Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02696-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02696-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02696-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-00
Accionante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de una tutela. Subtema 1: Requisitos de procedencia de la acción
de tutela – relevancia constitucional y subsidiariedad. Subtema 2: Requisito de procedencia de la
acción de tutela contra otra acción de la misma naturaleza. Sentido del fallo de tutela: Se declara
improcedente la solicitud de amparo.
La Sala decide la acción de tutela1 interpuesta mediante agente oficioso2, por Gloria
Sthefanie González Vanegas en contra de las Subsecciones A y B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado; de la Sección Quinta de la misma corporación; del
Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira; del Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca; del Consejo Superior de la Judicatura; de la EPS Emssanar SAS;
de la Superintendencia Nacional de Salud; de la ADRES; del Ministerio de Salud y
Protección Social; de las Secretarías de Salud del Valle del Cauca y de Palmira; y
de las IPS Strategos Medical Solución SAS, Welli Colombia S.A.S., Ensalud
Colombia SAS, Droguería Ensalud Colombia SAS y Fundación Especializada en
Desarrollo Infantil.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
La tutelante interpuso tutela en procura de la protección de los derechos a la salud,
a la vida digna, a la seguridad social, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, dada su condición de sujeto de especial protección
constitucional, que considera vulnerados debido a un bloqueo institucional que
impide la continuidad de su tratamiento médico. Denuncia la configuración de un
“círculo vicioso de impunidad” y un defecto sustantivo por desconocimiento del
1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
3928BC12AAA0890E AD7E6EC0AF070AAB BEC0D0DE4FF045C7 02B02F9F51C8AD42.
2 Gloria Patricia Vanegas, madre de la accionante.
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Accionante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
precedente, en tanto el Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira se abstuvo de tramitar
un desacato en 2025 bajo una interpretación restrictiva de un fallo de tutela de 2009
y, simultáneamente, el Consejo de Estado declaró la improcedencia de una nueva
tutela por la existencia formal del referido mecanismo incidental.
Por otra parte, la convocante establece la responsabilidad de las entidades
administrativas y de la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
instrumentalización de una suspensión de sanciones por desacato como un “escudo
de impunidad” para evadir el suministro de insumos médicos. Finalmente, reprocha
que las IPS criticadas interrumpieron la entrega de medicamentos vitales, pañales,
suplementos nutricionales y la prestación de terapias domiciliarias, al ampararse en
problemas administrativos y contractuales que no le son oponibles.
2.- Hechos3
2.1.- Según el escrito de tutela, Gloria Sthefanie González Vanegas padece
múltiples patologías severas desde su nacimiento en 1996, tales como parálisis
cerebral espástica y epilepsia, para lo cual requiere atención médica ininterrumpida.
Mediante sentencia de tutela proferida en mayo de 20094, se ordenó a la EPS
Emssanar el suministro de alimento complementario, insumos, medicamentos y
servicio de ambulancia. La entidad de salud cumplió el fallo durante 17 años. No
obstante, a partir de septiembre de 2024, diversas IPS interrumpieron la entrega de
los insumos médicos prescritos a causa de problemas administrativos con la EPS.
2.2.- Ante los incumplimientos, la actora promovió incidentes de desacato, sin
embargo, una providencia del Consejo de Estado suspendió las sanciones
impuestas a los directivos de la entidad promotora de salud en cuestión.
Posteriormente, presentó una nueva acción de tutela5 para exigir la entrega de los
medicamentos, la cual fue declarada improcedente por las Subsecciones A y B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado bajo la premisa de que el incidente de
desacato era el mecanismo idóneo. A pesar de ello, en enero de 2026, el Juzgado
2º Civil Municipal de Palmira se negó a tramitar un incidente de desacato por las
órdenes médicas de 2024 y 2025, al considerar que el fallo de 2009 no amparó el
3 A folios 4-13 del escrito de tutela.
4 Dentro de la tutela con radicado No. 76520400300220090026900/01.
5 Radicado No. 11001031500020250530700/01.
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tratamiento integral y operaba únicamente para las fórmulas discutidas en esa
ocasión.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sustenta su solicitud en la configuración de un defecto por
desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que el Juzgado 2º Civil
Municipal de Palmira, mediante los autos del 10 y 20 de febrero de 2026, interpretó
de manera restrictiva la sentencia de tutela proferida en 2009. Al respecto, precisa
que la autoridad judicial limitó los efectos de dicho fallo a las fórmulas médicas
iniciales y calificó las prescripciones de 2024 y 2025 como hechos sobrevinientes.
Con ello, ignoró que las órdenes de protección en salud para enfermedades
crónicas y condiciones de discapacidad severa tienen carácter de tracto sucesivo,
y que la expresión “conforme a lo indicado por el médico tratante” constituye una
cláusula de remisión dinámica que incorpora las prescripciones futuras sin
necesidad de promover nuevas acciones. Advierte que esta postura conculca su
derecho a la salud, la somete a un peregrinaje judicial inconstitucional y desconoce
los principios de integralidad y continuidad.
