asegurar que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado y, de este
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modo, se salvaguarden las garantías constitucionales de los amparados por la orden
del juez de tutela.
Adicionalmente, como se detalló en el acápite destinado al análisis del incidente de
desacato, para que proceda una sanción dentro de este trámite incidental, es
necesario demostrar la negligencia en el incumplimiento del fallo por parte de la
autoridad responsable. En línea con lo anterior, la responsabilidad no puede derivarse
automáticamente del incumplimiento, sino que exige un análisis que contemple la
conducta del incidentado, y las circunstancias y limitaciones objetivas que puedan
afectar la capacidad de cumplimiento.
En el caso concreto, teniendo en cuenta las consideraciones sobre la crisis estructural
que enfrenta Emssanar, resulta evidente que la apertura masiva y continua de
incidentes de desacato y la interposición de sanciones sistemáticas han desvirtuado la
finalidad del trámite incidental de lograr el cumplimiento efectivo de los fallos de tutela.
Como lo ha demostrado la creciente acumulación de incidentes y sanciones, sin un
análisis global de los problemas estructurales de la entidad prestadora de salud, estos
mecanismos con los que cuentan los jueces constitucionales no contribuyen a
asegurar el cumplimiento de sus órdenes judiciales. Por el contrario, como se observó,
esta situación intensifica la crisis, generando más obstáculos para la entidad y
repercutiendo negativamente en su capacidad de prestar el servicio de salud de
manera adecuada.
Así, la aplicación reiterada de sanciones no responde al objetivo de lograr el
cumplimiento de los fallos de tutela y, en cambio, perpetúa y agrava las falencias en la
prestación del servicio que motivaron las acciones de tutela en un primer momento.
Por otro lado, al considerar la necesidad de demostrar la negligencia en el
incumplimiento de los fallos de tutela, la Sala encuentra que, en este contexto, las
dificultades de Emssanar para atender las órdenes judiciales no son resultado de una
actitud negligente de los aquí accionantes, sino de las limitaciones técnicas,
administrativas y financieras que afectan estructuralmente a la entidad.
Estas circunstancias, que escapan a la voluntad de los accionantes, han sido
reconocidas por la Superintendencia Nacional de Salud al punto de determinarse la
intervención forzosa administrativa de Emssanar, evidenciando que el incumplimiento
de las numerosas ordenes de tutela no deriva de negligencia de sus representantes.
Por otro lado, si bien la parte actora indicó en el escrito tutelar que se anexaba un plan
de acción para dar cumplimiento gradualmente a las órdenes de tutela dictadas contra
Emssanar, solamente se evidenciaron los documentos denominados «informe de
tutelas, sanciones y cobros coactivos a corte del 30 de junio de 2024», «plan gradual
de salvamento suscrito por la representante legal para tutelas de Emssanar EPS
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S.A.S.» y «plan de trabajo del área financiera de Emssanar EPS S.A.S», los cuales no
cumplen con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-315
de 2020.
En dicha providencia el Máximo Tribunal Constitucional indicó que el plan de acción
debía contener los siguientes elementos:
1. La identificación detallada de los incidentes de desacato promovidos por
incumplimiento a fallos de tutela por parte de Coomeva E.P.S. y el estado actual del
trámite dado a los mismos.
2. Una relación de medidas concretas orientadas a superar, gradualmente, durante el
periodo de suspensión otorgado en el presente fallo, el cumplimiento de las órdenes
de tutela dictadas en contra de Coomeva E.P.S. En este punto deberá priorizarse el
cumplimiento de aquellos servicios de salud requeridos con necesidad por pacientes
en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la
atención de sujetos de especial protección constitucional.
3. Una propuesta para solucionar la grave situación que le impide a Coomeva E.P.S.
acatar el cumplimiento de las órdenes proferidas en fallos de tutela, a fin de evidenciar
el manejo que se le dará a la problemática una vez finalice el periodo de suspensión
otorgado en el presente fallo.
