Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05403-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05403-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05403-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., trece (13) de agosto dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05403-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Amparar los derechos fundamentales invocados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela instaurada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, actuando
en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional de Colombia, la Nueva
EPS S.A., la Superintendencia Nacional de Salud y el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Fresno - Tolima, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana,
al patrimonio, al buen nombre y a la libertad, que atribuye a las decisiones
adoptadas dentro del incidente de desacato1 instaurado dentro de la acción de
tutela seguida bajo el radicado núm. 73283-40-89-002-2024-00195-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela2 y del expediente, se colige que el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga se desempeñó como Gerente Zonal Tolima de Nueva EPS
S.A. entre el 23 de noviembre de 2013 y el 3 de octubre de 2025. El accionante
sostuvo que, durante su vinculación laboral, ejerció funciones de representación
de la EPS citada en actuaciones judiciales y acciones constitucionales,
particularmente en la contestación de acciones de tutela e incidentes de desacato,
pero afirmó que dichas funciones no comprendían competencias para ordenar
pagos, disponer recursos presupuestales o adoptar decisiones relacionadas con
la prestación efectiva de los servicios de salud.
3. En el año 2024, el señor Carlos Augusto Carmona Usma instauró una
1
En particular, controvierte el auto del 12 de febrero de 2025, mediante el cual el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Fresno declaró probado el desacato e impuso en su contra sanción de arresto y multa, así como el auto del 6 de marzo
de 2025, por medio del cual el Juzgado Civil del Circuito de Fresno confirmó íntegramente dicha decisión en grado
jurisdiccional de consulta.
2
Presentado el 28 de mayo de 2026 y recibido para su análisis por parte de esta Subsección el 14 de julio de la presente
anualidad.
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Acción De Tutela
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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
acción de tutela en contra de la Clínica Tolima y de Nueva EPS S.A., con el
propósito de que le fuera garantizada la realización de un procedimiento
quirúrgico3. La solicitud fue conocida por el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Fresno, que mediante sentencia del 10 de octubre de esa anualidad
amparó los derechos fundamentales invocados y dirigió inicialmente la orden de
cumplimiento a la Clínica Tolima S.A.4.
4. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2024, el Juzgado Civil del Circuito
de Fresno modificó5 la decisión de primera instancia y ordenó a la Nueva EPS
garantizar la práctica de la cirugía de forma directa o a través de una institución
prestadora de servicios de salud, al considerar que la entidad promotora no
satisfacía su deber constitucional con la simple autorización del procedimiento.
5. Ante la persistencia del incumplimiento de la orden impartida, el 6 de
diciembre de 2024, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno profirió
medida de cumplimiento dirigida expresamente al señor Wilmar Rodolfo Lozano
Parga, en su condición de Gerente Regional o de Zona de Nueva EPS, para que
adelantara las actuaciones necesarias encaminadas a la programación y
realización efectiva de la cirugía ordenada.
6. Con posterioridad, el 21 de enero de 2025, el señor Carmona Usma puso
en conocimiento del juzgado el incumplimiento de la orden de tutela. En
consecuencia, el 22 de enero de 2025 se efectuó requerimiento previo a la entidad
accionada y, al no acreditarse el cumplimiento de lo ordenado, el 28 de enero de
2025 se dio apertura al incidente de desacato.
7. Mediante auto del 12 de febrero de 20256, el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Fresno declaró probado el desacato frente a la orden constitucional,
al considerar acreditada la persistencia del incumplimiento, e impuso al señor
Wilmar Rodolfo Lozano Parga sanción de arresto y multa, decisión que también
comprendió a otro directivo7 de la entidad promotora de salud.
8. La disposición anterior fue sometida al grado jurisdiccional de consulta y,
mediante auto del 6 de marzo de 2025, el Juzgado Civil del Circuito de Fresno
confirmó íntegramente la sanción. Una vez ejecutoriadas las decisiones
3
Denominado “neurolisis de nervio en brazo vía abierta, neurorrafia de nervio en brazo e injerto de nervio periférico”
4
En su providencia del 10 de octubre de 2024 la autoridad judicial dispuso lo siguiente: “PRIMERO. – CONCEDER la
protección del derecho fundamental a la salud de Carlos Augusto Carmona Usma, conforme a lo dicho en esta providencia.
SEGUNDO. – ORDENAR a Liliana Katerine Escobar Parra, identificada con la CC N.° 65.783.757, Gerente de la
Clínica Tolima SA, o quien haga sus veces, que dentro del término judicial de dos (2) días contados a partir del
momento de la notificación de esta providencia, fije fecha y hora para la realización de procedimiento quirúrgico
de neurolisis de nervio en brazo vía abierta + neurorrafia de nervio en brazo + injerto de nervio periférico en favor
de Carlos Augusto Carmona Usma. TERCERO. – PREVENIR a la Clínica Tolima SA para que, en lo sucesivo, no vuelva
a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la presente tutela, y que, si procediere de modo
contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en los artículos 53 y 54 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. –
NEGAR lo pretendido por la Nueva EPS SA sobre el recobro ante la ADRES, por las razones expuestas en esta sentencia.
QUINTO. – EXONERAR de la responsabilidad del cumplimiento de la orden constitucional a la Nueva EPS SA, por
carecer de legitimidad en la causa por pasiva. “(…)” Negrillas y subrayas de esta Sala.
5
En su providencia del 22 de noviembre de 2024, el Juzgado Civil del Circuito dispuso lo siguiente: “PRIMERO:
MODIFICAR el ordinal segundo del fallo de tutela ST00098-2024 del diez de octubre de 2024, proferido por el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, Tolima, el cual quedara así: “TERCERO. ORDENAR a la NUEVA EPS que, en
el término de 48 horas siguientes a la notificación, proceda a realizarle al accionante el procedimiento quirúrgico
denominado neurolisis de nervio en brazo vía abierta + neurorrafia de nervio en brazo + injerto de nervio periférico,
bien sea directamente o a través de una Institución Prestadora que garantice el servicio de salud requerido de
manera oportuna y eficiente”. SEGUNDO: REVOCAR el numeral quinto del fallo impugnado, y, en consecuencia,
se dispone dejar sin efecto jurídico el mismo. “(…)” Negrillas y subrayas de esta Sala
6
Índice 47 del cuaderno principal, aplicativo SAMAI. Opción visualizar expediente. 01PrimeraInstancia,
CO3IncidenteDesacato, 18AutoAT000482025Sanciona.pdf. Esta decisión fue notificada al correo de NUEVA EPS SA
secretaria.general@nuevaeps.com.co
7
El señor Aldemar Casadiegos Jaime, Gerente Regional Centro Oriente de la NUEVA EPS SA.