Adicionalmente, la afectada aduce la estructuración de un defecto procedimental
absoluto, puesto que el referido despacho municipal se negó a tramitar el incidente
de desacato, mecanismo idóneo para garantizar el cumplimiento de la sentencia, lo
cual obstruye el acceso a la justicia y afecta el debido proceso por omisión en la
valoración probatoria integral. Asimismo, alega una violación directa de la
Constitución, específicamente de los artículos 2, 11, 13, 29, 48, 49 y 229, al igual
que la omisión de tratados internacionales sobre derechos de los niños y de las
personas con discapacidad que integran el bloque de constitucionalidad, puesto que
la negativa de protección efectiva atenta gravemente contra sus garantías y contra
la protección reforzada en salud. De igual forma, reprocha la omisión del principio
de confianza legítima, en la medida en que el mismo juzgado tramitó incidentes de
desacato durante más de 17 años bajo la premisa de que la orden era de ejecución
continua, por lo que el cambio abrupto de criterio impone cargas desproporcionadas.
Aunado a lo anterior, la convocante denuncia la existencia de un escenario de
bloqueo institucional y absoluta indefensión que configura un círculo vicioso de
impunidad. Explica que dicha trampa procesal se materializó porque las
Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declararon la
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improcedencia de una nueva acción de tutela ante la existencia formal del
mecanismo de desacato, no obstante, el juez de primera instancia rechazó ese
trámite incidental con base en una interpretación restrictiva del fallo originario.
A su vez, la afectada censura que las IPS convocadas interrumpieron la entrega de
medicamentos vitales, pañales, suplementos nutricionales y terapias domiciliarias
bajo el argumento de problemas administrativos y contractuales con la EPS
Emssanar, circunstancias que resultan inoponibles a la paciente. De este modo,
manifiesta que las prestadoras de salud instrumentalizaron una providencia
proferida el 30 de enero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a
través de la cual se suspendieron las sanciones por desacato a los directivos de la
entidad promotora de salud, para instaurar un escudo de impunidad dirigido a evadir
definitivamente sus obligaciones prestacionales.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos los autos de 2026 proferidos por el
Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira y ordenar la apertura del respectivo incidente
de desacato para dar cumplimiento al fallo de tutela de 2009; de manera subsidiaria
(iii) ordenar a las IPS y a la EPS accionadas la entrega inmediata, completa e
ininterrumpida de todos los medicamentos e insumos prescritos; (iv) ordenar a la
EPS Emssanar que garantice con carácter permanente el tratamiento integral, la
prestación de las terapias de rehabilitación domiciliarias, la realización de consultas
especializadas, el traslado en ambulancia y la asunción total de los gastos de
transporte, traslado y alojamiento para la paciente y un acompañante en caso de
requerirse el desplazamiento a otra ciudad; (v) disponer que la protección integral
otorgada no se limite a las fórmulas actuales, sino que cubra todo lo que la paciente
requiera en el futuro para su patología; y (vi) ordenar al juzgado de origen que
retome la vigilancia del cumplimiento del fallo de 2009 y reconozca la naturaleza de
tracto sucesivo de la orden original.
5.- Trámite de la acción de tutela y fundamentos de la oposición
5.1.- Mediante auto del 13 de abril del 2026 el Despacho Ponente admitió la acción
de tutela; negó la medida provisional solicitada y ordenó notificar a las partes.
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5.2.- La ADRES solicitó su desvinculación por estimar que carece de legitimación
en la causa. Al respecto, argumentó que, de acuerdo con sus competencias
normativas enfocadas en la administración de los recursos del sistema, no se
encuentra dentro de sus funciones satisfacer las pretensiones exigidas por la parte
accionante. Por consiguiente, afirmó que no ha desplegado ninguna conducta que
vulnere los derechos fundamentales de la agenciada, razón por la cual resulta
innegable que no es la entidad responsable del presunto menoscabo y no está
llamada a responder en la presente causa.
5.3.- La Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca también pidió su
desvinculación. Argumentó que la accionante se encuentra afiliada y activa en la
EPS Emssanar, entidad a la que le corresponde garantizar de forma integral y
oportuna la prestación de todos los servicios, suministros y medicamentos
ordenados por el médico tratante, sin importar si se encuentran o no descritos dentro
del plan de beneficios en salud. Asimismo, señaló que la competencia del ente
territorial es accesoria y que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que
vulnere los derechos fundamentales de la agenciada.
5.4.- La Secretaría de Salud del municipio de Palmira igualmente manifestó que no
tiene legitimación. Acotó que, en su condición de autoridad local, sus competencias
se limitan a la vigilancia y gestión del aseguramiento. Por consiguiente, afirmó que
carece de facultad legal y administrativa para ordenar el suministro de
medicamentos e insumos, obligación que recae exclusivamente sobre la EPS
criticada y cuyas relaciones contractuales escapan a la injerencia del ente territorial.
