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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05449-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05449-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la presidencia, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y Policía Nacional, conforme con los argumentos expuestos en la presente providencia. Segundo: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05449-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05449-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de incidente de
desacato de acción de tutela

Decisión: Declarar carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, actuando a
nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional de Colombia, la Nueva
EPS S.A., la Superintendencia Nacional de Salud y el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido
proceso, patrimonio, igualdad y buen nombre con ocasión de la providencia del
27 de marzo de 20242 proferida dentro del incidente de desacato, al interior del
proceso de tutela seguido bajo el radicado 73001-31-87-002-2024-00013-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Yenifer Palomar Cabrera en representación de su hijo menor SGP
presentó una acción de tutela contra al Nueva EPS con el propósito de
salvaguardar los derechos fundamentales a la salud y vida digna.

3. Con ocasión de lo anterior, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué mediante sentencia del 5 de febrero de 2024
resolvió amparar los derechos fundamentales invocados en protección, en los
siguientes términos:

1 Acción de tutela presentada el 26 de mayo de 2026.
2 Es menester indicar que, en la subsanación de la demanda, el accionante solicitó infirmar la decisión del 27

de marzo de 2024 proferida por Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué
por medio de la cual lo sancionó con multa.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05449-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

«PRIMERO: TUTELAR el derecho a la salud y a la vida digna del menor SGP
identificado con el número único de identificación personal (...).

SEGUNDO: ORDENAR a NUEVA EPS que, por intermedio de su gerente o quien
haga sus veces, en el término máximo tres (3) días siguientes a la notificación del
presente fallo, inicien la práctica de las treinta (30) terapias físicas, ordenadas por
la médico tratante María del Pilar Quesada Aguilar el 13 de septiembre de 2023,
debiéndose valorar al menor de manera previapor un médico tratante adscrito a
la EPS y se determine la posibilidad de la realización de las terapias de forma
domiciliaria, conforme al derecho al diagnóstico.

TERCERO: ORDENAR a NUEVA EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, lleve a cabo en conjunto con
la IPS con la que tenga contrato vigente y practique sino se ha llevado a cabo, la
consulta de primera vez por ortopedia y traumatología, ordenada el 19 de agosto
de 2023.

CUARTO: ORDENAR a NUEVA EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, lleve a cabo las gestiones
administrativas necesarias a fin de asegurar en adelante el transporte del menor
SGP, junto con un acompañante para acudir a la ciudades de Ibagué, Bogotá u
otra ciudad en todas las circunstancias en que deba desplazarse en el marco de
su tratamiento y que sean prescritos por el médico tratante para enfrentar sus
diagnósticos actuales, teniendo especial consideración en el hecho que el menor
tiene su residencia en la vereda mesa de pole de Ataco, Tolima.

Finalmente, debe indicarse que, la mayoría de valoraciones y procedimientos han
sido realizados en Ibagué, a pesar de ello no se tiene certeza o claridad, si los
exámenes o citas médicas que se deberán practicar en la ciudad de Bogotá lo que
genera que deba trasladarse y pernoctando junto a su menor hijo, razón por la
que se ordenará que siempre que la accionante y su hijo deban quedarse por más
de un día en la ciudad de Bogotá, por un motivo razonable, la EPS deberá cubrir
los gastos de alimentación y alojamiento para ambos. Sin embargo, se conmina a
la EPS para que coordine con sus IPS la asignación de las citas en un horario que
permita el regreso el mismo día de la accionante y el menor.

QUINTO: ORDENAR la PRESTACIÓN INTEGRAL de los servicios de salud a
favor del menor SAMUEL GUTIÉRREZ PALOMAR siempre que sobrevengan de
las patologías de Síndrome Artrogriposis Múltiple Congénita de tipo Amioplasia,
luxación de cadera y Pie equino o una derivada de estas.
(…)
NOVENO: EXHORTAR a NUEVA EPS, para que en lo sucesivo se preste de una
manera ágil, rápida y oportuna la atención en salud que requiera el menor.

