Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02696-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02696-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02696-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02696-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
otros.
Temas: Impugnación. Tutela contra entidad promotora de Salud y auto
que decide incidente de desacato. Tratamiento integral de
enfermedades.
Decisión: Confirma parcialmente la sentencia de primera instancia.
La Sala de cide la impugnación presentada por Gloria Sthefanie González Vanegas
a través de agente oficioso contra la Sentencia de 26 de junio de 2026 de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 9 de abril de 2026, Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente
oficioso presentó una acción de tutela en contra de las Subsecciones A y B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado; de la Sección Quinta de la misma
corporación; del Juzgado 2º Civil Municipal de Palmira; del Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca; del Consejo Superior de la Judicatura; de la E.P.S
Emssanar SAS; de la Superintendencia Nacional de Salud; de la ADRES; del
Ministerio de Salud y Protección Social; de las Secretarías de Salud del Valle del
Cauca y de Palmira; y de las IPS Strategos Medical Solución S.A.S, Welli Colombia
S.A.S., Ensalud Colombia SAS, Droguería Ensalud Colombia S.A.S y Fundación
Especializada en Desarrollo Infantil, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la salud, vida digna, seguridad social, el interés superior del menor,
protección de personas con discapacidad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
2. A título de amparo constitucional, solicitó dejar sin efectos los Autos No 265
del 10 de febrero de 2026 y No 506 del 20 de febrero de 2026, proferidos por el
Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira dentro del incidente de desacato promovido
dentro de la acción de tutela con radicado No 765204-003-002-2009-00269-00/01.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante
manifestó que desde su nacimiento fue diagnosticada con parálisis cerebral
espástica, gastrostomía, epilepsia, desnutrición proteinocalórica severa,
microcefalia, traqueostomía, movilidad reducida, dependencia funcional total e
incontinencia urinaria y fecal.
4. Mediante Sentencia No 0101 del 5 de mayo de 2009, el Juzgado 2 Civil
Municipal de Palmira amparó sus derechos fundamentales a la seguridad social, la
salud, la vida, la integridad física y la dignidad humana. En consecuencia, ordenó a
E.P.S Emssanar suministrar los alimentos complementarios, los insumos y
medicamentos formulados por el médico tratante1, así como el servicio de
ambulancia para las citas médicas que requirieran desplazamiento. La decisión fue
confirmada por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Palmira mediante Sentencia No 32
del 19 de junio de 2009.
5. Ante los reiterados incumplimientos atribuidos a la E.P.S Emssanar, la
accionante promovió un incidente de desacato dentro del expediente No. 76-520-
40-03-002-2009-00269-12 ante el Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira. Mediante
Auto No. 858 del 6 de marzo de 2025, dicho despacho concluyó que se encontraba
acreditado el incumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de tutela y,
en consecuencia, sancionó al representante legal de esa entidad. No obstante, la
ejecución de las sanciones impuestas fue suspendida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de enero de 2025, proferida dentro
del radicado No. 11001-03-15-000-2024-04475-002.
6. La accionante presentó una acción de tutela contra la providencia judicial
proferida por la Sección Quinta, con el fin de obtener la inaplicación por
inconstitucionalidad de la orden impartida. El conocimiento de dicha solicitud le
correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado3, que
mediante Sentencia del 17 de octubre de 2025 la declaró improcedente. Esta
decisión fue confirmada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante Sentencia del 9 de diciembre de 2025. En esta última providencia
se indicó que el incidente de desacato constituía el mecanismo idóneo para
reclamar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la acción de tutela frente a
los alegados incumplimientos por parte de la E.P.S e IPS involucradas.
7. El 27 de enero de 2026, la accionante interpuso un nuevo incidente de
desacato ante el Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira, con fundamento en
presuntos incumplimientos de las ordenes impartidas en la sentencia de tutela no
0101 de 2009, registrados desde el año 2024. Mediante Auto No 265 del 10 de
febrero de 2026 el Juzgado decidió no dar trámite el incidente de desacato al
1 La sentencia fue confirmada por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Palmira mediante sentencia No 32 del 19
de junio de 2009.
2 La E.P.S Emssanar y sus directivos promovieron acción de tutela alegando irregularidades en los incidentes
de desacato. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de enero de 2025 con
radicado No 11001-03-15-000-2024-04475-00, suspendió por el terminó de 1 año la ejecución de las sanciones
de multa y arresto por desacato impuestas en el tramite incidental en contra de 16 directivos de Emssanar.