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Acción De Tutela
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sancionatorias, se promovió el cobro de la multa impuesta al accionante, dando
lugar al proceso de cobro coactivo núm. 730011290000202500261008.
9. Posteriormente, mediante la Resolución núm. 030 del 30 de diciembre de
2025, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué decretó el
embargo y posterior secuestro de varios bienes inmuebles de propiedad del
accionante9, ubicados en la ciudad de Ibagué.
10. Contra dichas actuaciones, el señor Lozano Parga instauró la presente
acción de tutela al considerar que se le atribuyó responsabilidad personal sin que
se hubiera verificado suficientemente su capacidad jurídica y material para cumplir
la orden impartida.
2.2. Fundamento jurídico
11. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al patrimonio, al buen nombre y a la
libertad, por cuanto estimó que las sanciones de arresto y multa impuestas dentro
de los incidentes de desacato le atribuyeron una responsabilidad personal
derivada del incumplimiento de órdenes judiciales cuya ejecución material, según
sostuvo, escapaba de sus competencias funcionales dentro de Nueva EPS.
12. Señaló que la providencia cuestionada no valoró adecuadamente su
capacidad jurídica y material para cumplir las órdenes impartidas, pues la
responsabilidad subjetiva exigida para la imposición de sanciones por desacato
no puede derivarse exclusivamente del cargo desempeñado ni de la simple
constatación objetiva del incumplimiento.
13. Afirmó que carecía de facultades para ordenar pagos, disponer recursos
presupuestales, autorizar procedimientos de salud o adoptar decisiones definitivas
sobre la contratación de prestadores, competencias que, según indicó, se
encontraban centralizadas en otros niveles de la organización.
14. Sostuvo que, aunque ejercía funciones de dirección regional, seguimiento
de asuntos de salud y acompañamiento de requerimientos judiciales, ello no
implicaba la facultad efectiva para materializar por sí mismo las órdenes médicas
impartidas por las autoridades judiciales.
15. Manifestó, además, que las actuaciones relacionadas con tutelas e
incidentes de desacato eran gestionadas a través de canales institucionales
centralizados y que las notificaciones judiciales se efectuaban principalmente
mediante los correos corporativos de la entidad, circunstancia que, en su sentir,
debía ser valorada al examinar su grado de intervención personal en cada asunto.
16. Asimismo, fue enfático en afirmar que, para la época de los hechos,
8
Originado en la sanción pecuniaria impuesta por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno mediante auto del
12 de febrero de 2025, equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, la autoridad judicial
ordenó el arresto del actor por el término de tres (3) días, a cumplirse en las instalaciones de la Estación (Comando) de
Policía Metropolitana de Ibagué. – La orden de arresto fue modificada mediante auto del 9 de mayo de 2025, en el sentido
de que la medida coercitiva fuera materializada en el lugar de residencia de los sancionados, luego de la solicitud
presentada por la Nueva EPS S.A. el 25 de abril de esa anualidad.
9
Identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 350-6XXX, 350-53XXX, 350-27XXXy 350-56XXX.
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Acción De Tutela
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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Nueva EPS se encontraba sometida a intervención forzosa administrativa
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y atravesaba una crisis
financiera y operativa de carácter estructural que excedía la capacidad de
actuación individual de un gerente zonal o regional.
17. En ese contexto, sostuvo que los incumplimientos que dieron lugar a las
sanciones no obedecieron a una conducta dolosa o negligente atribuible a su
gestión, sino a las dificultades operativas y financieras que motivaron la
intervención estatal de la entidad. Indicó que dicha situación se reflejaba en la
existencia de numerosos procesos de cobro coactivo promovidos en su contra y
en las medidas cautelares decretadas sobre su patrimonio, pese a que desde el
3 de octubre de 2025 se encontraba desvinculado laboralmente de Nueva
EPS.
18. Adicionalmente, invocó la sentencia T-315 de 2020 de la Corte
Constitucional10 y una providencia de esta Corporación11, que adujo han
reconocido que la acumulación masiva de sanciones puede desnaturalizar la
finalidad del desacato cuando termina trasladando a la esfera personal de
determinados funcionarios las consecuencias de deficiencias
institucionales ajenas a su voluntad y capacidad de actuación.
19. Finalmente, precisó que no pretende exonerar a Nueva EPS del
cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas en materia de salud, sino que
la responsabilidad por su ejecución sea asumida por la propia entidad y las
autoridades encargadas de su intervención y vigilancia.
20. En consecuencia, solicitó dejar sin efectos las sanciones de arresto y multa
impuestas en su contra, así como las actuaciones de cobro derivadas de estas, y
disponer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de las
órdenes pendientes sin trasladar sus consecuencias a su ámbito patrimonial y
personal.
2.3. Pretensiones
21. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
10
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2020, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. - La Corporación estudió la situación
de la gerente general de Coomeva EPS, quien acumulaba centenares de sanciones de arresto por desacato derivadas del
incumplimiento de órdenes de tutela relacionadas con la prestación de servicios de salud. Aunque la Corte no encontró
configurados los defectos alegados frente a las providencias que negaron el habeas corpus, constató que la
accionante soportaba las consecuencias de una problemática institucional que desbordaba su capacidad
individual de actuación. La Sala evidenció que Coomeva EPS atravesaba una crisis estructural, financiera y
operativa que había generado un elevado número de acciones de tutela, incidentes de desacato y sanciones contra
su representante legal. En ese contexto, concluyó que la acumulación sucesiva de arrestos había desnaturalizado
la finalidad persuasiva del desacato, transformándolo en un mecanismo de afectación de derechos fundamentales
sin que pudiera atribuirse automáticamente responsabilidad subjetiva a la gerente de la entidad. Con fundamento
en lo anterior, la Corte reiteró la regla fijada en la Sentencia T-1234 de 2008, según la cual, cuando el incumplimiento
obedece a un problema estructural, no resulta admisible presumir la culpa de quien ejerce la representación de la entidad.
En consecuencia, consideró vulnerados los derechos al debido proceso, al buen nombre y a la honra de la accionante, al
advertir que las sanciones impuestas desconocían las circunstancias sistémicas que rodeaban el incumplimiento de las
órdenes judiciales. Por tal razón, la Corte concedió el amparo constitucional, suspendió por un año la ejecución de las
sanciones de arresto y multa impuestas a la gerente de Coomeva EPS y ordenó la formulación de un plan de acción
destinado a garantizar el cumplimiento progresivo de las órdenes de tutela pendientes. Asimismo, dispuso que, una vez
acreditado dicho cumplimiento, las sanciones fueran levantadas de manera definitiva, trasladando el análisis hacia
la solución institucional de la crisis y no hacia la responsabilidad individual de la representante legal.