Pese a que en el escrito de tutela se señaló que el «plan gradual de salvamento» tenía
como propósito reducir la cantidad de acciones constitucionales e incidentes, así como
cumplir con las sanciones que se encuentran en curso, y el plan de trabajo con el área
financiera de la entidad buscaba la optimización de recursos de la E.P.S. en pro de
mejorar las condiciones de calidad del servicio para los afiliados, los documentos no
resultan suficientes para cumplir con los estándares señalados por la Corte
Constitucional.
Por último, se debe aclarar que esta Sala de Decisión no desconoce la afectación
cierta al derecho a la salud y otras garantías fundamentales de los usuarios de la
entidad que se presentan en los casos en los que las autoridades judiciales actúan y
agotan los procedimientos a su alcance para resolver la situación, no obstante, la
cantidad desmedida de sanciones por desacato impuestas a la parte actora evidencia
la existencia de un problema estructural de la entidad que no puede ser atribuible a
sus representantes legales, pues como fue expuesto anteriormente, el trámite del
incidente de desacato pierde su capacidad persuasiva y su eficacia para lograr la
efectiva protección de los derechos fundamentales de los usuarios de servicios de
salud involucrados y a su vez afecta los derechos de los representantes de la E.P.S.
En consecuencia, esta Sala de Decisión amparará las garantías fundamentales de los
accionantes y suspenderá durante un año las sanciones que se hayan dictado en su
contra. Tal plazo, se adopta en atención a las decisiones de la Corte Constitucional
que sirvieron de referencia para el estudio del presente caso, especialmente de la
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sentencia T-315 de 2020, en la cual se resolvió igualmente la suspensión durante un
año de las sanciones de desacato interpuestas contra la parte actora.
Asimismo, la presente providencia deberá ser tenida en cuenta por los jueces
constitucionales que resuelvan eventuales incidentes de desacato por incumplimientos
de Emssanar en los hechos relacionados en el texto. Por lo cual deberán evitar
imponer cualquier tipo de sanciones -bien sean de arresto o multas- por desacato
durante el lapso señalado.
Cabe aclarar que la protección aquí ofrecida se otorga sin perjuicio de la
responsabilidad que le cabe a la parte accionante por razón de sus cargos en la
adopción de las medidas necesarias para superar el incumplimiento de las órdenes
dictadas en fallos de tutela que comprometen a la entidad que representan, por lo cual
se dispondrá que, en un plazo de 90 días a partir de la notificación de esta providencia,
los demandantes presenten a este juez constitucional y a la Superintendencia Nacional
de Salud, en virtud de las atribuciones conferidas por el numeral 2º del artículo 6º del
Decreto 2462 de 2013, un plan concreto de acción que contenga los elementos
referidos anteriormente en la sentencia T-315 de 2020.
Una vez se haya completado el referido plan de acción y verificado el cumplimiento de
las órdenes de tutela que dieron lugar a las sanciones por desacato, se dispondrá dejar
sin efectos dichas sanciones de manera definitiva, en el sentido de que no haya lugar
a la ejecución de multas o arrestos, por cuanto el incumplimiento evidenciado obedece
a una situación de crisis estructural de la entidad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Superintendencia Nacional de
Salud, del Magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos del Tribunal Administrativo de
Nariño, y de los siguientes juzgados: Juzgado 4 Penal Municipal con Función de control
de Garantías de Tuluá, Juzgado 29 Civil Municipal de Cali, Juzgado Promiscuo
Municipal de San Pedro, Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Mocoa, Juzgado 1 Civil Municipal de Mocoa, Juzgado 10 Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Popayán, Juzgado 1 Civil Municipal de Mocoa,
Juzgado 6 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali, Juzgado 1 Civil
Municipal de Popayán, Juzgado 10 Civil de Santiago de Cali, Juzgado 2 Administrativo
de Pasto, Juzgado 1 Promiscuo Municipal de El Cerrito, Juzgado 2 Penal Municipal
Mixto de Santander de Quilichao, Juzgado 4 Civil Municipal de Cali, Juzgado
Promiscuo Municipal de Imués y Juzgado 7 Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Palmira.