3 Con radicado No 11001-03-15-000-2025-05307-00/01
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
considerar que la Sentencia no había reconocido un tratamiento integral
respecto de las patologías que sufría la accionante.
8. Frente a la anterior decisión, la accionante presentó recurso de reposición y
sostuvo que: (i) las órdenes impartidas en la Sentencia No 0101 de 2009 no estaban
sujetas a un límite temporal; (ii) la decisión desconocía los principios de continuidad
y confianza legítima; (iii) las prescripciones médicas expedidas en los años 2024 y
2025 no constituían hechos nuevos; (iv) el juez conserva su competencia hasta
tanto se encuentren plenamente restablecidos los derechos amparados; (v) exigir
una nueva tutela respecto de la misma patología crónica constituía una barrera de
acceso a la administración de justicia.
9. Mediante Auto No 506 del 20 de febrero de 2026, el Juzgado decidió no
reponer su decisión. Sostuvo que la Sentencia No 0101 de 2009 no había
reconocido un tratamiento integral respecto de ninguna de las patologías y añadió
que los incidentes tramitados con anterioridad obedecieron a una interpretación
errónea del despacho, circunstancia que no obligaba a mantener dicho criterio.
10. Finalmente, la accionante señaló que promovió una solicitud de vigilancia
judicial administrativa ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca. Mediante Auto No 105 del 25 de febrero de 2026, dicha autoridad se abstuvo
de iniciar el trámite correspondiente al concluir que el Juzgado había actuado dentro
de los términos legales y en ejercicio de su autonomía judicial al considerar las
nuevas órdenes médicas como "hechos sobrevinientes”.
11. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que los autos No 265 del
10 de febrero y 506 del 20 de febrero de 2026 proferidos por el Juzgado 2 Civil
Municipal de Palmira incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente. Señaló que el despacho efectuó una interpretación restrictiva del
alcance de la sentencia No 0101 de 2009, al desconocer los principios de
integralidad y continuidad en la prestación del servicio de salud, así como el carácter
de tracto sucesivo de las órdenes impartidas en sede de tutela para patologías
crónicas y condiciones de discapacidad severa.
12. Asimismo, sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en un
defecto procedimental absoluto, toda vez que negaron la apertura del incidente de
desacato pese a los incumplimientos reiterados. Añadió que el juzgado omitió
valorar integralmente el material probatorio aportado y se apartó del trámite
legalmente previsto para este tipo de actuaciones.
13. Igualmente, alegó que existió una violación directa de la constitución,
particularmente de los artículos 2, 11, 13, 29, 48, 49 y 229 de la Constitución.
Sostuvo que desconoció el principio de confianza legitima, debido a que durante 17
años el mismo despacho judicial tramitó incidentes de desacato relacionados con el
cumplimiento de la Sentencia No 0101 de 2009. Finalmente, afirmó que se produjo
un bloqueo institucional, en la medida en que la acción de tutela fue rechazada por
considerarse que el mecanismo idóneo era el incidente de desacato, mientras que
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
este último fue descartado a partir de una interpretación restrictiva del alcance
de la sentencia de amparo.
14. Finalmente, la accionante sostuvo que las decisiones proferidas por las
Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante las
cuales se declaró la improcedencia de la acción de tutela promovida contra la
sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado con radicado No 110010-
315-000-2024-04475-00, habrían sido utilizadas por las entidades encargadas de
prestarle los servicios de salud como justificación para continuar incumpliendo las
órdenes que reclaman en su favor. Lo anterior, porque dicha providencia suspendió
la ejecución de las sanciones impuestas dentro de los incidentes de desacato
adelantados contra funcionarios de E.P.S. Emssanar.
Intervenciones4
15. El ADRES solicitó ser desvinculado por falta de legitimación en la causa.
Indicó que no presta servicios médicos ni garantiza directamente la atención
requerida por los usuarios, por lo que no ha desplegado ninguna conducta que
pueda vulnerar derechos fundamentales.
16. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca manifestó que a E.P.S
Emssanar le corresponde garantizar de manera integral, continua y oportuna los
servicios, medicamentos, insumos y procedimientos requeridos. Asimismo, sostuvo
que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, por lo que
solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
17. La Secretaría de Salud de Palmira indicó que no tiene la facultad legal ni
administrativa para ordenar el suministro de medicamentos e insumos a pacientes
afiliados a E.P.S, por lo que solicito su desvinculación por falta de legitimación en la
causa.