Finalmente, advirtió sobre la posible configuración de un hecho superado o carencia
actual de objeto, toda vez que no ha recibido reportes de negación formal del
servicio por parte de la entidad de salud que justifiquen su intervención excepcional.
5.5.- El magistrado ponente de la providencia judicial proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que la sentencia del 9 de
diciembre de 2025, mediante la cual se confirmó la improcedencia del amparo,
cuenta con el debido respaldo jurídico, fáctico y probatorio, por lo cual la presente
tutela pretende revivir un debate procesal cerrado. Explicó que, con fundamento en
la SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional, la tutela contra otra providencia de
tutela exige acreditar una situación de cosa juzgada fraudulenta, requisito que no
fue demostrado por la accionante. Asimismo, advirtió que el control constitucional
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contra sentencias de altas cortes es absolutamente excepcional y requiere probar
una actuación abiertamente arbitraria.
5.6.- El Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira afirmó que el fallo de tutela de 2009
no concedió el tratamiento integral, sino que limitó el suministro de insumos y
medicamentos a las fórmulas de ese año y al servicio de ambulancia, de manera
que las prescripciones de 2024 y 2025 constituyen hechos sobrevinientes que
deben reclamarse mediante una nueva acción de amparo y no por vía incidental.
Explicó que el trámite de desacatos previos bajo ese radicado fue un error judicial
que no la obliga a perpetuar una actuación viciada, en tanto los autos ilegales no
atan al funcionario. Argumentó que exigir una nueva tutela no es una carga
desproporcionada y acusó al apoderado de la tutelante de actuar con temeridad y
abuso de las vías de derecho, por lo que solicitó la compulsa de copias en su contra,
bajo la anotación de que la Comisión de Disciplina Judicial ya se abstuvo de iniciar
un trámite de vigilancia por estos mismos motivos.
5.7.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca solicitó que se
declare su falta de legitimación en la causa. Afirmó que su función de vigilancia
judicial se circunscribe a verificar el estricto cumplimiento de los términos
procesales, por lo que carece de competencia para invadir la autonomía e
independencia judicial o para controvertir las decisiones de fondo adoptadas por los
jueces. Explicó que conoció la queja interpuesta por la accionante en contra del
Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira por presunta mora judicial, frente a la cual
decidió abstenerse de abrir un trámite formal al no evidenciar ninguna actuación
inoportuna.
5.8.- La EPS Emssanar alegó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de
la agenciada, a quien le ha garantizado los servicios incluidos en el plan de
beneficios en salud. Argumentó que la imposibilidad en la entrega de los
medicamentos e insumos obedece a que las órdenes médicas de 2024 y 2025
resultan extemporáneas al superar los términos de vigencia administrativa y clínica,
situación que impide su suministro por razones de seguridad de la paciente y exige
una nueva valoración médica. No obstante, precisó que para garantizar la
continuidad del tratamiento autorizó la orden vigente para la aplicación de toxina
botulínica junto con su respectivo transporte en ambulancia, y gestionó una visita
médica domiciliaria para actualizar la conducta terapéutica. De igual manera, frente
a la solicitud de tratamiento integral, alegó la configuración de la figura de cosa
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juzgada, toda vez que existen dos sentencias de tutela previas dictadas en 2019 y
2023 que ya concedieron dicha protección permanente para las múltiples patologías
de la actora. Finalmente, señaló que resulta inviable suministrar atenciones en
salud, insumos o transporte intermunicipal que carezcan de un soporte médico
actual debidamente prescrito en el aplicativo MIPRES, por lo que concluyó que su
proceder obedece a un actuar de buena fe y apegado a la normatividad vigente.
5.9.- El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado solicitó declarar improcedente el amparo constitucional. Al respecto,
argumentó que la vinculación de su despacho obedece a la sentencia de tutela
proferida el 17 de octubre de 2025, providencia frente a la cual la parte actora no
demostró la existencia de una actuación fraudulenta, requisito ineludible para
habilitar su cuestionamiento en esta sede. Asimismo, precisó que contra dicha
decisión se interpuso el recurso de impugnación, el cual derivó en la modificación
del fallo. Adicionalmente, advirtió que la accionante se limita a formular un reproche
general contra todas las actuaciones previas sin estructurar una causal específica
de procedibilidad contra la providencia de su autoría, toda vez que la pretensión
concreta de la demanda busca dejar sin efectos unos autos de 2026 proferidos por
el Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira en el marco de un incidente de desacato.
5.10.- La Secretaría de Salud del Valle del Cauca aseveró que no cuenta con
legitimación. A su vez precisó que la obligación de garantizar la prestación de los
servicios médicos recae de manera exclusiva en la EPS Emssanar.
