Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05373-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05373-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05373-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05373-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de incidente de
desacato de acción de tutela
Decisión: Amparar los derechos fundamentales invocados en protección
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, actuando a
nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional de Colombia, la Nueva
EPS S.A., la Superintendencia Nacional de Salud y el Juzgado Sexto Civil
Municipal de Ibagué, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
a la dignidad humana, debido proceso, patrimonio, igualdad y buen nombre con
ocasión de la providencia del 19 de marzo de 20252 proferida dentro del incidente
de desacato, al interior del proceso de tutela seguido bajo el radicado 73001-40-
03-006-2019-00348-12.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Armando Espinosa Tovar promovió una acción de tutela contra
Medimás EPS hoy la Nueva EPS y la Corporación Mi IPS Tolima, con el propósito
de que se ampararan los derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad
social.
3. Con ocasión de lo anterior, el Juzgado Sexto Civil del Municipal de Ibagué
mediante sentencia del 23 de agosto de 2019 resolvió amparar los derechos
fundamentales invocados en protección, en los siguientes términos:
1 Acción de tutela presentada el 26 de mayo de 2026.
2 Es menester indicar que, en la subsanación de la demanda, el accionante solicitó infirmar la decisión del 19
de marzo de 2025 proferida por Juzgado Civil Municipal 006 de Ibagué por medio de la cual lo sancionó con
multa.
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Acción De Tutela
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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
« PRIMERO: TUTELASE a favor del Señor LUIS ARMANDO ESPINOSA TOVAR
(…), y en contra MEDIMAS EPS, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales a la vida, la salud y la seguridad social, debido a lo anteriormente
expuesto.
NIEGASE la presente acción de tutela contra la IPS CORPORACION MI IPS
TOLIMA, por ser la Institución prestadora del servicio de salud, cuya contratación
depende de la EPS.
SEGUNDO: ORDENASELE a MEDIMAS EPS, que de INMEDIATO, si aún no lo
ha hecho, AUTORICE Y SUMINISTRE, al Señor LUIS ARMANDO ESPINOSA
TOVAR, el TRATAMIENTO INTEGRAL que en salud requiera de acuerdo a sus
patologías que padece y que son objeto de la presente acción de tutela, desde la
promoción y prevención de su enfermedad, hasta el tratamiento y rehabilitación
de la misma y con la posterior recuperación, por lo que debe incluir todo el
cuidado, suministro de medicamentos, cirugías urgentes que requiera, exámenes
de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación, terapias y todo aquello que el
médico tratante de la EPS, considere necesario para restablecer la salud del
paciente o para aminorar sus dolencias y pueda llevar una vida en condiciones de
dignidad, incluyendo en general todos los servicios como medicamentos,
exámenes, medicina general y especializada, insumos, tratamientos pre y
posoperatorios, terapias, cirugías, transporte, acompañante, alojamiento (Lo
anterior en caso que el servicio de salud sea ordenado fuera de la ciudad), etc;
incluidos todos los servicios, medicamentos, exámenes, insumos y tratamientos,
NO POS INCLUSIVE que le prescriba el médico o especialista tratante adscrito a
la EPS.
Entérese a la EPS accionada, que el desacato a la presente decisión la hará
acreedora de las sanciones previstas sobre el particular.
TERCERO: Autorízase a MEDIMAS EPS, el recobro ante la Entidad
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) – ADRES, de las sumas de dinero que en exceso deba asumir en
cumplimiento del presente fallo, y de la medida provisional despachada, y que por
ley no le corresponda, y a ADRES su reembolso dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la respectiva cuenta por parte de la EPS
accionada.
CUARTO: Prevéngase a la accionada que en el futuro se abstenga de incurrir en
la misma conducta»
4. Con posterioridad, el 5 de diciembre de 2024, el señor Armando Espinosa Tovar
presentó un incidente de desacato ante el incumplimiento por parte de la Nueva
EPS de las órdenes impartidas mediante sentencia del 23 de agosto de 2019.
5. Por lo anterior, el Juzgado le corrió traslado del incidente de desacato y requirió
a la Nueva EPS para que rindiera informe al respecto. Por lo tanto, el 13 de marzo
de 2025, la entidad promotora de salud se pronunció sobre el particular.
