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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03924-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03924-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-. SEGUNDO: NEGAR la protección constitucional reclamada en acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03924-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03924-00
Accionante: Bernardo Armando Camacho Rodríguez y otros
Accionado: Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Suspensión de sanciones por desacato de fallos de
tutela. Problema estructural del Sistema General de Seguridad Social en Salud/
NIEGA AMPARO.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 20 de junio de 2025 los señores Bernardo Armando Camacho Rodríguez2 y
Luis Fernando Bernal Jaramillo 3 , quienes obran en nombre propio; y Aldemar
Casadiegos Jaime, Ana María Mariscal Jiménez, Bertha Jimena Fajardo Rosero,
Bibiana María Díaz Ruiz, Indira Janeth Beltrán Acosta, Irma Luz Cárdenas Gómez,
Javier Cortés Salazar, Joddy Marcela Cubillos Moreno, Lain Eduardo García Rincón,
Laura Alejandra López Velasco, Lisseth Herlides Camargo Doria, Magda Viviana
Garrido Pinzón, Marcela Uribe Pérez, María Fernanda Lanao Tapia, Mariam Liliana
Carrillo Peña, Mario Jair Campo Trochez, Martha Irene Ojeda Sabogal, Rocío Mora
Díaz, Rosa Milena Barros Cuello, Sandra Yamile Ricaurte Vargas, Wilmar Rodolfo
Lozano Parga y Yurani Tatiana Barrera Alonso, quienes actúan mediante apoderado
judicial, promovieron la acción de tutela de la referencia, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad, igualdad, honra, buen
nombre y acceso a la administración de justicia. Pretenden que se ordene la
suspensión de las sanciones por desacato a fallos de tutela, que se les han impuesto

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 En su calidad de agente interventor de la Nueva EPS.
3 También actúa como representante legal y judicial de la Nueva EPS.

1

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Accionante: Bernardo Armando Camacho Rodríguez y otros
Accionado: Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

por los roles de representación que desempeñan en la Nueva Empresa Promotora
de Salud – Nueva EPS.

2.
La parte actora sostuvo que la dicha EPS presenta un comportamiento de
cumplimiento parcial a indicadores clave, lo que ha afectado el flujo de recursos, los
pagos a la red y operadores logísticos, el suministro de medicamentos y atención en
salud, poniendo en riesgo su sostenibilidad y el servicio a los usuarios. Esta situación
ha generado que se promuevan una cantidad considerable de tutelas en su contra.
Entre 2023 y marzo de 2025 fueron instauradas 154.392, relacionadas con la
prestación de servicios de salud.

3.
Advirtió que la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es un
factor que repercute en el cumplimiento del aseguramiento en salud. Ello conllevó a
que la Corte Constitucional, en el trámite de seguimiento al cumplimiento de la
sentencia T-760 de 2008, declarara, mediante auto 007 de 2025, la insuficiencia de
la UPC de 2024, al considerar que los costos eran mayores que los ingresos.
Circunstancia que demuestra la falla estructural del Sistema, que afecta a los
afiliados y, por ende, genera mayor uso de las vías judiciales, siendo inevitables las
sanciones al agente interventor y a otros funcionarios de la entidad.

4.
El interventor, señor Bernardo Armando Camacho Rodríguez, ha sido objeto de
sanciones que suman más de 17 años de arresto y $9.741.696.000 en multas, hasta
el 31 de marzo de 2025. Asimismo, han sido sancionados varios funcionarios de la
entidad 4 . Dichas sanciones se han impuesto en un contexto de limitaciones
estructurales que exceden la capacidad de respuesta directa de la entidad y sus
colaboradores y que desatienden la finalidad del incidente de desacato, el cual no es
la sanción en sí misma, sino persuadir al presunto incumplido a que acate la decisión
judicial, conforme lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018.
Indican que aunque se podría solicitar la inaplicación de esas sanciones en cada uno
de los despachos judiciales, se torna imposible y no constituiría un mecanismo
idóneo, adecuado o eficaz para conjurar la situación que se pone de presente, dado
que se debe atacar la razón primaria que es la carencia de recursos del sistema
como acción preventiva.

5.
La crisis estructural de carácter financiero, administrativo, jurídico, técnico y
científico que atraviesa la Nueva EPS repercute negativamente en la prestación de
servicios de salud a la población afiliada. Lo cual se ha evidenciado en que desde el
año 2019 a la fecha de presentación de la solicitud de amparo se hayan notificado
996.197 requerimientos judiciales relacionados con acciones de tutela. Situación que
se ha agudizado desde 2024, al ser objeto de intervención forzosa administrativa por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Esta medida no ha resultado
efectiva, pues las entidades que se han visto sometidas a esta no han logrado
recuperarse, lo que ha llevado a su liquidación.

4 Adjuntó un archivo que contiene esa información individualizada.

2

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6.
Los anteriores obstáculos no se tuvieron en cuenta por parte de las autoridades
judiciales que impusieron las mencionadas sanciones en los trámites de incidentes
de desacato. Para validar el factor subjetivo de intencionalidad del presunto agente
infractor, se debieron analizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la entidad,
la cual tiene la voluntad de seguir garantizando el derecho fundamental de sus
afiliados, pero ello se ve coartado por el aumento de acciones constitucionales en su
contra.

7.
Además de desplegar toda su capacidad e infraestructura para garantizar el
derecho fundamental de los afiliados y de propender por cumplir las órdenes de tutela
y los incidentes de desacato, Nueva EPS ha dirigido su gestión técnica y jurídica en
atender trámites penales y las investigaciones administrativas adelantadas por la
Superintendencia de Salud5 y la Procuraduría General de la Nación.

8.
En conclusión, sus derechos fundamentales se encuentran en riesgo debido a la
falla estructural, que tiene su origen en la insuficiencia de la UPC y la ineficacia de la
medida especial que cursa sobre la entidad (intervención), situaciones que no han
sido consideradas por las autoridades judiciales.

9.
Puntualmente, se afecta el derecho a la libertad porque se les impusieron
sanciones de arresto, que suman más de 17 años de arresto solo para el interventor,
a pesar de que lleva ejerciendo el cargo cinco meses y que, en todo caso, no puede
cumplirlas, dada su avanzada edad (70 años), patologías crónicas y su expectativa
de vida.

10.
Lo propio sucede con el derecho al debido proceso, toda vez que no es razonable
la imposición de sanciones por el hecho notorio de encontrarse la entidad frente a
una falla estructural del sistema, que aunque configura el factor objetivo
(incumplimiento de fallos de tutela), no ocurre lo mismo con el subjetivo (ánimo del
presunto infractor), al presentarse una imposibilidad material de cumplimiento, la cual
debe tener en cuenta el juzgador al momento de pronunciarse.

11.
Se afecta el derecho a la igualdad, en atención a que en casos anteriores de crisis
en EPS, como Coomeva y Cajanal, la Corte Constitucional, mediante sentencias T-
315 de 2020 y T-1234 de 2008, respectivamente, suspendió las sanciones de
arresto, al reconocer que el incumplimiento de las órdenes de amparo correspondía
a problemas estructurales y no a la voluntad de los funcionarios.

12.
Finalmente, se perjudica la honra y buen nombre, debido a que el señor Camacho
Rodríguez se ve impedido para desempeñar su labor de intervención y su destacada
hoja de vida se está viendo afectada al ser objeto de elevadas y desproporcionadas
sanciones, máxime cuando, en su condición de agente interventor, es decir, auxiliar
de la justicia, no debería ser considerado como responsable o superior jerárquico

5 Ha adelantado 34 investigaciones, en las que ha resultado sancionada la Nueva EPS en 9 de estas por

$3.743.805.000, que corresponden a 2630 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
3

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funcional para el cumplimiento de fallos de tutelas y, por ende, sancionado en virtud
del incumplimiento de las órdenes judiciales. Además, las sanciones de arresto se
han interpretado como sanciones de tipo penal, lo cual ha generado opiniones
tendenciosas, expresiones ofensivas, injuriosas o informaciones falsas, ocasionando
un grande daño moral para él y sus familiares. Lo mismo ocurre con los demás
sancionados, quienes se han visto perjudicados por publicaciones en medios de
comunicación deshonrosas que afectan su buen nombre y generan una mala
percepción en el ideario colectivo.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

13.
Mediante auto de 3 de julio de 20256, se inadmitió la demanda de tutela, con el fin
de que se precisara cuál de los más de 7500 asuntos judiciales enunciados en el
escrito de tutela pretendía que se abordara y, conforme a ello, señalara las partes,
la acción u omisión a la que le atribuía la afectación constitucional alegada y las
pretensiones.

14.
La parte actora se pronunció frente al anterior requerimiento, en el sentido de
aclarar que no pretendía que se resolviera de manera individual sobre cada uno de
los 7500 asuntos relacionados en el escrito inicial, sino que se emitiera un
pronunciamiento que reconociera y atendiera el problema estructural que atraviesa
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, particularmente en lo que
concierne a la capacidad de las Entidades Promotoras de Salud, como la Nueva
EPS, para cumplir simultáneamente múltiples órdenes judiciales proferidas en sede
de tutela. Es decir, una intervención judicial estructural y preventiva, que permita
suspender la ejecución de medidas privativas de la libertad mientras se adoptan
correctivos institucionales y se garantiza la protección efectiva de los derechos
fundamentales comprometidos.