11
Sentencia del 30 de enero de 2025, índice 270 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04475-00. MP Gloria
María Gómez Montoya
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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO
Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos
en contra del accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.
SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN
OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las
órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así
como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir
institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos,
evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera
personal.
TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las
órdenes judiciales. (…)»
2.4. Trámite procesal
22. La acción de tutela instaurada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga
tuvo su origen en el proceso radicado 11001-03-15-000-2026-04017-00,
inicialmente conocido por la Sección Cuarta de esta Corporación. En dicha
actuación, mediante autos del 1.º y 24 de junio de 2026, la Sección Cuarta requirió
al accionante para que precisara el alcance de sus pretensiones e individualizara
las actuaciones judiciales objeto de cuestionamiento, indicando para cada una de
ellas la autoridad judicial correspondiente, el número de radicación y la
providencia controvertida.
23. En cumplimiento de los requerimientos efectuados, el actor allegó una
relación consolidada de los procesos respecto de los cuales formulaba reparos
constitucionales. A partir de dicha información, la Sección Cuarta advirtió que la
demanda comprendía cuestionamientos dirigidos contra múltiples incidentes de
desacato tramitados en diferentes procesos de tutela adelantados ante diversas
autoridades judiciales del departamento del Tolima.
24. Mediante auto del 8 de julio de 202612, la referida Sección concluyó que
cada uno de esos incidentes correspondía a procesos constitucionales autónomos
e independientes, promovidos por accionantes distintos, sustentados en
supuestos fácticos particulares y resueltos mediante decisiones judiciales propias.
En consecuencia, ordenó el desglose de la demanda y la apertura de cuadernos
separados, con el fin de que cada asunto fuera repartido y tramitado
individualmente.
25. Como resultado de dicho desglose, correspondió a esta Subsección, el
conocimiento de la presente acción de tutela, relacionada con las sanciones
impuestas dentro del trámite constitucional identificado con radicado 73283-40-
89-002-2024-00195-00, adelantado ante el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Fresno, Tolima.
26. Mediante auto del 16 de julio de 202613, el Despacho sustanciador admitió
12
Índice 22 del cuaderno principal, aplicativo SAMAI. Opción visualizar expediente.
13
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la demanda y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional de Colombia, la Nueva
EPS S.A., la Superintendencia Nacional de Salud y al Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Fresno, como autoridades accionadas. Igualmente, se
dispuso vincular como terceros con interés legítimo a todas las personas que
intervinieron en la acción de tutela y en el incidente de desacato adelantados bajo
el radicado 73283-40-89-002-2024-00195-00. Asimismo, se notificó a la Agencia
de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.
2.5. Intervenciones
2.5.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que el
accionante pretende el levantamiento de las sanciones de arresto y multa
impuestas en su contra y el cese de los cobros derivados de estas; sin embargo,
sostuvo que tales actuaciones no son atribuibles a la DEAJ, sino a la autoridad
que adelantó el respectivo cobro coactivo.
27. Explicó que, de conformidad con la Ley 270 de 1996, la Ley 1066 de 2006
y la Resolución 0153 de 2020, la facultad para adelantar los procesos de cobro
coactivo derivados de multas impuestas por juzgados del Distrito Judicial del
Tolima corresponde a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima
y no al nivel central de la DEAJ. Asimismo, informó que el 17 de julio de 2026 la
División de Cobro Coactivo remitió la tutela por competencia a dicha Dirección
Seccional.
28. En consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva y solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
2.5.2. La Nueva EPS S.A.14 sostuvo que el asunto no debía analizarse de manera
aislada respecto del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, sino dentro del
contexto estructural derivado de la crisis operativa, financiera y judicial de
la entidad. Adicionalmente, expuso que la acción inicial comprendía
cuestionamientos frente a 132 procesos distintos, por lo que cuestionó la
decisión de desglose adoptada por la Sección Cuarta de esta Corporación y
solicitó restablecer la unidad procesal mediante la acumulación de los expedientes
derivados de dicha actuación.
29. Asimismo, indicó que, si bien el accionante ejerció funciones de
dirección como Gerente Zonal Tolima, ello no permitía concluir
automáticamente la existencia de responsabilidad subjetiva frente a cada
desacato. En tal sentido, afirmó que el análisis debía considerar las funciones
efectivamente ejercidas, la capacidad real de cumplimiento, el contexto
institucional y la imposibilidad material de ejecutar determinadas órdenes,
especialmente frente a una entidad sometida a intervención administrativa y con
miles de tutelas, incidentes de desacato y procesos de cobro coactivo.
30. Por último, la entidad se opuso a la imposición de órdenes que supongan
un tratamiento preferente en favor del accionante y sostuvo que las decisiones
14
Ibidem, índice 49
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que se adopten deben atender criterios objetivos de priorización y considerar la
situación de otros colaboradores y excolaboradores sometidos a circunstancias
análogas.
2.5.3. Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno15 consideró que no
estaba legitimado en la causa por pasiva pues sostuvo que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el señor Lozano Parga. Indicó que el
trámite de cumplimiento, el incidente de desacato y las solicitudes posteriores de
inaplicación de sanción se adelantaron con observancia del debido proceso,
garantizando al accionante el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.
31. La autoridad judicial expuso que mediante auto AT00337-2024 del 6 de
diciembre de 2024 se impartió medida de cumplimiento y que, mediante auto
AT00048-2025 del 12 de febrero de 202516, se impusieron las sanciones por
desacato. Agregó que el accionante instauró unas solicitudes de inaplicación de
la sanción los días 25 de abril de 2025 y 1 de marzo de 2026; siendo la primera
resuelta mediante auto AT00193-2025 del 9 de mayo de 2025, el cual negó la
cesación de efectos y sustituyó el arresto intramural por domiciliario, mientras que
la segunda fue rechazada tras incumplir el requerimiento probatorio formulado por
el despacho.
32. Adicionalmente, indicó que el accionante aun disponía del mecanismo
incidental de inaplicación para cuestionar las sanciones impuestas.
2.5.4. Consejo Superior de la Judicatura - Presidencia17 solicitó que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se
desvinculara a dicha Corporación de las acciones de tutela acumuladas
promovidas por Wilmar Rodolfo Lozano Parga. Sostuvo que ejerce funciones de
dirección, gobierno y administración de la Rama Judicial, más no la gestión directa
de los asuntos objeto de controversia.