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SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación.
TERCERO: ACCEDER a la solicitud de vinculación del Juzgado Primero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías para Adolescentes de Pasto, en calidad
de accionado.
CUARTO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
acceso a la administración de justicia de Emssanar Entidad Promotora de Salud y de
los señores César Augusto Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, Jose
Edilberto Palacios Landeta, Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor Alfredo Jacho Mejía,
Nancy Rocío Caicedo España, Oscar Jovanny Valencia Manchego, Richard Javier
Mideros Luna, Sirley Burgos Campiño, María Alejandra Benavides Piando, Víctor Hugo
Labrador Rincón, Luis Carlos Arboleda Mejía, Marizol Guzmán Gaspar, Camilo Andrés
Sánchez Valencia, Johana Andrea Mesías Narváez y Dayanna Carolina Hernández
Rico.
QUINTO: SUSPENDER durante un periodo de un (1) año, contado a partir de la
notificación de esta providencia, la ejecución de las sanciones de multa y arresto por
desacato que se hayan dictado en contra de los señores César Augusto Sánchez
Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, José Edilberto Palacios Landeta, Luis Eduardo
Vila Barrios, Melchor Alfredo Jacho Mejía, Nancy Rocío Caicedo España, Oscar
Jovanny Valencia Manchego, Richard Javier Mideros Luna, Sirley Burgos Campiño,
María Alejandra Benavides Piando, Víctor Hugo Labrador Rincón, Luis Carlos
Arboleda Mejía, Marizol Guzmán Gaspar, Camilo Andrés Sánchez Valencia, Johana
Andrea Mesías Narváez y Dayanna Carolina Hernández Rico, en ejercicio de los
cargos que ostentan/ostentaron al interior de Emssanar.
Adicionalmente, en los incidentes de desacato que se promuevan en el marco de
acciones de tutela que se hayan interpuesto contra Emssanar en las circunstancias a
las que aquí se ha hecho referencia, o las que en el futuro se interpongan en el mismo
contexto, los jueces constitucionales tendrán en cuenta las pautas fijadas en la parte
motiva de esta providencia.
SEXTO: ORDENAR a Emssanar y a los accionantes que siguen vinculados a esta
última que, en un plazo de 90 días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, presente a éste juez constitucional y a la Superintendencia Nacional de
Salud, en virtud de las atribuciones conferidas por el numeral 2º del artículo 6º del
Decreto 2462 de 2013, un plan de acción que contenga, al menos, los siguientes
elementos:
1. La identificación detallada de los incidentes de desacato promovidos por
incumplimiento a fallos de tutela por parte de Emssanar y el estado actual del trámite
dado a los mismos.
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2. Una relación de medidas concretas orientadas a superar, gradualmente, durante el
periodo de suspensión otorgado en el presente fallo, el cumplimiento de las órdenes
de tutela dictadas en contra de Emssanar. En este punto deberá priorizarse el
cumplimiento de aquellos servicios de salud requeridos con necesidad por pacientes
en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la
atención de sujetos de especial protección constitucional.
3. Una propuesta para solucionar la grave situación que le impide a Emssanar acatar
el cumplimiento de las órdenes proferidas en fallos de tutela, a fin de evidenciar el
manejo que se le dará a la problemática una vez finalice el periodo de suspensión
otorgado en el presente fallo.
SÉPTIMO: DISPONER que, una vez completado el plan de acción al que alude el
numeral anterior y verificado el cumplimiento de las órdenes de tutela que dieron lugar
a las sanciones por desacato, las mismas se dejen sin efectos de manera definitiva.
OCTAVO: REMITIR copia de la presente decisión a la Superintendencia Nacional de
Salud para lo de su competencia.
NOVENO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
DÉCIMO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la
notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Con salvamento de voto
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012
37
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