15.
En el escrito de subsanación también indicó que una situación similar a la aquí
expuesta fue zanjada el 30 de enero de 2025 en sede de tutela por la Sección Quinta
del Consejo de Estado7, en el sentido de reconocer de manera expresa la existencia
de un problema estructural dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, ordenar la suspensión de la ejecución de sanciones impuestas en incidente
de desacato contra representantes de una entidad promotora de salud y permitir la
implementación de un plan de trabajo gradual para el cumplimiento de órdenes
judiciales, en atención a las limitaciones operativas y estructurales del sistema.

16.
En razón a que la anterior precisión permitió tener certeza sobre lo pretendido en
esta acción, a través de auto de 12 de agosto de 20258, se admitió, se tuvo como
demandado a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se negaron las
solicitudes de vinculación y medida provisional formuladas por la parte accionante,

6 Notificado el 10 de julio de 2025 a la parte actora.
7 Expediente 11001-03-15-000-2024-04475-00, C. P. Gloria María Gómez Montoya.
8 Notificado el 20 de agosto de 2025 a las partes.

4

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se ordenó notificar a la autoridad demandada y vincular a la Superintendencia
Nacional de Salud, los Ministerios de Salud y Protección Social y Hacienda y Crédito
Público, así como a la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud -ADRES-, en calidad de terceros con interés. De igual
modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su cargo.

(i) Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

17.
Indicó que la tutela se dirige contra los despachos judiciales que imponen las
sanciones económicas. En la medida en que ni la División de Cobro Coactivo de esa
entidad ni las oficinas seccionales tienen la competencia para terminar, suspender o
revocar las sanciones de ese tipo impuestas por los jueces de la República. Los
abogados ejecutores deben atenerse a las órdenes que impartan los despachos
judiciales, ya sea de cobro, inaplicación o revocatoria de las multas que se imponen
a favor de la Rama Judicial.

18.
Precisó que, conforme al artículo 11 de la Ley 1743 de 2014, la Dirección Ejecutiva
y las Oficinas de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura, adelantarán
el cobro coactivo de las multas en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo
136 de la Ley 6ª de 1992 y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo
5 de la Ley 1066 de 2006.

19.
En ese sentido, resulta improcedente su inclusión como extremo accionado, lo
que impone declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en
consecuencia, negar las súplicas invocadas en lo que a esa entidad concierne.

(ii) Superintendencia Nacional de Salud

20.
Solicitó su desvinculación, porque la competencia para resolver de fondo la
solicitud de la parte actora radica en cabeza de otras entidades. Las EPS son las
responsables de la calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia de la prestación de los
servicios de salud, por tanto, estas están llamadas a responder por toda falla, falta,
lesión, enfermedad o incapacidad que se genere con ocasión de la no prestación o
prestación indebida de los servicios de salud incluidos en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Mientras que esa entidad, como organismo de carácter
técnico y como máximo órgano de inspección, vigilancia y control del Sistema, debe
propugnar porque sus agentes cumplan a cabalidad con las obligaciones y deberes
asignados en la ley y demás normas reglamentarias, para garantizar la prestación
de los servicios de salud a sus afiliados, mediante una labor de auditoría preventiva
y reactiva.

5

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21.
Posteriormente9, indicó que tampoco tiene competencia para emitir, modificar o
ejecutar decisiones judiciales, ni para imponer sanciones por desacato en trámites
de tutela. Las sanciones que motivaron la presentación de esta acción fueron
proferidas por jueces de la República en ejercicio de su función jurisdiccional, en
respuesta al incumplimiento de órdenes constitucionales por parte de la Nueva EPS.

22.
No existe un vínculo directo ni causal entre la actuación de la Superintendencia y
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados. Su intervención
administrativa (incluida la remoción de directivos y el nombramiento de agentes
interventores) responde a criterios técnicos y legales orientados a garantizar la
continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud.

23.
Además, según la jurisprudencia constitucional, la responsabilidad en los
incidentes de desacato es subjetiva y debe ser evaluada caso por caso, atendiendo
a la conducta del incidentado y su capacidad real de cumplimiento. Por tanto, no
puede atribuirse a la Superintendencia una responsabilidad indirecta o institucional
por decisiones judiciales que escapan de su órbita de acción.

24.
Por lo anterior, ese ente no ostenta legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que no ha sido la autoridad que profirió las decisiones judiciales objeto de
cuestionamiento, ni ha participado en los incidentes de desacato que dieron lugar a
las sanciones impuestas a los funcionarios de la Nueva EPS.

25.
Adicionalmente, la acción de tutela no puede emplearse para cuestionar
decisiones judiciales mediante la vinculación de entidades que no participaron en el
proceso ni tienen competencia sobre el contenido de las providencias. Por tanto, su
vinculación carece de fundamento fáctico y jurídico, lo que impide atribuirle
responsabilidad alguna por los hechos que motivan la presente acción.

(iii) Ministerio de Hacienda y Crédito Público

26.
Sostuvo que no tiene legitimación en la causa por pasiva ni interés en relación
con las pretensiones de la tutela. Ello es así, porque el valor anual de la UPC, así
como el estudio de suficiencia, le corresponde calcularlos y definirlos al Ministerio de
Salud y Protección Social, de conformidad con el Decreto 2561 de 2012, a través de
la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, que toma
como base la información reportada por las EPS en forma anual.

27.
Con base en lo expuesto, esta cartera tiene a su cargo exclusivamente la
asignación global de recursos a las entidades que conforman el Presupuesto General
de la Nación (PGN). Los recursos asignados por medio del Presupuesto al Ministerio
de Salud y Protección Social, los cuales aquella cartera ha cumplido su función de
girar, incorporan los recursos destinados para el aseguramiento en salud, esto es, lo
correspondiente a la UPC y presupuestos máximos, de acuerdo con el anteproyecto

9 Presentó otro escrito encaminado a contestar la tutela.

6

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de presupuesto presentado por el Ministerio de Salud. Recursos que administra la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES).

28.
Así, el aumento anual de la UPC desborda las funciones de ese ministerio, al ser
competencia del Ministerio de Salud y Protección Social como cabeza y líder del
sector salud. Sin embargo, la elaboración de un plan de viabilidad o la
reestructuración técnica y financiera corresponde a la misma EPS y, en
determinadas circunstancias, al órgano encargado de realizar la inspección,
vigilancia y control, que en este caso sería la Superintendencia Nacional de Salud.

29.
Por otro lado, informó que actualmente se están desarrollando las mesas
ordenadas por la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025 de la Sala de
Seguimiento a las órdenes 21 y 22 de la Sentencia T-760 de 2008, con el fin de
definir el ajuste de la UPC 2024 con el fin de lograr su suficiencia. Por lo que, una
vez concluidas aquellas, se contará con una propuesta de ajuste para la UPC 2024,
con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional.

30.
Concluyó que no se encuentra inmerso en alguna forma de vulneración
constitucional, pues ha cumplido las funciones que le fueron asignadas y no es la
entidad competente para garantizar los derechos incoados por la parte accionante,
ni responder por las actuaciones que no son de su competencia. Circunstancia que
torna improcedente la tutela en cuanto a lo que a ella concierne.

(iv) Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud -ADRES-

31.
Señaló que se debía declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque no se encuentra dentro de las funciones de la entidad satisfacer las
pretensiones de los accionantes y, en consecuencia, pide sea desvinculada del
asunto.

32.
El Ministerio de Salud y Protección Social guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. Delimitación del problema jurídico

33.
El objeto de la presente acción, consiste en determinar la existencia o no de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por un número plural de
personas que conforman la parte actora, en un contexto en el que se denuncia, por
un lado, la falla estructural del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual
ha impactado en la capacidad de la Nueva EPS para acatar fallos de tutela; y, por
otro lado, el ejercicio de jurisdicción por parte diferentes autoridades judiciales que,
en el marco de los incidentes de desacato, han obviado el análisis del factor subjetivo

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de incumplimiento de órdenes de amparo, pues han sancionado a los ahora
accionantes con multas y arrestos, que estiman desproporcionados.

34.
Con base en lo anterior, no se examinarán decisiones judiciales concretas que
hayan impuesto las sanciones de desacato que se cuestionan, pues ello fue aclarado
por la parte actora en el sentido de señalar que no atacaba de manera puntual y
específica una decisión judicial. De esta manera no se estructurará el estudio como
si se tratara de una tutela contra providencia judicial, máxime cuando no se alude a
alguna causal específica de procedibilidad para ese tipo de tutelas.

35.
De igual modo, los argumentos relativos a la insuficiencia de la UPC y a que la
medida de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS
ha agravado su situación, serán considerados como el contexto en el que se genera
la afectación constitucional alegada, y no como planteamientos que sean
susceptibles de calificación en este asunto.