6. Con ocasión de lo anterior, el Juzgado Sexto Civil del Municipal de Ibagué
mediante providencia del 19 de marzo de 2025 resolvió sancionar por desacato
del fallo del 23 de agosto de 2019 al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga en
calidad de Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS, al considerar que, si bien la
EPS manifestó que se encontraba gestionando al correr traslado al área
encargada, lo cierto era que no demostró la satisfacción y mitigación al derecho
fundamental reclamado.
7. En sede de consulta, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué a través de
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Acción De Tutela
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providencia del 2 de mayo de 2025 confirmó la anterior decisión, proveído que fue
notificado el 5 de mayo del 2025 y cobró ejecutoria el 12 de ese mismo mes y año.
8. Con ocasión de lo anterior, el 13 de mayo de 2025 remitió al área de cobro
coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, copia de
tales proveídos con la finalidad de que fuera ejecutada la sanción de multa
impuesta, razón por la que se inició el proceso bajo radicado
73001129000020250028400.
9. Asimismo, dicha dependencia mediante la Resolución 030 del 30 de diciembre
de 2025, le impuso medida de embargo de bienes inmuebles los predios
registrados a su propiedad ubicados en la ciudad de Ibagué.
2.2. Fundamento jurídico
10. El accionante manifestó que laboró como Gerente Zonal Tolima de la Nueva
EPS desde el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3 de octubre de 2025, periodo en
el que accedió a firmar poder al área jurídica de la compañía para efectos de
suscribir contestaciones de acciones de tutela e incidentes de desacato, sin que
esto incluyera facultades de mando, disposición de recursos o manejo
presupuestal para materializar las órdenes que se impartían en materia de salud,
razón por la que carecía de competencia funcional, autonomía administrativa y
capacidad material para ejecutar los mandatos de tutela que ante el
incumplimiento dieron lugar a la imposición de las sanciones.
11. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la parte accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, libertad, dignidad humana,
patrimonio, igualdad y buen nombre, con ocasión de la imposición de las
sanciones de arresto y multas impartidas dentro de diferentes incidentes de
desacato promovidos contra la Nueva EPS por el incumplimiento de los fallos de
tutela.
12. Alrespecto, indicó que el incidente de desacato se fundamenta en la
responsabilidad subjetiva, por ende, no era suficiente corroborar objetivamente el
incumplimiento de la orden.
13. En ese sentido, el Alto Tribunal en materia constitucional a través de las
sentencias T 1234 de 2008 y SU 034 de 2018 afirmó que el Juez debe valorar i)
la capacidad real de cumplimiento; ii) la competencia funcional del obligado; iii) la
imposibilidad fáctica o jurídica y iv) el contexto institucional en el que debía
ejecutarse la orden.
14. Señaló que los incumplimientos obedecieron a la crisis financiera reconocida
por la Superintendencia de Salud, al ordenar la intervención forzosa de la Nueva
EPS, circunstancia que permitía evidenciar la existencia de 156 procesos de cobro
coactivo; así como la imposición de embargos, los cuales considera
desproporcionados, en la medida que desde el 3 de octubre de 2025 se encuentra
desvinculado de dicha entidad.
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15. Sobre el particular, mencionó que la Corte Constitucional a través de sentencia
de tutela T 315 de 2020 y el Consejo de Estado mediante providencia del 30 de
enero de 20253, establecieron que la acumulación masiva de sanciones impuestas
en contextos de fallas estructurales puede desnaturalizar la finalidad persuasiva
del desacato, al convertirlo en un mecanismo de responsabilidad objetiva que
traslada a la esfera personal del representante legal las consecuencias de una
falla sistémica ajena a su voluntad.
16. Finalmente, precisó que con el amparo solicitado no pretendía desconocer las
órdenes impartidas para proteger el derecho a la salud de los usuarios, sino que
el cumplimiento fuera asumido por la Nueva EPS, a través de su agente
interventor y la Superintendencia de Salud, razón por la que solicitó el
levantamiento de las sanciones vigentes y los procesos de cobro; así como la
adopción de medidas necesarias para cumplir las órdenes pendientes sin
necesidad de trasladas las consecuencias a su esfera personal.
2.3. Pretensiones
17. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
PRETENSIONES
Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y
ordenar a favor de WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, mayor de edad,
identificado con cedula de ciudadanía N° 79616607 de Bogotá lo siguiente:
PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO Y
MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos en
contra del accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.
SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN
OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes
de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así como las
actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente las
consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.
TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las
órdenes judiciales. (…)»
2.4. Trámite procesal
18. Es menester indicar que la presente acción de tutela fue de conocimiento de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado4, autoridad judicial que, mediante los autos
del 1° y 24 de junio de 2026, requirió al accionante para que precisara sí el amparo
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constitucional se dirigía a controvertir las decisiones adoptadas dentro de los
trámites de incidente de desacato en los que se impusieron sanciones de multa y
arresto, las actuaciones adelantadas dentro de los procesos de cobro coactivo
iniciados para hacer efectivas dichas sanciones, o ambos asuntos.
19. Así las cosas, a través del proveído del 8 de julio de 2026 resolvió admitir la
acción de tutela y desglosar la demanda, al considerar que una vez revisada la
subsanación los cuestionamientos del accionante se dirigían contra las sanciones
de multa y arresto impuestas dentro de incidentes de desacato tramitados en
múltiples y distintos procesos de tutela que fueron adelantados ante diversas
autoridades judiciales del departamento del Tolima entre ellas juzgados
administrativos, laborales, civiles, penales, de familia, de ejecución de penas y
medidas de seguridad y promiscuos municipales.
20. Lo anterior, teniendo en cuenta que, cada uno de los incidentes de desacato
se surtieron dentro de un proceso de tutela autónomo e independiente, promovido
por accionantes diferentes, con fundamento en hechos y circunstancias
particulares, en el que se profirieron órdenes de amparo distintas y en el que las
razones que condujeron a la imposición de la sanción tampoco fueron las mismas.
21. Con ocasión de lo anterior, se tiene que, una vez desglosado dicho proceso
mediante proveído del 16 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela de la
referencia en la que se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional de Colombia, la
Nueva EPS S.A., la Superintendencia Nacional de Salud y al Juzgado Sexto Civil
Municipal de Ibagué como accionados y como terceros interesados en el resultado
del proceso a todas las personas y/o entidades vinculadas a la acción de tutela e
incidente de desacato seguidos bajo el radicado 73001-40-03-006-2019-00348-
00.
2.5. Intervenciones
22. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué informó que,
en cumplimiento de lo ordenado en la decisión del 19 de marzo de 2015, mediante
la cual se dispuso a imponer una sanción por desacato al señor Lozano Parga que
fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta el 2 de mayo de la misma
anualidad, inició un proceso de cobro coactivo que actualmente se encuentra
vigente y supliendo las distintas etapas que el mismo conlleva.
23. Al respecto, advirtió que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia, ni en un mecanismo alternativo para controvertir decisiones judiciales o
administrativas que cuentan con los recursos y procedimientos ordinarios
establecidos por el ordenamiento jurídico.
24. De otra parte, indicó que carece de competencia para inaplicar o dejar sin
efectos las multas impuestas por los despachos judiciales, por cuanto dichas
sanciones provienen de decisiones judiciales que gozan de presunción de
legalidad y son de obligatorio cumplimiento, mientras no sean modificadas,
revocadas o dejadas sin efectos por la autoridad judicial competente.
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25. Máxime cuando la sanción fue impuesta al accionante en consideración a que
fungía como Gerente Zonal Tolima de Nueva E.P.S., de ahí que haya sido el
destinatario directo de la misma.
26. En ese sentido, si el actor consideraba que la multa le fue impuesta de manera
irregular o que existían circunstancias que ameritaban su modificación o
revocatoria, deberá acudir ante el despacho judicial que profirió la sanción,
utilizando los mecanismos procesales previstos para tal fin, sin que la acción de
tutela sustituya dichos medios de defensa judicial.
27. Con ocasión de lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de
tutela y se desvincule del presente trámite, por cuanto, no ha incurrido en acciones
u omisiones de carácter administrativos que puedan constituir afectación a los
derechos fundamentales invocados en protección.
28. La presidencia y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura solicitaron ser desvinculados del presente
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
29. El señor Luis Armando Espinosa Tovar indicó que el señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga desde el año 2013 hasta el año 2025 era quien tenía la obligación
de acatar los fallos de tutela, por tanto, debía atender las sanciones que le fueron
impuestas.
30. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
31. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20195 y demás normas
concordantes, teniendo en cuenta que la acción de tutela se dirige también contra
el Consejo Superior de la Judicatura6.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la legitimación en la causa por pasiva
32. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la presidencia, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitaron ser desvinculados del presente proceso, al respecto, la Sala
no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión, toda vez que
analizado el material probatorio se tiene que se les vinculó al trámite, por cuanto,
les asiste interés en el proceso, en tanto a la fecha se encuentra vigente el proceso
5 Reglamento interno del Consejo de Estado.
6 Ver numeral 8.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021
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de cobro coactivo que se inició con ocasión de la providencia que pretende infirmar
a través del mecanismo constitucional, razón por la que procede la Sala a negar
dicha solicitud.
3.3. Problema jurídico
33. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a
la dignidad humana, debido proceso, patrimonio, igualdad y buen nombre del
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al mantener vigente la sanción de multa y
arresto que le fue impuesta, en su condición de Gerente Zonal Tolima de la Nueva
EPS, dentro del incidente de desacato radicado 73001-40-03-006-2019-00348-12,
y al adelantar el proceso de cobro coactivo derivado de aquella, sin valorar su
responsabilidad subjetiva, su competencia funcional y su capacidad material para
cumplir la orden de tutela, en el contexto de la crisis estructural de la referida EPS.
34. En ese orden de ideas, la Sala procederá abordar el estudio de la procedencia
de la acción de tutela; los incidentes de desacato ante fallas estructurales de las
instituciones; así como también de la crisis estructural de la Nueva EPS y
finalmente el problema jurídico planteado en precedencia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
35. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
36. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
3.5. De los incidentes de desacato ante fallas estructurales de las
instituciones
37. Según lo dispone el Decreto 2591 de 1991, ante el incumplimiento de una
orden emitida en un fallo de tutela el beneficiario puede solicitar, de manera
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simultánea o sucesiva, su acatamiento por medio del denominado trámite de
cumplimiento y/o que se sancione a la autoridad incumplida a través del incidente
de desacato.
38. La posibilidad de exigir el cumplimiento del fallo de tutela se encuentra prevista
en los artículos 23 y 27 del decreto precitado y el fundamento constitucional de
este trámite radica en la obligación estatal de garantizar al sujeto afectado que el
fallo por medio del cual se concede la tutela le va a satisfacer el goce pleno de
sus derechos. En términos de la Corte Constitucional, la obligación principal del
juez constitucional consiste en hacer cumplir la orden de tutela, pues hace parte
de la garantía de amparo de los derechos fundamentales vulnerados y constituye
el fin de la actividad estatal.
39. Ahora, el incidente de desacato, regulado por el artículo 52 del Decreto 2591
de 1991, constituye un mecanismo de naturaleza disciplinaria y sancionatoria
destinado a asegurar la eficacia material de las órdenes impartidas por el juez
constitucional, aunque, si bien puede culminar con sanciones de arresto y multa,
su propósito primordial no consiste en castigar al obligado, sino en inducirlo al
cumplimiento del fallo y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales
amparados.
40. En ese sentido, debe que el desacato exige demostrar, además del
incumplimiento objetivo, la responsabilidad subjetiva de la persona destinataria de
la orden, esto es, que actuó con dolo o culpa, razón por la que, la falta de
cumplimiento no conduce automáticamente a la imposición de una sanción, pues
puede obedecer a circunstancias ajenas a la voluntad o a la capacidad funcional
del obligado.
41. Sobre el particular, se tiene que la Corte Constitucional en la sentencia T-1234
de 2008 sostuvo que la consideración aislada de cada incidente podía conducir a
decisiones formalmente correctas que, apreciadas en conjunto, vulneraban los
derechos del sancionado, fenómeno que calificó como una vía de hecho por
consecuencia.
42. Asimismo, advirtió que la solución individual podía afectar la igualdad de las
demás personas que se encontraban en turno y agravar el represamiento
institucional, pero no liberó a los directivos de su obligación de superar la crisis,
sino que ordenó la formulación de un plan con medidas, recursos, cronogramas e
instrumentos de seguimiento.
43. En esa misma línea, el Alto Tribunal en materia constitucional en la Sentencia
SU-034 de 2018, precisó que el juez debe valorar conjuntamente factores
objetivos y subjetivos. Entre los factores objetivos, señaló que pueden tomarse en
cuenta variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un
estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer
efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la
ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su
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cumplimiento. Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii)
si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones
positivas orientadas al cumplimiento.
