Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05307-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05307-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05307-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
9 de diciembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01
Demandante: GLORIA PATRICIA VENEGAS como agente oficiosa
de GSGV1
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y
OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL PROFERIDA EN UN PROCESO DE IGUAL
NATURALEZA. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
AUTORIDADES PÚBLICAS.
Síntesis del caso: la actora, como agente oficiosa de su hija, presentó la acción de tutela
contra una EPS y varias IPS por considerar que incumplieron un fallo de tutela del año 2009.
Adicionalmente, cuestionó una sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado y solicitó que se impartieran órdenes de inspección y vigilancia a
diversas autoridades del sector salud. La Sala modificará la decisión impugnada que
declaró la improcedencia de la acción de tutela para ratificar que los reproches contra una
sentencia de tutela no cumplen los requisitos excepcionales de procedencia y que frente al
presunto incumplimiento del fallo de tutela de 2009 existe un trámite incidental de desacato
activo; y que negó las pretensiones porque no se acreditó la omisión atribuida a las
entidades de supervisión sanitaria que habilitara la intervención del juez constitucional, sin
embargo, modificará la providencia impugnada para incluir un exhorto a algunas de las
autoridades públicas demandadas.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 17 de octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la que se decidió:
“(...) SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela para atacar
una sentencia dictada en otra acción de la misma naturaleza y obtener el
cumplimiento de una orden de amparo, y NEGAR la protección
constitucional reclamada frente a la suspensión de las sanciones por
desacato y la petición de ordenar que se ejerzan las funciones de control
y vigilancia, en atención a las consideraciones planteadas. (...)”.
(mayúsculas y negrillas del original – archivo disponible en medio
1
Debido a que en el presente asunto se estudia la vulneración de derechos fundamentales de un
sujeto de especial protección constitucional y su historia médica, la Sala ocultará su nombre como
una medida de protección a su intimidad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01
Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV
Acción de tutela – Impugnación de fallo
magnético en el índice 00039 del expediente de primera instancia en el
aplicativo SAMAI)
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 27 de agosto de 2025 (índice 00001 del aplicativo
SAMAI), la parte actora en condición de agente oficiosa de su hija, promovió acción
de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Fundación
Especializada en Desarrollo Infantil (Fedi), la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría
Departamental de Salud del Valle del Cauca, la Secretaría Municipal de Salud de
Palmira, la EPS EMSSANAR, las IPS Ensalud Colombia SAS y Strategos Medical
Solution SAS, la sociedad Welli Colombia SAS y el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Judicial de Palmira, con el fin de que se protegieran sus derechos
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia y salud,
consagrados en los artículos 29, 229 y 49 de la Constitución Política, los cuales
consideró vulnerados por las actuaciones adelantadas dentro de un trámite
incidental de desacato; señaló, además, que la sentencia de tutela del 22 de octubre
de 2024, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió la
imposición de sanciones impuestas en sede de desacato, había generado
afectaciones al cumplimiento efectivo de la orden de amparo en favor de la
agenciada.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) La agenciada GSGV, de 27 años, es una persona con discapacidad severa,
diagnosticada con parálisis cerebral infantil, epilepsia, movilidad reducida,
dependencia funcional total, incontinencia urinaria y fecal, gastrostomía y
traqueostomía, cuya atención en salud ha sido objeto de medidas de protección
constitucional desde un fallo de tutela proferido el 5 de mayo de 2009 en el proceso
no. 76520-40-03-002-2009-00269-00 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Palmira, decisión que ordenó a EMSSANAR EPS garantizar atención integral,
medicamentos, insumos asistenciales, transporte y terapias.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01
Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2) Durante un tiempo, Emssanar y las IPS de su red cumplieron las órdenes
impartidas en la sentencia de amparo, sin embargo, desde septiembre de 2024 y
con ocasión de los problemas administrativos que atravesó la EPS, se produjo un
quiebre en la continuidad de la atención, pues dejaron de entregar los insumos
médicos requeridos, a pesar de existir órdenes médicas vigentes.
3) A partir de dicha situación, la agenciada comenzó a enfrentar serias dificultades
para acceder a los medicamentos anticonvulsivos (en especial, fenobarbital) y al
suplemento nutricional Ensure, así como a otros insumos médicos necesarios para
su soporte vital, situación que la expone a crisis epilépticas, agudización de su
desnutrición, descompensaciones clínicas y deterioro progresivo de su estado de
salud.