18. La Subsección B de la Sección Tercera se pronunció acerca de la sentencia
que confirmó la improcedencia de una acción de tutela previa y señaló que la
accionante cuestionaba que no se hubiera valorado adecuadamente su condición
de vulnerabilidad ni la necesidad de garantizar la continuidad de su tratamiento
médico. Sostuvo que dicha providencia aplicó los criterios establecidos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, según los cuales la procedencia
excepcional de una tutela contra otra tutela exige acreditar la existencia de una cosa
juzgada fraudulenta, el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia y
la inexistencia de otros mecanismos eficaces de defensa judicial. Precisó que
ninguno de estos presupuestos fue alegado ni demostrado por la accionante.
4 Mediante Auto de 20 de agosto de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela en contra de las
Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; la Sección Quinta de la misma corporación;
el Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira; el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el Consejo
Superior de la Judicatura; la E.P.S Emssanar S.A.S, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES, el
Ministerio de Salu y Protección Social, las Secretarias de Salud del Valle del Cauca y Palmira, y las IPS
Strategos Medical, Welli Colombia S.A.S, Ensalud Colombia S.A.S, Droguería Ensalud Colombia S.A.S y
Fundación Especializada en Desarrollo Infantil.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
19. Finalmente, resaltó que el control constitucional de las providencias
proferidas por las altas cortes tiene un carácter absolutamente excepcional y
requiere acreditar una actuación arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
Señaló que en el presente asunto no se acreditó la existencia de una actuación
arbitraria ni de alguna de las causales que excepcionalmente habilitan la
intervención del juez constitucional. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente la acción constitucional y, subsidiariamente, negar las pretensiones
por carecer de sustento jurídico y fáctico suficiente.
20. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira – Valle5 hizo un recuento de
las actuaciones realizadas por la accionante respecto de la sentencia del 5 de mayo
de 2009 en donde esa entidad amparó los derechos fundamentales de la accionante
y ordenó a E.P.S Emssanar suministrar alimentos complementarios, insumos,
medicamentos prescritos en ese momento y servicio de ambulancia para terapias y
exámenes, conforme a lo indicado por el médico tratante.
21. Respecto del incidente de desacato promovido en 2026 indicó que la
accionante alegó incumplimientos relacionados con órdenes médicas expedidas en
los años 2024 y 2025. Señaló que el despacho consideró que dichas prescripciones
correspondían a hechos sobrevinientes que no estaban amparados por la sentencia
de 2009, razón por la cual decidió abstenerse de tramitar el incidente.
22. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca indicó que la
competencia de intervención de los Consejos Seccionales de la Judicatura al interior
de un proceso judicial se limita a verificar el cumplimiento de tiempos procesales y
el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, sin que puedan
pronunciarse sobre el contenido de las decisiones judiciales adoptadas en dichos
trámites. En ese sentido, precisó que carecen de facultades para cuestionar o
modificar las determinaciones del Juez dentro de su órbita judicial.
23. Asimismo, señaló que la acción de tutela no está llamada a prosperar
respecto de esa corporación, pues no participó en la adopción de las decisiones
judiciales cuestionadas ni tiene competencia para modificarlas o dejarlas sin
efectos.
24. E.P.S Emssanar manifestó que las órdenes médicas expedidas en los años
2024 y 2025 son extemporáneas, lo que impide su exigibilidad actual por razones
de seguridad y pertinencia clínica. No obstante, señaló que ha autorizado aquellas
prescripciones que se encuentran vigentes.
25. Indicó que ha garantizado la prestación de los servicios de salud requeridos
por la accionante, y que además, esta cuenta con 2 sentencias de tutela que
ordenan su tratamiento integral. Se refirió, concretamente, a la Sentencia T- 093 de
5 Envió el enlace para consulta de la acción de tutela con radicado No 765204-003-002-2009-00269-00 y el
incidente de desacato 765204-003-002-2009-00269-12.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
fecha 28 de junio de 2019, proferida por el Juzgado 1 Penal Municipal con
funciones de conocimiento de Palmira dentro del radicado 76-520-40-09-001-2019-
00179-00 y a la Sentencia No 014 de 25 de enero de 2023 del Juzgado 1 de
pequeñas causas y competencias múltiples bajo radicado No 76520-41-89-001-
2023-00019-00. Con fundamento en dichas decisiones, sostuvo que podría
configurarse una situación de cosa juzgada respecto de las pretensiones
relacionadas con el tratamiento integral. Por lo anterior solicitó negar el amparo al
considerar que la E.P.S no ha vulnerado derechos fundamentales y, en
consecuencia, exonerar a E.P.S Emssanar de cualquier responsabilidad. Asimismo,
solicitó declarar improcedente la solicitud relacionada con el reconocimiento de
tratamiento integral.