5.11.- El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela y su consecuente exoneración de responsabilidad. Explicó
que no es competente para definir lo concerniente a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de la parte accionante.
5.12.- La IPS Ensalud Colombia allegó diversas actas con las que demostró haber
dispensado los medicamentos requeridos durante los años 2024, 2025 y 2026,
conforme a las prescripciones médicas vigentes. Aclaró que la imposibilidad de
entregar algunos insumos obedece a que las fórmulas se encontraban vencidas y
precisó que, respecto al suministro de acetaminofén con hidrocodona, este requiere
autorización previa de la EPS Emssanar dada su modalidad de contratación por
evento. Asimismo, frente a una nueva orden médica emitida en febrero de 2026,
explicó que su dispensación se programó para el mes de abril con el fin de evitar
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riesgos de sobremedicación y salvaguardar la seguridad de la paciente, toda vez
que se encontraba en curso la cobertura de 90 días de una prescripción anterior.
5.13.- El Consejo Superior de la Judicatura precisó que, en su calidad de órgano de
gobierno y administración de la Rama Judicial, ejerce funciones estrictamente
administrativas amparadas en la Constitución y en la Ley 270 de 1996.
5.14.- Este despacho, mediante providencia del 7 de mayo de 2026, requirió a la
Secretaría General de la corporación para que allegara los expedientes de tutela
identificados con los radicados Nos. 11001031500020240447500/01 y
11001031500020250530700/01.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por Gloria
Sthefanie González Vanegas en contra de las Subsecciones A y B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado; de la Sección Quinta de la misma corporación; del
Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira; del Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca; del Consejo Superior de la Judicatura; de la EPS Emssanar SAS;
de la Superintendencia Nacional de Salud; de la ADRES; del Ministerio de Salud y
Protección Social; de las Secretarías de Salud del Valle del Cauca y de Palmira; y
de las IPS Strategos Medical Solución SAS, Welli Colombia S.A.S., Ensalud
Colombia SAS, Droguería Ensalud Colombia SAS y Fundación Especializada en
Desarrollo Infantil de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, la Sala verificará los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad y, posteriormente, analizará la viabilidad de una tutela en contra de
otra acción de la misma naturaleza. En caso de que se consideren cumplidos los
presupuestos aludidos, estudiará la vulneración a los derechos fundamentales
denunciados.
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3.- Cuestión previa frente a los reproches en contra de la Sección Quinta del
Consejo de Estado
Dentro de las quejas planteadas por la parte convocante, se reprocha la sentencia
de tutela proferida el 30 de enero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado dentro del trámite No. 11001031500020240447500, mediante la cual se
suspendió la ejecución de las sanciones de multa y arresto por desacato impuestas
a los funcionarios de la EPS Emssanar.
Sin embargo, al revisar los antecedentes, se observa que la misma accionante
interpuso la acción de tutela No. 11001031500020250530700/01, en la cual buscó
dejar sin efectos e inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad dicho fallo
de la Sección Quinta. Al respecto, se advierte la existencia de las sentencias del 17
de octubre6 y del 9 de diciembre de 20257 dictadas, respectivamente, por las
Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en las que se
concluyó la improcedencia de las pretensiones dirigidas a cuestionar la pluricitada
providencia.
En vista de lo anterior, resulta menester estudiar si se presenta la cosa juzgada
constitucional frente a la inconformidad en cuestión.
Respecto de la teoría general de esa institución jurídica, la Corte Constitucional ha
precisado lo siguiente:
“2.3. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se
otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados
efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para
lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de
seguridad jurídica.
2.4. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer
lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su
libre determinación y, en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste
en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el
ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las
partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.
6 Obra fallo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 39190930DB06A5C1
E0B70B423AE570D0 3AB9BB0ED8434F97 582EBC26DBC5D4AF.
7 Obra fallo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 2D38609A36C00EAA
9CD7835FD42429CA CAAAC5BB59BFB0DA A1948BF0236893FA.
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2.5. De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función
negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo
resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas
y al ordenamiento jurídico”8.
De conformidad con lo anterior, la cosa juzgada es una institución jurídica que
propende por la inmutabilidad de las decisiones judiciales con el fin de proteger la
seguridad jurídica y conlleva, de forma inherente, la prohibición de que las partes
instauren nuevamente un litigio resuelto y de que los jueces conozcan la misma
discusión sobre la que se pronunció otro funcionario investido con las mismas
facultades jurisdiccionales.