36.
En sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional diagnosticó las problemáticas
que afrontaba el sistema de salud, y a través de su sala de seguimiento ha revisado
los avances y retrocesos de la institucionalidad en el manejo de los problemas
estructurales de dicho sistema. Lo relativo a la insuficiencia de la UPC, ha sido
estudiado por esa corporación en pronunciamientos recientes, por lo que lo
relacionado con ese asunto, así como medidas a adoptar para superar la crisis y
para evitar que esta se agrave, deberá ser objeto de análisis por la Sala de
Seguimiento conformada para procurar el acatamiento de esa decisión judicial. Por
consiguiente, a partir de dicha premisa se desarrollará el análisis constitucional en
este caso, es decir, tener por cierta la falla estructural en el sistema de salud, sin
ninguna consideración adicional sobre el particular. Así mismo, las falencias o
dificultades derivadas de la medida de intervención deberán ser atendidas en el
marco de ese procedimiento y ante la Superintendencia Nacional de Salud.

37.
Lo propio se puede decir de las investigaciones que ha iniciado la
Superintendencia Nacional de Salud respecto a la Nueva EPS, pues esas
actuaciones administrativas -aunque tenga origen en problemáticas comunes- no
aportan elementos para dilucidar la controversia que se pone a consideración del
juez de tutela.

D. Presupuestos generales de procedencia
38.
Legitimación en la causa por activa. Los accionantes están legitimados en la causa
para promover la presente acción de tutela, dado que obran como funcionarios de la
Nueva EPS y han sido objeto de las sanciones por desacato que aquí se reprochan.

39.
Legitimación en la causa por pasiva. La Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial se vinculó en condición de accionada, en razón a que es la representante de
la Rama Judicial, a la que se le endilga la vulneración constitucional en este asunto.

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40.
Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud, los Ministerios de Salud y
Protección Social y Hacienda y Crédito Público, así como la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- fueron
vinculadas como terceras con interés, dado que integran el subsistema de salud, y
como se endilga que éste muestra un problema estructural que impacta a los
accionantes, resultaba necesaria su intervención, de manera que en el marco de
sus competencias, se pronunciaran sobre esa falla y la incidencia en la garantía de
los derechos fundamentales invocados.

41.
Las vinculaciones efectuadas en el auto admisorio de este trámite constitucional
tienen como fundamento las funciones que cada entidad cumple, las cuales están
relacionadas con los hechos generadores de la afectación constitucional alegada.
Por tanto, las solicitudes de desvinculación sustentadas en la falta de legitimación en
la causa por pasiva de los terceros con interés carecen de asidero jurídico y serán
negadas.

42.
Subsidiariedad. No se advierte la existencia de algún otro mecanismo de defensa
ordinario que resulte idóneo y eficaz para obtener solución a este asunto. En la
medida en que se procura la defensa de unos derechos fundamentales, cuya
titularidad recae en los accionantes, que deviene de una situación estructural del
sistema de salud, por lo que dichas garantías no pueden ser protegidas a través de
otra acción.

43.
En este punto resulta importante destacar que, en la sentencia SU-092 de 2021,
la Corte Constitucional señaló que frente a las vulneraciones de derechos
fundamentales que puedan presentarse en el contexto de estados de cosas
inconstitucionales o problemáticas estructurales, la necesidad de coherencia en el
abordaje judicial de tales situaciones, demanda un nivel de coordinación entre las
autoridades judiciales, en cuya virtud la competencia para proferir órdenes de
carácter estructural se restringe a las Salas de Seguimiento de la Corte
Constitucional. De manera tal que los jueces de tutela, incluidas las Salas de
Revisión de esa corporación, deben limitarse a proferir decisiones que, aunque
puedan ser complejas, se orienten sólo a superar la situación concreta bajo estudio.
Puntualmente se señaló:

«Como corolario de lo anterior, la Sala Plena enfatiza que “es importante que -en el marco
de una situación estructural- los jueces de tutela no adopten decisiones contradictorias o
desarticuladas”10, por lo cual tratándose particularmente de vulneraciones acaecidas en
el contexto de un estado de cosas inconstitucional resulta determinante garantizar la
congruencia respecto del monitoreo sobre la gestión institucional y no generar
interferencias en la dimensión estructural y amplia de la misión de protección confiada a
las Salas Especiales de Seguimiento, sin que ello signifique en modo alguno abdicar de
la tarea encomendada específicamente al juez de tutela, consistente en salvaguardar los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados en casos particulares y procurar

10 Sentencia T-216 de 2019.

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adoptar las medidas necesarias para restablecerlos, dentro de los límites de sus
competencias y bajo criterios de coherencia y armonización».

44.
Lo anterior no supone un veto a que se aborde este tipo de asuntos, sino un
llamado a que en tales contextos las decisiones judiciales resulten uniformes y
coherentes con el seguimiento y las medidas que haya impartido la Sala competente
de validar el avance de la problemática estructural.

45.
En tal sentido, si bien ante la constatación de la vulneración de derechos
fundamentales no se pueden adoptar directrices estructurales11, ello no impide que
se impartan otro tipo de órdenes complejas.

E. Análisis del caso concreto.
46.
En el escrito de subsanación de la acción de tutela, los accionantes hicieron la
siguiente precisión, que resulta relevante traer a colación, para comprender el
alcance de la situación que señalan como génesis de la vulneración de sus derechos
fundamentales, y la medida que pretenden que se adopte como remedio de aquella:

«(…) es necesario precisar que la pretensión de los accionantes no está dirigida
a resolver individualmente cada una de las cerca de 7.500 situaciones jurídicas
derivadas de sanciones por desacato, sino a solicitar un pronunciamiento judicial
que reconozca y atienda el problema estructural que atraviesa el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, particularmente en lo que concierne a la capacidad
de las Entidades Promotoras de Salud —como NUEVA EPS— para cumplir
simultáneamente múltiples órdenes judiciales proferidas en sede de tutela. En
este contexto, las sanciones no se originan en hechos aislados, sino que son la
manifestación reiterada de una crisis institucional y operativa del sistema de salud,
cuya afectación se proyecta sobre funcionarios individuales que carecen de poder
decisorio suficiente para evitar el incumplimiento de las órdenes judiciales
emitidas.

Por ello, lo que se busca mediante esta acción de tutela no es una revisión
detallada de cada expediente, sino una intervención judicial estructural y
preventiva, que permita suspender la ejecución de medidas privativas de la
libertad mientras se adopten correctivos institucionales y se garantice la
protección efectiva de los derechos fundamentales comprometidos».

11 En la referida sentencia SU-092 de 2021 la Corte Constitucional señaló que “Las órdenes estructurales, por

sus características, son adoptadas por la Corte Constitucional y tienen como rasgos distintivos que se enmarcan
típicamente -aunque no exclusivamente- en un estado de cosas inconstitucional y suponen el diseño y ejecución
de políticas públicas. De esta forma, son órdenes estructurales y, por lo mismo, están reservadas a la Corte
Constitucional aquellas que se dirigen a (i) declarar, reiterar, modificar o dar por superado un estado de cosas
inconstitucional, (ii) a orientar o reorientar la estrategia de superación de un estado de cosas constitucional, o (iii)
implican la formulación y ejecución de políticas públicas. Con todo, la Sala Plena estima pertinente puntualizar la
regla de que solo ella puede declarar un estado de cosas inconstitucional”.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03924-00
Accionante: Bernardo Armando Camacho Rodríguez y otros
Accionado: Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

47.
A partir de lo anterior, se abordará el estudio desde dos aristas: (i) la relación
causal entre el problema estructural y los incumplimientos judiciales y, (ii) la
proporcionalidad del remedio judicial que se pretende.

(i) Tesis de la Sala

48.
La Subsección negará la protección constitucional deprecada, al constatar que (i)
la problemática estructural del sistema de salud, aunque puede ser calificada como
una situación concurrente con los incumplimientos a órdenes de tutela, no se puede
señalar categóricamente como la causa exclusiva y determinante de aquellos, por lo
que no es viable impartir una regla general que excluya la responsabilidad subjetiva
de los representantes de la Nueva EPS; y, (ii) de cualquier manera, la medida judicial
de suspensión que se solicita no supera el test de proporcionalidad, pues no es
idónea, necesaria, ni proporcional (en sentido estricto) a los derechos fundamentales
de un número considerable de ciudadanos que ven comprometidos garantías
mínimas en un estado social de derecho.

(ii) La relación causal entre el problema estructural y los
incumplimientos judiciales

49.
La solicitud de amparo se sustenta en 2 premisas concretas, a saber: (i) que existe
una crisis institucional y operativa que aqueja el sistema de salud, y en forma
consecuente a la Nueva EPS; y, (ii) que aquella merma el poder decisorio de los
accionantes, como representantes de la Nueva EPS, al punto de no poder evitar el
incumplimiento de las órdenes judiciales emitidas.

50.
La Sala encuentra que la parte accionante no ahorra esfuerzos en acreditar lo
primero, pero falla en su intento de sustentar lo segundo.

51.
Como se indicó en la delimitación del problema, la crisis del sistema de salud está
diagnosticada y en seguimiento constante por parte de la Corte Constitucional.
Ahora, los accionantes sostienen que esas falencias del sistema han tenido una
incidencia directa en la sostenibilidad financiera de la Nueva EPS, generando lo que
ellos denominan una “problemática estructural” en esta entidad, que -según su dicho-
se ha visto agravada por la intervención administrativa que tuvo lugar en abril de
2024.