33. Explicó que los hechos expuestos por el accionante corresponden a
actuaciones que, por competencia legal y funcional, son atribuibles a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, específicamente a la División de Cobro
Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal o a las Direcciones Seccionales
competentes. Por tanto, dichas dependencias son las llamadas a ejercer la
defensa judicial y a responder por eventuales órdenes de amparo.
2.5.5. Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – Oficina de
Cobro Coactivo18 expuso que el proceso de cobro coactivo núm.
73001129000020250026100 se originó en la multa impuesta por el Juzgado
Promiscuo Municipal 002 de Fresno mediante providencia del 12 de febrero de
2025, ejecutoriada el 12 de marzo de 2025, dentro del proceso 73283-40-89-002-
2024-00195-00.
34. Precisó que la Dirección Seccional actuó en estricto cumplimiento de una
15
Índice 48 del cuaderno principal, aplicativo SAMAI. Opción visualizar expediente
16
Índice 47 del cuaderno principal, aplicativo SAMAI. Opción visualizar expediente. 01PrimeraInstancia,
CO3IncidenteDesacato, 18AutoAT000482025Sanciona.pdf. Esta decisión fue notificada al correo de NUEVA EPS SA
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17
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18
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orden judicial y de las competencias legales de cobro coactivo atribuidas a la
Rama Judicial, por lo que sostuvo que las actuaciones adelantadas se ajustaron
al debido proceso. Asimismo, indicó que la Oficina de Cobro Coactivo carece de
competencia para revocar, modificar o dejar sin efectos la sanción impuesta,
facultad que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial que la profirió.
35. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela y desvincular a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Ibagué, al considerar que no incurrió en acción u omisión susceptible de
vulnerar los derechos fundamentales invocados. Adicionalmente, pidió exhortar a
Nueva EPS S.A. y a las autoridades competentes para que adopten las medidas
necesarias que permitan el pago de las multas judiciales ejecutoriadas y no
revocadas.
2.5.6. El Juzgado Civil del Circuito de Fresno guardó silencio.
2.5.7. No se rindieron más informes19
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
36. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201920 y demás normas
concordantes, teniendo en cuenta que la acción de tutela se dirige también contra
el Consejo Superior de la Judicatura21.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la legitimación en la causa por pasiva y las solicitudes de
desvinculación
37. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué solicitaron su desvinculación del presente trámite
19
De la revisión integral del expediente se advierte que la atribución de responsabilidad al señor Wilmar Rodolfo Lozano
Parga no surgió de un manual de funciones, de un acto de delegación, de una certificación expedida por el área de talento
humano ni de otro documento que acreditara sus competencias específicas para ejecutar la orden judicial, sino que dicha
conclusión tuvo su origen en una manifestación realizada por los apoderados de la NUEVA EPS, en primer lugar, el señor
Christian David Valbuena Jiménez quien en la contestación de la acción de tutela informó al despacho que los encargados
de dar cumplimiento a los fallos de tutela en el departamento del Tolima eran los gerentes zonales, indicando que estos
tenían la responsabilidad de realizar seguimiento y hacer cumplir las órdenes constitucionales. En ese entendido, dentro
del acápite denominado “Individualización del presunto responsable de las acciones constitucionales en la Zonal
Tolima”, el citado apoderado manifestó que, tratándose de servicios “en salud”, el cumplimiento de los fallos de tutela
correspondía al gerente zonal, afirmación sobre la cual posteriormente se edificó la individualización del señor Lozano
Parga como destinatario de las órdenes judiciales. Dicha manifestación respecto al responsable del fallo coincidió con lo
planteado por, el señor Jeysson Emilio Cifuentes Guzmán –que respondió el requerimiento previo al trámite
incidental resaltando además que la Nueva EPS se encontraba en intervención forzosa administrativa para
administrar mediante Resolución 2024160000003012-6 de fecha 3 de abril de 2024. Por su parte el Juzgado Civil del
Circuito de Fresno, al resolver la consulta de la sanción por desacato, dejó expresamente consignado que consideraba al
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga como la persona encargada de cumplir la orden judicial “según el informe rendido por
la entidad incidentada”. En consecuencia, la identificación del señor Lozano Parga como responsable del cumplimiento de
la orden constitucional tuvo como fundamento principal una manifestación efectuada por los apoderados judiciales de la
NUEVA EPS, sin que en las providencias examinadas se evidencie la valoración de documentos adicionales que
acreditaran de manera objetiva, concreta e inequívoca las facultades funcionales del señor Lozano Parga para autorizar,
contratar, programar o materializar directamente el procedimiento quirúrgico ordenado por el juez constitucional.
20 Reglamento interno del Consejo de Estado.
21
Ver numeral 8.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021
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constitucional. A su vez, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno
alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al estimar que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
38. No obstante, la Sala no encuentra mérito para acceder a dichas solicitudes
ni para declarar probada la excepción propuesta, toda vez que las autoridades
mencionadas conservan un interés jurídico directo en el resultado del proceso. En
ese entendido, los hechos que sustentan la presente acción guardan relación con
las actuaciones judiciales y administrativas que culminaron con la imposición de
las sanciones cuestionadas y con el proceso de cobro coactivo actualmente
vigente, cuya legalidad y efectos pretende controvertir el actor por esta vía
constitucional.
39. En consecuencia, dado que las funciones, actuaciones y competencias de
las referidas autoridades se encuentran materialmente vinculadas con la
controversia sometida a consideración de la Sala, se negarán las solicitudes de
desvinculación y la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formuladas dentro del presente trámite.
3.3. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Fresno vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor
Wilmar Rodolfo Lozano Parga al imponer las sanciones de arresto y multa dentro
del incidente de desacato promovido en el marco de la acción de tutela radicada
bajo el núm. 73283-40-89-002-2024-00195-00, al atribuirle responsabilidad
subjetiva por el incumplimiento de la orden constitucional sin verificar
suficientemente las facultades concretas de que disponía para su cumplimiento,
su capacidad funcional y material de actuación, así como las circunstancias
institucionales y estructurales que oportunamente fueron puestas en conocimiento
de las autoridades judiciales respecto de la situación de la Nueva EPS.
41. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá a la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; a la
naturaleza, finalidad y presupuestos del incidente de desacato; a la
responsabilidad subjetiva como requisito para la imposición de las sanciones de
multa y arresto; al deber del juez constitucional de verificar la competencia
funcional y la capacidad material de cumplimiento de la persona incidentada; y
finalmente al análisis de las particularidades del caso concreto en el contexto de
la crisis estructural que atravesaba la Nueva EPS.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
42. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
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43. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
3.5. De la responsabilidad subjetiva y objetiva en el incidente de desacato
44. La Sala considera oportuno precisar los parámetros que ha establecido la
jurisprudencia constitucional respecto a los límites, deberes y facultades del juez
constitucional en relación con la responsabilidad del incidentado en el trámite
incidental. Así las cosas, la sentencia T-029 de 2025 de la Corte Constitucional
precisó lo siguiente:
«(…)
INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades del juez
(...) en aras de seguir el procedimiento propio del incidente de desacato, el juez debe
actuar con diligencia cumpliendo ciertas cargas, que implican un respeto a las garantías
mínimas del debido proceso. En esa medida, debe (i) comunicar al incumplido sobre la
iniciación del mismo y darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha
dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. Es preciso decir que
el responsable podrá alegar dificultad grave para cumplir la orden, pero sólo en el evento
en que ella sea absolutamente de imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por
cualquier medio probatorio. Así mismo, debe (ii) practicar las pruebas que se le soliciten y
las que considere conducentes e indispensables para adoptar la decisión; (iii) notificar la
providencia que resuelve el incidente; y, (iv) en caso de haber lugar a ello, remitir el
expediente en consulta ante el superior. Para imponer la sanción se debe demostrar la
responsabilidad subjetiva del sancionado en el incumplimiento del fallo, valga decir,
que este es atribuible, en virtud de un vínculo de causalidad, a su culpa o dolo.»
Negrillas y subrayas de esta Sala.
45. Por su parte, la Sentencia SU-034 de 201822 concluyó al respecto lo
siguiente:
«(…)
4.2.4. Conclusión y remedios judiciales
De lo expuesto, se colige que, al momento de resolver un incidente de desacato, la
autoridad judicial debe tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o
subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por parte de
su destinatario.
Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta variables como (i) la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la
ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional,
(iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o
institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la
competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el
plazo otorgado para su cumplimiento.
Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como (i) la
responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las
22
Corte Constitucional, Sentencia SU- 034 de 2018, MP Alberto Rojas Ríos
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órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al cumplimiento. Vale
anotar que los factores señalados son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de
verificación del cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan
evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras dispuestas en el
fallo de tutela.» Negrillas y subrayas de esta Sala.
46. En suma, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar
que la sanción por desacato no puede edificarse sobre criterios de responsabilidad
objetiva ni derivarse automáticamente del cargo o calidad que ostente el
destinatario de la orden judicial.
47. Por el contrario, corresponde al juez constitucional verificar, a partir de las
circunstancias particulares del caso, si el presunto incumplimiento resulta
efectivamente atribuible al incidentado, para lo cual debe valorar no solo su
conducta personal y el grado de diligencia desplegado, sino también su
competencia funcional, su capacidad material de actuación y el contexto
institucional en el que debía ejecutarse la orden de tutela.
48. De esta manera, la imposición de las sanciones de arresto y multa exige
una motivación suficiente acerca de la responsabilidad subjetiva del obligado,
pues únicamente así se garantiza la observancia del debido proceso y se evita
que las consecuencias de deficiencias estructurales o institucionales sean
trasladadas de manera automática a personas que carecen de la posibilidad real
de materializar por sí solas el cumplimiento de la decisión judicial.
3.6. De los incidentes de desacato ante fallas estructurales de las
instituciones
49. Según lo dispone el Decreto 2591 de 1991, ante el incumplimiento de una
orden emitida en un fallo de tutela el beneficiario puede solicitar, de manera
simultánea o sucesiva, su acatamiento por medio del denominado trámite de
cumplimiento y/o que se sancione a la autoridad incumplida a través del incidente
de desacato.
50. La posibilidad de exigir el cumplimiento del fallo de tutela se encuentra
prevista en los artículos 23 y 27 del decreto precitado y el fundamento
constitucional de este trámite radica en la obligación estatal de garantizar al sujeto
afectado que el fallo por medio del cual se concede la tutela le va a satisfacer el
goce pleno de sus derechos. En términos de la Corte Constitucional, la obligación
principal del juez constitucional consiste en hacer cumplir la orden de tutela, pues
hace parte de la garantía de amparo de los derechos fundamentales vulnerados y
constituye el fin de la actividad estatal.
51. Ahora, el incidente de desacato, regulado por el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991, constituye un mecanismo de naturaleza disciplinaria y
sancionatoria destinado a asegurar la eficacia material de las órdenes
impartidas por el juez constitucional, aunque, si bien puede culminar con
sanciones de arresto y multa, su propósito primordial no consiste en castigar al
obligado, sino en inducirlo al cumplimiento del fallo y garantizar el goce efectivo
de los derechos fundamentales amparados.
52. En ese sentido, el desacato exige demostrar, además del incumplimiento
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objetivo, la responsabilidad subjetiva de la persona destinataria de la orden, esto
es, que actuó con dolo o culpa, razón por la que, la falta de cumplimiento no
conduce automáticamente a la imposición de una sanción, pues puede obedecer
a circunstancias ajenas a la voluntad o a la capacidad funcional del obligado.
53. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-1234 de 2008,
sostuvo que la consideración aislada de cada incidente podía conducir a
decisiones formalmente correctas que, apreciadas en conjunto, vulneraban los
derechos del sancionado, fenómeno que calificó como una vía de hecho por
consecuencia.
54. Asimismo, advirtió que la solución individual podía afectar la igualdad de
las demás personas que se encontraban en turno y agravar el represamiento
institucional, pero no liberó a los directivos de su obligación de superar la crisis,
sino que ordenó la formulación de un plan con medidas, recursos, cronogramas e
instrumentos de seguimiento.
55. En esa misma línea, al Alto Tribunal en materia constitucional en la
Sentencia SU-034 de 2018, precisó que el juez debe valorar conjuntamente
factores objetivos y subjetivos. Entre los factores objetivos, señaló que pueden
tomarse en cuenta variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de
cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la
presencia de un estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las
órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del órgano
obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional
directa para la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para
su cumplimiento. Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii)
si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones
positivas orientadas al cumplimiento.
56. De esta manera, la existencia de fallas estructurales constituye un elemento
relevante para establecer la responsabilidad subjetiva, pero no opera como una
causal automática de exoneración, en la medida que se debe acreditar que se
trata de una situación generalizada, persistente y sistémica, y demostrar su
relación causal con el incumplimiento concreto, además deberá verificarse que el
obligado actuó de buena fe, agotó las gestiones que estaban dentro de su
competencia y no permaneció indiferente frente a la orden judicial.