4) Frente a los incumplimientos reiterados, ha promovido múltiples incidentes de
desacato (12 en total) dentro del trámite de la acción de tutela 2009-00269-00, por
el incumplimiento del fallo que ordenó la prestación integral del servicio; en
desarrollo de los cuales, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira ha impuesto
sanciones por desacato a funcionarios de Emssanar, que incluso fueron
confirmadas en el grado jurisdiccional de consulta por el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Palmira.
5) No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del
30 de enero de 2025, resolvió una acción de tutela promovida por Emssanar y otros
en el expediente no. 11001-03-15-000-2024-04475-00, relacionada con el mismo
contexto fáctico2 y ordenó, entre otras, suspender durante un periodo de un (1) año,
la ejecución de las sanciones de multa y arresto impuestas en el trámite incidental
de desacato en contra de varias personas que ostentaban u ostentaron cargos
2
En la acción de tutela no. 11001-03-15-000-2024-04475-00, en la cual no hizo parte la aquí
demandante Gloria Patricia Venegas o la agenciada, la Sección Quinta del Consejo de Estado
conoció la solicitud presentada por Emssanar SAS y varios de sus directivos y funcionarios, quienes
alegaban que las sanciones impuestas en el incidente de desacato adelantado para exigir el
cumplimiento del fallo de tutela del 5 de mayo de 2009 habían sido adoptadas con desconocimiento
de sus garantías constitucionales. Los demandantes alegaron que diversos trámites incidentales
presentaban irregularidades sustanciales tales como ausencia de notificaciones adecuadas, falta de
individualización de las conductas, motivaciones insuficientes, valoración incompleta del material
probatorio y una sanción cuya severidad no se correspondía con el análisis concreto de su
responsabilidad personal.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01
Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV
Acción de tutela – Impugnación de fallo
directivos o como funcionarios en Emssanar3; decisión que fue invocada por
Emmsanar y las IPS Strategos Medical Solution SAS, Welli Colombia SAS y
Ensalud Colombia SAS para dejar de cumplir las órdenes de amparo impartidas en
el caso de la agencia relacionadas con el fallo del año 2009.
2. Los fundamentos de la vulneración
La actora afirmó que la vulneración de sus derechos fundamentales derivó de la
sentencia de tutela del 30 de enero de 2025 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en cuanto ordenó la suspensión de las sanciones por desacato;
de las omisiones de Emssanar SAS y de las IPS demandadas en el suministro
integral y continuo de los servicios de salud, medicamentos e insumos ordenados
por los médicos tratantes; y de la falta de supervisión efectiva por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la
Secretaría de Salud del Valle del Cauca, ADRES y la Secretaría de Salud de
Palmira, respecto de la conducta de la EPS y las IPS, en orden a garantizar la
continuidad, integralidad y oportunidad en la prestación del servicio médico
requerido por la agenciada.
Agregó que la sentencia de tutela de 30 de enero de 2025 desconoció el principio
del interés superior de los sujetos de especial protección constitucional, en atención
a que, la decisión de suspender las sanciones por desacato generó un “escudo de
inmunidad” para Emssanar que debilita la eficacia de la acción de tutela y del
incidente de desacato, por cuanto termina por afectar de manera directa los
derechos fundamentales de la agenciada; por ello, solicitó que se inaplicara dicha
providencia por vía de excepción de inconstitucionalidad.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
3
César Augusto Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, José Edilberto Palacios Landeta, Luis
Eduardo Vila Barrios, Melchor Alfredo Jacho Mejía, Nancy Rocío Caicedo España, Oscar Jovanny
Valencia Manchego, Richard Javier Mideros Luna, Sirley Burgos Campiño, María Alejandra
Benavides Piando, Víctor Hugo Labrador Rincón, Luis Carlos Arboleda Mejía, Marizol Guzmán
Gaspar, Camilo Andrés Sánchez Valencia, Johana Andrea Mesías Narváez y Dayanna Carolina
Hernández Rico
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01
Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV
Acción de tutela – Impugnación de fallo
“PRIMERA. Solicito a este despacho inaplicar, por vía de excepción de
inconstitucionalidad (artículo 4º de la Constitución Política), la sentencia
de primera instancia proferida el treinta (30) de enero de 2025 por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, dentro del radicado 11001-03-15-000-2024-04475-00, en
cuanto suspendió por el término de un año la ejecución de sanciones de
multa y arresto por desacato en favor de la EPS Emssanar S.A.S. y de
sus directivos. (...)