52.
Como sustento de lo anterior, presentan extractos de los conceptos técnicos que
se han rendido con ocasión de la intervención, así como de la prórroga de esta, que
relacionan los indicadores negativos de la entidad. En el mismo sentido referencian
el auto 007 de 2025 de la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a
la sentencia T-760 de 2008, a través del cual se “DECLARÓ la insuficiencia de la
UPC de 2024", para denotar que -según el alto tribunal- “la situación financiera
descrita expone a las EPS a medidas administrativas por parte de la
Superintendencia de Salud y pone en riesgo la protección de los afiliados”.

11

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Accionante: Bernardo Armando Camacho Rodríguez y otros
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53.
A partir de esos datos, destacan que “(…) la insuficiencia de la UPC, demuestra
la falla estructural del Sistema, que afecta a los afiliados y, por ende, genera mayor
uso de las vías judiciales, siendo inevitables las sanciones al Agente Interventor y
otros funcionarios de la Entidad, sin que se puedan evitar en atención a la situación
descrita”. Acto seguido, afirman que “el aumento de las tutelas, la acumulación
de sanciones de multa y arresto al Agente Interventor y colaboradores de la
Entidad es una consecuencia derivada de factores externos, como lo señala,
respecto de la UPC” (Subrayado propio).

54.
Siguiendo con esa línea argumentativa presentan las cifras sobre el número de
actuaciones que se registraron en materia de tutelas, año tras año desde 2019 hasta
el primer trimestre de 2025, evidenciando una tendencia de crecimiento en los
requerimientos judiciales. Igualmente destacan el número de sanciones por desacato
que se han impuesto al interventor y sus colaboradores, y las dificultades operativas
que ello comporta, así como la incidencia en sus derechos fundamentales. Destacan
en forma especial que la crisis operativa y financiera de la EPS se ha agudizado
desde 2024 como consecuencia de la intervención, y mencionan que la información
reportada por la Superintendencia de Salud sobre otras entidades intervenidas,
demuestra que no han logrado recuperarse y que “existe una falla estructural en el
sistema, pues dicha medida no cumple con su propósito”.

55.
Puntualizan que, a pesar de lo anterior “la EPS se encuentra en la fase de diseño
y planificación de estrategias para disminuir el rubro de pasivos financieros”, y que
cuenta con toda la disposición de seguir garantizando el derecho fundamental de
salud de sus afiliados, por lo que los jueces no pueden obviar situación descrita al
resolver sobre los desacatos.

56.
Para la Sala los datos presentados permiten establecer que entre la problemática
estructural y los altos índices de tutelas/desacatos existe una situación de
concurrencia, pero no necesariamente una relación de causalidad exclusiva.

57.
Es decir, más allá de métricas respecto a uno y otro asunto, que incluso pueden
estar relacionadas y determinar relaciones de codependencia, no se puede
establecer que la crisis financiera y operativa determine en forma exclusiva el
aumento de acciones y tutelas, y sus incumplimientos. Mucho menos que eso
implique per se la posibilidad de que los representantes de la nueva EPS se
encuentren en una imposibilidad de cumplir con las órdenes judiciales.

58.
Ello es así, porque si bien se acredita la existencia de la referida crisis y el número
de requerimientos judiciales, no se cuenta con evidencia de que en virtud de la
primera los representantes de la nueva EPS vean anulado por completo su poder
decisorio. El barómetro de análisis en este aspecto son los principios de
razonabilidad y proporcionalidad. La crisis del sistema no puede presentarse como
causa excluyente de responsabilidad sin un examen que demuestre de manera
concreta cómo cada orden judicial resulta materialmente imposible de cumplir.
12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03924-00
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59.
De hecho, el argumento resulta particular si se tiene en cuenta que se defiende la
idea de que parte de la crisis es atribuible a la medida de intervención, pero
justamente quien está a cargo de esta última son los accionantes (el interventor y
sus colaboradores en cargos de mando). Pero, a la vez, sostienen que sus
potestades de decisión se ven anuladas por la crisis, premisas que lucen
contradictorias y que no pueden estar en la base de la desprotección de los afiliados
y sus derechos a la salud y vida.

60.
También resulta peculiar la idea de que estos representantes de la entidad están
totalmente inhabilitados para decidir y adoptar medidas frente a las órdenes
judiciales por cuenta del problema estructural, pues aceptar ello supondría admitir
que no ejercen ninguna función en forma autónoma, sino que la dirección de la
entidad responde exclusivamente a lo que dicten las situaciones derivadas de la
crisis.

61.
La Sala no desconoce que la difícil situación de la EPS seguramente impacta el
margen de acción de sus representantes, y ello implica una merma en sus
potestades decisorias; pero ello no puede llevar a considerar que frente a los
requerimientos judiciales su papel es nulo, aspecto sobre el que la tutela guarda
completo silencio pues muestra un status quo pero no las acciones para superarla.

62.
Ahora, cuando se está frente a una problemática estructural el aumento de
requerimientos judiciales es apenas esperable, si se tiene en cuenta que se presenta
una afectación generalizada de derechos que obliga a las personas a acudir a tales
mecanismos de protección para lograr su protección, al punto que esa cifra se toma
como un indicador para evaluar los avances en la materia. De manera que no es una
novedad que esa magnitud se pueda ver impactada por la crisis operativa y
financiera, y un aumento tampoco se puede calificar como una situación excepcional
o atípica que determine una intervención urgente del juez de tutela, sin perjuicio de
la valoración que pueda hacer la Sala de Seguimiento sobre ese indicador. Mucho
menos se puede tomar como una evidencia de la pérdida de poder decisorio de los
representantes de la entidad, que justifique una exoneración de su responsabilidad
subjetiva.

63.
De hecho, en la parte final de la sentencia T-760 de 2008 se indicó lo siguiente
sobre ese particular:

«Como se vio en el apartado 6 de esta sentencia, durante más de una década las
personas han tenido que acudir a la acción de tutela para que la justicia resuelva
controversias que habrían podido ser dirimidas de manera general por los órganos
competentes de regulación. Este fenómeno constituye un claro indicio acerca de las fallas
en la regulación del sistema de salud, lo cual a su vez es el fundamento de las órdenes
generales atinentes a corregir dichos problemas. Por esta razón, las decisiones que
adopten los órganos de regulación encaminados a cumplir la presente sentencia deben
necesariamente conducir a un resultado que facilite el acceso de las personas a los
servicios de salud y que eventualmente disminuya la proporción de tutelas presentadas
para ello.
13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03924-00
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(…)
Así, la reducción del número de acciones de tutela invocadas para que sean los jueces
los que resuelvan los problemas jurídicos recurrentes de acceso a los servicios de salud
analizados en esta sentencia, es uno de los resultados que pueden indicar el
cumplimiento de las órdenes de esta sentencia atinentes a las fallas en la regulación».

64.
Con lo anterior, no se pretende obviar que la situación estructural tiene una
incidencia en la magnitud de acciones constitucionales que se ejercen contra la EPS,
lo que se trata de hacer explícito es que la argumentación que se pretende plantear
para acreditar una situación límite y excepcional, ha sido considerada y medida
desde que se inició el seguimiento al problema estructural en el sistema de salud. Al
punto que, en virtud de la orden trigésima de la sentencia T-760 de 2008, el Ministerio
de Salud debe presentar anualmente un informe “en el que mida el número de
acciones de tutela que resuelven los problemas jurídicos mencionados en esta
sentencia y, de no haber disminuido, explique las razones de ello”.

65.
Por otro lado, la Sala de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 ha mencionado
que la variación en esa cifra de tutelas no puede ser valorada y analizada sólo en
términos cuantitativos, sino también cualitativos. Y tales análisis no deben partir de
meras especulaciones, sino de la valoración de las diversas situaciones que
concurren en la problemática estructural. En tal sentido, resulta pertinente traer a
colación lo expuesto por dicha Sala en el auto de 1280 del 3 de septiembre de 2025,
respecto al seguimiento de la referida orden trigésima relativa al número de tutelas
y, en particular, sobre el aumento que se experimentó en tales acciones
constitucionales desde 2021, que no fue exclusivo de la Nueva EPS, sino que
impactó a todo el sistema:

«59. El estudio de las acciones constitucionales requiere tanto de un análisis cualitativo
como cuantitativo, con el fin de calcular el cumplimiento material de las demás órdenes
emitidas en la Sentencia T-760 de 2008 y el impacto de las medidas implementadas por
el MSPS para resolver los problemas que tienen relevancia social12. En ese sentido, la
Corte encontró que13 (i) en el 2021 se registraron 87.621 tutelas en salud14, (ii) para el
2022, 141.234; (iii) en 2023, 191.190 y (iv) en 2024, 219.249, dejando en evidencia
incrementos del 61%, 35% y 15% respectivamente. Estos datos reflejan un
comportamiento de aumento en el número de acciones radicadas y que buscan la
protección del derecho a la salud.