57. En un asunto similar, la Corte Constitucional en la sentencia T-315 de 2020,
aplicó esas consideraciones a la crisis operativa y financiera de Coomeva EPS, al
encontrar que la imposición sucesiva y acumulada de sanciones de arresto había
perdido capacidad persuasiva para conseguir el cumplimiento de los fallos y, en
cambio, comprometía los derechos al debido proceso, al buen nombre y a la honra
de su representante legal.
58. Esa decisión no significó que la crisis de la EPS legitimara la interrupción
de los servicios de salud o eliminara la obligatoriedad de los fallos, puesto que la
suspensión de las sanciones fue acompañada por deberes concretos de gestión,
priorización, seguimiento y superación gradual del incumplimiento, en tanto,
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mantuvo incólume la obligación de garantizar la continuidad y oportunidad de los
servicios y estableció que los futuros jueces debían valorar las circunstancias
objetivas y subjetivas antes de sancionar.
59. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 30
de enero de 202523 amparó los derechos al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia; suspendió durante un año la ejecución de
las sanciones de multa y arresto impuestas a quienes ejercían o habían ejercido
funciones directivas de EMSSANAR EPS, y ordenó formular un plan de acción en
90 días, al considerar que la apertura masiva de incidentes y la imposición
sistemática de sanciones habían perdido eficacia para obtener el cumplimiento de
los fallos y desviaban recursos humanos y administrativos necesarios para
atender la problemática subyacente.
60. De las anteriores providencias se desprende que las fallas estructurales
modifican la metodología con la cual debe examinarse el desacato, pero no
eliminan la obligatoriedad del fallo ni crean una inmunidad general para los
directivos de la entidad. De modo que, el juez debe mantener las actuaciones
dirigidas al cumplimiento, pero abstenerse de imponer sanciones fundadas
exclusivamente en la posición jerárquica del funcionario o en la constatación
objetiva de la mora, puesto que la crisis institucional debe enfrentarse mediante
órdenes complejas, planes verificables, coordinación interinstitucional y
seguimiento judicial, sin sacrificar la protección individual de quienes requieren
una atención urgente.
3.7. De la crisis estructural de la Nueva EPS
61. Al respecto, se tiene que los artículos 2.º y 6.º de la Ley Estatutaria 1751
de 2015 reconocen la salud como un derecho fundamental autónomo y establecen
unos principios que comprenden el acceso oportuno, eficaz, continuo y con
calidad a los servicios y tecnologías requeridos por las personas.
62. En ese orden de ideas, el artículo 14 de la 1122 de 2007, atribuye a las
entidades promotoras de salud una función indelegable de aseguramiento, que
comprende, entre otros aspectos, la administración del riesgo financiero, la
gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que procure el acceso
efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la
representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de
la autonomía del usuario.
63. Así las cosas, se tiene que, dentro de ese marco normativo, la intervención
forzosa administrativa constituye una medida excepcional de salvamento y control
dirigida a establecer si la entidad vigilada puede ser puesta en condiciones de
desarrollar adecuadamente su objeto social, debe ser sometida a otras medidas
o, en último término, liquidada, esto, con el propósito preservar la continuidad del
servicio público y proteger los derechos de la población afiliada.
64. Ahora, en el caso de la Nueva EPS se observa que la Superintendencia
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Nacional de Salud, mediante la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril
de 2024, ordenó la toma de posesión inmediata de sus bienes, haberes y negocios
y su intervención forzosa administrativa para administrar, decisión que se
fundamentó en la concurrencia de deficiencias financieras, operativas,
administrativas y asistenciales que comprometían el ejercicio de su función de
aseguramiento y el acceso efectivo de los usuarios a los servicios de salud.
65. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el marco de la auditoría realizada
para verificación de la Resolución 497 de 2021, Nueva EPS cumplió con el 37%
de los estándares de habilitación y permanencia y registro 22 hallazgos.
66. La situación asistencial se reflejaba, además, en el aumento sostenido de
las reclamaciones, puesto que, durante 2023 se registraron 1.075.319 reclamos
y, solamente en enero de 2024, se presentaron 21.474 nuevas reclamaciones
relacionadas principalmente con demoras en citas, entrega de medicamentos y
tecnologías, autorizaciones y acceso a otros servicios.
67. Asimismo, allí se indicó que el segundo semestre de 2023 también fue
reportadas 27.141 acciones de tutela promovidas por los usuarios para obtener
atención especializada, medicamentos, procedimientos, diagnósticos, dispositivos
médicos y tratamientos integrales.
68. Aunado a dichas deficiencias se sumó un deterioro financiero que incidía
directamente en la operación asistencial, pues, para diciembre de 2023, la
siniestralidad alcanzó el 100,9 % en el régimen contributivo y el 101 % en el
subsidiado, lo que indicaba que el costo de los servicios de salud era superior a
los ingresos operacionales correspondientes.
69. Con ocasión de lo anterior, la Superintendencia de Salud mediante la
Resolución 2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, prorrogó la medida hasta
el 3 de abril de 2026, al considerar que las causas que originaron la intervención
no habían sido superadas.
70. Con posterioridad, dicha entidad por medio de la Resolución
2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026, ordenó nuevamente la toma de
posesión y la intervención forzosa administrativa de Nueva EPS hasta el 10 de
abril de 2027, toda vez que identificó debilidades estructurales en los
componentes técnico científico, administrativo, financiero y jurídico; así como
fallas en la operación de la red prestadora, ausencia de medición y
estandarización en la gestión farmacéutica, problemas en la integración de la
información y persistencia de barreras para acceder a los servicios.
71. En conclusión, lo descrito permite determinar la situación de Nueva EPS
como una crisis estructural con ocasión de deficiencias interdependientes en la
solvencia financiera, el funcionamiento administrativo, la suficiencia de la red, la
entrega de medicamentos y la atención efectiva de los usuarios, que lejos de
disminuir el alcance de las obligaciones de Nueva EPS, refuerza su deber de
adoptar medidas inmediatas de coordinación y garantizar que las consecuencias
de su situación institucional no sean trasladadas a los pacientes, especialmente
cuando se encuentren comprometidos los principios de continuidad, oportunidad
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e integralidad o estén involucrados sujetos de especial protección constitucional.
4. Caso concreto24
72. La Sala procede a determinar si las autoridades judiciales accionadas
vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga al atribuirle responsabilidad personal por el incumplimiento de la
orden de tutela y sancionarlo por desacato, sin establecer de manera suficiente
que dicho incumplimiento le resultaba subjetivamente atribuible ni examinar
adecuadamente su capacidad funcional y material de cumplimiento en el contexto
organizacional y operativo de Nueva EPS.