Aunque la cosa juzgada constitucional se ha predicado, principalmente, de las
sentencias de constitucionalidad, el órgano de cierre de esa jurisdicción también
estimó que esta procede de cara a las sentencias dictadas en el marco de acciones
de tutela. En efecto, en la sentencia T-661 de 2013, se resaltó que en los eventos
en que una misma persona instaure tutelas sucesivas en las que converjan
identidad de partes, hechos y pretensiones, se debe revisar si operó la cosa juzgada
constitucional como se ve:
“Como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto en
concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la decisión
judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante. Si la Corte en
ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide seleccionar el caso para
su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo
de la propia Corte, y cuando no lo selecciona, la misma opera a partir de la
ejecutoria del auto en que se decide la no selección. Luego de ello, la decisión
queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material. Por tanto, no es
posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues
ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del
sistema jurídico
2.4 En este sentido, la Corte ha precisado que, en principio, no le es dado a la
jurisdicción constitucional estudiar varias acciones de tutela cuando ellas han
sido puestas con el objeto de defraudar al Estado, pero tampoco está
autorizada para estudiar tutelas relativas a asuntos sobre los cuales pesa ya la
cosa juzgada constitucional. En ambos eventos la tutela debe ser declarada
temeraria y/o improcedente, pues en ellos la acción pierde su carácter de
instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales para
convertirse, en una vía de actuación deshonesta frente al Estado, o bien en una
acción que socave los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento que
pretende dar fin a los conflictos sociales y a las decisiones sobre los mismos”.
8 Sentencia C-100 de 2019.
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
En suma, la Corte Constitucional ha indicado que la cosa juzgada constitucional
pretende evitar la multiplicidad de acciones de tutela y que las decisiones que se
dicten sean disímiles entre sí, en atención al principio de seguridad jurídica.
Ahora bien, según se explicó, la parte actora, en una acción de tutela previa 9, intentó
suprimir de sus efectos jurídicos el referido fallo de la Sección Quinta de esta
corporación. En esa oportunidad, alegó argumentos similares a lo que ahora
esgrime, los cuales cuestionan que la suspensión allí establecida generó un “escudo
de inmunidad” que neutralizó la eficacia del fallo de tutela de 2009 y propició la
interrupción de tratamientos médicos esenciales.
En primera instancia la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente el reproche al advertir que no se cumplía el requisito principal
de procedibilidad contra providencias de igual naturaleza (cosa juzgada
fraudulenta), decisión que fue confirmada en ese específico aspecto por la
Subsección B de la misma entidad mediante providencia del 9 de diciembre de
2025.
Así las cosas, es claro que los reproches elevados en contra de la decisión de la
Sección Quinta del Consejo de Estado fueron objeto de estudio en una acción de
tutela previa, en la cual se concluyó que la demanda resultaba improcedente al no
demostrarse que dicha providencia hubiese sido producto de un fraude procesal.
Por tanto, se trata de un asunto que ya fue definido en un escenario constitucional
de la misma naturaleza que el sub examine, con similitud de partes, objeto y causa,
lo que impide emitir un nuevo pronunciamiento de fondo al respecto frente a este
cargo y así se declarará.
4.- La procedencia de la tutela contra providencias dictadas dentro de
incidentes de desacato
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, en especial las sentencias T-
631 de 2008 y T-171 de 2009, esta acción es procedente de manera excepcional
contra las decisiones proferidas en el trámite del incidente de desacato. Para ello,
se requiere que el incidente haya finalizado con una decisión debidamente
9 Rad. 20250530700/01.
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ejecutoriada y que se demuestre un yerro, una extralimitación de funciones, la
vulneración del derecho a la defensa o la imposición de una sanción arbitraria.
El amparo exige el cumplimiento de criterios estrictos frente a la conducta procesal
del actor. Las razones expuestas en la tutela deben ser coherentes con los
argumentos esgrimidos en el incidente. Resulta inadmisible alegar cuestiones
nuevas, pretender debatir asuntos omitidos en la instancia ordinaria o solicitar
pruebas no pedidas en el trámite incidental, pues la tutela no remedia la negligencia
del interesado.
Adicionalmente, como señala la sentencia T-421 de 2003, el error debe representar
una actuación abierta y caprichosamente contraria al ordenamiento jurídico que
amenace de forma grave e inminente derechos fundamentales. En este contexto, el
juez constitucional verifica la configuración de los requisitos generales de
procedibilidad, los cuales comprenden la relevancia constitucional, el agotamiento
de medios de defensa, la inmediatez, la incidencia determinante de la irregularidad
procesal, la identificación razonable de los hechos y la prohibición de censurar
sentencias de tutela.
Por último, resulta imperativo acreditar al menos una causal específica de
procedibilidad. Estas corresponden a posibles defectos como el sustantivo,
originado, según precisó la sentencia T-087 de 2007, en acudir a normas
inaplicables, cometer errores de interpretación o insuficiente sustentación; el
orgánico por falta absoluta de competencia; o el procedimental absoluto por la
actuación al margen del procedimiento. También proceden los amparos que
acrediten un defecto fáctico, el cual, como enuncia la sentencia T-458 de 2007,
surge de la omisión probatoria o la indebida valoración del acervo; así como un error
inducido, una decisión sin motivación, el desconocimiento del precedente o la
violación directa a la Constitución Política.