SEGUNDA. Como consecuencia de la inaplicación de la providencia
señalada, solicito a este despacho amparar de manera inmediata e
integral los derechos fundamentales de la menor (sic) (...) a la vida digna,
la salud y la seguridad social, ordenando a la EPS Emssanar S.A.S., y en
forma subsidiaria a la ADRES, con responsabilidad recíproca de la
Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud del Valle del
Cauca, el Ministerio de Salud y Protección Social y las IPS vinculadas,
garantizar de forma urgente y continua la prestación integral de servicios
de salud, medicamentos, insumos médicos y cualquier tratamiento
ordenado por los médicos tratantes. (...)
PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales a la vida digna, la salud
y la seguridad social de la menor (sic) (...), y en consecuencia ordenar de
manera urgente y definitiva a la EPS Emssanar, y en forma subsidiaria a
la ADRES, con responsabilidad reciproca de la Superintendencia
Nacional de Salud, Secretaría de Salud del Valle del Cauca, Ministerio de
Salud y Protección Social, así como de las IPS e instituciones prestadoras
vinculadas al caso, garantizar la prestación integral, continua e inmediata
de los servicios de salud, postquirirgicos y tratamientos prescritos,
conforme al principio de salud continua.
SEGUNDA. Ordenar a la IPS STRATEGOS MEDICAL SOLUCION SAS,
NIT 901361856-4, WELLI COLOMBIA SAS, NIT 900.723.696-3, IPS
ENSALUD COLOMBIA S.AS. NIT. 900.596.447-0, IPS DROGUERÍA
ENSALUD COLOMBIA S.A.S. ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA, FEDI
FUNDACIÓN ESPECIALIZADA EN DESARROLLO INFANTIL “FEDI”, la
entrega inmediata, continua y suficiente de todos los medicamentos
formulados (Fenobarbital, Ácido Valproico, Emmsure, entre otros) e
insumos médicos especializados (pañales, sondas, botón gástrico, bolsas
de alimentación enteral, cremas médicas, soluciones, entre otros), así
como cualquier tratamiento o procedimiento ordenado por los médicos
tratantes de rehabilitación medica de la menor (sic).
TERCERA. En caso de requerirse traslado a otra ciudad o departamento,
ordenar a la EPS Emssanar asumir los gastos de transporte, traslado y
alojamiento de la paciente y un acompañante, de conformidad con la
Sentencia T-259 de 2019 de la Corte Constitucional.”. (mayúsculas del
original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00001 del
aplicativo SAMAI)
4. Actuación en primer grado
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por auto del 9 de
septiembre de 2025 admitió la acción de tutela, notificó a los magistrados
integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al titular del Juzgado
Segundo Civil Municipal de Palmira, a la EPS Emssanar, a la Superintendencia
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01
Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Nacional de Salud, a la Secretaría de Salud de la Gobernación Valle del Cauca, al
Ministerio de Salud y Protección Social, a las IPS Strategos Medical Solution SAS y
Ensalud Colombia SAS, a la sociedad Welli Colombia SAS, a la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Salud (ADRES), a la Secretaria Municipal de
Salud de Palmira y a la Fundación Especializada En Desarrollo Infantil (FEDI), con
el fin de que presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente
acción.
5. Sentencia de primera instancia
El 17 de octubre de 2025 (índice 00039 del aplicativo SAMAI), la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia que declaró
improcedente el amparo solicitado en cuanto a las pretensiones dirigidas a
controvertir la sentencia de tutela del 30 de enero de 2025 proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación y negó el amparo frente a los efectos de la suspensión
de las sanciones por desacato y la petición de ordenar funciones de vigilancia y
control por parte de algunas de las autoridades demandadas.
En cuanto a la pretensión de inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad
la sentencia de tutela del 30 de enero de 2025 emitida por la Sección Quinta en el
proceso no. 11001-03-15-000-2024-04475-00, el a quo señaló que la excepción del
artículo 4 de la Constitución se predica de la contradicción entre la Constitución y
disposiciones legales, no frente a decisiones judiciales en acciones de tutela, por lo
cual esta herramienta no era idónea en el caso concreto.
Desde la perspectiva de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda
resultaba improcedente, por cuanto, tratándose de una acción de tutela contra una
providencia de igual naturaleza, la actora no alegó ni probó que la decisión hubiera
sido producto de una situación de fraude ni desarrolló la carga argumentativa
reforzada exigida para dejar sin efectos una sentencia de tutela.