73. De manera preliminar, resulta necesario precisar que el accionante no
permaneció inactivo frente a las sanciones impuestas. En ese entendido, se
acreditó que promovió solicitudes de inaplicación de la sanción los días 25 de abril
de 2025 y 1 de marzo de 2026 ante el juez que conoció del incidente de desacato.
74. La primera fue resuelta mediante auto AT00193-2025 del 9 de mayo de
2025, mediante el cual se negó la cesación de efectos de la sanción y se modificó
la modalidad de cumplimiento del arresto, mientras que la segunda dio lugar a un
requerimiento probatorio y posteriormente fue rechazada mediante auto AT086-
2026 del 9 de marzo de 2026. Por consiguiente, no es posible afirmar que el actor
acudió directamente al mecanismo de amparo sin haber intentado cuestionar la
permanencia de las medidas sancionatorias ante la autoridad judicial accionada.
75. No obstante, la sola existencia de dicho mecanismo no torna improcedente
la acción de tutela, toda vez que la controversia planteada en esta oportunidad no
consiste en establecer si el accionante disponía de instrumentos procesales para
controvertir la sanción, sino en determinar si las autoridades judiciales valoraron
adecuadamente los elementos objetivos y subjetivos necesarios para atribuirle
responsabilidad personal por el incumplimiento de la orden constitucional.
76. Bajo esa perspectiva, si bien la afectación alegada se proyecta sobre
decisiones sancionatorias confirmadas desde el año 2025, respecto de las cuales,
prima facie, podría cuestionarse el cumplimiento del requisito de inmediatez,
también es cierto que dichas decisiones dieron lugar a la ejecución de la sanción
de arresto, al inicio de actuaciones de cobro coactivo, a la adopción de medidas
cautelares sobre bienes inmuebles del accionante y a posteriores actuaciones
tendientes a mantener la vigencia de sus efectos jurídicos. En consecuencia, la
afectación alegada conserva actualidad y continúa proyectando efectos sobre la
esfera jurídica del actor.
77. Precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente controversia no recae
sobre la existencia de la orden judicial ni sobre la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del señor Carlos Augusto Carmona Usma. Tampoco
existe discusión en torno a que mediante providencia del 22 de noviembre de 2024
el Juzgado Civil del Circuito de Fresno modificó el fallo de primera instancia y
24
Cabe precisar que todas las actuaciones del trámite incidental se pueden visualizar en el índice 47 del cuaderno
principal, en la carpeta relacionada con el núm. 73283408900220240019500 específicamente en el cuaderno
01PrimeraInstancia, C03IncidenteDesacato, C05IncidenteInaplicacionSancion.
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ordenó a Nueva EPS garantizar de manera efectiva la práctica del procedimiento
quirúrgico requerido por el usuario.
78. Asimismo, se encuentra acreditado que la autoridad judicial desplegó
actuaciones dirigidas a obtener el cumplimiento de dicha orden. En ese entendido,
mediante providencia del 6 de diciembre de 2024 individualizó al señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga, en calidad de Gerente Zonal Tolima de Nueva EPS, como
destinatario de los requerimientos de cumplimiento.
79. Posteriormente, ante la persistencia del incumplimiento, dio apertura al
incidente de desacato y mediante auto del 12 de febrero de 2025 le impuso
sanción de arresto y multa, decisión que fue confirmada en grado jurisdiccional de
consulta por el Juzgado Civil del Circuito de Fresno el 6 de marzo siguiente.
80. En ese contexto, la Sala no advierte irregularidades sustanciales en la
ritualidad del trámite incidental. Por el contrario, se observa que se surtieron
requerimientos previos, traslado de las actuaciones, oportunidades de
contradicción y control jurisdiccional mediante consulta ante el superior funcional.
Por ende, un eventual quebranto constitucional no se localiza en la estructura
formal del procedimiento sino en la fundamentación empleada para atribuir
responsabilidad subjetiva al accionante e imponerle las sanciones derivadas del
desacato.
81. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar
que la sanción por desacato no puede edificarse exclusivamente sobre la
constatación objetiva del incumplimiento de una orden de tutela pues su
imposición exige un juicio individualizado de responsabilidad subjetiva que permita
establecer que la conducta omisiva resulta atribuible al destinatario de la orden,
previa valoración de su competencia funcional, de su capacidad real de
cumplimiento y de las circunstancias objetivas que rodearon la ejecución del
mandato constitucional.
82. Ahora bien, la Sala tampoco comparte la tesis según la cual el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga carecía absolutamente de funciones o competencias
dentro de la organización. El material probatorio demuestra que se desempeñaba
como Gerente Zonal Tolima, ejercía funciones de representación institucional y
participaba en actividades relacionadas con el seguimiento de tutelas, desacatos
y asuntos asociados a la prestación de los servicios de salud dentro de su ámbito
territorial, por lo que tales circunstancias justificaban razonablemente que fuera
requerido por la autoridad judicial para informar sobre las gestiones desplegadas
y que fuera individualizado como destinatario de las actuaciones de cumplimiento.
83. Sin embargo, una cosa es identificar al accionante como funcionario con
responsabilidades de seguimiento o coordinación institucional y otra muy distinta
concluir, sin un análisis adicional, que el incumplimiento de la orden judicial le
resultaba personalmente atribuible desde la perspectiva exigida para la imposición
de una sanción por desacato.
84. En ese entendido, del examen conjunto de los autos del 12 de febrero y 6
de marzo de 2025 se desprende que la imputación de responsabilidad descansó
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esencialmente sobre tres elementos principales: la condición de Gerente Zonal
Tolima que ostentaba el accionante; la persistencia objetiva del incumplimiento; y
la ausencia de acreditación suficiente del cumplimiento por parte de la entidad.
85. Así las cosas, aunque el expediente demuestra que el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga desempeñaba funciones directivas dentro de Nueva EPS
y que existían razones para individualizarlo como destinatario de los
requerimientos judiciales, las providencias cuestionadas debieron tener en cuenta
que existe una crisis estructural al interior de la Nueva EPS desde el 2023
inclusive, como consecuencia de deficiencias interdependientes en la solvencia
financiera, el funcionamiento administrativo, la suficiencia de la red, la entrega de
medicamentos y la atención efectiva de los usuarios, lo que dio lugar a que fue
intervenida por la Superintendencia de Salud mediante la Resolución
2024160000003012-6 del 3 de abril de 202425
86. Con ocasión de lo anterior, la Superintendencia de Salud mediante la
Resolución 2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, prorrogó la medida hasta
el 3 de abril de 2026, al considerar que las causas que originaron la intervención
no habían sido superadas.
