Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05117-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05117-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05117-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Arnold Archbold Gamero.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección B – Sala
de Decisión Oral y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05117-00.
Asunto: Acción de Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por
falta de legitimación en la causa por activa.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y la
Sala de Decisión Oral de la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Milsora del Pilar Herrera Mendoza, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, presentó demanda contra la Nación –
Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el
Municipio de Soledad - Atlántico, con el fin de que fuesen declaradas
administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios
causados con ocasión de la terminación de su nombramiento provisional
en el cargo de profesional Universitario, Código 219 Grado 2, identificado
con código OPEC núm. 75720 del Sistema General de Carrera
Administrativa de la Planta Global de la Alcaldía de Soledad y, en
consecuencia, se condenaran al reconocimiento y pago de todos los
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emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir debido a la
desvinculación.
1.2. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,
mediante providencia de 16 de enero de 2024, rechazó la demanda al
considerar que había operado el fenómeno de la caducidad.
1.3. Inconforme con la decisión anterior la parte demandante dentro del
medio de control de reparación directa presentó recurso de apelación.
1.4. La Sala de Decisión Oral de la Sección B del Tribunal Administrativo
del Atlántico, mediante decisión de 23 de febrero de 2026 confirmó la
providencia que rechazó la demanda al considerar que “[…] el daño
reclamado se materializa con el Decreto que ordenó la terminación del
nombramiento en provisional de la actora, para dar curso al
nombramiento en periodo de prueba […]”, razón por la cual “[…] el medio
de control procedente, no es otro que el de nulidad y restablecimiento del
derecho, en atención al origen del daño. De ahí que la actora se halla en
la obligación de cumplir los requisitos y formas establecidos para el
ejercicio del mismo, en este caso, interponer la demanda dentro del
término legalmente establecido para tal fin […]”, por lo anterior y, teniendo
en cuenta que la terminación del nombramiento en provisionalidad se
notificó el 16 de octubre de 2020 el término de caducidad empezó a correr
a partir del día siguiente al de su notificación el 19 de octubre de 2020,
por lo que el término para presentar la demanda fenecía el 19 de febrero
de 2021, sin embargo, sólo hasta el día 14 de septiembre de 2024, la
demandante presentó, ante la Procuraduría 118 Judicial II la solicitud de
conciliación prejudicial, sobrepasando en exceso el término de cuatro (4)
meses de que habla el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que las autoridades accionadas asumieron de
manera incorrecta que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad
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para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, postura
que no comparte, toda vez que el medio de control presentado en la demanda
fue el de reparación directa, razón por la cual el término para presentarla “[…]
es de dos (2) años, el cual inicia el conteo desde el 10/10/2020 fecha en la
cual se ejecutó la orden de terminación del nombramiento en provisionalidad
de la accionante – MILSORA DEL PILAR HERRERA MENDOZA […]”.
Sostuvo que las autoridades accionadas desconocieron el precedente
contenido en las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado,1 en
las cuales se especificaron ciertos eventos en los que procedían el medio de
control de reparación directa “[…] cuando el daño se derive de un acto
administrativo, a saber: (i) cuando se pretende la reparación de los daños
causados por un acto administrativo frente al cual no se pide nulidad (daño
especial); (ii) cuando la fuente del daño proviene de la ejecución de un acto
administrativo general que haya sido objeto de revocatoria directa o de
anulación por parte de la jurisdicción, siempre y cuando no se haya
consolidado la situación jurídica y (iii) cuando el daño proviene de la ejecución
irregular de un acto administrativo […]”, por lo que el medio de control de
reparación directa si es procedente siempre y cuando en el proceso no se
cuestione la legalidad del acto administrativo, “[…] sino sus efectos sobre el
administrado en virtud del rompimiento del equilibrio de las cargas públicas (C.
P. Jaime Enrique Rodríguez) […]”.
Agregó que cuando no se discute la validez del acto administrativo y sólo se
alega “[…] la causación de perjuicios, la acción procedente es la de reparación
directa […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló la siguiente pretensión:
“[…] Se proteja mi derecho fundamental de Derecho al Acceso de Justicia
consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política.
