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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03824-00

Fecha
25 de julio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03824-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, por las razones explicadas en la providencia, la acción de tutela formulada por Ana Fatiniza Guerra Cañas contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil, dentro del radicado No 68679333300220180029100/01. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03824-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

25 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03824-00
Accionante: ANA FATINIZA GUERRA CAÑAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia // improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ANTECEDENTES
Escrito de tutela

1. La actora formuló medio de amparo de tutela contra el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander,
autoridades judiciales que profirieron, respectivamente los fallos de 4 de noviembre
de 2024, y 21 de febrero de 2025, dentro del proceso de reparación directa,
promovido por la actora contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, dentro
del proceso radicado con número: 686793333002-2018-00291-00. Con el fin de
facilitar la comprensión de los antecedentes, se explicará el desarrollo del proceso
ordinario y posteriormente los fundamentos del escrito de tutela.

Del proceso de reparación directa 686793333002-2018-00291-00

2. La demandante manifestó que inició proceso de reparación directa contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, puesto que, en su criterio, era víctima de
acoso laboral en el centro agroturístico de San Gil. Indicó que ocupaba el cargo de
profesional grado 12 en la mencionada entidad desde su posesión, la cual ocurrió
mediante resolución 0076 de 29 de noviembre de 2012. La tutelante fue designada
coordinadora misional de las áreas de agencia pública de empleo, certificación de
competencias laborales, acreditación y autoevaluación. En su opinión, el clima
laboral, y la carga de trabajo afectaron negativamente su salud.

3. En su momento, la demandante solicitó a la subdirectora de contratación del
SENA la creación y contratación de persona que apoyara al área, pues se
encontraba sobrecargada. Sin precisar la fecha, indicó que, la subdirectora del
Sena-San Gil, le solicitó la entrega del cargo de coordinación misional. “Al existir un
incremento en su carga laboral, requería más tiempo para la entrega del puesto de
trabajo a lo que la subdirectora se negó”. Esa situación generó problemas de salud
en la actora, y una incapacidad médica de 10 días. Denunció que, desde ese
momento, la actitud de la subdirectora fue hostil, al punto que, en público, la
tutelante recibió regaños y fue aislada de su área laboral.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03924-00
Accionante: Ana Fatiniza Guerra Cañas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

4. Lo anterior llevó a que, profesionales de la EPS a la que se encuentra afiliada,
diagnosticaran episodios depresivos y trastorno de adaptación, enfermedades de
origen laboral. En el escrito de tutela indicó que fue víctima de agresiones verbales,
todo lo cual, llevó a que la ARL concluyera que la actora tuvo una enfermedad
laboral derivada del estrés laboral al que había sido sometida por la subdirectora
del Sena.

5. Lo anterior motivó que ejerciera el medio de control de reparación directa. El
proceso correspondió al Juzgado segundo administrativo de San Gil, autoridad
judicial que en fallo concluyó que, conforme al material probatorio, no existió prueba
del daño consistente en las prácticas de acoso laboral contra la actora.

6. La decisión fue apelada, y el Tribunal Administrativo de Santander confirmó
la decisión de primera instancia. Dicha autoridad judicial concluyó que no existía
prueba respecto que las patologías de la actora fueran derivadas de la situación de
supuesto acoso laboral.

Del escrito de tutela

7. La actora sostuvo que las decisiones judiciales incurrieron en los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
constitución. Respecto del defecto fáctico manifestó que las decisiones no tuvieron
en cuenta que el SENA no activó oportunamente el Comité de Convivencia Laboral,
y que la persona señalada de incurrir en prácticas de acoso laboral continuó en el
ejercicio de su cargo. Además, ese órgano no atendió los testimonios de otros
empleados del Sena que indicaron la situación de acoso que sufrió la actora.

8. además, reprochó que el tribunal no tuvo en cuenta que antes de la situación
de acoso la actora nunca había tenido que asistir a citas con especialistas en salud
mental, pero después de eso, continúa en tratamiento médico por la situación de
estrés laboral. Adujo que uno de los medios de prueba que reposa en el expediente
es el de la persona señalada de la situación de acoso y consideró que debía “darle
mayor trascendencia al testimonio rendido por la misma acosadora”. Igualmente
solicitó que se tuviera en cuenta la determinación de la ARL conforme a la cual, la
enfermedad era de origen laboral. También echó de menos que no le dieron mayor
importancia al testimonio de la demandante y su esposo.

9. A su vez, la tutelante indicó que el tribunal accionado incurrió en un error “de
derecho por omisión”, al no aplicar normas constitucionales para proteger la verdad
material y la efectividad del derecho sustancial. Reclamó que “dado que la prueba
reina de la determinación del origen y de la PCL fue desestimada,
desprotegiéndoseme de manera flagrante”.

10. Solicitó que se incorporara una perspectiva de género en el caso, y que
debido a su situación de trabajadora “se encuentra en una situación de especial
vulnerabilidad por la condición de subordinación” y por el impacto de diferencias de
las conductas sufridas.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03924-00
Accionante: Ana Fatiniza Guerra Cañas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Trámite de la tutela

11. Una vez admitida, se vincularon a las autoridades accionadas y a los terceros
con interés. Se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al
Servicio Nacional de Aprendizaje.