26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que
la accionante no acreditó que la sentencia del 17 de octubre de 2025 hubiera sido
producto de una actuación fraudulenta. Asimismo, sostuvo que el escrito de tutela
se limita a mencionar dicha sentencia de tutela y a formular un reproche general
frente a las decisiones judiciales adoptadas dentro del trámite, sin estructurar una
causal especifica de procedencia que se dirija concretamente al fallo de 17 de
octubre de 2025.
27. Asimismo, resaltó que la pretensión principal de la accionante consiste en
dejar sin efectos los Autos 265 y 506 de 2026 proferidos por el Juzgado 2 Civil
Municipal de Palmira, dentro del incidente de desacato promovido con ocasión del
presunto incumplimiento de la Sentencia de tutela emitida por ese mismo despacho
el 5 de mayo de 2009.
28. El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que carecía de legitimación
en la causa por pasiva al no ser parte de la rama judicial no tendría competencia
para intervenir en las decisiones proferidas por los despachos judiciales.
29. La IPS Ensalud indicó que a la accionante se le han realizado las entregas
de los medicamentos solicitados dentro de los tiempos establecidos, adjuntando las
actas de entrega que evidencian el cumplimiento de la dispensación. Por lo anterior
solicitó ordenar su desvinculación.
30. El Consejo Superior de la Judicatura manifestó que carece de legitimación
en la causa, al no tener atribución legal para darle trámite a las solicitudes de
vigilancia administrativa.
31. La Sección Quinta del Consejo de Estado, la Superintendencia Nacional de
Salud, la ADRES, la IPS Strategos Medical, Welli Colombia S.A.S, y la Fundación
Especializada en Desarrollo Infantil no se pronunciaron.
Sentencia impugnada
32. Mediante Sentencia de 29 de junio de 2026, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela.
Asimismo, exhortó a la E.P.S Emssanar y a las instituciones de salud vinculadas al
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
presente trámite para que se abstuvieran de imponer barreras que
obstaculizaran el acceso de la accionante a los servicios de salud requeridos.
33. Respecto a los reproches dirigidos contra la sección Quinta del Consejo de
Estado, señaló que ya habían sido analizados en una acción de tutela anterior
respecto de la cual existían decisiones ejecutoriadas. Por ello, concluyó que
operaba la cosa juzgada constitucional y que no era posible reabrir el debate
mediante una nueva acción de tutela.
34. Frente a las críticas dirigidas contra el Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira,
relacionadas con la negativa a dar trámite al incidente de desacato, indicó que no
satisfacían el requisito de relevancia constitucional. La Sala consideró que la
accionante pretendía reabrir una discusión jurídica relativa al alcance de la
sentencia de 2009, convirtiendo la tutela en una instancia adicional para controvertir
una decisión judicial.
35. Asimismo, en relación con la E.P.S Emssanar y las IPS vinculadas al
trámite, la Sala concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad. Destacó
que existen sentencias de tutela en los años 2019 y 2023 mediante las cuales se
reconoció a favor de la accionante un tratamiento integral para sus patologías. En
consecuencia, cualquier controversia relacionada a su cumplimiento debía
tramitarse mediante un desacato.
36. Finalmente, frente a los cuestionamientos formulados contra las sentencias
de tutela proferidas por las subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, la Sala concluyó que no se acreditó la existencia de una cosa juzgada
fraudulenta, presupuesto indispensable para la procedencia excepcional de una
acción de tutela contra otra tutela.
Impugnación
37. El accionante sostiene que la sentencia generó un vacío de protección
efectiva frente a una persona en condición de discapacidad severa y con múltiples
patologías, cuya situación exige una protección reforzada. Afirmó que la remisión
reiterada a diferentes incidentes de desacato ha producido un círculo de
desprotección que impide garantizar de manera efectiva la continuidad de los
tratamientos médicos, medicamentos e insumos que requiere la accionante.
38. Argumentó que la decisión dio prevalencia al formalismo procesal sobre la
protección material de los derechos fundamentales, desconociendo la
jurisprudencia constitucional que permite flexibilizar los requisitos de procedencia
de la tutela cuando existe riesgo de perjuicio irremediable o cuando se somete al
accionante a un peregrinaje judicial injustificado. También cuestionó la
interpretación adoptada por el Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira respecto del
alcance de una orden emitida en 2009, señalando que durante años fue entendida
como una orden de tracto sucesivo y que el cambio de criterio vulnera la confianza
legitima.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
39. Asimismo, manifiesta que el exhorto contenido en la sentencia resulta
insuficiente, porque carece de fuerza vinculante y no garantiza el suministro
inmediato de los servicios de salud requeridos. En su criterio, el caso reúne
circunstancias excepcionales que justifican la procedencia de la tutela, tales como
a la existencia de un bloqueo institucional, la condición de sujeto de especial
protección constitucional y el riesgo para su vida y salud.