En el análisis sobre los efectos de la suspensión de las sanciones por desacato
dispuesta en la sentencia del 30 de enero de 2025, examinó la forma en que, en el
incidente de desacato no. 76520-40-03-002-2009-00269-12, el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Palmira aplicó la orden de amparo emitida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y constató que dicho juzgado determinó la existencia de
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desacato, impuso sanciones de arresto y multa en contra del representante legal de
Emssanar y, únicamente en virtud del fallo de la Sección Quinta, suspendió la
ejecución de tales sanciones por un año, sin renunciar a sus potestades para
asegurar el cumplimiento del fallo de 5 de mayo de 2009.
Esa suspensión no anuló el desacato ni eliminó la posibilidad de hacer efectivas las
sanciones una vez vencido el término fijado, por lo cual concluyó que la aplicación
de la sentencia de 30 de enero de 2025 no generó la afectación constitucional
alegada frente al suministro de medicamentos y atenciones médicas.
Respecto de la supuesta inobservancia de Emssanar y de las IPS demandadas en
el cumplimiento del fallo de tutela de 5 de mayo de 2009, recordó que el mecanismo
previsto para asegurar la ejecución de una acción de tutela es el incidente de
desacato ante el juez que emitió la orden, instrumento que la propia accionante ya
había utilizado y por el cual obtuvo la imposición de sanciones; sin perjuicio de ello,
analizó los informes rendidos por Emssanar, Ensalud y FEDI, en los cuales se indicó
que se ha atendido la prestación de servicios y el suministro de medicamentos e
insumos, aunque con observaciones sobre la radicación tardía de fórmulas médicas
por parte de la usuaria y la necesidad de corrección de una orden para el
suplemento nutricional Ensure.
A partir de ese material, concluyó que no se acreditaba una situación de desatención
grave o abandono que generara un daño inminente o irremediable a la salud de la
agenciada, y que la verificación plena del cumplimiento del fallo de 2009
correspondía al juez del desacato, no a la nueva acción de tutela.
En relación con las entidades de inspección, vigilancia y control (Superintendencia
Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría de Salud del
Valle del Cauca, ADRES y Secretaría de Salud de Palmira), constató que no existían
reclamaciones o solicitudes previas formuladas por la actora ante dichas
autoridades sobre los hechos materia de la acción de tutela, con la única salvedad
de la actuación desplegada por la Superintendencia Nacional de Salud, que el 15
de septiembre de 2025 exhortó a Emssanar para que garantizara la efectiva
prestación de los servicios de salud requeridos por la usuaria.
En ese contexto, consideró que no era posible atribuirles responsabilidad por
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
omisiones en el ejercicio de sus funciones, ni ordenarles actuaciones específicas
porque la situación no les había sido informada de manera directa por la usuaria y,
en consecuencia, negó el amparo frente a la pretensión de que se les impartieran
órdenes para ejercer sus competencias de vigilancia y control en este caso
concreto.
6. Impugnación
La parte actora presentó impugnación (índice 00048 del aplicativo SAMAI) y le fue
concedida con auto del 4 de noviembre de 2025 (índice 00050 del aplicativo
SAMAI).
Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el a quo omitió pronunciarse
de fondo sobre los reproches planteados en la acción de tutela, desconoció la
verdadera dimensión del perjuicio que alegó padecer, se limitó a descartar la
invocación de la excepción de inconstitucionalidad y a calificar el caso como una
controversia de mera legalidad; pese a que, a su juicio, la providencia del 30 de
enero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, produjo
efectos prácticos que neutralizaron la eficacia de la sentencia de tutela del 5 de
mayo de 2009 y generaron una situación de desprotección para la agenciada,
persona en condición de discapacidad grave.
Insistió en que la suspensión de sanciones por desacato derivó en una afectación
directa y grave de sus derechos fundamentales porque incentivó actuaciones
administrativas que interrumpieron tratamientos esenciales.
La providencia impugnada desconoció el alcance del artículo 4 de la Constitución
Política y de la doctrina constitucional en materia de control difuso, según la cual, la
excepción de inconstitucionalidad es procedente también frente a providencias
judiciales que desconozcan derechos fundamentales o que anulen la eficacia de
fallos de tutela previos.
Se desconoció el principio de protección especial a personas con discapacidad,
previsto en el artículo 13 de la Constitución y desarrollado en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, los cuales integran el bloque de
constitucionalidad y se priorizó la estabilidad institucional de Emssanar sobre el
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
deber de garantizar la continuidad y suficiencia de tratamientos esenciales para una
usuaria con patologías severas.