12. Dentro del término legal, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
San Gil1 intervino para remitir el enlace digital del expediente ordinario, y para indicar
que, en las providencias cuestionadas no se evidencia vulneración alguna al
derecho al debido proceso pues fueron adecuadamente motivadas conforme las
pruebas contenidas en el expediente.

13. La magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, ponente de la
providencia cuestionada, intervino con el fin de solicitar se declare improcedente el
amparo o en su defecto, se deniegue el amparo, pues no es cierto que la providencia
haya vulnerado los derechos fundamentales de la actora. Respecto a la
improcedencia solicitó se declare por falta de relevancia constitucional pues se
ejerce la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
Adicionalmente argumentó que la decisión atacada se fundamentó en la
normatividad y jurisprudencia aplicable, así como el análisis de todas las pruebas
contenidas en el expediente.

CONSIDERACIONES
Competencia

14. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos

15. Corresponde resolver dos problemas jurídicos. En primer lugar, verificar si la
acción de tutela es formalmente procedente, esto es si se satisfacen las causales
genéricas de procedencia. En segundo lugar, debe constatar si las decisiones
judiciales adolecen de los yerros alegados por la tutelante.

16. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos se adoptará la
siguiente ruta metodológica. Inicialmente, se reiterará el precedente sobre
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y se resolverá en
el caso concreto, si se satisfacen los requisitos.

Causales genéricas de procedencia de la acción de tutela

17. La jurisprudencia constitucional ha indicado que toda acción de tutela que se
dirija contra una decisión judicial debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por
activa y por pasiva, 2) relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5)
irregularidad procesal decisiva, 6) identificación razonable de los hechos

1 Índice Samai 8.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03924-00
Accionante: Ana Fatiniza Guerra Cañas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de tutela, de
constitucionalidad, de nulidad por inconstitucionalidad2 o interpretativas SENIT3.

18. Respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte4 ha indicado que
existen peticiones de amparo que por su contenido, justificación y pretensiones
carecen de relevancia. Esto se predica de aquellas peticiones de amparo que, en
lugar de cuestionar la validez de la decisión judicial, utilizan el medio constitucional
para plantear diferencias respecto a un específico contenido de un fallo o
interpretaciones alternativas al material probatorio, pero en realidad no muestran
que la decisión adolezca de un requisito esencial para su validez. Se afirma que en
esos eventos acude a la acción de tutela como una tercera instancia.

19. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”.

20. La Sentencia SU-128 de 2021 precisó que no es suficiente con que la parte
actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título
de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales”.

21. Las providencias de unificación citadas han indicado que el juez de tutela
debe declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para
desarrollar la constitución política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y,
(iii) que no se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales

22. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.

23. Respecto al requisito de relevancia constitucional, como se acaba de indicar,
la Corte Constitucional ha explicado que5 el mismo reviste especial importancia
cuando se trata de una censura constitucional a una providencia judicial, pues la
acción de tutela no puede utilizarse para plantear una disconformidad con el fallo

2
Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre
otras.
3
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2024 y SU-388 de 2023.
4
Corte Constitucional, Sentencias SU-033 de 2018, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
5
Corte Constitucional SU-215 de 2022 (M.P. Natalia Ángel Cabo): “(…) esta Corporación ha indicado
que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la
sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada”. (negrillas agregadas
por la sala)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03924-00
Accionante: Ana Fatiniza Guerra Cañas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

atacado, y en esa medida se use como tercera instancia para mostrar una
interpretación probatoria alternativa.

24. En el asunto de la referencia, para esta Sala el escrito de tutela no plantea
un debate constitucional que muestre una contradicción ostensible entre la decisión
atacada y una norma constitucional. La tutelante plantea que la decisión
cuestionada no aplicó su propia interpretación de las pruebas judiciales prácticas
dentro del proceso ordinario. Se trata de un escrito que presenta reproches sobre
interpretaciones subjetivas a las pruebas contenidas en el expediente. No presenta
un reparo constitucional que muestre la vulneración de derechos fundamentales,
sino que sus argumentos fueron discutidos dentro de las dos instancias del proceso
de tutela.

25. Se plantea reparos respecto a lo que, a juicio de la actora, debió ser el sentido
del fallo, es decir, se trata de una acción de tutela que busca reabrir el debate
procesal que se surtió a lo largo del proceso contencioso administrativo y muestra
la discrepancia de la actora con la decisión censurada, más no muestra un yerro
que afecte su validez.

26. En conclusión, para esta Subsección, la acción de tutela; (i) se utilizó como
una tercera instancia para proponer una interpretación alternativa a la plasmada en
la providencia atacada, y (iii) no mostró de manera ostensible una arbitrariedad que
afecte la validez de la decisión judicial cuestionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, por las razones explicadas en la
providencia, la acción de tutela formulada por Ana Fatiniza Guerra Cañas contra el
Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de San Gil, dentro del radicado No 68679333300220180029100/01.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
AUSENTE CON PERMISO

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03924-00
Accionante: Ana Fatiniza Guerra Cañas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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