5.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a las
quejas contra lo resuelto por el Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira
5.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
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una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”10.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber11: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202212, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
5.2.- En relación con la decisión proferida por el juzgado aludido, mediante la cual
se negó a tramitar el incidente de desacato, la parte actora alegó que dicho
despacho (i) desconoció el precedente constitucional, al interpretar restrictivamente
la orden de 2009 y desconocer la naturaleza de tracto sucesivo y de remisión
dinámica de las prestaciones en salud; (ii) incurrió en un defecto procedimental
absoluto; (iii) trasgredió la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad,
por desatender las garantías y la protección reforzada de una persona con
discapacidad severa; y (iv) omitió el principio de confianza legítima, al imponer
cargas desproporcionadas con un cambio abrupto de criterio procesal.
5.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio
dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
11 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
12 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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5.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 10 de febrero de
2026 se dilucida el siguiente análisis textual:
“Ahora, frente a la nueva solicitud del apoderado judicial, en el sentido que se
inicie un nuevo incidente de desacato, se constató que este despacho NO
concedió el tratamiento integral al que alude en su escrito, pues nótese de la
lectura de la sentencia 0101 de 5 de mayo de 2009, que dispuso: (…)
Así las cosas y en vista de la solicitud formulada por la parte accionante, se
evidencia que el incumplimiento a los requerimientos denunciados y
correspondentes a 2024 y 2025, no fueron objeto de estudio en la sentencia
judicial de 2009, máxime cuando, de la lectura literal de la sentencia, se
constata que NO se concedió el amparo del tratamiento integral, y por ende,
mal haría este despacho en atribuir negligencia, cuando al respecto no existe
una orden judicial frente a la EPS EMSSANAR, frente a lo aquí solicitado, pues
dicha providencia, solo aplicaba para los requerimientos de 2009, esto es,
especificamente: ‘alimento complementario, insumos, medicamentos
ordenados, según formulas prescritas que obran en el presente asunto (Folios
5 y 6) y el servicio de ambulancia para todas las citas que impliquen
desplazamiento, cuando lo requiera la menor para la práctica de terapias y
exámenes conforme a lo indicado por el médico tratante’, de los cuales ya se
encuentran cumplidos.
Por lo esgrimido, la parte accionante, podrá, si a bien lo tiene, formular una
nueva acción de tutela, con las órdenes pertinentes de 2024 y 2025, a fin de
que un juez constitucional estudie su caso y al propio tiempo viabilice el amparo
del tratamiento integral de las patologías actuales que padece la paciente”13.
5.5.- En atención a lo anterior, se observa que la autoridad judicial se abstuvo de
dar curso a un nuevo incidente de desacato, al constatar que en la vía constitucional
de 2009 no se concedió el amparo del tratamiento integral. Señaló que los
incumplimientos denunciados frente a los requerimientos de los años 2024 y 2025
no fueron objeto de estudio en dicha providencia, la cual se limitó a ordenar
prestaciones específicas para esa época que ya se encuentran cumplidas. Por
consiguiente, determinó que no era posible atribuir negligencia a la EPS Emssanar
ante la inexistencia de una orden judicial sobre las nuevas solicitudes, e indicó que
la parte actora debe formular una nueva acción de tutela para que el juez
constitucional evalúe los servicios recientes y el tratamiento integral de las
patologías actuales.
5.6.- Resulta claro que, en relación con el Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira, la
presente solicitud se pretende utilizar como una instancia adicional, pues como se
vio, la autoridad judicial concluyó que la orden de amparo no cubría un tratamiento
13A folios 4-5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 97EB9DF12073947C
AF59E765517A4A21 1C7918E743D7B9E6 FA7BEE6876D11FF7.
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integral. Por ende, resulta diáfano que las quejas elevadas frente a la negativa de
tramitar un nuevo desacato critican lo resuelto en el incidente de desacato, con el
fin de que se desconozca la tesis jurídica e interpretación del juzgado aludido.
5.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada14, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del
incidente de desacato15.
5.8.- De conformidad con lo anterior, se continuará con el análisis de las censuras
endilgadas a la EPS Emssanar y a las IPS convocadas; así como a las
Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
6.- El requisito de subsidiariedad en el caso concreto
6.1.- La subsidiariedad como requisito general de procedibilidad de la acción de
tutela aparece claramente expresada en el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución Política16 y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 199117,
normatividad conforme con la cual dicha acción solo resulta procedente cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la ejerza como
mecanismo transitorio para evitar la causación de un perjuicio irremediable18. De
haber lugar al amparo, en el primero de los casos, la orden de protección sería
definitiva y, en el segundo, transitoria.
14 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
15 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
16 Artículo 86. Numeral 3º. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
17 Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
18 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. Al respecto, el alto tribunal ha precisado que el perjuicio
irremediable “se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que
afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que
lo neutralicen”. Sobre las características del perjuicio irremediable, la Corte Constitucional, en sentencia T-1316
de 2011, señaló que este debe ser inminente o próximo a suceder, grave, que requiera de medidas urgentes
para superar el daño y, por último, las medidas de protección deben ser impostergables.