La decisión impugnada desnaturalizó el incidente de desacato y vació de contenido
el artículo 86 de la Constitución por considerar que la suspensión de las sanciones
no comportaba vulneración alguna, cuando en realidad eliminó la coercibilidad del
amparo ordenado en 2009 y dejó sin herramientas eficaces para garantizar su
cumplimiento, en contravía de la jurisprudencia constitucional que reconoce el
incidente de desacato como parte integral de la acción de tutela.
Finalmente, destacó que no se valoró debidamente la historia clínica del 9 de
septiembre de 2025, con la cual se acreditó que desde marzo de 2025 se
interrumpió el suministro de medicamentos vitales (fenobarbital, ácido valproico y
Emmsure), así como la suspensión de servicios asistenciales esenciales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero metodológico: 1) finalidad de la acción de
tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
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De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En los términos en que fue propuesta la acción de tutela, la Sala modificará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedentes y negó las pretensiones
de la acción de tutela para ratificar esa decisión, pero incluirá un exhorto a algunas
de las autoridades demandadas, por las razones que pasan a exponerse:
2.1 La improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de igual
naturaleza
1) En tratándose de acciones de tutela contra sentencias de igual naturaleza, en
sentencia SU-627 de 2015, la Corte señaló que para determinar la viabilidad o no
del recurso de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente:
“(a) “Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la
regla general es la de que no procede”.
(b) “Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional”.
(c) “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii)
se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en
la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.” (negrillas de la Sala).
2) De manera complementaria, la sentencia T-039 de 2019 de la Corte
Constitucional reiteró que “un comportamiento puede considerarse como
fraudulento cuando la actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción
normativa, en la realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a un
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principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un
supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos
realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma que se
hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenta contra el
orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho
previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado
no deseado por el legislador.”.
3) En el asunto de la referencia, la parte actora cuestionó la sentencia de tutela
proferida el 30 de enero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
estimar que la orden allí impartida, consistente en suspender por un año la ejecución
de las sanciones impuestas dentro del incidente de desacato adelantado en el
expediente 2009-00269, generó una desprotección material de los derechos
fundamentales de su hija y permitió que Emssanar y las IPS vinculadas
interrumpieran prestaciones asistenciales esenciales.
4) No obstante, la parte actora no alegó ni demostró que dicha providencia hubiese
sido producto de un fraude procesal, ni que en su expedición hubiera mediado
actuación artificiosa o engañosa destinada a alterar el sentido de la justicia o a
obtener una decisión contraria al orden constitucional; sus reproches se centran
exclusivamente en los efectos materiales que atribuye a la suspensión de las
sanciones, mas no en la configuración de un fenómeno de cosa juzgada fraudulenta
ni en la acreditación de alguno de los requisitos excepcionales establecidos por la
jurisprudencia.
5) En ese contexto, esta Sala comparte íntegramente la conclusión del a quo, según
la cual la acción de tutela no satisface los requisitos de procedencia excepcional del
mecanismo constitucional contra fallos de amparo; en efecto, la parte actora no
acreditó o alegó la existencia de una situación fraudulenta que amerite el estudio
excepcional de una acción de tutela contra una providencia de idéntica naturaleza.
6) La Sala observa que la inconformidad de la demandante con la sentencia del 30
de enero de 2025 se refiere exclusivamente a su disenso con el contenido y los
efectos jurídicos de la orden impartida, esto es, la suspensión temporal de la
ejecución de las sanciones del desacato, desacuerdo que, aunque legítimo en su
plano subjetivo, no constituye por sí mismo ninguna de las circunstancias previstas
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en la sentencia SU-627 de 2015 para habilitar el control excepcional de una
sentencia de tutela mediante otra acción de tutela.
7) En consecuencia, por no demostrarse o cuando menos plantearse que la decisión
cuestionada fue producto de una situación de fraude, esta Sala concluye que la
acción de tutela resulta improcedente en cuanto a la pretensión dirigida a cuestionar
la sentencia de tutela del 30 de enero de 2025, por lo cual se confirmará la sentencia
de primera instancia.
8) Por ese mismo motivo, tampoco es procedente aplicar por vía de excepción de
inconstitucionalidad dicha sentencia, pues, como lo indicó la primera instancia, dicho
control solo procede ante una evidente incompatibilidad entre la Constitución y una
ley o norma de inferior jerarquía, no así contra providencias judiciales, máxime si,
como se explicó, no es procedente dicho análisis de fondo en la medida en que no
se probaron y ni siquiera alegaron las circunstancias que habilitarían un estudio de
ese tipo de manera excepcional.