87. Ahora bien, dicha medida se mantiene a la fecha, de conformidad con lo
preceptuado en la Resolución 2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026, en
donde se ordenó nuevamente la toma de posesión y la intervención forzosa
administrativa de la Nueva EPS hasta el 10 de abril de 2027.
88. Así las cosas, de conformidad con lo descrito en precedencia, al contrastar las
providencias del 12 de febrero y 6 de marzo de 2025, la Sala advierte que la
sanción se sustentó, principalmente, en la falta de cumplimiento integral del fallo
y en la condición del actor como gerente zonal Tolima de Nueva EPS. Sin
embargo, no se tuvieron en cuenta las deficiencias financieras, administrativas y
operativas que atravesaba la entidad, pues nótese que para la fecha en que se
impuso y confirmó la sanción ya se había intervenido la entidad, esto es, en abril
de 2024.
89. En ese sentido, si bien la crisis estructural de Nueva EPS no constituye, por sí
misma, una causal automática de exoneración de sus directivos o funcionarios
como se indicó previamente, lo cierto es que la intervención del Estado se
encontraba vigente desde abril de 2024 y las deficiencias sistémicas
documentadas por la Superintendencia Nacional de Salud constituían elementos
objetivos del contexto que debían ser valorados conjuntamente con la
competencia funcional, la capacidad material y la conducta individual del
incidentado.
90. Por lo anterior, para la Sala no resulta factible atribuir al señor Lozano Parga
las consecuencias de la falla sistémica de la Nueva EPS que dio lugar a la
intervención por parte del Estado, en la medida que, si bien en el presente asunto
no se cuestiona en sí las decisiones por medio de las cuales se le impuso la
25 En la que se indicó que el segundo semestre de 2023 fue reportadas 27.141 acciones de tutela promovidas por los
usuarios para obtener atención especializada, medicamentos, procedimientos, diagnósticos, dispositivos médicos y
tratamientos integrales.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05403-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
sanción por desacato, lo cierto es que lesiona los derechos fundamentales del
actor, en tanto, se desnaturaliza la finalidad persuasiva de dicho mecanismo, dado
que le impone una responsabilidad objetiva, al trasladar a su esfera personal las
consecuencias de una deficiencia estructural de la entidad que, a su vez, desborda
su voluntad y capacidad material de actuar al respecto, pues, a la fecha no se
encuentra vinculado a dicha institución.
91. En ese contexto, la Subsección considera que se deben amparar los derechos
fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, patrimonio, igualdad y buen
nombre del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, razón por la que se ordenará al
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno - Tolima el levantamiento de la
sanción de arresto de tres (3) días y la multa de tres (3) SMLMV impuesta dentro
del incidente de desacato con radicado 73283-40-89-002-2024-00195-00,
derivado del incumplimiento de fallo de tutela del 22 de noviembre de 2024,
situación que deberá ponerse en conocimiento a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué en donde a la fecha cursa el cobro coactivo bajo
radicado 73001129000020250026100.
92. Ahora, es menester indicar que la existencia de la crisis estructural no exonera
a Nueva EPS de sus obligaciones constitucionales y legales, ni convierte sus
dificultades financieras, contractuales o administrativas en una justificación
admisible para interrumpir tratamientos o trasladar sus cargas internas a los
afiliados, en la medida que no se puede sacrificar los derechos fundamentales del
señor Armando Espinosa Tovar.
93. Finalmente, se hace necesario hacer énfasis en que esta determinación no
afecta la obligatoriedad de la sentencia de tutela del 10 de octubre de 2024,
modificada por sentencia del 22 de noviembre del mismo año, ni releva a Nueva
EPS del deber de garantizar los derechos del señor Carlos Augusto Carmona
Usma, razón por la cual se ordenará a su agente interventor o quien haga sus
veces, dar cumplimiento al fallo de tutela referido.
94. Asimismo, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno - Tolima
conservará la competencia prevista en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991
para verificar el cumplimiento integral del fallo y adoptar las medidas necesarias
frente a la Nueva EPS, por conducto de su agente interventor o del funcionario
que actualmente tenga competencia material para ejecutar la orden, previa
individualización y vinculación de la persona responsable, tal como lo establece el
ordenamiento jurídico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, así como
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Acción De Tutela
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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
la supuesta falta de legitimación por pasiva presentada por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Fresno conforme con los argumentos expuestos en el
numeral 3.2.1. de la presente providencia.
Segundo: Amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido
proceso, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre del señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En consecuencia;
Tercero: Ordenar al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, Tolima,
que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia
disponga el levantamiento de la sanción de arresto y de la multa equivalente a tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes impuestas al señor Wilmar
Rodolfo Lozano26 en calidad de Gerente Zonal Tolima de Nueva E.P.S, dentro del
incidente de desacato adelantado en el trámite constitucional seguido bajo
radicado bajo el núm. 73283-40-89-002-2024-00195-00 derivado del
incumplimiento del fallo de tutela del 10 de octubre de 2024, modificado por la
sentencia del 22 de noviembre de 2024.
Lo anteriormente dispuesto deberá informarse a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué en donde a la fecha cursa el cobro coactivo bajo
radicado núm. 73001129000020250026100 para que sea de su pleno
conocimiento y actué en consecuencia.
Cuarto: Ordenar a la Nueva EPS S.A., por conducto de su agente interventor o
de quien haga sus veces, que continúe adelantando las actuaciones necesarias
para garantizar el cumplimiento integral de las órdenes impartidas dentro de la
acción de tutela radicada bajo el núm. 73283-40-89-002-2024-00195-00, respecto
de la protección de los derechos fundamentales del señor Carlos Augusto
Carmona Usma, sin que la presente decisión implique relevo alguno frente a las
obligaciones constitucionales y legales que le corresponden como entidad
promotora de salud.
Quinto: Ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué -
Oficina de Cobro Coactivo, que una vez reciba la comunicación a que se refiere
el ordinal tercero de esta providencia, adopte las medidas administrativas
correspondientes respecto del proceso de cobro coactivo núm. 73001-12-90-000-
2025-00261-00 y de las actuaciones derivadas de la sanción aquí dejada sin
efectos, incluyendo las medidas cautelares impuestas con fundamento exclusivo
en dicha obligación.
Sexto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
26
Mediante auto del 12 de febrero de 2025 proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno y confirmado
por el Juzgado Civil del Circuito de Fresno en sede de consulta mediante auto del 6 de marzo de la misma anualidad.
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Séptimo: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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