De las todas anteriores ordenes deberá rendirse por NUEVA EPS un informe en
el término máximo de diez (10) días para acreditar el cumplimiento de lo ordenado.
(…)»

4. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué mediante providencia del 15
de marzo de 2024 resolvió confirmar en sus precisos términos la anterior decisión.

5. Con posterioridad, la señora Yenifer Palomar Cabrera presentó un incidente de
desacato ante el incumplimiento por parte de la Nueva EPS de las órdenes
impartidas mediante sentencia de primera instancia proferida el 5 de febrero de
2024.

6. Por lo anterior, el Juzgado le corrió traslado del incidente de desacato y requirió
a la Nueva EPS para que rindiera informe al respecto. Por lo tanto, el 18 de marzo
de 2024, la entidad promotora de salud se pronunció sobre el particular.

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

7. Con ocasión de lo anterior, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué mediante providencia del 27 de marzo de 2024
resolvió sancionar por desacato del fallo del 5 de febrero de 2024 al señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga en calidad de Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS, al
considerar que, no había dado cumplimiento a dicha decisión.

8. En sede de consulta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala
de Decisión Penal mediante proveído del 8 de abril de 2024 confirmó la
providencia.

9. Con ocasión de lo anterior, el 23 de julio de 2024 remitió al área de cobro
coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, copia de
tales proveídos con la finalidad de que fuera ejecutada la sanción de multa
impuesta, razón por la que se inició el proceso bajo radicado
73001129000020250093100.

10. Asimismo, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
mediante la Resolución 030 del 30 de diciembre de 2025, le impuso medida de
embargo de bienes inmuebles los predios registrados a su propiedad ubicados en
la ciudad de Ibagué.

11. Con posterioridad, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué mediante providencia del 7 de abril de 2026 dejó sin efectos
la decisión del 27 de marzo de 2024 mediante la cual resolvió sancionar por
desacato al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga. Decisión que fue notificada a las
partes el 3 de junio de la presente anualidad.

12. Con fundamento en lo anterior, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, a través de la Resolución DESAJIBGCC26-3702 del 27 de julio
de 2026 declaró la terminación del proceso de cobro coactivo radicado
73001129000020250093100. Para lo cual, ordenó:

«ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la terminación del Proceso de Cobro Coactivo
radicado con el 73001129000020250093100 adelantado por la Dirección
Seccional de Ibagué, en contra de WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA -
79616607, identificado con Cédula de Ciudadanía n°. 79616607, por orden judicial
emitida por la autoridad competente y, archivar expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el presente acto administrativo a los interesados
conforme a la normatividad que regula la materia de cobro coactivo, indicando que
contra la presente resolución no procede ningún recurso.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar el levantamiento de medidas cautelares, si a ello
hubiere lugar.

ARTÍCULO CUARTO. Informar a la Contaduría General de la Nación, con el fin de
retirar al obligado del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) en los
términos del parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, de ser necesario.

ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y no procede recurso alguno en su contra.»

2.2. Fundamento jurídico

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

13. El accionante manifestó que laboró como Gerente Zonal Tolima de la Nueva
EPS desde el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3 de octubre de 2025, periodo en
el que accedió a firmar poder al área jurídica de la compañía para efectos de
suscribir contestaciones de acciones de tutela e incidentes de desacato, sin que
esto incluyera facultades de mando, disposición de recursos o manejo
presupuestal para materializar las órdenes que se impartían en materia de salud,
razón por la que carecía de competencia funcional, autonomía administrativa y
capacidad material para ejecutar los mandatos de tutela que ante el
incumplimiento dieron lugar a la imposición de las sanciones.

14. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la parte accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, libertad, dignidad humana,
patrimonio, igualdad y buen nombre, con ocasión de la imposición de las
sanciones de arresto y multas impartidas dentro de diferentes incidentes de
desacato promovidos contra la Nueva EPS por el incumplimiento de los fallos de
tutela.