44. De esta manera, la existencia de fallas estructurales constituye un elemento
relevante para establecer la responsabilidad subjetiva, pero no opera como una
causal automática de exoneración, en la medida que se debe acreditar que se
trata de una situación generalizada, persistente y sistémica, y demostrar su
relación causal con el incumplimiento concreto, además deberá verificarse que el
obligado actuó de buena fe, agotó las gestiones que estaban dentro de su
competencia y no permaneció indiferente frente a la orden judicial.
45. En un asunto similar, la Corte Constitucional en la sentencia T-315 de 2020,
aplicó esas consideraciones a la crisis operativa y financiera de Coomeva EPS, al
encontrar que la imposición sucesiva y acumulada de sanciones de arresto había
perdido capacidad persuasiva para conseguir el cumplimiento de los fallos y, en
cambio, comprometía los derechos al debido proceso, al buen nombre y a la honra
de su representante legal.
46. Esa decisión no significó que la crisis de la EPS legitimara la interrupción de
los servicios de salud o eliminara la obligatoriedad de los fallos, puesto que la
suspensión de las sanciones fue acompañada por deberes concretos de gestión,
priorización, seguimiento y superación gradual del incumplimiento, en tanto,
mantuvo incólume la obligación de garantizar la continuidad y oportunidad de los
servicios y estableció que los futuros jueces debían valorar las circunstancias
objetivas y subjetivas antes de sancionar.
47. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 30 de
enero de 20257 amparó los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia; suspendió durante un año la ejecución de las
sanciones de multa y arresto impuestas a quienes ejercían o habían ejercido
funciones directivas en la EPS EMSSANAR, y ordenó formular un plan de acción
en 90 días, al considerar que la apertura masiva de incidentes y la imposición
sistemática de sanciones habían perdido eficacia para obtener el cumplimiento de
los fallos y desviaban recursos humanos y administrativos necesarios para
atender la problemática subyacente.
48. De las anteriores providencias se desprende que las fallas estructurales
modifican la metodología con la cual debe examinarse el desacato, pero no
eliminan la obligatoriedad del fallo ni crean una inmunidad general para los
directivos de la entidad. De modo que, el juez debe mantener las actuaciones
dirigidas al cumplimiento, pero abstenerse de imponer sanciones fundadas
exclusivamente en la posición jerárquica del funcionario o en la constatación
objetiva de la mora, puesto que la crisis institucional debe enfrentarse mediante
órdenes complejas, planes verificables, coordinación interinstitucional y
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seguimiento judicial, sin sacrificar la protección individual de quienes requieren
una atención urgente.
3.6. De la crisis estructural de la Nueva EPS
49. Al respecto, se tiene que los artículos 2.º y 6.º de la Ley Estatutaria 1751 de
2015 reconocen la salud como un derecho fundamental autónomo y establecen
unos principios que comprenden el acceso oportuno, eficaz, continuo y con
calidad a los servicios y tecnologías requeridos por las personas.
50. En ese orden de ideas, el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, atribuye a las
entidades promotoras de salud una función indelegable de aseguramiento, que
comprende, entre otros aspectos, la administración del riesgo financiero, la
gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que procure el acceso
efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la
representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de
la autonomía del usuario.
51. Así las cosas, se tiene que, dentro de ese marco normativo, la intervención
forzosa administrativa constituye una medida excepcional de salvamento y control
dirigida a establecer si la entidad vigilada puede ser puesta en condiciones de
desarrollar adecuadamente su objeto social, debe ser sometida a otras medidas
o, en último término, liquidada, esto, con el propósito preservar la continuidad del
servicio público y proteger los derechos de la población afiliada.
52. Ahora, en el caso de la Nueva EPS se observa que la Superintendencia
Nacional de Salud, mediante la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril
de 2024, ordenó la toma de posesión inmediata de sus bienes, haberes y negocios
y su intervención forzosa administrativa para administrar, decisión que se
fundamentó en la concurrencia de deficiencias financieras, operativas,
administrativas y asistenciales que comprometían el ejercicio de su función de
aseguramiento y el acceso efectivo de los usuarios a los servicios de salud.
53. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el marco de la auditoría realizada para
verificación de la Resolución 497 de 2021, la Nueva EPS cumplió con el 37% de
los estándares de habilitación y permanencia y registró 22 hallazgos.
54. La situación asistencial se reflejaba, además, en el aumento sostenido de las
reclamaciones, puesto que durante 2023 se registraron 1.075.319 reclamos y,
solamente en enero de 2024, se presentaron 21.474 nuevas reclamaciones
relacionadas principalmente con demoras en citas, entrega de medicamentos y
tecnologías, autorizaciones y acceso a otros servicios.
55. Asimismo, allí se indicó que en el segundo semestre de 2023 también fueron
reportadas 27.141 acciones de tutela promovidas por los usuarios para obtener
atención especializada, medicamentos, procedimientos, diagnósticos, dispositivos
médicos y tratamientos integrales.
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56. Aunado a dichas deficiencias se sumó un deterioro financiero que incidía
directamente en la operación asistencial, pues, para diciembre de 2023, la
siniestralidad alcanzó el 100,9% en el régimen contributivo y el 101% en el
subsidiado, lo que indicaba que el costo de los servicios de salud era superior a
los ingresos operacionales correspondientes.
57. Con ocasión de lo anterior, la Superintendencia de Salud mediante la
Resolución 2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, prorrogó la medida hasta
el 3 de abril de 2026, al considerar que las causas que originaron la intervención
no habían sido superadas.
58. Con posterioridad, dicha entidad por medio de la Resolución
2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026, ordenó nuevamente la toma de
posesión y la intervención forzosa administrativa de Nueva EPS hasta el 10 de
abril de 2027, toda vez que identificó debilidades estructurales en los
componentes técnico, científico, administrativo, financiero y jurídico; así como
fallas en la operación de la red prestadora, ausencia de medición y
estandarización en la gestión farmacéutica, problemas en la integración de la
información y persistencia de barreras para acceder a los servicios.
59. En conclusión, lo descrito permite determinar la situación de Nueva EPS como
una crisis estructural con ocasión de deficiencias interdependientes en la
solvencia financiera, el funcionamiento administrativo, la suficiencia de la red, la
entrega de medicamentos y la atención efectiva de los usuarios, que lejos de
disminuir el alcance de las obligaciones de Nueva EPS, refuerza su deber de
adoptar medidas inmediatas de coordinación y garantizar que las consecuencias
de su situación institucional no sean trasladadas a los pacientes, especialmente
cuando se encuentren comprometidos los principios de continuidad, oportunidad
e integralidad o estén involucrados sujetos de especial protección constitucional.
3.4. Caso concreto
60. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a determinar si se le vulneraron
los derechos fundamentales al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al mantener
vigente la sanción de multa y arresto que le fue impuesta, en su condición de
gerente zonal Tolima de Nueva EPS, dentro del incidente de desacato radicado
73001-40-03-006-2019-00348-12, y al adelantar el proceso de cobro coactivo
derivado de aquella, sin valorar, presuntamente, su responsabilidad subjetiva, su
competencia funcional y su capacidad material para cumplir la orden de tutela, en
el contexto de la crisis estructural de la referida EPS.
61. En ese orden de ideas, previo abordar el asunto en cuestión, la Subsección
considera necesario precisar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante proveído del 8 de julio de 2026 admitió la acción de tutela y dispuso el
desglose, razón por la que el análisis se circunscribirá exclusivamente a la sanción
impuesta al accionante dentro del incidente de desacato radicado 73001-40-03-
006-2019-00348-12 y el cobro coactivo derivado de esta.
62. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
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siguiente:
63. En el asunto en cuestión, se acredita que el accionante ostentó el cargo de
Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS desde el 23 de noviembre de 2013 hasta
el 3 de octubre de 2025.
64. Igualmente, se tiene que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué mediante
providencia del 19 de marzo de 2025 resolvió sancionar por desacato del fallo del
23 de agosto de 2019 al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga en calidad de
Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS, en los siguientes términos:
«Las sanciones en contra de quien incumpliere un fallo de tutela, radica en la
necesidad de dar a los ciudadanos seguridad respecto de las decisiones de los
Jueces de Tutela, pues de no ser así eventualmente el Derecho Constitucional por
el cual se solicitó la protección, quedaría totalmente desamparado o huérfano,
pese la intervención oportuna del Juez Constitucional y el artículo 86 de la norma
superior y sus decretos reglamentarios.