II.CONSIDERACIONES
Competencia
40. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
41. Corresponde a la Sala determinar si los Autos No. 265 del 10 de febrero de
2026 y 506 del 20 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado 2 Civil Municipal
de Palmira, vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante al
abstenerse de dar trámite al incidente de desacato promovido respecto de la
sentencia de tutela de 2009, y si las circunstancias particulares del caso imponían
una flexibilización de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.
Cuestión previa
42. Para abordar los argumentos planteados en la impugnación, la Sala
analizará de manera separada los siguientes aspectos: (i) las decisiones proferidas
por la Sección Quinta del Consejo de Estado con radicado No 110010-315-000-
2024-04475-00; (ii) los Autos No 265 del 10 de febrero de 2026 y 506 del 20 de
febrero de 2026, proferidos por el Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira; y (iii) la
prestación de los servicios de salud por parte de la E.P.S Emssanar S.A.S. y de las
IPS encargadas de la atención de la accionante.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
Decisión proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado con radicado
No 110010-315-000-2024-04475-00
43. La Sala confirmará la decisión de improcedencia adoptada por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez que los
cuestionamientos formulados ya fueron objeto de pronunciamiento en una acción
de tutela anterior y no se acreditó la configuración de una cosa juzgada fraudulenta
que habilite un nuevo examen constitucional, por las razones que pasan a
explicarse:
44. La accionante reprocha la sentencia del 30 de enero de 2025 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del trámite No. 11001-03-15-000-
2024-04475-00, mediante la cual se suspendió la ejecución de las sanciones de
multa y arresto impuestas por desacato a funcionarios de E.P.S. Emssanar.
45. Asimismo, se advierte que contra dicha providencia la accionante promovió
una acción de tutela, conocida en primera y segunda instancia por las subsecciones
A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del
radicado No. 11001-03-15-000-2025-05307-00/01. Dicho mecanismo fue declarado
improcedente mediante sentencias del 17 de octubre y 9 de diciembre de 2025.
Dicha acción de tutela fue presentada contra la misma providencia judicial que ahora
se cuestiona nuevamente.
46. Ahora bien, la accionante pretendió dejar sin efectos la decisión proferida
por la Sección Quinta, con fundamento en argumentos similares a los expuestos en
la presente acción de tutela que se analiza en esta ocasión6. En primera instancia
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente
el reproche al advertir que no se cumplía el requisito de cosa juzgada fraudulenta,
principal requisito de procedibilidad contra providencias de igual naturaleza,
decisión que fue confirmada en ese específico aspecto por la Subsección B de la
misma entidad mediante providencia del 9 de diciembre de 2025.
47. En el trámite identificado con el radicado No. 11001-03-15-000-2025-05307-
00/01 ya se examinó la viabilidad de los cuestionamientos formulados contra la
sentencia del 30 de enero de 2025 de la Sección Quinta. En esa oportunidad se
concluyó que la acción resultaba improcedente porque no se acreditó la
configuración de una cosa juzgada fraudulenta, presupuesto excepcional que
permitiría promover una nueva acción de tutela contra providencias judiciales de la
misma naturaleza. En consecuencia, no puede reabrirse un debate que ya fue
objeto de examen constitucional, pues ello desconocería los principios de seguridad
jurídica, cosa juzgada y estabilidad de las decisiones judiciales.
6 En ambos casos la accionante persigue dejar sin efectos la sentencia del 30 de enero de 2025 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado y fundamenta su inconformidad en los mismos cuestionamientos
relativos a la suspensión de las sanciones impuestas dentro del trámite de desacato.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
48. Así las cosas, se evidencia que los reproches formulados contra la
sentencia proferida por la Sección Quinta ya fueron objeto de análisis y decisión en
anteriores acciones constitucionales, en las que se concluyó la improcedencia del
amparo ante la ausencia de elementos que permitieran acreditar la configuración de
un fraude procesal. En consecuencia, se trata de asuntos que ya fueron debatidos
y resueltos por el juez constitucional, de modo que se configura el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, circunstancia que impide emitir un nuevo
pronunciamiento de fondo sobre los mismos cuestionamientos.