15. Alrespecto, indicó que el incidente de desacato se fundamenta en la
responsabilidad subjetiva, por ende, no era suficiente corroborar objetivamente el
incumplimiento de la orden.

16. En ese sentido, el Alto Tribunal en materia constitucional a través de las
sentencias T 1234 de 2008 y SU 034 de 2018 afirmó que el Juez debe valorar i)
la capacidad real de cumplimiento; ii) la competencia funcional del obligado; iii) la
imposibilidad fáctica o jurídica y iv) el contexto institucional en el que debía
ejecutarse la orden.

17. Señaló que los incumplimientos obedecieron a la crisis financiera reconocida
por la Superintendencia de Salud, al ordenar la intervención forzosa de la Nueva
EPS, circunstancia que permitía evidenciar la existencia de 156 procesos de cobro
coactivo; así como la imposición de embargos, los cuales considera
desproporcionados, en la medida que desde el 3 de octubre de 2025 se encuentra
desvinculado de dicha entidad.

18. Sobre el particular, mencionó que la Corte Constitucional a través de sentencia
de tutela T 315 de 2020 y el Consejo de Estado mediante providencia del 30 de
enero de 20253, establecieron que la acumulación masiva de sanciones impuestas
en contextos de fallas estructurales puede desnaturalizar la finalidad persuasiva
del desacato, al convertirlo en un mecanismo de responsabilidad objetiva que
traslada a la esfera personal del representante legal las consecuencias de una
falla sistémica ajena a su voluntad.

19. Finalmente, precisó que con el amparo solicitado no pretendía desconocer las
órdenes impartidas para proteger el derecho a la salud de los usuarios, sino que
el cumplimiento fuera asumido por la Nueva EPS, a través de su agente
interventor y la Superintendencia de Salud, razón por la que solicitó el
levantamiento de las sanciones vigentes y los procesos de cobro; así como la

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adopción de medidas necesarias para cumplir las órdenes pendientes sin
necesidad de trasladas las consecuencias a su esfera personal.

2.3. Pretensiones

20. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y
ordenar a favor de WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, mayor de edad,
identificado con cedula de ciudadanía N° 79616607 de Bogotá lo siguiente:

PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO Y
MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos en
contra del accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN
OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes
de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así como las
actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente las
consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las
órdenes judiciales. (…)»

2.4. Trámite procesal

21. Es menester indicar que la presente acción de tutela fue de conocimiento de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado4, autoridad judicial que, mediante los autos
del 1° y 24 de junio de 2026, requirió al accionante para que precisara sí el amparo
constitucional se dirigía a controvertir las decisiones adoptadas dentro de los
trámites de incidente de desacato en los que se impusieron sanciones de multa y
arresto, las actuaciones adelantadas dentro de los procesos de cobro coactivo
iniciados para hacer efectivas dichas sanciones, o ambos asuntos.

22. Así las cosas, a través del proveído del 8 de julio de 2026 resolvió admitir la
acción de tutela y desglosar la demanda, al considerar que una vez revisada la
subsanación los cuestionamientos del accionante se dirigían contra las sanciones
de multa y arresto impuestas dentro de incidentes de desacato tramitados en
múltiples y distintos procesos de tutela que fueron adelantados ante diversas
autoridades judiciales del departamento del Tolima entre ellas juzgados
administrativos, laborales, civiles, penales, de familia, de ejecución de penas y
medidas de seguridad y promiscuos municipales.

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

23. Lo anterior, teniendo en cuenta que, cada uno de los incidentes de desacato
se surtieron dentro de un proceso de tutela autónomo e independiente, promovido
por accionantes diferentes, con fundamento en hechos y circunstancias
particulares, en el que se profirieron órdenes de amparo distintas y en el que las
razones que condujeron a la imposición de la sanción tampoco fueron las mismas.