Ahora bien, en el caso en concreto, se determinó que, si bien es cierto la entidad
accionada, manifiesta que se encuentra en termino de gestión por el simple hecho
de correr traslado a la aérea encargada, no demuestra con ellos una solución al
accionante, puesto que no se logra evidenciar la satisfacción y mitigación al
derecho fundamental reclamado, en este caso, no ha dado cumplimiento la EPS,
a la entrega de glucómetro. el despacho procederá a sancionar a la entidad antes
mencionada por no acatar el fallo de tutela proferido por este juzgado el día 23 de
agosto de 2019. (...)
«PRIMERO: DECLARAR que, accionada NUEVA EPS, por intermedio del Dr.
WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA en calidad de GERENTE ZONAL TOLIMA
DE LA NUEVA, incurrió en desacato frente al cumplimiento total del fallo de tutela
de fecha 23 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado 6° Civil Municipal,
mediante el cual se tutelo a favor de LUISARMANDO ESPINOSA TOVAR,
identificado con cedula de ciudadanía N° 14207.359.
SEGUNDO: IMPONER al Dr. Dr. WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA en
calidad de GERENTE ZONAL TOLIMA DE LA NUEVA, como sanción una multa
de tres (03) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por incurrir en desacato
al fallo de tutela en cuestión, la cual deberá ser consignada dentro del término
judicial de cinco (5) días después de la ejecutoria del presente proveído, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, cuenta No. 3-082-00-00640-8 denominada
RAMA JUDICIAL- MULTAS Y RENDIMIENTOS - CUENTA ÚNICA NACIONAL.
TERCERO: Imponer 05 días de arrestos, que tendrá que cumplir en un comando
o estación de policía ubicado en el perímetro donde se encuentre.»
65. La anterior decisión fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta por el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué, a través de providencia del 2 de mayo
de 2025.
66. Aunado a lo anterior, el 13 de mayo de 2025 se remitió al área de cobro
coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, copia de
tales proveídos con la finalidad de que fuera ejecutada la sanción de multa
impuesta, razón por la que inició el proceso bajo radicado
73001129000020250028400.
67. Con ocasión de dicho proceso, la Dirección Seccional de Administración
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Judicial de Ibagué, mediante la Resolución 030 del 30 de diciembre de 2025, le
impuso medida de embargo sobre varios inmuebles de propiedad del actor
ubicados en la ciudad de Ibagué. Decisión en la que además se menciona la
apertura de 156 procesos de cobro coactivo que asciende a la suma de
$755.861.340.33.
68. Asimismo, se acredita en el expediente que a la fecha existe una crisis
estructural al interior de la Nueva EPS desde el 2023 inclusive, como
consecuencia de deficiencias interdependientes en la solvencia financiera, el
funcionamiento administrativo, la suficiencia de la red, la entrega de
medicamentos y la atención efectiva de los usuarios, lo que dio lugar a que fue
intervenida por la Superintendencia de Salud mediante la Resolución
2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, en la que se indicó que el segundo
semestre de 2023 fue reportadas 27.141 acciones de tutela promovidas por los
usuarios para obtener atención especializada, medicamentos, procedimientos,
diagnósticos, dispositivos médicos y tratamientos integrales.
69. Con ocasión de lo anterior, la Superintendencia de Salud mediante la
Resolución 2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, prorrogó la medida hasta
el 3 de abril de 2026, al considerar que las causas que originaron la intervención
no habían sido superadas.
70. Ahora, dicha medida se mantiene a la fecha, de conformidad con lo
preceptuado en la Resolución 2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026, en
donde se ordenó nuevamente la toma de posesión y la intervención forzosa
administrativa de la Nueva EPS hasta el 10 de abril de 2027.
71. Así las cosas, de conformidad con lo descrito en precedencia, al contrastar las
providencias del 19 de marzo y del 2 de mayo de 2025, respectivamente, la Sala
advierte que la sanción se sustentó, principalmente, en la falta de cumplimiento
integral del fallo y en la condición del actor como gerente zonal Tolima de Nueva
EPS. Sin embargo, no se determinó cuáles conductas concretas, activas u
omisivas, le eran personalmente atribuibles; si tenía competencia directa para
autorizar, contratar o suministrar las prestaciones reclamadas; ni las deficiencias
financieras, administrativas y operativas que atravesaba la entidad. Nótese que
para la fecha en que se confirmó la sanción ya se había intervenido la entidad,
esto es, en abril de 2024.