60. La variación registrada entre 2021 y 2022 es particularmente alta, con un incremento
del 61%, lo que podría asociarse a un proceso de normalización en la prestación de los
servicios de salud tras la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Durante este
periodo, muchas personas retomaron sus controles, tratamientos y procedimientos
médicos represados, lo que puede haber generado un aumento en las tutelas

12 Lo que también fue puesto de presente en los Autos 077A de 2020, 440 de 2021 y 1680 de 2022.
13 Se tomarán los datos de las tutelas en salud, desde la estadística de la Corte para evaluar la tendencia, ya

que la depuración no fue avalada.
14 Esto fue valorado en el Auto 1680 de 2022, por lo que se toma como punto de partida en esta providencia.

14

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interpuestas15. No obstante, dicho incremento sigue siendo considerable. En los años
siguientes, si bien el aumento continuó, lo hizo de manera paulatina. De lo reportado en
el MSPS, la tendencia de las tutelas por cada 1.000 afiliados ha sido así: (i) para el 2022,
3,04; (ii) en 2023, 3,81 y (iii) en 2024, 4,7516. Este comportamiento refleja la persistencia
de problemáticas estructurales en el sistema de salud que obligan a la ciudadanía a acudir
al mecanismo constitucional que los jueces garanticen lo que no logra asegurar el
Estado17.

61. Desde los datos internos de la Corte se pudo comprobar que en el primer trimestre
de 2025 se radicaron 73.393 tutelas que demandan el derecho a la salud, un 25,3 % más
que el mismo periodo del año anterior18. Lo que evidencia que en términos proporcionales
se observa un crecimiento en el porcentaje de amparos enviados a la Corte Constitucional
en donde presuntamente se ha vulnerado el derecho a la salud. Esta proyección resulta
especialmente preocupante, dado que refleja una persistente dependencia del
mecanismo judicial para acceder a servicios que deberían estar garantizados de manera
oportuna, continua y sin barreras administrativas.

62. Al respecto, este incremento refleja una búsqueda insistente de protección a través
de un mecanismo constitucional, evidenciando que, ante las barreras persistentes en el
acceso a los servicios de salud, la ciudadanía recurre de manera reiterada a la acción de
tutela como salvaguarda de su derecho fundamental. Lo anterior evidencia una necesidad
urgente de intervención por parte de las autoridades competentes, con el fin de identificar
las causas estructurales de la problemática y evaluar alternativas que garanticen una
prestación efectiva de los servicios médicos19. Sin embargo, por razones que aún no han
sido plenamente esclarecidas, esta garantía no se ha materializado. Es indispensable
que, ante la ausencia de medidas, se adopten acciones por el Ministerio de Salud que
contribuyan a la implementación efectiva de la LES (Ley Estatutaria en Salud), la cual
reconoce el derecho a la salud como autónomo e irrenunciable, y que comprende el
acceso oportuno, eficaz y de calidad a los servicios de salud20.

63. Lo anterior, puede deberse a la crisis generalizada que sufre el sistema de salud21,
en tanto algunas regiones del país anunciaron restricciones o cierres en la atención a

15 En el Auto 1680 de 2022, se sostuvo que las acciones de tutela disminuyeron por “la coyuntura propia del

desarrollo de la pandemia del Covid-19 (velocidad de la vacunación)”.
16 Tendencia histórica consolidada en el informe de tutelas de 2024. La Sala debe advertir que, dentro de este

aumento, las EPS que tienen más tutelas son aquellas que están intervenidas aun cuando el Gobierno tomó el
control de ellas. Por ejemplo, la que ocupa el primer lugar es la Nueva EPS así: (i) 2022 fueron 31.713 tutelas;
(ii) 2023, 55.533 y, (iii) 2024, 62.089.
17 En ese sentido es viable afirmar que el propósito planteado en la Sentencia T-760 de 2008 no se ha cumplido,

pues allí se afirmó que “con el tiempo dejará de ser necesaria la interposición de tutelas como parte de un trámite
adicional para acceder libre y autónomamente a un servicio de salud oportuno de calidad y eficiente”. Reiterado
en el Auto 1680 de 2022.
18 Véase la Figura 7 del Anexo. Datos de la estadística de la Corte.
https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/estadisticas
19 A partir de la información allegada por la autoridad obligada, en la que se discriminan los porcentajes de

amparos radicados por cada problema jurídico, se evidencia, en principio, un incremento sostenido en algunos
números de acciones presentadas. Por ejemplo, el problema jurídico 9 presentó en 2022 un total de 2.337 tutelas,
en 2023, 90.488 y en 2024, 117.625. Sin embargo, es preciso señalar que en 2022 se estudiaron 9 problemas
jurídicos, en 2023, 13 y en 2024, 18 (como se expone más adelante), por lo que la base correspondiente al 100%
varía cada año, lo cual implica que los porcentajes de impacto no son directamente comparables entre periodos.
Para mayor detalle, se pueden consultar las tablas 9, 10 y 11 del anexo.
20 Auto 440 de 2021.
21 La Defensoría del Pueblo alertó sobre “el
crítico deterioro del sistema de salud en Colombia, con un
alarmante aumento del 75.7% en las quejas durante los últimos dos años [negrilla original]. Los retrasos en
15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03924-00
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usuarios de varias EPS, como consecuencia directa de retrasos en los pagos22. Esta
situación evidencia una problemática estructural que genera barreras en el acceso y se
ocasiona por la desfinanciación, precarización laboral del talento humano, cierre de
servicios y una creciente judicialización por parte de los pacientes, tal como se demuestra
en el análisis de esta orden 23 . Diversos actores del sector alertan sobre el deterioro
progresivo del sistema, la falta de respuesta efectiva por parte del Estado y los riesgos
que representa la incertidumbre generada por la reforma a la salud. Pacientes Alto Costo
afirmó que el incremento en las tutelas se puede deber a: el mal servicio de las EPS por
problemas financieros24, la crisis en los hospitales públicos que afectan la atención del
régimen subsidiado25, la angustia que ha generado en los pacientes en el tema de la
reforma a la salud , la crisis de personal por la fuga de profesionales a la Unión Europea,
la disminución de especialistas como consecuencia del Covid-19, y la estrategia de las
EPS en contener gastos por la reforma a la salud26.

64. Para la Sala es importante indicar que, si la situación advertida persiste, es previsible
que la tendencia en la presentación de acciones de tutela continúe en aumento, en lugar
de mostrar una disminución progresiva como lo planteó la Sentencia T-760 de 2008.

65. En conclusión, se deduce que las medidas adoptadas para superar las barreras
evidenciadas en cada problema jurídico han sido inconducentes porque no han logrado
superar las fallas identificadas, toda vez que el número de amparos no ha disminuido y
contrario a ello, aumentaron».

66.
Lo anterior evidencia que el aumento en las acciones de tutela es una situación
que ya fue advertida por la Sala de Seguimiento, en tanto es uno de los indicadores
que considera en su ejercicio, y sobre el particular deberá adoptar las decisiones
estructurales que correspondan. Y aunque dicha Sala se arriesga a formular
hipótesis sobre la causa que subyace a ello, no hace afirmaciones categóricas sobre
el particular, pues el análisis de datos no le permite sino hacer esas inferencias.
Sencillamente determina que el innegable aumento en esas cifras es un síntoma más
de que la crisis estructural no mejora, sino que se agudiza.

la entrega de medicamentos, la falta de oportunidad en la atención especializada y las deficiencias en el acceso
a servicios médicos esenciales son las principales preocupaciones”. https://www.defensoria.gov.co/en/-
/radiograf%C3%ADa-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-sobre-la-crisis-en-el-sistema-de-salud
22 A continuación, se relacionan comunicaciones emitidas por actores del sector salud en las que se anuncian

cierres de servicios debido a las condiciones actuales: https://www.epssura.com/historial-de-noticias/2411-cierre-
de-atencion-de-urgencias-clinica-del-bosque, https://scare.org.co/wp-content/uploads/Comunicado-crisis-sector-
salud-cierre-de-servicios.pdf, https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/otra-clinica-en-bogota-anuncia-
cierre-de-servicios-por-falta-de-pagos-DH27022724, https://www.elespectador.com/salud/clinica-del-occidente-
en-bogota-cerrara-servicios-de-obstetricia-y-neonatologia/.
23 https://consultorsalud.com/sistema-de-salud-pacientes-colombia-soluciones/
24 El Grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de salud y protección social sostuvo que “la

operación del sistema general de salud ha degenerado en su desfinanciación estructural, intervenciones
inoperantes a ocho EPS, incremento excesivo en la PQRS y en las tutelas, y cierre de múltiples servicios clínicos
y médicos en el país. No se acatan los Autos ordenados por la Corte Constitucional. Existe un liderazgo errado
a la cabeza del sector. La salud y la vida de los colombianos está en riesgo”.
https://consultorsalud.com/exministros-advierten-impactos-negativos-sist/. Por otra parte, en el Auto 007 de
2025, la Corte declaró la insuficiencia de la UPC, mecanismo de financiamiento del SGSSS porque, entre otras,
los costos eran mayores que los ingresos, por lo que la UPC calculada no cubría todos los servicios PBS UPC,
entre otros.
25 La Sala encontró que la Gobernadora del Valle alertó sobre crisis en hospitales públicos y solicitó la

intervención de Minsalud. https://consultorsalud.com/gobernadora-valle-crisis-hospitales-publicos/
26 La CSR, la Defensoría del Pueblo y Gestarsalud afirmaron que las tutelas en salud se incrementaron.