49. Por último, es importante resaltar que los cuestionamientos formulados
contra las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las
subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente,
dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2025-05307-00/01, también resultaban
improcedentes, toda vez que no se acreditó la existencia de un fraude procesal que
habilitara un nuevo examen de constitucionalidad.
Autos No 265 del 10 de febrero de 2026 y 506 del 20 de febrero de 2026,
proferidos por el Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira
50. La Sala revocará lo dispuesto por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado respecto a este punto, por las razones que pasan a
explicarse.
51. Contrario a lo que sostuvo el juez de tutela de primer grado, la controversia
sí posee relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centra en la
posible vulneración de los derechos fundamentales a la salud, vida digna, seguridad
social, el interés superior del menor, protección de personas con discapacidad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia de cara a los Autos No 265
del 10 de febrero de 2026 y 506 del 20 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado
2 Civil Municipal de Palmira, en los que se decidió inaplicar los efectos de la sanción
de arresto y multa por desacato impuesta a un funcionario de E.P.S Emssanar7 y
no tramitar un nuevo incidente de desacato. Aunado a ello, no puede perderse de
vista que los reparos fueron dirigidos contra el análisis y valoración que hizo
concretamente el juez y el asunto bajo estudio no es de carácter eminentemente
legal o económico.
52. Frente a los demás requisitos generales de procedencia la Sala advirtió que:
(1) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva,
puesto que la accionante participó como parte accionante dentro de la acción de
tutela No. 76-520-40-03-002-2009-00269-00 y la decisión objeto de
cuestionamiento fue emitida por el Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira; (2) se
cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los
recursos judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (3) la
acción de tutela fue presentada el 9 de abril de 2026, esto es, dentro del plazo de 6
7 Debido a su desvinculación como encargado del cumplimiento de tutelas de la E.P.S Emssanar.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
meses contados a partir de la notificación de la providencia enjuiciada 8; (4) no
se alegó una irregularidad procesal; (5) los hechos y fundamentos en los que se
basó la presunta vulneración de derechos fueron identificados de manera
razonable; y (6) la tutela no fue presentada contra una providencia de la misma
naturaleza.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
53. La Sala negará la solicitud de amparo, por las siguientes razones:
54. Para resolver los cargos formulados, la Sala analizará la presunta omisión
del material probatorio al momento de no tramitar un incidente de desacato y la
presunta interpretación restrictiva del alcance de la Sentencia No 0101 de 2009:
«De donde deviene que de su simple lectura, NO se concedió el amparo del tratamiento
integral de ninguna patologia, y la interpretación que hace el apoderado judicial al asegurar
que la afirmación “conforme a lo indicado por el médico tratante”, presuntamente se traduce
en una orden dinámica, es equivocada. Toda vez que, hace una interpretación sesgada de la
orden, que en su tenor literal dice: ORDENAR al Representante Legal de EMSSANAR E.S.S.
o a quien haga sus veces, en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación
de esta sentencia, para que profiera la orden del alimento complementario, insumos,
medicamentos ordenados, según formulas prescritas que obran en el presente asunto
(Folios 5 y 6) y el servicio de ambulancia para todas las citas que impliquen
desplazamiento, cuando lo requiera la menor para la práctica de terapias y exámenes,
conforme a lo indicado por el médico tratante.
Lo anterior, indica que la disposición judicial, opera por un lado para: la orden del alimento
complementario, insumos, medicamentos ordenados, según formulas prescritas que
obran en el presente asunto (Folios 5 y 6), la cual es determinada exclusivamente para
aquellas prescripciones médicas recetadas en 2009, sin que se pueda realizar otra
interpretación. Y luego, se establece y el servicio de ambulancia para todas las citas que
impliquen desplazamiento, cuando lo requiera la menor para la práctica de terapias y
exámenes, conforme a lo indicado por el médico tratante, lo cual no habilita para eventos
futuros o el amparo de un diagnóstico en específico. Es más, ni siquiera se establece cual
patología padece la accionante, de la cual, si bien el despacho no desconoce la situación de
la actora, lo cierto es, que no existe, una orden judicial que la ampare, y al ser ello asi, no se
puede establecer una obligación de tracto sucesivo como lo alega el apoderado judicial. Toda
vez, que la disposición dada por este juzgado, si establece un límite temporal, valga decir el,
alimento complementario, insumos, medicamentos ordenados, según formulas
prescritas que obran en el presente asunto (Folios 5 y 6) y el servicio de ambulancia,
para los requerimientos de 20099».
55. La Sala observa que la controversia no radica en la ausencia de valoración
de los documentos aportados por la accionante, pues estos fueron expresamente
examinados por el juzgado. El desacuerdo de la parte actora se origina en las
consecuencias jurídicas que la autoridad judicial derivó de tales elementos
probatorios.