1 Sentencia de 27 de abril de 2006, expediente N°16.079, Radicado 19001-23-31-000-1996-
07005-01, consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra
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2. Que en tal virtud, se ordene al Juzgado 6 Administrativo Oral de
Barranquilla y al Tribunal Superior Administrativo del Atlántico se revoque
y/o se anule en todas sus partes lo ordenado en el auto de fecha
16/01/2024, en el cual el Juzgado 6 Administrativo Oral de Barranquilla,
RECHAZA la demanda y, el auto de fecha 23 de febrero del 2026,
notificado al suscrito en fecha 6 de marzo del 2026, mediante el cual el
Tribunal Superior Administrativo del Atlántico procedió a confirmar lo
ordenado por dicho juzgado, ordenándose se le dé el impulso procesal
conforme al petitum de la demanda, o sea de REPARACIÓN DIRECTA,
conforme al Artículo 140 del CPACA […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 7 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela y
se vinculó a la Nación – Presidencia de la República, a la Comisión Nacional
de Servicio Civil, al Municipio de Soledad - Atlántico y a la señora Milsora del
Pilar Herrera Mendoza, en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla rindió
informe en el que realizó una breve descripción de las actuaciones surtidas en
el proceso de primera instancia y, solicitó declarar la improcedencia de la
presente acción de tutela porque quien funge como accionante en el presente
amparo constitucional es el señor Arnold Archbold Gamero, y no la señora
Milsora del Pilar Herrera Mendoza, quien es la titular de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados y la persona directamente afectada
por los hechos que dieron lugar a la presente acción.
Adicionalmente, indicó que el señor Arnold Archbold Gamero, aun cuando
actúa como apoderado judicial de aquella dentro del proceso de reparación
directa que origina la tutela, no puede fungir como accionante en la presente
acción constitucional, “[…] pues dicha calidad corresponde a la titular de los
derechos cuya protección se reclama (Milsora del Pilar Herrera Mendoza) […]”.
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2. La Nación - Presidencia de la República rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela toda vez que carece de legitimación
en la causa por pasiva porque los cuestionamientos y solicitudes de la parte
accionante van dirigidos al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla y a la Sala de Decisión Oral de la Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico, razón por la cual solicita su desvinculación de la
presente acción constitucional.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19912, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
La Sala advierte que la Nación - Presidencia de la República solicitó su
desvinculación del presente trámite de tutela.
La Sala considera que, comoquiera que la Nación - Presidencia de la
República fungió como parte procesal dentro del proceso objeto de estudio
identificado con el radicado núm. 08001-33-33-006-2023-00311-00/01, le
asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia,
razón por la que se negará la solicitud de desvinculación.
3. Problemas jurídicos
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer si
en el presente asunto se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación
en la causa por activa en las acciones de tutela. En caso negativo:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
4. Caso concreto
4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona3.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].
Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19914 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
3 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
4 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].
A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.
En el presente caso, el señor Arnold Archbold Gamero promovió acción de
tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
y la Sala de Decisión Oral de la Sección B del Tribunal Administrativo del
Atlántico, con ocasión de las providencias de 16 de enero de 2024 y de 23 de
febrero de 2026 proferidas dentro del medio de control de reparación directa
con radicación núm. 08001-33-33-006-2023-00311-00/01.
Ahora bien, de acuerdo con las piezas procesales del expediente objeto de
tutela, la Sala advierte que el señor Arnold Archbold Gamero no funge como
parte procesal dentro del medio de control de reparación directa con número
de radicación núm. 08001-33-33-006-2023-00311-00/01 dentro del cual se
profirieron las providencias de 16 de enero de 2024 y de 23 de febrero de 2026
objeto de la presente acción constitucional, motivo por el cual carece de
legitimación en la causa por activa para promover, en nombre propio, el
mecanismo de amparo de la referencia con el propósito de cuestionar dichas
decisiones judiciales.
Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión
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dentro de un proceso judicial son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales.
Al respecto, esta Sección ha “[…] venido sosteniendo en su jurisprudencia que,
en principio, sólo los sujetos procesales se encuentran legitimados para
controvertir, a través de la acción de tutela, las decisiones o actuaciones que
se realizan en el curso de un proceso judicial […]”5.
Así las cosas, la Sala considera que no se encuentran satisfechos los
requisitos exigidos en los artículos 86 de la Constitución Política y 10º del
Decreto Ley 2591 de 1991, motivo por el cual declarará improcedente la acción
de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por activa del
señor Arnold Archbold Gamero.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación -
Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por
falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
5 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, 2 de noviembre
de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, 7 de
septiembre de 2023.
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CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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