9) Además, en todo caso existe un aspecto adicional que refuerza la improcedencia
de esta pretensión, esto es, que para la fecha en que se profirió la sentencia de
primera instancia en el presente asunto (17 de octubre de 2025), la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado ya había proferido la sentencia de
tutela que en segunda instancia resolvió las impugnaciones interpuestas por
algunas de las autoridades demandadas en el proceso de acción de tutela no.
11001-03-15-000-2024-04475-02, hecho que no fue advertido por el a quo.
10) En dicha providencia, la Sala de segunda instancia modificó la decisión de la
Sección Quinta de esta Corporación, pero mantuvo la suspensión temporal de las
sanciones impuestas en el trámite incidental de desacato respecto de los
ciudadanos que ostentaron cargos como directivos o funcionarios de Emssanar.
11) Dicha sentencia precisó que la medida de suspensión no eliminaba las
sanciones, sino que únicamente difería su ejecución para permitir un nuevo estudio
del trámite del incidente de desacato, para evitar la consolidación de efectos
disciplinarios irreversibles mientras se aclaraban aspectos procesales; recalcó que
la suspensión no impedía ni obstaculizaba el cumplimiento del fallo de tutela de
2009, pues Emssanar continuaba obligada a garantizar integralmente los servicios
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
ordenados y enfatizó que la medida de suspensión buscaba restablecer el equilibrio
procesal en el trámite incidental para evitar que se convirtiera en un mecanismo de
sanción automática sin garantía efectiva del derecho de defensa.
12) Así entonces, para el momento en que la actora promovió la acción de tutela de
la referencia y el a quo la resolvió en primera instancia, ya existía un medio
constitucional previo, eficaz y suficiente, ejercido por una de las partes y resuelto
por el juez natural de la segunda instancia, quien examinó la impugnación formulada
en contra de la sentencia que aquí se pretende inaplicar por vía de excepción de
inconstitucionalidad, lo cual implica que, respecto de esta pretensión en particular,
la acción de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad.
13) En consecuencia, esta instancia ratificará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la pretensión dirigida a inaplicar por vía de excepción de
inconstitucionalidad la providencia del 30 de enero de 2025 que resolvió en primera
instancia la acción de tutela no. 11001-03-15-000-2024-04475-00, sin embargo,
como se explicará con posterioridad, modificará la orden para incluir un exhorto.
2.2 La procedencia de la acción de tutela para controvertir el presunto
incumplimiento de amparo por parte de Emssanar y de las IPS
demandadas
1) En la acción de tutela, la parte actora alegó que Emssanar y las IPS Strategos
Medical Solution SAS, Ensalud Colombia SAS y Welli Colombia SAS incumplieron
de manera reiterada el fallo de tutela proferido el 5 de mayo de 2009 por el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Palmira, pues, a su juicio, se presentan interrupciones
en la entrega de insumos, demoras en la atención domiciliaria y barreras
administrativas que afectan la continuidad del tratamiento de la agenciada; en
consecuencia, solicitó un nuevo amparo para que se ordenara a las entidades
mencionadas garantizar la prestación integral del servicio de salud.
2) Respecto de esta pretensión, el a quo la declaró improcedente tras constatar que
la parte actora contaba con un mecanismo judicial específico, idóneo y actualmente
en curso para asegurar el cumplimiento del fallo de 2009: el trámite incidental de
desacato.
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3) Para ello, señaló que dicho trámite ha sido objeto de actuaciones constantes a
lo largo de 2023, 2024 y 2025, incluidos requerimientos, decisiones sancionatorias,
correcciones, informes periódicos y revisiones en sede de tutela, lo cual demuestra
que se trata de un escenario operativo, eficaz y disponible para la protección de los
derechos de la agenciada.
4) Esta Sala comparte íntegramente la conclusión de la primera instancia y debe
agregar que efectivamente dicho trámite constituye el medio idóneo y efectivo para
lograr lo que por esta vía se pretende, esto es, que se sancione a las accionadas
por los supuestos incumplimientos de las órdenes de tutela.