72. En ese sentido, si bien la crisis estructural de Nueva EPS no constituye, por sí
misma, una causal automática de exoneración de sus directivos o funcionarios
como se indicó previamente, lo cierto es que la intervención del Estado se
encontraba vigente desde abril de 2024 y las deficiencias sistémicas
documentadas por la Superintendencia Nacional de Salud constituían elementos
objetivos del contexto que debían ser valorados conjuntamente con la
competencia funcional, la capacidad material y la conducta individual del
incidentado.
73. Por lo anterior, para la Sala no resulta factible atribuir al señor Lozano Parga
las consecuencias de la falla sistémica de la Nueva EPS que dio lugar a la
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intervención por parte del Estado, en la medida que, si bien en el presente asunto
no se cuestionan en sí las decisiones por medio de las cuales se le impuso la
sanción por desacato, lo cierto es que lesiona los derechos fundamentales del
actor, en tanto, se denaturaliza la finalidad persuasiva de dicho mecanismo, dado
que le impone una responsabilidad objetiva, al trasladar a su esfera personal las
consecuencias de una deficiencia estructural de la entidad que, a su vez, desborda
su voluntad y capacidad material de actuar al respecto, pues, a la fecha no se
encuentra vinculado a dicha institución.
74. En ese contexto, la Subsección considera que se deben amparar los derechos
fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, patrimonio, igualdad y buen
nombre del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, razón por la que se ordenará al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué el levantamiento de la sanción de arresto
de cinco (5) días y la multa de tres (3) SMLMV impuesta dentro del incidente de
desacato con radicado 73001-40-03-006-2019-00348-12, derivado del
incumplimiento de fallo de tutela del 23 de agosto de 2019, situación que deberá
ponerse en conocimiento a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué en donde a la fecha cursa el cobro coactivo bajo radicado
73001129000020250028400.
75. Ahora, es menester indicar que la existencia de la crisis estructural no exonera
a Nueva EPS de sus obligaciones constitucionales y legales, ni convierte sus
dificultades financieras, contractuales o administrativas en una justificación
admisible para interrumpir tratamientos o trasladar sus cargas internas a los
afiliados, en la medida que no se puede sacrificar los derechos fundamentales del
señor Armando Espinosa Tovar.
76. Finalmente, se hace necesario hacer énfasis en que esta determinación no
afecta la obligatoriedad de la sentencia de tutela del 23 de agosto de 2019 ni
releva a Nueva EPS del deber de garantizar los derechos del señor Luis Armando
Espinosa Tovar, razón por la cual se ordenará a su agente interventor o quien
haga sus veces, dar cumplimiento al fallo de tutela referido.
77. Asimismo, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué conservará la
competencia prevista en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 para verificar el
cumplimiento integral del fallo y adoptar las medidas necesarias frente a la Nueva
EPS, por conducto de su agente interventor o del funcionario que actualmente
tenga competencia material para ejecutar la orden, previa individualización y
vinculación de la persona responsable, tal como lo establece el ordenamiento
jurídico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la presidencia, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
conforme con los argumentos expuestos en la presente providencia.
Segundo: Amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido
proceso, patrimonio, igualdad y buen nombre del señor Wilmar Rodolfo Lozano
Parga, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En
consecuencia;
Tercero: Ordenar al Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué el levantamiento de
la sanción de arresto de cinco (5) días y la multa de tres (3) SMLMV impuesta
dentro del incidente de desacato con radicado 73001-40-03-006-2019-00348-12,
derivado del incumplimiento de fallo de tutela del 23 de agosto de 2019, en calidad
de Gerente Zonal Tolima de Nueva E.P.S, la cual deberá ponerse en conocimiento
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué en donde a la fecha
cursa el cobro coactivo bajo radicado 73001129000020250028400.
Cuarto: Ordenar al agente interventor de la Nueva EPS o, quien haga sus veces,
dar cumplimiento a la sentencia de tutela del 23 de agosto de 2019 proferida por
el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué dentro de la acción de tutela con
radicado 73001-40-03-006-2019-00348-00.
Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Sexto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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