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6.2.- De acuerdo con las órdenes y valoraciones médicas allegadas 19, la paciente
presenta un cuadro clínico crónico y complejo caracterizado principalmente por
secuelas de parálisis cerebral espástica y tiene un diagnóstico de epilepsia
confirmado. Como consecuencia de esta condición neurológica, enfrenta problemas
relacionados con la severa limitación de sus actividades que la mantienen en estado
de postración. Adicionalmente, padece incontinencia y un diagnóstico de
malnutrición proteico-calórica severa, evidenciado por una profunda depleción de
masa muscular, condición clínica que hace indispensable su alimentación a través
de una sonda de gastrostomía20.
En consideración a lo anterior se debe destacar que el acceso a la salud no es una
mera formalidad legal, sino una garantía que el Estado le debe a toda persona
vulnerable frente a una condición médica. Consagrada en el artículo 49 de nuestra
Constitución, esta prerrogativa se erige con el propósito de resguardar la vida y la
dignidad humana de quienes se encuentran en estado de indefensión. Su esencia
posee una doble dimensión; por un lado, es un servicio público cimentado en la
solidaridad; y por otro, es derecho fundamental irrenunciable que exige una atención
ininterrumpida, integral y oportuna. Con ocasión de la Ley Estatutaria 1751 de 2015,
la salud es una garantía autónoma e inquebrantable21.
6.3.- Ahora bien, al contrastar el caso con las pruebas que obran en el expediente,
se advierte desde este momento que, a pesar de la inmensa gravedad de las
patologías que enfrenta la paciente, los cargos planteados en contra de la EPS
Emssanar y las otras entidades médicas cuestionadas no cumplen con el requisito
procesal de subsidiariedad. Lo anterior no significa, bajo ninguna circunstancia, un
desconocimiento de los derechos fundamentales de la agenciada, ni mucho menos
una minimización de su sufrimiento o el de su familia, por el contrario, obedece a
que la afectada ya cuenta con un medio protector judicial firme, amplio y vigente. En
efecto, se aportaron a este trámite 2 sentencias de tutela que reconocieron la
altísima vulnerabilidad de la afectada y su compleja condición médica. El fallo
proferido el 28 de junio de 201922 por el Juzgado 1º Penal Municipal con Funciones
19 Obran prescripciones médicas en los archivos digitales subidos en SAMAI, en el índice 2, con certificados
FB0AB55C439DE022 B2A1C887F2A6DF23 212D06117BD9914F 830AECB80E18B9A4 y
EDF0A24A6E2986F9 8A8AEA46D59480B5 3048397AB93F5784 4AE3269FBDC70541.
20 A folio 15 del archivo subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado EDF0A24A6E2986F9
8A8AEA46D59480B5 3048397AB93F5784 4AE3269FBDC70541.
21 Corte Constitucional, sentencia T-289 de 2025.
22 A folios 52-66 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 22, con certificado 6F80053BF410E400
7CE706F691964A52 B91442209CD0C0AF 5CD679A45B7C78CA.
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de Conocimiento de Palmira y el dictado el 25 de enero de 202323 por el Juzgado 1º
de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Palmira. En ambas providencias
se le ordenó a la EPS convocada garantizar una atención y un tratamiento integral
para salvaguardar a la paciente frente a las patologías crónicas que padece, tales
como la parálisis cerebral espástica, la epilepsia y la cuadriplejía.
6.4.- Al respecto, es vital comprender que la garantía de un “tratamiento integral”
concedida en aquellos fallos irradia sus efectos de manera continua y dinámica
frente a enfermedades degenerativas y crónicas, y cubre no solo las órdenes
médicas expedidas y estudiadas en aquellos momentos, sino también todas las
prescripciones subsiguientes y futuras necesarias para asegurar la supervivencia y
la dignidad de la peticionaria. Por lo tanto, ante el incumplimiento actual en la
entrega de insumos y medicamentos, no es el juez de una nueva acción de tutela el
llamado a intervenir, pues esto sometería a la familia a un desgaste procesal
revictimizante y fragmentado que implica cursar todo el trámite de una nueva acción
constitucional y eventualmente iniciar un desacato. Por ello, los reclamos acá
propuestos deben ser encauzados ante los jueces naturales que expidieron las
referidas providencias de 2019 y 2023, quienes mantienen intacta su competencia
para hacerlas cumplir. Por lo tanto, los reproches sub examine devienen
improcedentes por ausencia del requisito de subsidiariedad al existir una vía judicial
efectiva y ya consolidada, que corresponde al incidente de desacato.