24. Con ocasión de lo anterior, se tiene que, una vez desglosado dicho proceso
mediante proveído del 16 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela de la
referencia en la que se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional de Colombia, la
Nueva EPS S.A., la Superintendencia Nacional de Salud y al Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué como accionados y
como terceros interesados en el resultado del proceso a todas las personas y/o
entidades vinculadas a la acción de tutela e incidente de desacato seguidos bajo
el radicado 73001-31-87-002-2024-00013-00.

2.5. Intervenciones

25. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué informó que,
con ocasión de la providencia del 27 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, mediante la
cual sancionó por desacato, posteriormente confirmada en grado jurisdiccional de
consulta, inició un proceso de cobro coactivo que actualmente se encuentra
vigente y supliendo las distintas etapas que el mismo conlleva.

26. Al respecto, advirtió que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia, ni en un mecanismo alternativo para controvertir decisiones judiciales o
administrativas que cuentan con los recursos y procedimientos ordinarios
establecidos por el ordenamiento jurídico.

27. De otra parte, indicó que carece de competencia para inaplicar o dejar sin
efectos las multas impuestas por los despachos judiciales, por cuanto dichas
sanciones provienen de decisiones judiciales que gozan de presunción de
legalidad y son de obligatorio cumplimiento, mientras no sean modificadas,
revocadas o dejadas sin efectos por la autoridad judicial competente.

28. Máxime cuando la sanción fue impuesta al accionante en consideración a que
fungía como Gerente Zonal Tolima de Nueva E.P.S., de ahí que haya sido el
destinatario directo de la misma.

29. En ese sentido, si el actor consideraba que la multa le fue impuesta de manera
irregular o que existían circunstancias que ameritaban su modificación o
revocatoria, deberá acudir ante el despacho judicial que profirió la sanción,
utilizando los mecanismos procesales previstos para tal fin, sin que la acción de
tutela sustituya dichos medios de defensa judicial.

30. Con ocasión de lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de
tutela y se desvincule del presente trámite, por cuanto, no ha incurrido en acciones
u omisiones de carácter administrativos que puedan constituir afectación a los
derechos fundamentales invocados en protección.

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31. La presidencia y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura solicitaron ser desvinculados del presente
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

32. La Policía Nacional pidió que se niegue el amparo, por cuanto, no se configura
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante,
en la medida que no se evidenciaba actuación u omisión institucional que haya
dado origen a la presunta afectación constitucional alegada. Igualmente, requirió
ser desvinculada del presente trámite por falta de la legitimación en la causa por
pasiva.

33. La Nueva EPS S.A. indicó que, si bien el accionante ejerció funciones de
dirección como Gerente Zonal Tolima, ello no permitía concluir la existencia de
responsabilidad subjetiva frente a cada desacato. En tal sentido, afirmó que el
análisis debía considerar las funciones efectivamente ejercidas, la capacidad real
de cumplimiento, el contexto institucional y la imposibilidad material de ejecutar
determinadas órdenes, especialmente frente a una entidad sometida a
intervención administrativa y con miles de tutelas, incidentes de desacato y
procesos de cobro coactivo.

34. Por último, la entidad se opuso a la imposición de órdenes que supongan un
tratamiento preferente en favor del accionante y sostuvo que las decisiones que
se adopten deben atender criterios objetivos de priorización y considerar la
situación de otros colaboradores y excolaboradores sometidos a circunstancias
análogas.

35. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

36. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20195 y demás normas
concordantes, teniendo en cuenta que la acción de tutela se dirige también contra
el Consejo Superior de la Judicatura6.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la legitimación en la causa por pasiva

37. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la presidencia, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y la Policía Nacional solicitaron ser desvinculados del presente
proceso, al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha
pretensión, toda vez que analizado el material probatorio se tiene que se les
vinculó al trámite, por cuanto, les asiste interés en el proceso, en tanto a la fecha

5 Reglamento interno del Consejo de Estado.
6 Ver numeral 8.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021

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se encuentra vigente el proceso de cobro coactivo que se inició con ocasión de la
providencia que pretende infirmar a través del mecanismo constitucional, razón
por la que procede la Sala a negar dicha solicitud.