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67.
Lo que pretende significar la Sala es que, aunque el aumento en el número de
tutelas es un indicador de la grave situación que atraviesa el sistema de salud, no es
posible derivar de ello las conclusiones a las que pretenden arribar los accionantes,
esto es, que aquella anula su poder decisorio respecto a las órdenes judiciales.
Máxime cuando no se expone en forma concreta la forma específica en que esas
limitaciones estructurales le impiden cumplir las decisiones de los jueces de tutela.
Si bien los problemas financieros y operativos pueden implicar limitaciones
relevantes para el ejercicio de sus funciones, ello no determina necesariamente una
imposibilidad absoluta de adoptar acciones respecto a los casos concretos en que el
juez de tutela dispuso desplegar una actuación urgente.

68.
De hecho, es particular que ante un problema estructural en el que se entrelazan
tantos factores en uno y otro sentido, y las situaciones que concurren algunas veces
se pueden calificar como causas y otras como consecuencias de la crisis, se
pretenda formular una hipótesis consecuencial unidireccional, en cuya virtud la crisis
afecta el funcionamiento de la EPS y, consecuentemente se anula el poder decisorio,
lo que desemboca en tutelas y desacatos. Pero se obvia que, como agentes del
sistema, particularmente como interventor y directivos (o representantes) de la EPS
que maneja el mayor número de usuarios en el país, los accionantes tienen a su
cargo la toma de decisiones que también tienen incidencia en esa problemática
estructural, ya sea que aquellas contribuyan a superarla o a agudizarla. No
entenderlo así, es desconocer el papel activo que en la superación de la problemática
tiene el gobierno nacional, sin que en ello el juez de tutela pueda reemplazarlo
impartiendo órdenes que dejen en desprotección a los ciudadanos.

69.
Esa misma dispersión de elementos, y la imposibilidad de fijar una cadena causal
simple de cara a una situación estructural, determina que no se pueda admitir la
pretensión de fijar una suerte de regla general de exclusión de responsabilidad
respecto a los representantes de la nueva EPS, actuales representantes del
Gobierno Nacional que actúan en su nombre, pues ello desconocería que, aun
admitiendo que la crisis operativa y financiera puede mermar su margen de acción y
decisión, en el cumplimiento o no de una orden judicial pueden incidir elementos
distintos a esos. Y que, incluso existiendo esas limitaciones, en la entidad debe haber
una persona con potestades suficientes para tomar decisiones. Y en cada caso
corresponderá al juez del desacato evaluar si las razones que se presentan son
razonables y justifican el incumplimiento o no.

70.
Una medida general, sin un diagnóstico integral del problema estructural podría
generar distorsiones en el seguimiento, tener efectos indeseados que agudicen la
crisis, y afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de los pacientes. En el marco
de sus funciones como juez de tutela, la Subsección tiene acceso a la información
fragmentada que aportaron las partes y, con fundamento en aquella, no puede
adoptar una medida con la incidencia pretendida, pues una decisión de suspensión
general podría tener consecuencias negativas e imprevistas.

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71.
Un amparo como el deprecado, no puede partir de premisas generales y
abstractas, mucho menos de presunciones, como la falta de análisis del factor
subjetivo de responsabilidad en la totalidad de los incidentes de desacato en los que
se ha impuesto alguna sanción por parte de las autoridades judiciales, para
atribuirles la vulneración constitucional, en razón a que ello debe acreditarse.

72.
De permitirlo se fundamentaría el amparo en una suposición, consistente en que
los jueces de tutela no han valorado el aludido problema estructural en estos trámites
incidentales, a pesar de que estos deben decidirlo con base en los elementos
probatorios que se adosen al expediente; por ende, si la autoridad accionada allega
las pruebas que acrediten la imposibilidad de cumplimiento, esa situación deberá ser
abordada por el juez para adoptar una decisión, por lo que no es dable restringir su
autonomía para adoptar la determinación que considere corresponda y se ajuste a
derecho.

73.
Además, la parte actora fundamenta su reproche de inobservancia del problema
estructural por parte de los jueces, únicamente en los incidentes de desacato dentro
de los que se impusieron sanción, pero no hizo alusión a los que se abstuvo de
imponer algún correctivo o en los que eventualmente se haya levantado la sanción
impuesta, circunstancias que demostrarían que las autoridades judiciales deciden
este tipo de asuntos de conformidad con lo acreditado.

74.
Es decir, en la presente acción de tutela se presenta el listado de sanciones por
desacato que se han impuesto y sobre esa base se pretende que el juez de tutela
imparta a otros jueces constitucionales que se abstengan de sancionar, partiendo de
la premisa de que en todos los casos que se ha declarado el desacato es porque no
se valoró el elemento subjetivo, en particular la situación de la Nueva EPS y del
sistema de salud. Esa pretensión implicaría impartir una orden general y futura, a
partir de una muestra que ni siquiera se sabe si es significativa, pues ni siquiera se
mencionan las otras decisiones en las que los jueces se abstuvieron de sancionar o
revocaron sanciones o las inaplicaron. O incluso aquellas tutelas en las que no se
dio inicio a incidentes de desacato porque se cumplieron, sin necesidad de ello.

75.
De esa manera, ante la imposibilidad de derivar de la problemática estructural del
sistema de salud una merma absoluta en las potestades decisorias de los
representantes de la Nueva EPS y del Gobierno Nacional, no es viable impartir una
regla general que excluya su responsabilidad subjetiva en los incidentes de desacato
que cursen en su contra o se inicien, o se decrete la suspensión anticipada de las
sanciones que eventualmente les sean impuestas, todo en desmedro de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, que ven día a día aminoradas sus
garantías básicas en un escenario donde el debate técnico y financiero se ve
sacrificado por el discurso político, polarizante, que rehúsa asumir las propias
responsabilidades, lo que descarta, entre otros, que se abra la puerta en la que la

18

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rama judicial funja en tarea distinta de la de garantizar los derechos fundamentales
a la vida y salud de los afiliados y beneficiarios.

76.
Eso, por demás, resultaría ser un incentivo al incumplimiento y desnaturalizaría el
rol de los jueces de tutela en los desacatos, pues se fijaría una suerte de presunción
de imposibilidad de cumplir las órdenes.

(iii) La medida judicial de suspensión que se solicita no supera el test de
proporcionalidad.

77.
La Sala considera que aun obviando el análisis realizado en el acápite anterior, si
se considerara que efectivamente los representantes de la EPS se encuentran
absolutamente maniatados por cuenta de la crisis institucional para adoptar acciones
de cumplimiento, lo cierto es que la medida de suspensión que se solicita no supera
el test de proporcionalidad.

78.
Esta metodología ha sido acogida por la Corte Constitucional en el control
constitucional abstracto para evaluar medidas legislativas, y en algunas acciones de
tutela para adelantar el mismo ejercicio respecto a medidas administrativas. De cara
a la discusión que se plantea, el referido test brinda una estructura de análisis para
evaluar la medida judicial que se depreca, en el contexto de la tensión de derechos
que se puede dar entre los accionantes y los usuarios de la Nueva EPS que han
acudido a la acción de tutela y al incidente de desacato, para lograr la garantía de su
derecho a la salud. Sobre dicho test, la sentencia T-653 de 2017 indicó lo siguiente:

«(…) en reiterada jurisprudencia esta Corporación se ha referido a la proporcionalidad,
indicando que este es un criterio de interpretación constitucional que busca impedir
excesos o vicios en el ejercicio del poder público. También ha dicho que es un mecanismo
específico para la protección o la realización de los derechos y libertades individuales. En
este sentido, para que una restricción de los derechos fundamentales resulte razonable
debe superar el juicio de proporcionalidad y razonabilidad. Esto es, la restricción debe,
cuanto menos: “(i) perseguir un fin constitucionalmente imperioso; (ii) constituir un medio
adecuado e idóneo para alcanzarlo; (iii) ser necesaria, por no existir otro medio menos
lesivo con igual o similar eficacia para alcanzar el fin propuesto; y (iv) debe existir
proporcionalidad entre los costos y los beneficios constitucionales que se obtienen con la
aplicación de la medida”27».

79.
Sobre la medida, debe recordarse que los accionantes precisaron que lo que
buscan es “una intervención judicial estructural y preventiva, que permita suspender
la ejecución de medidas privativas de la libertad mientras se adopten correctivos
institucionales y se garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales
comprometidos”. La suspensión de las sanciones por desacato se solicita por el
término de un año.

27 Ver entre otras. Corte Constitucional, Sentencia C-246 de 2017.

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80.
Para los accionantes, la referida medida persigue un fin constitucionalmente
imperioso, como lo es la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, libertad, igualdad, honra, buen nombre y acceso a la administración de
justicia, que se han visto afectados por el número excesivo de sanciones respecto a
las cuales no les asiste una responsabilidad subjetiva por la imposibilidad de cumplir
que deriva de la crisis financiera y operativa que atraviesa el sistema de salud y la
Nueva EPS.