6.5.- En atención al respeto y a la solidaridad que merece la paciente, la Sala
conmina a su progenitora, quien actúa como agente oficiosa, a que inicie de forma
inmediata los respectivos incidentes de desacato o trámites de cumplimiento ante
los referidos juzgados de Palmira. Al invocar el tratamiento integral ya reconocido
en esas sentencias de 2019 y 2023, aquellos jueces podrán adoptar sin dilación las
medidas coercitivas y sancionatorias necesarias para materializar la protección
ininterrumpida que la afectada requiere.
6.6.- Sin perjuicio de la improcedencia por los motivos expuestos, al considerar el
estado de absoluta dependencia de la paciente y el riesgo vital que supone cualquier
demora en su soporte asistencial, la Sala emitirá un exhorto a la EPS Emssanar
SAS y a las instituciones prestadoras de salud denunciadas en el presente trámite.
En ese sentido, se advierte que tienen la obligación constitucional ineludible y el
23 A folios 81-92 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 22, con certificado 6F80053BF410E400
7CE706F691964A52 B91442209CD0C0AF 5CD679A45B7C78CA.
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deber ético de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud; por
consiguiente, deberán abstenerse absolutamente de interponer barreras
administrativas, operativas, burocráticas o contractuales que obstaculicen, retrasen
o impidan el acceso pleno, digno y continuo a los servicios médicos, terapias,
medicamentos, suplementos nutricionales e insumos vitales en favor de la paciente.
6.7.- Por último, se seguirá con el análisis de los cargos elevados en contra de los
fallos dictados dentro de la tutela No. 11001031500020250530700/01.
7.- Verificación del presupuesto fraus omnia corrumpit en relación con las
Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
7.1.- La parte accionante alega que las Subsecciones A y B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante los fallos del 17 de octubre y 9 de diciembre de
2025, aplicaron un formalismo excesivo y desatendieron su grave situación de
vulnerabilidad al declarar la improcedencia de una acción constitucional bajo la
premisa de que los incumplimientos prestacionales de Emssanar EPS debían
ventilarse únicamente dentro del incidente de desacato del proceso del año 2009.
La Sala advierte, prima facie, que los cargos referidos no satisfacen el presupuesto
de procedibilidad de tutela contra tutela, pues no se advierte la configuración de la
cosa juzgada fraudulenta respecto de los fallos cuestionados. Por el contrario, la
acción constitucional objeto de estudio se avizora como un medio dirigido a mostrar
una inconformidad frente al análisis jurídico efectuado por los magistrados que
conocieron la tutela No. 11001031500020250530700/01.
7.2.- En efecto, según la sentencia T-322 de 201924, la situación de fraude se verifica
ante la concurrencia de hechos como: (i) la decisión de autoridad competente en la
que se declare la conducta dolosa del juez; (ii) la apertura de investigaciones
disciplinarias o penales acerca de la configuración de un delito; (iii) la materialización
del dolo en la sentencia judicial; (iv) la existencia de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe; (v) la
afectación al patrimonio público; (vi) la ausencia de certeza del derecho reconocido;
(vii) la protección de un elevado número de peticionarios, cuya situación individual
no alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de diez días del que
24 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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dispone el juez para decidir; (viii) cuando se presenta acción de tutela en contra de
una entidad que, por estar sumida en un estado de cosas inconstitucionales,
presenta una limitada capacidad para ofrecer respuesta oportuna a las demandas
de sus afiliados y beneficiarios y amenaza el goce efectivo de derechos
fundamentales de terceros; y (ix) el reconocimiento de una prestación de forma
manifiestamente ilegal.
7.3.- De conformidad con lo anterior, se advierte que la tutelante expuso su
desacuerdo con lo decidido en el proceso No. 11001031500020250530700/01 y
manifestó inconformidades frente a las valoraciones jurídicas y operativas de las
autoridades de primera y segunda instancia. Sin embargo, no hizo referencia alguna
a hechos que permitan colegir la materialización de una decisión fraudulenta y,
mucho menos, se observan medios probatorios con el fin de acreditar esa
circunstancia. Así, se debe concluir que esta Sala no puede pronunciarse sobre una
cuestión que se planteó y resolvió en el marco de otra acción de igual naturaleza,
so pena de desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
7.4.- En ese sentido es evidente que las quejas planteadas en contra de lo decidido
por las Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado son
improcedentes, toda vez que no cumplen con un requisito esencial de la tutela
contra tutela.
8.- Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará la
improcedencia de la tutela interpuesta por Gloria Sthefanie González Vanegas a
través de agente oficioso.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: EXHORTAR a la EPS Emssanar SAS y a las instituciones prestadoras
de salud denunciadas en el presente trámite para que se abstengan de interponer
barreras administrativas, operativas, burocráticas o contractuales que obstaculicen,
retrasen o impidan el acceso pleno, digno y continuo a los servicios médicos,
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terapias, medicamentos, suplementos nutricionales e insumos vitales en favor de la
paciente.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado de
conformidad con las razones ut supra.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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