3.3. Problema jurídico

38. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a
la dignidad humana, debido proceso, patrimonio, igualdad y buen nombre del
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al mantener vigente la sanción de multa y
arresto que le fue impuesta, en su condición de Gerente Zonal Tolima de la Nueva
EPS, dentro del incidente de desacato radicado 73001-31-87-002-2024-00013-01,
y al adelantar el proceso de cobro coactivo derivado de aquella, sin valorar su
responsabilidad subjetiva, su competencia funcional y su capacidad material para
cumplir la orden de tutela, en el contexto de la crisis estructural de la referida EPS.

39. En ese orden de ideas, la Sala procederá abordar el estudio de la procedencia
de la acción de tutela; los incidentes de desacato ante fallas estructurales de las
instituciones; así como también de la crisis estructural de la Nueva EPS y
finalmente el problema jurídico planteado en precedencia.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

40. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

41. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

3.5. De los incidentes de desacato ante fallas estructurales de las
instituciones

42. Según lo dispone el Decreto 2591 de 1991, ante el incumplimiento de una
orden emitida en un fallo de tutela el beneficiario puede solicitar, de manera
simultánea o sucesiva, su acatamiento por medio del denominado trámite de

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cumplimiento y/o que se sancione a la autoridad incumplida a través del incidente
de desacato.

43. La posibilidad de exigir el cumplimiento del fallo de tutela se encuentra prevista
en los artículos 23 y 27 del decreto precitado y el fundamento constitucional de
este trámite radica en la obligación estatal de garantizar al sujeto afectado que el
fallo por medio del cual se concede la tutela le va a satisfacer el goce pleno de
sus derechos. En términos de la Corte Constitucional, la obligación principal del
juez constitucional consiste en hacer cumplir la orden de tutela, pues hace parte
de la garantía de amparo de los derechos fundamentales vulnerados y constituye
el fin de la actividad estatal.

44. Ahora, el incidente de desacato, regulado por el artículo 52 del Decreto 2591
de 1991, constituye un mecanismo de naturaleza disciplinaria y sancionatoria
destinado a asegurar la eficacia material de las órdenes impartidas por el juez
constitucional, aunque, si bien puede culminar con sanciones de arresto y multa,
su propósito primordial no consiste en castigar al obligado, sino en inducirlo al
cumplimiento del fallo y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales
amparados.

45. En ese sentido, debe que el desacato exige demostrar, además del
incumplimiento objetivo, la responsabilidad subjetiva de la persona destinataria de
la orden, esto es, que actuó con dolo o culpa, razón por la que, la falta de
cumplimiento no conduce automáticamente a la imposición de una sanción, pues
puede obedecer a circunstancias ajenas a la voluntad o a la capacidad funcional
del obligado.

46. Sobre el particular, se tiene que la Corte Constitucional en la sentencia T-1234
de 2008 sostuvo que la consideración aislada de cada incidente podía conducir a
decisiones formalmente correctas que, apreciadas en conjunto, vulneraban los
derechos del sancionado, fenómeno que calificó como una vía de hecho por
consecuencia.

47. Asimismo, advirtió que la solución individual podía afectar la igualdad de las
demás personas que se encontraban en turno y agravar el represamiento
institucional, pero no liberó a los directivos de su obligación de superar la crisis,
sino que ordenó la formulación de un plan con medidas, recursos, cronogramas e
instrumentos de seguimiento.

48. En esa misma línea, el Alto Tribunal en materia constitucional en la Sentencia
SU-034 de 2018, precisó que el juez debe valorar conjuntamente factores
objetivos y subjetivos. Entre los factores objetivos, señaló que pueden tomarse en
cuenta variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un
estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer
efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la
ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su
cumplimiento. Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii)

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si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones
positivas orientadas al cumplimiento.