8
El Auto 265 se notificó a través de mensaje de datos el 10 de febrero de 2026 y el Auto de 506 fue notificado
a través de mensaje de texto el 20 de febrero de 2026.
9 Auto 506 del 20 de febrero de 2026. Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira. Radicado No 76-520-40-03-002-
2009-00269-00.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
56. Conforme a lo anterior, no se advierte que el Juzgado hubiera incurrido
en una actuación arbitraria o irrazonable de la valoración del acervo probatorio. Por
el contrario, a partir de las órdenes y prescripciones médicas allegadas por la actora
y del análisis de la orden de tutela dada en la sentencia No 0101 de 2009, constató
que los requerimientos en salud fueron expedidos durante los años de 2024 y 2025,
por lo que correspondían a hechos sobrevinientes que no estaban incluidos dentro
de la protección dada por la sentencia No 0101 de 2009. En efecto, la autoridad
enjuiciada concluyó que no se concedió el amparo del tratamiento integral para
ninguna de las patologías sufridas por la accionante, por lo que el marco de acción
del incidente de desacato se encuentra limitado por la orden dada en el fallo de
tutela.
57. El Juzgado valoró los requerimientos presentados con la solicitud de
incidente de desacato y concluyó que por tratarse de prescripciones de 2024 y 2025,
hacían referencia a hechos sobrevinientes que no se encontraban comprendidos
dentro de la protección otorgada por la Sentencia No 0101 de 2009. Igualmente
aclaró que, si en el pasado tramitó incidentes de desacato que no tenían relación
con las órdenes dadas, estos ya fueron archivados, y no obliga al juez a persistir en
el error. La interpretación acogida por el Juzgado no resulta caprichosa ni arbitraria,
pues deriva directamente del tenor literal de la orden impartida en la Sentencia No.
0101 de 2009 y de la delimitación temporal de las prestaciones allí reconocidas.
58. Para la Sala, tampoco prospera el argumento relacionado con la presunta
vulneración del principio de confianza legítima. Si bien la accionante sostuvo que
durante varios años el Juzgado 2 Civil Municipal de Palmira tramitó incidentes de
desacato asociados al cumplimiento de la Sentencia No. 0101 de 2009, ello no
implica que exista un derecho adquirido a la permanencia indefinida de una
determinada interpretación judicial. La autonomía e independencia judicial facultan
a los jueces para revisar y corregir sus criterios cuando advierten que estos no se
ajustan al contenido de la providencia objeto de ejecución o a la interpretación que
consideran jurídicamente correcta.
59. En ese contexto, la Sala advierte que la inconformidad de la accionante no
se dirige a demostrar la existencia de una omisión probatoria o de una interpretación
abiertamente irrazonable de la Sentencia No. 0101 de 2009, sino a controvertir la
conclusión a la que arribó el juzgado acerca del alcance de dicha providencia. No
obstante, el criterio adoptado por la autoridad judicial encuentra respaldo en el
contenido mismo de la orden de tutela y en las pruebas obrantes en el expediente,
por lo que no puede calificarse como arbitrario o caprichoso.
60. Conviene recordar que las autoridades judiciales actúan con independencia
y autonomía, y que dentro de sus funciones se encuentra la valoración del acervo
probatorio recaudado en el proceso. En este contexto, la intervención del juez
constitucional solo resulta procedente cuando se evidencia un error manifiesto que
contraríe los principios de la sana crítica. Su intervención únicamente procede
cuando la apreciación probatoria es ostensiblemente arbitraria, irrazonable o
desconoce pruebas determinantes, circunstancias que no se evidencian en este
asunto.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
61. En consecuencia, la Sala concluye que el Juzgado 2 Civil Municipal de
Palmira efectuó una valoración razonable de los elementos probatorios y sustentó
su decisión en una interpretación jurídicamente plausible del alcance de la
Sentencia No. 0101 de 2009. Por ello, no se advierte la configuración de defectos.
El simple desacuerdo de la accionante con la conclusión alcanzada por la autoridad
judicial no constituye, por sí solo, una vulneración de derechos fundamentales.
Prestación de los servicios de salud por parte de la E.P.S Emssanar y de las
IPS encargadas de la atención de la accionante.
62. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela respecto a este
aspecto, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones que se
exponen a continuación:
63. Se puede advertir que de acuerdo con el informe presentado por E.P.S
Emssanar, existen por lo menos 2 sentencias de tutela que ampararon los derechos
fundamentales de la accionante y ordenaron a la E.P.S garantizar el tratamiento
integral de las patologías sufridas por la accionante10. En consecuencia, existen 2
órdenes judiciales vigentes encaminadas a asegurar la prestación de los servicios
de salud requeridos por la accionante, lo que impide considerar que la presente
acción de tutela sea el mecanismo adecuado para obtener su tratamiento integral.
64. Así las cosas, no corresponde a un nuevo juez constitucional verificar el
cumplimiento de dichas órdenes. Por el contrario, cualquier inconformidad
relacionada con la ejecución de las decisiones que reconocieron el tratamiento
integral debe ser planteada ante los jueces que profirieron dichos fallos, quienes
conservan la competencia para velar por su cumplimiento y adoptar las medidas
necesarias para hacerlo efectivo. En este caso, la competencia recae en los jueces
1 penal municipal con funciones de conocimiento y 1 de pequeñas causas y
competencias múltiples, ambos de Palmira. En ese orden de ideas, el requisito de
subsidiariedad no se satisface cuando el ordenamiento jurídico dispone de
mecanismos judiciales idóneos y eficaces para obtener la protección reclamada. En
particular, la accionante cuenta con la posibilidad de promover los respectivos
incidentes de desacato ante los jueces de tutela competentes.
65. Conviene recordar que el juez de tutela conserva la competencia para
verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de amparo y para
adoptar las medidas necesarias encaminadas a garantizar su efectividad. Por esta
razón, cuando se alega el incumplimiento de una orden de tutela, el ordenamiento
jurídico prevé mecanismos específicos, como el trámite de cumplimiento y el
incidente de desacato, que deben promoverse ante el funcionario judicial que
profirió la decisión o ante aquel que conserva competencia para su ejecución.
10
Sentencia T- 093 del 28 de junio de 2019, proferida por el Juzgado 1 Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Palmira dentro del radicado 76-520-40-09-001-2019-00179-00 y a la Sentencia No 014 de 25
de enero de 2023 del Juzgado 1 de pequeñas causas y competencias múltiples bajo radicado No 76520-41-89-
001-2023-00019-00.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
66. En este contexto, la accionante no acudió a los mecanismos judiciales
específicamente previstos para obtener el cumplimiento de las órdenes previamente
impartidas en su favor. Por ello, no agotó los instrumentos de defensa judicial que
resultaban idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, circunstancia que
conduce a la improcedencia de la presente acción por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.
67. Ahora bien, la Sala estima pertinente comunicar la presente providencia a
los Juzgados Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Primero
de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Palmira, autoridades que
profirieron las decisiones de tutela mediante las cuales se ampararon los derechos
fundamentales de la accionante y se ordenó garantizar el tratamiento integral de sus
patologías. Lo anterior, con el propósito de poner en su conocimiento los hechos
expuestos en esta actuación y las manifestaciones efectuadas por la accionante en
relación con presuntas dificultades en la prestación de algunos servicios de salud,
para que, en ejercicio de las competencias que conservan respecto del seguimiento
y cumplimiento de sus propias decisiones, y dentro del marco de su autonomía e
independencia judicial, valoren si existe mérito para adoptar las medidas que
estimen procedentes conforme al ordenamiento jurídico.
68. No obstante, lo anterior, la Sala considera preocupante que, pese a la
existencia de órdenes judiciales que amparan el tratamiento integral de la
accionante, E.P.S Emssanar hubiera incurrido en demoras relacionadas con la
entrega de algunos medicamentos y la autorización de determinados servicios o
trámites. Tal conducta no es compatible con el deber de garantizar una atención
oportuna, continua y efectiva a una persona cuya situación de salud ha sido objeto
de protección constitucional. Sin embargo, corresponde a los jueces de tutela que
impartieron las respectivas órdenes valorar dichas circunstancias dentro de los
mecanismos dispuestos para verificar su cumplimiento.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de junio de 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, únicamente en lo
relacionado con los cuestionamientos formulados contra los Autos No 265 del 10 de
febrero de 2026 y No 506 del 20 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado 2
Civil Municipal de Palmira, y en su lugar NEGAR el amparo solicitado por Gloria
Sthefanie González Vanegas respecto de dichos reproches, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás, la Sentencia de 26 de junio de 2026
de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02696-01
Demandante: Gloria Sthefanie González Vanegas a través de agente oficioso
TERCERO. COMUNICAR la presente providencia a los juzgados 1 penal
municipal con funciones de conocimiento y 1 de pequeñas causas y competencias
múltiples de Palmira.
CUARTO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.