5) Así entonces, la orden de la Sección Quinta de esta Corporación en la acción de
tutela resuelta el 30 de enero de 2025 y confirmada por la Subsección B de la
Sección Segunda en la sentencia del 6 de octubre de 2025, no desactiva ni limita
la facultad de la demandante para continuar promoviendo dicho trámite incidental;
como quedó expuesto, tal suspensión se ordenó no para eliminar las sanciones ni
para dar cierre a los procesos de acción de tutela promovidos en contra de
Emssanar en los cuales se hubieren proferidos órdenes de amparo, sino,
únicamente, para diferir la ejecución de las medidas coercitivas mientras se verifica
la corrección de eventuales irregularidades procesales.
6) En ese sentido, la medida de suspensión no afecta la obligación permanente de
Emssanar de cumplir integralmente las órdenes impartidas en el fallo de 2009 en
favor de la aquí demandante ni impide que el juez del desacato adopte
requerimientos adicionales, verifique el cumplimiento material o disponga
correctivos inmediatos; por el contrario, el incidente continúa siendo un instrumento
vigente y eficaz para que la actora procure el restablecimiento pleno de los
derechos de la agenciada.
7) Asimismo, debe destacarse que, de acuerdo con los informes obrantes en el
expediente, no se acreditó un perjuicio irremediable, entendido como un riesgo vital
actual e inminente que haga indispensable la intervención inmediata del juez
constitucional por fuera del trámite natural del desacato, porque, aunque se
evidencian dificultades en la prestación del servicio, incluidas reprogramaciones y
ajustes operativos por parte de las IPS vinculadas, tales situaciones, como lo
informaron las accionadas en sus informes, han sido atendidas y se debieron a
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errores en las órdenes, demoras en la radicación o circunstancias ajenas a su
voluntad que, en todo caso, se reitera, deberán ser valorados en el incidente de
desacato por parte del juez.
8) En efecto, a partir del acervo probatorio remitido por las vinculadas se advierte
que, en particular la IPS Ensalud Colombia SAS, explicó que algunas de las
demoras identificadas por la actora obedecieron a la radicación extemporánea por
parte de ella, de la fórmula médica expedida el 30 de julio de 2025, la cual solo
ingresó al sistema el 29 de agosto siguiente, circunstancia que afectó el inicio
oportuno del trámite de dispensación.
9) No obstante, esa institución informó que el proceso administrativo ya se
encontraba en curso y precisó que, durante ese periodo, se realizaron las siguientes
entregas parciales de medicamentos e insumos prescritos con el fin de evitar
desabastecimientos prolongados:
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10) Por su parte, la IPS Strategos Medical Solution SAS (Fedi) señaló, que para la
fecha del informe de respuesta no existían órdenes vigentes que estuvieran
pendientes de ejecución y que las prestaciones solicitadas en terapias de
neurodesarrollo físico, fonoaudiología y terapia ocupacional venían ejecutándose
de conformidad con los cronogramas asignados; indicó, incluso, que en los meses
previos se realizaron varias sesiones de seguimiento y ajuste funcional, lo cual
demuestra que el servicio no se encontraba suspendido ni inactivo.
11) Tales elementos, aunque no descartan la existencia de reprocesos o
reprogramaciones puntuales, permiten advertir que la prestación no se ha
interrumpido de manera absoluta ni ha generado un deterioro funcional grave en la
menor agenciada, lo cual descarta la existencia de un perjuicio irremediable, como
se aprecia a continuación:
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12) Por su parte, Emssanar SAS informó que mantiene un proceso de verificación
y gestión permanente para garantizar la entrega de los insumos ordenados por el
médico tratante e indicó que, frente a algunos suplementos nutricionales, como el
Ensure, y respecto de dos insumos adicionales, se requirió a la IPS Vitavi la
corrección de aspectos formales en la fórmula médica, requisito indispensable para
autorizar la compra y dispensación; la EPS aclaró que, tan pronto se subsanen
dichos aspectos, procederá a realizar las entregas correspondientes.
13) En suma, ese conjunto de actuaciones evidencia que existen gestiones
administrativas activas orientadas a cumplir el mandato del fallo de 2009, sin que
pueda afirmarse la existencia de un perjuicio irremediable que demande
actuaciones urgentes e impostergables que justifiquen que se desplace al juez del
desacato para entrar a resolver cuestiones que no le corresponden al juez de tutela.
14) Los medios de prueba obrantes en el expediente muestran que el más reciente
de los incidentes de desacato presentados por la demandante permanece abierto,
activo y en curso, y que constituye el escenario idóneo para que el juez natural
verifique, requiera y, de ser necesario, adopte medidas correctivas para asegurar
el cumplimiento integral del fallo de tutela del 5 de mayo 2009.