49. De esta manera, la existencia de fallas estructurales constituye un elemento
relevante para establecer la responsabilidad subjetiva, pero no opera como una
causal automática de exoneración, en la medida que se debe acreditar que se
trata de una situación generalizada, persistente y sistémica, y demostrar su
relación causal con el incumplimiento concreto, además deberá verificarse que el
obligado actuó de buena fe, agotó las gestiones que estaban dentro de su
competencia y no permaneció indiferente frente a la orden judicial.

50. En un asunto similar, la Corte Constitucional en la sentencia T-315 de 2020,
aplicó esas consideraciones a la crisis operativa y financiera de Coomeva EPS, al
encontrar que la imposición sucesiva y acumulada de sanciones de arresto había
perdido capacidad persuasiva para conseguir el cumplimiento de los fallos y, en
cambio, comprometía los derechos al debido proceso, al buen nombre y a la honra
de su representante legal.

51. Esa decisión no significó que la crisis de la EPS legitimara la interrupción de
los servicios de salud o eliminara la obligatoriedad de los fallos, puesto que la
suspensión de las sanciones fue acompañada por deberes concretos de gestión,
priorización, seguimiento y superación gradual del incumplimiento, en tanto,
mantuvo incólume la obligación de garantizar la continuidad y oportunidad de los
servicios y estableció que los futuros jueces debían valorar las circunstancias
objetivas y subjetivas antes de sancionar.

52. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 30 de
enero de 20257 amparó los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia; suspendió durante un año la ejecución de las
sanciones de multa y arresto impuestas a quienes ejercían o habían ejercido
funciones directivas en la EPS EMSSANAR, y ordenó formular un plan de acción
en 90 días, al considerar que la apertura masiva de incidentes y la imposición
sistemática de sanciones habían perdido eficacia para obtener el cumplimiento de
los fallos y desviaban recursos humanos y administrativos necesarios para
atender la problemática subyacente.

53. De las anteriores providencias se desprende que las fallas estructurales
modifican la metodología con la cual debe examinarse el desacato, pero no
eliminan la obligatoriedad del fallo ni crean una inmunidad general para los
directivos de la entidad. De modo que, el juez debe mantener las actuaciones
dirigidas al cumplimiento, pero abstenerse de imponer sanciones fundadas
exclusivamente en la posición jerárquica del funcionario o en la constatación
objetiva de la mora, puesto que la crisis institucional debe enfrentarse mediante
órdenes complejas, planes verificables, coordinación interinstitucional y
seguimiento judicial, sin sacrificar la protección individual de quienes requieren
una atención urgente.

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3.6. De la crisis estructural de la Nueva EPS

54. Al respecto, se tiene que los artículos 2.º y 6.º de la Ley Estatutaria 1751 de
2015 reconocen la salud como un derecho fundamental autónomo y establecen
unos principios que comprenden el acceso oportuno, eficaz, continuo y con
calidad a los servicios y tecnologías requeridos por las personas.

55. En ese orden de ideas, el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, atribuye a las
entidades promotoras de salud una función indelegable de aseguramiento, que
comprende, entre otros aspectos, la administración del riesgo financiero, la
gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que procure el acceso
efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la
representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de
la autonomía del usuario.

56. Así las cosas, se tiene que, dentro de ese marco normativo, la intervención
forzosa administrativa constituye una medida excepcional de salvamento y control
dirigida a establecer si la entidad vigilada puede ser puesta en condiciones de
desarrollar adecuadamente su objeto social, debe ser sometida a otras medidas
o, en último término, liquidada, esto, con el propósito preservar la continuidad del
servicio público y proteger los derechos de la población afiliada.