81.
Ahora, si bien esa suspensión determinaría que no se podrán ejecutar las
sanciones por desacato dentro del término de un año, y eso en apariencia resulta
ser un medio adecuado para alcanzar el fin, que es evitar la concreción de las
sanciones que -a juicio de los accionantes- afectan sus derechos; la idoneidad de
esa medida es apenas aparente si se toma en consideración que: (i) la suspensión
se orienta a no padecer los efectos adversos de las sanciones “mientras se adopten
correctivos institucionales”, pero si los accionantes ubican la génesis de la
vulneración en un problema estructural que lleva años, es irreal que en un año se
adopten tales correctivos en la institucionalidad, para superar la situación; (ii) ese
tipo de medidas se ha adoptado cuando el problema puede ser superado con planes
de acción concretos de la entidad, pero si para los accionantes la problemática es
ajena a su control no se podrá cumplir ese fin; y (iii) en ese contexto, la medida sólo
implicará que se difiera la ejecución de las sanciones y se alivie la presión respecto
a los cumplimientos, pero no redundará ni en el cumplimiento de la orden, ni en la
protección alegada, pues en últimas las multas y arrestos se mantendrán, sólo que
deberán cumplirse cuando se levante la suspensión, salvo que el juez del respectivo
desacato determine su inaplicación o revocatoria, en virtud del cumplimiento o de
otra circunstancia.

82.
Aunado a lo anterior, como se indicó al estudiar la relación causal entre el
problema estructural y los incumplimientos judiciales, la entidad no demostró que el
volumen acumulado de sanciones afecte de forma grave su capacidad operativa o
implique una merma absoluta en las potestades decisorias de sus representantes y
del Gobierno Nacional. Sin esa evidencia, la medida no puede considerarse idónea.

83.
En punto a la necesidad, el análisis se hará por cada uno de los derechos
invocados, a efectos de evidenciar que en algunos casos existen otros mecanismos
menos lesivos, y en otros ni siquiera es clara la estructuración de una vulneración de
derechos que demande la suspensión de la sanción.

84.
Así, respecto al derecho a la libertad, más allá de informarse sobre la existencia
de un gran número de providencias en que se han impuesto órdenes de arresto y
multas, situación que no es atípica en una entidad encargada de prestar un servicio
público, no se puso de presente la existencia de una privación de la libertad
prolongada, injustificada y desproporcionada, frente a la cual procedería el habeas
corpus; y tampoco una amenaza a ese derecho. Todo servidor público o particular,
respecto del cual proceda una acción de tutela está obligado constitucional y

20

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legalmente a cumplir las órdenes judiciales, máxime cuando se inicia un incidente de
desacato, de manera que la determinación de un juez de sancionar por desatender
el mandato de garantizar un derecho fundamental no puede calificarse -en forma
genérica- como una amenaza ilegitima a la libertad.

85.
La fuerza institucional es uno de los elementos que distingue a los ordenamientos
jurídicos de otro tipo de sistemas normativos. En la posibilidad de imponer sanciones
reposa parte de la efectividad de las decisiones judiciales. Y puntualmente en el
marco de las acciones de tutela, la necesidad de garantizar el cumplimiento
inmediato de las órdenes judiciales llevó al legislador a establecer dos sanciones,
que afectan derechos de vital importancia como son la libertad y la propiedad -
entendiendo la multa como una afectación al patrimonio-. No podría esperarse
menos cuando lo que se pone al otro lado de la balanza es la garantía de derechos
fundamentales.

86.
En cuanto al debido proceso, la supuesta vulneración se sustenta en que no
resultan razonables las sanciones impuestas, porque a pesar de que se configura el
factor objetivo de incumplimiento, no concurre el subjetivo, dado que no fue voluntad
de los accionantes no atender las órdenes de amparo, sino producto de la
imposibilidad material que ha generado el problema estructural en el sistema de
salud. Cabe anotar que, como se precisó en el acápite de delimitación del problema
jurídico, los accionantes indican que no se trata de que se examinen de manera
puntual las decisiones judiciales que impusieron las sanciones por desacato, es
decir, casos concretos, porque se desbordaría el objeto de esta acción, motivo por
el cual a la Sala se le imposibilita dilucidar lo referente suspender las sanciones
impuestas, por cuenta de la alegada falta de razonabilidad.

87.
En lo concerniente a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, se
indicó que el interventor ha visto perjudicado su desempeño en el ejercicio de sus
funciones como consecuencia de las sanciones por desacato cuya suspensión se
solicita, lo cual también ha incidido en su hoja de vida y en la de los demás
funcionarios, pues las sanciones de arresto se han interpretado como sanciones de
tipo penal, lo que ha generado publicaciones en medios de comunicación que afectan
su buen nombre y generan una mala percepción ante la comunidad. La suspensión
no evitará esto, pues la sanción se impondrá sin perjuicio de su ejecución. De
cualquier manera, las personas a las que se les impusieron las sanciones tenían
conocimiento que el asumir las funciones que ejercieron o ejercen en la Nueva EPS
conlleva un grado de responsabilidad, que involucra un riesgo reputacional.

88.
Por otro lado, se advierte que aunque los accionantes aluden al derecho de
acceso a la administración de justicia, no desplegaron argumentación alguna para
sustentar su presunta vulneración, por lo que frente a ese derecho ni siquiera se
sustentó la necesidad de la suspensión.

89.
De cualquier manera, la valoración de otras medidas menos restrictivas para los
derechos al acceso a la administración de justicia y la tutela judicial de los pacientes
21

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de la Nueva EPS, demandaría un monitoreo de indicadores relevantes, que no se
agotan en el registro de acciones de tutelas y sanciones por desacato, o en la
información fragmentada que se aportó en la demanda. Y en todo caso, ello
implicaría una suerte de seguimiento que escapa de las competencias de esta
Subsección.

90.
Por último, respecto a la proporcionalidad en sentido estricto la Sala considera
que la carencia de argumentos sólidos sobre la posibilidad real de afectación a los
derechos fundamentales invocados, como se denotó al estudiar la necesidad de la
medida, desaconseja que se sacrifique la posibilidad de que los jueces pueden
ejercer medidas coercitivas para hacer efectivo el derecho a la salud.

91. De acogerse la tesis de la parte actora, se les privaría a los usuarios de la
posibilidad de ejercer mecanismos judiciales efectivos para procurar la salvaguarda
de su derecho a la salud. Pues a pesar de que dicha garantía fundamental pudiera
ser objeto de amparo en una acción de tutela, esta quedaría sin la posibilidad de
exigirse con instrumentos coercitivos, al quedar vedada la posibilidad de ejecutar las
sanciones que eventualmente se impongan.

92. La Sala no desconoce que el eventual amparo no supondría un aval a que la EPS

deje de cumplir sus obligaciones legales, sino una suspensión de las sanciones, que
no anula las demás potestades con que cuenta el juez de tutela para lograr el
efectivo cumplimiento de sus órdenes de amparo constitucional. Sin perjuicio de ello,
se generaría una limitación a los mecanismos que el legislador contempló para
efectivizar los derechos fundamentales.

93. Por tanto, para la Sala no resulta proporcional esa suspensión y deshumanizaría
la prestación del servicio de salud, pues ello dejaría sin fuerza coercitiva el
cumplimiento de las órdenes de tutela. Situación que implicaría dejar sin elementos
de defensa a los usuarios de la Nueva EPS (quienes constituyen el mayor número
de afiliados al sistema de salud -22,49%28-), ante las falencias o irregularidades de
las que sean víctimas con ocasión de la prestación de los servicios de Salud.

94. En ese sentido, si bien existen alrededor de 7.500 sanciones contra los
accionantes, lo cierto es que ello pone en evidencia que existe alrededor del mismo
número de personas a quienes se le ha amparado su derecho a la salud, en sede
de tutela, y que al no obtener el cumplimiento de lo allí ordenado se han tramitado
los respectivos incidentes de desacato. Es decir, las 7.500 sanciones impuestas
equivalen a 7.500 incumplimientos de órdenes de tutela, que implica la falta de
materialización de la protección constitucional otorgada.

95. De las cifras presentadas también llama la atención que la parte accionante ponga

de presente sanciones que se han impuesto a través de providencias que son

28 Ver: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx.

22

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anteriores a 2025 y 2024, y respecto de las cuales -según su decir- se mantienen
vigentes, lo cual denota que a pesar del tiempo aún no se cumple la orden de tutela.

96. En ese panorama, la Subsección extraña en la demanda un ejercicio
argumentativo cualificado por parte de los accionantes, que resulta indispensable si
se tiene en cuenta que lo pretendido puede suponer el sacrificio o limitación excesiva
de garantías constitucionales en forma masiva, concretamente de los derechos de
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de los pacientes de la
Nueva EPS, así como de las prerrogativas constitucionales amparadas en los fallos
de tutela respecto a los cuales se pretende suspender las sanciones por desacato.