15) En consecuencia, la Sala ratificará la decisión del a quo en cuanto declaró
improcedente esta pretensión, por existir un mecanismo judicial específico, eficaz y
operativo, el incidente de desacato, y por no demostrarse un perjuicio irremediable
que habilitara el ejercicio excepcional de la acción de tutela.
2.3 La pretensión encaminada a que se impartan órdenes relacionadas con el
ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control por parte de las
autoridades del sector salud.
1) En la acción de tutela, la parte actora solicitó que, además de las órdenes
dirigidas a Emssanar y a las IPS vinculadas, se dispusiera que la Superintendencia
Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría
Departamental de Salud del Valle del Cauca, la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Secretaría de Salud
de Palmira adoptaran medidas específicas de supervisión, vigilancia y control
destinadas a corregir las presuntas fallas de Emssanar y de las IPS en la ejecución
del fallo de tutela proferido en 2009.
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2) La Sala constató, al igual que el a quo, que no existe en el expediente prueba
alguna de que la demandante hubiera presentado reclamaciones o denuncias de
supervisión ante las mencionadas autoridades administrativas antes de promover
esta acción de tutela; dicha ausencia de gestión impide trasladarles responsabilidad
por la supuesta deficiencia en la prestación del servicio, pues las autoridades de
control no tenían noticia previa de las irregularidades alegadas ni se encontraban
habilitadas para intervenir sobre la base de información concreta reportada por la
propia usuaria.
3) Aun así, del conjunto de pruebas, la Sala advirtió que las autoridades vinculadas
allegaron la información disponible respecto de su competencia institucional; en
particular, la Superintendencia Nacional de Salud informó que, en ejercicio de sus
funciones, el 15 de septiembre de 2025 exhortó a Emssanar para que adoptara las
medidas necesarias para garantizar la prestación efectiva de los servicios
ordenados a la agenciada, con énfasis en la entrega de medicamentos e insumos,
actuación que desvirtúa la alegada omisión total de supervisión administrativa.
4) En lo demás, se reitera, la actora no acudió previamente ante dichas autoridades
en orden a solicitar su intervención, motivo por el cual se constata la ausencia de
un hecho vulnerador que conlleva a confirmar la negativa del amparo en cuanto a
dicha pretensión, pues la interesada no les ha otorgado la oportunidad a tales
autoridades para que se pronuncien sobre lo que por esta vía pretenden, previo a
acudir a la acción de tutela.
5) En consecuencia, esta Sala modificará la decisión de primera instancia en cuanto
negó la pretensión dirigida a imponer órdenes a las autoridades del sector salud
para que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control en relación con el
cumplimiento del fallo de tutela de 2009, por no existir reclamación previa ante
dichas entidades.
6) No obstante lo anterior, y en atención a la especial situación de vulnerabilidad de
GSGV, la Sala considera pertinente modificar el fallo de primera instancia, para
efectos de exhortar a la EPS Emssanar y a las IPS Strategos Medical Solution SAS,
Ensalud Colombia SAS y Welli Colombia SAS, a fin de que refuercen las medidas
operativas orientadas a evitar interrupciones en la prestación del servicio de salud
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ordenado en el fallo del 5 de mayo de 2009, proferido por el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Palmira en el proceso de acción de tutela no. 76520-40-03-002-2009-
00269-00, en favor de la agenciada, considerando que se trata de un sujeto que
merece especial protección constitucional dados sus graves padecimientos de
salud.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
Modifícase la sentencia de primera instancia y en su lugar:
1º) Declárase la improcedencia del amparo solicitado respecto de las pretensiones
dirigidas a cuestionar una sentencia proferida en una acción de tutela; a que se
inaplique dicha providencia por vía de excepción de inconstitucionalidad y a que se
declare el presunto incumplimiento de esa orden de amparo por parte de Emssanar
y de las IPS Strategos Medical Solution SAS, Ensalud Colombia SAS y Welli
Colombia SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Niégase el amparo frente a la pretensión encaminada a dictar órdenes
relacionadas con el ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control por
parte de las autoridades del sector salud.
3º) Exhórtase a la EPS Emssanar y a las IPS Strategos Medical Solution SAS,
Ensalud Colombia SAS y Welli Colombia SAS, para que refuercen las medidas
operativas y de coordinación encaminadas a evitar interrupciones en la prestación
del servicio de salud de GSGV, y para que adopten todas las acciones necesarias
que garanticen la continuidad material del tratamiento de la agenciada, de
conformidad con lo señalado en esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
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5º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
6º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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