57. Ahora, en el caso de la Nueva EPS se observa que la Superintendencia
Nacional de Salud, mediante la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril
de 2024, ordenó la toma de posesión inmediata de sus bienes, haberes y negocios
y su intervención forzosa administrativa para administrar, decisión que se
fundamentó en la concurrencia de deficiencias financieras, operativas,
administrativas y asistenciales que comprometían el ejercicio de su función de
aseguramiento y el acceso efectivo de los usuarios a los servicios de salud.

58. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el marco de la auditoría realizada para
verificación de la Resolución 497 de 2021, la Nueva EPS cumplió con el 37% de
los estándares de habilitación y permanencia y registró 22 hallazgos.

59. La situación asistencial se reflejaba, además, en el aumento sostenido de las
reclamaciones, puesto que durante 2023 se registraron 1.075.319 reclamos y,
solamente en enero de 2024, se presentaron 21.474 nuevas reclamaciones
relacionadas principalmente con demoras en citas, entrega de medicamentos y
tecnologías, autorizaciones y acceso a otros servicios.

60. Asimismo, allí se indicó que en el segundo semestre de 2023 también fueron
reportadas 27.141 acciones de tutela promovidas por los usuarios para obtener
atención especializada, medicamentos, procedimientos, diagnósticos, dispositivos
médicos y tratamientos integrales.

61. Aunado a dichas deficiencias se sumó un deterioro financiero que incidía
directamente en la operación asistencial, pues, para diciembre de 2023, la
siniestralidad alcanzó el 100,9% en el régimen contributivo y el 101% en el
subsidiado, lo que indicaba que el costo de los servicios de salud era superior a
los ingresos operacionales correspondientes.

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62. Con ocasión de lo anterior, la Superintendencia de Salud mediante la
Resolución 2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, prorrogó la medida hasta
el 3 de abril de 2026, al considerar que las causas que originaron la intervención
no habían sido superadas.

63. Con posterioridad, dicha entidad por medio de la Resolución
2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026, ordenó nuevamente la toma de
posesión y la intervención forzosa administrativa de Nueva EPS hasta el 10 de
abril de 2027, toda vez que identificó debilidades estructurales en los
componentes técnico, científico, administrativo, financiero y jurídico; así como
fallas en la operación de la red prestadora, ausencia de medición y
estandarización en la gestión farmacéutica, problemas en la integración de la
información y persistencia de barreras para acceder a los servicios.

64. En conclusión, lo descrito permite determinar la situación de Nueva EPS como
una crisis estructural con ocasión de deficiencias interdependientes en la
solvencia financiera, el funcionamiento administrativo, la suficiencia de la red, la
entrega de medicamentos y la atención efectiva de los usuarios, que lejos de
disminuir el alcance de las obligaciones de Nueva EPS, refuerza su deber de
adoptar medidas inmediatas de coordinación y garantizar que las consecuencias
de su situación institucional no sean trasladadas a los pacientes, especialmente
cuando se encuentren comprometidos los principios de continuidad, oportunidad
e integralidad o estén involucrados sujetos de especial protección constitucional.

3.4. Caso concreto

65. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a determinar si se le vulneraron
los derechos fundamentales al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al mantener
vigente la sanción de multa y arresto que le fue impuesta, en su condición de
gerente zonal Tolima de Nueva EPS, dentro del incidente de desacato radicado
73001-31-87-002-2024-00013-01, y al adelantar el proceso de cobro coactivo
derivado de aquella, sin valorar, presuntamente, su responsabilidad subjetiva, su
competencia funcional y su capacidad material para cumplir la orden de tutela, en
el contexto de la crisis estructural de la referida EPS.

66. En ese orden de ideas, previo abordar el asunto en cuestión, la Subsección
considera necesario precisar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante proveído del 8 de julio de 2026 admitió la acción de tutela y dispuso el
desglose, razón por la que el análisis se circunscribirá exclusivamente a la sanción
impuesta al accionante dentro del incidente de desacato radicado 73001-31-87-
002-2024-00013-01 y el cobro coactivo derivado de esta.

67. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
siguiente:

68. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué mediante providencia del 27 de marzo de 2024 resolvió sancionar por
desacato del fallo del 5 de febrero de 2024 al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga
en calidad de Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS, al considerar que, no había

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dado cumplimiento a dicha decisión.

69. En sede de consulta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala
de Decisión Penal mediante proveído del 8 de abril de 2024 confirmó la anterior
decisión, la cual fue notificada por correo electrónico al día siguiente en que se
profirió.

70. Con ocasión de lo anterior, el 23 de julio de 2024 remitió al área de cobro
coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, copia de
tales proveídos con la finalidad de que fuera ejecutada la sanción de multa
impuesta, razón por la que se inició el proceso bajo radicado
73001129000020250093100.

71. Asimismo, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
mediante la Resolución 030 del 30 de diciembre de 2025, le impuso medida de
embargo de bienes inmuebles los predios registrados a su propiedad ubicados en
la ciudad de Ibagué con ocasión del aludido proceso de cobro coactivo.

72. Con posterioridad, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué mediante providencia del 7 de abril de 2026 dejó sin efectos
la decisión del 27 de marzo de 2024 mediante la cual resolvió sancionar por
desacato al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga. Decisión notificada a las partes
el 3 de junio de la presente anualidad.

73. Con fundamento en lo anterior, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, a través de la Resolución DESAJIBGCC26-3702 del 27 de julio
de 2026 declaró la terminación del proceso de cobro coactivo radicado
73001129000020250093100. Para lo cual, ordenó:

«ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la terminación del Proceso de Cobro Coactivo
radicado con el 73001129000020250093100 adelantado por la Dirección
Seccional de Ibagué, en contra de WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA -
79616607, identificado con Cédula de Ciudadanía n°. 79616607, por orden judicial
emitida por la autoridad competente y, archivar expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el presente acto administrativo a los interesados
conforme a la normatividad que regula la materia de cobro coactivo, indicando que
contra la presente resolución no procede ningún recurso.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar el levantamiento de medidas cautelares, si a ello
hubiere lugar.

ARTÍCULO CUARTO. Informar a la Contaduría General de la Nación, con el fin de
retirar al obligado del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) en los
términos del parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, de ser necesario.

ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y no procede recurso alguno en su contra.»

74. De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por hecho
superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación
del derecho desaparece, situación en la cual, cualquier medida que adopte el juez
de tutela carece de efecto, pues nada contrariaría más la lógica, que proferir una
orden frente a una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o

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contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes
a la del juez constitucional.

75. En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en
los casos expresamente consagrados en la ley. Así las cosas, se tiene que
el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que
el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso
concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad
pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado
derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los
mismos. No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría
a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción»89.

76. Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no es posible
atribuirle a la autoridad accionada vulneración de los derechos fundamentales
invocados en protección, teniendo en cuenta que ya se fue inaplicada la sanción
impuesta al accionante dentro del incidente de desacato radicado 73001-31-87-
002-2024-00013-01; así como también, la terminación del proceso de cobro
coactivo derivado de esta, a través de la Resolución DESAJIBGCC26-3702 del 27
de julio de 2026.

77. Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los que, aunque las
pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia el hecho
generador de la acción ha sido superado, en el fondo este se encuentra aún
vulnerado o no totalmente agotado, a la luz de las garantías constitucionales, de
acuerdo con la interpretación que en derecho realice el juez de tutela de la
situación en concreto y su «posible superación».

78. En consecuencia, procede la Sala a declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que cualquier decisión que esta Sala de Decisión dicte
resultaría inane, se inaplicó la sanción por desacato y se dio por terminado el
proceso de cobro coactivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

8 Información que reposa dentro del proceso con radicado 25000- 23-36-000- 2017-01392-00, en el índice

181 del aplicativo de SAMAI
9 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil

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FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la presidencia, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y
Policía Nacional, conforme con los argumentos expuestos en la presente
providencia.

Segundo: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la
acción de tutela instaurada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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