97. Como se indicó en líneas anteriores, los accionantes no acreditaron que la medida

comporte un beneficio cierto pues si la causa del problema es estructural y ajeno a
su control no resulta claro que la suspensión de sanciones sirva para adoptar
acciones de mejora durante el año que proponen. En cambio, la afectación a los
pacientes en la garantía de los derechos antes referenciados es una amenaza
latente, en el escenario de crisis que se presenta.

98. Conforme a lo expuesto, se concluye que la medida judicial de suspensión que

se solicita no supera el test de proporcionalidad, pues no es idónea, necesaria, ni
proporcional (en sentido estricto).

F. Del precedente judicial invocado

99.
Por último, la Subsección encuentra necesario pronunciarse sobre la referencia
que hace la parte actora de las sentencias T-1234 de 2008 y T-315 de 2020, como
si se tratara de precedentes para el caso. Al respecto indicó que en tales
providencias la Corte Constitucional reconoció la falla estructural que padece el
Sistema de General de Seguridad Social y su influencia en el cumplimiento de
órdenes de tutela. En consecuencia, ordenó la suspensión de las sanciones que
habían sido emitidas contra los funcionarios de las liquidadas Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal) y Coomeva, respectivamente, dado que el desacato fue
producto de dicha falla, mas no de la voluntad de los sancionados.

100.
La Sala advierte que los aludidos pronunciamientos constitucionales no
constituyen un criterio vinculante y obligatorio, que imponga tener en cuenta lo allí
considerado para zanjar el presente asunto. En primer lugar, se dictaron en trámites
de tutela, por lo que producen efectos inter-partes29. Y, en segundo lugar, abordaron
supuestos fácticos que difieren sustancialmente de los aquí planteados, como se
expone a continuación.

101.
En la sentencia T-1234 de 2008, si bien se accedió al amparo reclamado en
ese asunto, lo cierto es que no se ordenó la suspensión de las sanciones impuestas

29 De conformidad con el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, “Las decisiones judiciales adoptadas

en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo
constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”.
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en los incidentes de desacato, que es lo que pretende la parte actora en estas
diligencias, pues se dispuso que lo allí expuesto, referente al estado de cosas
inconstitucional que había sido declarado por la Corte Constitucional en Cajanal, se
tuviera en cuenta por los jueces de tutela al momento de decidir incidentes de
desacato, cuyo cumplimiento de la orden de amparo pudiere verse afectado por esa
circunstancia. Asimismo, ordenó al entonces gerente general de Cajanal que
presentara un plan concreto de acción, encaminado obtener un panorama de la
situación, así como la adopción de medidas concretas para superar gradualmente el
atraso advertido en la contestación de peticiones.

102.
En ese sentido, es importante señalar que esa providencia decidió solicitudes
de amparo que fueron instauradas con el fin de atacar sanciones impuestas en
diferentes trámites de tutela al gerente de Cajanal, sin embargo, frente a estas no se
adoptó una decisión de fondo. Dos de estas tutelas carecían de falta de legitimación
en la causa por activa30, en otra no se impuso sanción alguna, en otras dos, dichas
sanciones habían sido levantadas, por lo que se configuraba un hecho superado, y
en la restante no se había surtido el grado jurisdiccional de consulta cuando se
promovió la respectiva acción de tutela. Además, las sanciones recaían sobre el
máximo representante de la entidad, mientras que en este asunto se dirigieron contra
el interventor del ente y otros funcionarios.

103.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional decidió abordar el estudio del
asunto, porque involucraba una situación global y la pretensión tenía por objeto
obtener un pronunciamiento más amplio y que, de manera general, se protegieran
los derechos del tutelante frente a una situación irregular que existía en Cajanal y
que desbordaba su capacidad como individuo y como funcionario para hacerle frente.

104.
No obstante, como se anotó en precedencia, el asunto estaba relacionado con
el estado de cosas inconstitucional declarado en 1998 por la Corte Constitucional en
Cajanal, que persistía para la época de la presentación de esas tutelas, lo cual no se
evidencia en este asunto. Además, las órdenes de tutela estaban relacionadas con
amparos al derecho de petición, con ocasión a la falta de respuesta a solicitudes
presentadas por los usuarios en materia pensional. Situación que difiere de la aquí
tratada, pues las acciones constitucionales versan sobre el derecho de la salud. El
entonces Cajanal tenía la función de atender lo relacionado con reclamaciones en
material pensional, mientras que el objeto de la Nueva EPS es prestar servicios de
salud.

105.
En el fallo de tutela T-315 de 2020, se abordó un caso en el que si bien fue
promovida la acción por una funcionaria de una EPS (Coomeva), la situación fáctica
de ella, respecto de los aquí accionantes es disímil. Ella era la gerente y
representante legal de esa EPS y fue privada de la libertad, con ocasión de las
sanciones de arresto impuestas en diferentes incidentes de desacato, y el origen del
debate constitucional se suscitó por ese hecho y porque se le negó un hábeas

30 Las sanciones de desacato allí controvertidas no fueron impuestas contra quien obraba como accionante.

24

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corpus, encaminado a que se dispusiera su libertad inmediata, es decir, la tutela se
dirigió contra una decisión judicial, para cuyo estudio se invocaron las causales
específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial de defectos
sustantivo y fáctico y desconocimiento del precedente judicial, las cuales no se
hallaron probadas.

106.
En este caso no se señaló que sobre el interventor o alguno de los funcionarios,
se hubieren hecho efectivas las medidas administrativas de arresto que le fueron
impuestas en su contra, ni que alguno de ellos ejerciera acciones de habeas corpus,
y se controvirtieran decisiones judiciales de esa naturaleza.

107.
No obstante, en la sentencia se hicieron unas apreciaciones referentes al
problema estructural alegado, que es similar al aquí abordado, en el sentido de
reconocer dicha falencia. Sin embargo, la Corte Constitucional centró su análisis en
indicar que la materialización de las medidas de arresto que le habían sido impuestas
a la representante legal de Coomeva EPS, además de agravar dicho problema,
desconoce la diligencia y buena fe de su actuar como directiva de la entidad, lo cual
impedía que ejecutara acciones tendientes a acatar las órdenes de amparo.
Consideraciones que, aunque podrían acogerse las alusivas a la falla estructural que
padecen en la actualidad las EPS’s, lo cierto es que la razón para conceder el amparo
fue la efectiva privación de la libertad de la representante legal de la entidad y la
negativa del habeas corpus, lo cual determinó una prolongación indefinida de la
privación de la libertad, circunstancias que no se avienen a este caso.

108.
Además, tanto en la sentencia T-1234 de 2008 como en la T-315 de 2020 un
elemento determinante es que las sanciones recaían sobre el máximo representante
de la entidad, lo cual implicaba que la privación de la libertad, en especial en el
segundo caso que se prolongó indefinidamente, podía afectar los cumplimientos
pues ello imposibilitaba tomar las acciones necesarias para ello. Situación que dista
de la estudiada, en la que se han designado a varios responsables. Tampoco se
expone cómo se compagina ese razonamiento con la imposición de multas, que pese
al carácter sancionatorio no suponen una limitación de la libertad y locomoción.

109.
Como aspecto adicional, debe precisarse que las decisiones adoptadas esas
dos providencias, por parte de la Corte Constitucional, respondieron a circunstancias
particulares de cada caso. No se trató de reglas de aplicación general, sino de
medidas específicas orientadas a resolver un contexto fáctico delimitado. En tal
sentido, no existe un precedente vinculante que autorice la suspensión masiva de
sanciones, sino únicamente la constatación de hechos particulares que justificaron
decisiones excepcionales.

110.
De igual modo, los accionantes indicaron que el 30 de enero de 2025 la Sección
Quinta de esta corporación zanjó una acción de tutela 31 con similares supuestos

31 Expediente 11001-03-15-000-2024-04475-00, C. P. Gloria María Gómez Montoya.

25

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fácticos a la de la referencia, en la que accedió al amparo reclamado y, por tanto,
suspendió la ejecución de las sanciones de desacato de la que fueron objeto los
representantes de la EPS Emssanar.

111.
No obstante, esa sentencia, además de ser dictada en sede de tutela como se
anotó con antelación y tener efectos inter-partes, fue objeto de impugnación, la cual
se encuentra en trámite32, es decir, es una decisión judicial que no se encuentra
ejecutoriada. Adicionalmente, pese a que fue proferida por esta corporación, no la
dictó esta Subsección, por tanto, el criterio allí planteado no la ata a definir la litis en
el mismo sentido. Aunado a que en esta providencia se presentan las razones para
apartarse de esa postura.

112.
Así las cosas, no se advierte la existencia de algún precedente que imponga a
esta Sala adoptar una decisión en uno u otro sentido.

113.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Superintendencia Nacional de Salud, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-.

SEGUNDO: NEGAR la protección constitucional reclamada en acción de tutela de
la referencia, en atención a las consideraciones planteadas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE33
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

32 Consultada la herramienta electrónica Samai, fue asignado por reparto al despacho a cargo de la consejera

de Estado Elizabeth Becerra Cornejo e ingresó el expediente al despacho el 20 de mayo de 2025.
33 VF

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Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

27

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